Víctima de violencia machista y al borde del desahucio con un niño: ''Ve que hago maletas y se ilusiona. Cree que vamos a una casa nueva''

Cuando su hijo de nueve años la ve haciendo las maletas, se ilusiona. Cree que se mudan a una casa nueva. “Nunca le digo que no sé a dónde voy”, confiesa. María (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene 30 años, se quedó huérfana a los once, es víctima de violencia de género y se enfrenta a una orden de desahucio. Desde 2020, vive en un piso de Santa Cruz de Tenerife junto a su hijo. Al principio pagaba 410 euros al mes. Después, el precio subió a 435, y, ahora, las propietarias quieren echarla para poder alquilar la casa “a precio de mercado” y cobrar 850 euros por ella. “Se espera que me vaya antes de acabar el año”, explica en una entrevista a este periódico.

María cuenta que, cuando ella llegó, la vivienda llevaba vacía dos años. Al principio pagó un total de 2.000 euros, entre la cuota de inmobiliaria y una segunda fianza. “Me dijeron que no era una fianza sino un 'depósito' para que pareciera legal”, recuerda. Además, asegura que las condiciones del piso tampoco son las ideales: “Es como una bodega, está por debajo del suelo. No hay ventanas ni tampoco ventilación”.

“Mi caso es peculiar”, explica María. “Soy familia monomarental, perdí a mi madre cuando tenía once años y a mi padre no lo conocí. No tengo red de apoyo ni una de algún familiar a la que pueda ir. Estoy completamente sola con el niño”. María lleva independizada desde los 18 años, pero ahora no puede. “Cobro el Ingreso Mínimo Vital y hago algún trabajo eventual. Se me queda un sueldo de 1.000 euros. Con ese sueldo no me puedo permitir un alquiler de 900 o 1.000 euros”.

Ella es técnica de Farmacia, pero tampoco puede ejercer su profesión ante las dificultades para conciliar. “Yo estoy sola. De lunes a viernes tengo que llevar a mi hijo al colegio y recogerlo, hasta que sea grande y pueda salir solo del instituto”, añade. 

María es víctima de violencia de género y ha pedido ayuda para salir de la vivienda en la que está porque su agresor “está apenas a 500 metros”. Ha pedido ayuda al Servicio Insular de Atención a la Mujer y está inscrita en el Instituto Canario de la Vivienda. “No me dan ninguna solución. Me dicen que no hay vivienda”. También está inscrita en diferentes programas para acceder a un hogar asequible, como Prohogar o Provivienda. Sin embargo, “la mayoría de los dueños” de estas viviendas “están dejando ese acuerdo para poder subir los alquileres”.

Como superviviente de malos tratos, le han ofrecido la opción desde Cáritas de apuntarse a una lista de espera para acceder a un piso tutelado y compartido con otras madres. “No hay suficientes y no hay habitaciones disponibles”, señala. “La otra alternativa, y la que seguramente me tocará vivir, es ir a un hostal. Primero tendré que costearlo yo y, con el tiempo, recibiría una financiación de Cáritas para poder hacer frente a los pagos”.

Las dificultades para encontrar una vivienda digna en la que vivir con su hijo la han empujado a recibir tratamiento psiquiátrico. “Tomo tres pastillas al día. Antidepresivos y ansiolíticos para poder dormir. Es algo bastante crudo de vivir y de sostener sola”, reconoce María. 

Para su hijo tampoco es sencillo. “Nos mudamos aquí porque su colegio está en Santa Cruz. En ese momento los alquileres no estaban tan altos, pero ya me es imposible”, dice María. Ella lleva semanas guardando su vida en cajas y maletas y vendiendo “casi todo”. “Tengo muchos electrodomésticos, los juguetes de mi hijo… Estoy vendiéndolo casi todo para llevarme ropa y lo justo, porque seguramente acabe en un hostal y no voy a poder llevármelo todo. No tengo esperanza de irme a una vivienda”.

La fecha prevista para el juicio era el pasado 5 de julio, pero se aplazó porque su abogada presentó nueva documentación. La fecha del lanzamiento estaba fijada para el 7 de septiembre, pero no se ejecutó y ahora María está a la espera de nuevas fechas tanto de juicio como de desahucio.

''Una vida digna, no pedimos más''

María ha estado presente tanto en la acampada como en la manifestación organizadas en Tenerife por el derecho a la vivienda. “Es un derecho que nos merecemos todos, que está en la Constitución y que no se está cumpliendo. Me da pena porque sé que mi caso no es el único, que hay muchísimas familias en un sistema que nos está quitando la vida. Todo está muy caro. La gasolina, la comida… Cualquier cosa básica ya es un lujo”, denuncia. “La vivienda es lo mínimo. Debería haber una gestión mejor para poder tener una vida digna. No pedimos más que eso”.

Otra de sus reivindicaciones es que las administraciones muestren “humanidad” hacia las personas que sufren la crisis de vivienda. “Hablé con la Alcaldía y me dijeron que podían escucharme, pero no ayudarme”, reconoce. “Les da igual, somos un número. Me han llegado a decir que hay gente que les habla de quitarse la vida y que eso es el pan de cada día. La frialdad es inhumana, y hay gente que lo está pasando muy mal”.

“Me gustaría que fueran más humanos y busquen soluciones de verdad. No podemos quedarnos en la calle, y menos con menores. Si me pasa algo, nadie está ayudando a que mi hijo tenga una infancia normal”, termina.