La alcaldesa de Mogán añora la oficina de Correos que la Guardia Civil registró cuando fue investigada por fraude electoral

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha convertido la falta de una oficina de Correos en Arguineguín en su última batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La sucursal lleva cerrada desde el 25 de mayo y el organismo público ha descartado reabrirla en el local municipal que ocupaba desde 1993. Es la misma oficina que, en agosto de 2019, fue registrada por agentes de la Guardia Civil en busca de documentación sobre el voto por correo, dentro de la investigación por el presunto fraude electoral que llevó a la propia alcaldesa a ser detenida e investigada.

La oficina de Arguineguín tuvo que cerrar después de que unas filtraciones de agua en la cubierta provocaran desprendimientos del techo. El inmueble es de titularidad municipal y estaba cedido a Correos sin coste, según insiste la alcaldesa en un vídeo que ha divulgado en sus cuentas en redes sociales quejándose por la demora en su reapertura.

El pasado 30 de septiembre, Correos comunicó al Consistorio que no entra en sus planes reparar el local y que buscará en consecuencia un nuevo emplazamiento. Esto obliga a los vecinos a desplazarse a Puerto Rico o a San Bartolomé de Tirajana para cualquier gestión postal, insiste la regidora.

Onalia Bueno ha anunciado que promoverá una moción a debatir en el próximo pleno municipal para reclamar al Gobierno de España la recuperación del servicio. Considera intolerable que Correos dude sobre si mantener su presencia en Arguineguín y recuerda que el Ayuntamiento y la empresa pública Gestiona Mogán tienen contratos con la entidad por 1.430.125 euros en tres años. “Vamos a exigir que cuanto antes haya una oficina de Correos operativa en Arguineguín”, sostiene.

Los audios del voto por correo

En mayo de 2019, en plena campaña de las municipales, Canarias Ahora adelantó en exclusiva la grabación de una conversación de abril de ese mismo año en la que la alcaldesa explicaba a un colaborador de su partido, entonces Ciuca, cómo proceder con el voto por correo de los vecinos. El audio lo había difundido por WhatsApp el propio interlocutor, identificado en la causa como J.A.A.

Las instrucciones de Bueno eran muy precisas y en ellas indicaba al elector que no abriera el sobre con la documentación electoral cuando llegara a casa, sino que avisara antes para que ella le dijera cómo actuar. La alcaldesa añade que, si el colaborador reúne los DNI, ella le enviará a alguien para hacer todo el trámite de una vez. “Hay una persona que te lo hace”, se le escucha decir.

En la conversación, el colaborador asegura tener ya 17 votos por correo comprometidos y otros 230 presenciales. La alcaldesa, por su parte, pregunta por vecinos concretos empadronados en el municipio y pide localizarlos.

No era la primera grabación. En 2016, este periódico ya había difundido audios de dos antiguos colaboradores de Ciuca sobre las elecciones de 2015. Fueron los casos de Ramón Trujillo, El Perraya, que relató cómo captaba votos entre los vecinos más vulnerables a cambio de unos 50 euros o de promesas de empleo y vivienda, y José Monzón, Pepe el Japonés, que aseguraba en otro audio haber reunido 383 votos por correo para el partido de la alcaldesa.

Tras la difusión del audio de 2019, Bueno cargó contra sus denunciantes y contra Canarias Ahora, y defendió la limpieza del proceso electoral. Pocos días después, el presidente canario, Fernando Clavijo, y la cúpula de Coalición Canaria la arroparon en un mitin en la plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín.

El voto por correo en Mogán se triplicó en las municipales de 2019 respecto a 2015: casi 1.500 papeletas no presenciales, más del 18% de los votantes. La Guardia Civil remitió al juzgado del sur de la isla más de 500 imágenes de la jornada electoral y la grabación completa de la alcaldesa, y la causa se declaró secreta.

En agosto de 2019, cinco equipos de la policía judicial entraron de forma simultánea en otras tantas oficinas de Correos en busca de documentación: Puerto Rico, Arguineguín, Maspalomas y dos en Vecindario. El segundo informe de los investigadores, de octubre de 2019, se centró en el voto por correspondencia.

En septiembre de 2020, la Guardia Civil registró las dependencias municipales y detuvo a la alcaldesa. Al autorizar el registro, el juez instructor apreció en la investigación hechos objetivos y verificables sobre la presunta compra de votos.

Una causa que nunca llegó a juicio

Pero a pesar de todas estas diligencias y todas estas pruebas, el presunto fraude electoral de Mogán nunca se juzgó. En febrero de 2022, la Fiscalía asumió la tesis de la defensa de Bueno, dirigida por el penalista José Antonio Choclán, y pidió el archivo del delito electoral. Sostuvo que los hechos de 2015 habían prescrito y que no había pruebas suficientes sobre los de 2019. Nueva Canarias, personada como acusación popular, se opuso a la prescripción sin éxito.

El caso se cerró por esa cuestión formal, sin que se llegara a valorar en un juicio el material reunido por la Guardia Civil. La alcaldesa convocó entonces una rueda de prensa en la que se presentó como víctima de una persecución personal por parte de los concejales de Nueva Canarias.