La pinza atlántica contra Canarias y la mordaza a Inés Miranda
Lo que está ocurriendo frente a las costas de Canarias no responde a hechos aislados ni a coyunturas aleatorias. Es una pinza de cuatro tenazas —militar, energética, infraestructural y doméstica— que busca cerrar el Atlántico sahariano y neutralizar cualquier obstáculo geoestratégico. Para que esta operación de dominación sea plenamente eficaz, exige una maniobra paralela en casa: silenciar y desarticular a quienes desde Canarias han mantenido una defensa firme del Sáhara Occidental, del derecho internacional y de la neutralidad de nuestro territorio.
La primera tenaza es estrictamente militar. En Agadir acaba de iniciarse la planificación de African Lion 2027, el mayor ejercicio multinacional del continente, con la participación de más de 45 naciones y despliegues en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Entre los escenarios en estudio figura un entrenamiento sobre armas de destrucción masiva en Agadir y operaciones especiales en Cap Draa. No estamos ante un dispositivo de defensa, sino ante la cobertura doctrinal para intervenciones rápidas en el Sahel bajo la narrativa de la proliferación, la misma que ya ensayó en 2021 ataques simulados contra baterías S-400, el sistema antimisiles rusos que opera Argelia.
La segunda tenaza es energética y define el gran mapa del suministro europeo. Argelia ha lanzado oficialmente la construcción de su tramo del Trans-Saharan Gas Pipeline, un gasoducto de 4.128 kilómetros diseñado para transportar hasta 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural desde Nigeria, atravesando Níger, hasta la costa mediterránea argelina. Representa entre el 6% y el 7% del consumo europeo previo a la guerra en Ucrania, convirtiendo a Argelia en un centro neurálgico ineludible tras el veto al gas ruso y al Sahel en un corredor geoestratégico a asegurar. Quien controle ese tubo y a ello se emplea los EEUU para cautivar mercados, controla el precio de la calefacción en Europa; quien lo desestabilice, encarece la energía mundial.
La tercera tenaza une la infraestructura con el peso de los símbolos. Marruecos ha bautizado como President Donald J. Trump Highway la autopista que conecta Tiznit, El Aaiún y Dajla, un corredor de 1.055 kilómetros que atraviesa el Sáhara Occidental ocupado. El propio rey Mohamed VI confirmó el gesto como homenaje por el reconocimiento norteamericano de 2020. Es el proyecto continuo más largo de África, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y un trazado de unas 655 millas que discurre por la costa atlántica para desembocar en el futuro Puerto Atlántico de Dajla, previsto para 2028. No es una carretera: es la cementación sobre asfalto de la anexión ilegal y la vía de salida atlántica para los recursos del Sahel con la que Rabat pretende competir contra la influencia argelina.
En medio de esta tormenta queda Canarias, situada a 650 kilómetros de las maniobras y a solo 300 de la nueva base del Centro de Adiestramiento y Mantenimiento Técnico de Artillería (AMTEC) de Tan-Tan, concebida como centro permanente de African Lion. Se consolida así el Archipiélago como portaaviones estático y corredor logístico del Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A esta servidumbre militar se suma la disputa por Monte Tropic, el volcán submarino situado a 269 millas de las islas que guarda 2.670 toneladas de telurio, reserva estratégica prioritaria para la Unión Europea, inmersa en la batalla por la extensión de la plataforma continental hasta las 350 millas que enfrenta a Madrid y Rabat.
Y es aquí donde encaja la cuarta tenaza, la operación interior que explica por qué todo se precipita al mismo tiempo. Para que esta arquitectura atlántica funcione sin resistencia canaria, era preciso desactivar el único espacio que mantuvo una solidaridad institucional constante con el Sáhara y una postura firme contra la militarización. Desde finales de 2024, Nueva Canarias vive una crisis orgánica que ha derivado en una ruptura estructural entre el sector oficialista de Román Rodríguez y el sector renovador de Teodoro Sosa. El saldo es de 22 concejales desvinculados para constituir Municipalistas Primero Canarias. No es solo una escisión, sino la implosión del nacionalismo progresista que sostuvo en el Cabildo y en el Parlamento las tesis de la neutralidad activa y del Sáhara como territorio no autónomo.
En este preciso escenario de fragmentación, en plena precampaña electoral y con las distintas fuerzas políticas anunciando sus candidaturas, salta el golpe mediático e institucional. La prensa oligárquica promarroquí en Canarias resalta a toda página el procesamiento de Inés Miranda a cuenta del caso de las Jornadas del Paisaje, resucitando un expediente administrativo de entre 2016 y 2019 con titulares estridentes que la sitúan al borde del banquillo por presunta prevaricación y malversación. La maniobra coincide, además, con la instrumentalización recurrente del drama migratorio en Ceuta como palanca de presión geopolítica por parte de Rabat.
Lo que esa prensa omite sistemáticamente es la trayectoria internacional de Inés Miranda en el plano que realmente incomoda a Rabat y a sus aliados. No es una mera exconsejera de Política Territorial: es la jurista canaria que desde 2003 interviene ante la Cuarta Comisión de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2006 coordinó la Misión de Observación del Consejo General de la Abogacía Española, que denunció en 2014 la sistemática violación de los derechos humanos por la potencia ocupante y que en 2022 acusó al Gobierno español de respaldar un régimen de apartheid y la anexión marroquí. De hecho, hace tan solo unos días, la propia Miranda volvió a organizar el alzar la voz en Nueva York ante la Cuarta Comisión de la ONU, en unas audiencias donde más de medio centenar de peticionarios han recordado que el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y que sus recursos no pueden ser expoliados.
Que se reactive de forma tajante un asunto de apariencia contable de hace una década contra la abogada que acaba de señalar nuevamente a Madrid y a Rabat en las Naciones Unidas, justo cuando se oficializa la autopista Trump y se reconfiguran las listas electorales en las islas, plantea un inquietante juego entre casualidades y causalidades. A buen entendedor, pocas palabras bastan: la judicialización del pasado paisajístico logra objetivamente deslegitimar y neutralizar el presente jurídico internacional.
El círculo se cierra con absoluta precisión: African Lion aporta la fuerza militar, el gasoducto asegura el interés económico, la autopista Trump materializa la ocupación, Canarias aporta el espacio estratégico y la base logística, mientras que la ruptura del nacionalismo de izquierdas y la persecución mediática a sus referentes jurídicos, instrumentalizando la reactivación de un proceso penal judicial que data de hechos de casi diez años, que, repito, tiene más de apariencia de naturaleza contable que criminal y que tendría que haberse resuelto hace tiempo, eliminan la última voz institucional con capacidad de apelar al derecho internacional. Ceuta y Canarias no son meros escenarios de crisis geopolíticas coyunturales, sino piezas de una soberanía instrumentalizada, con la inmigración como ariete de guerra híbrida por parte de Marruecos, en alianza con el sionismo y los Estados Unidos. Y la Cuarta Comisión de la ONU no es un foro decorativo, sino el lugar donde se decide si Monte Tropic, los fosfatos de Bucraa y el puerto de Dajla son el botín de un expolio o el patrimonio imprescriptible de un pueblo por descolonizar. Pretenden dejarnos sin representación política soberana, sin juristas en la ONU y sin memoria territorial, relegando a Canarias a la triste condición de autopista de paso y polígono de tiro imperial.