Durante años, las dosis demasiado elevadas de flúor y otros componentes en el agua de abasto del municipio de La Guancha y ciertas zonas altas de Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, preocupó, originó cortes puntuales del suministro y obligó a tomar medidas para solucionarlo a medio y largo plazo. Desde finales del siglo XX y principios del XXI, las administraciones apostaron por una planta desalinizadora (EDAS) de aguas subterráneas salobres (no de mar). Una instalación ultramoderna (entonces, claro), de grandes dimensiones, situada en la zona icodense de El Reventón, entre El Amparo y Cueva del Viento, que trataría el líquido de las galerías Hoya del Cedro y Vergara (y del canal de enlace, para un total de 4.000 metros cúbicos diarios), que serviría también para generar energía limpia, para regar los campos (sobre todo, plataneras) de las cercanas localidades de Los Silos y Buenavista y que costaría unos 4 millones de euros.
Y, sí, se hizo: a finales de los 90 se diseñó, en 2002 estaba casi terminada, se inauguró finalmente en 2004 y, sin embargo, lleva dos decenios, 20 años, sin funcionar con, por supuesto, infinidad de anuncios sobre su definitivo aprovechamiento y numerosas críticas cruzadas entre los partidos sobre quién es el culpable de este despilfarro o, como mínimo, pésima planificación.
En el cartel que aún permanece, tras años en los que hubo otros sobre la aportación económica del Estado, esta EDAS se presenta como un proyecto del Consejo Insular de Aguas (Cabildo) y de los ayuntamientos de la comarca de Daute-Isla Baja: Icod, Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista. Nadie se siente culpable tras más de 20 años sin usarse.
No estamos ante un caso como el de los aeropuertos “fantasmas” de Ciudad Real (mil millones de gasto y cerrado de 2012 a 2020, cuando se reconvierte en aeródromo industrial), el de Lérida (95 millones y 4 vuelos a la semana, por lo que se usa como restaurante), la segunda pista del de Málaga (600 millones) o los también más que discutibles de Albacete, Córdoba, Huesca, León, Logroño o Salamanca. Por importantes que sean, desde luego, las comunicaciones aéreas, lo ocurrido con esta desalinizadora no supone lo mismo que estos célebres ejemplos de controvertido uso del dinero de todos básicamente por tratarse de algo tan elemental como el agua y, encima, con la que se usa para el consumo humano y presenta evidentes problemas, aparte del aprovechamiento agrícola.
Sin embargo, el resultado sí es equiparable, ya que, en estos 20 años, y salvo cuando se ha limpiado, lo que más se ha movido en la instalación icodense es la mala hierba (de todo tipo, pero especialmente especies invasoras, como la detestada “hedionda”) que aflora en muchas de sus partes de su interior y, sobre todo, junto al vallado. Una valla y puertas que presentan varios candados, tras las que casi nunca ha habido un operario o trabajador y tan colonizadas por la vegetación en algunas partes que ejercen de malla de sombreo natural, sobre todo en el tramo de más desnivel de la vía que sube al caserío de Montiel.
El manido tópico dice que 20 años no es nada, pero, en este caso, por el camino ha habido nuevos cortes de agua por exceso de flúor, como el decidido el 20 de marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento icodense restringió el consumo por la alta concentración de flúor, que suponía riesgos para la salud, en zonas como Cueva del Viento, Lomo Las Lajas, La Patita, El Pedregal, Los Piquetes, La Florida, Fuente La Vega, La Vega y El Amparo.
¿Y qué ocurre en la actualidad? La planta hidroeléctrica sigue cerrada y sin uso. Los cipreses plantados hace más de dos décadas han crecido de forma portentosa, como si añoraran un cementerio, aunque, en realidad, es un sinónimo casi perfecto para la infraestructura que los acoge. La mala hierba continúa siendo otro de sus habitantes más asiduos y las administraciones anuncian la búsqueda de soluciones, pero, de momento, sin un panorama definitivamente claro.
Eso es lo transmitido, al menos, a Canarias Ahora el pasado jueves por el concejal de Medio Ambiente, Sector Primario, Ganadería, Agricultura, Pesca e Industria de la Ciudad del Drago, Marcos Hernández (Alternativa Icodense), quien se reunió hace “unas semanas” con el Consejo Insular de Aguas. En esa cita, se le transmitió que el gran problema, al menos hasta el verano pasado, de esta instalación ha sido la elevada cantidad de aluminio que porta el agua a tratar, sobre todo de la que venía de la galería Hoya del Cedro. Esto hacía que se rompiesen constantemente las membranas y resultase casi imposible aprovechar el líquido. Según explica, el Cabildo se planteó ceder el equipamiento a la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) para reconvertir la planta para uso exclusivamente agrícola “porque no se puede utilizar para consumo humano”. Sin embargo, y sin que le consten exactamente los motivos, se trata de una opción que tampoco parece muy viable, aunque se apunta a “un proyecto piloto para reducir el aluminio”.
Lo que sí tiene claro es que lo que ha pasado hasta ahora sirve de ejemplo de mala planificación y despilfarro, alertando, entre otras cosas, “del mal mantenimiento de las instalaciones” y de la presencia de especies invasoras, como la citada “hedionda”, de las más dañinas por su constante expansión.
Desde el Cabildo, por el contrario, se indicó este jueves a este periódico que ese “proyecto piloto”, en coordinación con la empresa Aqualia, tiene entidad “internacional” y que el cambio que decidieron el verano pasado consistió en desviar el agua de Hoya del Cedro hacia la comarca Sur con la colaboración de Balten y los propietarios de esa galería. El caudal se ha derivado a la balsa de Lomo del Balo “y da servicio a Guía de Isora y Santiago del Teide para regadío, con un aprovechamiento del 100% tras mezclarse con otras aguas de la desaladora de Fonsalía”.
El Consejo Insular asegura que esta solución no se aplicó antes “porque no teníamos esa desaladora y, ahora, con la declaración de la emergencia hídrica en la Isla, podremos mejorarla aún más”. Mientras, la planta de Icod sigue sin ser aprovechada, aunque recalcan que dicho “proyecto piloto e internacional” permitirá en el futuro “que la electrodiálisis reversible pueda tratar esas aguas con aluminio, pues tenemos muy buenos resultados”. Eso sí, esta iniciativa ya se presentó en 2022 por el anterior gobierno insular y aún no se da una fecha para su conclusión y, por tanto, para que la planta sirva para algo al fin.
Además, indican que, en 2003, la normativa sobre el flúor se hizo más restrictiva y exigente, y la tecnología de la instalación icodense nunca pudo abordar los problemas de flúor y aluminio del agua que le llegaba, lo que no deja en buen lugar la planificación del equipamiento y que se presentara como único en el mundo y ultramoderna en ese momento y, también, durante muchos años después. Mientras, las zonas agrícolas de Daute-Isla Baja siguen esperando el apoyo clave que representaba este equipamiento.
Una larga historia de anuncios y denuncias
En estos más de 20 años, la situación de la EDAS de El Reventón ha servido para que diversos partidos, en su calidad de gobierno u oposición, se culpen de su inutilización y, por ende, del malgasto y errática previsión que representa.
Un ejemplo fueron las críticas del PSOE en el Cabildo en noviembre de 2010, cuando el entonces consejero Juan Miguel Martín Zarza, icodense que formó parte del gobierno local socialista de Juan José Dorta, culpó al gobierno insular (CC) de este “monumento a la mala planificación, pese a que se presentó en 2004 como una de las más punteras instalaciones de desalinización y generación de energía eléctrica del mundo, en palabras de Ricardo Melchior”, entonces presidente.
El entonces de Aguas de aquellos años, Pedro Suárez (PP), hoy presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, explicaba que su inutilización se debía a “la falta de demanda del agua tratada, fundamentalmente por los ayuntamientos, y por la imposibilidad de terminar la prolongación de un emisario submarino en la playa de San Marcos por el rechazo social”. Según dijo, no había ningún problema con la cota de la estación.
En abril de 2011, el entonces alcalde de Icod, Diego Afonso (CC), responsabilizó a la Dirección General de Costas del Gobierno de España (PSOE) por no autorizar la ampliación de ese emisario (presupuestada en 235.726 euros), cuando sí había un acuerdo entre el resto de administraciones (regional, insular y local, todas en manos de CC).
Un año después, en noviembre de 2012, el consejero insular de Aguas, Jesús Morales (CC, pero ya en pacto con el PSOE de Aurelio Abreu) no escondía que se sentía ya “cansado de que Costas y el Gobierno central no le escuchasen” sobre esta planta, de nuevo con el problema del emisario de fondo.
El último gran anuncio se dio el 7 de marzo de 2022, cuando el Consejo Insular de Aguas firmó un convenio de colaboración con la empresa Aqualia para instalar en este equipamiento de Icod una planta piloto de nanofiltración (que es el “proyecto internacional” que se sigue esgrimiendo ahora, pero sin fecha de conclusión) para abordar el problema del aluminio en el caudal de la galería Hoya de Cedro, que supera las 800 pipas por hora (aún no se había desviado al Sur). Así lo anunció el entonces consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, quien recalcaba que esto ya se había logrado para zonas como “los altos de Icod, Cruz de Tarifes y Aripe”.