Onalia Bueno, sobre los informes que Mogán pagó a un exjuez del Supremo para su defensa penal: “La necesidad era municipal”

En menos de 30 segundos y con respuestas telegráficas ha ventilado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), la comparecencia que había solicitado Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) para que explicara en el pleno por qué había cargado a las arcas públicas los dos dictámenes jurídicos que, por un importe total de 17.000 euros, elaboró el magistrado emérito del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde sobre asuntos por los que estaba siendo investigada la regidora en el ámbito penal. “La necesidad era municipal”, se ha limitado a decir Bueno sobre esos informes, pese a que al menos uno de ellos fue aportado y ratificado en sede judicial a petición de sus abogados. 

Como informó hace dos meses Canarias Ahora, el Ayuntamiento de Mogán adjudicó en la primavera de 2024 dos contratos, cada uno de 8.560 euros, al despacho de abogados Montero Aramburu para que su consejero Fernández Valverde, experto en el ámbito de la administración pública, emitiera otros tantos informes jurídicos. Uno de ellos analizaba los contratos menores adjudicados de manera sucesiva y encadenada a dos productoras emparentadas (Etiazul y 21 Bombillas) para la prestación de los servicios municipales de prensa, comunicación y publicidad. El otro, los complementos salariales adjudicados por el gobierno de Bueno a determinados funcionarios a finales de 2015. 

Ambos dictámenes versaban, por lo tanto, sobre asuntos que se dirimían en los juzgados con la alcaldesa como investigada. De hecho, el informe de Fernández Valverde sobre los contratos menores a las productoras fue aportado al procedimiento penal que aún se sustancia en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana sobre ese mismo asunto y el magistrado emérito del Supremo lo ratificó ante la jueza el pasado mes de junio.

En relación con el segundo dictamen, el referido a los complementos específicos de 2015, no hay constancia de que fuera presentado al juzgado, pero el propio despacho Montero Aramburu confirmó a este periódico que, al igual que en el otro caso, el encargo partió del bufete Choclán, que representa a Bueno en la causa donde se investigaba si esos incrementos retributivos (finalmente anulados por sentencia judicial firme) fueron concedidos a un grupo de funcionarios como premio por haber colaborado en la campaña electoral de Ciuca (el partido de la alcaldesa en aquella época). Ese procedimiento penal fue archivado pocos meses después de que el Ayuntamiento de Mogán recibiese el informe de Fernández Valverde.

Las cinco preguntas a Onalia Bueno

El concejal de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) Juan Manuel Gabella había solicitado la comparecencia de la alcaldesa para que contestase en el pleno de este viernes cinco preguntas sobre esos contratos adjudicados al despacho del magistrado emérito del Supremo. Antes de responder, Bueno dio la palabra al secretario municipal para que explicase el reglamento interno sobre comparecencias. Su objetivo era demostrar que el concejal de la oposición no había presentado las preguntas con las 48 horas de antelación requeridas (el pleno comenzó a las diez de la mañana del viernes y Gabella presentó las preguntas, que no la solicitud de comparecencia, a las once de la noche del miércoles). “Está fuera de plazo, pero aun así le voy a contestar”, dijo la alcaldesa.

Bueno respondió cada una de las preguntas con una frase muy escueta. El concejal de NC le preguntó, en primer lugar, por qué había omitido en uno de esos expedientes de contratación a Montero Aramburu que el objeto de estudio concreto eran las adjudicaciones a Etiazul y 21 Bombillas o que ese dictamen iba a ser aportado en la causa judicial que investiga a la alcaldesa por un presunto delito de prevaricación vinculado a esos mismos contratos. “Era el ejemplo más discutido”, se limitó a contestar la regidora.

En la segunda pregunta, Bueno negó que el informe fuera encargado por el bufete de Choclán, que defiende a la alcaldesa en esa causa penal. Cuando este periódico preguntó a Montero Aramburu por ese dictamen pagado por el Ayuntamiento de Mogán, esta fue la respuesta literal del despacho, facilitada por correo eletrónico: “El despacho de abogados MONTERO ARAMBURU & GÓMEZ-VILLARES ATENCIA recibió, a través del bufete Choclán, el encargo de realizar un informe jurídico en relación con unos contratos menores suscritos por el Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), con la finalidad de ser aportado a un procedimiento penal”.

Sobre el otro informe, el de los complementos específicos concedidos a un grupo de funcionarios afines a finales de 2015, a los pocos meses de comenzar su primer mandato, la alcaldesa de Mogán afirmó que no tenía “nada que ver” con el procedimiento penal que investigó en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana esos mismos sobresueldos. También negó que ese dictamen hubiera sido encargado por el despacho de Choclán.

Como en el primer informe, la respuesta ofrecida en su momento por Montero Aramburu a Canarias Ahora dista de la manifestada este viernes por la alcaldesa en el pleno. Desde ese despacho señalaron a este periódico, esa vez a través de una conversación telefónica, que ese dictamen también respondía a las necesidades de los abogados penalistas de Onalia Bueno. Además, el asunto no revestía ningún interés en vía administrativa puesto que los complementos específicos otorgados a esos funcionarios en 2015 ya habían sido anulados por sentencia judicial que es firme desde 2018.

En su respuesta a la última pregunta, Bueno sostuvo que ambos dictámenes respondían a “necesidades municipales, no particulares”, sin explicar a qué necesidades concretas se refería.

Además, acusó a Gabella de estar detrás de las denuncias de esas causas penales. Sin embargo, la investigación sobre los contratos menores a las productoras se abrió tras una denuncia de la Fiscalia (que a su vez había recibido un escrito y documentación de Podemos) y la de los sobresueldos, a raíz de un informe de la Guardia Civil en el marco de la causa original (también archivada) sobre la trama de compra de votos en las elecciones de 2015.