El laicismo también se presenta a las elecciones del 29-N
Cada vez que se convocan elecciones, los partidos políticos nos presentan sus programas electorales como una declaración de intenciones, un compromiso con la ciudadanía y, supuestamente, una hoja de ruta de lo que pretenden hacer si obtienen la confianza de los electores. Sin embargo, hay cuestiones que, elección tras elección, continúan ocupando un lugar secundario, cuando no desaparecen prácticamente de sus propuestas. Una de ellas es el laicismo.
Desde Europa Laica hemos querido examinar qué plantean las distintas candidaturas que concurren a las elecciones del próximo 29-N en relación con la necesaria separación entre las instituciones del Estado y las confesiones religiosas, la igualdad de derechos y la libertad de conciencia de toda la ciudadanía. Y lo que hemos encontrado merece una reflexión.
No estamos hablando de una cuestión menor, ni de una reivindicación particular de quienes no profesamos ninguna religión. Estamos hablando de democracia, de igualdad ante la ley, de derechos ciudadanos y de la calidad de nuestras instituciones. Estamos hablando, en definitiva, de construir un Estado verdaderamente democrático, en el que ninguna confesión religiosa disponga de privilegios ni de una posición de excepcionalidad frente al conjunto de la sociedad.
Nuestro análisis se ha organizado en torno a seis grandes ámbitos: la separación Iglesia-Estado y la revisión de los acuerdos con la Santa Sede; la financiación pública y los privilegios económicos de la Iglesia católica; la educación y la presencia de la religión en la escuela; las inmatriculaciones y la recuperación del patrimonio público; la libertad de conciencia y la legislación que debe garantizarla; y, finalmente, los abusos cometidos en el ámbito eclesiástico, la memoria y las medidas de reparación a las víctimas.
El resultado es bastante desigual. Hay candidaturas que incorporan propuestas y compromisos explícitos en buena parte de estas materias. Podemos, Adelante Andalucía y Compromís-Front Valencià presentan planteamientos especialmente significativos, mientras que el Frente Amplio recoge también compromisos amplios en materia de laicismo. El BNG mantiene propuestas claras en cuestiones fundamentales, particularmente en relación con los acuerdos con el Vaticano y la escuela laica. Otras formaciones, como ERC, incorporan compromisos parciales que, aun siendo relevantes, no ofrecen una respuesta integral a las demandas del laicismo.
En otros programas, sin embargo, encontramos silencios, formulaciones genéricas o ausencia de compromisos suficientemente concretos. Es el caso de candidaturas como PSOE, PP, VOX, PNV y Coalición Canaria en las cuestiones examinadas. Respecto a otras formaciones, como EH Bildu, Junts o UPC, nuestro trabajo de contraste debe completarse antes de establecer una valoración definitiva. Queda pendiente, por tanto, contrastar su posición mediante una respuesta directa a las propuestas de Europa Laica y comprobar si existen compromisos complementarios no recogidos en el programa electoral. En el caso de UPC, sí existen posicionamientos al respecto de los partidos que componen la coalición electoral (NC-BC, Podemos, IU, Sumar y el apoyo del Partido Verde).
Conviene aclarar que no estamos elaborando un ranking electoral ni pretendemos sustituir la decisión de los votantes. Estamos poniendo sobre la mesa compromisos, ausencias y contradicciones a partir de los documentos electorales examinados. Y lo hacemos con una premisa: las palabras y las buenas intenciones no bastan. Queremos propuestas concretas, plazos y voluntad política para llevarlas a la práctica.
Porque ¿cómo se puede hablar de igualdad si se mantienen los privilegios fiscales y económicos de una determinada confesión religiosa? ¿Cómo podemos defender una educación pública inclusiva y respetuosa con la libertad de conciencia mientras se mantiene la religión confesional en los centros educativos y se financian con fondos públicos centros que segregan al alumnado? ¿Cómo se puede hablar de transparencia y de defensa del patrimonio común sin abordar definitivamente las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica? ¿Cómo se puede defender la libertad de conciencia sin una Ley que la garantice para todas las personas, sean creyentes o no creyentes?
Tampoco podemos olvidar la necesidad de afrontar, con verdad, justicia y reparación, los abusos cometidos en el seno de instituciones religiosas. Las víctimas tienen derecho a que se reconozca su sufrimiento y a que se asuman las responsabilidades correspondientes, sin privilegios, encubrimientos ni tratamientos de favor.
En este contexto, Europa Laica ha dado un paso más. Desde el momento de la convocatoria de las elecciones, enviamos una carta a todos los grupos parlamentarios con las propuestas de Europa Laica para los programas electorales. El pasado 19 de noviembre remitimos una carta común a las catorce candidaturas analizadas, acompañada de una ficha anexa, solicitándoles que concreten sus compromisos programáticos en materia de laicismo. No nos conformamos con interpretaciones sobre lo que un partido podría hacer o con declaraciones generales de principios. Queremos conocer qué medidas está dispuesto a impulsar cada uno, qué posición mantiene sobre los acuerdos con la Santa Sede, la financiación de la Iglesia, la educación, las inmatriculaciones y el conjunto de cuestiones que afectan a la libertad de conciencia. Es una iniciativa que pretende contribuir al debate democrático y que mantendremos abierta, incorporando las respuestas que recibamos y actualizando nuestras valoraciones.
Hay algo que me parece especialmente importante subrayar. La aconfesionalidad que establece nuestra Constitución no puede convertirse en una excusa para perpetuar una situación de privilegio histórico. El artículo 16.3 señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo, más de cuatro décadas después de aprobada la Constitución, seguimos arrastrando acuerdos con la Santa Sede, privilegios económicos, presencia institucional de la Iglesia y una influencia confesional que no se corresponde con una sociedad plural y diversa.
No se trata de cuestionar las creencias religiosas de nadie, ni de limitar el derecho de las personas a practicar libremente su religión. Se trata precisamente de lo contrario: de garantizar que todas las personas puedan ejercer su libertad de conciencia en condiciones de igualdad, sin que las convicciones particulares de unos se impongan al conjunto de la ciudadanía ni condicionen las políticas públicas.
Un Estado laico no es un Estado antirreligioso. Es un Estado que no privilegia ni discrimina por razones de conciencia, que respeta todas las convicciones y que sitúa los derechos ciudadanos por encima de cualquier imposición dogmática. Por eso, el 29-N también tenemos que preguntarnos qué modelo de Estado queremos y qué lugar debe ocupar el laicismo en la democracia que aspiramos a construir.
Desde Europa Laica seguiremos reclamando compromisos, exigiendo coherencia y haciendo seguimiento de lo que las distintas formaciones políticas dicen y, sobre todo, de lo que finalmente hacen. Porque el laicismo no puede quedarse en una promesa electoral ni depender de la mayor o menor sensibilidad de quienes gobiernen.
La libertad de conciencia, la igualdad de derechos y la separación efectiva entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas no son reivindicaciones pendientes de un colectivo. Son exigencias democráticas que afectan al conjunto de la sociedad.