Apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Mogán abriera la puerta a la regularización de 37 viviendas en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, un exclusivo complejo de la localidad de Arguineguín, la justicia ha asestado un duro golpe a las aspiraciones de la empresa promotora de esa iniciativa, Carrera Ground Floor. 

En una sentencia fechada el pasado 31 de marzo, la magistrada Esperanza Ramírez, titular de la Plaza 2 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado un recurso de la empresa y ha confirmado la ilegalidad de esas 37 viviendas que fueron construidas sin licencia en el sótano del complejo durante la pandemia. La resolución judicial, eso sí, aún no es firme. Se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un plazo de quince días. 

La licencia para la construcción de la urbanización Monte Carrera se concedió en marzo de 2005 y permitía dos plantas por edificación. Sin embargo, la promotora levantó tres, contraviniendo por tanto la norma urbanística. Con tal de evitar tener que demoler esa tercera planta ya construida, el Ayuntamiento de Mogán permitió que la parte baja se convirtiera en sótano, para lo que fue necesario construir unos muros perimetrales. 

Ya en 2020 unos vecinos denunciaron que se estaban acometiendo obras en ese sótano. En concreto, el derribo de muros y la reforma de la planta baja para habilitar 37 viviendas. El Ayuntamiento de Mogán abrió entonces un expediente que acaba con una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, una resolución que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 y que es la que llevó a los juzgados la promotora. 

Carrera Ground Floor argumentaba que la infracción urbanística estaba prescrita (el plazo es de cuatro años a contar desde la última actuación) porque no se había podido determinar en qué momento se derribaron los muros perimetrales. Sin embargo, la jueza da por probado que las obras se ejecutaron en 2020, coincidiendo con la pandemia de Covid-19. En la vista, agentes de la Policía Local confirmaron que en esa época habían sorprendido a los operarios trabajando en la zona e incluso “cortando con una radial” esos muros. La ley señala un plazo de prescripción de cuatro años. 

El perito de la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club, por su parte, destacó en la vista que las obras no estaban terminadas cuando hizo una inspección en esas mismas fechas y que era imposible que se hubieran ejecutado antes de 2020. “No es posible derribar un muro sin hacer ruido y se hubieran denunciado como se hizo en 2020”. También explicó que el agua y la luz “la cogían directamente de la comunidad”.  

La empresa promotora también alegaba que la edificación estaba en situación de “fuera de ordenación”. La jueza aclara que la urbanización, que originalmente sólo tenía permiso para dos plantas, había sido legalizada años atrás convirtiendo la tercera planta irregular en un sótano cerrado mediante muros. Al demolerlos para construir las 37 nuevas viviendas, la edificación “pasa nuevamente a ser ilegal, por cuanto el número de alturas vuelve a ser superior al permitido”, sentencia la magistrada en la resolución fechada el 31 de marzo. 

La sentencia considera “plenamente proporcional y ajustada a derecho” la orden de restablecimiento de la legalidad alterada, ya que existen evidencias de que se ejecutaron obras sin licencia en el sótano del complejo. 

La iniciativa privada

Esta sentencia judicial llega poco más de un mes después de que el gobierno de Mogán diera luz verde a la tramitación de una iniciativa privada con la que la empresa Carrera Ground Floor pretende regularizar esas 37 viviendas. 

Bajo la figura de un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), esta promotora propone ceder unos 625 metros cuadrados al Ayuntamiento a cambio de que la administración le conceda un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados que, en la práctica, serviría para amnistiar y regularizar esas 37 viviendas declaradas ilegales. 

En el pleno municipal de febrero, con los votos a favor del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), se autorizó someter este proyecto a evaluación ambiental simplificada. Tanto los partidos de la oposición (NC-Bc y PSOE) como la comunidad de propietarios de la urbanización rechazan la iniciativa. No sólo porque supondría la regularización de unas viviendas ilegales, sino también porque, según sostienen, los terrenos que la promotora pretende ceder al Ayuntamiento no son suyos, sino de todos los propietarios del complejo. 

En el expediente constan dos informes de la arquitecta municipal. Aunque son favorables a la tramitación del proyecto, al considerar que la iniciativa podría tener un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, ya que la zona ganaría espacio libre público y zonas verdes, esos informes advierten de forma expresa la posible afección del procedimiento judicial en curso sobre la autorización. “Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advertía. 

Días antes de conocerse la sentencia judicial, un empresario local, Juan Manuel Pérez León, presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Mogán en la que pedía la paralización cautelar e inmediata del expediente de legalización de las 37 viviendas de Monte Carrera. Según advertía en ese escrito, la operación urbanística “vulnera el principio de legalidad” y sienta “un precedente peligroso”, generando “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” al permitir que se consoliden obras clandestinas tras años de inactividad administrativa. 

Un problema “largamente enquistado” en Las Palmas de Gran Canaria, los cobros invalidados de la tasa de estacionamiento regulado (zona azul y verde) por ausencia de un procedimiento de comprobación, está a punto de resolverse. Eso es, al menos, lo que ha afirmado este miércoles el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la comisión de pleno de gestión económica-financiera y especial de cuentas.

El Ayuntamiento capitalino ha modificado el sistema de cobro para cumplir la Ley General Tributaria. En el último año, el propio Consistorio había reconocido en varias resoluciones que omitió “total y absolutamente el procedimiento legal establecido” para reclamar las deudas por aparcar sin tique o con exceso de tiempo, puesto que liquidaba de forma automática esas tasas sin propuesta previa y, por tanto, sin posibilidad de alegación por parte del usuario.

Según ha explicado Spínola en la comisión de pleno, el Ayuntamiento ha implementado un nuevo sistema que resuelve esta deficiencia de la que han venido advirtiendo desde hace años tanto el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) como los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital y también por último el Consejo Consultivo, órgano fiscalizador de la comunidad autónoma.

El concejal ha señalado que el Ayuntamiento ha “robotizado” las tareas de apertura de expediente. “Se está logrando optimizar la capacidad operativa del servicio permitiendo el alta automatizada” del expediente tributario con la emisión de la propuesta de liquidación.

Hasta ahora se liquidaba la tasa de forma automática cuando el usuario no pagaba por aparcar en zona azul o verde o cuando se excedía con el tiempo, lo que suponía un incumplimiento de la normativa tributaria. Con el nuevo “procedimiento robotizado”, el Ayuntamiento incluye el trámite intermedio que antes obviaba, la propuesta de resolución. El usuario puede alegar lo que considere conveniente antes de la liquidación definitiva, del cobro.

Cada año se contabilizan unas 100.000 liquidaciones por aparcar en las zonas de estacionamiento limitado sin tique o por tiempo superior al abonado. El Ayuntamiento insiste en que el uso del dominio público para estacionar constituye una tasa, no una multa. Es un procedimiento tributario, no sancionador.

El uso de una tasa de estacionamiento limitado “está amparada en la normativa vigente y avalada por los tribunales”, insiste el Consistorio capitalino, que niega que se trate de un régimen sancionador encubierto. “Es un instrumento para ordenar un recurso limitado y garantizar el interés general”, señala.

El Ayuntamiento sostiene que el sistema aplicado hasta la fecha “no ha vulnerado los derechos de la ciudadanía, ya que ha permtido la notificación formal, la presentación de alegaciones y la interposición de recursos”. “No puede considerarse, por tanto, ilegales, aunque los órganos consultivos han indicado que debe tramitarse mediante un procedimiento distinto (con propuesta de liquidación y, posteriormente, la liquidación)”, añaden fuentes municipales.

Con el nuevo procedimiento, que se ha comenzado a implementar en marzo, el Ayuntamiento “está adaptando su gestión a un sistema más garantista” para la ciudadanía. Mientras se completa esta adaptación, “se revisan las liquidaciones afectadas”, agrega.

Tanto la justicia, a través de múltiples sentencias, como el propio Ayuntamiento, a través de las revisiones de actos firmes propios, han venido acreditando que la anterior fórmula (liquidación automática, sin propuesta previa) es nula de plena derecho.

La práctica es cada vez más habitual. Un detective contratado por una mutua colaboradora de la Seguridad Social espía a una trabajadora de baja en busca de un fraude. A Adriana (nombre ficticio), dependienta en una conocida tienda de animales del sur de Tenerife, la grabaron en el gimnasio mientras pedaleaba en una bicicleta estática la víspera de Reyes de 2023 y otros dos días de enero (9 y 10). La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), que cubre las contingencias comunes y de accidentes de trabajo de su empresa, actuó de inmediato. Consideró esa actividad incompatible con la incapacidad temporal, suspendió el subsidio que cobraba la empleada y puso los hechos en conocimiento de la Seguridad Social por si consideraba procedente iniciar un expediente sancionador contra ella. 

Lo que la mutua pasó por alto, y así lo ha advertido una reciente sentencia -ya firme- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es que la trabajadora se limitaba a seguir un consejo médico. Cinco meses antes, en agosto de 2022, había sido operada del síndrome del túnel carpiano, una dolorosa afección en la muñeca derecha. Tanto su médico de familia como el traumatólogo habían constatado que había perdido fuerza en la musculatura y le habían recomendado realizar “deporte que no influya en la recuperación” y “ejercicios de fortalecimiento según tolerancia”. Y eso es lo que hizo. 

La sentencia, que condena a la MAC a devolver a la trabajadora las prestaciones suspendidas y también a pagar las costas procesales, pone de manifiesto una evidencia. La actividad practicada por la empleada de baja laboral, el uso de la bicicleta estática, en nada afecta a la muñeca operada, puesto que “no precisa requerimientos de intensidad” en las manos, sino en las piernas. “Difícilmente se puede sostener” así la existencia de fraude, concluye la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia dictada el 3 de diciembre del año pasado y que adquirió firmeza el 14 de enero de 2026 al no haber sido recurrida por la mutua, tal y como confirman fuentes oficiales de la compañía. 

La “intrascendencia” del ‘spinning’

El fallo del alto tribunal canario ya venía a confirmar el dictado en febrero de 2024 por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. La mutua llegó a pedir al TSJC que modificara los hechos probados de la sentencia inicial para que especificara que la trabajadora había practicado “spinning” en sesiones de una hora en lugar de “bicicleta estática”. La respuesta judicial es contundente. El matiz es “intrascendente”. Y es que el “spinning consiste precisamente en montar en bicicleta estática, sólo que en grupo y con música de fondo”, recoge el fallo no recurrido. 

Desde la MAC sostienen que, en este caso, el TSJC “no reprocha la actuación de la mutua”. Lo determinante, añaden estas fuentes, es que el tribunal consideró que la actividad llevada a cabo por la trabajadora “no requería exigencias físicas incompatibles con el diagnóstico de su baja médica” y que, además, “tenía pautada, por prescripción facultativa la práctica deportiva para fortalecer musculatura”. Por ello, decidió no recurrir ante el Supremo, aceptando el fallo del TSJC, que, además de obligarle a devolver las cantidades suspendidas, le imponía el pago de 600 euros en concepto de costas procesales. 

Tras la suspensión (ahora revocada) de la prestación por incapacidad temporal, Adriana, que entonces llevaba ya nueve años en la empresa, recibió el alta el 13 de febrero de 2023, apenas un mes después. Al día siguiente, volvió a causar baja, esta vez por ansiedad. 

Sin exceso de competencias, pero sin fraude

La sentencia del TSJC precisa que, en el caso de Adriana, la mutua no extinguió con carácter definitivo la prestación, lo que hubiera excedido sus competencias, sino que sólo suspendió el pago del subsidio, por lo que llevó a cabo lo que define como “un acto de gestión prestacional” propio de su función como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta apreciación es relevante porque enmarca la actuación de la mutua dentro de los límites que impone el artículo 175 de la Seguridad Social. En algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia (bajas laborales e informes de detectives), los tribunales han llegado a imponer el pago de indemnizaciones elevadas a las mutuas cuando aprecian que ha habido una mala praxis, como por ejemplo dar el alta prematura basada en pruebas dudosas. 

Es decir, la sentencia del TSJC llega a dos conclusiones. La primera, que la mutua no sobrepasó las competencias que tiene atribuidas como entidad colaboradora de la Seguridad Social. Y la segunda, que el fraude que advirtió no existió en ningún caso. Los ejercicios de bicicleta estática no son incompatibles con la recuperación de la operación del túnel carpiano. O, dicho de otro modo, la empleada siguió las recomendaciones médicas y eligió “una actividad intensiva de las extremidades inferiores y sin compromiso de las superiores y de sus articulaciones”. Por todo ello, entiende que es procedente revocar el acuerdo de la mutua MAC por el que se suspendió el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio por baja. 

Una práctica controvertida 

El uso de detectives para seguir a trabajadores y detectar bajas fraudulentas se ha institucionalizado en los últimos años. Las mutuas firman acuerdos marco para realizar este tipo de controles bajo el argumento de que están velando por “la correcta gestión de los fondos públicos” que tienen encomendada y que el gasto en estos seguimientos es rentable, puesto que un porcentaje elevado de actuaciones concluye en un “ahorro” para la Seguridad Social, ya que se detectan fraudes y se suspenden cobros indebidos. 

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), la de mayor implantación en las Islas (cubre a más de 160.000 trabajadores y 17.000 empresas y cuenta con doce centros asistenciales en el Archipiélago) reserva unos 150.000 euros al año para este fin. La mutua prevé sacar en el segundo semestre de 2026 a licitación un nuevo acuerdo marco de servicio de detectives por procedimiento abierto, por un importe de 300.000 euros para dos años.  

Las mutuas y la patronal sostienen, además, que se trata de una medida disuasoria, puesto que la mera posibilidad de seguimiento privado “desincentiva” conductas fraudulentas. 

La práctica es controvertida. Los sindicatos la rechazan. “Este tipo de estrategias llevadas a cabo por las patronales, por las empresas y por las propias mutuas no son nuevas, pero nos siguen preocupando, porque lo que hacen es ahondar en la criminalización de los trabajadores que están enfermos”, explica Héctor Fajardo, vicesecretario general de Organización y Comunicación de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias. 

“Si un trabajador no va a trabajar por una situación de incapacidad temporal es porque realmente su estado de salud no se lo permite. No tiene sentido profundizar en estas estrategias que lo que generan es miedo en los trabajadores, que temen muchas veces cogerse una baja, obligándoles a ir a trabajar enfermos por miedo a que su empresa tome represalias contra ellos”, añade Fajardo. 

También desde Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado contrarios al uso de recursos públicos para la contratación de detectives que persiguen a trabajadores y trabajadoras. Desde este sindicato creen que el foco debe estar en la prevención de las patologías y en los tratamientos de recuperación. La organización señala que hay jurisprudencia relevante al respecto, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condenó a una mutua a devolver prestaciones a una trabajadora de ayuda a domicilio que también padecía el síndrome del túnel carpiano y a la que también grabó un detective realizando ejercicios de fortalecimiento recomendados o tareas domésticas ligeras. 

Los tribunales, señalan las mismas fuentes, “a menudo determinan que la actividad captada por el detective, como por ejemplo conducir o hacer la compra, no implica necesariamente que el trabajador esté fingiendo la incapacidad para realizar movimientos repetitivos propios de su puesto de trabajo”. 

Tanto CCOO como UGT se han mostrado muy críticos con el discurso de la patronal sobre el absentismo laboral en Canarias. Los empresarios insisten en que las islas tienen la tasa más elevada del país y han emprendido una cruzada para “mejorar la productividad”. Incluso han impulsado un portal de denuncias de “bajas fraudulentas” para trasladarlas a Inspección de Trabajo, la Seguridad o las mutuas. 

Frente a esta posición, los sindicatos sostienen que la patronal está metiendo en el saco del absentismo fraudulento las bajas médicas y ausencias justificadas (permisos, vacaciones…) y abogan por centrar el debate en la salud laboral, en la prevención y en las condiciones de trabajo. Para tratar de desmontar la tesis empresarial, el sindicato CCOO lanzó una campaña el pasado verano en la que recordaba que en Canarias la duración de las bajas no se aleja demasiado de la media nacional (44,44 días de media frente a 39,49) y que hay comunidades como Extremadura en donde esta cifra se eleva hasta los 77,71 días.

Lo rescataron cuando era un cachorro de apenas seis meses que había sido abandonado en el sur de Tenerife. Durante casi cuatro años convivió en un hogar formado por una pareja, una niña y otro perro. En 2023, un coche lo arrolló en un paso de peatones. Su dueño, que lo llevaba sujeto con la correa, resultó herido. El animal falleció en el acto. El conductor huyó del lugar. Nunca se pudo probar el exceso de velocidad del vehículo.

Más de dos años después, la justicia ha cuantificado en 5.000 euros los daños morales que ese atropello mortal generó en el dueño del animal. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que esa cifra es proporcionada al “enorme impacto emocional” que supuso para el afectado presenciar la muerte de su perro. El sufrimiento, incide la sentencia, se vio agravado por la conducta del conductor, por su huida.

La sentencia de primera instancia ya había certificado el daño moral y los había cifrado en esa cantidad atendiendo “a las circunstancias concurrentes”. Las indemnizaciones de carácter simbólico “no son admisibles”, había advertido el juzgado de Puerto de la Cruz. 

El cálculo de la aseguradora

La aseguradora del conductor (Zurich) recurrió ese fallo en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sólo discutía la cuantía de la indemnización. Sostenía que la primera sentencia no había explicado qué circunstancias concurrían para fijar esa indemnización y comparaba el caso con otros de Cádiz, A Coruña, Córdoba o Málaga donde las cantidades habían oscilado entre los 1.000 y los 2.500 euros. 

Además, la compañía de seguros alegaba que se había producido un error en la valoración de la prueba, puesto que, según decía, no se había tenido en cuenta un detalle que figuraba en el atestado policial: la escasa visibilidad en el momento del accidente. 

También argumentaba que el tiempo que la familia había pasado con el perro era inferior al de otro caso de Barcelona en que se impuso una indemnización menor y que esto debía tenerse en cuenta para “medir de algún modo la relación afectiva y la vinculación existente entre dueño y animal” y, por tanto, para fijar la cuantía de la indemnización. 

La abogada de Zurich defendía, además, que no se había acreditado el exceso de velocidad del vehículo, y que ni el informe del médico forense ni el informe clínico de urgencias del Servicio Canario de Salud (SCS) hacían referencia al “daño psicológico” del perjudicado. La aseguradora precisaba que el demandante había acudido a consulta psicológica “una sola vez después de varios meses desde el accidente (seis meses) solicitando ayuda por el malestar que sentía desde el atropello de su perro, siendo así que desde entonces ”se siente inseguro y en estado de alerta“. Sostenía esta parte que el psicólogo que atendió al dueño del animal no declaró en el juicio. 

Zurich entendía que la cantidad de 1.500 euros era “prudencial” para fijar la indemnización sobre la base de “la jurisprudencia existente sobre casos similares”. 

La Audiencia Provincial, con la magistrada Mónica García de Yzaguirre como ponente, rechazó el recurso de la compañía de seguros y confirmó e hizo firme la sentencia del juzgado de primera instancia de Puerto de la Cruz al entender que estaba bien motivada. 

A la hora de valorar el daño moral, aquella sentencia había tenido en cuenta “el tiempo pasado por el demandante en compañía del animal”, “el cariño que prestaba a la mascota” y “el dolor de su pérdida después de años de mutua compañía”, como atestiguó en el juicio su pareja, quien contó que desde el momento del accidente su marido tenía problemas para dormir, ya que sufría pesadillas en las que “revivía lo ocurrido”. 

La Audiencia Provincial entiende que el informe del psicólogo (que no pudo acudir a testificar en el juicio) es “insuficiente” para acreditar la existencia de secuelas psicológicas, pero precisa que ello no debe confundirse con el daño moral y que tampoco puede “dejar de tenerse en cuenta” para valorar el impacto emocional que ha tenido en el demandante el atropello mortal de su perro y, en especial, “las circunstancias en que se produjo”.

El hecho de que el conductor abandonara el lugar tras el accidente “aumentó el dolor y sufrimiento” del dueño del animal, añade la resolución judicial. 

“Enorme impacto emocional”

Con todo, el informe del psicólogo y la declaración de los testigos revelan “el enorme impacto emocional sufrido por el demandante, sin que sea necesaria la prueba de la existencia de secuelas psíquicas”. “El dolor alcanza a todo el núcleo familiar, pues el perro convivía como un miembro más” de la familia, señala la sentencia, que incide en el dolor de la hija. “Más de tres años en la vida de un niño es un periodo muy relevante”. 

En conclusión, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife avala la cuantía de la indemnización fijada por la jueza de primera instancia, puesto que su resolución “se encuentra correctamente razonada y ponderada y no aparece como arbitraria ni excesiva”. Además, impone el pago de las costas procesales a la compañía aseguradora y al conductor.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias escenificó este miércoles la firma de un contrato de 16,8 millones de euros para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 1.500 personas en situación de dependencia en las islas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. “Vamos a garantizar que a toda persona usuaria que lo necesite, con independencia del lugar donde viva, se le preste el servicio”, dijo la consejera del ramo, Candelaria Delgado, en un acto en el que también estuvo presente Franciso Cruz, representante de BCM Gestión de Servicios S.L., la empresa adjudicataria. 

Lo que la foto oficial no muestra -ni tampoco la consejera explicó- es el rocambolesco proceso de adjudicación de ese contrato. Antes de llegar a ese apretón de manos con el que Delgado y Cruz sellaron el acuerdo, el caso pasó por el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, que forzó a la administración a rectificar tras haber dejado fuera a esa empresa por un retraso burocrático provocado por la propia Consejería. 

El concurso fue convocado en julio de 2025. El presupuesto base de licitación es de 16,8 millones de euros (un año de contrato), aunque el valor estimado del concurso asciende a 36,5 millones, incluyendo esta cantidad no sólo una posible prórroga (de un año), sino otro lote destinado a la supervisión y control de calidad de estos servicios.

Tras evaluar las ofertas, la Consejería de Bienestar Social otorgó la máxima puntuación a BCM Gestión de Servicios, una empresa constituida en 1997 y que tiene su sede social en Málaga. Esta licitadora fue propuesta como adjudicataria en octubre del año pasado. La administración le concedió entonces un plazo de diez días para presentar la documentación final requerida. Es en ese momento cuando se evidencia el conflicto. La ganadora no cumplía uno de los requisitos fijados en el pliego, el de contar con acreditación empresarial para prestar servicio a personas dependientes, según un decreto de 2012. 

La Mesa de Contratación dio la oferta por retirada y excluyó a BCM Gestión de Servicios del concurso. En diciembre de 2025, adjudicó el contrato a la segunda clasificada en el concurso, Formas Nivaria S.L., una pequeña empresa radicada en La Laguna.  

La empresa excluida, BCM Gestión de Servicios, recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Esta licitadora contó que, entre la documentación presentada, figuraba una declaración responsable en la que indicaba que había solicitado la acreditación para prestar servicios a personas dependientes el 23 de junio de 2025 y que, al no haber recibido respuesta, la había obtenido “por silencio administrativo” tres meses después. 

En su resolución, el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias explica que la ley establece con claridad que las empresas deben contar con la habilitación empresarial exigida en la fecha límite de presentación de ofertas. En el caso del concurso de ayuda a domicilio, el 11 de septiembre de 2025. La empresa que recurrió la habría obtenido, por silencio positivo, el día 23 de ese mismo mes. Es decir, doce días después. 

Sin embargo, en este caso concurre una circunstancia excepcional. Y es que la administración competente para otorgar esa habilitación empresarial es la propia Consejería de Bienestar Social, el órgano que contrata el servicio de Ayuda a Domicilio. 

Por lo tanto, el tribunal de contratos concluye que si la empresa no disponía de la habilitación requerida se debía, única y exclusivamente, a la “inacción” de la propia administración que la había excluido. Dejar fuera a una licitadora por un error propio hubiera sido “completamente contrario” al principio de proporcionalidad que rige la contratación pública y, por tanto, contrario a derecho, recoge la resolución fechada el 17 de marzo. 

En consecuencia, el tribunal de contratos estimó el recurso presentado por BCM Gestión de Servicios, declaró la nulidad del acuerdo que la excluyó del proceso y de la orden de adjudicación a Formas Nivaria y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a la revisión de la documentación de la licitadora que había obtenido la máxima puntuación. 

La resolución obligaba a la mesa de contratación a volver a calificar las propuestas teniendo por presentada la habilitación empresarial de BCM Gestión de Servicios, que volvió a ser de esta manera la adjudicataria del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes en las islas de Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. 

El caso de las ambulancias

El caso del contrato de ayuda a domicilio tiene ciertas similitudes con el de otro servicio público esencial en Canarias, el de ambulancias, aunque con un matiz y un resultado distinto. En aquella ocasión, el órgano contratante (la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, vinculado con la Consejería de Sanidad) adjudicó uno de los lotes, por importe de 44,5 millones de euros, a una empresa (la UTE Acciona-Icot) que, a la fecha de presentación de la oferta, no disponía de la habilitación empresarial exigida para prestar el servicio, al igual que BCM Gestión de Servicios. 

Esa autorización debía darla el Servicio Canario de Salud (SCS), también dependiente de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la administración entendía que esa habilitación empresarial para operar en el sector de las ambulancias no era necesaria y que era suficiente con que cada vehículo dispusiera del permiso, algo que sí cumplía la empresa que obtuvo la mayor puntuación. Sin embargo, la segunda clasificada (Tasisa) recurrió a la justicia y el Supremo, en una reciente sentencia, le dio la razón, anulando esa adjudicación y obligando a Sanidad a indemnizar a la perjudica por el lucro cesante, en un expediente que, entre adjudicación y prórrogas, ya rozaba los 53,7 millones de euros. 

Una denuncia presentada al filo de la medianoche del domingo al lunes por Juan Manuel Pérez León, empresario del sur de Gran Canaria, pide al Ayuntamiento de Mogán la paralización cautelar e inmediata del proyecto para legalizar 37 viviendas en la exclusiva urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín.

El denominado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II” es una iniciativa privada que promueve la sociedad Carrera Ground Floor y que el Consistorio sureño ya tramita. El pleno municipal celebrado a finales de febrero autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

Como contó recientemente este periódico, la empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes en ese espacio urbano de La Loma de Arguineguín a cambio de lograr un aumento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que en la práctica serviría para legalizar las 37 viviendas y tres locales que se empezaron a construir sin licencia en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid 19.

Esas obras fueron denunciadas por los vecinos y dieron lugar a un expediente de Disciplina Urbanística en el Ayuntamiento de Mogán que concluyó en una orden de derribo que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 pero que aún hoy, más de cuatro años después, sigue judicializada.

El empresario Juan Manuel Pérez León dirige su escrito, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán); el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, y el secretario municipal, David Chao. Además de pedir la suspensión “cautelar e inmediata” del expediente, insta a su revisión de oficio por parte de la administración para verificar la legalidad urbanística de la operación. También solicita la intervención de administraciones superiores (el área de Disciplina Territorial del Cabildo de Gran Canaria e, incluso, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias), y la depuración “de responsabilidades administrativas, contables e incluso penales”. El denunciante amenaza con llevar el caso a la Fiscalía.

En su exposición de los hechos, el escrito incide en que el proyecto pretende un incremento de la edificabilidad, la transformación de “espacios no residenciales” (la parte baja de los complejos) en 37 viviendas y, en definitiva, “un intento de regularización urbanística de situaciones ilegales previas”. El denunciante recuerda que esas obras fueron precintadas y que hay un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, una orden de derribo que no ha sido ejecutada, lo que puede constituir “una inactividad administrativa prolongada en materia de disciplina urbanística”.

A juicio del empresario, el expediente que tramita el Ayuntamiento de Mogán puede vulnerar el principio de legalidad urbanística a través de un esquema en cuatro fases: una “actuación urbanística irregular” (las obras sin licencia en la planta baja del complejo); una “inacción administrativa durante años” (orden de derribo firme desde enero de 2022 sin ejecutar); una “consolidación de la obra” y el “intento posterior de legalización” (mediante el PAMU).

La denuncia incide en que este “patrón” puede provocar “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” en el municipio. “La ley debería ser para todo el mundo igual, puesto que no pueden actuar de forma arbitraria permitiéndoles a unos una cosa y a otros no, por lo que sienta un precedente peligroso”, advierte.

Además, el denunciante habla de la “posible falta de legitimación” del promotor de la iniciativa. Y es que los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento “podrían ser elementos comunes de la comunidad de propietarios”, tal y como han señalado los propios vecinos en otro escrito dirigido al Ayuntamiento liderado por Onalia Bueno. Pérez León remarca que no consta “acuerdo válido” de la comunidad para ceder esa superficie ni “acreditación de disponibilidad jurídica”. Además, remarca que los propietarios afectados no han sido notificados de esa iniciativa, no han sido considerados interesados y supieron del proyecto a través de los medios.

La existencia de un procedimiento judicial en curso (el recurso contra la orden administrativa firme de derribo) “refuerza la necesidad de cautela administrativa”, expone ese escrito.

El denunciante reclama la paralización inmediata del expediente, la verificación de la titularidad de los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento, la acreditación de la legitimación de promotor, la incorporación de la comunidad de propietarios como interesada , el inicio de la revisión de oficio y su remisión al órgano consultivo autonómico. Además, insta al Cabildo de Gran Canaria (o, en su defecto, al Gobierno de Canarias) a intervenir por la “posible inactividad municipal”.

Por otra parte, reclama un informe jurídico al secretario municipal sobre la validez del expediente y un análisis de nulidad y advierte de que, en caso de que el Consistorio sureño no actúe, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía y valorará también su traslado al Tribunal de Cuentas.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria, que atiende a la población de la zona sur de Tenerife. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

Al igual que hiciera en noviembre con el caso de los informes pagados con dinero público a un magistrado emérito del Supremo para su defensa penal, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha vuelto a zanjar en menos de un minuto otra comparecencia polémica en el pleno municipal. En esta ocasión, los dos partidos de la oposición (Nueva Canarias-Bloque Canarista y el PSOE) habían solicitado a la regidora sureña que “despejara las dudas” sobre la investigación al agente de la Policía Local que presuntamente se apropió de 135.000 euros de las multas de tráfico que imponía a turistas.

En esta breve comparecencia, Bueno se ha defendido de las acusaciones de la oposición por la “falta de control” o la “actitud negligente” del gobierno municipal sobre las multas de tráfico y ha zanjado el debate ordenando la expulsión de la sala del concejal de NC-Bc Juan Manuel Gabella, tras llamarle al orden en tres ocasiones (todas por discrepancias sobre los tiempos de intervención).

El caso estalló a principios de febrero. La Guardia Civil detuvo el 2 de febrero al agente O.L.S.N. mientras estaba de servicio. Las pesquisas se habían iniciado un año antes. En los últimos cinco años este agente se habría apropiado de unos 135.000 euros de las multas que cobraba en efectivo a los turistas y que después anulaba en su PDA (agenda electrónica).

La oposición reprochó a la alcaldesa la “falta de control” del gobierno municipal sobre esos procedimientos sancionadores y sus anulaciones. “La realidad de los hechos es muy preocupante y apunta a una actuación negligente del concejal de Policía defenestrado (Mencey Navarro), de la alcaldesa y del responsable de Mogán Gestión (empresa pública que gestiona los PDA)”, señaló Gabella (NC). “La imagen de la Policía Local se ha visto seriamente perjudicada. No se puede permitir este menoscabo”, sostuvo Artemi Artiles (PSOE).

En su escueta intervención, la alcaldesa explicó que tuvo conocimiento de la actuación de ese funcionario policial en febrero de 2025 tras “un control rutinario” de las PDA utilizadas por los agentes y que no se pudo detectar antes porque las anulaciones en los dispositivos no se volcaban al departamento de recaudación, por lo que “escapaban” de los mecanismos de control directo.

La regidora ha defendido que se actuó “con total rigor y profesionalidad” en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos y que fue el jefe de la Policía Local quien trasladó a las autoridades competentes esa información que ha dado origen a un procedimiento judicial por presunta malversación. “Hay un total control”, ha contestado a la oposición.

Bueno también ha negado que, como insinuaba el PSOE, esos hechos fueran el desencadenante de la retirada de competencias sobre la Policía Local al concejal Mencey Navarro, ejecutada el mismo mes. “En absoluto. Cuando tengo conocimiento de los hechos yo ya había asumido las competencias en Seguridad”, ha señalado.

Antecedentes

El concejal Juan Manuel Gabella (NC), que acabó siendo expulsado del pleno, incidió en que “hay quejas contra ese mismo agente desde 2008”. “Y nadie sabía nada. La alcaldesa, que se entera de todo, no tenía ni idea de lo que pasaba en Mogán”, ha ironizado.

El edil canarista ha señalado, además, que en 2012 cuatro agentes de la Policía Local de Mogán ya denunciaron “esas mismas prácticas” cometidas supuestamente por otro policía. Unas prácticas de las que, dijo, “tenía pleno conocimiento” el exconcejal de Policía Mencey Navarro, puesto que actuó como abogado de los denunciantes en aquel procedimiento que se sustanció en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana.

Gabella cuestionó además la seguridad de las PDA que utilizan los policías locales. “Cualquier agente que conozca el número de un compañero puede acceder en su nombre a la aplicación y poner multas en nombre de este”. En esta misma línea, Artiles (PSOE) ha pedido un cambio en el procedimiento de multas por el que se exija “un informe detallado” de cada una de las anulaciones, que sea firmada al menos por dos agentes y que sea revisada por el departamento de recaudación para evitar esas anomalías.

La oposición puso de manifiesto la falta de supervisión de este sistema, que permitió que el agente ahora investigado pudiera apropiarse de ese dinero de las multas durante al menos cinco años. Sólo se descubrió la actuación irregular, agregaron, “por casualidad”, cuando se redactaba un manual para nuevos agentes.

El debate concluyó con la expulsión del concejal Gabella. Tras responder a las preguntas formuladas por la oposición, Bueno acusó a NC de “incumplir” de manera reiterada el reglamento municipal. En ese momento, el edil canarista pidió intervenir “por una cuestión de orden”. Tras negarse en varias ocasiones, la alcaldesa ordenó a la Policía Local que expulsara del salón de plenos a Gabella, que seguía pidiendo hablar con el micrófono apagado.

Entre 2017 y 2023 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cobró a un vecino 50 liquidaciones por aparcar su coche en la llamada zona azul sin el preceptivo tique de pago. Aunque se suele asociar a una multa, no se trata de un procedimiento sancionador, sino tributario, regulado en una ordenanza fiscal aprobada en 2012. El trámite es conocido. Los ciudadanos que aparquen en esta zona están obligados a autoliquidar una tasa en los parquímetros siempre que lo hagan dentro de los horarios limitados. Si no se paga o el vehículo permanece más minutos de los abonados y los operarios de una empresa municipal (Sagulpa) lo detectan, se gira la liquidación, que es de ocho euros por impago y de seis euros por exceso de tiempo. 

En junio de 2024, este vecino decidió impugnar ante el Ayuntamiento esas liquidaciones, que ya eran firmes. Solicitó la revisión de actos nulos, al entender que la administración no había respetado las formalidades que impone la legislación tributaria. Y, en consecuencia, pidió la devolución de esas cantidades con sus correspondientes intereses de demora. 

La revisión de actos nulos es un procedimiento “excepcional y de carácter limitado” que permite a la administración volver sobre sus propios actos y dejarlos sin efecto cuando ya ha transcurrido el plazo para que el ciudadano pueda recurrir. La jurisprudencia del Supremo sostiene que sólo se puede revertir una decisión administrativa firme cuando exista una nulidad “palmaria”. Es decir, cuando el defecto formal o infracción que ha cometido la administración sea de tal calibre que no pueda mantenerse el acto. O dicho de otro modo, el vicio de debe ser “especialmente grave”. 

Y eso es, precisamente, lo que ha reconocido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En una resolución notificada a este vecino en octubre del año pasado, el órgano de Gestión Tributaria de la capital admite que prescindió “total y absolutamente” del procedimiento legal establecido para cobrar esas liquidaciones. Y que, por tanto, son nulas de pleno derecho y procede la devolución de cantidades al reclamante.  

No es la primera vez que ese incumplimiento se pone de manifiesto. Ya lo habían constatado tanto el tribunal económico administrativo municipal como los tribunales de lo contencioso de la capital en múltiples resoluciones. La novedad es que la propia administración ya reconoce de oficio -en este y en otros casos similares a cuyas resoluciones también ha tenido acceso este periódico- que no ha seguido el procedimiento tributario debido para liquidar la tasa por impago o exceso de tiempo.

En esos casos, el Ayuntamiento había aprobado directamente la liquidación de la tasa sin notificar un requerimiento o propuesta de liquidación alguna al obligado tributario, a la persona que debía pagarla. Al emitir el cobro por la vía rápida tras la actuación del agente encargado de la gestión del estacionamiento limitado (de la empresa Sagulpa), la administración vulneró el derecho del ciudadano a ser escuchado, a formular alegaciones frente a esa liquidación. Así lo recoge esa última resolución. 

El jefe del servicio municipal de Tributos confiesa que ese cobro no se gestionó conforme al procedimiento previsto en la normativa fiscal. En lugar de aprobar y girar directamente la liquidación definitiva al ciudadano tras el aviso del controlador de Sagulpa, la administración debe notificarle una propuesta de liquidación y garantizar el trámite de audiencia, permitiéndole presentar alegaciones. En aquellos casos en los que el conductor o la conductora negara el hecho (haber aparcado en zona azul sin pagar o haberse pasado del tiempo estipulado), el Ayuntamiento tiene que verificar los datos y acreditar el incumplimiento. Por ejemplo, a través de fotografías. No puede imponer, según este procedimiento, una deuda automática. 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, en la capital grancanaria -con algo más de 38.000 residentes- “se ponen de manifiesto cada año alrededor de 100.000 hechos imponibles” vinculados a la ausencia de tique o el exceso sobre el tiempo autoliquidado. Ese volumen “requiere disponer de herramientas específicas, que garanticen la seguridad jurídica y permitan al Ayuntamiento gestionar la tasa de forma eficaz y conforme a la normativa tributaria”, explican a este periódico desde el área de Tributos. 

Las fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento está implantando el procedimiento exigido en sus nuevos sistemas de gestión “para asegurar su correcta aplicación”. Mientras se completa esta adaptación, la administración “continúa revisando las liquidaciones afectadas y anulando en aquellos casos en los que se ha apreciado el defecto señalado”. 

El informe del Consejo Consultivo 

Esta adaptación del Ayuntamiento responde también a las observaciones formuladas en un informe dictado en mayo del año pasado por el Consejo Consultivo de Canarias en relación con uno de esos casos que concluyeron en la revisión de oficio del Ayuntamiento (forzado por sentencia judicial) y la declaración de la nulidad de pleno derecho de múltiples liquidaciones cobradas a un vecino. 

En su reclamación, presentada en enero de 2021, este ciudadano negaba los hechos, esto es, haber aparcado en las calles que figuraban en las liquidaciones. Sostenía, además, que el Ayuntamiento le estaba cobrando “sanciones disfrazadas de liquidación” para evitar las garantías de defensa del procedimiento sancionador de tráfico. Reclamaba la devolución de las cantidades pagadas más sus intereses correspondientes. En total, cerca de 3.500 euros.

El denunciante aludía a que hace un tiempo, cuando se firmaron esas liquidaciones, los controladores del servicio de estacionamiento regulado carecían de los medios necesarios para la obtención de pruebas sobre la comisión de los hechos y que su testimonio no gozaba de la presunción de veracidad que sí tienen los funcionarios policiales. 

En primer lugar, el Consultivo descarta que la tasa sea una multa encubierta. El dictamen señala que el Ayuntamiento tiene cobertura legal (la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) para cobrar una tasa por el aprovechamiento especial de dominio público. 

En este sentido, el Ayuntamiento capitalino defiende que la opción elegida, la tasa, era “menos gravosa” que la sanción o multa. “La sanción que podría conllevar en caso de que se tramitase la denuncia por infracción de tráfico es de 80 euros, importe de sanciones leves, con una reducción del 50% en el caso de que se hubiese abonado por pronto pago”.

En cualquier caso, el dictamen de mayo del Consultivo subrayaba como hecho “indubitado”, que ni siquiera es negado por el Ayuntamiento, que se exigió el pago de la tasa al ciudadano “sin haber tramitado procedimiento administrativo alguno”. El órgano fiscalizador considera que la administración incurrió en una de las causas más graves de invalidez recogidas en la Ley General Tributaria, la de dictar actos “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” Por ello, considera conforme a derecho anular esas liquidaciones y devolver al reclamante las cantidades cobradas.

Volver a reclamar el pago 

En las resoluciones en las que admite esa ausencia del procedimiento de comprobación limitada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte de que ese “defecto formal” no acarrea la extinción del derecho de la administración a reclamar el pago. 

La administración comunica a los ciudadanos que procederá a iniciar nuevas actuaciones para volver a exigir la deuda respetando las garantías del obligado tributario. Sostiene que los controladores, pese a no gozar de presunción de veracidad, tienen la condición de “testigos imparciales” y que consignan datos como “la matrícula, marca, modelo y color del vehículo, la fecha, la hora, la calle y el número en que el vehículo se encontraba ocupando documento gráfico”, por lo que creen disponer de las pruebas para liquidarlo otra vez. 

Sin embargo, hay un matiz. Sólo lo podrá hacer si la deuda no ha prescrito. La Ley General Tributaria establece, con carácter general, que las deudas prescriben a los cuatro años. En varios de los casos a los que ha tenido acceso este periódico, ya ha transcurrido ese plazo entre la fecha del hecho imponible (la liquidación) y la declaración de nulidad.

Nuevo relevo en la Consejería de Sanidad. El hasta ahora gerente de Atención Primaria de Tenerife, Jesús Delgado, presentó el pasado jueves su dimisión. Su sustituta en el cargo será Victoria Llarena, que desde noviembre ocupaba el puesto de directora de gestión y asuntos generales en la misma gerencia. 

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, firmó el pasado jueves a las 14.27 horas la resolución por la que se comunica el cese, “a petición propia”, de Delgado y el nombramiento de Llarena a partir del viernes. 

El cese de Delgado se esperaba desde hace semanas en el ámbito sanitario. Fuentes internas consultadas por este periódico señalan que se trata de una “dimisión forzada”, puesto que desde la dirección del SCS había descontento con su gestión y se le había “invitado a salir”. 

Delgado ha estado vinculado a Coalición Canaria (CC). En las últimas elecciones formó parte de la lista que encabezaba Jonathan Domínguez a la Alcaldía de La Laguna. Y durante el primer mandato de Fernando Clavijo como presidente fue gerente del Hospital de La Candelaria. 

Delgado llegó a entrar en las cábalas para ser consejero de Sanidad tras las elecciones de 2023 y el pacto entre CC y el PP. Sin embargo, acabó ocupando el cargo de gerente de Atención Primaria, en el que ha durado menos de tres años. 

Durante su trayectoria profesional, el dimisionario gerente de Atención Primaria de Tenerife, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (ULL) y con máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria y Administración Sanitaria, trabajó como médico de familia y de urgencias y ocupó varios cargos, como el de director de la Zona Básica de Salud de Añaza, Arico y Barranco Grande.

La nueva gerente, Victoria Llarena, ha sido técnica del servicio de Contratación y Asuntos Generales del SCS; jefa del servicio de aprovisionamiento del Hospital Universitario de Canarias (HUC); jefa del servicio de planificación económica de fondos Next Generation de la administración sanitaria y, desde noviembre, directora de gestión y asuntos generales de la gerencia de Atención Primaria de Tenerife.  

El pleno del Tribunal Constitucional mantiene en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma y uno de ellos es el actual director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, que en la actualidad cobra 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final cuarta de los presupuestos canarios, la que incluía esa reforma legislativa para directores y gerentes de la sanidad pública. 

Hasta ese momento, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, vigente desde 1994, garantizaba que los empleados públicos que eran nombrados gerentes no percibieran retribuciones inferiores a las que tuvieran en el puesto que desempeñaban con anterioridad.  

La reforma incorporada por CC y PP vía presupuestos extendía esa garantía a quienes provinieran de una actividad privada, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

El Gobierno central entiende que esa medida es contraria a la congelación de retribuciones prevista en las cuentas estatales (prorrogadas) de 2025 y al incremento general del 2,5% fijado para todo el personal del sector público. 

También alega que con ese blindaje salarial para los gerentes sanitarios de las Islas “se quiebra el principio de legalidad presupuestaria”, puesto que “no se concreta la cuantía” de esa subida, sino que “queda al arbitrio del puesto que -incluyendo el sector privado- haya podido ostentar el que posteriormente sea nombrado gerente”. 

Según el abogado del Estado, esa “incertidumbre” acerca de cuál puede ser el incremento retributivo para los gerentes sanitarios en Canarias, sin establecer máximos, “pone en jaque todo el sistema de gastos e ingresos contenido en la norma presupuestaria autonómica”. Esos sueldos podrían incluso “ser superiores a los de los altos cargos, lo que resultaría incongruente en términos absolutos”, exponía la representación estatal en este litigio. 

El Constitucional admitió a trámite el recurso en noviembre del año pasado y decidió dejar en suspenso la reforma legislativa aprobada por el Gobierno de Canarias hasta analizar el fondo del asunto. Esa medida cautelar tenía un plazo de cinco meses. Ahora, el alto tribunal ha decidido prorrogarla tras escuchar a las partes. Sostiene que levantar la suspensión podría generar “un grave quebranto” para los propios gerentes si al final la norma se declara inconstitucional, puesto que se enfrentarían al deber de restituir lo cobrado en exceso. 

El pleno del Constitucional señala que mantener esa suspensión tiene efectos “más fácilmente reparables”, ya que si la reforma legislativa es avalada en el futuro sólo hay que abonar a los gerentes afectados las cantidades atrasadas. 

Tanto el Parlamento de Canarias como el Gobierno regional habían solicitado levantar esa suspensión del incremento retributivo para los directores sanitarios. Entre otras razones, argumentaban que en la actualidad sólo hay una persona que se beneficia de ese cambio. Se trata de Pablo Eguía del Río, gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, que aumentó sus emolumentos en 43.700 euros (de los 95.316,25 a los 138.993,92) para equipararlos a los que percibía en su actividad anterior como neurólogo. 

Sin embargo, el Gobierno no incluye en su respuesta a Adasat Goya, que antes de asumir la dirección del SCS ocupó la gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y vio cómo su retribución se incrementó de los 92.037,75 a los 109.663,38 euros en aplicación de esa norma incorporada en los presupuestos de 2025, según la propia administración informó a este periódico en respuesta a una solicitud de información cursada a través del Portal de Transparencia. 

Antes de asumir funciones de gestión sanitaria, Goya ejerció en el sector portuario, primero como estibador y después coordinador de la terminal de contenedores. Además, fue concejal del municipio tinerfeño de El Sauzal (por Coalición Canaria) durante 16 años. 

En la actualidad, ya como director del SCS, cobra 111.649 euros, la tercera mayor retribución de entre los cargos públicos de la administración canaria. Entre medias, la Consejería de Sanidad le ha pagado, a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria (FIISC), adscrita a la Consejería de Sanidad, un curso de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, por importe de 13.592 euros. 

La suspensión de la norma se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El juzgado de la Plaza 1 de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado al grupo Martinón los hoteles subastados en el concurso de acreedores de Santana Cazorla, unos activos por los que también pujaba Lopesan. En un auto dictado este martes, el juez Alberto López Villarrubia resuelve la disputa que mantienen desde hace cerca de un año los dos gigantes del turismo en las Islas por hacerse con los hoteles Valle Taurito, Costa Taurito y Lago Taurito, en Mogán, y con la concesión del Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana. 

Tras un proceso de venta gestionado por una entidad especializada, se presentaron dos pujas máximas por esos activos de la concursada Mar Abierto, perteneciente al otrora potente holding empresarial de los hermanos Santana Cazorla. El grupo Martinón presentó una oferta de 85 millones de euros a través de su sociedad División Turística Valle Taurito. La propuesta de Lopesan, mediante su filial Isla Marina, era 1.000 euros superior. 

Sin embargo, el juez ha dictaminado que no rige el criterio estricto de una subasta pura, donde gana quien ofrezca más dinero, sino “un procedimiento híbrido” donde se deben valorar otros elementos, como la subrogación de contratos o la postura de los trabajadores. Y es por ese motivo por el que ha decidido otorgar esos hoteles al grupo Martinón, en un auto que no es firme. 

Fue el propio administrador concursal, Amalio José Miralles, quien elevó un informe razonado a favor de la adjudicación al grupo Martinón aludiendo a tres factores que luego el juez hizo suyos para resolver el “empate técnico” del precio. 

Por un lado, el “grave perjuicio” que, en su opinión, suponía la decisión de Lopesan de no asumir el contrato para la explotación del parque acuático y el aparcamiento que da servicio a los hoteles. Según el administrador, esta exclusión hubiera ocasionado un perjuicio económico a la concursada (Mar Abierto), al tener que asumir indemnizaciones y posibles demandas, ya que el parque es un reclamo incluido en los paquetes vacacionales. 

Por otro lado, el auto hace referencia a la aceptación por parte de Martinón de que los derechos de cobro frente a turoperadores, estimados en 2,5 millones de euros, se quedaran en la masa activa del concurso para beneficio de los acreedores. Lopesan exigía que la cesión fuera a su favor, lo que “habría minorado” el patrimonio del concurso, recoge la resolución.

El tercer factor es la preferencia de los representantes de los trabajadores por la proposición presentada por Martinón, que se comprometía a subrogar a todo el personal con contrato laboral vigente en la fecha de transmisión, manteniendo su antigüedad y los derechos adquiridos. Isla Marina, en cambio, excluía a aquellos que estaban en situación de excedencia.

Desestimadas las alegaciones de Lopesan

El auto desestima las alegaciones presentadas por Lopesan, que defendía que su oferta era superior y que la de Martinón era “inválida” porque vinculaba la adjudicación del lote de los hoteles con el de los locales. El juez hace alusión a resoluciones previas en las que acordó que la subasta debía resolverse separando los lotes y que, por tanto, no se iban a tener en cuenta esas vinculaciones que condicionaban la compra de un lote a otro.

También incide el magistrado en que no se trata de una “subasta estricta” de mejor precio y que la exclusión de la subrogación del contrato del parque acuático o la retención de cobros pasados de turoperadores perjudicaban a la concursada. Lopesan sostenía que el administrador concursal había aplicado una norma sobrevenida en los criterios de adjudicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pidió suspender la cesión del Hotel Las Tirajanas por existir un expediente de resolución de la concesión administrativa. El juez lo rechaza, indicando que Martinón asume el riesgo legal de ese expediente.

El auto da diez días a División Turística Valle Taurito para que consigne los 85 millones de euros en la cuenta del juzgado. Ese plazo comenzará a contar desde que la resolución adquiera firmeza. De momento se puede recurrir en reposición (ante el mismo juez).

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido de manera cautelar un concurso de 155 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) tras los recursos de dos de las principales empresas del sector, Avericum y Fresenius. 

La propia Consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria de la paralización del procedimiento hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas de las licitadoras, que alegan, entre otras razones, que las tarifas fijadas no se corresponden con los precios de mercado o “incongruencias técnicas” en los pliegos de este concurso para la asistencia de pacientes con enfermedades renales crónicas de cuatro hospitales públicos de las Islas. 

El expediente del contrato, uno de los mayores en importe de la sanidad canaria, se abrió en el verano de 2025. El informe propuesta está firmado el 6 de agosto por Adasat Goya, que entonces apenas llevaba una semana como director del Servicio Canario de Salud. 

El concurso se divide en siete lotes que corresponden a dos unidades externas de diálisis para la derivación de pacientes en el caso de los hospitales Doctor Negrín (norte de Gran Canaria), La Candelaria (sur de Tenerife) y el Hospital Universitario de Canarias (norte de Tenerife), y una para los usuarios del José Molina Orosa (Lanzarote).

La duración prevista del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogar otro ejercicio como máximo y de aumentar hasta un 20% el importe de licitación. En total, 155 millones de euros. La Consejería de Sanidad precisa que estos servicios ya estaban externalizados. 

Dos recursos

Dos de las principales empresas del sector, la canaria Avericum y la multinacional Fresenius, impugnaron los pliegos en sendos recursos interpuestos días antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas (el pasado 26 de febrero). 

Avericum ya es adjudicataria de otros contratos de hemodiálisis en las Islas (en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa y en una unidad asistencial vinculada a la gerencia del Insular de Gran Canaria) y ha protagonizado episodios controvertidos. 

Su director y administrador único es Francisco Javier Artiles, un abogado que estuvo investigado en el llamado caso Lifeblood, un presunto amaño en la adjudicación de un contrato de hemodiálisis de 124 millones de euros a la empresa del mismo nombre, sin experiencia en el sector. La causa penal acabó archivada (la Fiscalía no encontró pruebas concluyentes), aunque en su auto de sobreseimiento provisional, la jueza instructora, Victoria Rosell, sí apreció indicios de tráfico de influencias, puesto que Artiles era asesor del SCS en esa época y habría actuado de tapado en favor de la adjudicataria.

Con posterioridad, Avericum ha ganado varios contratos en Canarias con importantes rebajas sobre las tarifas del presupuesto de licitación. En 2019, por ejemplo, redujo en un 30% el precio de las sesiones para hacerse con el servicio a los pacientes de la zona sur de la isla de Gran Canaria. También ha resultado adjudicataria de diversos concursos en otras comunidades con quejas de los competidores por esa política de bajos precios.

En relación con este último concurso en Canarias, Avericum acudió al tribunal de contratos el pasado 16 de febrero, diez días antes de que concluyera el plazo para presentar las ofertas. En su recurso advierte de graves deficiencias económicas en los pliegos. Sostiene que la tarifa fijada por el SCS no se corresponde con los precios de mercado. 

En el concurso se ha establecido un precio máximo unitario de licitación de 165.02 euros por sesión de hemodiálisis. En el adjudicado a Avericum hace más de un lustro para la zona sur de Gran Canaria, la tarifa quedó fijada en 102,93 euros sin posibilidad de revisión. 

Por otra parte, en el concurso ahora paralizado el SCS prevé un incremento anual del 2% para los lotes de los hospitales de Tenerife y el de Gran Canaria y del 4% para el de Lanzarote en previsión del aumento del volumen de pacientes y necesidades asistenciales. Según consta en la memoria del concurso, para determinar el importe de licitación y los costes directos e indirectos del servicio, la administración pública realizó una estimación basándose en los costes de los centros sanitarios propios del SCS. 

En su recurso, Avericum denuncia la “indefinición absoluta” de esa memoria económica y que, a la hora de fijar la tarifa, no se ha tenido en cuenta ni el beneficio industrial ni los gastos generales. La licitadora también señala que el reparto de puestos de diálisis entre los lotes es “absolutamente desproporcionado e injustificado”. El concurso requiere 100 puestos para las unidades de diálisis para pacientes del Hospital Doctor Negrín; otros 100 para los de La Candelaria; 120 para los del HUC, y 40 para los del Molina Orosa. 

La segunda recurrente es la multinacional Fresenius Medical Care. Esta empresa, líder en el sector de la diálisis y dueña de Quirón Salud, admitió en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission) que sobornó a médicos de varios países, entre ellos de España, para obtener información confidencial anticipada sobre las especificaciones técnicas de las licitaciones públicas. 

El caso, que investigó las las prácticas irregulares cometidas por la empresa entre 2006 y 2017, se cerró con el pago por parte de la empresa de más de 200 millones de dólares en multas y con el compromiso de contratar a un Monitor de Cumplimiento Independiente durante al menos dos años para revisar, evaluar y obligar a mejorar todas sus políticas contra la corrupción, sus auditorías y sus controles internos a nivel global. 

Fresenius presentó su recurso el 18 de febrero, dos días después que Avericum. La multinacional se queja de la “falta de proporcionalidad y justificación en la previsión de pacientes”, la exigencia de “puestos mínimos” (360 generales de diálisis y 16 específicos para pacientes con hepatitis B) o “la imposición de dos turnos diarios”. 

Esta licitadora advierte, además, de una “incongruencia técnica” en los pliegos, puesto que el contrato está diseñado para la prestación de un servicio de hemodiálisis de naturaleza extrahospitalaria (en centros ubicados a tres kilómetros como máximo), pero sin embargo se imponen requisitos de “alojamiento e integración” en infraestructuras “intrahospitalarias”. 

El recurso de Fresenius incide también en la “ausencia de desglose” del precio unitario, en que los pliegos no establecen un tope máximo en los criterios de adjudicación, en concreto en el que otorga puntos por cada nefrólogo extra ofrecido, “lo que impide valorar la viabilidad real” de las proposiciones, o que se impongan obligaciones “condicionadas a la voluntad del hospital de referencia y de cuantía indeterminada”. 

Suspensión cautelar

En sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tanto Avericum como Fresenius solicitaron la suspensión cautelar del concurso para evitar perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Ambas empresas advertían de que si el proceso avanzaba y se abrían las propuestas (económica y técnica) de las licitadoras se habría público el contenido de las ofertas, lo que perturbaría “la confidencialidad, la competencia y la integridad” de una futura licitación si al final el tribunal anula los pliegos. 

Según las licitadoras, la suspensión no genera ningún perjuicio al interés general ni a la sanidad pública, ya que las necesidades de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis están cubiertas mediante los contratos vigentes, “que se siguen prestando sin interrupción”. 

El propio SCS (órgano de contratación) expresó su conformidad de forma expresa con que se adoptara esa medida provisional. En este escenario, el tribunal de contratos asume los argumentos de las empresas recurrentes y sostiene que revelar las ofertas de los competidores causaría “daños irreparables” al alterar la confidencialidad y la libre concurrencia. La paralización sólo se hace efectiva para el momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre dos, el que contiene la proposición económica y técnica. 

De esta manera el tribunal salva el trámite del sobre 1, que corresponde a la documentación general de las empresas y no contiene información confidencial. 

Una compleja y polémica operación urbanística se gesta en Mogán, municipio turístico del sur de Gran Canaria con 20.000 vecinos censados y una población flotante que ronda las 21.000 personas. La iniciativa parte de una empresa privada, Carrera Ground Floor, que ha presentado un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y dotacional del entorno y atender de manera integrada las necesidades de una población envejecida, diversa y sometida a presión turística sostenida”. 

A primera vista, la operación parece simple. La empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes a cambio de aumentar la edificabilidad autorizada en Monte Carrera, una urbanización ya construida en la localidad de Arguineguín y donde se promocionan apartamentos “de lujo”. 

La promotora vende la iniciativa como una oportunidad para que el municipio gane espacio libre público en una zona de alta densidad residencial. Y el Ayuntamiento de Mogán, a través de su arquitecta municipal, atisba en este proyecto un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, y ya lo tramita. 

Sin embargo, hay un trasfondo judicial que enreda la operación. El fin último de la promotora con esta iniciativa es legalizar 37 viviendas y tres locales que comenzó a construir en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid19 sin título habilitante. Tras detectar que esas obras se estaban ejecutando sin licencia, el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento abrió un expediente que concluyó con una orden de derribo (de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida).

Esa orden es firme en vía administrativa desde hace cuatro años, desde enero de 2022, pero la empresa presentó un recurso judicial contra esa decisión que aún se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Con esa demanda aún pendiente de resolverse, la promotora ya intentó legalizar esas obras en 2024, en una petición que justificó en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de suelo y edificaciones. Sin embargo, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al considerar que no era pertinente el uso de ese decreto para esos fines. 

Tras decaer ese intento, Carrera Ground Floor presentó a finales de 2025 la nueva iniciativa, que incluye un exhaustivo informe elaborado por Urbanfix, una empresa de asesoramiento urbanístico, y que propone una nueva vía para legalizar esas viviendas. 

 Los antecedentes

La licencia original de la urbanización Monte Carrera, en Arguineguín, se concedió en marzo de 2005. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados. La altura máxima permitida era de dos plantas. 

Sin embargo, la urbanización se construyó originalmente con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja con un muro perimetral. Es en esa planta baja donde se ubican las 37 viviendas y tres locales que ahora pretende regularizar Carrera Ground Floor, la empresa que tiene el pleno dominio de esa superficie desde enero de 2017 y que representa a alrededor de quince propietarios, muchos de ellos de nacionalidad noruega. 

El Ayuntamiento de Mogán recibió en abril de 2020 una denuncia vecinal que advertía de la presencia de trabajadores realizando labores en la planta baja de los inmuebles con el fin de transformarlos en viviendas. La Policía Local constató las obras y levantó actas en mayo y diciembre de ese mismo año. La empresa había demolido los muros de contención y cierre de la parcela y había reformado y acondicionado 37 nuevas viviendas del complejo, ocupando espacios que no tenían licencia de uso habitacional.

Esas obras clandestinas originaron la apertura del expediente urbanístico municipal que concluyó en la orden firme de derribo ahora judicializada.

El nuevo proyecto 

Al margen de ese litigio judicial, la empresa propietaria de esos bajos intenta ahora su legalización por la vía del llamado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”. Se trata de un instrumento de ordenación urbanística de iniciativa privada que pretende resolver la carencia de zonas verdes detectada en la urbanización “a través de una fórmula de cooperación público-privada”. 

La memoria del proyecto incide en la alta densidad de esa zona residencial, que cuadruplica la media del municipio, lo que evidencia “una presión notable sobre el espacio urbano disponible y pone de relieve la escasez de zonas libres de uso colectivo”. La empresa incide en que uno de cada cuatro habitantes de esta área supera los 64 años. 

“La concentración de personas mayores exige un diseño urbano adaptado, inclusivo y accesible, que favorezca la movilidad peatonal, el descanso y la convivencia”, recoge el documento, que también remarca la “alta diversidad sociocultural” entre los habitantes de esa zona residencial, marcada por “la presencia de población extranjera residente y no nacida en Canarias y por un carácter turístico-residencial consolidado”. 

La memoria explica que dentro del ámbito de actuación del plan hay 53 viviendas vacacionales registradas que generan “más de 49.000 pernoctaciones anuales, lo que equivale a una población turística equivalente a 135 personas”. Los portales inmobiliarios tienen a la venta apartamentos de unos 65 metros cuadrados en “el cotizado” complejo Monte Carrera por precios que superan los 300.000 euros. 

Las dos alternativas

La iniciativa privada plantea dos alternativas. La primera consiste en ofrecer al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo que coinciden con los salientes de forma circular que rematan la parcela en cada una de sus cuatro esquinas. El objetivo, siempre según el proyecto, sería “crear pequeños espacios de sombra y estancia para la ciudadanía, asociados a los itinerarios peatonales” de tres calles (Nayra, Falla y Tahona). Como contrapartida, pide un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para poder destinarlo a usos comerciales o administrativos. 

La segunda alternativa es la que contempla la legalización de las 37 viviendas a medio hacer y con orden de derribo. En esta opción, la empresa plantea, además de la cesión de esos 625 metros cuadrados de las esquinas, una recalificación de suelo. Los 6.677 metros cuadrados que ahora ocupa la red viaria en los extremos norte y sur de la parcela (calles Faya y Tahona) y que se destina a aparcamiento se convertirían en “espacio libre”. 

El equipo urbanístico contratado por la promotora propone un modelo a imagen de las woonerf holandesas, una especie de calle residencial que prioriza a los peatones y zonas verdes, pero que permite circular a los vehículos a baja velocidad y estacionar. 

En esta segunda alternativa, Carrera Ground Floor plantea que ese incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados se pueda destinar a uso residencial, a “edificios de vivienda permanente”, lo que supone, en la práctica, la regularización de las 37 viviendas y tres locales situados en la planta baja de la urbanización. 

“La alternativa dos supone una propuesta más alineada desde el punto de vista de la recalificación del espacio público urbano, con un efecto más favorable sobre la población”, incide la memoria, dejando claro que esta es la opción preferida de los promotores. 

La respuesta del Ayuntamiento

La iniciativa privada ha sido, de momento, bien acogida por el Ayuntamiento de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán). En un primer informe, la arquitecta municipal advirtió de que antes de su aprobación inicial y de llevarlo a información pública era necesario, como condicionante previo, someterlo a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Y eso es lo que se aprobó en el pleno de febrero. 

La arquitecta tiene claro que “lo que realmente se plantea” en este proyecto urbanístico es “el cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano”, que pasaría a tener “un aprovechamiento lucrativo en virtud del incremento de edificabilidad propuesto”. 

No obstante, el segundo informe de la funcionaria municipal, favorable a la solicitud de inicio de evaluación ambiental, ya contenía una advertencia. Daba el visto bueno a la continuación del procedimiento “sin perjuicio de la valoración jurídica que se efectúe conforme a lo determinado en el cuerpo del presente informe (véase apartado 2.2)”. Ese apartado 2.2 es, precisamente, el que hace referencia al procedimiento judicial que se mantiene abierto a raíz de la demanda contra la orden de derribo de las obras ilegales. 

“Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advierte la arquitecta. 

“Ya existe un impacto visual”

El proyecto, por tanto, está ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán. 

En su proyecto, la promotora reconoce que ya existe un impacto visual derivado del exceso de volumen edificado (las tres plantas sobre las dos autorizadas), pero sostiene que esa circunstancia debió haber sido analizada y evaluada antes de su ejecución y que ahora “no procede” evaluar “los efectos de unas determinaciones urbanísticas ya cristalizadas”. 

Es decir, dado que el objetivo del plan presentado es regularizar algo que ya está hecho y no implica nuevas construcciones, la promotora entiende que “carece de fundamentación utilizar un método de evaluación para identificar efectos ambientales cuando, de existir, estos ya se hubieran dado”. Es decir, que no hay impacto nuevo que valorar. 

Dudas sobre la propiedad 

La operación urbanística tiene otra arista polémica que tiene que ver con la propiedad del suelo que pretende ceder. En el expediente municipal no consta hasta la fecha ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados que la promotora ofrece al Ayuntamiento. Tampoco que la administración lo haya solicitado. 

Esta circunstancia se puso de manifiesto en el pleno municipal celebrado el pasado 27 de febrero. Además de censurar que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal”, para dar cobertura “a una planta que ya fue declarada ilegal y que ha sido objeto de precinto por el propio Ayuntamiento”, el concejal de la oposición Javier Romero (Nueva Canarias- Bloque Canarista) subrayó que los promotores del expediente no han acreditado ser los propietarios de esos terrenos, pese a que el procedimiento se impulsa a su nombre. Entre la documentación tramitada, señalaba el edil, no figura el certificado de titularidad registral que acredite esa condición.  

En esta línea, la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club remitió un escrito al Ayuntamiento de Mogán el pasado 6 de marzo para reclamar “la inmediata paralización” del expediente tras tener conocimiento de que “elementos comunes de la comunidad han sido despojados sin haber sido sometidos a la debida consulta o votación por parte de los propietarios ni haber sido cedidos para tal planteamiento”. 

La comunidad está personada en el procedimiento que se sigue en los juzgados de lo contencioso por la demanda contra la orden de derribo. Su presidenta señala que se mantienen “al margen de la disputa sobre las obras originales”, pero expresa su preocupación por la cesión de metros cuadrados de zonas comunes “sin consentimiento”. 

El Gobierno de Canarias ha cerrado la puerta a un grupo de opositores que exigían la declaración de caducidad del polémico proceso selectivo para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria, la quinta promoción del cuerpo. La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública ha desestimado íntegramente esas solicitudes y ha achacado el “leve” retraso en las oposiciones a la avalancha de recursos presentados frente a las actuaciones del tribunal, una cantidad “en absoluto habitual”. 

Como publicó este periódico, el pasado 26 de febrero el Gobierno recibió una batería de alegaciones que solicitaban la nulidad del proceso selectivo al entender que se había cumplido el plazo improrrogable de tres años que el Estatuto Básico del Empleado Público establece para concluir de manera definitiva las Ofertas de Empleo Público (OEP). 

Los recurrentes basaron su solicitud en la doctrina fijada por el Supremo en una sentencia dictada en julio del año pasado en relación con un proceso selectivo en Sevilla. El alto tribunal resolvió una vieja discusión jurídica y determinó que dentro de esos tres años se debe desarrollar todo el proceso selectivo, que no es suficiente con convocar las oposiciones en ese plazo desde la aprobación de la oferta de empleo público. 

“No es razonable mantener procesos selectivos abiertos por un tiempo indeterminado (...) Limitar el concepto de ejecución a publicar la convocatoria permitiría que los procesos selectivos se alargasen ad eternum (para siempre), vaciando de sentido el plazo legal”, recogía esa sentencia que este grupo de opositores entendía extrapolable al caso canario. 

Las oposiciones a la Policía Canaria unificaron 61 plazas de la OEP de 2022 (aprobada en diciembre de ese año) con 80 de la de 2023. Los aspirantes sostenían que las primeras plazas caducaron en diciembre de 2025 (transcurrido el plazo improrrogable de tres años) y que, al ser una convocatoria conjunta, esos efectos se extendían a toda la oposición.

Un retraso “admisible”

En su respuesta, el Gobierno de Canarias acumula todas las solicitudes de caducidad de los aspirantes y las desestima íntegramente. La resolución, firmada el pasado 6 de marzo por el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso, remarca que la calificación jurídica de ese plazo improrrogable de tres años ha sido objeto de “extensos debates doctrinales y jurisprudenciales”. 

Ese debate, continúa el escrito, “culmina” con el reciente fallo del Supremo (el dictado en julio de 2025), “que recapitula las sentencias previas y fija como regla general que el procedimiento selectivo tiene que desarrollarse íntegramente dentro del plazo de tres años”. 

Sin embargo, el alto cargo del Ejecutivo regional precisa que esa misma sentencia “admite expresamente que, de forma justificada y excepcionalmente, pueda ser admisible un retraso, sin preverse un régimen de nulidad de pleno derecho automático e indiscriminado”. 

El Gobierno entiende que el incumplimiento del plazo de tres años respecto a la Oferta de Empleo Público de 2022 “no llevaría aparejado automáticamente consecuencias invalidantes”. Por un lado, defiende que el proceso selectivo se encuentra “en una fase muy avanzada”, puesto que el pasado 18 de febrero se publicó la propuesta de personas seleccionadas. “Cualquier retraso en el desarrollo total sería muy leve”, agrega. 

Avalancha de recursos

El director de Estudios y Formación incide, por otra parte, en el volumen del proceso selectivo, con “un elevado número de plazas (141)”, con “1.100 horas de curso de formación y 600 horas de prácticas”, y con “un número muy elevado de incidencias promovidas por los propios opositores ante el tribunal calificador y ante el órgano convocante”. 

La resolución subraya que no sólo se han presentado alegaciones y reclamaciones contra actos provisionales en todas las fases del proceso selectivo (algunos aspirantes hablan de un “patrón de irregularidades”), sino que también se han planteado incidentes de recusación contra el presidente y otros miembros del tribunal calificador. En el caso del presidente, por haber dado clases de formación en los cinco años anteriores a la convocatoria. 

Según el Gobierno regional, hasta la fecha se han presentado cerca de un centenar de recursos de alzada contra los dos últimos actos de trámite adoptados por ese tribunal. 

“Por tales motivos, puede sostenerse razonablemente que la duración del mismo (del proceso selectivo) responde a la propia complejidad del proceso en cuestión, sin que en modo alguno pueda detectarse inactividad por parte de esta administración, que ha realizado una actividad continuada sin paralizaciones imputables a la misma”, concluye la Dirección General, que insiste en que no es “en absoluto habitual” que “un porcentaje tan alto de aspirantes hayan promovido recursos administrativos frente a las últimas actuaciones del tribunal o hayan solicitado la anulación del proceso selectivo”. 

En definitiva, el Gobierno desestima íntegramente las solicitudes de caducidad, “declarando la plena validez y continuidad del referido proceso selectivo hasta su completa finalización”. La resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que a los opositores tan sólo les queda la opción de acudir a los juzgados de lo contencioso en el plazo de dos meses. 

600 efectivos a final de legislatura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este martes, durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, que al final de la legislatura habrá aproximadamente 600 miembros de la Policía Canaria, así como destacamentos y comisarías del cuerpo autonómico en las islas no capitalinas.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

La denuncia que una agente de la Policía Canaria presentó contra cuatro mandos del cuerpo no es sólo por acoso laboral, como se había informado hasta ahora. En su relato de los hechos, la funcionaria imputa a los investigados, a nivel indiciario, otros tres delitos: prevaricación administrativa, discriminación por razón de sexo y agresión sexual, según han confirmado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El magistrado titular de la plaza 4 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria ya ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar el 10 de marzo y en condición de investigados a los cuatro denunciados: un inspector, un subinspector, un oficial y un policía. 

Antes deberá comparecer en ese juzgado la denunciante para ratificarse y poder ejercer acciones como perjudicada en el procedimiento. 

Fuentes judiciales precisan que esos cuatro delitos son los que se incluyen en la denuncia de la agente. En esta fase inicial del proceso y a la espera de escuchar a la denunciante y los denunciados y de analizar la prueba indiciaria, el juez instructor no ha calificado aún los hechos. La investigación tiene carácter reservado.

Información reservada

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias informó el pasado 20 de febrero de la apertura de una información reservada a esos cuatro mandos tras tener conocimiento de sus citaciones como investigados. 

En un comunicado remitido a los medios, la Consejería de Nieves Lady Barreto (CC) explicó que el 10 de febrero la Policía Canaria recibió un correo electrónico con esas citaciones y que tres días después la Unidad de Asuntos Internos decidió abrir un expediente “para recabar información”. 

La Dirección General de Seguridad que lidera David del Pino (subcomisario en excedencia de la Policía Canaria) no detalló en esa nota de qué se acusaba a los cuatro mandos, pero sí anunció su traslado a otra unidad, “así como la garantía de que no coincidirán con la denunciante en los mismos horarios”. 

Lo cierto es que dos de los policías denunciados (los de mayor rango) ya prestaban servicios en una unidad diferente a la que está adscrita la agente que ha denunciado, que además está de baja laboral desde hace meses como consecuencia de estos hechos. 

Según fuentes consultadas por este periódico, a nivel interno se ha comunicado el traslado de los otros dos que sí coinciden. En cualquier caso, las mismas fuentes apuntan que en Gran Canaria solo hay una base, por lo que resulta complicado que no coincidan en las instalaciones.

Un inspector entre los investigados

El mando de mayor rango de entre los investigados es Ángel Nichel Acosta, un inspector que ejerció como presidente del tribunal de las polémicas oposiciones para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria (la quinta promoción), un proceso selectivo que investiga la Fiscalía Provincial de Las Palmas después de que un grupo de aspirantes denunciara “un patrón de irregularidades” en todas sus fases. 

Entre esas presuntas irregularidades puestas en conocimiento del Ministerio Público, los denunciantes aludían al incumplimiento del deber de abstención de Acosta por haber formado a aspirantes dentro de los cinco años previos a la convocatoria del proceso selectivo.

Para sustentar estas acusaciones, los opositores aportaron, entre otras pruebas, un audio de 70 minutos con una de esas clases que el ahora inspector impartía en la academia de clases particulares que regenta su pareja. 

A pesar de ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, rechazó en dos ocasiones los incidentes de recusación presentados, dando por buenas las explicaciones ofrecidas por el presidente del tribunal. 

La sentencia que condena al Consulado de Marruecos en Canarias a indemnizar con 20.000 euros a un trabajador por acoso laboral y trato denigrante ya es firme. La plaza 9 de lo Social del tribunal de instancia de Las Palmas de Gran Canaria dictó el pasado 13 de febrero un auto que declara agotado el plazo concedido a la institución para presentar el recurso de suplicación que había anunciado previamente. 

La resolución original está fechada el 10 de noviembre de 2025. La jueza ordenó al Consulado de Marruecos “cesar el acoso laboral” sobre este empleado al considerar probado que había sufrido un trato denigrante, con “gritos constantes” y “amenazas de despido”, por parte de la actual cónsul, Fatiha El Kamouri. El fallo describe un clima “de hostigamiento, miedo y angustia” para “amedrentar” al trabajador.   

Tras esa sentencia inicial, el Consulado de Marruecos anunció su intención de recurrir la condena ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Sin embargo, dejó transcurrir el plazo legal concedido sin llegar a presentar el recurso. Por ello, la magistrada ha acordado ahora tener por no interpuesto el recurso, archivar las actuaciones y declarar firme la sentencia condenatoria. 

Rechazó 55.000 euros porque quería ir a juicio

Tal y como contó Canarias Ahora en abril de 2024, este trabajador priorizó la restitución de su dignidad sobre el dinero. En esa fecha, rechazó lo que le proponía el Consulado para evitar el juicio: ser indemnizado con 55.000 euros (35.000 más de los que al final debe recibir) y dar por extinguido su contrato laboral. El agente quería que la vista se celebrase porque pretendía acreditar mediante sentencia el daño moral infligido por la actual cónsul. Y lo consiguió. 

Según el relato de hechos probados de la sentencia ahora declarada firme, el trabajador fue víctima del “abuso de poder” de la cónsul, que llegó a Canarias en 2022. El empleado ejercía en el Consulado de Marruecos en las Islas desde 2008 como encargado de las tareas de caja, de los archivos, de la recepción de la ciudadanía y también era el enlace con los centros de menores no acompañados. 

Tras su llegada a Las Palmas, El Kamouri apartó al agente de estas funciones y lo convirtió en su conductor personal con disponibilidad absoluta los siete días de la semana. La sentencia precisa que el empleado recibía llamadas a deshoras para hacer la compra en el supermercado, teniendo además que adelantar el dinero de su propio bolsillo para los recados, o recoger de sus actividades a las hijas de la cónsul.

En diciembre de 2024 el trabajador ya había obtenido una primera sentencia favorable. Ese fallo anuló la modificación de condiciones de trabajo que le había impuesto la cónsul, a quien obligó a restituirlo en la recepción. Sin embargo, las represalias continuaron. A su regreso tras una baja de larga duración, el empleado fue confinado en la quinta planta del edificio, aislado de sus compañeros -incluso con órdenes expresas de no comunicarse con ellos- y despojado de cualquier función.  

Vídeos para demostrar el acoso

En ese periodo, el demandante documentó el acoso y la inactividad forzada mediante vídeos que aportó a la causa. Los informes periciales conectaron su sintomatología psíquica (un trastorno de estrés postraumático complejo por el que ha requerido tratamiento farmacológico y psicoterapéutico) con sus vivencias en el trabajo. 

“La dinámica descrita incluye acciones contra la reputación o dignidad personal del afectado, acciones que obstaculizan el ejercicio de su trabajo, manipulación de la información y situaciones de inequidad”, señala un informe psicológico aportado por el demandante a la causa.

Ese informe constató que el trabajador había sufrido una “reexperimentación de eventos traumáticos”, evitaba “lugares y personas que evocan el trauma” y padecía “alteraciones del estado de ánimo” compatibles con un episodio de acoso laboral que se agravó tras su reincorporación de una larga baja.

Cuando regresó al puesto, tras esa primera sentencia favorable que había anulado la modificación unilateral de sus condiciones de trabajo, se topó, recoge este informe, con nuevas “expresiones específicas” del acoso, que incluían un “exceso de control (aislamiento físico y vigilancia), un bloqueo de la comunicación con la cónsul y con el resto de compañeros y compañeras y una severa infracarga de trabajo”. Todo ello “intensificó y cronificó” el daño, concluye ese escrito. 

Con este acervo probatorio, la sentencia dictada en noviembre del año pasado, ya firme, concluyó que las conductas eran “de una gravedad tal que resulta razonable pensar que la causa de la baja es dicho clima de hostigamiento, por lo que ha de concluirse la vulneración de los derechos fundamentales” del trabajador. 

Como ha contado desde 2023 este periódico, la conflictividad laboral en el Consulado de Marruecos en Canarias se incrementó tras la llegada de Fatiha El Kamouri. Seis agentes locales acudieron a los juzgados por reclamación de cantidades, modificación sustancial de las condiciones laborales o acoso. Hasta la fecha, todas las resoluciones judiciales han sido favorables a los trabajadores, aunque la representación consular se ha resistido a cumplirlas.

Nueva batería de alegaciones contra el polémico proceso selectivo para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria. Más de una veintena de aspirantes han presentado escritos idénticos para exigir que se declare la caducidad de la convocatoria y, por tanto, su nulidad. 

El argumento central de estas reclamaciones es la aplicación directa de la reciente y vinculante doctrina fijada por el Supremo en relación con el plazo máximo para la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo (OEP). El alto tribunal dictó en julio del año pasado una sentencia (sobre unas oposiciones en el Ayuntamiento de Sevilla) que este grupo de aspirantes considera extrapolable al proceso selectivo para entrar en la Policía Canaria. 

El antecedente del Supremo

La discusión jurídica en el caso del Ayuntamiento de Sevilla se centró en la interpretación del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un plazo improrrogable de tres años para ejecutar las ofertas públicas de empleo. Es decir, para cumplir lo dispuesto en el acto administrativo mediante el que se aprueban las plazas a cubrir mediante procesos selectivos. 

Había dos posiciones. La administración defendía que ese plazo se cumplía con la simple convocatoria del proceso selectivo dentro de esos tres años. En cambio, el demandante sostenía que en ese periodo debía desarrollarse y finalizar todo el proceso. 

El Supremo admitió a trámite un recurso para crear jurisprudencia y, tras analizarlo, estableció como regla general que el plazo improrrogable de tres años “se cumple únicamente cuando el proceso se desarrolla íntegramente dentro de ese plazo”. 

En la aludida sentencia de julio, el alto tribunal recalca que las ofertas de empleo público son “instrumentos de planificación” de recursos humanos y que su ejecución implica “hacer efectivas las convocatorias”. 

“No es razonable mantener procesos selectivos abiertos por un tiempo indeterminado (...) Limitar el concepto de ejecución a publicar la convocatoria permitiría que los procesos selectivos se alargasen ad eternum (para siempre), vaciando de sentido el plazo legal”, recoge la sentencia del Supremo que ahora blanden los aspirantes en las Islas. 

El caso de la Policía Canaria

Las polémicas oposiciones a la Policía Canaria unificaron 61 plazas de la oferta de empleo público de 2022 con 80 de la de 2023. Por tanto, entiende el grupo de afectados que esas primeras 61 plazas, aprobadas el 29 de diciembre de 2022, “incurrieron en caducidad legal en diciembre de 2025 al no haberse desarrollado íntegramente el proceso”. 

En las reclamaciones presentadas ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, los opositores recuerdan que la adjudicación de esas plazas está vinculada “a las mejores calificaciones del proceso acumulado” (las OEP de 2022 y 2023). Esta circunstancia, según los reclamantes, vicia todo de nulidad.

La última resolución del proceso selectivo para el ingreso de 141 agentes de la escala básica fue firmada el pasado 18 de febrero por el presidente del tribunal, el inspector Ángel Nichel Acosta, y contenía la “propuesta de personas seleccionadas”.  

Los opositores denunciantes recuerdan que esa propuesta de nombramiento no completa el proceso selectivo. Aún queda la entrega de documentación (en un plazo de veinte días desde esa propuesta de nombramiento), la designación de los opositores seleccionados como funcionarios en prácticas y la citación para entrar en la academia.

Al margen de ello, insisten en que el procedimiento está caducado desde el pasado mes de diciembre, desde que se cumplió el plazo improrrogable de tres años para ejecutar la primera oferta pública de empleo, aprobada en diciembre de 2022.  

Quince meses desde la convocatoria

Los reclamantes aluden en sus escritos a otro plazo que, en su opinión, también se ha incumplido. Las bases estipulan que “entre la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y la propuesta de las personas aspirantes seleccionadas a la que se refiere la base específica novena no deberá transcurrir un plazo superior a quince meses”. 

El proceso selectivo se convocó en noviembre de 2023 (fue publicado en el BOC del 22 de noviembre). En abril de 2024 fue ampliado para incorporar las plazas de la oferta de 2023. Es esta última fecha la que ha tomado la administración para comenzar a contar. 

Por tanto, el plazo de quince meses concluía en julio de 2025. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha realizado sucesivas ampliaciones y, en noviembre del año pasado, fijó como fecha límite improrrogable el 25 de febrero de 2026. Una semana antes, el presidente del tribunal firmó la propuesta de nombramientos para su elevación a la Dirección General. 

Los aspirantes entienden, sin embargo, que “la mera publicación” de esa propuesta de nombramiento no justifica el cumplimiento de los plazos y que, para ello, sería necesario que se hubiese dictado la resolución de designación de personal funcionario en prácticas. Es decir, que hubiera concluido todo el proceso.

En cualquier caso, y al margen de las posibles interpretaciones sobre este último plazo, las reclamaciones instan a la Administración a dictar una resolución expresa declarando “la nulidad y caducidad del procedimiento selectivo” a la luz de “la reciente y vinculante jurisprudencia del Tribunal Supremo”. 

Además, se reservan “el ejercicio inmediato de acciones en la vía contencioso-administrativa para defender sus intereses legítimos frente a la inactividad y las graves irregularidades del proceso selectivo”, denunciadas también ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que mantiene abiertas diligencias de investigación. 

“Escuché un ruido fuerte, levanté la cabeza y vi al migrante con las dos manos en la cara y temblando. El golpe no lo vi, pero sí el estado de shock en el que estaba”. Así ha relatado un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía los hechos por los que este martes se ha sentado en el banquillo otro agente acusado de un delito de torturas y uno contra la integridad moral por sendas agresiones a dos personas migrantes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote.

En el juicio celebrado este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Fiscalía ha mantenido su petición de tres años y tres meses de cárcel y trece años de inhabilitación para el funcionario A.B. Su defensa ha pedido la absolución al entender que la acusación del Ministerio Público incurre en una “indigencia probatoria”.

Los hechos se produjeron el 1 de enero de 2024 entre las cuatro y las seis de la tarde en el CATE de Lanzarote, donde el policía acusado estaba destinado en comisión de servicio en el marco de la denominado operación Tritón, un despliegue especial del departamento de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en las Islas.

Según la Fiscalía, el acusado propinó un bofetón en la zona izquierda de la cara y una patada en su pierna derecha a uno de los migrantes por haber salido sin permiso del CATE. A otro al que trataba de sonsacar quién era la persona que había organizado el traslado desde las costas africanas a Lanzarote, le dio “un fuerte bofetón con la mano abierta que impactó en su mejilla izquierda”, ocasionando “un fuerte y pronunciado dolor en la cara, así como angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego”.

El acusado, que no había declarado ni en fase de investigación policial (la causa surge de las pesquisas de la Unidad de Asuntos Internos del CNP) ni durante la instrucción judicial, ha negado los hechos y ha asegurado que “nunca hubo ningún contacto físico con los migrantes”. Sobre el bofetón al segundo migrante (objeto de la acusación por tortura) dijo que solo “había dado una palmada” a medio metro de su cara para despertarlo, porque estaba “aturdido”.

Las dos víctimas no han sido localizadas y, por tanto, no han podido prestar declaración en el juicio de este martes. Por este motivo, el fiscal Jorge Pobre pidió en un primer momento la suspensión de la vista. Sin embargo, la Sala, presidida por la magistrada Pilar Parejo, optó por continuar el juicio y permitir que se reprodujesen en el plenario, “sin perjuicio de la valoración posterior”, los testimonios que ambos prestaron ante el juez instructor y el fiscal en Lanzarote en febrero de 2024, un mes antes de la detención del policía.

La defensa entiende, en cambio, que esos testimonios carecen de cualquier validez, puesto que no se preconstituyó como prueba y las declaraciones se prestaron sin la presencia del abogado del investigado.

Dos bofetones

En aquella comparecencia inicial de febrero de 2024, una de las víctimas, K.L. contó que la agresión se produjo durante una entrevista en el box número 15, en presencia de otro agente de la Policía Nacional y de una intérprete que también han confirmado los hechos en el juicio de este martes, aunque con matices diferentes en sus testimonios.

K.L. relató que al principio de esa entrevista el hoy acusado le trató “bien” y que incluso “fue amable con él”. La entrevista duró una hora. “Respondí a todo, pero cuando me preguntó con quién había venido me pegó”, dijo la víctima, que detalló que recibió dos bofetadas: “La primera en la parte derecha y la segunda en la parte izquierda, pero con menos fuerza”.

En esa declaración ante el juez instructor y el fiscal, K.L. definió al agente como una persona más baja que él y “un poco gruesa”, lo que ha servido al abogado de la defensa para desvirtuar el testimonio, dada la complexión delgada del acusado.

También contó que, después de la agresión, el policía le abrazó y le pidió perdón, diciéndole: “Esto se queda aquí”. “Solo quería contar lo que ha pasado, pero por mi parte yo lo perdono”, decía en ese vídeo reproducido en el plenario el migrante, que al igual que el otro afectado rechazó ser reconocido por los médicos forenses para valorar el alcance de las lesiones y renunció a cualquier tipo de indemnización.

El binomio y la intérprete

En el box donde sucedieron los hechos había otras dos personas. Una de ellas era el compañero del policía acusado (“su binomio”), que estaba concentrado en su ordenador procesando datos. Según manifestó en su declaración como testigo, en un momento de la entrevista el acusado y el migrante comenzaron a “alzar la voz” y pidió a ambos que bajaran el volumen. Con posterioridad, escuchó “un ruido fuerte”, alzó la cabeza y vio a K.L. “con las dos manos en la cara y temblando, en estado de shock”.

El testigo señaló que sacó a su compañero del box y lo reprendió por lo que acababa de hacer, además de ofrecer ayuda médica a la víctima, que “se había operado hace unos meses de la mandíbula”, por lo que tenía bastante dolor.

Por su parte, la intérprete ha ratificado la actitud insistente del acusado para onbtener información y también ha confirmado la agresión. “Vi que (AB) levantó la mano derecha y le dio un bofetón (...) Yo no veía al inmigrante, pero sí que vi a (A.B.) y se oyó un golpe”. Tras apartarse el agente, vio que “el chico estaba así (con la mano en la mandíbula izquierda)”.

La intérprete negó haber dicho “vosotros sólo habláis cuando os pegan”, una frase que le atribuyó la víctima. “De verdad que no. Y además le eché la bronca (al policía). Ese día yo le eché la bronca”, dijo.

Los testigos de referencia

Al margen de los testigos directos de las agresiones, en la vista han declarado (todos por videoconferencia) otros tres funcionarios policiales. Una agente del Fontex recogió las primeras quejas e inició la cadena de reportes (“minutas”, en el argot policial) que concluyeron en la elaboración de un atestado y en la remisión del caso a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional (encargada cuando las responsabilidades disciplinarias pueden trascender al ámbito penal).

El día de los hechos, esta agente vio a K.L. “muy nervioso, a punto de llorar”. El migrante le pidió “un folleto que tiene el Frontex para presentar quejas”. Al día siguiente le confirmó “que había sido agredido por un policía que vestía de paisano” con el chaleco amarillo de alta visibilidad y que tenía “una cicatriz en la parte posterior de la cabeza”, descripción que casaba con la del acusado.

Tras esa denuncia, la misma agente recordó que el día anterior (el 1 de enero) había visto a otros dos inmigrantes en una carpa que, en presencia de un intérprete, le habían dicho que un policía les había pegado. Uno de ellos era N.B., la segunda víctima, cuya declaración ante el juez instructor y el fiscal en febrero de 2024 también ha sido reproducida en el plenario. En esa grabación cuenta que fue agredido (con “tortazos” y patadas) de forma “sorpresiva” por el policía cuando regresaba del baño. “No me dio ningún motivo, sólo me pegó”, relató.

Luego fue un subinspector, jefe del equipo del Frontex y coordinador del operativo, quien llevó a cabo las primeras indagaciones y acabó elevando esas minutas a Asuntos Internos. Antes informó al policía A.B. de las denuncias en su contra. “Permaneció en silencio, agachó la cabeza y no negó los hechos ni dio explicaciones en ese momento”. Luego, siempre según su testimonio, el hoy acusado le llamó para pedirle perdón por “los problemas” que esa actuación le podía causar.

También declaró por videoconferencia el instructor del atestado policial (de la Unidad de Asuntos Internos), que ha defendido la legitimidad de la investigación, los reconocimientos fotográficos y la detención del agente, que se produjo en el aeropuerto de Madrid después de un vuelo de 16 horas. “No fue delante de todos, sino en una sala”, señaló el funcionario, que creyó que hubiera sido más negativo para su imagen haberlo hecho al día siguiente en su puesto de trabajo.

El acusado

El acusado, que ha permanecido impasible durante toda la vista, negó los hechos de los que le acusa. Con respecto de la presunta agresión a K.L., manifestó que se había levantado para coger una botella de agua y que, como veía al migrante “aturdido, atontado”, se le ocurrió “darle una palmada, un gesto leve, a medio metro aproximadamente, para que espabilara”. “Él se agarraba la cara, manifestando que lo había golpeado”.

Con respecto al otro migrante, N.B., se limitó a decir que era “imposible” que eso hubiese ocurrido, puesto que “es imposible salir del CATE” de la manera que sugiere la acusación y el centro “tiene baño”. “No hay ninguna lógica”, concluyó.

Su abogado ha pedido la absolución del policía. Por un lado, cuestiona la instrucción judicial. Entre otras razones porque, según se ha dicho, se habla hasta en ocho ocasiones del secreto de las actuaciones pero no hay ninguna resolución que la decrete. También considera que carecen de validez los testimonios prestados por las víctimas ante el juez instructor, ya que se tomaron sin la presencia del letrado de la defensa.

Por otra parte, ha puesto de relieve las múltiples contradicciones en las que, a su juicio, han incurrido los testigos. Por ejemplo, una víctima habla de dos bofetones y la intérprete, de uno. O se describe al agresor como una persona “con barba” y “grueso”, lo que no coincide con la complexión del acusado.

De tortura a “maltrato de obra”

La defensa pide la absolución de A.B. Sin embargo, de forma subsidiaria y en caso de que quede probado que existió ese bofetón, entiende que los hechos no encajan en el delito de tortura, “al no haber una situación de absoluta dominación”, sino que sería en todo caso “un delito leve de maltrato de obra”.

Para la Fiscalía, en cambio, existen pruebas indiciarias y directas suficientes, como el sonido del golpe, las reacciones físicass y los testimonios de referencia, para desvirtuar la presunción de inocencia.

El representante del Ministerio Público sostiene que se vulneró la integridad moral de los migrantes y que existió un “elemento teleológico”. Es decir, que la agresión perseguía “obtener una confesión, información o castigar al sujeto”.