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La ley canaria de alquiler vacacional frena la oferta, pero no la presión: “La crisis de la vivienda sigue ahí”

Toni Ferrera

20 de mayo de 2026 21:30 h

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Medio año después de la aprobación de la ley canaria de alquiler vacacional, ha transcurrido tiempo suficiente para concluir que la norma ha conseguido frenar el ascenso imparable de los pisos turísticos en las Islas. Así lo indican la estadística oficial y el propio registro de viviendas vacacionales del Archipiélago. Pero hay una pega: ese estancamiento no ha logrado rebajar la enorme presión de la crisis de la vivienda, que ahoga y condena a gran parte de la población.

“No ha pasado mucho tiempo como para que se note el efecto de la regulación. Pero la emergencia habitacional sigue ahí. La saturación sigue ahí…”, comenta Anne Striewe, miembro de la Fundación Canarina, organización que vela por la protección de la naturaleza y el territorio de la Comunidad Autónoma. “Yo percibo lo mismo. No noto mejoría por ningún lado”, agrega Lidia Cruz, presidenta de la asociación vecinal Guanarteme se Mueve, en Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias ha pasado de contabilizar 74.500 viviendas vacacionales en el Registro General Turístico de Canarias a tener 73.400. Es un decrecimiento de poco más de 1.100 viviendas en seis meses. Los pisos turísticos “disponibles”, es decir, aquellos que se han reservado al menos una vez durante el mismo mes de referencia o el anterior, han pasado de 42.367 en abril a 47.117 en diciembre, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

La reducción era esperada. La nueva norma obliga a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas que regulen por primera vez la vivienda turística en sus municipios. Mientras no lo hagan, no puede expedirse ni una sola licencia. Hasta ahora, solo Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Granadilla de Abona han cumplido con ese requisito (ya habían acordado sus planes antes de la entrada en vigor de la ley) y, de momento, ningún otro consistorio ha seguido sus pasos.

El Gobierno de Canarias ha celebrado las primeras consecuencias. Fuentes de la Consejería de Turismo y Empleo, liderada por Jessica Bueno, del PP, sostienen que se ha alcanzado el “efecto contención deseado”. Los pisos turísticos “ya no crecen” en 85 de los 88 municipios de las Islas y el Ejecutivo regional tampoco tiene constancia de que lo hagan en las tres localidades que sí han regulado la oferta.

Esas mismas fuentes añaden que la Consejería está “acompañando” a los ayuntamientos en el desarrollo de las ordenanzas mediante “reuniones y coordinación” con la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística. La Federación Canaria de Municipios (FECAM), por su parte, ha señalado que “está negociando” con el Gobierno regional y los grupos parlamentarios la introducción de enmiendas a través del proyecto de ley que agiliza las licencias urbanísticas, “sobre todo en aras de clarificar y homogeneizar lo concerniente a actividades clasificadas”, principal escollo entre las entidades locales y el Ejecutivo autonómico.

Una de las finalidades de la reciente normativa es “contribuir a garantizar la efectividad del derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles”. Pero ese objetivo todavía parece muy lejano, reflexiona Aceysele Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura.

“Yo no he notado ninguna mejora real respecto a los precios del alquiler ni a la oferta de vivienda disponible para vivir. De hecho, conozco varios casos, incluso de amigas cercanas, que han abandonado o van a abandonar la isla por ese motivo: porque les suben el alquiler o las echan”, dice.

En el Archipiélago, según la fuente que se consulte, el alquiler ha subido de una forma u otra. Pero siempre de manera consistente. El portal inmobiliario Idealista calcula que lo ha hecho un 54% desde 2019. La empresa Alquiler Seguro estima que ha crecido un 45%. Y el Ministerio de Vivienda, con datos más desfasados, pero oficiales, sitúa el aumento en cerca del 30%.

Para Chacón, los problemas siguen siendo los mismos. El estancamiento de los pisos turísticos “no se compara ni de cerca”, en su opinión, “con el aumento descontrolado” que se había producido hasta ahora. Y cree que “se necesita algo más que una ley insuficiente para que algo cambie en Canarias”. “Ninguno de los dos últimos gobiernos ha actuado de forma valiente para frenar esta locura que se vive en el Archipiélago, y así estamos”, remacha.

El geógrafo Agustín Cocola, miembro del Grupo de Investigación en Análisis Territorial y Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili, en Catalunya, pide además prudencia ante el “descenso” del alquiler vacacional, que también se está produciendo en la España peninsular.

“Más que una caída clara, lo que estamos viendo en muchos casos es una cierta estabilización tras años de fuerte crecimiento, y eso es bastante normal, esperable. En cualquier caso, esto no implica necesariamente una reducción significativa de la presión sobre el mercado de la vivienda”, razona.

Cocola concluye que “el alquiler turístico ya ha transformado estructuralmente muchos mercados locales y, aunque el crecimiento se frene, el volumen acumulado sigue siendo muy alto. Por tanto, hablaría más de una fase de ajuste que de un cambio de tendencia con efectos claros sobre el acceso a la vivienda”.