Mi discapacidad no vota por partes

Hay preguntas que incomodan. Y quizá por eso mismo son necesarias.

¿Puede una mujer respaldar políticamente a una formación que plantea derogar la legislación específica contra la violencia de género sin preguntarse qué consecuencias tendría esa decisión? ¿Puede una persona con discapacidad apoyar a un partido sin detenerse a examinar qué propone sobre sus derechos, su autonomía y su inclusión? ¿Puede alguien del colectivo LGTBI respaldar un proyecto político que plantea derogar leyes que reconocen y protegen a ese colectivo sin preguntarse qué supondría para su propia vida?

Por supuesto que puede. Vivimos en democracia y nadie tiene que justificar su voto por pertenecer a un determinado grupo social. Ser mujer, tener una discapacidad o ser LGTBI no obliga a pensar de una manera concreta, ni convierte a nadie en propiedad electoral de ningún partido.

Pero hay algo que sí deberíamos exigirnos: pensar. Pensar antes de respaldar, leer antes de repetir, contrastar antes de dar por buenas las promesas y, sobre todo, no mirar hacia otro lado cuando las propuestas políticas afectan directamente a derechos que también son nuestros.

Porque una cosa es votar en libertad y otra muy distinta hacerlo sin preguntarnos qué estamos contribuyendo a construir.

La discapacidad no es una nota al pie de la Constitución.

Quiero detenerme especialmente en la discapacidad, porque hay cuestiones que no deberíamos permitir que se conviertan en una discusión secundaria o en una simple disputa de siglas.

El 18 de enero de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución. Se sustituyó una terminología que resultaba ofensiva y desfasada por un reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos, y se incorporaron principios fundamentales como la autonomía personal, la inclusión social, la accesibilidad universal y la igualdad real y efectiva. La reforma obtuvo 312 votos favorables y 32 en contra. Vox votó en contra.

Conviene explicar también que Vox justificó su rechazo por discrepancias con el contenido y el procedimiento de la reforma, y sostuvo que no se oponía a cambiar la terminología. Ese matiz debe conocerse. Pero también debe conocerse el resultado de la votación y lo que estaba en juego.

Porque el artículo 49 no es una frase bonita para colocar en un discurso institucional. Es el reconocimiento constitucional de que las personas con discapacidad no somos ciudadanos de segunda, no somos una carga y no estamos aquí para conformarnos con que alguien tenga la buena voluntad de atendernos. Somos ciudadanos con derechos.

Y cuando hablamos de derechos constitucionales hablamos de algo que debería estar por encima de la conveniencia electoral, de las simpatías partidistas y de las disputas ideológicas.

En Canarias conocemos demasiado bien la distancia que puede existir entre el reconocimiento de un derecho y su cumplimiento. En el Parlamento autonómico se han denunciado retrasos de hasta 18 meses y más de 40.000 expedientes pendientes de valoración de la discapacidad durante 2025. Detrás de esas cifras no hay números: hay personas esperando respuestas, familias pendientes de una resolución y vidas que no pueden ponerse en pausa mientras la Administración llega.

Por eso me parece imprescindible que quienes tenemos una discapacidad examinemos con atención qué propone cada formación política. Y también que no nos conformemos con encontrar en un programa electoral algunas medidas que nos favorezcan. Vox, por ejemplo, ha incluido propuestas relacionadas con la dependencia, la atención domiciliaria, la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad digital. Esas propuestas deben valorarse. Pero también hay que examinar sus posiciones y sus votos cuando se trata de ampliar o proteger derechos.

En junio de 2025, Vox Canarias aclaró que no se oponía a reformar la Ley de Accesibilidad, pero rechazaba el texto de consenso por sus discrepancias con cuestiones que vinculaba a la ideología de género y a la Agenda 2030. La cuestión que merece reflexión no es atribuirle una oposición que ha negado, sino preguntarnos qué ocurre cuando una discrepancia ideológica termina condicionando el respaldo a un texto que pretende mejorar la accesibilidad.

¿De verdad podemos permitirnos que la accesibilidad, la autonomía o la igualdad queden atrapadas en una batalla ideológica?

¿Vamos a conformarnos con que un partido incluya algunas medidas para las personas con discapacidad mientras dejamos de examinar el resto de sus decisiones? ¿Vamos a defender nuestros derechos por capítulos, escogiendo solamente aquellos que nos interesan?

Mi discapacidad no vota por partes. Mis derechos tampoco deberían defenderse por partes.

Ser mujer no debería exigir mirar hacia otro lado.

A las mujeres también les debemos una reflexión que no puede quedarse en una discusión de titulares.

Vox ha planteado derogar la legislación específica contra la violencia de género y sustituirla por un marco general de violencia doméstica. También ha defendido eliminar el Ministerio de Igualdad y ha cuestionado el actual modelo de políticas de igualdad.

Podemos discutir modelos, instituciones, presupuestos y resultados. Todo eso forma parte del debate democrático. Lo que no deberíamos hacer es tratar la protección frente a la violencia como si fuera una cuestión menor, una concesión política o una simple etiqueta ideológica.

En febrero de 2025, Vox no respaldó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla 462 medidas. Ese dato también merece ser conocido y examinado.

Y aquí hay una pregunta que no debería incomodar solamente a quienes sufren violencia, sino a toda la sociedad: ¿qué significa respaldar una propuesta que pretende cambiar el marco específico de protección de las mujeres sin preguntarse qué mecanismos se mantienen, ¿cuáles desaparecen y qué consecuencias puede tener para quienes necesitan ayuda?

No todas las mujeres piensan igual. No tienen por qué hacerlo. Pero ninguna debería tener que renunciar a examinar las políticas que pueden afectar a su seguridad, su libertad y su igualdad.

Porque la violencia no pregunta a quién votaste antes de entrar en una casa.

Y llegamos a una realidad que tampoco admite demasiados rodeos.

Vox ha planteado derogar las leyes LGTBI y trans. No hablamos de una interpretación interesada ni de una sospecha sobre sus intenciones: hablamos de propuestas políticas recogidas en su programa electoral.

Quien forma parte del colectivo LGTBI puede tener cualquier ideología, cualquier sensibilidad y cualquier preferencia electoral. Faltaría más. Pero merece la pena detenerse a pensar qué significa respaldar un proyecto que plantea derogar normas que reconocen y protegen derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación.

¿Estamos seguros de que conocemos el alcance de esas propuestas? ¿Hemos pensado qué protecciones podrían verse afectadas? ¿Nos hemos preguntado si aquello que hoy consideramos garantizado podría dejar de estarlo?

La libertad de cada persona para vivir su identidad y expresar a quién ama no debería depender de que sus derechos encajen en las prioridades ideológicas de quienes gobiernan.

Y no, no se trata de exigir que todo el colectivo piense igual. Se trata de recordar que la diversidad también incluye el derecho a disentir, pero que ese derecho no debería impedirnos examinar las consecuencias de las políticas que respaldamos.

El voto es libre. La reflexión también debería serlo.

No escribo esto para repartir carnés de coherencia, señalar a quienes votan de una determinada manera ni dictar a nadie qué papeleta debe introducir en una urna. Sería contradictorio defender la libertad y pretender limitarla cuando alguien piensa diferente.

Lo escribo porque me preocupa la facilidad con la que, a veces, dejamos de examinar aquello que no nos conviene mirar. Porque podemos pasar horas discutiendo sobre una promesa económica, una frase contundente o un enfrentamiento político y, sin embargo, dedicar muy poco tiempo a leer qué se propone sobre nuestros derechos.

También porque ningún partido debería quedar exento de escrutinio. Ni por sus siglas, ni por su discurso, ni por presentarse como defensor de quienes considera olvidados. Las propuestas se leen, las votaciones se comprueban y las consecuencias se valoran. Y eso debe hacerse con todos.

A las mujeres, a las personas con discapacidad y al colectivo LGTBI les diría algo muy sencillo: no permitamos que nadie nos trate como un bloque electoral, pero tampoco renunciemos a nuestra responsabilidad de conocer aquello que puede afectar a nuestras vidas.

No basta con preguntarnos qué partido nos gusta. También deberíamos preguntarnos qué derechos está dispuesto a proteger, cuáles pretende modificar y qué garantías ofrece cuando esos derechos dejan de ser una prioridad.

Porque quizá el problema no sea que una persona vote diferente a nosotros. El problema aparece cuando dejamos de hacernos preguntas, cuando aceptamos contradicciones sin examinarlas y cuando creemos que los derechos conquistados son tan sólidos que nadie podrá arrebatárnoslos.

Los derechos no suelen desaparecer todos de golpe. A veces se debilitan poco a poco: primero se cuestionan, después se convierten en objeto de disputa y, finalmente, alguien descubre que aquello que creía garantizado ya no lo está.

Y entonces quizá sea demasiado tarde para preguntarse por qué nadie advirtió de lo que podía ocurrir.

No le pido a nadie que vote como yo. Le pido que no deje de pensar cuando vote.