El Gobierno canario pide eliminar las reducciones en la ayuda a la dependencia por cobrar otras prestaciones
El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación de la Ley de Dependencia para eliminar las reducciones automáticas que afectan a los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) por cobrar otras ayudas de naturaleza similar.
La petición ha sido trasladada en una carta remitida al ministro Pablo Bustinduy por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, según ha informado este viernes en un comunicado el Ejecutivo autonómico.
El artículo 31 de la normativa estatal establece que percibir una ayuda de dependencia obliga a restar el importe de cualquier otra prestación del similar naturaleza que el ciudadano reciba otros regímenes públicos.
En base a este mecanismo, se descuenta del importe el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas o el subsidio de ayuda a tercera persona.
Según Delgado, “cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria”.
El Ejecutivo canario considera que estas deducciones “provocan una neutralización del derecho y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente porque las familias acumulan diferentes situaciones complejas de discapacidad y dependencia”.
La consejera ha subrayado que las personas dependientes afrontan gastos relacionados con atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida.
Compatibilidad con todos los grados
El Gobierno canario ha recordado que el debate sobre esta cuestión se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, aunque la propuesta en discusión sólo contempla eliminar estas reducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema (el nuevo Grado III+).
Canarias considera injusto limitar la mejora y reclama que la compatibilidad total entre prestaciones se extienda también a las personas reconocidas en los demás grados porque “también soportan costes muy elevados”.
La administración autonómica ha pedido además que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de una evaluación económica y una previsión de financiación para evitar que el coste recaiga exclusivamente sobre las comunidades autónomas.
Ley de Servicios Sociales de Canarias
Por otra parte, el BOC ha publicado este viernes el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, una reforma orientada a adaptar el funcionamiento, la acreditación y la calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
La modificación permitirá simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable, según el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno de Canarias sostiene que esta medida contribuirá a reforzar la capacidad del sistema para actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.