Oussama Moumen, el joven marroquí que iba a ser expulsado este jueves desde el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia pese a contar con arraigo en España, ha pedido asilo in extremis por lo que su repatriación ha sido aplazada, al menos durante el tiempo en que se estudia la admisión a trámite de su petición, según ha confirmado a elDiario.es el Ministerio del Interior. “Finalmente, no va a ser expulsado mañana. Ha solicitado protección internacional, por lo que se debe esperar a la resolución del expediente, en el plazo de 8 días”, explican fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Pedir asilo suele ser una estrategia habitual, utilizada en ocasiones por algunos internos del CIE para ganar tiempo ante la notificación de una repatriación, tiempo en el que su defensa confía en que el juzgado de control del centro de detención revise su caso, con la esperanza de lograr una suspensión definitiva apelando a su arraigo.

En la mañana de este miércoles, Moumen había hablado desde el CIE con elDiario.es para pedir la paralización de su retorno, en un momento en que quedan escasas semanas para la aprobación del proceso de regularización extraordinaria al que pretendía acogerse. “Tengo todo preparado para pedir la regularización, Cáritas me ha ayudado con los papeles”, decía el joven a elDiario.es cuando todavía su repatriación seguía programada para este jueves. Su caso había sido denunciado por la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, colectivo que exigía la paralización de la deportación de Oussama ante el arraigo social con el que cuenta en Vinarós, el pueblo de Castellón donde vive desde hace años, probado en informes del Ayuntamiento de la localidad, así como de Cáritas y la Asociación Amigo, organizaciones que han prestado apoyo al joven durante este tiempo. La abogada del marroquí también había enviado un escrito al juzgado de instrucción de Valencia con funciones de control de los centros de extranjeros, para pedir la paralización del retorno. 

Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan los argumentos de la defensa de Oussama. Se apoyan también en algunos documentos que el propio marroquí había recabado para pedir la regularización en cuanto se aprobase la medida. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo sobre Oussama que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”. El Consistorio también confirma “el beneficio de mantener su plan de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”. 

La Conselleria de Servicios Sociales aprobó en febrero de este año su participación en el “Programa Mentora” para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa. Acudió a todas las actividades, asegura el escrito, por lo que la Oficina solicita que se tenga en cuenta su informe “contra la orden de expulsión”.

El joven marroquí, de 23 años, explicó a este medio que estaba en su casa cuando la policía llamó a su puerta hace unas dos semanas. “Me dijeron que tenía un error en mis documentos. Que tenía que acompañarles para arreglarlo. Yo pensé que sería firmar algo rápido y volvería a casa, pero desde entonces estoy detenido. No pude ni coger mis pastillas”, decía Oussama desde el CIE de Valencia, uno de los centros de detención donde son privados durante un máximo de 90 días inmigrantes por su situación administrativa irregular, aunque no hayan cometido ningún delito, para proceder a su repatriación. “Tenía todo preparado para pedir la regularización. Cáritas me había ayudado”, indicaba antes de conocer que, finalmente, no iba a ser retornado este jueves, como aparecía escrito en la notificación de expulsión entregada un día antes por los autoridades del centro policial. Ha obtenido al menos ocho días de margen, mientras su letrada y la Campaña CIEs No Valencia siguen pidiendo al juzgado la revisión de su caso.

La noticia de la regularización extraordinaria alegró tanto a Oussama Moumen que no quiso esperar a la aprobación de la medida para preparar todos los papeles que podrían llegar a pedirle. El marroquí, llegado en 2023 en patera a Almería, se informó de los requisitos a través de las organizaciones que le apoyaban desde hacía tiempo, reforzó su aprendizaje de español y pidió el certificado que prueba que carece de antecedentes penales en Marruecos. Creía cumplir todos los requisitos -al menos los anunciados en el borrador- y esperaba la apertura del plazo para presentar su solicitud, cuando la policía llamó a la puerta de su casa. Ahora, 15 días después, está encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia a la espera de su expulsión a las puertas del procedimiento extraordinario que tanto esperaba. Aunque su retorno estaba programado para este jueves, el joven ha pedido asilo in extremis, lo que ha suspendido temporalmente su retorno mientras se estudia su petición, según confirman desde el Ministerio del Interior.

Desde el CIE, Moumen responde la llamada de elDiario.es alrededor de las 10:30 horas, cuando las autoridades le entregan su teléfono móvil durante el tiempo permitido en estos centros. “En Marruecos no me queda nada. Vendí todo para venir. Si me devuelven, me voy a deprimir y no sé qué voy a hacer”, dice con desesperación el hombre, sin creer del todo que vaya a ser deportado escasas semanas antes del inicio del procedimiento de la regularización extraordinaria -según los plazos iniciales del Gobierno-. “Aquí ha sido difícil, pero estaba saliendo adelante, me estaban ayudando con todos los papeles para pedir la regularización, estaba esperando el certificado de penales de Marruecos, y ahora estoy aquí encerrado”, lamenta el marroquí, angustiado por el contenido del documento que las autoridades del centro de le entregaron en los últimos días: 

“En el día presente se comunica al interno que el día 9 de abril de 2026 tiene prevista la su salida con destino al Aeropuerto de Madrid para la repatriación a su país”, reza la notificación de la expulsión firmada por el jefe de turno del CIE de Zapadores, a la que ha accedido elDiario.es. Horas después, la solicitud de asilo registrada por el interno ha provocado la suspensión temporal de la expulsión. “Finalmente, no va a ser expulsado mañana (este jueves). Ha solicitado protección internacional, por lo que se debe esperar a la resolución del expediente, en el plazo de 8 días”, confirman fuentes de Interior a última hora de este miércoles.

El joven marroquí, de 23 años, explica que estaba en su casa cuando la policía llamó a su puerta hace unas dos semanas. “Me dijeron que tenía un error en mis documentos. Que tenía que acompañarles para arreglarlo. Yo pensé que sería firmar algo rápido y volvería a casa, pero desde entonces estoy detenido. No pude ni coger mis pastillas”, dice Oussama desde el CIE de Valencia, uno de los centros de detención donde son privados durante un máximo de 90 días inmigrantes por su situación administrativa irregular, aunque no hayan cometido ningún delito, para proceder a su repatriación. “Tenía todo preparado para pedir la regularización. Cáritas me había ayudado”, indica. 

Su caso ha sido denunciado por la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, que exige la paralización de la deportación de Oussama ante el arraigo social con el que cuenta en Vinarós, el pueblo de Castellón donde vive desde hace años, probado en informes del Ayuntamiento de la localidad, así como de Cáritas y la Asociación Amigo, organizaciones que han prestado apoyo al joven durante este tiempo. La abogada de Oussama ha envíado un escrito al juzgado de instrucción de Valencia con funciones de control de los centros de extranjeros, para pedir la paralización del retorno. 

Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan los argumentos de la defensa de Oussama. Se apoyan también en algunos documentos que el propio marroquí había recabado para pedir la regularización en cuanto se aprobase la medida. El Ayuntamiento de Vinaros (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo sobre Oussama que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”. El Consistorio también confirma “el beneficio de mantener su plan de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”. 

La Conselleria de Servicios Sociales aprobó en febrero de este año su participación en el “Programa Mentora” para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa. Acudió a todas las actividades, asegura el escrito, por lo que la Oficina solicita que se tenga en cuenta su informe “contra la orden de expulsión”.

“No pueden mandar a Marruecos ahora, y menos así”, clama el marroquí, refiriéndose a su pie, en el que sufre dolores tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Oussama cuenta que tiene fuertes dolores en uno de sus pies, tras una agresión sufrida en la calle, según detalla un informe médico al que ha accedido elDiario.es. “Vine sano y, si me devuelven, me mandan a Marruecos con el pie roto. Aquí tengo muchos dolores”, se queja el joven, quien llegó a España en 2023 después de arriesgar seis días en una precaria embarcación. El joven tuvo que ser intervenido quirúgicamente y aún requiere tratamiento. “Una persona me golpeó en Vinaròs. Lo doloroso es que quieren deportarme a Marruecos y no me han dado mi derecho a una indemnización. Tengo una placa de metal en mi pierna y no puedo quitármela; el médico me dijo que se quedará allí toda mi vida. Ahora no puedo trabajar, ni correr, ni caminar bien. Muchas cosas están prohibidas para mí”, lamenta desde el CIE, quien asegura que denunció los hechos ante la justicia.

En estos momentos, cuenta, debido a sus lesiones, no puede trabajar, pero durante estos años ha estado empleado de manera clandestina en distintos oficios: “He trabajado como temporero en la campaña de la naranja, en la aceituna; he trabajado en un mercado…”, enumera el marroquí desde el interior del centro de detención. 

“La autorización de internamiento se ha producido tras una identificación por perfil étnico, sin que mi representado haya cometido delito alguno”, sostiene el escrito enviado al juzgado por la plataforma CIEs NO. Según detalla Oussama, la primera vez que fue detenido estaba en una cafetería del pueblo castellonense. Era 2024. “Nos pidieron los papeles solo a los que parecíamos extranjeros y yo era el único que no tenía papeles”, cuenta el hombre, a quien le dieron entonces la orden de devolución que ahora motiva su retorno a Marruecos. Desde entonces, el joven ha seguido participando en la sociedad, como ha acreditado el “Al realizarse el internamiento mi representado no portaba documentación acreditativa del arraigo social, económica y familiar. En el momento presente se encuentra empadronado, tiene habitación propia, está asistiendo de forma regular a clases de español y ha sido dado de alta en el grupo de trabajo técnico de la consejería”, sostiene la letrada. 

La Plataforma CIEs No pide así la suspensión de su retorno, a las puertas de su regularización en España. “Los años de esfuerzos de Oussama para salir adelante y de las personas e instituciones que le han acompañado desde que llegó a Vinaròs no van a servir de nada si mañana acaba siendo deportado a Marruecos desde el CIE, donde fue encerrado hace 10 días tras una identificación por perfil racial en Castellón”, ha denunciado la plataforma. “Tiene toda la documentación preparada para solicitar la residencia en el proceso de regularización”, añade su abogada. 

Desde el centro de detención, Oussama pide su liberación. “Quieren sacarme de aquí y allí ya no tengo nada. Si me devuelven a Marruecos, soy capaz de hacer cualquier cosa”, concluía el marroquí antes de colgar el teléfono cuando aún pensaba que en unas horas tendría que viajar a Madrid para ser devuelto a su país. Si finalmente se produce su expulsión, aquí quedará la carpeta de documentos que ha atesorado durante los últimos meses para acreditar sus tres años de vida en España, cuando aún soñaba con el ansiado permiso de residencia. 

Annie Ramos, esposa de un soldado estadounidense, fue liberada este martes de la custodia de las autoridades migratorias, tras ser detenida en una base militar de Luisiana por una orden de deportación impuesta cuando ella era muy pequeña, según informa The New York Times.

La joven, de 22 años, había sido detenida el pasado jueves en la base militar Fort Polk, en Luisiana, donde se encuentra destinado su esposo, el sargento Matthew Blank, de 23 años.

La mujer fue a la base para iniciar el proceso para recibir beneficios militares, como esposa del sargento y establecerse en ese lugar.

La pareja contrajo matrimonio en marzo y había contratado a un abogado para iniciar el trámite que otorgaría a Ramos su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”. Sin embargo fue detenida por una orden de deportación vigente contra ella.

Cuando Ramos tenía 22 meses de edad, un juez de inmigración emitió la orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y señaló que no tiene estatus legal para estar en EE.UU.

La detención de la joven, estudiante de bioquímica, generó una ola de críticas entre los defensores de los inmigrantes. Gaby Pacheco, directora ejecutiva de The Dream.US, dijo en un comunicado que la detención de Ramos nunca debió haber ocurrido.

“El caso de Annie (Ramos) debería servir como una llamada de atención para todos nosotros, incluido el presidente Donald Trump. Los ‘soñadores’ como Annie son miembros valiosos de las familias y comunidades estadounidenses. Deberían ser candidatos a la ciudadanía de los EE.UU. en lugar de ser blanco de deportación”, agregó la activista.

Se avecinaba una reunión polémica, pero ni se ha producido. El rechazo de las comunidades presididas por el Partido Popular a prorrogar el sistema de reubicación de menores ha sido tal que el encuentro que pretendía abordarlo ha tenido que cancelarse. Todos los gobiernos autonómicos liderados por el PP, excepto el de Ceuta, han plantado al Ejecutivo central y no han participado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que finalmente no se ha celebrado “por falta de quórum”, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

El encuentro tenía como principal objetivo abordar la continuación del sistema de reubicación de menores migrantes desde Canarias y Ceuta, después de que los plazos iniciales hayan finalizado sin haber concluido todavía la situación de emergencia que activó el mecanismo. Durante la conferencia, el Gobierno iba a trasladar a las comunidades la necesidad de prorrogar los traslados, pero no ha podido ser.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, anunció que no iba a acudir a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria “ilegal” y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria “temeraria” de Pedro Sánchez, informa Efe.

Sí habían acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha. Ceuta, por su parte, se ha conectado por videoconferencia. El Gobierno ceutí es el único dirigido por los populares que ha acudido al encuentro en vano, dado que su autonomía es una de las que necesita la reubicación de menores migrantes y participa en el plan de reparto.

Esta semana, el Gobierno de Ayuso había comunicado que no recibiría ningún menor más en el marco del sistema de reparto desde Canarias y Ceuta, al considerar que se encontraba fuera de la ley dado que el plazo había expirado el 18 de marzo. La normativa, sin embargo, permitía la posibilidad de prorrogar la declaración de emergencia para continuar con dichos traslados mientras sea necesario.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondió este martes por carta a la Comunidad de Madrid. Según defendió, el mecanismo de derivación de niños establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 “continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla”. El ministro aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, “la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida”. Por tanto, desde el Gobierno defienden que el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”.

Según añadió el ministro en la misiva, el pasado 26 de marzo “tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores” procedentes de Ceuta tras alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución. Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación “son actos administrativos válidos y ejecutivos” y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión. “Las reubicaciones cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”, insitió Torres en la carta.

La última vez que vieron a Ibrahima Diouf fue el 5 de enero de 2021. Su caso pronto se empezó a parecer demasiado al de Tidiany Coulibaly, al que se le perdió la pista el 16 de diciembre de 2013. Ambos eran migrantes, jóvenes y trabajaban en la campaña de la aceituna como temporeros en Villacarrillo, un municipio de Jaén de 10.000 habitantes. En común tenían también, para su desgracia, estar al servicio del mismo patrón: el empresario Ginés Vicente López, principal sospechoso en la investigación judicial de ambos casos. Ambos desaparecieron cuando le comunicaron su intención de abandonar el trabajo ante las condiciones de explotación que sufrían.

Ahora, el documental Jornaleros. El mal patrón, dirigido por Sergio Rodrígo y Lucía Muñoz, recuerda lo sucedido con el testimonio de los familiares y compañeros de los desaparecidos, cuyas voces retumban en la cinta clamando por una justicia que todavía no ha llegado. “Han pasado casi 13 años y todavía no se ha hecho justicia. Yo no sé nada de mi hermano”, dice Nama Coulibaly, el hermano de Tidiany Coulibaly, en conversación con elDiario.es.

Sergio Rodrigo, periodista y codirector de la película, asegura que el documental parte de una investigación realizada por su productora, Entrefronteras, sobre la explotación laboral en los campos de Andalucía y el sur de Portugal. “Vimos que era una buena oportunidad para contar la historia de Tidiany e Ibrahima, que desaparecieron en las mismas y extrañas circunstancias y en una situación vinculada a la explotación laboral severa”, relata al teléfono.

Tidiany, maliense, solo contaba con 23 años en el momento en que nunca se supo más de su paradero en diciembre de 2013. Tanto él como otros migrantes de la cuadrilla habían recriminado al patrón su bajo jornal, de solo 20 euros, cuando el convenio del campo estipulaba una cantidad que superaba los 50 euros. Tres años más tarde, la Audiencia de Jaén condenó a Vicente López a dos años y medio de cárce porl delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia. El empresario también se sentó en el banquillo somo principal acusado de la desaparición forzada del joven, pero el juez lo absolvió porque sostuvo que, aunque existían indicios de que Ginés había hecho desaparecer a Tidiany, estos no eran suficientes para condenarlo.

Más de siete años después, Ibrahima tenía 32 años en el momento de su desaparición. La víspera del día de Reyes de 2021 llevaba consigo una maleta roja mientras se aproximaba a la casa de su patrón, Vicente López, para quien trabajaba en la recogida de la aceituna. Se quería ir de allí. La idea era reclamarle el dinero que le debía para poder marcharse a Huelva y empezar a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Es lo último que se supo de él. Nadie le vio nunca más.

Tras una larga investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez decretó prisión provisional para Ginés Vicente por un presunto delito de homicidio en marzo del año pasado. Sin embargo, dos meses después, la Audiencia Provincial le dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros y la imposición de medidas cautelares. El proceso aún se encuentra en fase de instrucción. “Le acusan de homicidio y tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras pagar una fianza de una cantidad irrisoria”, denuncia el documentalista.

Desde su desaparición, la Guardia Civil ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazó hasta Villacarrillo una treintena de agentes. Rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

“Pudo haberme pasado a mí”

La familia de ambos desaparecidos siguen esperando justicia. Nama Coulibaly, hermano de Tidiany, tiene 33 años y se encuentra en Jaén. “Esto pasa por una cosa muy sencilla: hay gente que parece racista por naturaleza que está en contra de que tengamos derechos, cuando solo venimos para trabajar”.

Tidiany era el cabecilla de la cuadrilla. “Le reclamó que nos pagara lo que marca la ley. Era la tercera campaña en la que trabajaba con él. Mi hermano incluso le traía a otros migrantes. Yo nunca he visto un español trabajando junto a nosotros”, denuncia el hombre. En su memoria todavía queda aquel 16 de diciembre de 2013. Según recuerda, aquella jornada acompañó a su primo a la estación de autobuses. Al volver, no estaba Tidiany en casa. “Si no, yo también podría haber terminado como mi hermano”, precisa.

“Son cosas que hay que ver y vivir desde nuestros ojos. No somos ni animales ni esclavos. No venimos a robar. El trabajo que hacemos es el que no quiere hacer nadie”, cuestiona Coulibaly, cuyas palabras se contraponen con la imagen de la inmigración trasladada por la extrema derecha en España. “Yo trabajo todos los años, y es un trabajo duro, pero no he venido a mendigar. Tampoco tengo dónde vivir. Lo hago en la casa que nos dejan, entre campo y campo”, comenta.

En 2009 Nama Coulibaly llegó a las costas canarias, un año después de que lo hiciera su hermano Tidiany, cuando a él todavía le quedaban tres años para alcanzar la mayoría de edad. Lleva trabajando en el campo desde que salió del centro de menores. El senegalés aprovecha el estreno del documental para insistir en la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido: quiere saber dónde está su hermano, qué pasó con él. “El patrón sigue viviendo su vida como si no hubiera hecho nada, pero Tidiany tiene familia, tiene una madre rota por lo sucedido”, lamenta.

Largo proceso de instrucción

Rodrigo se refiere al proceso judicial que investiga la desaparición de Ibrahima como lento y tedioso, incluso “vergonzante”, ya que desapareció hace cinco años y todavía ni siquiera ha terminado la fase de instrucción del juicio. “Eso denota que la justicia, en muchos casos, tiene prioridades”, apunta este responsable de EntreFronteras, la productora del documental radicada en Andalucía y especializada en migraciones. La búsqueda de Ibrahima por parte de agentes de la Guardia Civil ha sido constante en este tiempo. Por tierra, mar y aire, el Instituto Armado ha intentado sin resultado positivo encontrar el cuerpo del senegalés.

La primera condena que recibió Vicente López en 2016 no le impidió seguir contratando migrantes en condiciones abusivas. El año pasado, una investigación financiada por Journalism Fund Europe rastreó una treintena de agricultores acusados de vulnerar derechos laborales de toda la Unión Europea. Entre ellos estaba Ginés Vicente López. Según publicó El Salto, el empresario recibió entre 2014 y 2022 unos 118.500 euros en subvenciones públicas, incluidos los 17.000 euros que percibió incluso un año después de la desaparición de Ibrahima.

El círculo vicioso de la pobreza

El director de la cinta critica que en el campo español, y en particular en Andalucía, cientos de trabajadores sufren abusos laborales, pero su situación de vulneravilidad hace impide su acceso a herramientas para reivindicar sus derechos más allá que su propia voz y la unión entre iguales. “Esto hace que los patrones se crean prácticamente en el derecho de convertir en su esclavo a las personas que trabajan para ellos”, añade Rodrigo.

Asimismo, enfatiza que la explotación en la agricultura está vinculada a una migración concreta, que también es la más vulnerable, procedente de países subsaharianos, a la que la política migratoria suele ponérselo más complicado, empujándo a los migrnates a vivir en situación irregular durante años. “Eso al final le condena a seguir siendo pobre y vulnerable”, critica.

Rodrigo tilda de “lamentable” que trabajadores que recolectan los productos de los que España siempre hace gala, como su aceite y fruta, tengan que desempeñar sus labores en estas condiciones. “La gente consume de forma diaria el aceite de oliva sin saber que son personas como Tidiany e Ibrahima las que están atrapadas en los campos cultivando, recolectando y podando los olivos”, añade.

Desde el punto de vista del periodista, hacer justicia en el caso de Ibrahima y Tidiany es una forma de dignificar los derechos de muchas personas que malviven en el campo andaluz, y concretamente en Jaén durante la recolecta de la aceituna. “Es vergonzanyte verlos años tras año. Hay personas que recolectan durante 10 horas de trabajo, terminan la jornada y se van a un cajero o debajo de un puente a dormir”.

El documental profundiza en la dilatación del proceso judicial. “El no tener una red de apoyo como ocurre en otros casos de homicidio como el que se investiga lanza el mensaje a la familia de que no se puede quejar, ya que no tienen la posibilidad de venir desde sus países de origen y pedir la celeridad en el proceso”, critica Rodrigo. Coulibaly, el hermano de Tidiany, concluye: “Que investiguen y que busquen. Las cosas no se pueden quedar así”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el mando de la Administración Trump, han detenido a la esposa de un sargento del Ejército de los Estados Unidos en su base militar de Luisiana, mientras él se preparaba para ser desplegado, según han informado diferentes medios.

La detención de Annie Ramos, de 22 años, tuvo lugar el pasado jueves, pocos días después de que se casara con Matthew Blank, de 23 años, un soldado con más de cinco años de servicio que ha sido desplegado en Oriente Medio y Europa en el pasado, según adelantó el New York Times el domingo. Finalmente, fue puesta en libertad este martes, según informa The Guardian.

“Lo único que siempre he querido es vivir con dignidad en el país al que he llamado mi hogar desde que era un bebé. Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, al igual que mi marido sirve a nuestro país con honor”, ha declarado Ramos en un comunicado tras su liberación.

Ramos, estudiante de bioquímica sin antecedentes penales que también imparte enseñanza religiosa, había sido objeto de una orden de deportación dictada en rebeldía en 2005, cuando era una niña, después de que su familia no se presentara a una vista en el tribunal de inmigración, según informa el New York Times.

Dado que existen vías para que las personas sin papeles obtengan la residencia permanente legal a través del matrimonio y, con el tiempo, soliciten la nacionalidad, Ramos y Blank ya habían contratado a un abogado para iniciar el proceso antes de su boda.

“Sabía que ella no tenía estatus [permiso de residencia]”, declaró Blank al New York Times. “Estábamos haciendo todo como es debido”.

Campaña de represión

En 2020, Ramos solicitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa federal que ofrece protección contra la deportación a las personas indocumentadas que entraron en EEUU cuando eran niños. Sin embargo, el New York Times informa de que su solicitud nunca se tramitó después de que el Gobierno de Donald Trump, durante su primer mandato, dejara de aceptar nuevas solicitudes.

Blank, destinado en Fort Polk (Luisiana) y que debía comenzar el entrenamiento para su despliegue el mes que viene, dijo al medio: “Nuestro plan era ir en coche, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus prestaciones como cónyuge de militar… Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”.

La difícil situación de Ramos es solo uno de los numerosos casos que contradicen las afirmaciones de Trump de que su actual campaña de represión migratoria daría prioridad a la deportación de delincuentes peligrosos. En su afán por aumentar las cifras de deportaciones, esta campaña ha afectado a un número cada vez mayor de familiares de militares o incluso a los propios veteranos, por lo general sin tener en cuenta su historial de servicio a Estados Unidos.

La detención

Según informó el Times, el 2 de abril, Blank y Ramos —junto con los padres de él— acudieron al centro de visitantes de Fort Polk, llevando consigo su certificado de nacimiento, su pasaporte hondureño, la partida de matrimonio de la pareja y su identificación militar.

Sin embargo, cuando se les preguntó si Ramos tenía un visado o una tarjeta de residencia que acreditara su situación de residente permanente legal, la familia explicó que no, pero añadió que su abogado ya había preparado la documentación necesaria para su solicitud.

Un empleado respondió: “Ya lo resolveremos”, antes de hacer varias llamadas telefónicas, según informa el New York Times. Pronto llegó un supervisor, seguido de un agente de la División de Investigación Criminal (CID) de la base, quien dijo que iba a ponerse en contacto con el ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A continuación, esposaron a Ramos y la subieron a un vehículo de la policía militar, en el que la llevaron a otro edificio. Allí la retuvieron en lo que la familia de Blank describió como una “sala de interrogatorios”.

“Les supliqué que no se la llevaran”

Más tarde, llegaron al lugar tres agentes del ICE. Los padres de Blank declararon al New York Times: “Nos dijeron que no tenían otra opción, que tenían que llevarse a Annie”. Señalaron que los agentes parecían lamentarlo.

“Les supliqué que no se la llevaran… Dijeron que sus superiores les obligaban a hacerlo”, afirmó la madre de Blank, Jen Rickling.

Posteriormente, Ramos fue trasladada a un centro de detención en Basile, Luisiana. Cuando la familia de Blank la visitó días después, no se les permitió llevar ningún documento, lo que le impidió firmar una solicitud de tarjeta de residencia ya cumplimentada.

En declaraciones al New York Times, Ramos dijo: “Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es lo único que conozco. Mi marido y mi familia están aquí”.

The Guardian se puso en contacto con el ICE, pero no obtuvo respuesta.

Millones de niños y niñas se han visto sumidos en una crisis debido a la guerra en Oriente Medio. Además de la muerte de cientos de menores y de los desplazamientos forzados a gran escala que sufren en Líbano, hay informaciones sobre niños soldado en Irán.

De acuerdo con los datos de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, más de 340 menores han muerto y miles han resultado heridos desde que Israel y Estados Unidos comenzaron los ataques contra Irán, que ha respondido bombardeando a los países de la región.

Hasta la fecha, el día más letal para la infancia fue el primero, cuando un ataque de misiles estadounidenses contra un colegio iraní mató como mínimo a 160 estudiantes y profesores. La invasión israelí de Líbano, y los continuos ataques israelíes en Gaza y en la Cisjordania ocupada, han agravado el derramamiento de sangre. Son más de 1,2 millones los niños desplazados en toda la región.

“Los niños de la región están expuestos a una violencia atroz, con los sistemas y servicios diseñados para mantenerlos a salvo también bajo ataque”, dice Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

A continuación, algunas de las formas en que la guerra está afectando a los niños.

Desplazamiento forzoso en el Líbano

Según las estimaciones de Unicef, los bombardeos israelíes y las órdenes de evacuación en el Líbano han forzado el desplazamiento de más de 1,1 millones de personas, de las que casi 400.000 son niños. Casi el 90% de esas personas viven fuera de los centros de acogida, y muchas de ellas duermen en la calle.

Nidal Ahmed, de 52 años, y dos de sus hijos han tenido que desplazarse dos veces. Un bombardeo destruyó su casa en Tiro en el segundo día de la guerra de Israel contra Hezbolá. Entonces huyó a la casa de su hermano en un suburbio del sur de Beirut, pero pocos días después Israel ordenó el desalojo de la zona. Ahora viven en Biel, el barrio de la vida nocturna de Beirut, en una tienda de campaña y dentro de un campamento improvisado con cientos de familias.

“Son las 5:00 de la tarde y hoy no hemos comido nada”, dice Ahmed. Zahraa, su hija de ocho meses, está sentada frente a él con el body manchado. “Solo hemos podido darles té y un poco de pan a los niños; no es bueno que una niña tan pequeña coma pan, ¿pero qué podemos hacer?”, añade, señalando las migajas de pan duro que Zahraa ha estado masticando.

Intenté cubrir la lona para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados

Ahmed — Vive con sus dos hijos en una tienda de campaña

Tras un mes fuera de su hogar, Ahmed se ha quedado sin dinero para alimentar a sus hijos. Depende de organizaciones locales que aparecen de forma irregular: distribuyen comida la mayoría de los días, pero no todos.

El hombre dice que las condiciones del desplazamiento son “humillantes”, mientras señala la tienda que levantó para él y sus hijos: una lona azul improvisada sobre un armazón de madera y sujeta con piedras. “Intenté cubrirla para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados”.

Ahmad, su hijo de tres años, jugaba con otro niño en un terreno baldío. El niño explicó que se duchaba los viernes, cuando su padre los traslada 30 minutos en coche hasta la casa de un amigo que les permite usar el baño. Para las necesidades más inmediatas, un solo baño y cientos de familias que hacen una cola de media hora antes de usar un retrete sin agua corriente.

Marcoluigi Corsi, representante de Unicef en Líbano, advirtió en marzo de los efectos duraderos que el desplazamiento tendría sobre los niños. “Este ciclo implacable de bombardeos y desplazamientos está agravando gravemente las secuelas psicológicas, arraigando un temor profundo y amenazando con causar daños emocionales profundos y a largo plazo”, dijo.

Ahmed ya ha visto algunos de estos efectos en sus propios hijos. Cuando los aviones israelíes rompen la barrera del sonido o bombardean Beirut, su hijo empieza a correr tratando de esconderse de la bomba que cree que va a caer sobre él.

El hombre está agotado. Tuvo que dejar a su esposa y a su hija de 17 años en el hospital de Tiro, heridas durante el bombardeo del hogar familiar. Muestra una foto de su esposa en coma en una cama de hospital. Fractura de cráneo en 33 puntos, hemorragia interna y lesiones en la columna vertebral. “Dicen que no va a sobrevivir”, afirma, mirando a sus hijos. “Ahora los niños están ocupados, están jugando, pero cuando vuelvan a casa y no encuentren allí a su madre, será un desastre”.

Muertes, heridos y duelo en Palestina

Aunque en Gaza rige un alto al fuego desde hace más de cinco meses, las autoridades sanitarias de la Franja cifran en 50 el número de palestinos a los que el Ejército israelí ha matado desde el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero. Se desconoce el número exacto de niños fallecidos, pero entre los seis palestinos muertos el 29 de marzo por bombardeos israelíes contra puestos de control había una niña, según los servicios de rescate locales.

La Franja de Gaza no se ha recuperado de los 23 meses de bombardeos israelíes que mataron a decenas de miles de personas y destruyeron hospitales y colegios en lo que una investigación de una comisión de la ONU ha calificado como genocidio. Hasta octubre de 2025, de media, un niño palestino moría cada hora. Según la ONG Save The Children, el número total de niños asesinados hasta finales de 2025 por las fuerzas israelíes en su guerra contra Gaza superó los 20.000.

La guerra de Irán no abrió un nuevo frente en Gaza, pero empeoró la inseguridad y provocó que se intensificaran las operaciones militares israelíes. Israel ha impuesto en la Franja cierres y restricciones de movimiento que interrumpen el acceso a servicios básicos y obligan a cerrar colegios. Durante los primeros días de la guerra se cerraron también los pasos fronterizos hacia Gaza, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y mercancías.

Desde el inicio de la guerra con Irán, los colonos israelíes y las fuerzas de seguridad han intensificado la violencia contra los palestinos de la Cisjordania ocupada, causando la muerte de al menos tres niños.

El 15 de marzo, la policía israelí mató a tiros a dos hermanos palestinos y a sus padres en Tamoun. Regresaban en el coche familiar después de hacer la compra para el Ramadán cuando los israelíes dispararon contra ellos. Murieron Mohammed, de cinco años, y Othman, de siete, que era ciego y tenía necesidades especiales. También murieron su madre, Waad Bani Odeh, de 35 años; y su padre, Ali Bani Odeh, de 37.

Sobrevivieron otros dos hermanos. Khaled, de 11 años, fue uno de ellos. Explicó que oyó llorar a su madre y rezar a su padre antes de morir. También, que la policía fronteriza israelí lo sacó a rastras de los restos del coche tras el tiroteo. Se burlaron de él y lo golpearon. “Hemos matado a unos perros”, le dijo un agente, según relató.

En Israel, al menos cuatro niños han muerto por los misiles lanzados en la represalia de Irán. Uno de los peores ataques tuvo lugar el 1 de marzo, cuando un misil iraní sacudió la ciudad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país.

Niños de 12 vigilando puestos de control en Irán

Las denuncias contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por utilizar a menores de solo 12 años para vigilar puestos de control han hecho saltar las alarmas sobre el uso niños soldado. En un informe de finales de marzo, Human Rights Watch publicó que la Guardia Revolucionaria estaba reclutando a niños como “combatientes en defensa de la patria”.

El 26 de marzo, un responsable del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria dijo que la campaña de reclutamiento de civiles “Combatientes en defensa de la patria por Irán” había fijado los 12 como edad mínima. En el cartel de la campaña se ve a un niño y a una niña junto a dos adultos, entre ellos un hombre con uniforme militar.

Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha explicado que que el reclutamiento militar y el uso de niños constituyen violaciones graves de los derechos de los menores, además de un crimen de guerra cuando tienen menos de 15 años. “No hay excusa para una campaña de reclutamiento que tenga como objetivo alistar a los niños, y mucho menos si son de 12 años”, dice Bill Van Esveld, subdirector de derechos de la infancia en Human Rights Watch. “Las autoridades iraníes parecen dispuestas a arriesgar la vida de los niños a cambio de mano de obra adicional”.

Informaciones apuntan a que Alireza Jafari, un niño iraní de 11 años ya ha muerto por un bombardeo israelí en un puesto de control de seguridad. Sadaf Monfared, su madre, dijo al periódico local Hamshahri que su hijo ayudaba en las patrullas y puestos de control Basij, una milicia voluntaria subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Las autoridades implicadas en esta política censurable están poniendo a los niños en riesgo de daños irreversibles y graves, y a ellos mismos en riesgo de incurrir en responsabilidades penales”, dice Bill Van Esveld. “Los altos cargos que no pongan fin a esto no pueden sostener que se preocupan por los niños de Irán”.

Ataques contra escuelas y pérdida de la educación

El 28 de febrero, un bombardeo estadounidense contra un colegio de primaria en Minab causó la muerte de decenas de personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años. Se trata hasta la fecha de la peor matanza en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Una “grave violación” del derecho internacional, según la Unesco.

En toda la región, los implacables ataques están destruyendo y dañando instalaciones e infraestructuras imprescindibles para los niños, entre las que figuran hospitales, colegios y sistemas de agua y saneamiento. Según La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, 316 centros médicos y 763 colegios han sido destruidos o dañados gravemente por los ataques israelíes respaldados por Estados Unidos.

Estos ataques y el ambiente de violencia generalizada han dejado en suspenso la educación. Según la ONG Save The Children, al menos 52 millones de niños en edad escolar de toda la región han visto interrumpida su educación, pasando a la enseñanza por Internet o quedándose sin ella por completo. Unicef estima que 364 de los 669 refugios colectivos que hay en Líbano son colegios públicos. En gran parte de Israel, los colegios han tenido que cerrarse una y otra vez.

“En todos los coflictos, las aulas suelen ser las primeras en cerrar y algunos de los últimos lugares en reabrir”, dice Ahmad Alhendawi, responsable para Oriente Medio, el norte de África y Europa del Este de Save The Children.

“Cada clase perdida agrava las secuelas de la guerra: no todos los niños pueden escapar de la violencia ni permitirse pasar a la enseñanza por Internet; sabemos que muchos de los niños más vulnerables nunca volverán una vez que han interrumpido el colegio”, dice. “Las escuelas son lugares protegidos y los ataques contra ellas podrían constituir graves violaciones del derecho internacional humanitario, deben respetarse las leyes de la guerra”.

El impacto psicológico

El derramamiento de sangre y la vorágine de la guerra exponen a los niños a acontecimientos traumáticos. La exposición prolongada a episodios de inestabilidad y violencia tiene efectos de largo plazo sobre el desarrollo cerebral, la regulación emocional y la salud mental.

Aunque Irán ha bloqueado casi por completo Internet, se sigue recibiendo la señal de las emisoras de televisión por satélite. El canal Iran International, con sede en Londres, ha comenzado a emitir entre sus boletines informativos un segmento con consejos para lidiar con los miedos y la ansiedad de los niños.

“Toda guerra es una guerra contra los niños”, dice Alhendawi, de Save The Children. “Los niños viven con miedo, atrapados en el fuego cruzado de esta guerra de adultos; las guerras tienen sus leyes, y los niños deben quedar fuera de todo conflicto”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Al menos 71 personas se encuentran desaparecidas y dos han fallecido tras el naufragio de una embarcación de madera en el Mediterráneo central durante el fin de semana, según denunció este domingo la ONG alemana Sea-Watch International. La tragedia fue detectada inicialmente por el avión de reconocimiento 'Seabird 2' de la ONG, que avistó la embarcación volcada con unas 15 personas aferradas “desesperadamente” al casco, mientras otras permanecían en el agua junto a varios cuerpos sin vida.

“Nuestro helicóptero Seabird 2 avistó una embarcación de madera volcada: unas 15 personas se aferraban desesperadamente al casco, otras estaban en el agua y algunos cuerpos sin vida”, ha alertado la organización a través de redes sociales. Según las primeras reconstrucciones, en el bote viajaban originalmente 105 personas, de las cuales solo 32 lograron sobrevivir tras ser rescatadas por los buques mercantes 'Saavedra' e 'Ievoli Grey', confirmaron desde la ONG. “Estamos horrorizados”, añadieron a través de 'X'.

Los supervivientes, junto a los dos cuerpos recuperados, han sido trasladados esta mañana al puerto de la isla italiana de Lampedusa (sur). “Hace solo 4 días, 19 cuerpos muertos –congelados hasta la muerte– fueron traídos a Lampedusa. Estas no son tragedias aisladas, sino un patrón de violencia fronteriza diseñado para matar”, se afirma en el comunicado de Sea-Watch. “No olvidaremos a los fallecidos, y no perdonaremos a los políticos responsables”, añaden desde la organización.

En lo que va de año, han llegado a las costas italianas 6.175 migrantes, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior. Esta cifra supone un descenso respecto a las 9.399 personas que desembarcaron en el mismo periodo del año pasado, y se sitúa muy lejos de las 11.969 que lo hicieron en los primeros meses de 2024

Todavía tengo muy fresco el silencio tenso de aquella madrugada del 2 de marzo. No fue una noche cualquiera; fue el momento en que las hostilidades escalaron de forma definitiva. A través de la plataforma X, las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron una orden de evacuación general que afectaba a más de 50 localidades de Líbano y entre ellas estaba la nuestra: Nabatieh.

Como responsable de logística de Médicos Sin Fronteras (MSF), me corresponde organizar los movimientos del equipo, así que esperamos hasta las 11.00-11.30 horas, momento en el que comprobamos que era seguro partir, y evacuamos hacia Beirut. La base y la oficina en Nabatieh la dejamos; solamente tomamos algunas cosas esenciales y trasladamos nuestras actividades al sur de la capital, en el distrito de Chouf.

El equipo se adaptó rápidamente a estas nuevas circunstancias. Cabe recalcar que gran parte de los compañeros estuvo presente en la emergencia de 2024 y ya tenían la experiencia para saber cómo responder. Sin embargo, en esta ocasión la intensidad y el ritmo del conflicto es completamente diferente a la que vivieron entonces. Ahora, en apenas tres semanas, más de un millón de personas se han visto desplazadas de sus hogares y más de 1.260 personas han sido asesinadas por los ataques israelíes; entre ellas más de 120 niños y niñas. 

Una gota en el océano

Mediante nuestras clínicas móviles, tratamos de atender las muchísimas necesidades de la población, pero somos conscientes de que solo somos una gota de agua en medio del océano: estamos dando asistencia en agua y saneamiento, haciendo clínicas móviles para llevar atención médica a los lugares donde la gente ha acudido a buscar cobijo, trabajando en la provisión de refugio, repartiendo kits de productos básicos y de higiene y buscando alternativas para diversificar nuestra respuesta. 

Un compañero muy cercano me confesaba hace unos días que ya se había hecho a la idea de que cada cierto tiempo le tocaría empezar de cero, que las constantes agresiones israelíes no le iban a dar tregua

Una de las cosas que más me impacta a diario es la situación de mis propios compañeros libaneses. Al mismo tiempo que han surgido muchísimas iniciativas comunitarias para ayudar a las personas desplazadas, muchos otros problemas han comenzado a aflorar. Los precios de los alquileres han crecido de forma desorbitada y un cuarto que antes costaba 400 dólares ahora llega a los 3.000. Muchos de mis colegas no han logrado encontrar nada en Beirut para ellos y para sus familias y han tenido que regresar al sur, a Nabatieh, a pesar de saber que con esa decisión están poniendo en riesgo sus vidas. 

Todas las personas que estamos aquí conocemos a alguien que lo está pasando mal estos días, ya sea gente de nuestro equipo o familiares o amigos de nuestros compañeros; en cualquier caso, todas ellas son personas cuyas vidas se han visto impactadas de forma directa y brutal. 

Empezar de nuevo

Un compañero muy cercano me confesaba hace unos días que ya se había hecho a la idea de que cada cierto tiempo le tocaría empezar de cero, que las constantes agresiones israelíes no le iban a dar tregua. Y me contaba cómo en esta última ocasión, al igual que ocurrió en 2024, su casa había resultado parcialmente destruida por uno de los bombardeos.

En septiembre u octubre del año pasado, recuerdo que estaba muy emocionado porque iba a regresar a vivir a su hogar después de muchos meses viviendo fuera. Su casa estaba en una localidad no muy lejana a la frontera sur que había sufrido numerosos bombardeos, pero parecía que esta vez la pesadilla había terminado para él. Qué equivocado estaba el pobre. Se notaba su emoción de volver a tener un hogar, de poder perseguir sus sueños en esta vida suya que siempre está tan pendiente de un hilo. Y, sin embargo, la realidad es bien distinta y, como dice él, le tocará empezar de nuevo. Una vez más.

En Beirut no ha logrado encontrar nada que pueda pagar, por esta subida en el precio de los alquileres que comentaba antes, así que va y viene desde allí hasta Beirut. Yo no puedo dejar de pensar que Israel bombardea cada día el barrio donde vive. Su hija, cada mañana, le dice que por favor vuelva sano y salvo a casa, que no quiere que le maten a su papá.

Mis compañeros y yo seguiremos trabajando para tratar de llegar al mayor número posible de personas y aliviar en lo posible su sufrimiento, pero mientras esto dure, yo quiero seguir insistiendo en la importancia de que se respeten las vidas de los civiles y las infraestructuras médicas; que nadie les considere nunca un objetivo legítimo o un daño colateral. Estamos empezando a normalizar que un hospital, una escuela o un campo de desplazados puedan ser bombardeados. Y eso nunca debería haber pasado.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el “racismo” y la “violencia policial” que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el “racismo policial”.

Mbaye afirma haber sido víctima de una “redada racista” cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la “persecución” que sufren “miles de personas” por motivos raciales.

“Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

“Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar”, ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como “Marlaska, dimisión”, en alusión al ministro del Interior, y “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un “error de protocolo” ni un “hecho aislado”, sino “una manifestación brutal de racismo institucional”.

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”.

“No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado”, han apuntado.

Mi primera estancia en Gaza fue entre noviembre y diciembre de 2024. Volví en noviembre de 2025 como responsable de actividades de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) y me quedé casi cuatro meses, hasta finales de febrero, cuando todo el personal internacional de las ONG afectadas por la cancelación de su registro tuvo que abandonar el territorio.

Prolongué mi estancia cuando supimos que Israel no permitiría la entrada de reemplazos internacionales. Como responsable de enfermería para el sur de Gaza, visité y supervisé varias instalaciones en el sur y también viajé al norte para supervisar uno de los hospitales a los que prestamos apoyo allí, el Hospital Al Helou, así como la clínica de la zona de Al Zeytoun, en Ciudad de Gaza.

Incluso durante lo que se viene denominando alto el fuego (desde octubre de 2025), nunca se ha tenido la sensación de que los combates hayan cesado realmente. Los drones sobrevuelan constantemente la zona. Se pueden oír ataques aéreos todos los días. El número de víctimas mortales puede haber disminuido en comparación con antes del acuerdo, pero la violencia nunca ha desaparecido.

Lo que he visto esta vez ha sido más destrucción aún. El sistema sanitario está devastado. Hay menos edificios en pie. Más tiendas de campaña. Más familias desplazadas y hacinadas en zonas cada vez más reducidas. La situación es inhumana y cada día vemos las consecuencias médicas que sufren las personas en Gaza debido a las condiciones en las que se ven obligadas a vivir.

Vemos infecciones respiratorias: neumonía, bronquiolitis, niños expuestos al frío invernal en tiendas de campaña improvisadas sin calefacción. Tratamos de forma incesante casos de gastroenteritis aguda porque el agua potable sigue siendo escasa. La gente hace cola todos los días solo para recoger agua, como lleva haciendo desde hace más de dos años. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al hacinamiento y la falta de higiene.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina

La necesidad de atención de heridas es abrumadora. En un momento dado, llegamos a realizar hasta 900 curas a la semana. Muchas de estas heridas tienen meses, son lesiones que nunca se curaron adecuadamente. Traté a jóvenes de 18 y 19 años que ahora están paralizados por heridas de bala en la columna vertebral, confinados en la cama, con úlceras por presión que se infectan fácilmente en estas condiciones de vida.

También vemos a muchos pacientes con fijadores externos aún colocados en sus extremidades, esperando cirugías que no se pueden realizar dentro de Gaza. Las evacuaciones médicas son extremadamente limitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 18.500 pacientes necesitan atención especializada que no existe en Gaza, pero no se les permite salir.

No puedo olvidar a Mohamed, un niño de tres años con desnutrición crónica y necesidades médicas complejas. Lo tratamos con leche terapéutica y mejoró, pero una vez que regresó a casa, su estado volvió a deteriorarse. La última vez que lo vi, había perdido mucho peso porque se negaba a tomar el producto a base de cacahuetes que se utiliza para tratar la desnutrición fuera del hospital. Es celíaco y tiene otras necesidades dietéticas especiales. Mohamed sigue esperando ser evacuado. Sin acceso a atención médica fuera de Gaza, los niños como él pueden no sobrevivir, por mucho que nos esforcemos.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población. La amenaza de un ataque nunca desaparece.

Nuestros colegas palestinos son quienes llevan adelante la respuesta de MSF. Pero apoyarlos en la distancia nunca será lo mismo que estar a su lado, siendo testigos y ayudando a quienes han mantenido en funcionamiento un sistema de salud devastado tras más de dos años de un trabajo sin descanso.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población

Mientras estaba sentada en el autobús que salía de Gaza, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que volvemos, la destrucción es peor. Esta vez, me fui preguntándome cómo estará todo si nos permiten volver y cuándo.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina. Esto tendrá consecuencias catastróficas para las personas que dependen casi por completo de la ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, atención sanitaria, saneamiento y educación. Las necesidades son enormes.

Los palestinos nos piden que hablemos de lo que hemos visto, de cómo viven, de la violencia y el bloqueo continuos que condicionan todos los aspectos de sus vidas. Eso es lo que puedo hacer ahora. Hablar. Y esperar que algún día MSF, y todas las demás organizaciones, puedan trabajar libremente, porque los palestinos de Gaza lo necesitan desesperadamente.

MSF sigue presente en la Franja con más 1.200 trabajadores palestinos y mantiene su compromiso de seguir prestando asistencia en Palestina durante el mayor tiempo posible.

Acababa de meter la llave en la cerradura de la entrada de su vivienda, cuando un coche “frenó muy cerca”. Quienes bajaron del vehículo no iban uniformados, pero el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, supo al instante que eran policías de paisano. El activista y secretario de Antirracismo de la formación morada estaba a punto de entrar en su vivienda, donde iba a ayudar a un amigo senegalés a hacer el currículum, pero acabó detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, acusado de intentar huir de una identificación policial. La versión de Mbaye y los otros seis detenidos -vecinos que trataron de ayudarle, entre los que se encontraba el periodista de El Salto, Martín Cúneo- es muy diferente.

Las imágenes difundidas por El Salto muestran a Serigne Mbaye tirado en el suelo mientras un agente lo inmoviliza con la rodilla sobre él. Varios vecinos increpan a los agentes y les piden que paren, sin éxito. Según la Delegación del Gobierno, los hechos se iniciaron sobre las 19.45 horas por el aviso del posible robo en un vehículo por parte de dos hombres. En la zona —aseguran— son “habituales” este tipo de sustracciones, por lo que había activado un dispositivo policial específico. Los agentes desplegados en el efectivo trataron de identificar en el lugar a dos individuos (Serigne Mbaye y su amigo) que consideraron sospechosos. Según la versión oficial, uno de ellos lo hizo sin incidentes, mientras que el otro (supuestamente el exdiputado) “se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga”.

Serigne Mbaye atiende a elDiario.es horas después de la detención, después de regresar a Urgencias para ser atendido por segunda vez por las lesiones provocadas durante la detención. El exdiputado presenta una versión muy diferente a la oficial. Niega haber huido de la intervención policial y asegura que los agentes actuaron con agresividad desde el primer momento, exigiéndole que se colocase frente a la pared para ser cacheado, “sin explicar los motivos”. No es la primera vez que le ocurre. Ha perdido la cuenta de las veces que ha sido parado por la calle por la Policía mientras hacía cualquier actividad rutinaria, algo que, recuerda, no suele ocurrir a las personas blancas. “Es obvio que es una práctica racista”, zanja el senegalés.

Antes de nada, ¿cómo está? ¿cómo se encuentra, físicamente y emocionalmente, después de la detención?

Emocionalmente estoy jodido. Y, físicamente, también: se ha visto lo que se hizo, la violencia que se utilizó y tengo el cuerpo hecho polvo. Tengo una herida en la frente, tengo dolor fuerte de cuello y en el hombro. He tenido que ir Urgencias otra vez esta mañana y estoy de baja. Estoy jodido también por mi curro, por el hecho de tener que estar de baja por eso. 

¿Qué pasó? ¿Cómo se sucedieron los hechos antes de la detención?

Salí del trabajo y pasé por Lavapiés para recoger cosas que me habían mandado de Senegal a través de un amigo que había estado allí. Quería darme las cosas y me pidió ayuda para hacer un currículum. Así que fuimos a mi casa. Cuando llegué al portal, saqué las llaves, metí la llave en la cerradura para abrir y, justo cuando iba a entrar, un coche frenó de golpe cerca de donde estaba. Cuando escuché el frenazo, me giré y, aunque iban de paisano, supe que eran policías. Me quedé mirando para ver qué pasaba.

Yo ya estaba entrando en el portal, pero me impidieron la entrada. Vinieron directamente súper agresivos, nos empujaron, a mí sobre todo porque llevaba una bolsa y me decían que qué llevaba dentro. Con mucha agresividad, me hablaban de un coche y yo no sabía de qué hablaban. Les decía que yo no venía de ningún coche, que venía de mi trabajo. Me decían que si llevaba algo punzante y me dijeron que me pusiese contra la pared que me tenían que registrar. Justo había un vecino, que empezó a decirles a los agentes: “¿Qué pasa aquí? Es un vecino, vive aquí, esta es su casa”, para tratar de decir a los policías que no era un delincuente. 

Ahí se pusieron más agresivos y pidieron refuerzos. En ese momento me tiran al suelo. Yo les pregunto: “¿Por qué me tenéis que tirar?”. Y me dijeron que me iban a llevar a comisaría. Mientras, mi vecino llamó a los demás vecinos, que empezaron a bajar, algunos incluso descalzos, para pedir a la policía que me dejasen. Yo les decía que me dejasen en paz.

Llegaron mogollón de policías y la agresividad policial fue tremenda. Detuvieron a otros compañeros. En ese momento, mis llaves estaban colgadas en la puerta y los agentes utilizaron mis propias llaves para meterse dentro entraron en el patio, donde había niños y detuvieron a tres personas. 

Según la versión oficial, la Policía recibió un aviso de un posible intento de robo de un coche y su aspecto, supuestamente, encajaba con el vuestro. En ese contexto, la Policía dice que se acercaron a ustedes para identificarles y usted se negó e “intentó huir”. Le iba a preguntar que por qué se había negado pero, según su versión, ¿ni siquiera se produjo esa petición tal? 

No fue así. Metí la llave y vinieron como flechas, directamente, hablando de un coche y no sabía nada de qué me hablaban. Si están buscando a alguien, pueden preguntar de una manera decente, dime el motivo de manera legal y tranquila, y yo podría explicarles que venía del trabajo, pero no lo hicieron así. Lo hicieron de una manera muy violenta, llegaron dando por hecho que soy esa supuesta persona. Venían agitadísimos, a liarla, diciendo directamente que me pusiese contra la pared para registrarme. Yo preguntaba que por qué me iban a registrar… Cuando mi vecino apareció, creo que se pusieron nerviosos y me dijeron que me llevaban a comisaría. 

Ellos dicen que la descripción de quienes supuestamente intentaban robar el coche correspondía a un hombre negro y uno de origen magrebí. Pero mi amigo no es magrebí, es negro. Tampoco coincide. Con eso ya se veía que no éramos nosotros las personas que buscaban, ¿por qué venían tan decididos? Cuando vi que se ponían agresivos conmigo, le dije a mi amigo que se metiese en mi casa. Era una persona que acababa de volver de Senegal y quería evitar que le detuviesen también a él. 

Tampoco intenté huir en ningún momento. ¿De qué iba a huir y a dónde? Si estaba en mi casa. Cuando frenaron el coche, yo ya había metido la llave para entrar. Si hubiese querido huir, podría haber entrado y no me hubiesen alcanzado. Me quedé mirando para ver qué pasaba. No tenía ninguna intención de correr.  

No intenté huir en ningún momento. ¿De qué iba a huir y a dónde? Si estaba en mi casa. Cuando frenaron el coche, yo ya había metido la llave para entrar. Si hubiese querido huir, podría haber entrado y no me hubiesen alcanzado. Me quedé mirando para ver qué pasaba. No tenía ninguna intención de correr.  

La Policía dice que cinco policías resultaron heridos. ¿Qué sabe de eso? ¿Qué ocurrió?

No es verdad. Se han inventado esas lesiones. Si hay lesión, se han autolesionado. En los vídeos se ve claramente lo que ocurrió. Las imágenes son las imágenes. En ningún momento he hecho nada. No he levantado la mano a ningún policía. 

Denuncia que ha sido una actuación policial racista. ¿Por qué?

Si hubiese ocurrido una vez, quizá podríamos llegar a pensar que ha sido casualidad o un error. Pero pasa tantas veces, a mí y a tantas personas negras, que hay un punto en común que lo explica: es racismo estructural. Hay un sesgo racista porque asumen que somos culpables por ser negros.

Vienen a por mí porque, según su versión, supuestamente les han dado el aviso de que otro negro y un hombre magrebí son sospechosos de robar un coche. Cuando, mi amigo no era magrebí sino negro pero, directamente, llegan asumiendo que soy la persona que dicen buscar y actúan con violencia, humillándome.

Si la policía no se da cuenta de que eso no es casual... Cuando hechos como estos pasan tantas a personas de piel diferente, es obvio lo que se denuncia. Es obvio que están son practicas racistas.

¿Hubo algún incidente más en comisaría o durante el trayecto?

Después de que cogiesen nuestra filiación, nos preguntaron quién quería ir al médico. A mí me llevaron al médico. Dos vecinos están en el hospital. Uno recibió golpes dentro de la casa. Al otro le han jodido la rodilla y está en el hospital.

Cuando me detuvieron, tuvimos que caminar, unos 400 metros, hasta meterme en un coche. Había un montón de coches de policía por todas partes y los vecinos miraban. La Policía intentaban que me callase, pero no me iba a callar. Gritaba: “Esto es la prueba total del racismo policial, han venido a la puerta de mi casa, para ponerse violentos y llevarme a comisaría. Mientras lo decía, me iban apretando las esposas, para hacerme daño. Cuando me metieron en el coche, me metieron empujándome y cerraron dando un golpe fuerte, con violencia. En comisaría, me apretaron las esposas de tal manera que, cuando me llevaron al médico, no me podía sentar, no podía hacer movimientos. Pedí que me las quitasen. Cuando me las quitaron, les dio cosa al ver cómo estaban mis muñecas. La policía dijo: ”Podría habernos dicho antes y las aflojábamos. Les dije que lo había dicho varias veces. Y eso se ha reflejado en el parte médico para que se vea claramente la intención de torturar de esa manera. 

Serigne, ¿cuántas veces le ha parado la Policía por la calle pidiendo que se identifique (en un contexto que no sea una manifestación o una protesta)?

Solo en este año 2026, en poco más de tres meses, ya van tres. La primera, dejé a mi hija en el colegio y, cuando iba al trabajo, me identificaron y me detuvieron por una acusación de desobediencia y falta de respeto a la policía. Ahí también dijeron que les llamaron, curiosamente, por el robo de un móvil. El perfil que buscaban era el de un africano y correspondía al mio porque, decían, tenía dos móviles. Pero vieron que tenía dos móviles cuando me registraron, no antes. La Delegación del Gobierno me mandó propuesta de sanción de 700 euros. Y recurrí poniendo todo mi historial con la Policía desde 2021 hasta ahora.

Cuando era diputado en la Asamblea de Madrid y me pararon en Madrid varias veces. En la estación de tren de Valencia en un viaje con diputados y eurodiputados me sacaron de la cola del AVE solo a mí, al negro, para identificarme. Todo esto ha quedado registrado ante el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo. 

En 2023, me pararon y me detuvieron en la estación de Atocha.Fui denunciado por desobediencia y resistencia y llevado a la comisaría. Entonces dijeron también que estaban haciendo controles de prevención del hurto. 

En esta casa, nada más mudarme, me paso algo similar. Tenía la puerta medio abierta y me sacaron fuera de la calle para identificarme. Fue el 31 de julio de 2023, pero eso quedó en nada. 

Son tantas que ni recuerda exactamente el número… Fíjese que a mí, siendo blanca, nunca me ha pasado. ¿Qué curioso, no?

Ese es el tema. Todo lleva un denominador común. Hay quien dice si le paran, que entregue la documentación y ya está. El problema es por qué nos paran. No una, sino tantas y tantas veces. Las personas blancas lo veis todos los días. Gente de todas las edades, hasta de 70 años, que nunca jamás en su vida le ha parado de repente la Policía para pedir la documentación. Nosotros, los negros, encadenamos semanas, meses, de paradas, de vivir bajo la sospecha constante. Que te pare la Policía a ti, y no a tus amigos blancos, para preguntar si llevas marihuana o droga. Eso es por algo. Hay un sesgo racista.

Pero todo eso lo niega el Gobierno. En 2022, desde Podemos preguntamos por ello en el Congreso. El 24 de julio de 2022 nos respondieron que no había controles por perfil étnico y racial, ya que están prohibidos.  

Las personas blancas lo veis todos los días. Hay gente de todas las edades, hasta de 70 años, que nunca jamás en su vida le ha parado de repente la Policía para pedir la documentación. Nosotros, los negros, encadenamos semanas, meses, de paradas, de vivir bajo la sospecha constante. Que te pare la Policía a ti, y no a tus amigos blancos, para preguntar si llevas marihuana o droga. Eso es por algo. Hay un sesgo racista.

¿Qué se siente cuando se está por la calle, andando tranquilamente, y la policía se acerca y entre todas las personas que hay, solo le paran a usted?

Violencia. Es tan violento que camines tranquilamente, que te paren, que te registren y ver que, claramente, lo han hecho porque tienes una piel diferente. Cuando ocurre, la gente te mira y pensará: “Habrá hecho algo”. Es una sensación tan triste y dolorosa que te afecta psicológicamente. 

Los últimos casos que denuncia han ocurrido cuando era diputado en la Asamblea de Madrid o posteriormente, cuando ya era una persona que sale en los medios, que forma parte de una formación política y que ha tenido un cargo público. ¿Cuando no era conocido o cuando no tenía papeles era aún más frecuente?

Muchos amigos y compañeros españoles me han dicho que yo soy activista porque la Policía me ha hecho ser así. Me paraban tantísimo... Antes de tener los papeles, pero también cuando los tuve e iba a trabajar. Era constante. Estás sacando dinero en un cajero y, mientras sacas, te das la vuelta, y escuchas “caballero documentación”. Y tener que decirles que se alejen porque estaba sacando dinero de mi cuenta. Que hagan eso y que te quiten la cartera para registrarte. Todo eso me ha pasado a mí.

Durante un montón de meses, cada vez que pasaba por Nuevos Ministerios para ir a trabajar, siempre estaban y siempre me paraban. Había momentos que, cuando me acercaba, tenía el NIE en el bolsillo y me lo pegaba en la frente con saliva. Hasta se reían. He llegado tarde al trabajo por eso muchísimos días. Todo eso lo hemos vivido y lo seguimos sufriendo. No me pueden decir que no ocurre.

Cuántas veces he llegado al trabajo diez minutos tarde mientras ves que tus compañeros blancos llegan puntuales. No un día, muchos. Y tener que despertarte todos los días 10 minutos antes para evitarlo, porque tenemos que pagar ese precio por ser lo que somos. 

Oigo de fondo a su hija pequeña. ¿Cómo se le explica a una hija que la policía para a su padre sin haber cometido ningún delito? 

Mi hija pequeña lo ve todo. Es muy difícil, porque hay cosas que no queremos que vivan, pero ayer lo tuvieron que vivir. Tenemos que hablarlo con ellas, tienen que saber que la Policía hace un trabajo selectivo y discriminatorio. Se lo decimos porque mi hija tiene que ser consciente de que eso pasa, que es por esa razón por la que han parado tantas veces a su padre, y no otra. Le explicamos cómo tiene que reaccionar si algún día le pasa cuando crezca o por si lo presencia. 

Cuando murió Mame Mbaye, yo estaba allí y tenía a mi hija en brazos. Estaba hablando con la policía, el cuerpo de Mame detrás y la gente gritando. Eso se le quedó en la cabeza y fue muy difícil explicárselo entonces pero, poco a poco, cuando va creciendo, se lo vamos explicando.

En su colegio a veces van policías para dar talleres. Está bien para enseñarles cómo cruzar o no, pero es complicado cuando les dicen que la policía es buena porque para a los delincuentes. Entonces, tiene que saber que a mí me paran sin haber hecho nada. Que a muchas personas negras les paran sin haber hecho nada, solo por ser negras. Lo tiene que saber porque no queremos que piense que hay algo malo en ella, en nosotros, por nuestro color de piel, Tiene que saber que es el sistema el que falla, que es culpa del racismo estructural.

El Partido Popular Europeo está totalmente entregado a las políticas de la ultraderecha en inmigración. Este jueves, los populares han unido su voto a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante la medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular fuera del continente, siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. 

La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La votación en el pleno se realizó tras tres solicitudes separadas de los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda, que impugnaron las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.

La votación se produjo tras el fracaso de las negociaciones con los liberales (Renew) y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Los conservadores ya habían alcanzado acuerdos a puerta cerrada con eurodiputados de extrema derecha para votar conjuntamente a favor de un texto, según reveló la agencia de prensa alemana DPA. Desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”.

La ONG en defensa de los derechos de las personas sin papeles, PICUM ha explicado que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo poner a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables. El texto permite a los Estados miembros detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado. Cinco países de la UE – Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia – ya están colaborando en planes para establecer estos centros, aunque aún no se dispone de información sobre los países de destino”.

Según PICUM, esta medida “también otorgan amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ”seguridad“ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.

La posición del Parlamento se suma a un texto que podría normalizar y aumentar la aplicación de políticas de inmigración al estilo ICE en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión exigiría a los Estados miembros desplegar medidas amplias e indefinidas para detectar personas indocumentadas, lo que podría derivar en vigilancia invasiva, perfiles raciales y obligaciones para los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación. La posición del Consejo sobre el borrador del Reglamento de Retorno respalda redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.

Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM declaró que “esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”.

En una Europa cada vez más restrictiva con la inmigración y la presión de la extrema derecha, el enfoque de España choca con su alrededor. Mientras los países vecinos buscan reducir la llegada de inmigrantes, el número de trabajadores extranjeros en suelo español supera cifras récords. Ante ese escenario el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa, encargó un informe para contestar a una pregunta: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?“. 

La respuesta, plasmada en un informe de la ONPE al que ha accedido elDiario.es, describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual, según las conclusiones del primer borrador del estudio.

Este es el retrato de uno de los escenarios que plantea el estudio 'España ante el reto migratorio' , con el que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza cómo cambiaría España hasta 2075 en función de los distintos niveles de inmigración. No es una predicción, advierten sus autores, sino un ejercicio de escenarios: comparar qué ocurre si se mantienen los flujos actuales o si, por el contrario, se reducen de forma sostenida en un 30%. Cuáles serían, por tanto, las consecuencias de seguir la línea dura de la inmigración que promueven otros Estados europeos. 

En España, desde hace más de una década, la población solo crece gracias a la llegada de personas del exterior. En este contexto, el impacto demográfico conforma el primer escalafón de los efectos de la reducción de la inmigración planteada por la ONPE. En un escenario con flujos migratorios similares a los actuales, la población se situaría en torno a los 55 millones de personas en 2075, frente a los 49 millones actuales. Sin embargo, si las entradas bajasen un 30%, España estaría habitada por una cuarta parte, quedándose en los 40 millones de habitantes, según sus proyecciones.

Impacto en el mercado laboral

Como consecuencia directa, descendería el número de trabajadores. Según el documento, ante un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias, España contaría con nueve millones de personas en edad laboral menos que si se mantuvieran las llegadas. Los flujos migratorios marcarán, por tanto, el crecimiento económico futuro: las proyecciones de la ONPE apuntan a que el Producto Interior Bruto podría caer un 14% en 2055 y un 22% en 2075 respecto al escenario con inmigración sostenida. Este efecto equivaldría a perder “unos 18.000 euros menos por habitante al año”, apunta el documento.

El informe pone como ejemplo el efecto que la caída de las entradas podría tener en los sectores que concentran mayor número de extranjeros en la actualidad: la agricultura, la hostelería y los cuidados. En el campo, la falta de trabajadores podría provocar el abandono de “más de 220.000 explotaciones en 2075”, casi tres de cada diez actuales. En la hostelería, hasta 90.000 bares y restaurantes podrían desaparecer, cerca de la mitad del total, según sus estimaciones. Y en los cuidados, el desequilibrio proyectado afectaría en una población cada vez más envejecida: mientras los ciudadanos dependientes aumentarías cerca de un 60%, la oferta de trabajadores de los cuidados podría caer un 28%, con lo que la ONPE calcula que más de 45.000 personas dependientes podrían quedar sin atención suficiente. 

El deterioro también alcanzaría a la sanidad pública, uno de los sistemas más sensibles al envejecimiento. Con menos inmigración, advierte el informe, la capacidad asistencial quedaría tensionada por una doble vía: más pacientes y menos profesionales. “La migración ha contribuido a completar plantillas en atención primaria, urgencias, zonas rurales y determinados hospitales”, recuerdan los autores. En el escenario de baja inmigración, España podría perder alrededor de 63.000 médicos especialistas y cada facultativo tendría que atender a un 4% más de pacientes en 2075, recoge el estudio. 

Más impuestos

A menos población activa y más personas jubiladas, las cuentas públicas también se verían afectadas. En 2075, cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros más al año para sostener el sistema de pensiones en un escenario de baja inmigración. El gasto en pensiones aumentaría hasta un 1,2% adicional del PIB y la recaudación caería, obligando a subir impuestos o recortar prestaciones. La inmigración, concluye el informe, “no resuelve por sí sola el problema, pero actúa como uno de los principales amortiguadores del envejecimiento”.

El informe introduce un matiz al debate fiscal: con menos inmigración, algunos gastos públicos podrían reducirse (por ejemplo, en educación u otros servicios ligados a una población más joven), pero sería insuficiente. “La reducción del gasto asociada a una menor población no compensa la caída de ingresos”, advierten los autores. En sus cálculos, aunque el Estado gastaría algo menos en ciertas partidas, la pérdida de población activa provocaría una caída mucho mayor en la recaudación por cotizaciones e impuestos. Es decir, la clave no está tanto en el volumen de gasto como en quién lo sostiene: con menos trabajadores y menos actividad económica, la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se vuelve más frágil.

Los expertos recuerdan que la inmigración “tiene efectos positivos más allá del ámbito estrictamente económico” y que “contribuye a la cohesión social y al dinamismo de la sociedad” , en un contexto en el que la llegada de población extranjera también se asocia a una mayor diversidad social y a una mayor capacidad de adaptación e innovación.

La metodología del estudio parte de un ejercicio de prospectiva que compara distintos posibles caminos: un escenario de inmigración similar a la actual y, por el contrario, otro en el que un hipotético endurecimiento de las políticas migratorias redujesen en un 30% las llegadas durante décadas. Para ello, los autores construyen varios modelos demográficos y económicos hasta 2075 en función de diferentes niveles de inmigración, combinando datos del INE, proyecciones de población y variables como empleo, productividad o gasto público. A partir de ahí, simulan cómo evolucionarían indicadores clave (como el PIB, las pensiones o la sanidad) en cada escenario. “No se trata de anticipar qué ocurrirá, sino de entender las consecuencias de distintas decisiones”, subraya el documento. El objetivo, sostienen fuentes de la ONPE, era buscar una herramienta para medir el impacto que tendrían las políticas migratorias en la España de las próximas décadas.

Fuentes del Ministerio de Migraciones, consideran que las conclusiones del informe refuerza el enfoque de la política migratoria del Gobierno frente al endurecimiento generalizado en Europa. “España está liderando un modelo distinto al de muchos países, pero lo hace basándose en la evidencia científica, en datos demográficos, económicos y sociales, y en una defensa decidida de los derechos humanos”, sostienen desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

“El informe confirma que sin migración, no se explicaría que España lleve siete años creciendo por encima de la media europea, que tengamos a más personas trabajando que nunca y que hayamos registrado el menor índice de paro en 17 años”, sostienen fuentes del Ministerio, quienes consideran que el estudio “complementa las razones” aportadas para sacar adelante la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo borrador aguarda la luz verde del Consejo de Estado y su próxima aprobación en el Consejo de Ministros.

Liberada tras un año en manos del ICE. Leqaa Kordia, la última persona que permanecía bajo custodia de inmigración tras la represión de la Administración Trump contra el activismo propalestino en los campus universitarios, ha sido puesta en libertad este lunes tras pasar un año detenida.

Leqaa Kordia, de 33 años y originaria de Cisjordania —donde vivió hasta 2016, año en que se mudó a Nueva Jersey—, había permanecido recluida en un centro de detención de inmigración de Estados Unidos en Texas desde el pasado mes de marzo. Su detención estuvo relacionada con su participación en una protesta frente a la Universidad de Columbia en 2024.

“No sé qué decir. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Por fin, después de un año”, declaró Kordia a los periodistas tras salir del centro de detención, informa The Associated Press.

Un juez de inmigración había ordenado su liberación bajo fianza en tres ocasiones. La Administración Trump impugnó las dos primeras resoluciones, pero Kordia fue puesta en libertad este lunes tras pagar una fianza de 100.000 dólares, dado que las autoridades no impugnaron la tercera decisión judicial.

Kordia expresó que deseaba regresar a casa y abrazar a su madre “con todas sus fuerzas”. No obstante, afirmó también que continuaría luchando en favor de las personas que aún permanecen recluidas en el centro de detención: “Hay mucha injusticia en este lugar. Hay muchas personas que, para empezar, no deberían estar aquí”.

Kordia figuraba entre las numerosas personas detenidas el año pasado después de que la Administración Trump comenzara a utilizar sus facultades de control migratorio contra ciudadanos extranjeros que habían criticado o protestado contra el genocidio de Israel en Gaza; muchos de ellos eran estudiantes y académicos de universidades estadounidenses.

Entre ellos se encontraba Mahmoud Khalil, exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que participó en las protestas del campus. Khalil permaneció detenido durante tres meses en una cárcel de inmigración en Luisiana antes de ser puesto en libertad.

Rümeysa Öztürk, estudiante de la Universidad de Tufts y coautora de un artículo de opinión en el que criticaba la respuesta de su universidad ante Israel y el genocidio, estuvo detenida durante seis semanas.

Otros no lucharon por permanecer en el país: una estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia huyó de EEUU después de que le revocaran la visa y agentes de inmigración se presentaran en su apartamento universitario, informa AP.

Las detenciones de estudiantes como Khalil suscitaron la condena de diversos cargos electos y defensores de los derechos civiles. Sin embargo, Kordia no era estudiante ni formaba parte de ningún colectivo, y su caso permaneció en gran medida fuera de la atención mediática mientras se prolongaba su detención.

Kordia relató que se unió a una manifestación celebrada en 2024 frente a la Universidad de Columbia después de que Israel matara a decenas de sus familiares en Gaza, lugar con el que mantiene profundos lazos personales.

Fue una de las aproximadamente 100 personas detenidas por la policía municipal durante aquella protesta; no obstante, los cargos en su contra fueron desestimados.

Posteriormente, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York facilitó información sobre su arresto a la Administración Trump, alegando que se le había comunicado que dicho expediente era necesario en una investigación sobre lavado de dinero.

Kordia fue arrestada el 13 de marzo de 2025, durante una comparecencia rutinaria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Nueva Jersey. Fue detenida y trasladada en avión al Centro de Detención Prairieland, situado al sur de Dallas.

Las autoridades federales han acusado a Kordia de permanecer en el país más tiempo del permitido por su visado, al tiempo que han sometido a escrutinio los pagos que ella enviaba a sus familiares en Oriente Medio.

Kordia afirmó que el dinero estaba destinado a ayudar a sus parientes, quienes se encontraban sufriendo la ofensiva israelí.

Tricia McLaughlin, entonces portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), había criticado a Kordia por lo que calificó como “la provisión de apoyo financiero a individuos que residen en naciones hostiles a Estados Unidos”.

En un comunicado enviado la noche del lunes, el DHS declara: “Los hechos de este caso no han cambiado: Leqaa Kordia se encuentra ilegalmente en el país tras haber violado los términos de su visado. La Administración Trump está comprometida con el restablecimiento del Estado de derecho y del sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, la detención y la expulsión de aquellos extranjeros que no tienen derecho a permanecer en este país”.

Un juez de inmigración dictaminó que existían “pruebas abrumadoras” de que Kordia decía la verdad con respecto a los pagos realizados.

Recientemente, Kordia tuvo que ser hospitalizada durante tres días tras sufrir una convulsión que se produjo después de que se desmayara y se golpeara la cabeza en el centro de detención, una instalación de gestión privada.

Durante la audiencia celebrada el viernes, los abogados de Kordia expusieron que ella padecía una afección neurológica que se había agravado durante su detención, lo cual la situaba ante un riesgo elevado de sufrir convulsiones. Asimismo, reiteraron que su defendida podía residir con familiares con ciudadanía estadounidenses y que no representaba ningún riesgo de fuga.

La jueza de inmigración, Tara Naslow, coincidió: “He escuchado testimonios. He visto miles de páginas de pruebas presentadas por la parte demandada, y muy pocas pruebas presentadas por el gobierno en todo este asunto”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró en X que solicitó su liberación cuando se reunió con el presidente Donald Trump el mes pasado: “Agradezco que Leqaa haya sido puesta en libertad esta noche, saliendo de la custodia del ICE tras más de un año de detención por alzar la voz en defensa de los derechos de los palestinos”.

Primero fue su jefa, Kristi Noem, cesada por Donald Trump hace diez días al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Y ahora es el ejecutor de la represión migratoria, Greg Bovino: el responsable del ICE que comandó la mano más dura posible de estado en estado y de ciudad en ciudad deja el puesto con 55 años, según informa medios estadounidenses.

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) se jubilará a finales de marzo tras 30 años en la agencia. Bovino fue relevado del mando de la represión en Minneapolis tras el asesinato de Alex Pretti el 23 de enero a manos de un agente federal.

Bovino, como Noem, tildó de “terrorista” a Pretti, sin prueba alguna y en contra de todas las evidencias que se fueron descubriendo después gracias a los vídeos grabados por los vecinos.

La salida de Bovino se produce tras la reasignación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con quien mantenía estrechos vínculos. Noem pasará a ser responsable del Shield of Americas, una alianza militar entre EEUU y los gobiernos latinoamericanos amigos de Trump para permitir a Washington realizar operaciones militares en sus territorios en una supuesta cruzada contra el narcotráfico.

Tras el relevo de Bovino en enero, Trump envió al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota para rebajar la operación del ICE, bautizada como Operation Metro Surge—, hasta su desmantelamiento con la marcha de Minnesota.

Bovino dirigió las redadas del ICE en importantes ciudades de EEUU, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, sembrando el pánico en las calles de feudos demócratas, precisamente.

“El mayor honor de toda mi vida fue trabajar codo a codo con agentes de la Patrulla Fronteriza en la frontera y en el interior de Estados Unidos, bajo algunas de las condiciones más difíciles que la agencia haya enfrentado jamás”, declaró Bovino a Breitbart.

Los VII Premios Desalambre se convirtieron en un espacio de debate y reflexión bajo la pregunta ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, que analizó la situación de las organizaciones de ayuda humanitaria en un momento, el actual, con necesidades crecientes por conflictos y crisis y cada vez menos ayuda oficial a este tipo de proyectos.

Bajo la moderación de Gabriela Sánchez, la mesa reunió a Virginia Saiz, directora general de Plan International en España; Isla Ramos, directora general de Save The Children en España; y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, quienes coincidieron en que la pregunta sobre la ausencia de las ONG no es solo hipotética en un mundo “cada vez menos solidario y más bélico”, en palabra de Saiz.

La conversación arrancó con una crudeza necesaria para un panorama desolador: la caída de la ayuda oficial al desarrollo entre un 9 y un 17% en 2025 y el desmantelamiento de grandes sistemas de donación como USAID (United States Agency for International Development, por sus siglas en inglés) en un movimiento que, según los datos aportados, podría provocar que “14 millones de personas puedan morir de aquí al 2030”.

Uno de los puntos más críticos del debate fue la denuncia de las llamadas “crisis olvidadas”, con el foco puesto en el conflicto de Sudán. Isla Ramos describió una realidad de “crisis sobre crisis” en la que el colapso del Estado y la inseguridad extrema impiden que la información llegue a los medios. También compartió el desolador mensaje que le transmite su equipo sobre el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”.

Pese a este silencio mediático, las organizaciones reivindicaron su papel de primera respuesta en contextos donde nadie más llega. Virginia Saiz recordó que, ante la emergencia sudanesa, su organización fue la primera en responder, logrando entregar “kits de alimentos a 12.000 familias”. Esta labor de terreno, según la experta, es lo que permite que las comunidades mantengan un hilo de esperanza cuando las estructuras estatales desaparecen.

Saiz incidió en que el trabajo de las organizaciones es mucho más complejo que la imagen simplista y paternalista que se suele tener del “blanco del norte que llega a dar comida a los niños pobres”. Defendió un modelo basado en soluciones locales y en la incidencia política, subrayando que llevan a cabo “un enfoque de soluciones”, como lograr leyes contra el matrimonio infantil o políticas de desarrollo en países como República Dominicana o Uganda.

Por su parte, Isla Ramos lanzó una serie de preguntas punzantes, en la línea del propio título vertebrador del debate, para subrayar la relevancia del sector en el terreno: “Si no existieran las ONG, ¿quién sería el primero en llegar y el último en marcharse?”. Ramos hizo hincapié en el papel de estas organizaciones como conectoras de las comunidades con las instituciones internacionales y como altavoces de denuncia, cuestionando directamente: “¿Quién alzaría la voz? ¿Quién daría voz a todas esas personas?”.

Reinvención del modelo de ayuda

El debate también abordó la necesidad de una autocrítica profunda sobre el modelo de ayuda. Virginia Saiz fue tajante al señalar que la crisis financiera actual es “el golpe que el sector necesitaba para reinventarnos” y para alejarse definitivamente de la mirada colonial. Según Saiz, es imperativo reconocer que “el sur de hoy no es el sur de hace 30 o 40 años” y que el papel de las ONG del norte debe ser el de trabajar como iguales, apreciando las capacidades y la sociedad civil ya existente en cada país. En este mismo aspecto quiso incidir Mar del Mar Linde, que resaltó la importancia de ayudar “a desarrollar capacidades para buscar soluciones” en los propios países.

Linde trasladó también la reflexión al ámbito de la protección de la infancia, tanto en contextos de guerra como en la realidad cotidiana de España. Recordó que en 2024 se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección español y enfatizó que “detrás de este número hay 55.010 situaciones y vidas vulnerables”. Para Linde, la labor de las organizaciones es vital para garantizar un “entorno protector y seguro”, factores determinantes para que estos menores tengan oportunidades de futuro y no caigan en la exclusión social.

La mesa concluyó con un sentimiento de urgencia a dar respuesta a las crecientes necesidades y una reivindicación del papel de las ONG no solo como gestoras, sino como observadoras y denunciantes. La pregunta inicial se respondió con una advertencia sobre la invisibilidad: sin estas organizaciones, miles de niños y comunidades perderían su red de apoyo y su capacidad de ser escuchados. Como recalcó Gabriela Sánchez al final del encuentro, la prevención y el apoyo sostenido son lo único capaz de cambiar trayectorias de vida que, de otro modo, estarían condenadas al olvido.

En un mundo marcado por conflictos activos y discursos de odio, la VII edición de los Premios Desalambre reivindicó el periodismo y el activismo que mantienen el foco en los derechos humanos. Conducida por los periodistas Juanlu Sánchez y Gabriela Sánchez, la gala visibilizó proyectos del tercer sector y reconoció el trabajo de periodistas y ONG en causas de interés público.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, abrió el evento subrayando la importancia de la sección Desalambre en el periódico, como una apuesta por “combatir los discursos de odio y por hacer pedagogía en defensa de los derechos humanos”

La gala no solo premió el poder del trabajo bien hecho, sino que dejó reflexiones incómodas sobre la mesa, como qué sucedería si las ONG dejasen de proteger o si el periodismo dejara de mirar allá donde muy pocos miran. Gabriela Sánchez, recién llegada de Ucrania, relató su experiencia en un hospital subterráneo en Zaporiyia, donde, se descubrió mirando el móvil para seguir la situación que acababa de estallar en Irán. El foco mediático es volátil. “¿Cómo se sentirán en otros conflictos civiles, como en Sudán, donde el foco muchas veces ni siquiera ha llegado a estar del todo nunca?”, se preguntaba la periodista.

Esta y más preguntas tuvieron su lugar durante la mesa ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, en la Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, Isla Ramos, directora general de Save The Children en España, y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, analizaron la crisis financiera del sector, que ah sufrudo un desplome de hasta el 17% en ayuda oficial. 

“Se estima que tal vez 14 millones de personas pueden morir de aquí al 2030”, advirtió Saiz sobre el imipacto del desmantelamiento de fondos, y defendió un modelo de ayuda lejos de la mirada colonial y simplista, centrado en soluciones complejas y locales.

Isla Ramos puso el foco en la desoladora realidad de Sudán, donde la inseguridad es tan extrema que apenas se puede informar y compartió el duro mensaje que le llega desde sus equipos en el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”. También quiso reivindicar que las ONG son “las primeras en llegar y las últimas en marcharse”, destacando su trabajo en la conexión de las comunidades con las instituciones internacionales.

Por su parte, Mar del Mar Linde aterrizó el debate a la realidad nacional al señalar que en España se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección en 2024. Linde subrayó que garantizar un “entorno protector y seguro” es determinante para evitar que estos menores caigan en la exclusión social, recalcando que la prevención y el apoyo sostenido cambian trayectorias de vida.

Tras el debate, comenzó la entrega de premios, este año diseñados por el artista Eugenio Merino, que reforzó el mensaje de denuncia de la gala. Una chapa de hierro grabada que simboliza una suela pisando la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sistemáticamente pisoteados y vulnerados.

El galardón a la Mejor Campaña de Comunicación resultó en un empate ex aequo para Save the Children por su campaña ‘Cambiando una palabra’, que utiliza la inteligencia artificial para denunciar sesgos algorítmicos sobre la infancia en conflicto. Alicia Moreno afirmó, al recogerlo, que si pudiera eliminar una palabra del diccionario de la infancia, sería ‘guerra’.

El otro premio de comunicación fue para la Coordinadora Valenciana de ONGD por ‘El Tarot de la Cooperación’, una iniciativa que se acerca a los códigos de los jóvenes para hablar de justicia climática y feminismo. “Una ida de olla que ha funcionado”, describió Elena Balaguer la campaña, de la que destacó la carta de ‘La Antorcha’ como símbolo de la esperanza que ilumina el camino frente al auge de los discursos fascistas.

El premio al Activista del Año fue para el periodista y fixer palestino Kayed Hammad. Aunque no pudo recogerlo en persona, estuvo presente a través de un vídeo de agradecimiento en que recordó que “el genocidio no ha terminado y tenemos que seguir hablando de Gaza”. “No nos olviden, por favor”, insistió, mientras sus hijos recibían por él el galardón. Su labor ha sido vital para que el periodismo español pueda poner voz y rostro al sufrimiento en la Franja.

En la categoría de Mejor Trabajo Periodístico, el premio fue para Afromayores, de Lucía-Asúe Mbomío y Laurent Léger. Un trabajo que visibiliza la vejez de las personas negras en España, a menudo tratadas como eternos recién llegados. Mbomío explicó que el proyecto nació de una urgencia personal tras el diagnóstico de demencia de su padre y buscando honrar a quienes les precedieron: “¿Qué sucede con quienes nos han allanado el camino y le han puesto luz?”.

Uno de los protagonistas del proyecto, Marcos Suka, mostró con su testimonio el “otro lado”, la importancia de una geriatría abierta y libre de violencias racistas. Señaló que el proyecto permite que la sociedad descubra que “existen negros viejos”, lo que obliga a normalizar que los inmigrantes “son personas, no números”.

El premio a la Perseverancia fue para Pepe Naranjo, referente del periodismo en África, que definió su labor como un ejercicio de justicia: “Siento que tenemos que volver una y otra vez... para contar bien esta historia hay que ir al otro lado”. Reivindicó un periodismo “pausado, con cariño y con respeto a la gente” y relató cómo recorrió Senegal, Mauritania y Gambia para seguir el rastro de un naufragio y encontrar a los verdaderos protagonistas de la historia.

Naranjo también aprovechó el escenario para denunciar la precariedad de los periodistas freelance que cubren grandes acontecimientos internacionales: “Me parece que es un drama que todavía hoy se estén cubriendo grandes acontecimientos con periodistas freelance, a los que apenas les da para vivir”.

“Palestina lo ha cambiado todo”

El momento más emotivo de la noche llegó con el premio a la Trayectoria Profesional, otorgado a los 382 trabajadores humanitarios de la UNRWA asesinados en Gaza. Cristina Poveda, de UNRWA España, recogió el premio señalando que la cifra ya ha ascendido a 391 en las últimas semanas y definió el reconocimiento como “profundamente triste y de gran consuelo a la vez”, recordando que el 99% de sus trabajadores son refugiados palestinos que se dejan la vida por su propia comunidad.

Poveda citó a la periodista Olga Rodríguez para afirmar que “Palestina lo ha cambiado todo”, obligándonos a defender no ya los derechos humanos, sino el concepto mismo de humanidad. Denunció que el sistema internacional humanitario ha saltado por los aires al no respetarse la protección de civiles ni de personal de socorro, pero aseguró que la agencia continuará su labor “hasta el último día, pase lo que pase”.

La gala cerró con la foto de familia y reconociendo, una vez más, a quienes siguen mirando hacia otras realidades que, aunque no siempre atraen audiencias masivas, son fundamentales para la justicia social.

Un nuevo asesinato por parte de agentes federales del ICE que había pasado inadvertido hasta ahora: el primero desde el inicio de la represión migratoria por parte de Donald Trump. Y que ha sido desvelado al conocerse los vídeos del momento en que Rubén Ray Martínez recibió tres disparos a quemarropa por parte de un agente.

El vídeo del tiroteo mortal del ciudadano estadounidense Ray Martínez, ocurrido en Texas en marzo de 2025, pone en duda las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que un conductor embistió intencionadamente a un agente con su coche inmediatamente antes de ser asesinado.

Los vídeos, incluidos los de las cámaras corporales de los agentes, ofrecen el primer relato visual del tiroteo contra Rubén Ray Martínez, de 23 años, durante una excursión a la playa. El pasado viernes se publicaron horas de grabaciones y otros registros policiales tras una solicitud de acceso a registros públicos presentada por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La muerte de Martínez fue la primera de al menos seis tiroteos mortales por parte de agentes federales desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó su campaña de represión migratoria, y es otro de los varios casos en los que los vídeos han puesto en duda las versiones iniciales de la Administración.

Los Rangers de Texas cerraron su investigación sobre el tiroteo del 15 de marzo de 2025 después de que un gran jurado se negara la semana pasada a presentar cargos penales contra el agente especial supervisor de Investigaciones de Seguridad Nacional Jack Stevens, quien hizo los tres disparos mortales, según los registros publicados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En una declaración escrita incluida en los archivos, Stevens afirmó que disparó para proteger a sus compañeros, a los agentes de policía y al público de lo que temía que fuera un posible ataque terrorista destinado a causar víctimas en masa. Un portavoz del DHS afirmó el mes pasado que el agente de HSI –dependiente del ICE– disparó en defensa propia después de que el conductor “atropellara intencionadamente” a su compañero, “lo que provocó que éste quedara sobre el capó del vehículo”.

Los vídeos de las cámaras corporales recién publicados, tomados desde detrás del coche de Martínez, desmienten que el vehículo atropellara a un agente.

Otro vídeo muestra a Joshua Orta, que viajaba en el coche con Martínez, diciendo a los investigadores que su amigo no tenía intención de hacer daño a los agentes federales, sino que “entró en pánico” porque temía ser arrestado por conducir en estado de embriaguez.

“No sabía qué hacer. Estaba claro que no quería ir a la cárcel”, dijo Orta: “Pero atropellar a un agente... él no haría eso”.

Aunque los medios de comunicación locales informaron en ese momento de que en el tiroteo estaba involucrado un agente policial, el DHS no reveló que sus agentes estaban involucrados hasta que la AP y otros medios de comunicación lo contaron el mes pasado.

Martínez acababa de cumplir 23 años cuando él y Orta iban desde su ciudad natal, San Antonio, hasta South Padre Island, un popular destino de fiesta durante las vacaciones de primavera. Bebieron con amigos y fumaron marihuana antes de volver a la ciudad, dijo Orta a los investigadores.

Martínez conducía su sedán Ford azul cuando, poco después de medianoche, se encontraron con la escena en la que los agentes de policía de South Padre dirigían el tráfico alrededor de una colisión entre dos coches en una concurrida intersección. Según los documentos, en el lugar también se encontraban tres agentes de HSI de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima redirigidos para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración.

En las imágenes de las cámaras corporales captadas por dos de los agentes de policía, se puede ver el coche de Martínez acercándose lentamente a la intersección, aparentemente en línea recta, mientras se indicaba a los vehículos que giraran a la izquierda. El coche de Martínez reduce la velocidad hasta casi detenerse por completo para dejar pasar a los peatones por el paso de cebra. Una vez que los peatones se apartan, el coche se adentra lentamente en la intersección antes de detenerse de nuevo cuando se acercan los agentes de HSI, gritando instrucciones al conductor para que se detenga.

Uno de los agentes de HSI, identificado en los documentos como el agente especial Héctor Sosa, se coloca delante del coche. Stevens está en el lado del conductor y se acerca a la puerta.

“Sácalo, sácalo”, se oye gritar a uno de los agentes.

El coche de Martínez comienza a avanzar lentamente y a girar a la izquierda, donde circulaban otros vehículos. Stevens, en el lado del conductor del coche, mantiene el ritmo y parece inclinarse hacia la ventanilla abierta del lado del conductor. Mientras los agentes gritan a Martínez que se detenga, Stevens saca su arma y dispara rápidamente tres tiros a través de la ventanilla antes de retroceder rápidamente.

“Disparos, disparos”, grita uno de los agentes de policía que lleva una cámara en su radio. Todo el incidente transcurre en unos 15 segundos. El Ford azul se detiene rápidamente y varios agentes sacan a Martínez del vehículo y lo esposan. También sacan a Orta del asiento del copiloto y lo esposan.

Martínez permanece esposado y en el suelo, inmóvil, durante aproximadamente un minuto antes de que los paramédicos que ya se encontraban en el lugar del accidente de tráfico anterior comiencen a prestarle asistencia médica.

El informe de la autopsia muestra que los tres disparos realizados por Stevens alcanzaron a Martínez, y que las balas atravesaron su brazo izquierdo antes de entrar en su torso y perforarle el corazón, los pulmones, el hígado y otros órganos. El informe de la autopsia también revela que el nivel de alcohol en sangre de Martínez era del 0,12 %, muy por encima del límite legal para conducir en Texas, que es del 0,08%.

En una declaración escrita de tres páginas entregada a los Rangers de Texas casi dos meses después del tiroteo, Stevens afirmó que disparó su arma cuando Martínez “aceleró hacia delante, golpeando al agente especial Sosa, que acabó sobre el capó del vehículo”. También dijo que evitó por poco ser atropellado, al ser golpeado por el lado del conductor y “provocar que se rompiera el espejo del vehículo”. Una foto de la escena mostraba el espejo dañado, pero aún en el coche.

Al disparar, el agente dijo que “aún tenía frescos en la mente” los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, entre ellos el de un hombre que semanas antes había conducido una camioneta pick-up contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans.

“El conductor tenía los ojos muy abiertos, los puños apretados sobre el volante y miraba más allá de los agentes que se encontraban en el lugar, ya que no obedecía las órdenes verbales repetidas y en voz alta de varios agentes de la ley”, escribió Stevens: “Este es un comportamiento que he observado en mi formación y experiencia como indicador previo al ataque y señal de desobediencia, ya que el sospechoso mira en la dirección de su movimiento previsto y no muestra signos de obediencia. Esta trayectoria de movimiento, si no se hubiera mitigado, habría provocado numerosas víctimas, utilizando el vehículo como arma».

Según informó la AP el mes pasado, una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reveló que el agente atropellado por el coche fue tratado por una lesión de rodilla no especificada en un hospital cercano y dado de alta. Los vídeos recién publicados muestran al agente después del tiroteo arrestando a Orta y caminando sin ninguna lesión visible ni cojera.

Orta dijo que Martínez había estado bebiendo esa noche —varios chupitos y una cerveza— y había fumado marihuana cuando se acercó al control de tráfico donde se había producido un accidente de tráfico anteriormente.

Un agente vio una bebida alcohólica abierta cerca de Martínez, pero le indicó que siguiera circulando y girara a la izquierda. En lugar de eso, Martínez siguió recto, hacia el accidente y más agentes.

“Fue entonces cuando entró en pánico y giró el volante, y no pisó el acelerador a fondo, pero avanzamos un poco y supongo que pensaron que estaba tratando de atropellar al policía o algo así”, dijo Orta. Orta dijo que su coche se detuvo por completo al principio. Luego, Martínez giró a la izquierda con el coche “apenas moviéndose”.

“Vi al agente subirse al capó. No es que lo golpeara, sino que, ya sabes a qué me refiero, le atrapó los pies”, dijo Orta: “Se movía lentamente y ellos empezaron a disparar”.

Orta murió el 21 de febrero en un accidente de coche en San Antonio.

Los abogados que representan a la madre de Martínez, Rachel Reyes, dijeron en un comunicado que los vídeos recién publicados y otras pruebas mostraban que su coche apenas se movía cuando Stevens disparó a quemarropa.

“Este conjunto de pruebas no justifica el asesinato de Rubén”, dijeron los abogados Charles M. Stam y Alex Stamm: “Aun así, seguiremos buscando la total transparencia hasta que tengamos todos los datos. Ni nosotros ni el público hemos visto todavía todas las pruebas que tiene el Gobierno”.