Ni San Antolines ni Antzar Eguna (Día de gansos) ni Alarde. Lekeitio, Plentzia y Hondarribia, como muchas otras localidades, se quedan por segundo año consecutivo sin su semana de fiestas debido a la situación epidemiológica en Euskadi y a las restricciones de la pandemia. Ambos municipios vizcaínos despedirían el verano con las fiestas de San Antolín este miércoles 1 de septiembre y, en el caso de Lekeitio, se le sumaría el Antzar Eguna durante el fin de semana. Este domingo, el puerto se llenaría de lekeitiarras, visitantes y cuadrillas vestidas de mahón con sus embarcaciones. Todos listos para ver cómo los participantes de la tradición se colocan bajo una maroma que cruza de lado a lado la ría y de la que cuelga un ganso artificial, al que tendrían que agarrar del cuello a fin de permanecer el máximo tiempo posible colgados. Sin embargo, el viernes pasado el Ayuntamiento de Lekeitio anunció que no habría fiestas en la localidad. En Plentzia, la suspensión de todas las fiestas de verano se anunció en julio, aunque el Área de Fiestas del Ayuntamiento adelantó que se pondría el marcha un programa cultural “hasta septiembre” y “con actividades de todo tipo” para “animar y dinamizar el verano en la villa”.

Desde hace varios días, la tasa de incidencia en Lekeitio supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y ya es el municipio de más de 5.000 habitantes con la incidencia acumulada más alta en Euskadi. El jueves pasado el alcalde, Koldo Goitia, expresaba en su cuenta de Twitter que la situación sanitaria en el pueblo “era grave”, ante lo que animó a la población a “un último esfuerzo”. Un día después, el Ayuntamiento publicó las medidas de seguridad de cara a la semana de 'no fiestas'.

A pesar de que las fiestas de los pueblos vecinos también se suspendieron, la incidencia en la localidad pesquera ha ido en aumento, al igual que ha ocurrido en otros municipios, como Vitoria, donde los casos ascendieron una semana después de la celebración de las 'no fiestas' de La Blanca, en las que se produjeron aglomeraciones. De igual manera, las 'no fiestas' supusieron un aumento de los contagios en localidades como Hernani o Markina-Xemein, que alcanzó una incidencia de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes después a sus 'no fiestas' de El Carmen en julio.

Como ya ocurrió el año pasado, a partir de las 20.00 del sábado 4 de septiembre, Lekeitio se cierra. Se instalarán controles en los puntos de acceso al municipio y solo podrán entrar aquellos vehículos cuyos ocupantes residan en la localidad -deberán mostrar el DNI- o aquellas personas que acrediten la necesidad de acceder. Además, el domingo 5, cuando tendría lugar el Antzar Eguna, considerado el día grande las fiestas, los accesos al pueblo se cerrarán hasta las 16.00. En este caso, se prohíbe la entrada de vehículos a excepción de los servicios de urgencias y seguridad. Tampoco se permitirá el acceso exterior de barcos al puerto hasta la misma hora y se suprime el transporte público con destino u origen Lekeitio, que recuperará su horario habitual a las 15.30.

A estas medidas, destinadas a “blindar la seguridad de los ciudadanos”, se les añade un refuerzo del dispositivo policial, tanto de Policía local como de la Ertzaintza, a partir de este miércoles y hasta el Antzar Eguna, domingo, a las 20.00. En esta línea, el Consistorio ha reprogramado a otras fechas todos los actos culturales y deportivos que estaban previstos entre el 1 y el 5 de septiembre. Tampoco se autorizará “ningún evento cultural o deportivo en instalaciones o espacios públicos”, ni se cederán recursos municipales para ello durante la semana de 'no fiestas'. “Como hemos visto en los municipios de alrededor, las celebraciones de las no fiestas han supuesto un aumento considerable en el nivel de incidencia de la COVID-19, aumentando el número de infectados y afectando negativamente a las condiciones sanitarias”, señalaron desde el Ayuntamiento de Lekeitio, e instaron a la ciudadanía a “no celebrar actos festivos” como alternativa a la suspensión de San Antolines y el Antzar Eguna. Este miércoles, ha extendido su petición a los txokos del municipio, a quienes ha solicitado la posibilidad de cerrar del 1 al 5 de septiembre y, en caso de abrir, respetar las medidas de seguridad vigentes.

Verano de incidentes en Plentzia

En el caso de Plentzia, la alcaldesa, Elixabete Uribarri (PNV), adelantó que en el Ayuntamiento tienen previstas varias reuniones de cara a la semana de 'no fiestas' en la localidad, aunque todavía no han anunciado en qué van a consistir las medidas o los dispositivos especiales y, por ahora, no descartan ninguna opción.

A lo largo de todo el verano, en el municipio, en especial en la zona de la playa y el paseo marítimo, han tenido lugar aglomeraciones y botellones de madrugada. El 10 de agosto, la alcaldesa remitió una carta a la Ertzain-etxea de Getxo en la que señalaba que Plentzia “se ha convertido en los últimos tiempos en el lugar elegido por cierta parte de la ciudadanía, que de forma irresponsable e insolidaria”, para “llevar a cabo actos incívicos y de botellón a partir de ciertas horas de la madrugada”, y que los actos incívicos habían “alcanzado cotas altamente preocupantes”. En la misiva, instaba al cuerpo a reforzar su ayuda en el municipio a fin de atajar las aglomeraciones e incidentes que padecía la localidad cada fin de semana. En más de una ocasión, la Ertzaintza ha tenido que intervenir para disolver los botellones en la localidad y quienes se encontraban reunidos -sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad- han respondido varias noches con lanzamientos de botellas y otros objetos a los agentes que intentaban dispersar a los presentes.

En este contexto, una menor denunció una violación ocurrida este domingo en el municipio, ante lo que la Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar al “autor o autores” y todavía no descartan que varias personas agredieran a la joven.

Hondarribia sin Alarde

Tres días después del Antzar Eguna, el 8 de septiembre, el municipio guipuzcoano de Hondarribia se prepararía para su fiesta más importante: el Alarde. Sin embargo, el desfile que conmemora la liberación del pueblo de los franceses en 1638 se ha suspendido por segundo año consecutivo. Alarde Fundazioa anunció la “difícil decisión” a través de sus redes sociales en julio, donde aseguraron que “volverían en 2022 con otra batalla ganada”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hondarribia anunció el miércoles pasado que “no se celebraría actividad festiva alguna” en el municipio, que iniciaría su semana de fiestas el próximo 6 de septiembre. “Quiero dejar claro que en Hondarribia no se organizarán actos festivos. Lo que proponemos desde el Ayuntamiento es darle una continuación a las actividades y la agenda que llevamos en verano”, indicó el alcalde, Txomin Sagarzazu.

A pesar de cancelar todos los actos festivos en la localidad, desde el Consistorio adelantaron que “sí se programarán varias propuestas” culturales, “siempre teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias”. Esto incluirá una exposición de gigantes y cabezudos en la plaza de toros del 30 de agosto al 3 de septiembre, una 'Caravana Escape Room' por las calles del pueblo durante los mismos días y un karaoke, entre otras actividades. “En cuanto a la corporación municipal, actuaremos como el año pasado. No se participará en desfiles de calles y nos sumaremos a los actos eclesiásticos relacionados con el cumplimiento del voto”, añadió el alcalde.

Después de varias semanas sin novedades, la Ertzaintza ha detenido este miércoles a un joven de 20 años de Leioa relacionado con la paliza al lemoaztarra de 23 años en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano el 25 de julio. En total, ya son 16 las personas detenidas, ocho hombres menores de edad, aunque todos ellos con edad de responsabilidad penal, y, con esta nueva detención, ocho hombres adultos. En las próximas horas, el detenido será puesto a disposición del juzgado de Durango que lleva el caso. Para seis arrestados mayores de edad se decretó prisión preventiva, y en el caso de los menores, ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía. Solamente uno de los mayores de edad está en libertad con cargos, obligado a personarse en el juzgado una vez al mes.

Por el momento, la víctima continúa en estado “grave” en el hospital de Cruces, en Barakaldo, y ha tenido que ser reingresada de nuevo a la UCI, después de que la semana pasada decidieran trasladarla a planta. Después de un mes, la investigación de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Amorebieta-Etxano, sigue abierta y los efectivos continúan buscando a todos los presuntos autores de la agresión, en la que, según fuentes policiales, habrían participado unas 20 personas.

En julio, la Ertzaintza apuntó que los agresores formaban parte de una pandilla violenta llamada Los Hermanos Koala, grupo que operaba en el Gran Bilbao y que antes de la paliza al lemoaztarra ya había agredido y robado a “al menos” otras cuatro personas. 

La COVID-19 ha impactado en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, y también lo ha hecho en el número de personas de origen extranjero que migran a Euskadi. A raíz de las limitaciones y restricciones de movilidad, fruto de la pandemia y la situación epidemiológica de la comunidad autónoma, las llegadas de personas de origen extranjero han sufrido un retroceso del 75,8% respecto al año anterior. Entre enero de 2019 y enero de 2020, 19.732 personas de nacionalidad extranjera se empadronaron en Bizkaia, Gipuzkoa o Álava, mientras que en el mismo periodo entre 2020 y 2021, la cifra de nuevos empadronados se ha reducido hasta las 4.777 personas, el dato más bajo desde 2016. Aun así, las personas de origen extranjero ya suponen el 11,1% de la población total vasca (246.501 personas) y más de la mitad son de origen latinoamericano. Son datos de la panorámica sobre población de origen extranjero en Euskadi en 2021, elaborada por el Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi) a partir de los datos del padrón continuo que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este retroceso en las llegadas se ha dado de forma generalizada en todo el país; sin embargo, Euskadi es, junto con Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Asturias o Extremadura, una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de población extranjera y se sitúa por debajo de la media nacional (15,4%). Aquellas con un porcentaje superior al 20% serían Canarias, Catalunya, Comunidad de Madrid, Melilla e Islas Baleares, que es la comunidad con mayor porcentaje de población extranjera respecto al total, un 24,3%.

Según recoge en informe, el peso de las personas de origen extranjero en Euskadi varía en cada una de las tres provincias. Álava es la que cuenta con mayor porcentaje de población nacida en un país extranjero (13%), seguida de Gipuzkoa (11,2%) y por último Bizkaia (10,6%). Sin embargo, en números absolutos, Bizkaia es el territorio donde reside un mayor número de personas de origen extranjero, 121.737 en total, mientras que en Gipuzkoa y Álava son 81.354 y 43.410 personas respectivamente.

Respecto a la procedencia de la población, a 1 de enero de 2021, más de la mitad (51,7%) de las personas de origen extranjero empadronadas en Euskadi ha nacido en un país latinomericano y ocho de los diez principales países de origen son latinoamericanos (Colombia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Paraguay y Brasil). Marruecos encabeza la lista de países de procedencia, aunque las personas originarias del Magreb, la tercera área de procedencia más habitual en la comunidad autónoma, supongan un 14,2% de la población. El segundo lugar de origen más habitual es la Unión Europea (14,8%), con Rumanía como país principal de procedencia, el tercero en la lista de países. Finalmente, África subsahariana representa el 7,1% del total de personas de origen extranjero en Euskadi y Asia, el 6,5%.

La crisis y las restricciones de movilidad como consecuencia de la COVID-19, se explica en el informe, han provocado que Latinoamérica y Magreb sean las áreas de origen más afectadas por el retroceso en las llegadas. Aun así, del total de personas que han llegado el último año, la mayoría procede de algún país latinoamericano (66,8%), seguido de Marruecos, que supone un 16,4% de los nuevos empadronamientos. En concreto, son Colombia y Marruecos los dos países que más han visto crecer su población en Euskadi durante 2020, con 1.146 y 971 personas respectivamente, mientras que el número de personas rumanas y bolivianas empadronadas en la comunidad autónoma se ha reducido en comparación con el periodo previo. 472 personas menos empadronadas respecto al año anterior en el caso de Rumanía y diez menos en el de Bolivia.

Si se atiende a la distribución por sexo, los datos revelan que la población de origen extranjero en Euskadi “es un colectivo ligeramente feminizado”, con más mujeres (52,4%) que hombres (47,6%), aunque esta distribución sufre variaciones según el país de origen. En este sentido, el colectivo africano, tanto de origen subsahariano como magrebí, es mayoritariamente masculino y el informe apunta que “aproximadamente seis de cada diez personas de origen africano son hombres”. Ocurre lo contrario con la población procedente de Latinoamérica: un 61,2% de las personas latinoamericanas empadronadas en Euskadi son mujeres. “Estas diferencias las tenemos que entender teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad vasca y de las oportunidades que cada una de las áreas encuentra a la hora de insertarse en el mercado laboral vasco”, explican desde Ikuspegi. La diferencia principal son “las características del mercado laboral en Euskadi”, puesto que, añaden, “Euskadi no es necesariamente un destino atractivo a nivel laboral para el colectivo extranjero”, pero las personas que llegan “tienden a emplearse en sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura o, más importante en el caso de las mujeres, los cuidados y los servicios en los hogares”.

Así, Latinoamérica “ha sido el área de origen más importante a lo largo de los años, situándose de manera sistemática por encima del 45%”, además de haber ido creciendo hasta llegar a su máximo en 2021. “En la base de estas diferencias nos encontramos con las necesidades que tiene la propia sociedad vasca, la cual demanda una serie de perfiles relacionados en gran parte con el trabajo doméstico o de cuidados”, añade el informe del observatorio. Respecto al resto de áreas de procedencia, el peso de la Unión Europea en Euskadi se ha reducido casi a la mitad en los últimos trece años y ha pasado del 26,8% en 2008 al 14,8% en 2021. En el caso del Magreb, se observa un ligero aumento, del 10,2% en 2008 al 14,2% en 2021.

Cambios en 20 años

Los datos recogidos en el informe del Observatorio Vasco de Inmigración se remontan a 1998, año en el que se inicia y consolida la llegada de personas de origen extranjero a la comunidad autónoma. “Fruto del momento de bonanza y expansión que vivía la economía vasca,  las llegadas de personas de origen extranjero se aceleraron hasta alcanzar los 20.288 nuevos empadronamientos en 2008, la cifra más alta hasta la fecha”, detallan. Entonces llegó la crisis y con ella la recesión económica y el descenso de flujos migratorios. Hasta 2016, con un ligero aumento previo en 2012, las llegadas de población extranjera se redujeron, siendo el periodo de 2013 a 2014 el de “mayor crudeza” y donde se registró un saldo negativo de empadronamientos.

Entre 2015 y 2016 da comienzo el periodo de “recuperación” y gracias a la “mejora de los indicadores macroeconómicos”, los flujos migratorios en Euskadi se reavivaron. “Este incremento fue leve en los primeros momentos, pero adquirió fuerza hasta alcanzar los 19.732 nuevos empadronamientos entre 2019 y 2020”, recoge el informe. En 2020, la COVID-19 ha supuesto un nuevo descenso en la llegada de personas de origen extranjero y será al comienzo de 2022 cuando se observe si la pandemia también ha afectado a los flujos migratorios este año.

“Tenemos las manos abiertas”. Han sido las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre la posición del partido respecto a los recibimientos a expresos de ETA, tras la polémica de la pasada semana a raíz de la salida de Agustín Almaraz de la cárcel de Basauri. Después de la primera reunión de la mesa política de EH Bildu en el nuevo curso político este lunes en Donostia, Otegi ha abierto la puerta al diálogo y ha insistido en que en el partido están “dispuestos a hablar si alguien se siente humillado” o “si su dolor aumenta por determinadas imágenes”, en referencia al vídeo de la bienvenida a Almaraz en Santutxu, compartido por Sortu el pasado lunes en redes sociales.

“Da gusto empezar el curso político escuchando preguntas que no hemos escuchado en los últimos cuarenta años. Todo el mundo conoce nuestra opinión sobre los 'ongi etorri'. ¿Por qué pedirnos una nueva?”, se ha quejado el coordinador general al ser preguntado, y ha insistido en que EH Bildu “está dispuesto a hacer un ejercicio para salir de la trinchera” y para dejar “de mirar el país con ojos y gafas de hace cuarenta años”. “Queremos hablar de futuro”, ha indicado Otegi, aunque ha matizado que la apertura de su partido al diálogo es para tratar “todos los problemas y todos los dolores, humillaciones y sufrimientos” sin distinción. “¿Está todo el mundo dispuesto a hablar del conjunto de humillaciones que hay en el país? Nosotros sí. Estamos dispuestos a buscar todas las soluciones que alivien cualquier sufrimiento”, ha remarcado.

En esta línea, ha especificado que el diálogo al que están abiertos puede darse “de manera discreta” o “en debate público”, y alejado del “otro interés” que existe en “las élites políticas” respecto a este debate. “Si quienes hemos sufrido una u otra situación extrema en el país somos capaces de habilitar espacios para un diálogo constructivo, probablemente nos podamos entender”, ha argumentado Otegi, y ha añadido que el objetivo de EH Bildu es “buscar soluciones para todos”. Ha abogado por soluciones “que alivien a todos” y soluciones “de conjunto, no de parte”, a fin de construir “convivencia y empatía”, pero “teniendo en cuenta todos los factores”. “La pregunta que hago a la otra parte es: ¿están ustedes dispuestos a hablar de las otras humillaciones?”, ha interpelado.

Incidentes en las 'no fiestas'

Tras la sucesión de incidentes en distintos puntos de Euskadi a raíz de las 'no fiestas' de verano, como los ocurridos en Donostia, Gorliz o Bilbao, el coordinador de EH Bildu ha señalado que desde el partido no tienen “interés en buscar culpables” ni en el “debate de trincheras”, sino en “buscar soluciones” al problema.

“No solo se producen incidentes aquí, se producen en todo el planeta. Es un problema complejo que a veces queremos resolver con una receta simple. Hablar de los incidentes es hablar del modelo de ocio que el neoliberalismo ha impuesto a lo largo y ancho del planeta”, ha expuesto Otegi, para quien la búsqueda de culpables “es una herencia muy católica”. A este respecto, ha indicado que el actual modelo de ocio “no puede vivir al margen de determinadas sustancias”, como el alcohol, y que esto también ha de “ponerse encima de la mesa”.

De igual manera, ha considerado que para tratar la cuestión es necesario “hablar de un sector como los jóvenes sin futuro” y de los “alarmantes” niveles de precariedad laboral “impulsados por el neoliberalismo”. Así como del modelo policial, que “no puede hacer frente” a los “actos antisociales” porque “no se puede tener a la gente con ese modelo de ocio hasta la una de la mañana y luego mandarla a casa”. Otegi ha reiterado que este tipo de actos se producen “en Donosti y en La Habana” y que deben combatirse. “Nosotros los rechazamos, pero tratar de simplificar esto en un debate semántico tiene poco interés. O somos capaces de poner todo encima de la mesa o si no estamos en los debates de trinchera”, ha añadido.

Respecto a las nuevas medidas adoptadas por el Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, este lunes, Otegi ha señalado que no tiene “capacidad para juzgar las decisiones” tomadas y que desconoce “sobre qué criterios se basan”. “Seguimos en una pandemia que hay que combatir y la Administración pública tiene que poder tomar sus propias decisiones. La gente ya no sabe muy bien qué puede hacer y qué no, esa es mi impresión”, ha concluido.

Chester Bennington era el vocalista de la banda estadounidense de rock Linkin Park y tenía 41 años cuando en julio de 2017 se quitó la vida. El funeral se celebró el 29 y las muestras de cariño, tristeza y sorpresa dentro y fuera del mundo de la música se sucedieron durante los meses siguientes. Aitzol Miguélez se encontraba en Oviedo, preparando el examen MIR en una academia de la ciudad, cuando ocurrió. Ya sabía que quería dedicarse a la psiquiatría, pero Linkin Park era su grupo favorito y la noticia del suicidio de Chester le impactó tanto que se reafirmó en su decisión. Ahora tiene 28 años y es residente de cuarto año (R4) en la OSI Araba; en concreto trabaja en la sede de Santiago del Hospital Universitario de Álava (HUA), en la ciudad de Vitoria. Olga Iglesias tiene 26, es residente en el mismo hospital y todavía estaba en la carrera cuando se hizo pública la muerte del cantante. Es R1, aún residente de primer año, pero en septiembre dejará su puesto a los recién llegados y pasará a ser R2 . Aitzol comenzó su andadura como profesional de la psiquiatría antes de la crisis sanitaria de la COVID-19 y termina su viaje inmerso en ella. Olga no ha conocido otra forma de ejercer. Cuando empezó, en septiembre de 2020, ya habían pasado seis meses desde el inicio de la pandemia en España.

Para ambos ha sido un periodo de cambios y adaptación, dentro y fuera del servicio, y han tenido que potenciar el cuidado personal para poder aplicarlo después en su trabajo. “Ha sido una época más difícil que cuando empecé la especialidad, porque ha supuesto muchos cambios. Hemos tenido que adaptar consultas y se ha potenciado bastante lo telefónico y lo online”, explica Aitzol. Renunciar a la atención personal ha sido uno de sus retos: “En psiquiatría, el contacto cara a cara y el lenguaje no verbal nos dan mucha información. No es solo el discurso de la persona que tenemos delante. Es ver cómo viste, en qué estado viene, qué comentan sus acompañantes”. A ello se le ha sumado la preocupación dentro del propio servicio, en especial durante los meses de confinamiento en marzo y abril. “Las atenciones bajaron mucho. Nosotros sabíamos que los pacientes graves seguían estando allí y teníamos la incertidumbre de saber cómo estarían en casa, porque muchos centros de día tuvieron que cerrar”, recuerda Aitzol. Para su “sorpresa”, los pacientes con trastorno más graves “aguantaron el confinamiento mejor de lo esperado”. El desgaste, en pacientes y personal del servicio de psiquiatría, llegó después: “Han aflorado patologías, trastornos adaptativos, ansiedad, depresión... afecciones congruentes con el momento que nos ha tocado vivir”.

En psiquiatría, el contacto cara a cara y el lenguaje no verbal nos dan mucha información. No es solo el discurso de la persona que tenemos delante

Aitzol Miguélez — residente de psiquiatría de cuarto año en la OSI Araba

En el caso de Olga, a la pérdida de la presencialidad se le añade la mascarilla durante las entrevistas con los pacientes. “Parece una tontería, pero al tapar la cara se pierden las expresiones de los pacientes y la cercanía. Es como poner una barrera en medio de la comunicación. Tampoco les podemos tocar o dar la mano, lo que sí podríamos hacer en otra situación. Es una distancia añadida”, relata la residente de primer año. Salir de la universidad, el MIR y empezar a trabajar como médico en un año como fue 2020 ha sido “raro”. “Muy raro”, insiste Olga. Ella tendría que haberse incorporado al servicio de psiquiatría en mayo del año pasado, pero la situación epidemiológica pospuso su entrada y la de muchos otros residentes hasta septiembre, cuando tuvo que incorporarse a una unidad “adaptada” a la pandemia. No tenía “una idea formada” de cómo sería su entrada en el mundo de la medicina, pero sí que había esperado un “contacto más estrecho” con los pacientes y su entorno. Ahora, casi un año después, el Hospital Universitario de Álava ha recuperado “prácticamente todas” las consultas presenciales y el trabajo de Olga y Aitzol se aproxima un poco más a lo 'normal'.

Otro aspecto clave en el último año de residencia de Aitzol y el primero de Olga ha sido cuidar su propia salud mental. Dedicar ocho horas diarias, más si tenían guardia, a la de los demás, pero encontrar un espacio para la suya propia. Para el R4 ha supuesto “un aprendizaje” como futuro médico adjunto: “Se viven situaciones tensas de por sí, y la COVID-19 nos ha tensado más. Nos ha obligado a reinventarnos y a acumular estrés añadido. A hacer entrevistas de media hora con el EPI puesto. Son experiencias muy diferentes que tensan y nos obligan a hacer nuestro propio trabajo a nivel personal”. También el servicio en su conjunto se ha visto desgastado. Aitzol explica que “muchos se han infectado”, otros han estado ingresados y han tenido que cuidarse unos a otros. “Si uno no cuida su propia salud mental como profesional, difícilmente va a poder ayudar a los demás. El grupo ha sido muy resiliente y nos hemos ayudado”, recalca. El cómo se han cuidado es similar para ambos residentes. Olga ha optado por buscar “ratos para parar” o para hacer aquello que le gusta y su cuerpo le pide. Sola. “Escucharme y encontrar momentos solo míos”, señala. Aitzol menciona la actividad física, comer bien y “buscar islas de placer personales” cada día. Recalca que no todo el cuidado debe derivarse a lo farmacológico: “Son una muleta muy importante en la que alguien se apoya, pero no son milagrosos ni van a ser los responsables de una mejoría completa, ni tampoco de un empeoramiento. Ayudan, pero hay que hacer más cosas”.

Se viven situaciones tensas de por sí, y la COVID-19 nos ha tensado más. Nos ha obligado a reinventarnos y a acumular estrés añadido

Aitzol Miguélez — residente de psiquiatría de cuarto año en la OSI Araba

Después de un año en el que el 6,4% de la población española ha acudido a un profesional de la salud mental, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los dos residentes del servicio de psiquiatría del HUA consideran que sí se puede extraer una nota positiva: la salud mental en el foco mediático. “Espero que dure, aunque hay veces que soy un tanto pesimista al respecto”, confiesa Aitzol. Para él, es un tema “que lleva muchos años ahí”, pero que “tiende a taparse” y que “realidades como el suicidio o el consumo de tóxicos” no se hablan. “Aquello de lo que no se habla, no existe. Es importante que la gente tome contacto con ello”, insiste el casi medico adjunto. Olga también cree que ha comenzado a “derribarse el tabú”, pero no está segura de si es un verdadero cambio.

Uno de los lugares donde más lo ha notado Aitzol es en el propio hospital, donde existe “un estigma muy importante entre los profesionales de la salud” en cuestiones de salud mental. “Con la pandemia han entrado en contacto con ello. Muchos han tenido problemas de ansiedad e insomnio. Hemos creado programas especiales para apoyar a médicos de las UCI o de urgencias”, explica. Recuerda que muchos compañeros de profesión venían al servicio “afectados” y que “han experimentado por primera vez lo que es un ataque de ansiedad”. “Antes igual venía alguien a la urgencia con una crisis de ansiedad y no le daban tanta credibilidad o se minimizaba, pero al vivirlo en sus propias carnes se han dado cuenta de que existe. Tenemos que seguir trabajando para que la rueda que se ha iniciado sobre salud mental siga girando”, añade el R4.

¿Volverían a escoger la especialidad de psiquiatría después del último año? Un sí rotundo de Aitzol y un sí rotundo de Olga. “Mis emociones y las vivencias que he tenido durante la pandemia me han ayudado a mejorar como profesional. Soy mejor médico”, cree el primero. “Estoy muy contenta con mi decisión y si volviera atrás escogería de nuevo la psiquiatría”, concluye la segunda.

La polémica con los recibimientos a los presos de ETA que salen de la cárcel y regresan a casa se ha reavivado en los últimos días con el caso de Agustín Almaraz, condenado por matar a cuatro personas y que salió de la prisión de Basauri este lunes después de 25 años. Con motivo de su regreso, en el barrio bilbaínao de Santutxu se celebró un recorrido de bienvenida con música, tambores y banderas de 'presoak etxera'. Sortu, partido que integra EH Bildu, se ha quedado solo en la defensa de estos actos. Una de las voces más críticas con su actitud ha sido Consuelo Ordóñez (Caracas, 1959), presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal de Donostia y parlamentario vasco por el Partido Popular asesinado por ETA en 1995. Si bien califica de “victoria” que el año pasado los recibimientos a expresos de ETA se redujesen un 51%, el “pasacalles” con el que recibieron a Agustín Almaraz lo ha sentido como una “provocación indecente”.

¿Estamos ante una nueva forma de 'ongi etorri'?

No creo que estemos ante una nueva modalidad. Lo único que ha cambiado en esta última época es que van más personas a recibirlos a la salida de la cárcel. Eso se debe a dos razones: que ya no pueden hacerles 'ongi etorri' y que todos están más cerca de Euskadi. En 2020 estuvimos comprobando y documentando, y dijimos que habíamos notado un cambio en los 'ongi etorri'. Ya no era como hasta 2019, cuando ellos anunciaban que iba a salir un preso, publicitaban que iban a hacerlo y eran ellos mismos los que grababan los vídeos y sacaban las fotos. Lo hacían con toda la jactancia pública y lo que perseguían era eso, tratarlos como a héroes y que todo el mundo se enterara. El año pasado percibimos que ya no lo publicitaban y nos costaba muchísimo encontrar material de los 'ongi etorri'. De hecho, tenemos incluso fotos de las octavillas que repartían advirtiendo de que nadie grabara, de que nadie sacará fotos y de que no se publicara nada.  

¿Han desaparecido entonces este tipo de actos?

Se han celebrado en clandestinidad. Este año, después de hacer el balance de julio en el Observatorio de Radicalización, podemos decir que han disminuido en un 51% todos los actos en general. Por un lado están los 'ongi etorri', pero también las fiestas populares o la pintadas… Los vamos clasificando y de 'ongi etorri' solo ha habido uno en Iparralde. Es un triunfo. Una victoria después de tantos años de trabajo y de denuncia. Entre todos hemos conseguido, con la presión social y política, que cambien de estrategia. 

Si hay alguien que está detrás de esto, de lo que ha ocurrido ahora, es Sortu. Les acuso a ellos, principalmente, y a la izquierda abertzale

¿Se vio este cambio de estrategia el lunes en Santutxu tras la salida de Agustín Almaraz de la cárcel de Basauri?

Lo que se ha demostrado clarísimamente en Santutxu es que estaban muy rabiosos. Y nos indignamos. Nos dolió todavía más porque es una provocación indecente, porque sí han cambiado de estrategia, aunque es verdad que hasta Otegi reconoció que ya no hacían este tipo de actos. Hasta él lo reconoció. Por eso nos sorprendió tanto. Parece que quisieran camuflarlo y lo veo casi como un experimento, porque es verdad que fue muy parecido a un 'ongi etorri', pero sin llegar serlo. Fue raro. Lo que sí está claro es que le hicieron un pasacalles. Ahora están diciendo en redes sociales que mentimos, que todos los lunes hacen un acto igual por los presos. Es mentira. Los lunes se juntan cuatro colgados sin pasacalles, sin música y sin nada.

El lunes sí hubo música.

Está claro que quien promocionó ese acto y difundió el video fue Sortu Bilbao. Si hay alguien que está detrás de esto, de lo que ha ocurrido ahora, es Sortu. Los acuso a ellos, principalmente, y a la izquierda abertzale. Se ha armado mucho escándalo, pero están recibiendo un varapalo generalizado en la sociedad civil y en el plano político. Están recibiendo otra vez esa presión que necesitamos y que nos viene muy bien, porque con la presión social, mediática, política es como acabamos con los 'ongi etorri'. Lo del lunes evidentemente ha sido una provocación y ha sido muy grave, claro. ¿Estamos cambiando? No lo sé todavía. Lo comprobaremos con el siguiente. 

No hay nada más humillante que ver que están cortando las calles debajo de tu casa, las mismas calles donde asesinaron a tu familiar, para rendir honores, para agradecerle que asesinó a tu familiar

Ha acusado a Sortu de “querer provocar” con recibimientos como el de Santutxu y su publicación en redes sociales.

Por supuesto. Vamos a tener siempre la misma intolerancia contra los que invaden el espacio público, nuestras calles, con cualquier acto de enaltecimiento a ETA o con cualquier simbología etarra. Vamos a seguir denunciando todo. A Aitor Fresnedo (salió de la cárcel el 18 de agosto) no le hicieron 'ongi etorri' y de repente llega este y le hacen un pasacalles. Le hacen un homenaje. Es una jactancia pública, una provocación con la que le dicen “estamos agradeciendo que hayas tenido que pasar por la cárcel por haber asesinado a cuatro personas”. Eso ya sí es un paso atrás muy importante.

¿De qué manera revictimizan a las víctimas?

No hay nada más humillante que ver que están cortando las calles debajo de tu casa, las mismas calles donde asesinaron a tu familiar, para rendir honores, para agradecerle que asesinó a tu familiar y a muchos más. No hay nada más humillante. Nosotros siempre hemos dicho que claro que pueden alegrarse porque sale de la cárcel, pero que lo hagan en sus caseríos, en sus 'herriko taberna' y en sus casas. No en la calle, en las mismas calles donde asesinaron a los nuestros. ¿En qué rincón de Europa o del mundo pasa esto? ¿Diría la Audiencia Nacional lo mismo si lo hicieran con “El Chicle” cuando salga de la cárcel? ¿Diría que es una manifestación de alegría de sus vecinos y familiares en la plaza del pueblo? ¿Estamos locos? Todo el mundo ve claramente que eso es una humillación. No hay nadie que siga justificando sus actos, que siga diciendo semejante barbaridad. Sólo lo dicen la izquierda abertzale y la Audiencia Nacional. Sí, sí, sí. Son los únicos en todo el país que se han quedado defendiendo los 'ongi etorri'.

¿Es una legitimación de la violencia?

Ya sabemos cómo actúa la izquierda abertzale, como los talibanes. Hace las cosas estratégicamente y no hace nada por convencimiento. Si no hacían los 'ongi etorri' les jodía un huevo, porque les hemos chafado una de las cosas que más han mimado y más querían hacer. La jactancia pública, tratarlos como héroes por haber matado, ponerlos como referentes a los más pequeños... Actúan por estrategia y a la vista están las declaraciones de Bakartxo Ruiz. Pero da igual, lo que tenemos que conseguir es que no las hagan, no se puede permitir eso. La Audiencia Nacional pasa olímpicamente y no tiene ningún interés. Es la mejor aliada de la izquierda abertzale y eso también hay que denunciarlo. Porque decir que esto no es un delito de humillación, que son manifestaciones y no nos humilla… son unos sinvergüenzas. Yo ya llevo dos años denunciando a la Audiencia Nacional y la denunciaré de toda la vida. Hacen lo que les da la gana. Dicen la misma barbaridad que la izquierda abertzale. Quiero creer que otra vez la presión y las críticas, aunque sea por pura estrategia y porque les viene mal para su imagen, hagan que no volvamos a ver otro 'ongi etorri'.

Por parte de la izquierda abertzale falta todo. No tienen ni la más mínima humanidad. Todavía no se han dignado a decir que estuvo mal asesinar

Además del fin de los recibimientos, ¿qué tiene que ocurrir para que se dé la convivencia?

Falta todo. Por parte de la izquierda abertzale falta todo. No tienen ni la más mínima humanidad. Todavía no se han dignado a decir que estuvo mal asesinar. Quiero pensar que ese mundo se está quedando cada vez más solo. Todo el día están pidiendo lo que han pedido siempre: la amnistía, que los quieren cerca de casa, 'presoak kalera'... Han pedido siempre impunidad, porque consideran que matar a nuestros familiares fue algo justo y necesario. Siempre han creído que nunca se les tuvo que detener. Pobrecillos, si es que encima han tenido que pagarlo en la cárcel. No han cambiado nada en pro de la convivencia. Pero sí que existe una parte importante de la sociedad civil, vasca y navarra, que cuando ETA estaba matándonos quizá siente que no estuvo a la altura y que ha reaccionado de una forma impresionante. Están haciendo una labor buenísima y gracias a ellos sumo. Si queremos un futuro de cerrar heridas y de que esto no vuelva a ocurrir, en ese mundo todavía queda un ejercicio por hacer: decir que estuvo mal matar. Ni siquiera eso han dicho. Les falta muchísimo recorrido. Ya no podemos ser más generosos. La sociedad no puede ser más generosa, es muy poco lo que pedimos. Todavía quedan mucho trabajo y mucha pedagogía por hacer.

Dentro de EH Bildu, el sector crítico de EA ha denunciado que se sienten “marginados” en la coalición y la “apropiación partidista” de Sortu por no tener en cuenta “la existencia de ideologías y culturas políticas muy diversas”. De hecho, uno de los líderes del sector crítico ha defendido que las acogidas se hagan con discreción.

Bueno. Ya sabemos que EH Bildu es una coalición y ha habido partidos dentro que siempre lo han condenado. Nunca acusaría a estas personas de que no han condenado a ETA. Pero después del último congreso, ¿cómo queda la organización? Sortu es la que manda. Lo que han hecho es disminuir la presencia y el poder de otros partidos. Ya no son nada, prácticamente se han diluido en la nada dentro de la coalición. En EH Bildu quien manda hoy de forma omnipresente es Sortu. No nos engañemos. Manda el partido que el Partido Popular legalizó en junio de 2013.

Usted ha sido crítica con el PP en más de una ocasión por “utilizar” a las víctimas de ETA.  

Mira lo que han hecho. Ayer ya vi las valoraciones del PP, que cargaban contra Marlaska. Es demencial, es de vergüenza y es indecente. Los homenajes más bestias a presos de ETA han ocurrido y se han realizado cuando ellos gobernaban. No hay más que mirar en el Observatorio de Radicalización por años. ¿Nosotros alguna vez hemos acusado al Gobierno? No, a cada cual lo suyo. A ellos claro que les estuvimos acusando y denunciando sietes años y medio, porque estaban cumpliendo todas las exigencias de ETA para dejar de matar e incluso más, por ejemplo la legalización de Sortu. Aun así, nunca hemos echado a ningún gobierno la responsabilidad, ni siquiera a la Administración vasca, que igual tiene más responsabilidad, porque la Ley de Víctimas de Euskadi en su artículo 5 recoge que los poderes públicos tendrán que evitar este tipo de actos. Los 'ongi etorri' más bestias se dieron cuando gobernaba el PP y jamás en la vida le echamos la culpa ni a Zoido ni a Fernández Díaz de que eran los responsables de que esos homenajes ocurrieran, porque no tenían responsabilidad en eso. Ellos no daban los permisos para que se celebraran esos saraos en las calles.

En EH Bildu quien manda hoy de forma omnipresente es Sortu. No nos engañemos. Manda el partido que el Partido Popular legalizó en junio de 2013

¿Tiene la misma visión respecto al nuevo ministro del Interior?

Nunca hemos acusado al gobierno central y menos ahora a Marlaska. El ministro que mejor información nos ha dado y que mejor nos ha tratado. A mí Zoido no me recibía. Marlaska me ha recibido todas las veces que he querido. Y no sólo eso, me ha hecho caso en la política penitenciaria que yo le pedí a julio de 2018. Ha hecho lo que le pedí. Nos ha informado de todo, nadie antes nos había informado de todas las cosas que ocurrían como él. En el PP critican lo que ellos hicieron muchísimo peor. Lo que está haciendo Marlaska, que es cinco veces menos de lo que han hecho ellos, se lo critican. Están obsesionados con Marlaska, solo viven de incitar el odio hacia él. Esa es su política de oposición a este Gobierno y encima utilizan nuestra sagrada causa para sacar rédito político. Ya está bien.

¿De quién es responsabilidad?  

La culpa es de la Audiencia Nacional. Tenemos un artículo, el 578 del Código Penal, pero no les da la gana de aplicarlo. Luego además cogen a un tuitero de un pueblo que no conoce nadie y le aplican el artículo por tuitear barbaridades. Yo nunca voy a denunciar a ningún tuitero por muchas barbaridades que diga. Eso sí lo condenan. Y los actos tan graves que producen tanta indignación no. ¿Cómo no me va a humillar ver cómo al asesino de mi hermano lo están recibiendo con banda, con pasillo, con un escenario, con bengalas? Hay tanto cinismo... 

¿Debería la Audiencia Nacional prohibir actos como el de Santutxu?

La Audiencia Nacional no puede prohibirlos. No se puede prohibir un acto en el que piden la amnistía o que vuelvan a casa. Se puede pedir, es algo lícito. Hacer una marcha por un indeseable, por un asesino en serie, es inmoral, indecente y repugnante, pero es lícito y no se puede prohibir. Nunca hemos pedido la prohibición de nada, soy jurista y tengo un poco de cabeza. Ya sabemos que no se puede pedir eso. 

¿Qué opinión le merece el acercamiento de presos a cárceles vascas? 

Yo nunca que he estado en contra del acercamiento. A mí me la suda dónde cumplan condena los asesinos de mi hermano. Tengo dos en la cárcel y lo único que le pedí a Marlaska es que para acercarlos a cárceles vascas les pidieran que renegaran de ETA y de todo lo significó, que salieran de ese mundo. En pocas palabras: que se arrepintieran de todo lo que fue. No estoy en contra de que les acerquen, me parece una estrategia superinteligente lo que ha hecho Marlaska. Al acercarlos les quita el victimismo. Y ahí es cuando se les han caído las caretas, porque estuvieron un tiempo engañando a una parte de la sociedad hablando de la dispersión y resulta que no. Ahora que los tienen cerca vuelven a las andadas con que los quieren libres, que no tiene que haber nadie en la cárcel. Ellos piden impunidad, pero no vamos a decir nada de los acercamientos. Me parecen bien. 

No estoy en contra de que les acerquen, me parece una estrategia superinteligente lo que ha hecho Marlaska. Al acercarlos les quita el victimismo

Con relación a la dispersión, el martes se viralizó el vídeo de una manifestación de Sare en la que el payaso Porrotx hablaba con la familiar de un preso. 

Denuncié ese vídeo. Y ahora están diciendo que qué poca empatía tengo yo. Ellos han encontrado la empatía que yo no tengo con los asesinos de mi hermano gracias a Porrotx. No es una novedad que estos payasos sean proetarras. Utilizan a los niños, esa es una de las cosas principales que siempre han buscado. ¿Les estaba contando a los niños por qué el preso está cumpliendo 20 años de condena? ¿A que no les estaba contando por qué? Ese es el peligro. Esto es lo que nosotros llevamos denunciando tiempo, que no hay medidas de prevención de la radicalización en Euskadi y Navarra. Es la zona de toda Europa más radicalizada. Sí, con el terrorismo doméstico, pero radicalizada. No hay medidas ni planes estratégicos para prevención de la radicalización. El Gobierno vasco sí tiene un plan para la radicalización del yihadismo. Parece de chiste. Así es como ellos (la izquierda abertzale) van ganando terreno. Tenemos un verdadero problema con las nuevas las generaciones.

Este miércoles, a raíz de sus denuncia en redes del video de Sare, el periódico 'Gara' publicaba una viñeta en la que aparece usted.

Me han sacado horrible, es lo que más rabia me da. Es el mundo al revés y siempre ha sido el mundo al revés. Todo lo que hemos vivido ha sido una locura colectiva infernal y muy dolorosa. Siempre hemos vivido así. “ETA, mátalos” nos gritaban cuando estábamos concentrados por el asesinato o el secuestro de turno. Se ponía una jauría humana enfrente gritándonos. A mí me gritaban “Ordóñez, devuélvenos la bala”. Eso lo hacían en las contramanifestaciones, por la calle y en todos los sitios. Tenía pintadas en mi portal amenazándome. A las víctimas nos llamaban asesinos. Esto es lo que ha pasado y Sortu, con EH Bildu, son la segunda fuerza en Euskadi. Hemos hecho las cosas bastante mal.

¿Ha concluido la lucha contra el terrorismo en Euskadi?

Creo que tenemos un problema de radicalización serio y que no se han tomado medidas. Y ojo, no podemos garantizar que dentro de unos años… Si se les está enseñando que los asesinos en serie son héroes, ¿quién te dice a ti que dentro de unos años esos críos que nacen con la figura de que el terrorista es un héroe para ellos, un referente, no vuelvan de repente a las andadas? ¿Alguien me lo puede garantizar? Nadie puede. Solo sé que estamos jugando con fuego, que no tenemos un plan y que no tenemos medidas de prevención de la radicalización. Los que estamos haciendo una labor de pedagogía somos la sociedad civil. Nada más. Las políticas públicas de memoria del Gobierno vasco van siempre encaminadas a que hay múltiples violencias y que a todos nos une la igualdad en el sufrimiento. No. Nuestro sufrimiento como víctimas del terrorismo es distinto, debemos ser reparadas dentro de su importancia, como debemos y merecemos. A todos nos une la empatía. Con otras víctimas, la solidaridad es máxima, pero el tratamiento tiene que ser diferenciado. Hemos conseguido que ETA no nos mate, pero el culto al terrorista, al etarra, sigue intacto. Esta gente no ha hecho ningún recorrido. Los tratan como a héroes y es porque lo sienten así, los quieren junto a ellos en primera fila. Imagina esto con los yihadistas. ¿Sería lo mismo? Es impensable. 

La Ertzaintza ha desalojado este viernes de madrugada una fiesta “multitudinaria” que se estaba celebrando en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Astigarraga y en la podrían haber participado “más de 500 personas”, según ha informado el cuerpo. Varios vecinos de la zona alertaron a los ertzainas de que se estaba celebrando una fiesta y al personarse en el lugar, las patrullas encontraron a “centenares” de personas reunidas y que habían acudido allí en vehículos particulares, taxis y autobuses privados organizados para desplazarse hasta el evento.

El aviso se produjo a la 1.30 de la madrugada y ya en el caserío la Ertzaintza comprobó que había centenares de jóvenes tanto en los exteriores de la casa como en el interior. También había “autobuses privados aparcados, taxis que accedían a la zona y más personas que llegaban en sus vehículos particulares”. Los agentes calculan que podrían haberse reunido “más de 500 personas” en el lugar para celebrar una fiesta “ilegal”. Una vez allí, procedieron a identificar a más de 150 asistentes mientras abandonaban el lugar.

El responsable del evento, que se encontraba también en el caserío y fue identificado como tal, explicó que se trataba de una fiesta privada a la cual se podía acceder tras el pago de una entrada y que en el interior también se servían bebidas. Además, los agentes comprobaron que tenían un escenario instalado en el exterior del caserío y las patrullas decomisaron varios elementos de la fiesta, “como bafles, una máquina de humos y elementos de iluminación”.

Por ahora, en la Ertzain-etxea de Hernani están realizando labores de investigación “para la apertura de un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, con motivo de la fiesta ilegal. Por su parte, la Ertzaintza ha informado de que la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa ha instalado un control en las cercanías para realizar test de alcoholemia y drogas a todos aquellos conductores que han abandonado la fiesta. 

La fiesta en Astigarraga no ha sido la única. La Ertzaintza también ha confirmado que esta madrugada 16 personas han sido indetificadas en Zumaia, otra localidad guipuzcoana, por econtrarse agrupadas con música y consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Todas han sido denunciadas “por incumplimiento de la normativa sanitaria provocada por la COVID-19”.

“Actitudes repulsivas”. Así ha calificado Iñigo Urkullu las declaraciones vertidas por Sortu sobre los recibimientos a expresos de ETA. “Este martes hemos recibido una grave acusación quienes hemos criticado, no ahora sino siempre, los 'ongi etorri' por reforzar a 'los enemigos de la paz'. Hemos escuchado declaraciones públicas afirmando que ni un paso atrás”, ha expuesto el lehendakari en un comunicado publicado en sus redes sociales. Se refiere a la salida de la cárcel de Basauri del expreso de ETA Agustín Almaraz y a la posterior celebración por las calles de Santutxu esta semana. En un vídeo publicado por Sortu este martes, se ve a decenas de personas recorriendo las calles del barrio bilbaíno con banderas de 'presoak etxera', tambores, 'txistus' y música.

Tras la publicación del vídeo en la cuenta de Twitter del partido, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en Euskadi (Covite) y su presidenta, Consuelo Ordóñez, denunciaron el acto y lo calificaron de “pasacalles”. Ante las críticas, Sortu respondió con un comunicado en el que acusaba a quienes se oponen a los recibimientos de querer imponer un “relato de vencedores y vencidos”. Este viernes, Iñigo Urkullu se ha sumado a la condena y ha reiterado que sí es necesario dialogar, pero a fin de “exigir una valoración”, que considera aún “pendiente”, y “un reconocimiento del daño injusto causado”. En esta línea, ha recordado que debe cumplirse “la voluntad mayoritariamente expresada en el Parlamento Vasco” respecto a los 'ongi etorri'.

“Debemos compartir una base ética que destierre para siempre estas actitudes que violan los esfuerzos por una convivencia integral”, ha remarcado el lehendakari, y ha añadido que “lo fundamental” para ello es “construir una sociedad desde la base firme de unos principios y valores compartidos”. Con estas declaraciones, Urkullu ha criticado tanto la defensa de los recibimientos como los incidentes con la Ertzaintza a raíz de las 'no fiestas' en Bilbao.

Altercados contra a la Ertzaintza

En la víspera del último fin de semana de la 'no Aste Nagusia' en Bilbao, la Ertzaintza ha detenido en la villa a cuatro personas la madrugada de este viernes por un “presunto delito de atentado a agentes de la autoridad”, según ha informado el Departamento de Seguridad. Los hechos han ocurrido a las tres y media de la mañana, durante el recorrido de vigilancia y control del dispositivo policial por diversas calles del barrio de Bilbao La Vieja.

Ya en las cercanías del barrio, varios agentes de una de las patrullas se acercaron a identificar a un grupo de personas a las que “a lo largo de la noche se las había visto juntas en diferentes lugares de la zona” y se les había solicitado que se disolvieran en más de una ocasión, puesto que “no estaban respetando las medidas”. El grupo “había hecho caso omiso” a los requerimientos de los ertzainas, que se acercaron para identificarlos. En ese momento, varias de las personas congregadas “han agredido a los agentes”, a quienes han injuriado y rodeado, y “ha sido necesario el apoyo de más recursos policiales”.

El lehendakari ha condenado lo ocurrido “sin matices” y ha señalado que “no hay lugar a palabras ni conceptos que suponen una ofensa al sentido común y a la dignidad de la mayoría de la sociedad vasca”. Por el momento, cuatro varones de entre 23 y 29 años han sido detenidos, acusados de un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y uno de ellos por un presunto delito de desobediencia grave. En las próximas horas serán puestos a disposición judicial.

La pasada semana, a raíz de altercados similares producidos en las 'no fiestas' de Donostia, donde varios establecimientos del centro amanecieron con los cristales de sus escaparates rotos, el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana redactó una declaración institucional de rechazo y condena a los incidentes. Todos los grupos municipales (PNV, PSE, Elkarrekin Donostia y PP) se sumaron a la firma de la declaración, a excepción de EH Bildu, que propuso una declaración alternativa. En ella, expusieron “sus más enérgico rechazo a los actos vandálicos” e hicieron un llamamiento “a toda la ciudadanía” para que “prevalezca el bien común ante actitudes individuales”. Por su parte, el lehendakari ha considerado la negativa de EH Bildu a firmar la declaración institucional como “un desmarque” que “distrae de la verdadera causa y responsabilidad”.

Casi todas las naves del polígono industrial Ugaldeguren, en la localidad vizcaína de Zamudio, tienen la persiana bajada para las cinco de la tarde. Los trabajadores salen por las puertas traseras de las diferentes empresas, montados en sus coches, y hay poco movimiento en la zona, a excepción de tres o cuatro camiones. En uno de los pabellones, la empresa de Ajos y Cebollas Txorierri sigue abierta. Cajas de piel de cebolla se amontonan en la entrada, junto al camión de reparto de color verde, el mismo que el del cartel que preside la entrada. Dentro, más cajas. Esta vez con ajos y cebollas guardados en mallas moradas y naranjas. Dos empleados, un hombre y una mujer, pelan las verduras con las manos. El olor es fuerte. Uno de los empleados explica que hasta la seis “no llega el jefe”. La semana pasada, el dueño de Ajos y Cebollas Txorrieri, A. Rodríguez, que finalmente ha llegado a la seis, fue detenido por la Policía Nacional por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Fueron los propios empleados los que acudieron a denunciar su situación a la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao, según recoge el documento elaborado por el cuerpo y que se hizo público este miércoles. En él, se explica que el dueño de la empresa “no había formalizado contrato alguno” a sus empleados, ya que carecían del permiso de residencia, y que su sueldo era de cinco euros por hora “efectiva” trabajada. Además, los trabajadores relataron que el acusado les sometía “ocasionalmente” a lo que él llamaba “maratones”, que consistían en jornadas de trabajo que superaban las 24 horas: de 7.00 de la mañana a 9.00 de la mañana del día siguiente. 26 horas en total, además de estar obligados a pasar toda la noche encerrados en la nave. En la denuncia, también consta que, en caso de sufrir algún tipo de accidente laboral que precisase atención médica, el dueño “les aleccionaba para que no mencionaran ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones”. Tras recoger las declaraciones, Agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, junto con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una investigación conjunta en la empresa y el pasado martes se efectuó allí una inspección de trabajo.

Sí es verdad que cuatro estaban sin contrato y eso hay que regularizarlo

A. Rodríguez — dueño de Ajos y Cebollas Txorierri

En ella, se identificó a un total de ocho trabajadores, cuatro de ellos sin permiso de residencia y sin contrato de trabajo, por lo que se detuvo al dueño del negocio, quien, además del delito contra los derechos de sus empleados, se enfrenta a una posible sanción económica superior a los 70.000 euros por haber infringido la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar en dependencias policiales, el acusado ha quedado en libertad y está obligado a presentarse ante la autoridad judicial que instruye la causa.

Ahora, A. Rodríguez clama que “sí es verdad que cuatro estaban sin contrato” y que tendrán que “regularizarlo”, pero que el resto de acusaciones son “una falsedad”. “Todo eso de jornadas maratonianas que les imponíamos a los trabajadores es mentira. Eso no. Aquí había gente que venía cuando quería trabajar y se iba cuando quería. 26 horas seguidas no ha metido aquí jamás nadie. En la vida”, ha insistido el dueño de Ajos y Cebollas Txorierri a elDiairio.es/Euskadi. Aun así, reconoce que sus empleados “han trabajado de noche algún día”, pero que siempre “en varios turnos” y que quienes “han venido (a trabajar) no han estado todas esas horas”. Ante la gravedad de las declaraciones de los empleados y una vez comprobada la veracidad de lo narrado por las víctimas, los investigadores de la Policía optaron por concederles el carácter de testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias.

Todo eso de jornadas maratonianas que les imponíamos a los trabajadores es mentira. Eso no. Aquí había gente que venía cuando quería trabajar y se iba cuando quería

A. Rodríguez — dueño de Ajos y Cebollas Txorierri

Sin embargo, el dueño considera que dentro de la empresa hay “una persona” que les “quiere joder” y que “ha urdido un plan para hacer todo esto y dañar” a Ajos y Cebollas Txorierri. Después de personarse en la nave y repetir que no daría más declaraciones, ha remarcado que había personas trabajando de forma “irregular” y que “hasta ahí llega el asunto” porque “todo lo demás es darle leña”. “Quiero que entendáis en qué situación estoy yo. Tengo una empresa de ajos y cebollas, un negocio donde la gente no quiere trabajar. Hay quienes vienen a la puerta. Y, como hay trabajos que no tenemos cómo contabilizar, pues trabajan por horas, pero no en jornadas a destajo”, ha argumentado. En esta línea, se ha mostrado contrariado por las acusaciones y ha concluido que “ahora todo está en un proceso judicial” y que “cuando acabe se verá”.

“Con cada excarcelación se acerca el camino a la convivencia”. Es la respuesta de Sortu a las críticas recibidas el martes por el recibimiento en el barrio bilbaíno de Santutxu al expreso de ETA Agustín Almaraz, condenado por los asesinatos de cuatro personas, y que Covite calificó de “pasacalles” y “humillación”. “Cada preso político que sale de prisión es un hecho que nos acerca a la convivencia y a la paz. Para construir la convivencia es imprescindible acabar con la política de excepción que vulnera los derechos de los presos e impulsar el camino de la excarcelación”, han expresado desde el partido en un comunicado. Y han añadido que “difícilmente se construirá la convivencia imponiendo al otro lo que debe o puede hacer o no” y que “el objetivo de quienes se oponen a los actos de recepción, de quienes se oponen a que una madre, padre o amigos y amigas puedan abrazar a su ser querido en su salida de la cárcel, es imponer un único relato de vencedores y vencidos, lo que nos aleja de la convivencia”.

En esta línea, han aludido a la legislación penitenciaria ordinaria y han señalado que “si se aplicara el 84% de los presos políticos vascos debería estar ya pisando la calle, el 89% de los que existen en el Estado español”. Consideran que se “está negando a esos 157 presos el derecho a los permisos de salida, al tercer grado o a la libertad condicional con el objetivo de retenerlos el mayor tiempo posible”. Respecto a la última excarcelación, han indicado que Almaraz “ha pasado 26 años en prisión”, 25 de ellos en Andalucía, “en situación extrema”, apuntan, y que “cumplió tres cuartas partes de su condena en 2014, por lo que ha estado preso 7 años más de lo que debía”. También se han referido a los cinco presos excarcelados durante el mes de agosto, “que han cumplido sus condenas hasta el último día”. “Penas de entre 11 y 13 años en el caso del Estado francés y de 25 años largos en el Estado español, la mayoría de ellos sin haber pisado las cárceles vascas hasta el último mes”, han criticado, y han insistido en que “esta realidad tiene poco de normalidad y de actitud favorable a la convivencia”.

Al respecto, Sortu ha recordado que “diez años después de la Conferencia de Aiete y el cese definitivo de ETA, 199 vascos siguen presos por motivos políticos” y que “mientras haya un solo preso, refugiado o deportado en la cárcel o en el exilio, no se podrá hablar de paz completa” en Euskadi. “La criminalización que hacen diferentes asociaciones ultras, responsables políticos y medios de comunicación contra las personas que trabajan en pro de la asistencia, los derechos y de la vuelta a casa de los presos, exiliados y deportados políticos, no hace ninguna aportación a la construcción de la convivencia y no hace sino reforzar la agenda de los enemigos de la paz”, ha denunciado. En el partido, consideran que “la convivencia definitiva” en Euskadi “requiere de una solución democrática al conflicto político” y que “los opresores Estados español y francés” niegan “el derecho a decidir democráticamente” su futuro.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha calificado de “injusto” e incierto el “hacer ver que un recibimiento” a un expreso de ETA “sea buscar acentuar el sufrimiento de las víctimas o humillarlas”. Ruiz ha matizado que “los sentimientos de cualquier víctima son absolutamente respetables”, pero que “hay un interés por parte de determinados sectores en mezclar un recibimiento con homenajes o con un supuesto enaltecimiento de la trayectoria de una persona”. Para la portavoz, quienes sale de prisión después de cumplir su condena “tienen sus derechos en vigor” y los familiares también tienen “derecho a mostrar esa alegría”, en referencia a las imágenes del recibimiento de Almaraz, donde se podía ver a decenas de personas con tambores, flautas, banderas de 'presoak etxera' y música por las calles de Santutxu. “Se intenta tergiversar este tipo de actos”, ha insistido la portavoz.

La Policía Nacional detuvo la semana pasada al dueño de una empresa de la localidad de Zamudio (Bizkaia) por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao, junto con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una investigación conjunta en la empresa, ubicada en el Polígono Industrial Ugaldeguren, después de que días antes varios empleados acudieran voluntariamente a la Comisaría de la Policía Nacional de Bilbao para denunciar su situación y las condiciones de trabajo en la nave.

Según el testimonio recogido por la Policía y que ha adelantado 'El Correo', los denunciantes explicaron que trabajaban sin contrato porque, al no tener el permiso de residencia, “su jefe no les había formalizado contrato alguno”, y que recibían un sueldo de cinco euros por hora “efectiva” de trabajo. Además, relataron que si sufrían algún accidente laboral y precisaban servicio médico, el dueño de la empresa “les aleccionaba para que no mencionara ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones”. En la denuncia, también consta que “ocasionalmente” el jefe les sometía a lo que él mismo denominaba “maratón”: trabajar de 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente con una sola hora libre para comer y con la obligación de permanecer encerrados durante toda la noche en las instalaciones de la empresa, dedicada a la manipulación y envase de alimentos.

Ante la gravedad de las declaraciones y tras comprobar la veracidad de lo narrado por las víctimas, los investigadores de la Policía optaron por concederles el carácter de testigos protegidos, a fin de evitar posibles represalias, y el pasado martes se efectuó una inspección de trabajo en la empresa objeto de la investigación. En ella, se identificó a un total de ocho trabajadores, cuatro de ellos sin permiso de residencia y sin contrato de trabajo, por lo que se detuvo al dueño del negocio, quien, además del delito contra los derechos de sus empleados, se enfrenta a una posible sanción económica superior a los 70.000 euros por haber infringido la legislación en materia laboral y de seguridad social. Tras declarar en dependencias policiales, el acusado ha quedado en libertad y está obligado a presentarse ante la autoridad judicial que instruye la causa.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este martes a través de sus redes sociales el “pasacalles” celebrado ayer en Santutxu (Bizkaia) por la salida de la cárcel de Basauri del preso de ETA Agustín Almaraz este lunes, tras cumplir 25 años de condena por el asesinato de cuatro personas entre 1993 y 1995. “Aplausos y música para recibir en el barrio bilbaíno de Santutxu al etarra Agustín Almaraz, condenado por el asesinato de cuatro personas. En los 'nuevos tiempos sin ETA', los terroristas son tratados como héroes a la salida de prisión”, han criticado desde su cuenta de Twitter en referencia a un vídeo publicado por Sortu tras la llegada de Almaraz al municipio este lunes por la tarde. En él, se puede ver a decenas de personas recorriendo las calles de la localidad con ikurriñas y banderas de 'presoak etxera', música y aplausos. “La movilización a favor de los presos en el barrio de Santutxu no podía ser más especial. Hasta que todos vuelvan a casa. Presos a la calle. Viva vosotros”, escribía en redes el partido político.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha reiterado su denuncia al recibimiento a Almaraz y al vídeo publicado por Sortu en una entrevista en Radio Euskadi este martes: “Desde hace un año y medio llevamos diciendo que los 'ongi etorri' habían disminuido muchísimo, porque se han sentido presionados social y políticamente. Lo que sí es un hecho vergonzoso que provoca nuestra indignación es ver cómo les reciben en las mismas calles donde asesinaron a nuestros familiares”. Ha recordado que los recibimientos a la salida de la cárcel “siempre han existido” y que “ahora van más personas porque los tienen más cerca”, a lo que, ha añadido, “no le van a dar importancia”. “Bien, que les reciban al salir”, ha señalado, pero lo que “no van a permitir jamás” es “esa jactancia de sentirse orgullosos de haber matado”. Considera que se trata de “una línea roja” y que lo ocurrido el lunes en Santutxu “es lo más parecido a un pasacalles”, organizado “para él” y “para que con toda la jactancia pública vaya por las calles donde asesinó, todo orgulloso”. En esta línea, Ordóñez ha acusado a Sortu de “querer provocar” y “hacer eco de algo que resulta tan doloroso para las víctimas”. “Es indecente, indecente, indecente. Así no puede haber convivencia jamás. No quieren convivencia, siempre se han sentido orgullosos de matar, tanto cuando ETA mataba como cuando ya no”, ha reforzado, además de insistir en su rechazo al recibimiento en su cuenta de Twitter: “Pasacalles organizado para homenajear al asesino en serie de cuatro personas. Esto es Sortu”.

“Lo que estamos detectando no son los 'ongi etorri' que llevamos denunciando desde 2016, de esos este año no ha habido ninguno y el año pasado algunos, pero se hacían sin dar difusión y prácticamente en clandestinidad. Por eso decimos que han disminuido”, ha explicado Ordóñez. También ha expresado que a ella la batalla judicial le “da igual”, en relación a denunciar los recibimientos ante la Audiencia Nacional, porque, ha criticado, “la Audiencia Nacional y los abertzales son los únicos que siguen justificando los 'ongi etorri'. Dicen que son manifestaciones de alegría. Qué paradójico”. “Nunca he pedido la prohibición de ningún acto de estos, no soy tonta y no se puede prohibir un delito que no ha ocurrido. No lo vamos a hacer. Esto es una batalla pública de decencia y dignidad y vamos a denunciar la jactancia de los crímenes en público, que fue lo que ocurrió ayer. Muy parecido a los ongi etorri”, ha añadido la abogada. Respecto a las críticas, Sortu ha declarado que no tienen “nada que decir” y tampoco “ningún interés en alimentar la noticia”.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha expresado este martes en rueda de prensa que “las manifestaciones de alegría (cuando un preso es excarcelado) no pueden derivar en una exaltación de la cultura de la violencia o de la revictimización de las víctimas”. Al respecto, ha remarcado que “la inmensa mayoría de la sociedad vasca lo que pide a los presos de ETA es un gesto de autocrítica política, democrática y sobre todo ética, un gesto que signifique que lo que hicieron fue injusto”. Preguntada por el vídeo colgado por Sortu en redes sociales, ha indicado que “no comparte los enaltecimientos de las bienvenidas a las personas que han salido de la cárcel por cumplir una condena impuesta por realizar un acto terrorista” porque son “una revictimización gratuita de las víctimas” y no constituyen “el camino para poder seguir avanzando en la convivencia que tanto necesita Euskadi”. “Espero que no se generalicen estos actos de ensalzamiento de la cultura de la violencia. No aportan nada a la consolidación de la convivencia, que todavía es frágil y que nos ha costado mucho alcanzar. Tenemos un trabajo muy importante por delante y todos tenemos que aportar, pero acciones como esta no aportan nada de cara a poder seguir trabajando en algo en lo que todos creemos”, ha concluido la consejera.

A las críticas también se ha sumado el presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, al exigir en su cuenta de Twitter que “los akelarres radicales deben ser prohibidos”, en referencia a la bienvenida de Almaraz. “Los socios preferenciales de Sánchez, los proetarras de Bildu, se siguen pitorreando de la víctimas y de todos los demócratas, homenajeando a los criminales etarras y no condenando los ataques a la Ertzaintza de los últimos días”, ha acusado. La semana pasada, el PP vasco ya pidió “medidas para prohibir” el homenaje al preso de ETA Henri Parot, convocado por la red ciudadana Sare para el próximo 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. El portavoz parlamentario del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, advirtió de que, si se permite la celebración, desde el partido pedirían la dimisión del actual delegado de Gobierno vasco, Denis Itxaso, “por su inacción”.

De igual manera, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL se reunieron este lunes en Vitoria con el delegado para trasladarle el “malestar” e “indignación” de ambos cuerpos con motivo del acto convocado en homenaje a Parot, según informó Europa Press. La Delegación del Gobierno en Euskadi ya remitió a la Audiencia Nacional la petición para prohibir el acto, ante lo que los sindicatos reconocen que “poco más se puede hacer”. “En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo de actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M”, expresaron. También lamentaron que las instituciones “no muestran la contundencia que deberían” y que “da la impresión de que lo que se está intentando hacer es borrar un pasado doloroso para muchas personas”. Ambas organizaciones señalaron que la Delegación de Gobierno les trasladó que carece de competencias a la hora de prohibir actos de este tipo sin el pronunciamiento de la Justicia. “Estamos hablando de un terrorista que ha matado a 82 personas y que entre otros 'logros' tiene el del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que fallecieron cinco niños”, denunciaron.

La asociación vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable ha denunciado este lunes el “incumplimiento de diversas medidas impuestas en la licencia de derribo” en las obras de demolición del edificio Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari (BAM), que se están llevando a cabo en el número 2 de la calle Barrainkua, en el centro de Bilbao. La parcela donde se están desarrollando los trabajos de demolición está delimitada por las calles Lersundi, Heros y Barrainkua, y se sitúa frente al Colegio Cervantes, de educación infantil y primaria.

El terreno pertenece al Obispado de Bilbao, que en junio de 2019 llegó a un acuerdo con la empresa constructora Murias Grupo para construir una nueva sede, Bizkeliza Etxea, en la parcela ocupada por la Escuela Universitaria BAM. El objetivo del proyecto es reunir los servicios pastorales, culturales, educativos y caritativos de la diócesis en un mismo emplazamiento, y trasladar a otro lugar la escuela. Entonces, también se anunció que el 44% del edificio, 6.000 metros cuadrados, se vendería a Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social, por 30 millones de euros para abrir allí una clínica privada, con lo que se financiaría la construcción.

Tras el anuncio del proyecto, la Plataforma Abando Habitable y Sostenible, conformada por vecinos de la zona y madres y padres del Colegio Cervantes, se posicionó en contra de lo que denominaron “pelotazo urbanístico”, debido al “impacto que supondría en la escuela y el barrio”. “Hacen falta espacios libres públicos de proximidad, especialmente para la infancia y las personas mayores. Si se construyera perderíamos la última oportunidad para conseguir un espacio público, en una zona densamente edificada”, recogieron en su día en su página web, donde alcanzaron el millar de firmas contra la construcción de la nueva sede del Obispado.

Aun sí, el proyecto ha seguido su curso, y el 29 de marzo de 2021 se concedió finalmente la licencia de obras a Construcciones Murias S.A. para “el derribo de la Escuela Universitaria de Magisterio BAM”. El calendario de obras de derribo fue remitido por la empresa constructora al Colegio Cervantes a finales del mes de junio y en él consta que la fecha prevista para terminar con la “demolición total” del edificio era el 24 de agosto. “Tienen previsto acabar antes del inicio de las clases, el 8 de septiembre. Lo que nos preocupa es que al acabar el derribo quieren seguir con las obras de construcción sin solución de continuidad. Ese es el mayor problema al que nos enfrentamos, porque si están haciendo todas estas irregularidades en la obra ahora, cuando empiece la construcción ¿qué podemos esperar de quienes ya se saltan las normas? Deberían haber acabado ya la demolición total y no lo han hecho”, se quejan desde la asociación.

No es la primera denuncia interpuesta por la plataforma. En junio de este año, al comenzar las labores de derribo, interpusieron una primera a raíz del incumplimiento del horario de obras, además de una segunda por la instalación de una “grúa clandestina” quince días después. Las denuncias se han ido sucediendo y ampliando hasta ahora. Por el momento, en la asociación han recibido dos informes del Subárea de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Bilbao, y han tenido acceso a un tercero, que aún no les ha sido enviado. El primero de ellos está fechado a 18 de junio de 2021 y firmado por el arquitecto jefe del subárea, Aitor Iriarte Cortázar. En él se señala que una grúa estaba montada en el patio de la parcela “sin que se haya tramitado la pertinente licencia municipal para dicho medio auxiliar” y que “el montaje de la misma no se preveía en el estudio de seguridad y salud que forma parte del proyecto de ejecución”. El informe también recoge “deficiencias en el andamiaje”. Ambas irregularidades, se especifica, debían “subsanarse” en un “improrrogable plazo de dos días, con advertencia de paralización en caso de incumplimiento”.

Los otros dos informes, uno del 12 de julio y el más reciente con fecha de 11 de agosto, responden a las diferentes denuncias que la plataforma ha interpuesto durante los últimos dos meses. En el primero de ellos, se indica que “se han girado periódicas visitas de inspección al emplazamiento” y que “se está dando el cumplimiento” de las condiciones “generales” y “particulares” respecto al “tratamiento de escombros y documentación de la obra”. Una de las irregularidades que la asociación ha denunciado a lo largo de estos dos meses es el “riego inapropiado y la falta de aspersores en zonas que se van a demoler”. Exponen que en los puntos número cinco y quince de la licencia se establece que “se regará continuamente con aspersores en las zonas que se van a demoler antes y durante la demolición para reducir la emisión de polvo” y que “los materiales de fábrica y los escombros serán regados con la continuidad y forma necesarias a fin de evitar polvaredas”. Ante estos requerimientos, mencionan que sí se está utilizando una manguera para el riego de los escombros de la planta baja, pero que “no se usan aspersores requeridos en el punto cinco de la licencia” y que “se sigue demoliendo y dejando caer escombros de material de fábrica sin riego”. A este respecto, el último informe del Ayuntamiento concluye que el sistema de regado que se está empleando, con manguera, “es más adecuado que el de aspersores escritos en la licencia para la consecución del objetivo de minimizar la producción de polvo”.

Otra de las quejas de Abando Habitable y Sostenible está relacionada con el “lanzamiento continuado de escombros” por las ventanas del edificio, que, alegan, han documentado en vídeo. Sin embargo, el informe del 12 de julio recoge que son “actuaciones puntuales e inocuas” porque los escombros son “restos inertes de planchas de cartón yeso y aislamiento, que ya de por sí no produce polvo”. El informe de agosto también incide en las técnicas de demolición utilizadas y asegura que “son las normales y habituales en una obra de demolición”. Desde la asociación vecinal señalan que “llegado este punto, no se fían de lo que dice al Ayuntamiento” y que ese es el motivo por el que han colocado cámaras que graban las obras a diario. “Sus informes se basan en la visita de obra, donde les enseñan lo maravilloso que lo están haciendo todo. Obviamente paran de demoler. Lo que les dicen a los inspectores y lo que hacen son cosas diferentes. Explican que están tirando los escombros por unos agujeros que han hecho dentro de las plantas, para que no haya polvo, pero basta ver un rato las obras para darte cuenta de que los escombros los tiran por la fachada. Por un lado está la realidad que te quiere contar la constructora y por otro la realidad que se ve en el vídeo”, critican.  

El “incumplimiento del horario de obras” también es uno de los aspectos recogidos en cada una de las denuncias, remitidas todas ellas al Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. El punto siete de la licencia de demolición establece que las “tareas ruidosas” deberán cesar “todas las horas en punto desde las 9 horas hasta las 16:30 (ambas incluidas) durante 10 minutos”, lo que, denuncian, no se está cumpliendo. Ante esta acusación, el informe del 12 de julio del Consistorio concluye que “la queja presentada” será trasladada “para que pueda ser atendida por el departamento competente”. “En las denuncias hay links a las grabaciones, pero son horas y horas de grabación que es imposible adjuntar en una denuncia. Añadimos algún trozo de los vídeos, pero incluso al mandarlos y verlos alegan que son hechos puntuales. No son un hechos puntuales. ¿Es puntual pero lo estamos viendo cada día?”, insisten en la asociación.

Algunos de los miembros de Abando Habitable y Sostenible también están en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Cervantes. “Estamos preocupados porque nos enfrentamos a estas obras. Ya sin las obras estábamos preocupados por el avance de la variante delta y la falta de medidas de ventilación, pero si encima tenemos estas obras delante... No nos van a permitir ventilar. Vamos hacia un choque de trenes y llevamos denunciando más de un año. Es un asunto muy farragoso, responden tarde y es muy complicado de seguir. Que se cumpla la normativa, no estamos pidiendo más. Trabajamos en esto para que cuando el alumnado esté en el centro se cumpla verdaderamente”, concluyen.

“Piensa bien en cuál te vas a montar. Tienes caballos, princesas, motos...”, le dice una madre a su hija. Va a subirse al tiovivo. Otras tres familias hacen cola para la noria infantil, de cabinas amarillas, rosas y azul cielo. La colchoneta giratoria acaba de abrir. Son las cinco de la tarde y llueve. Sirimiri. Al final de la plaza, la churrería. La calle Ercilla de Bilbao está prácticamente vacía, pero el ambiente empieza a llenarse de niños, tíos, padres, madres y abuelos cerca de la Plaza Indautxu, donde se ha instalado uno de los ochos 'recintos' de barracas que desde este lunes y hasta el 31 de agosto recordarán a los bilbaínos que es verano y que, en otras circunstancias, habría fiestas en la ciudad.

En julio, el Ayuntamiento anunció que este año tampoco iba a haber ferial de barracas en el Parque Etxebarria -no lo hubo en 2020-, pero que sí se autorizaría la instalación de “dos o tres barracas y una churrería en cada distrito”, lo que no ocurrió el verano anterior. En Bilbao son ocho distritos, y el consistorio ha permitido instalar 36 atracciones infantiles, las de adultos han quedado fuera, en doce emplazamientos diferentes, además de una churrería por cada localización. Desde Botika Vieja, pasando por Zurbaranbarri y el Polvorín, hasta las plazas Rekalde o Indautxu. Un recinto ferial diseminado con el objetivo “de permitir al sector poder trabajar este verano” y “evitar en todo momento las aglomeraciones de personas”.

Suena la canción Baby Shark de fondo, los niños saludan desde las atracciones y los familiares devuelven el saludo móvil en mano, dispuestos a inmortalizar el momento. No ha dejado de llover y tampoco han dejado de llegar personas a las taquillas de las tres barracas instaladas en la plaza. Pedro Ruiz, en la de la noria, ya ha vendido unas cuantas. Viene de Miranda de Ebro y con él ya son cuatro generaciones de feriantes en su familia. Llevan desde 1981 montado su noria en la Aste Nagusi de Bilbao. “Ha sido un año duro. Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás y el sector de feria es uno de los olvidados. Veo parques de atracciones abiertos, cómo van los autobuses y el metro, y los parques de juegos infantiles están a tope. ¿Nosotros por qué no?”, se queja.

En 2019, la situación era diferente. El Parque Etxebarria, desde el que se ve toda la ciudad, se llenaba de barracas y puestos de todo tipo, color y forma -casas del terror, autos de choque, lanzaderas, el dragón, el tren de la bruja, el puesto de patatas asadas, tiro al blanco, tómbola en directo-, y lo invadían, cada día, olas de bilbaínos y no bilbaínos, ocupando todos los rincones de la explanada, convertida durante dos semanas en recinto ferial. Pedro ha montado tres ferias este verano, una en Miranda, otra en Logroño y la última en la Plaza Indautxu, en sustitución del antiguo enclave: “Es una solución rara, pero por lo menos nos han dejado hacer algo. Aunque es un poco... bueno. Hay compañeros que al no tener atracción para el público infantil se han quedado fuera y no les dejan montar las barracas”. Para septiembre tiene otras dos previstas, pero lamenta que el resto del año estarán “completamente parados”. “Además tenemos todo dado de alta. El seguro de los camiones y de las atracciones. Seguimos pagando la cuota de autónomos. Todo activado, todo. Eso es un problema, porque somos muchas familias las que vivimos de esto”, señala, aunque añade que se sienten “agradecidos” y que “está yendo bien” porque “todos tienen ganas”.

A Juan Carlos le sorprende la cantidad de gente que están recibiendo en su tiovivo. No lo esperaban. Como Pedro, su familia “lleva toda la vida en la feria”. Sus abuelos, sus padres y ahora él. También lleva toda la vida en Bilbao y toda la vida montando su atracción en Aste Nagusi. Es miembro de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi (Afade) y coincide con otros compañeros en que “ha sido un año malo”. “Sobre todo en cuanto a ciertos ayuntamientos, que no nos han apoyado. Otros, como el de Bilbao, sí nos han acompañado y han hecho el esfuerzo de dejarnos montar las barracas en varios distritos, cosa que el año pasado no pudimos hacer”, indica. Aun así, admite que “el parón” lo han llevado “muy mal” -“malamente”, insiste- porque no han recibido ayudas. “Al final somos autónomos y trabajamos de esto. Si no abro no puedo trabajar y no tengo otra cosa. Hemos podido avanzar con lo que teníamos ahorrado, con la familia y apoyándonos unos a otros”, añade. En 2021, Juan Carlos ha podido montar cuatro veces sus atracciones, pero explica que “en un año normal” habría llegado “a veinte, más o menos”. Para septiembre no tienen más ferias previstas, iban a ir a Lekeitio por el Antzar Eguna (día de los gansos), pero se lo han cancelado. “No esperábamos que este verano fuera así y ya no pienso en cómo va a ser 2022, espero que venga mejor, pero también pensábamos que este montaríamos y mira”, se lamenta, y siente que todavía se están “amoldando” a este nuevo formato de feria.

Vitoria, primera feria dividida

Un día antes de que se montaran las 'mini ferias' en Bilbao, Vitoria clausuraba sus tres semanas de barracas. La capital vasca optó por la misma fórmula que la villa, o se adelantó a ella. El Ayuntamiento y la Asociación de Feriantes de Vitoria y Álava (AFEVI) llegaron a un acuerdo en julio “para posibilitar la actividad económica de este colectivo en la ciudad”. Entre el 21 de ese mes y el 15 de agosto (ahora prorrogado hasta el día 30) se podrían instalar cinco atracciones de feria y una churrería en “tres espacios de ocio acotados”: uno en Lakua-Arriaga, otro en Salburua y un último en Zabalgana. Quince barracas en total. Sin restricciones debido a la pandemia de la COVID-19, las barracas habrían ocupado el recinto ferial de Mendizabala, como ocurría en Bilbao con el Parque Etxebarria. “Hemos realizado un esfuerzo, siendo posibilistas y muy sensibles a la situación que atraviesa el colectivo de feriantes. En su caso, la vuelta a la actividad ha sido especialmente compleja y les queremos apoyar, tanto dándoles la posibilidad de trabajar como ayudándoles a garantizar la seguridad”, explicó entonces el concejal de Movilidad y Espacio Público, Raimundo Ruiz de Escudero. Y añadió que habían optado por “una oferta repartida en barrios” porque “como no hay fiestas de La Blanca” tampoco creían conveniente “instalar barracas en Mendizabala”. Por su parte, Ángel Lamelas, portavoz de AFEVI, aseguró que el acuerdo llegaba “en un momento crítico para uno de los sectores más castigados por la crisis sanitaria, un sector que lleva 15 meses sin poder desarrollar su actividad económica”.

Tras el anuncio de que las barracas podrían al fin montarse, Lamelas, en una entrevista concedida al Diario de Noticias de Álava, calificó de “patito feo nacional” a feriantes y barraqueros, porque, explicó, “no se les dejaba trabajar”. “Muchos de ellos no van a volver a abrir, han tenido que cerrar porque no han podido pagar los préstamos ni cubrir todos los mantenimientos”, apuntó entonces. Vitoria ya se ha despedido de sus barracas fraccionadas, con el 2022 en mente y la posibilidad de recuperar la noria, el saltamontes, el ratón vacilón o la olla el próximo verano.

Un trato “exquisito” en Donostia

El Paseo Nuevo donostiarra ha sido durante los primeros dieciséis días de agosto escenario de las ferias infantiles y de adultos a pesar de que la Semana Grande se suspendiera por segundo año consecutivo. Al contrario de en las demás capitales de Euskadi, el Ayuntamiento de Donostia prefirió acotar el recinto ferial a un único lugar, el ya habitual Paseo Nuevo con vistas a la isla de Santa Clara. Este año, no han estado permitidas las atracciones en Koldo Mitxelena, donde antes de la pandemia solía avistarse multitud de niños y niñas a la espera de poder montar en las barracas infantiles. Tras el cierre de las ferias en las no fiestas de Donostia, Alberto Domínguez, secretario general de Afade, cree que esta oportunidad que el Ayuntamiento de Donostia ha dado de desplegar las ferias ha servido para dar “credibilidad” y “demostrar” a la gente lo que los feriantes pueden hacer para adecuarse a las medidas sanitarias en vigor. “Cuando el Ayuntamiento te da la oportunidad hay que dar el 120%. Cada atracción indicaba que si no llevabas la mascarilla bien puesta se paraba”, señala.

Domínguez destaca el trato “exquisito” que ha tenido Donostia Festak y al público “porque no han permitido que ocurriera ningún incidente. No ha habido ningún policía municipal dentro del recinto de la feria”. Además, se congratula por la conducta de los feriantes: “Si nos portábamos bien nos iban a permitir mantener las ferias hasta el 15 y que luego hayan permitido el día 16 es un premio”. Asimismo, Domínguez se mantiene con los pies en el suelo. “¿Económicamente? Hay que verlo desde esta perspectiva: ”Mi abuela era catalana y me enseño que la mitad de un duro es 2,50; la mitad de nada es nada. Estamos supercontentos“, remarca y añade que ”lo que no se puede es compararse con la Semana Grande, con las fiestas“ cuando se cerraba a la madrugada, pues ”de los feriantes que estaban ahí [en el Paseo Nuevo], el 80% habría estado parado completamente“.

“Las damas primero”. Estaba a punto de subir al autobús en Ermua (Bizkaia), donde vive, para ir a Bilbao cuando un hombre que también iba a subir se lo dijo. “Era cuando todavía no expresaba tanto mi pluma. Parece una tontería, pero no es necesario decir eso. Es violento”. Iker Mojón tiene 21 años, es gay y no es el único comentario homófobo que ha recibido. En 2016, él y su anterior pareja hacían cola en el Burger King del centro comercial Ballonti, en Portugalete. Se besaban. “Era un beso bastante apasionado y un hombre nos dijo que no lo podíamos hacer allí. Pedimos perdón porque igual nos habíamos pasado y paramos”, recuerda. Minutos después, en la misma cola, se dieron “un pico muy sencillo” y el hombre que los había interpelado la primera vez volvió a hacerlo. “No hagáis esto en la calle, maricones”, fueron sus palabras. “Me quedé en shock porque no me había pasado nunca. Estaba en blanco”, explica Iker. Quien sí reaccionó fue su expareja, que le espetó al hombre que “por qué tenía que decirles a ellos nada” y que “no hacían nada malo”. “Nos dijo que no nos podíamos besar allí porque había niños y que tenía que ser en nuestra casa”. Les gritó “maricones” una segunda vez y solo se calmó con la llegada de su mujer. “Ella decía 'déjalo, déjalo'. Y cuando el hombre se calló, la mujer nos dijo que 'si ya sabíamos cómo se estaba poniendo su marido para qué seguíamos'. ¿Por qué tengo que dejar de dar un beso a mi pareja?. En un primer momento igual nos estábamos besando de forma muy apasionada y no era ni el momento ni el lugar. Eso lo comprendí, entre comillas, pero su motivo no era ese. Su motivo es que éramos dos chicos”, cuenta Iker. 

En 2020, se registraron en Euskadi 241 delitos de odio, más del doble que el año anterior, cuando fueron 105. Así lo recoge el 'Informe de incidentes de odio de Euskadi 2020', presentado el pasado mayo. Los datos revelan que los delitos contra la orientación sexual e identidad sexual constituyen la segunda tipología de delito de odio más frecuente, por detrás de los de carácter racista o xenófobo, que fue la categoría con más delitos registrados (117, un 48,55%). Contra la orientación sexual e identidad sexual se registraron 50, un 20,75% del total, lo que supone un aumento del 284,62% respecto a 2019, cuando la cifra de este tipo de delitos fue de 13. De los diferentes colectivos, el más victimizado en 2020 fue el gay, con 31 delitos, un 62% del total, y en segundo lugar las personas trans, con 10 de los 50 delitos. Tres fueron contra personas lesbianas y los seis restantes se clasifican en la categoría “sin especificar”. Si se separan los datos por provincias, Bizkaia acumula la mitad de los delitos registrados -25 en total y 16 contra hombres gais-, principalmente en Bilbao y Barakaldo, en Gipuzkoa fueron 20 y en Álava cinco. 

Este es ya el cuarto informe sobre delitos de odio que se elabora en Euskadi y matiza que, debido a “la irrupción de la pandemia y su afección directa y drástica” en el “ámbito del ocio nocturno y la celebración de espectáculos deportivos”, este año no se han incluido en el cómputo de casos los “registros de infracciones administrativas” vinculadas con esos sectores de actividad. Respecto a años anteriores, los datos del informe revelan un aumento exponencial de los delitos registrados. En 2019, se habría registrado la cifra más baja y desde 2016 los números oscilan entre los 124 y los 130 delitos por año. La explicación que ofrece el texto para el aumento en 2020 es la “mayor eficacia policial en la detección y registro” y una “mejora de la actividad policial sobre el terreno”. También se apunta a “un posible aumento en la confianza de los colectivos diana hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” o a mejoras en la formación de los agentes que recogen las denuncias. Sin embargo, el informe puntualiza que la “cifra negra” de los delitos de odio “sigue siendo muy alta”. Esta “cifra negra” la componen todos aquellos delitos de odio que no se denuncian (por reticencia o miedo, o por denuncias contra otros órganos que no sean la Policía, por ejemplo) y que “impiden conocer el verdadero alcance de la victimización”. En el caso de los delitos contra la orientación e identidad sexual, se han triplicado durante el último año y han pasado de la tercera posición como colectivo más victimizado a la segunda.

El informe también analiza los documentos publicados por la Red Eraberan. Creada en 2015 y compuesta por representantes del Gobierno vasco y asociaciones de colectivos diana (Aldarte, CEAR Euskadi, Gehitu, SOS Racismo, entre otras), la red opera en el conjunto de la comunidad autónoma y atiende a personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito de odio o discriminación. Según sus datos, el 30,6% de los casos atendidos en los últimos cuatro años han sido registrados como casos de discriminación contra personas por ser parte del colectivo LGTBI.

“La transfobia está creciendo”

“Al preguntarnos '¿qué está pasando?' parece que partimos de una realidad nueva y realmente el diagnóstico es que vivimos en un sistema cisheteropatriarcal. A medida que el colectivo LGTBI avance, sea más visible y conquiste derechos y espacios, quienes quieren sostener ese sistema van a hacerle frente con todas sus armas”, explica Amets Martínez de Heredita, coordinador del Observatorio contra la LGTBIfobia (Ikusgune) en Vitoria. En abril de 2021, la asociación publicó un informe con el total de incidencias registradas contra el colectivo LGTBI desde marzo de 2020. En un año, se recogieron 25 casos de LGTBIfobia en Vitoria. Desde Ikusgune lo atribuyen al confinamiento y la pandemia de la COVID-19, que “ha dificultado la obtención de datos”. Sin embargo, estos revelaron un aumento en el número de agresiones contra las personas trans, que encabezaban la lista de incidentes (seis de 25), lo que no había ocurrido en el periodo previo. “Hemos asistido a la polémica suscitada por la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans”, se señalaba en el informe. Martínez de Heredita considera que “la transfobia no nace con el registro del borrador de la ley trans, pero que sí ha generado una serie de discursos que han fomentado el desprecio hacia el colectivo”. “Hay una realidad clara: la transfobia está creciendo y dentro de esa transfobia nos encontramos con que los casos de violencia más sangrantes o graves, como pueden ser las palizas, se cometen contra las mujeres trans”, expone el coordinador. Desde mayo de 2021, la cifra de agresiones contra el colectivo LGTBI en Vitoria ha aumentado exponencialmente e Ikusgune ha registrado, por ahora, 15 nuevas incidencias. De ellas, ocho, más de la mitad, corresponden a casos de transfobia. 

Hay una realidad clara: la transfobia está creciendo y dentro de esa transfobia nos encontramos con que los casos de violencia más sangrantes o graves

Amets Martínez de Heredita — Coordinador de Ikusgune

La última se produjo el domingo 1 de agosto, cuando una mujer transexual de 38 años denunció a la Policia Local haber sido agredida sexualmente y amenazada con un arma blanca en el barrio vitoriano de Abetxuko. Diez días antes, el 22 de julio, otra mujer trans, de 64 años, fue agredida en el Casco Viejo de la ciudad al grito de “maricón de mierda”. Tras escuchar los insultos, según denuncian en la asociación, la mujer se dio la vuelta y “recibió tres puñetazos en la cara”.  Ambas agresiones se han producido un mes después de que el colegio público Umandi de Vitoria denunciara una serie de pintadas contra el colectivo LGTBI sobre un mural en el patio del centro con la bandera arcoíris, que había sido pintado el 17 de mayo por el Día Mundial contra la LGTBIfobia. “Esto con Franco no pasaba”, “transformers no” o “marikas” fueron algunas de las frases escritas sobre el mural. También en Bizkaia se han dado ataques recientes contra personas dentro del colectivo LGTBI. En junio, un joven de Basauri denunció haber sido insultado y agredido por un grupo de 13 personas, que le propinaron puñetazos y patadas al grito de “maricón de mierda” y por las que tuvo que ser trasladado al hospital. Y un mes más tarde, una pareja que se besaba de madrugada en el Casco Viejo de Bilbao denunció que un hombre los había increpado y perseguido con intención de pegarles. Y el pasado viernes, 13 de agosto, un joven de Amurrio (Álava), denunció a la Ertzaintza haber sufrido una agresión homófoba.

“Los discursos de odio que se han venido alimentando en las instituciones, los medios de comunicación y en las calles suponen la legitimación para una serie de actos más violentos, como las palizas o los asesinatos”, explica Martínez de Heredita. En el periodo 2020-2021, seis de las 14 incidencias registradas por Ikusgune en Vitoria corresponden a la tipología del discurso de odio y de los 241 delitos registrados por la Ertzaintza, 14 también se enmarcan en esta tipología. Es la quinta más frecuente después de lesiones, amenazas, trato degradante y coacciones. Desde la asociación consideran que “no toda la culpa la tiene la ultraderecha” y que “incluso las personas que no pertenecen a esos espacios pueden ser cómplices del discurso en algún momento”. Se refiere a “las típicas gracias en la cuadrilla o en una despedida de soltero” o a los mensajes y chistes que se envían por WhatsApp. “Los discursos de odio también necesitan de la gente. Son los que generan los espacios de hostilidad hacia el colectivo”, añade. 

Tienes que ir con pies de plomo porque en cualquier momento te pueden desacreditar, se pueden meter contigo o cosas peores. Crees que no mereces estar ahí

Iker Mojón — Víctima de una agresión homófoba

A Iker, las agresiones que ha sufrido, todas en el ámbito público, le hacen sentir que la calle no le pertenece. “Parece que es suya y no tuya. Tienes que ir con pies de plomo porque en cualquier momento te pueden desacreditar, se pueden meter contigo o cosas peores. Crees que no mereces estar ahí, que estás de prestado y solo porque te lo permiten”, se lamenta el ermuarra. La vía pública es el lugar donde más agresiones se cometieron contra la orientación sexual y la identidad sexual el año pasado. De los 50 casos registrados, 20 fueron en la vía pública y 10 en la vivienda. “La calle no es un espacio seguro para la disidencia sexogenérica o para un hombre que no sea blanco, cisgénero y heterosexual”, sentencia Martínez de Heredita. En el caso de Iker, confiesa que su inseguridad o miedo por la calle “ha aumentado”. “Yo siempre he sido una persona con bastante pluma, pero al estar en el 'armario' me reprimía. Luego descubrí que no tenía por qué hacerlo. Mi forma de vestir y mis amaneramientos han crecido exponencialmente con el paso de los años”, explica. Para él, los momentos en los que se exacerba esa inseguridad dependen del lugar, de cómo vaya vestido y de con quién esté. “Si estoy en un bar lleno de hombres, sin ser de ambiente, siento bastante más inseguridad que si estoy con un grupo de chicas o en un sitio que ya conozco”, ejemplifica el joven de Ermua. 

“Coge ese bolsito y vete”

La familia es otro de los espacios “de mayor hostilidad y en los que más incidencias se recogen”, explica el coordinador de Ikusgune. Para él, el incremento de las agresiones en el entorno familiar es fruto de la pandemia: “La mayor parte de nuestras vidas las pasamos en el trabajo o en el colegio. Sin embargo, en el contexto de un confinamiento ese espacio se transforma en la familia y es allí a donde se trasladan las incidencias. Eso tiene que ver con la educación, la cultura en la que nos movemos y con que la familia es una de las grandes instituciones del sistema heteropatriarcal”. Mario -nombre ficticio para preservar su intimidad- vive con su madre, la pareja de su madre y su hermana, y ha experimentado la hostilidad intrafamiliar a raíz de su sexualidad. En una discusión “acalorada” con la pareja de su madre, Mario “le echó en cara que no era un buen padre” y que con su comportamiento “lo único que hacía era que su madre estuviera peor (le han diagnosticado depresión)”. “Tú sí que estás enfermo. Coge el bolsito ese y vete”, fue la respuesta que recibió. “A simple vista puede parecer que no me dijo nada, pero yo sé por dónde iban los tiros. Aunque no se diga de manera explícita te lo está dejando caer: estás enfermo porque eres maricón”, señala Mario. Recuerda que en ese momento, a pesar de estar enfadado, se quedó en blanco, y que cuando las agresiones se dan en el ámbito privado “se siente aún peor”. “Ya en público te sientes excluido y que no mereces estar ahí porque la propiedad de ese ámbito es de las personas cisheterosexuales. Imagínate cuando sucede algo en casa, un sitio en el que deberías estar tranquilo y no es así. Tu propio hogar tampoco te pertenece”, se lamenta. 

“En último lugar está el ámbito laboral”, indica Martínez de Heredita, y ahí distingue dos tipos de incidencias. La primera, contra las mujeres trans: “Directamente se les niega el acceso al mundo laboral. Muchas veces no conocemos discriminaciones directas porque la gran discriminación que existe es que se les cierran todas las puertas y sin embargo es el espacio en el que más tiempo pasamos”. La segunda está relacionada con la visibilidad, con exponer abiertamente la sexualidad o identidad de género en el espacio de trabajo. “Muchas personas LGTBI deciden no ser visibles argumentando que su vida personal no la tienen que compartir en el trabajo. Sin embargo, la vida de las personas heterosexuales sí se comparte. Todos sabemos quién tiene marido o mujer, quién se va a casar o divorciar. Sabemos muchísimas cuestiones sobre las vivencias de las personas heterosexuales, pero las personas LGTBI consideran que es un espacio donde deben mantener la privacidad”, explica. 

Lo previsible es que la intensidad de las agresiones baje en los próximos meses, pero una cosa es que baje y otra es que volvamos a los datos que teníamos lo años previos

Amets Martínez de Heredita — Coordinador Ikusgune

Respecto a si se ha dado o no un aumento de la violencia en Euskadi, Martínez de Heredita es claro: “Sí, hay una escalada de la violencia”. Pero advierte de que “el verano es la época en la que se concentran más agresiones” (en Euskadi el 17,33% de los delitos contra la orientación sexual se dio en verano) y que “es una realidad que se ve todos los años”. “Lo previsible es que la intensidad de las agresiones baje en los próximos meses, pero una cosa es que baje y otra es que volvamos a los datos que teníamos lo años previos. Sí estamos ante un crecimiento, que seguramente se recrudezca un poco más”, añade. La solución para el coordinador, o parte de ella, “es el trabajo institucional”, que califica de “imprescindible”. “Hay que tomar cartas en el asunto. Tienen que estar en colaboración con los colectivos LGTBI para buscar políticas que paralicen lo que está ocurriendo”, insiste. En el informe de Ikusgune de 2020, la asociación recogía que “Euskadi sigue sin contar con una ley específica de garantía de los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, como sí lo hacen comunidades autónomas como Navarra, Madrid, Catalunya o las Islas Baleares, entre otras”. La “ausencia de un marco normativo propio -añadían- provoca un vacío legal que permite expresiones de odio no recogidas por el Código Penal”.

Otra de las vías para el cambio, según Martínez de Heredita, es la unión y la respuesta conjunta de toda la sociedad: “Cuando estamos ante un delito de odio, no es solo la persona agredida la que sufre esa agresión. Se pretende lanzar un mensaje de miedo al resto de personas para que no se expresen libremente, se dirige contra un colectivo. Toda la sociedad tiene que sentirse interpelada y tiene que frenar lo que ocurre. Eso se hace no participando en ese corporativismo necesario en los diferentes espacios (cuadrillas, familia, lugar de trabajo) en los que existen mofas e insultos contra el colectivo. El mensaje que debemos lanzar a los agresores ha de ser claro y nítido. Por aquí no van a pasar y sus actitudes no caben ni en nuestras calles, ni en nuestros pueblos, ni en nuestras ciudades”.

'Mozkotarrak', 'Pinpilinpauxa', 'Gogorregi', 'Txomin Barullo', 'Hontzak'. A estas alturas del verano, las 'Konpartsak' ya habrían montado sus 'txosnas' en el Paseo del Arenal y otros puntos de la ciudad. Este sábado, Bilbao recibiría la semana de fiestas, Aste Nagusia, con el multitudinario 'chupinazo' a las 18.00 y el saludo de Marijaia -símbolo de la festividad- desde el balcón del Teatro Arriaga justo después. Sin embargo, debido a la situación sanitaria, el Ayuntamiento anunció en junio que la Semana Grande se suspendía por segundo año consecutivo. El alcalde de la villa, Juan Mari Aburto, repitió el mismo mensaje que entonces este jueves: “Lo voy a decir una vez más. Espero que sea la última. En Bilbao este año no hay Aste Nagusia. En Bilbao no hay no fiestas”.

Bajo la estela de las aglomeraciones en el Casco Viejo de Vitoria con motivo de las 'no fiestas' de La Blanca hace dos semanas o los incidentes registrados en Donostia estos últimos días por la Ertzaintza, Aburto fue rotundo respecto a posibles celebraciones alternativas o botellones. “Tolerancia cero con cualquier conducta que ponga en grave peligro la salud general de la población. No caben los comportamientos incívicos, irresponsables e insolidarios, o los intentos de esquivar las medidas sanitarias. Con ninguna excusa”, declaró e insistió en que esta ha de ser una semana “sin fiestas ni aglomeraciones, sin botellones, ni altercados” porque el objetivo es “vencer” al virus. “Vamos a actuar con firmeza, porque nos jugamos mucho. Nos estamos jugando la salud y la vida. En Bilbao se va a seguir sancionando y actuando”, anunció el alcalde. En este sentido, remarcó que en la ciudad se han puesto “más de 1.800 sanciones por botellón” y que las respuestas a este tipo de actos van a seguir siendo “las medidas de carácter coercitivo”.

Lo voy a decir una vez más. Espero que sea la última. En Bilbao este año no hay Aste Nagusia. En Bilbao no hay no fiestas

Juan Mari Aburto — alcalde de Bilbao

A fin de preparar el dispositivo policial para el fin de semana y el resto de días de la 'no Aste Nagusia', Aburto presidió este lunes la Comisión anual de Coordinación Policial entre la Ertzaintza y la Policía Municipal. “No voy a trasladar la información de dónde se va a a colocar el dispositivo, porque estaría dando pistas”, explicó el edil, pero adelantó que existe “una coordinación” entre ambos cuerpos, así como “un puesto de mando avanzado y compartido para poder movilizar recursos de un lado a otro”. “En estos momentos hay 133 efectivos en la plantilla de policía municipal dando servicio en las calles Bilbao, más que en 2018”, señaló el alcalde, y anunció una “importante presencia policial en la calle”, tanto “patrullas habituales en cada turno” como “agentes uniformados y no uniformados” de “refuerzo”. Por su parte, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha señalado este viernes que “solo una minoría protagoniza conductas incívicas que perjudican al resto” y ha “felicitado” a la Ertzaintza y policías locales “por su respuesta ejemplar al reto de la seguridad pública en estos momentos inusitados y complejos”. “No toca. No son momentos para fiestas o celebraciones colectivas. Somos muy conscientes de las fechas señaladas en las que estamos, de lo que supone el esfuerzo que estamos realizando y solicitando, pero es muy importante repetir el llamamiento, claro y contundente, a la responsabilidad individual y colectiva”, ha insistido el consejero, y ha apelado al “esfuerzo colectivo” y la “colaboración ciudadana” para “evitar la propagación del virus”.

A pesar de que formalmente no se va a celebrar la Aste Nagusia este año, los grupos de comparsas de Bilbao, Bilboko Konpartsak, anunciaron la celebración de “unas jornadas culturales” entre el 25 y el 29, considerados “los días grandes” de la semana de fiestas en la ciudad. Bautizado como 'Bilboko Irria' ('la risa de Bilbao'), el objetivo de la celebración, según anunciaron en la presentación de las jornadas, es “ayudar a recuperar la sonrisa tras el dolor de la COVID-19 y el cansancio de los confinamientos”. El programa propuesto por las 'Konpartsak', y expuesto en su página web, incluía pasacalles por la villa, “movilizaciones musicales”, talleres infantiles en diferentes localizaciones, bailes, un mercado, actuaciones de Txalaparta, juegos de rol, programas de radio, improvisaciones teatrales o una romería de porrusalda, entre otras actividades. Sin embargo, Aburto indicó este jueves que “solo han autorizado cinco actos” de todos los propuestos y que ninguno de ellos tendrá lugar en el parque de El Arenal, “donde incluso se pidieron barras”, añadió. El alcalde insistió en la “responsabilidad de todos los agentes” y en que “no se van a autorizar actividades que supongan una aglomeración”, pero “sí aquellas que puedan ir dirigidas a un público infantil”.

“Yo sí lo llamaría programa alternativo, que no vamos a autorizar. Nos gustaría que eso fuera entendido y comprendido. La decisión de las 'no fiestas' se tomó por unanimidad en el seno de la Comisión de Fiestas, con la presencia de Bilboko Konpartsak, otros agentes de la ciudad y los cinco grupos políticos del Ayuntamiento”, sentenció, y añadió que desde el Consistorio “no han organizado ningún acto entre el 21 y el 29 de agosto” y que “no es casualidad”, sino “un ejercicio de responsabilidad”. A raíz de las declaraciones de Aburto, Bilboko Konpartsak ha comparecido este viernes ante los medios y ha acusado al Ayuntamiento de “hurtar y eliminar iniciativas seguras” que “contaban con el visto bueno de los responsables técnicos desde abril”. Los portavoces, Uxuea Elgorriaga e Iñigo Iglesias, han criticado al alcalde por “anteponer criterios de oportunidad y criterios políticos” por encima de los “técnicos o de salud”, y han asegurado que las actividades planteadas cumplían “con todas las medidas de seguridad y distancia” porque eran “actos de muy pequeño formato”. También han insistido en que las comparsas “no querían poner barras”, como afirmó Aburto, y en que el alcalde “exageró” en sus declaraciones. “La realidad es que el 3 de agosto no se descartaron barras, sino terrazas, mucho más humildes y seguras, a diferencia de lo que se hizo en el Harro Eguna”, han recalcado. Las “Konpartsak” consideran que las negativas del Ayuntamiento son un “abuso de autoridad” y que se les han prohibido varios actos porque son ellos quienes los organizan. “No somos personas irresponsables, tal y como nos quiere representar el alcalde”, han señalado, y han añadido que 'Bilboko Irria' “no es un programa festivo ni un programa de 'no fiestas', sino un programa de actividades culturales”. Así las cosas, en la página web de 'Bilboko Konpartsak', aquellos actos que no ha autorizado el Consistorio aparecen ahora en rojo y bajo el nombre de “robado”. Sí se mantienen algunas actividades, que cuentan con la autorización del Ayuntamiento, en cinco localizaciones diferentes: Plaza del Gas, Plaza Nueva, Tinglados, Teatro Arriaga y Casco Viejo.

No somos personas irresponsables, tal y como nos quiere representar el alcalde

Bilboko Konpartsak

De cara a las “no fiestas” bilbaínas, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido a lo largo de esta semana de “las 'no celebraciones' que se están produciendo en municipios de Euskadi”, como ha ocurrido en Gernika, donde decenas de personas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad se reunieron la madrugada del jueves para celebrar un “concierto” improvisado en el pueblo. “Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio, las 'no fiestas' son no fiestas”, ha remarcado. Tras la última reunión este miércoles de los expertos que asesoran al Labi —la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi—, que recomendaron prolongar las restricciones en vigor en la comunidad autónoma una semana más, Sagardui señaló que las celebraciones de las “no fiestas” que hubo en Vitoria “han incidido en el ascenso del número de contagios” en la ciudad.

A su vez, en una entrevista concedida a Radio Euskadi este jueves, la consejera insistió en que “no es tiempo de fiestas” y pidió “reflexión” a “la parte minoritaria” de la población que “no se da cuenta de que el momento es difícil”. Advirtió de que la tasa de incidencia en Euskadi sigue “muy por encima de cualquier escenario” que signifique que se está “saliendo de esto”. Este viernes, el dato de la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes en Euskadi era de 469,74 casos. En Bilbao, sin embargo, la víspera de las “no fiestas”, la tasa continúa por encima de los 500 casos y este jueves se registraron 95 nuevos positivos en la villa. “El virus usa cualquier resquicio”, señaló Sagardui, y remarcó que la mascarilla, la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones son medidas “efectivas”. “No hay más que mirar los datos”, insistió.

Detenciones en Donostia

En Donostia, la semana de fiestas habría comenzado el sábado pasado, pero el Ayuntamiento, al igual que en Vitoria y ahora en Bilbao, la suspendió, como ya ocurrió en agosto de 2020. Aun así, las reuniones y aglomeraciones, en especial en la Parte Vieja de la ciudad, han sido escenas habituales durante la pasada semana, así como los enfrentamientos con la Ertzaintza.

A raíz de los incidentes, 29 personas han sido detenidas en la capital guipuzcoana por “presuntos delitos de desórdenes públicos” en los últimos días. Cinco fueron arrestadas este jueves, después de haber “arrojado botellas de vidrio” contra los agentes que vigilaban la Parte Vieja de la ciudad. Sobre las tres de la madrugada, el dispositivo de control de las “no fiestas” recorría el centro y en la calle de San Jerónimo, en el punto en que confluye con otras calles, varios jóvenes recogieron “botellas de vidrio de las basuras existentes en el lugar” y lanzaron “los objetos contra la línea policial de manera insistente”, según comunicó la Ertzaintza. Otras diez personas fueron detenidas este viernes, acusadas, de nuevo, de “arrojar botellas de vidrio y otros objetos contundentes contra el dispositivo de agentes”. Los incidentes ocurrieron de madrugada, según las mismas fuentes, y comenzaron en la calle Juan de Bilbao, donde “unos jóvenes han lanzado objetos contundentes contra los recursos policiales que se encontraban en el lugar”. Tras este primer altercado, las personas que lanzaban los objetos se habrían “dispersado por las calles aledañas” y “quemado alguna papelera en la zona del Boulevard”, además de “continuar lanzando objetos contra los recursos”, que han tenido “que hacer uso de material antidisturbios”. En la actuación policial, detallan, cuatro agentes han resultado “contusionados”. Por último, catorce personas han sido arrestadas este sábado por el mismo tipo de incidente, que ha tenido lugar a las 2.30 de la madrugada en la calle Andia. Allí, “un grupo de individuos ha comenzado a lanzar botellas de vidrio y otros objetos contra los ertzainas del dispositivo de vigilancia y control en las ”no fiestas“ de la capital guipuzcoana”, han informado desde la Ertzaintza. De las catorce detenciones, trece son bajo la acusación de “un presunto delito de desórdenes públicos” y una por “el delito de atentado contra agentes de la autoridad”.

Entre el total de los detenidos, hay nueve menores —entre 16 y 17 años de edad— y el resto son personas de entre 18 y 32 años. Tres de los menores fueron arrestados el jueves y cuatro este sábado, y todos se encuentran “en libertad a disposición de sus padres y a la espera de ser citados ante la autoridad judicial”, mientras que los mayores de edad detenidos el jueves pasaron a a disposición del Juzgado de Guardia de Donostia. A su vez, todos los detenidos este viernes, tanto menores como mayores de edad, fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante en juez.

Respecto a los incidentes, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha lamentado este viernes el “profundo desprecio” a la convivencia que muestran los arrestados, según ha informado Europa Press. “Algunos comportamientos son absolutamente despreciables y merecen la más rotunda condena sin lugar a dudas”, ha señalado, y ha tildado de “incomprensible, desde todo punto de pista” el que sigan ocurriendo este tipo de “episodios”.

“Durante todo este terrible día, la 'Leopoldina Rosa' había podido resistir, pero hacia las cinco de la tarde se oyó un sordo crugido [sic] que heló de espanto a los infelices náufragos. La popa se abrió y fue invadida por el mar”. Son las palabras que describen el naufragio de la fragata 'Leopoldina Rosa', publicadas en el periódico 'El Espectador' el 4 octubre 1842, tres meses después de que el barco encallara en Punta Castillos, en la costa de Uruguay, cargado con 303 vascos (hombres, mujeres y niños) que emigraban a Latinoamérica bajo la promesa de una vida más próspera. A partir de 1830 y hasta el último cuarto del siglo XIX, Río de la Plata, entre Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), se convirtió en uno de los enclaves principales en el proceso de migración de los vascos. Hasta entonces, los destinos predilectos habían sido Cuba y Puerto Rico, todavía colonias españolas, frente al resto de países en el cono sur de América, inmersos entonces en procesos de independencia. Entre 1837 y 1840, aproximadamente 40.000 vascos entraron en Latinoamérica por Montevideo, tal y como soñaban aquellos que viajaban en el 'Leopoldina Rosa'.

El Museo Marítimo - Itsasmuseum de Bilbao rescata este verano la historia de la fragata con la exposición 'Leopoldina Rosa. Una historia de hoy', que sirve de punto de partida para reflexionar sobre los procesos migratorios actuales y sus retos, y las similitudes con las travesías de los vascos en el siglo XIX. Una doble mirada, a modo de espejo, producida por el Museo Zumalakarregi y comisariada por Mikel Alberdi, responsable de colección y documentación del museo. “Cuando descubres un naufragio como este, porque no era lo habitual, te viene a la cabeza lo que ocurre hoy día. Hemos querido reflejar que muchos de los temas analizados en relación a los vascos en ese periodo ocurren hoy exactamente igual con los inmigrantes que vienen aquí a vivir”, señala Alberdi.

Una de esas similitudes es la figura del 'enganchador' o agente de emigración, una persona encargada de fomentar el reclutamiento grupal y masivo de emigrantes, en especial jóvenes, desde diferentes puntos de la península, en el caso de los vascos desde Iparralde. “Es una figura muy representativa de las empresas que se organizan a partir de 1830 para promocionar la emigración vasca, convertida en un negocio. Se dedicaban a convencer a los jóvenes de viajar a América y cada empresa tenía los suyos”, explica el comisario. Ese año, Uruguay acaba de emanciparse de la metrópoli española y se había constituido como República Oriental de Uruguay. A pesar de que España todavía no reconocía la nueva república, sí que firmaba acuerdos con ella para fomentar la emigración. Fue gracias a uno de estos acuerdos que la 'Leopoldina Rosa' partió hacia Río de la Plata en 1842. En concreto, el 'enganchador' fue Alfredo Bellemare, que representaba en Baiona a la empresa Lafone & Wilson, del banquero Samuel Fisher Lafone, una de las que más emigrantes vascos transportó a la zona de Río de la Plata y propietaria de la fragata que protagoniza esta historia.

“Era un hombre de negocios. Hizo gestiones bastante importantes, como el acuerdo en 1836, en plena Guerra carlista, con la regente María Cristina de Borbón para promocionar en España la emigración a Uruguay”, amplía Alberdi. Empresas como la de Lafone, explica, recibían dinero por parte del gobierno uruguayo y también de la corona española. “Ellos (los uruguayos) tenían muchísimo interés en que los europeos se fueran allí. Al mismo tiempo, aquí, la regente estaba interesada en que los vascos, en lugar de seguir peleando contra su Gobierno, se fueran a América”. En el contrato que Lafone firmó con el Gobierno de Uruguay, por ejemplo, consta lo siguiente: “En la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo, a veinte y seis días del mes de Junio de mil ochocientos treinta y siete; ante mi el infrascrito Escribano y testigos al final nombrados; el Supremos Poder Ejecutivo de la República Oriental de Uruguay, compuesto del Excelentísimo Señor vice-presidente de ella Don Carlos Anaya; y de Su Excelencia el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Haciendo Don Francisco Joaquín Muñoz, dijo: Qué habiéndole en trece del precitado Junio Don Samuel Lafone propuesto que haría por espacio de cinco años venir a su costa de Europa y de Canarias a esta República personas industriosas y agrícolas que fomentasen las artes y la labranza con tal de que por el pasaje de cada una de los catorce años para arriba le abonase el mismo Gobierno setenta patacones y cuarenta por los menores de dichos catorce”. Setenta patacones (antigua moneda de plata) por los adultos y cuarenta por los menores, esos eran los términos para que Lafone trasladase europeos hasta Montevideo.

Uno de los reclamos para dejar Euskadi y viajar durante dos meses hacinados en un barco mal ventilado era la riqueza. “La idea de que había muchas posibilidades de tierra, de ganado y de tener una vida mejor. En la mayoría de casos era sencillo convencer, porque si aquí se estaba viviendo una crisis o una guerra, es fácil pensar que en otro sitio vas a estar mejor”, apunta Alberdi y señala que esto también se puede extrapolar a la situación actual. “Muchas veces esa promesa no era real. Por supuesto que existe la figura del famoso indiano que regresa a España enriquecido, pero la mayoría no lo hacía”, añade. Sin embargo, en el siglo XIX las personas que optaban por emigrar no eran las más pobres o aquellas con menos recursos. Esto se debía a la carestía del pasaje para viajar o, en caso de no tener dinero, a la obligación de contar con un avalista en el país de origen. “Determinar cuánto costaba un billete es difícil. Había diferentes precios, de primera y de segunda, en función de qué alimentos les daban o en qué condiciones querían viajar en el barco, pero costaba bastante. Quienes dejaban un avalista, al llegar allí y empezar a trabajar tenían que devolver el dinero o, si no triunfaban, la persona que los había avalado tenía que pagar por ellos”.

A la hora de decidir viajar, también era un factor clave la emigración en cadena o 'eslabonamiento': el que un familiar o amigo hubiese emigrado con anterioridad y actuase como contacto allí para el resto de parientes. En el caso de la 'Leopoldina Rosa', 303 vascos (según la crónica de 'El Espectador') optaron por dejar atrás Euskadi y montar en la fragata. Alberdi explica que “esa cantidad de personas por barco era habitual” y que “incluso existen referencias de los problemas que tenían los navíos en cuanto a provisiones”. No era extraño que con tanta gente a bordo tuvieran que racionar la comida. La 'Leopoldina' comenzó a cargarse en Baiona y terminó de hacerlo en Pasaia (Gipuzkoa), lo que responde al interés de los armadores por querer meter “a cuanta más gente mejor”, cuenta el comisario. “Las autoridades francesas eran más rígidas en el número de pasajeros y no permitían que cargaran tanto los barcos. Las españolas no debían de serlo tanto”, completa.

Uruguay y Argentina continuaron como principales destinos de la emigración vasca, junto con otro lugares como Cuba, México o Perú durante el resto del siglo XIX. “En el último cuarto, es curioso que a raíz de la abolición de los fueros se diese un aumento de las emigración con el objetivo de escapar el servicio militar. Hasta 1876 los vascos no lo hacían pero con la abolición sí. Los servicios en aquella época eran largos y en muchos casos había conflictos bélicos. El servicio era casi como despedirte de la vida”, explica Alberdi. Al mismo tiempo, se dio una “paradoja” en Euskadi, en especial en Bizkaia: “Con la industrialización, tuvo lugar un fuerte proceso de migración desde otros territorios españoles debido a las minas y la siderurgia vizcaínas”.

“La pluma se resiste a pintar esta escena que en el espacio de algunos instantes contiene todo lo que el sufrimiento humano tiene de más horrible y más lamentable”, se podía leer en la crónica 'El Espectador', antes de la lista de víctimas (231) y supervivientes (72) del naufragio de la 'Leopoldina Rosa', que partió de Pasaia rumbo a Río de la Plata hace casi 180 años y que tanto recuerda a quienes zarpan de diferentes partes del mundo rumbo a otros destinos.

Varios vecinos del barrio de Billela, en Mungia (Bizkaia), denuncian que desde hace quince días el agua llega a sus casas “con color amarillento” y que “no ha habido respuesta oficial” por parte del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, a pesar de haberse puesto en contacto con la entidad más de una ocasión. José Luis Gancedo, vecino del municipio, se siente “desatendido”. Explica que el pasado día 10 de agosto decidieron “actuar” y llamaron al Consorcio para comentarles la situación y abrir una incidencia. “No hubo respuesta. Parece ser que vino un operario a sangrar alguna tubería para sacar agua y después cerraron la incidencia”, señala. En su casa, y otras de la zona, no reciben el agua de la red general, sino que el agua procedente de la red llega a un depósito de 3.000 litros y después, a través de una bomba de agua, es transportada hasta cada uno de los domicilios.

Tras la llamada al Consorcio, el color del agua “seguía amarillo” y José Luis decidió analizar por su cuenta y en un laboratorio privado una muestra. “El día doce la llevé a analizar (al laboratorio Analítica Veterinaria Mungivet S.L, que realiza análisis de aguas y alimentos) y el lunes 16 llegó el resultado”, recuerda José Luis. En la clínica le explicaron que “no era apta para el consumo”, aunque tampoco era “potencialmente peligrosa”. Según los datos del análisis, se encontraron estreptococos fecales, en concreto 1 UFC por cada 100 mililitros, y bacterias coliformes, en este caso 73 UFC por cada 100 mililitros. Las siglas 'UFC' hacen referencia a Unidad Formadora de Colonias, un indicador microbiológico que determina la cantidad de microorganismos vivos en un líquido. La norma para aguas acondicionadas, según el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece que el valor paramédico de los microorganismos detectados ha de ser de 0 UFC en 100 mililitros. El resto de sustancias analizadas en el informe, como los nitratos y nitritos, se encontraban dentro de los parámetros permitidos.

“Una vez supimos el resultado, llamé al Consorcio de nuevo y les expliqué en qué situación nos encontrábamos. Entendemos que el depósito debería lavarse y vaciarse y les corresponde a ellos hacerlo”, indica José Luis y añade que desde el lunes han decido dejar de consumir el agua del grifo, que llevan bebiendo desde hace quince días, y empezar a comprarla embotellada. “Todavía no tenemos una notificación oficial. Todo lo hemos hecho por nuestra cuenta. Como no sabíamos qué hacer acudimos al Ayuntamiento de Mungia, pero siempre era la misma respuesta, que ya nos llamarían. Y nada”, se queja. En total han notificado cinco incidencias al Consorcio de Aguas, dos él, una su vecino y las tres últimas un tercero. José Luis explica que “una de las incidencias la cerraron”, pero que seguían “con el mismo agua”. “No explicaron que ya habían sangrado la tubería, pero no sabemos si ha afectado a más personas, a todo el barrio de Billela o incluso a Mungia. Solo tenemos evidencias de nuestra zona”, se lamenta.

Desde el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia informan de que “desde la semana pasada” sí han recibido “diferentes avisos de la misma zona” en los que se quejaban de que “el agua llegaba turbia o no llegaba del color adecuado”. La respuesta ofrecida por los técnicos, explican, “es que hubo una avería en la red general y que ya se solucionó”, pero que es posible que “el agua de las tuberías todavía tenga un color amarillo”. En estos casos, “la solución es purgar y eso es lo que se ha ido haciendo”, añaden, aunque no especifican el origen de la incidencia.

José Luis critica que él y otros vecinos “han estado consumiendo ese agua” y que “todavía no tienen una notificación oficial” por parte del Consorcio. “En estos momentos el agua viene clara, pero no en nuestro depósito. Igual en una semana no queda rastro, o sí, pero ¿vamos a tener que hacer nosotros otro análisis? ¿Nos van a certificar ellos que el agua es apta porque ya se ha mezclado con la nueva? No lo sabemos. El agua al depósito llega clara, pero no hay análisis y se supone que está bien. Si ha habido un segundo análisis a nosotros no se nos ha notificado. No tenemos respuestas”, concluye.

El grupo municipal de EH Bildu en Donostia ha denunciado este martes que la ubicación de la nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) en el barrio donostiarra de Gros “no hará más que aumentar los problemas actuales que padece el barrio”. El 11 de agosto, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, anunció que la Junta de Gobierno Local había aprobado iniciar el expediente de tramitación para una concesión de dominio público en favor del Basque Culinary Center. El objetivo es la construcción de un nuevo edificio de la institución académica, con motivo de su décimo aniversario, en una finca de 5.500 metros cuadrados de propiedad municipal y ubicada en Okendo-Alde, junto a la casa de cultura y a escasos minutos andando de la playa de la Zurriola.

Ahora, EH Bildu Donostia critica la decisión del Ayuntamiento y señala que la utilización de esa parcela “no tiene ni pies ni cabeza” porque, exponen, “en numerosas ocasiones se había anunciado que albergaría apartamentos para jóvenes y mayores, y un gran parque con zona deportiva”. Para el grupo, crítico con Goia, “la recetas” del alcalde “no responden a las necesidades de los vecinos” y “son un paso más en la estrategia de concentrar este tipo de infraestructuras en determinados barrios donostiarras”. En 2019, Eneko Goia, entonces candidato 'jeltzale' a la reelección, presentó varias propuestas relacionadas con la vivienda como parte de su candidatura. Una de ellas fue el compromiso de “acometer la construcción de apartamentos dotacionales, en especial para jóvenes, en lugares como Gros, Amara, Morlans, Riberas de Loiola, el Antiguo o Altza”, según informó Europa Press.

“Gros tiene una necesidad urgente de vivienda y está inmerso en un proceso de turistificación sin medida”, han indicado. En este aspecto, han aludido al precio del alquiler en Gros (“de unos 1.300 euros”) y a lo “difícil” que resulta acceder a la vivienda en Donostia y “aún más” en este barrio, “un 18% más caro”. “En Gros no hay absolutamente ninguna vivienda protegida y, como consecuencia de todo ello, el barrio pierde población año tras año. 1.100 habitantes perdidos entre 2010 y 2019, y otros 177 en 2020”, han añadido. A estas críticas se les suman las vertidas contra los pisos turísticos -“unos 300”- y los hoteles en la zona, en especial contra la construcción de dos nuevos en el edificio de la parroquia Corazón de María y en el colegio María Inmaculada. El Gobierno local aprobó el pasado miércoles el cambio de uso de la parcela de Corazón de María, que en su día fue colegio Claret y actualmente estaba sin utilizarse. Pasará del ámbito de equipamiento al de uso terciario, lo que permitirá su explotación comercial y con ello la construcción de un hotel en el edificio. En el caso de María Inmaculada, el pleno del Ayuntamiento aprobó en julio el estudio de detalle para desarrollar en la infraestructura un hotel de cuatro estrellas y una residencia de estudiantes.

Una alternativa “ilógica”

“La realidad es que muchos vecinos de Gros tienen que irse de su barrio porque no tienen acceso a una vivienda digna”, ha denunciado EH Bildu Donostia, y ha acusado al PNV y al PSE-EE de “apostar por la turistificación” y por “seguir expulsando a vecinos que no pueden acceder a una vivienda en el barrio”. Por ello, consideran “ilógico” que “el Gobierno municipal haya descartado el proyecto inicialmente previsto en Okendo-Alde y que ahora apueste por la ubicación de la segunda sede del Basque Culinary Center”.

“Es hora de dejar de lado las viejas recetas y empezar a pensar Donostia y sus barrios en términos de sostenibilidad y equilibrio. Y ello hay que hacerlo en colaboración con los agentes sociales y vecinos de las zonas afectadas”, han pedido al resto de grupos del pleno. Además, consideran que “los intereses y necesidades del sector de la investigación y el conocimiento”, así como “los del propio Basque Culinary Center”, deben “ser objeto de un análisis exhaustivo”. Exigen “explicaciones al alcalde” y que “se pongan sobre la mesa todas las alternativas posibles”. “Hay muchas zonas de la ciudad, como en Distrito Este, que tienen una gran necesidad de proyectos económico tractores. ¿Por qué se ha preferido instalar la sede del BCC en Okendo-Alde en lugar de hacer apartamentos?”, han preguntado.

Erne, principal sindicato de la Ertzaintza, denuncia que la unidad de intervención acuática del cuerpo lleva “más de un año” sin normativa de seguridad propia, que las libretas de actividades subacuáticas (documento que acredita la aptitud para realizar inmersiones) expedidas por el Gobierno vasco están sin sellar y que a los buceadores no se les ofrece una formación de rescate específica y adecuada a las labores que realizan.

En Euskadi, es competencia del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, en concreto de la dirección de Pesca y Agricultura, expedir las tarjetas y libretas para el buceo profesional, titulación que se les exige a los ertzainas que quieran entrar en la sección de intervención acuática de la unidad de Vigilancia y Rescate. Cada una de estas libretas, personal e intransferible, tiene una validez de cinco años desde su expedición y es “el documento acreditativo de las titulaciones administrativas y especialidades que posea el buceador profesional o científico titular de la misma, así como de su aptitud para la realización de inmersiones subacuáticas correspondientes a su titulación y condición médica y psicológica”. Además, en ellas se incluyen los reconocimientos médicos anuales a los que se somete el titular, en este caso cualquier ertzaina de la unidad de buceo.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad exige como requisito para sellar anualmente la libreta, o para renovarla, un certificado médico oficial, firmado por un médico hiperbárico, que acredite la aptitud del buceador. Y es este departamento el único órgano competente para sellar dichas libretas. Sin embargo, en Erne critican que el área médica de Erandio, encargada de las revisiones médicas de los buceadores de la Unidad de Vigilancia y Rescate, “se autoproclame como administración competente” y firme las libretas “sin pasar por la dirección de Pesca y Agricultura hasta que llega el día en que hay que renovarlas”. “Entienden que ellos también tienen potestad para sellarlas, porque en la libreta está escrito 'sello de la administración', y las libretas pueden estar años sin pasar por el Departamento de Desarrollo Económico y Competencia”, añaden en el sindicato. El problema, explican, se da en el momento de renovar la libreta, puesto que el departamento exige un certificado médico oficial y el área médica de Erandio presenta “uno hecho por ellos mismos” y que “no es el exigido”.

“Están en un tira y afloja y mientras tanto nuestras libretas están sin sellar. ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Estamos cubiertos o no estamos cubiertos?”. Esa libreta no está sellada por quien tiene la competencia, lo está por otro estamento que en teoría no es válido. Como Ertzaintza, dentro de nuestras funciones está la de pedir la libreta en regla a otros buceadores profesionales que no son policías. ¿Con qué cara vamos a exigir que su libreta esté bien sellada y actualizada cuando las nuestras no lo están?“, se quejan. A pesar de ello, critican que deben ”seguir buceando y haciendo rescates“ y que se sienten ”en un limbo“ administrativo. ”No puede ser, somos la policía y somos los primeros que debemos tener las cosas en regla. Si nosotros no lo hacemos bien, ¿cómo vamos a obligar al ciudadano a hacerlo?“. No todas las libretas de la plantilla de buceadores (entre 30 y 35 según Erne) están sin sellar, solo aquellas que han sido expedidas por el Gobierno vasco, ya que otras han podido obtenerse fuera de la comunidad autónoma y la normativa aplicable en su caso es diferente. Aun así, en el sindicato aseguran que la expedidas en Euskadi son ”aproximadamente el 95%“.

Necesitamos nuestras propias normas. Muchas veces buceamos en situaciones complicadas y peligrosas, que lo son aún más sin pautas de seguridad

Por otro lado, en Erne denuncian que llevan desde julio de 2020 sin una normativa de seguridad para las actividades de buceo. Ese mes, entró en vigor en España el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo. En el artículo 1, queda recogido que el objeto del decreto es “regular la condiciones de seguridad en el ejercicio de las actividades de buceo que se realicen en aguas marítimas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción”, pero que “la práctica de buceo militar y el efectuado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por su propias normas”. Desde el sindicato reclaman una normativa propia y se quejan de que desde esa fecha no tienen normas de seguridad. “Las tendría que desarrollar el departamento y ya están planteadas, pero requieren de una firma. Nadie quiere firmar, no se quieren hacer responsables. Si se firman y luego hay un accidente, incluso llevando a cabo las normas, a la persona firmante se le puede exigir responsabilidad”, explican. Matizan que las quejas no están dirigidas a la jefatura de la unidad de rescate, donde “hacen todo lo posible”, sino a instancias superiores desde las que “nadie hace nada”. “Necesitamos nuestras propias normas. Muchas veces buceamos en situaciones complicadas y peligrosas, que lo son aún más sin pautas de seguridad. Y ocurre lo mismo que con las libretas. A un ciudadano le exigimos cumplir las normas de seguridad establecidas en el Real decreto, pero a su vez nosotros no tenemos. Es una locura”, insisten en Erne.

“No estamos formados”

A esto se le añade la falta de formación específica para los buceadores de la Ertzaintza. Para entrar en la unidad de rescate, la exigencia es el título de buceo profesional, entendido como “el que se lleva a cabo para el ejercicio de una actividad de tipo económico o empresarial y que no podrá desarrollarse al amparo de las demás modalidades de buceo”, según la orden que regula el programa de formación. Estas actividades económicas o empresariales incluyen labores de limpieza, de soldadura o de mecánica, entre otras, pero no de rescate o salvamento. “La diferencia en formación entre una persona que trabaja debajo del agua y nosotros que somos buceadores de rescate es ninguna. Con esa formación entras en la unidad para hacer rescates. Podría ser una buena forma de entrar si luego nos formasen, pero no nos forman”, señalan en el sindicato. El buceo de la Unidad de Vigilancia y Rescate se considera “buceo para fines de servicio público”, e incluye actuaciones como sacar vehículos hundidos y a las personas que se encontraban dentro de ellos. “En pocos años hemos tenido varios casos de coches bajo el agua. Uno en Hernani, donde cayeron cinco personas, dos salieron por su propio pie y tres murieron. Nosotros somos los que tenemos que bajar a sacar los cadáveres, con poca visibilidad y corriente. Nos metemos en el agua con un título en el que no se nos enseña a hacer eso. Muchos entran a hacer el rescate y es la primera vez que se encuentran en esa situación. No estamos formados”, critican.

Desde Erne explican que “no están obligados a entrar en el agua”, pero que “existe una presión, porque está la familia”. “Al final las cosas salen porque nos implicamos, porque tenemos suerte y porque hay quienes tienen cursos que se han pagado con su propio dinero para saber qué hacer en esos casos. Por parte de la jefatura se mandan muchos informes para exigir la formación y nos la deniegan”, añaden. No entienden por qué a los bomberos de Bilbao “les han formado en un curso específico de rescate” y a ellos no, “después de pedirlo por activa y por pasiva”. “Ellos saben que en situaciones comprometidas tiramos para delante y sacamos el trabajo, hasta que un día haya un problema, venga un juez y pida titulaciones. Si no las tenemos y además presentamos una cartilla sin sellar, pues fíjate el juez lo que puede llegar a decirnos. ¿En qué condiciones estamos buceando? Lo peor de todo es que somos la autoridad competente que exige a los demás”, concluyen.