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Belén Remacha

Periodista. Género, cultura, sociedad. Nací en Zaragoza pero desde hace algunos años vivo en Madrid. Puedes contactarme en belenremacha@eldiario.es o @belenremacha.

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La Universitat de Barcelona y la Fundación Banco Santander incluyen a Pilar Primo de Rivera en un proyecto sobre mujeres "pioneras"

"Un proyecto audiovisual, educativo y divulgativo que recupera la voz íntima de autoras y pensadoras pioneras en español del siglo XX". La Fundación del Banco Santander describe así CartasVivas, una "biblioteca virtual" desarrollada por la Universitat de Barcelona (UB) y la de Exeter (Reino Unido) que ellos han promocionado y patrocinado. Está en forma de píldoras cinematográficas dramatizadas de tres minutos en las que se muestra el "legado oculto de mujeres pioneras en la vanguardia social y literaria", según la nota de prensa. Las tres primeras son la "niña prodigio" Hildegart Rodríguez –interpretada por Sandra Escacena–, la escritora Carmen Laforet –por Marián Álvarez–, y, también, la fundadora de la Sección Femenina de la Falange, Pilar Primo de Rivera –por Consuelo Trujillo–.

Sobre la inclusión de esta última se ha suscitado la polémica. "Abrí la noticia y me encontré con Pilar Primo de Rivera calificada como ‘pionera’ y ‘visionaria’ junto a dos autoras que se hubieran estremecido al verse parte del mismo grupo", lamenta Ana Fernández-Cebrián, profesora de Estudios Peninsulares Contemporáneos en la Universidad de Columbia, que recuerda que el proyecto se presentó el mismo día que el gobierno renovó el título nobiliario de los Primo de Rivera. "El problema es que existe un discurso feminista neoliberal que habla de las líderes fascistas con total impunidad", critica. "Tratar a Hitler o a José Antonio Primo de Rivera como 'visionarios' o 'pioneros' en un archivo audiovisual descontextualizado y despolitizado al lado de Lorca o Miguel Hernández nos llenaría de indignación".

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Guía práctica sobre el sarampión en España: ¿quién tiene que vacunarse y por qué?

En España no hay una alarma por sarampión. La Comisión de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola en Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) renovó este mismo agosto el sello de país libre de ambas enfermedades, que mantiene desde 2016. No pueden decir lo mismo desde Reino Unido, Grecia o República Checa, que sí lo han perdido.

El Ministerio de Sanidad recuerda esa acreditación de la OMS en la nota a la que remiten como toda información acerca del sarampión. La han elaborado debido a la "confusión general" de las últimas semanas, pero "no hay motivos que justifiquen un cambio de la estrategia ni de recomendaciones". A algunos centros de salud, según atestigua el personal sanitario, ya están acudiendo pacientes preguntando si deben vacunarse de sarampión. La respuesta corta es que, si naciste a partir de 1970 y dudas sobre si pasaste la enfermedad siendo niño o sobre si estás vacunado, te vacunes. La respuesta larga tiene sus matices, que pasamos a explicar.

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El número de mujeres mayores de 50 años y pobres que no se ha realizado una mamografía triplica a las de rentas altas

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) ha publicado su informe 'La desigualdad en la salud'  en el que saca conclusiones sobre cómo afecta la desigualdad –de renta, género, educación o clase social– a la salud. Una de las más llamativas del informe, que analiza la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, cruza dos de esas variantes: el 9,1% de las mujeres pobres de entre 50 y 69 años nunca se han realizado una mamografía, el triple que las mujeres de la misma franja de edad de clase media y alta que tampoco lo ha hecho (el 3,4%). 

EAPN toma como referencia el valor en el que Eurostat fija el umbral de la pobreza, es decir, los 8.522 euros anuales –710 mensuales– para el año 2017. La franja entre los 50 y los 69 años es la edad recomendada para hacerse mamografías. Teniendo en cuenta todas las edades, la mitad de las mujeres pobres nunca se han realizado esa prueba, 11,5 puntos más que las de rentas medias y altas.

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La mitad de las comunidades gastan menos ahora en políticas sociales que al inicio de la crisis

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este lunes en Madrid su informe anual sobre el gasto de las comunidades en educación, sanidad y dependencia. La conclusión principal es el "frenazo" en políticas públicas en unos ámbitos "esenciales", que se encuentran en un "serio peligro ya no solo de estancamiento sino de retroceso", en palabras del presidente, José Manuel Ramírez. En 2018, el gasto social medio de las comunidades es 3,4% inferior al del 2009, al inicio de la crisis económica. Ese porcentaje se traduce en 4.190,2 millones de euros totales menos invertidos: 116.851,7 millones en 2009 y 112.661 en 2018. Nueve comunidades han incrementado su gasto en estos 12 años y ocho lo han recortado.

Según Ramírez y como "conclusión fundamental", las cifras de 2018, que muestran un "avance insuficiente", se debe principalmente a dos factores: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) paralizados ante la convocatoria de elecciones, y la incidencia de la deuda autonómica. En 2013 se registró el nivel más bajo de gasto autonómico social de los últimos diez años, 100.000 millones de euros. Desde entonces, ha habido una recuperación paulatina hasta los 112.662 millones de 2018. "Estos años de impass van a tener consecuencias", ha avisado Luis Barriga, coordinador de los documentos. Han recordado los datos de listas de espera al Sistema de Atención a la Dependenia: más de 250.000 personas con su prestación reconocida sin recibirla, y 140.000 pendientes de una valoración.

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Sanidad estudia cómo adaptar la Ley Antitabaco para incluir el cigarrillo electrónico

El Ministerio de Sanidad ha lanzado este mes una campaña para alertar de los riesgos de "todas las formas de fumar". Es decir: transmitir la idea de que el cigarrillo clásico combustible, el electrónico, la sisa o el de liar constituyen todos un riesgo para la salud, no hay opción sana. Lo hacen, informan, sobre todo alertados por un dato: en 2015 eran uno de cada cinco adolescentes los que habían probado el cigarrillo electrónico o vapeador; en 2018, según el avance de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) ya eran uno de cada dos. El negocio está en auge y las previsiones de la patronal dicen que moverá más de 90 millones en España al cierre del año, y un 69,8% de los usuarios han sustituido lo que ahora hay quien llama "cigarrillo analógico" por ellos.

Los cigarrillos electrónicos, que contienen una solución líquida que, en España y según la directiva europea, lleva entre 0 y 20 miligramos por mililitro de nicotina, estuvieron en un limbo legal total hasta el año 2014. No están incluidos en la Ley Antitabaco de 2010, ya que esta se refiere a "productos del tabaco y sus derivados", y éstos no contienen tabaco, ni emiten humo. En ese año 2014, una reforma de la Ley del Consumidor sí prohibió su uso en centros pertenecientes a la administración pública –edificios públicos, colegios, hospitales–, medios de transporte y parques infantiles, y su venta a menores. En 2017, un decreto ley también acabó con su publicidad. Sin embargo, se pueden seguir usando en bares, restaurantes y centros de trabajo, y las marcas han buscado resquicios legales para anunciarse.

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El número de dependientes que esperan una valoración llega a su récord desde 2012: ya son 140.000 personas

 

El mes de julio de 2019 acabó con 140.041 personas en España que habían solicitado un dictamen sobre su grado de dependencia –I, II o III, en orden de gravedad– pero que seguían a la espera de una resolución. Son datos del IMSERSO y constituyen la cifra más alta de personas pendientes de valoración desde 2012, momento en el que un Real Decreto de Mariano Rajoy modificó la Ley de Dependencia de 2006. Esta no tiene carácter estacional, sino que lleva años siendo paulatina: en enero de 2018 había 123.318 ciudadanos esperando; en el mismo mes de 2018, 130.000. Antes de 2012, durante la crisis, la cifra sí había llegado a ser superior. 

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Serigne Mbayé, el pescador que sobrevivió al mar y a la manta

Serigne Mbayé se enteró de que ya tenía papeles por una parada policial. Era diciembre de 2010, paseaba por Lavapiés y le pidieron la documentación. Los gestos de los agentes al comprobar sus datos le hicieron pensar que algo raro pasaba, y tras darle vueltas acudió a una oficina de Tetuán. Ahí y sin ninguna otra notificación le confirmaron que hacía dos meses que su situación en España estaba regularizada. Había iniciado el proceso siete meses antes casándose con su entonces novia, española: "No quería hacerlo así, pero fue la única manera".

Llegó en 2006 desde su país, Senegal. Durante sus primeros años en España esas paradas racistas le eran habituales. Ahora tiene 43 años y le pasa menos. Es muy alto, delgado y aparenta ser bastante más joven. Considera que tuvo suerte porque no pagó por subirse a la patera que le llevó a Canarias: de visita en una ciudad costera, Saint Louis, vio la oportunidad de colarse en una. Tras un forcejeo, el capitán aceptó llevarle con la condición de que ayudara en la travesía.

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Uno de cada cuatro pacientes espera más de seis días para tener cita en medicina de atención primaria

El 24% de los españoles y españolas dice esperar al menos 6 días para tener una cita en medicina de Atención Primaria. Son datos que extrae el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, de su informe anual sobre los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas presentado este miércoles en Madrid. En él realizan un desglose por comunidades autónomas a partir de una encuesta: en Euskadi, la mejor posicionada en este ámbito, el 31,30% de las personas aseguran tener cita en su centro de salud en menos de 24 horas desde que la piden; son el 11,70% en Baleares.

"Con esas demoras en atención primaria, el paciente tiene dos opciones: ir a urgencias o acudir a la privada. Ambas opciones son malas tanto para el sistema público sanitario como para resolver los problemas de salud de las personas", expresaba Sánchez Bayle. Además, apuntaba, "a la privada acude quien puede permitírselo. Una persona en paro, que cobra el Salario Mínimo Interprofesional, o con la pensión mínima, no tiene alternativa. Esta situación incrementa las desigualdades".

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Los puntos negros de la crisis de la listeria: esto es lo que la Junta y Magrudis tendrán que explicar ante la Fiscalía

El consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, calificaba ante los medios este lunes la gestión de la Junta de la crisis por las infecciones por listeria como "impecable". Lo declaraba a su entrada a la reunión con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, minutos después de que la Fiscalía Superior de Andalucía anunciara una investigación penal sobre los hechos. Y horas antes de la tercera muerte confirmada en la comunidad por listeriosis, la de una mujer de 74 años. En Andalucía, en cifras actualizadas este martes, hay 196 personas afectadas.

La Fiscalía Superior de Andalucía actuó después de una denuncia de la Asociación Defensor del Paciente. Ese organismo, presidido por Carmen Flores, pide explicaciones por cómo se ha actuado durante la crisis –que está "disminuyendo" pero no ha concluido– a la Junta de Andalucía, a la empresa Magrudis, que elabora en la fábrica del mismo nombre los productos de 'La Mechá', y al Ayuntamiento de Sevilla. Lo que exigen es una "depuracion de las responsabilidades" y se fundamentan en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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La falta de financiación aumenta la lista de espera y deja a otros 6.000 dependientes graves sin su ayuda reconocida

Mientras España sigue sin Gobierno, más de 256.000 personas permanecen en vilo: las dependientes con su derecho a una prestación reconocido pero en lista de espera para recibirla. La fila durante este tiempo, lejos de menguar, ha aumentado, y lo ha hecho dependientes valorados con Grado II y III. Es decir, dependencias severas y grandes. Según datos del Imserso, la suma de esos dos grupos era en enero de 98.577 personas; a 31 de julio, de 105.393, 6.816 más. De Grado I, moderados, la cifra se mantiene estable alrededor de 151.000. Es la primera vez desde 2015 que el número global crece.

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  • Sociedad

    El número de dependientes que esperan una valoración llega a su récord desde 2012: ya son 140.000 personas

    #6 Hola, Morillo, soy Belén Remacha, la periodista autora del reportaje. ¿Te refieres a la lista de espera de personas dependientes a las ayudas que tienen reconocidas, que también está aumentando? Nos hacíamos eco aquí: https://www.eldiario.es/sociedad/Dependencia-grandes-dependientes-listas-recortes_0_933707114.html ¿O la situación de tu madre es otra? Por favor, si quieres, puedes ponerte en contacto conmigo por email y contarme un poco: belenremacha@eldiario.es Un saludo y gracias por comentar.