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Belén Remacha

Periodista. Política social, género, cultura. Nací y crecí en Zaragoza pero desde hace algunos años vivo en Madrid. Puedes contactarme en belenremacha@eldiario.es o @belenremacha.

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Juliana y el modelo contra el sinhogarismo que recomienda Europa y que en España solo comienza a despegar

Los últimos 20 años de Juliana, que nació en Madrid hace 52, han sido un salto tras otro. A los 32 años tenía un negocio, "trabajaba 16 horas al día, viajaba, siempre estaba buscando algo nuevo". En febrero de aquel año, tras la barra, comenzó su adicción al alcohol y a la cocaína fumada, lo que le llevó a, en septiembre, pasar su primera noche durmiendo en la calle. De ahí fue a parar durante unos meses a un poblado chabolista, Las Barranquillas, y a vivir un periplo por albergues de la capital. La Asociación Reto la acogió 16 años, primero como paciente, luego como voluntaria: "Me daba miedo salir". Cuando finalmente salió de Reto le ayudaron en Alcóholicos Anónimos, desde donde la atendieron en servicios de psiquiatría. De los servicios de psiquiatría y asistida por una trabajadora social, el salto fue al piso del barrio de Carabanchel.

Ese piso es un primero espacioso, da a un patio de vecinos enorme y lo comparte con otras tres personas. Lo gestiona la Fundación HOGAR SÍ. Forma parte de una red de "viviendas para hombres y mujeres mayores de edad de hasta los 65 años en exclusión y riesgo de exclusión social, sin alternativa de alojamiento". Juliana de aquí entra y sale, se prepara en ofimática para complementar la formación sociosanitaria que adquirió mientras estaba en Reto, busca trabajo, sigue tratándose de problemas de adicción y se prepara para una operación de estómago. "Soy una persona que he cometido errores y ahora estoy en una lucha por reincorporarme al día a día. Yo había tenido trabajos, pero salí del centro como un marciano: no sabía usar un ordenador, porque ahí me habían atendido, pero no ayudado a adaptarme al mundo real", cuenta.

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"El PP debería dejar de decir cosas hirientes y reconocer que quieren que la eutanasia esté penalizada por ser pecado"

Ángel Hernández y María José Carrasco pusieron cara en 2019 al drama de la penalización de la eutanasia en España. Su caso ha sido el más mediático en el país desde que el tetrapléjico Ramón Sampedro se quitase la vida frente a una cámara, en 1998. El penúltimo intento de legislación, a finales de 2018, Ángel y María José lo siguieron desde casa, con esperanzas en una Ley que les diese una salida y le permitiese a ella, enferma de esclerosis múltiple, morir tranquila. El proyecto se quedó bloqueado en el Congreso y se anuló tras la convocatoria de elecciones.

La admisión a trámite de la Ley de Eutanasia de este febrero, que muchos creen definitiva, ha sido muy distinta para Ángel. Esta vez la siguió como público desde el palco del Parlamento, muy vinculado con la lucha, aunque ya él solo. María José murió en abril tomando pentobarbital sódico también frente a una cámara. Se lo facilitó Ángel, que sigue afrontando por ello un proceso penal en los juzgados de violencia de género. Que se le pueda acusar de un delito machista contra la persona que cuidó durante 30 años le duele, pero no le da miedo la posible condena: "Estaba sopesado. Soy consciente de que lo que hicimos, ahora mismo, no es legal".

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Pablo Iglesias dará visibilidad al problema de la dependencia, pero con poco margen presupuestario para solucionarlo

Pablo Iglesias, como vicepresidente de Derechos Sociales, ha heredado en el nuevo Gobierno las competencias en dependencia. Iglesias ha estado presentando estas semanas la Ley de Violencia contra la Infancia como una de sus normas estrella, pero en su estreno este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso ha enumerado otras "medidas cruciales" de su vicepresidencia, "acciones transversales" contra la desigualdad "dentro del compromiso con la Agenda 2030". Entre ellas, algunas para este nuevo ámbito que recae en él: una ley marco que garantice "una cartera mínima" de Servicios Sociales en todas las comunidades; y una "mejor financiación" para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La dependencia, hasta la pasada legislatura, pendía del Ministerio de Sanidad. Ahora se gestionará a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que ha creado Iglesias y que ya dirige Nacho Álvarez, dentro de la cual estará el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La herencia puede suponer un lastre y su abordaje no es fácil, ya que está condicionado por las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como apuntan fuentes cercanas a la nueva vicepresidencia. Lo que pasa al equipo de Iglesias es un sistema que "está atascado", describen las entidades del sector, y que todavía no se ha recuperado de los recortes de Mariano Rajoy. Casi todas las competencias en Servicios Sociales y dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, motivo por el cual todo obedece a cómo se repartan los PGE.

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Los españoles repatriados de Wuhan acaban su cuarentena en el Gómez Ulla sin estar infectados por coronavirus

La veintena de españoles que habían sido repatriados por el Gobierno desde Wuhan (China) ante el riesgo de coronavirus han acabado su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Los responsables del centro, que depende del Ministerio de Defensa, han dado una rueda de prensa junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, para transmitir normalidad y confirmar que ninguno ha dado positivo en la enfermedad. 

Ellos "no han sido pacientes" ni "han tenido historia clínica", ha recalcado María Vicenta García Rosado, jefa del Servicio de Medicina Preventiva. Cuando entraron estaban "sanos", y se van "sanos". Las casi dos semanas que han pasado aislados en el hospital, desde que aterrizaron en Madrid el pasado 31 de enero, han sido una medida de prevención.

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Los benedictinos batallarán contra el Gobierno por quedarse en el Valle, pero abren la puerta a mudarse a Paracuellos

Después de Franco, los monjes. El Gobierno quiere expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos mediante un decreto ley en cuanto apruebe la nueva Ley de Memoria, que ya ha registrado en el Congreso. Pero los religiosos capitaneados por el prior falangista Santiago Cantera no lo pondrán fácil. La Abadía afronta los planes del Gobierno revelados este martes por eldiario.es "con tranquilidad" pero con la amenaza de emprender acciones legales contra el Ejecutivo.

Los benedictinos arguyen un posible delito de profanación de recinto sagrado, y una posible vulneración de los Acuerdos Iglesia-Estado. Pero esto no preocupa al Ejecutivo. Al fin y al cabo, ya ganaron la batalla contra Cantera cuando intentó impedir la salida de los restos de Francisco Franco de su tumba junto al altar.

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Nueve claves sobre la ley de eutanasia que ha dado su primer paso en el Congreso

El Congreso ha dado este martes el primer paso para que España se convierta en el cuarto país europeo que regule la eutanasia. La ley, propuesta por el PSOE, ha sido tomada en consideración con más de 200 votos, solo con el 'no' de PP, que siempre se ha opuesto a ella, y de Vox. Ahora tiene que pasar por la Comisión parlamentaria de Sanidad, luego de nuevo por el Pleno del Congreso y llegar de ahí al Senado. Un proceso que debería completarse a lo largo de 2020. Gobierno y asociaciones creen que "esta vez sí" saldrá adelante.

La ley que ha elaborado el Grupo Socialista es "muy garantista", como describe la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que lleva años peleando por que se consiga. Es la misma que también llevó el PSOE al Parlamento en diciembre de 2018.

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El Congreso da el primer paso para convertir a España en el cuarto país europeo que regula la eutanasia

La ley que regula la eutanasia ha dado el primer paso en el Congreso, siendo admitida a trámite en la votación del Pleno de este martes. El texto presentado por el PSOE, la primera iniciativa del partido esta legislatura, ha sido debatida por los grupos y no ha habido sorpresas: ha conseguido el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y la mayoría de los partidos minoritarios. Son 203 votos, superando con creces los 176 'síes' que hacían falta para su toma en consideración. Ahora, para ser realidad en unos meses, deberá ir a la Comisión de Sanidad, volver de nuevo al Pleno y luego pasar por el Senado. Aprobarla definitivamente convertiría a España en el cuarto país europeo en tener una norma de este tipo.

PP y Vox prácticamente se han quedado solos en el hemiciclo en el 'no'. El portavoz de los populares ha reiterado durante el debate que esto es una medida de "ahorro" de costes sanitarios con los mayores; la de la ultraderecha ha sostenido que el PSOE pretende "eliminar" a las personas enfermas y que "se les ofrece la muerte como única solución a su sufrimiento". Los grupos que han defendido y apoyado la propuesta han insistido en una idea, frente a las argumentaciones de PP y Vox: "Es un derecho y no una obligación".

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Las claves de lo que puede pasar con la Ley de Eutanasia que vuelve al Congreso: "esta vez sí", pero con vetos de Vox

2020 parece que será el año en el que se legalice la eutanasia en España. Confían en ello el Gobierno, las asociaciones y los enfermos y familiares que esperan la ley que regule la muerte digna, que ya llega tarde para personas como María José Carrasco, Antonio Monguilod y Maribel Tellaetxe. Su toma en consideración se votará este martes en el Congreso a propuesta del PSOE y lo más previsible es que salga adelante con más de 200 votos, muy por encima de los 176 necesarios. Luego se remitirá a la Comisión de Sanidad parlamentaria, donde se apuntalará.

Fuentes del Grupo Socialista no se atreven a poner fechas, pero el proceso se completará "lo más rápido posible: está casi todo hecho y debatido". La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) espera que para verano ya sea una realidad. "Pensamos de verdad que esta vez sí. Cualquier cosa puede ocurrir, pero esta vez vemos voluntad política", declara su vicepresidente, Fernando Marín.

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El Gobierno priorizará la protección a las víctimas de violencia machista sin que haga falta denuncia

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido este lunes para trasladar "la condena y el rechazo más firme" de todo el Ejecutivo a los dos asesinatos machistas ocurridos este fin de semana, uno en Granada y otro en Lugo. "Ana y Clara son las asesinadas 1.042 y 1.043 desde 2003, cuando comenzamos a computar números. Este Gobierno no quiere reducirlas a cifras", ha expresado Rosell. La Delegada ha marcado las líneas de prioridad del Ministerio de Igualdad: la primera será impulsar el reconocimiento de las víctimas sin necesidad de que interpongan denuncia judicial, para que puedan acceder a protección y recursos a través de administraciones como los Servicios Sociales.

El Gobierno quiere avanzar en que se pueda acreditar la condición de víctima mediante informes de Servicios Sociales o servicios especializados, para que las mujeres puedan acceder a recursos como viviendas públicas y ayudas económicas y laborales "que les permitan salir del círculo de dependencia" sin pasar por la Policía y los Juzgados. Esta medida estaba prevista en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y está ya contemplada en la Ley de Violencia de Género de 2004 tras una modificación de 2018 por Real Decreto Ley. También se han aprobado varias leyes autonómicas en este sentido en los últimos años.

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El posible fin del anonimato de la donación de esperma y óvulos cuestiona el modelo actual de reproducción asistida

El Comité de Bioética de España (CBE) ha recomendado en un informe esta semana lo que reconocen como un "verdadero cambio de cultura en la reproducción asistida" de nuestro país: aboga por que los y las donantes de espermatozoides y óvulos dejen de ser anónimos. Es decir, los miembros de este órgano han consensuado que debería primar el derecho de una persona nacida gracias a técnicas de reproducción asistida a conocer sus orígenes biológicos sobre el derecho del donante a que esa persona nunca llegue a saber quién es. Lo sustentan sobre todo en el interés superior del menor y en que esto puede constituir una pieza clave en la construcción de la identidad de alguien. No sería retroactivo y no implicaría responsabilidades legales.

Las donaciones de gametos en España son anónimas desde 1988, cuando se aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida que así lo garantiza. Sería necesario cambiar el punto 5.5 en el caso de que el Gobierno hiciera caso al CBE. Actualmente, solo contempla que una persona concebida por estas técnicas conozca sus orígenes biológicos en muy pocas excepciones: por "peligro para la vida" por enfermedad genética, y por asuntos penales. Muchos profesionales, pacientes y donantes quieren que siga siendo así. La Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en previsión de la apertura del debate, emitió este noviembre otro informe oponiéndose tajantemente a la abolición del anonimato. Lo que más les preocupa es la pérdida de donantes: "Esto pone en peligro el proyecto reproductivo de muchas mujeres".

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  • Sociedad

    El número de dependientes que esperan una valoración llega a su récord desde 2012: ya son 140.000 personas

    #6 Hola, Morillo, soy Belén Remacha, la periodista autora del reportaje. ¿Te refieres a la lista de espera de personas dependientes a las ayudas que tienen reconocidas, que también está aumentando? Nos hacíamos eco aquí: https://www.eldiario.es/sociedad/Dependencia-grandes-dependientes-listas-recortes_0_933707114.html ¿O la situación de tu madre es otra? Por favor, si quieres, puedes ponerte en contacto conmigo por email y contarme un poco: belenremacha@eldiario.es Un saludo y gracias por comentar.