La bicicleta surgió en 1817 como una alternativa al caballo más barata y de fácil mantenimiento, pero fue rápidamente reducida a un uso marginal ante la rápida popularización de los vehículos de combustión. Más de dos siglos después, urbanistas de todo el mundo llevan décadas viendo el pedal como una solución ideal a los problemas de movilidad urbana que generan las grandes ciudades. Sevilla hizo un sprint durante el gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín (gracias sobre todo al impulso de IU personificado en la concejal Paula Garvín), una apuesta que la puso a la cabeza de los rankings y en boca de todos

Pero aquella velocidad de crucero se paralizó durante el mandato de Juan Ignacio Zoido (PP) y arrancó de nuevo tímidamente con los socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz. Desde entonces, y pese a las iniciativas planteadas sobre el papel (como el Programa Bici 2020, aún por ejecutar) la falta de mantenimiento e incluso la eliminación de carriles ya existentes por obras nuevas como las del tranvía lastran el desarrollo de la bicicleta en la capital hispalense.

Sevilla inició las obras de su primer tramo de carril bici en 2003. Entre ese año y 2007, cuando se inauguró, se construyeron 80 kilómetros en la ronda histórica, claves para posicionar las dos ruedas como una alternativa viable al coche en esta zona. La de la capital hispalense fue una auténtica revolución popular en términos de movilidad. La ciudad pasó de un 0,9% de desplazamientos en bicicleta a casi un 10% en su momento más dulce, entre 2007 y 2011 con la euforia de la novedad y la inauguración del servicio público de alquiler de bicicletas Sevici.

Reconocimiento internacional

Los sevillanos tomaron conciencia casi espontáneamente de las idóneas condiciones ciclistas de una ciudad llana y de largas avenidas, y durante años se mantuvo el desarrollo de la propuesta. Un esfuerzo que colocó en 2013 a la ciudad como referente: el índice Copenhaguize, que mide lo bicifriendly que son las ciudades, situó a Sevilla como la 4ª mejor del mundo, siendo la primera potencia nacional en “ciclabilidad”. La capital andaluza se había convertido en un modelo de movilidad sostenible y los proyectos para mantener esta apuesta parecían indicar que todo iba a ir sobre ruedas.

En 2019, la red ciclista de Sevilla alcanzó los 180 kilómetros. Por entonces, su cobertura superaba a ciudades ostensiblemente más grandes como Barcelona. En estos últimos cinco años, mientras el espacio ciclista de la ciudad condal se amplió hasta los 257 kilómetros, la capital andaluza “pegó un frenazo”, y a día de hoy apenas ha prorrogado su extensión hasta los 190 (proyectados a 205 según los planes del anterior equipo socialista, y en proceso de ejecución por parte del actual gobierno del PP).

Los próximos pasos, planteados durante el anterior mandato municipal, pasan por la unión del entramado ciclista de la capital con el de La Rinconada, salvando la Supernorte y el arroyo del Tamarguillo. Su ejecución, no obstante, no está prevista hasta 2025. El proyecto, financiado con los fondos europeos Next Generation, prevé el diseño de una red ciclista metropolitana.

El Ayuntamiento de Sevilla actual (gestionado por el PP) apuntó en la presentación de los presupuestos para 2024 que se iban a desarrollar 15 nuevos carriles bici, como en la avenida de Jerez, el Camino de los Descubrimientos, la avenida Revoltosa, la rotonda Palacio de Congresos-Calle Secoya y las avenidas de San Jerónimo y Biología. De estos 15, recientemente se anunciaba que en los próximos meses comenzarán los trabajos para construir el de San Jerónimo-Biología (1.620 metros), la conexión de este tramo con lo que será el acceso norte desde La Rinconada (3.715 metros) y el trayecto entre el Palacio de Congresos y Valdezorras, concretamente en la calle Secoya, con una longitud de 1.130 metros.

En total son 6,5 kilómetros que se sumarán a la red actual. Se ejecutarán también obras en otra decena de vías ciclistas que, según el gobierno local, requieren de importantes reformas y ampliaciones y se incrementará el importe destinado al contrato de mantenimiento. En total se invertirán ocho millones de euros para paliar la “la falta de inversión y mantenimiento” que el alcalde, José Luis Sanz (PP), le reprocha al PSOE en su anterior etapa.

“No sólo estamos poniendo remedio a esta situación sino que vamos a construir 12 kilómetros”, asegura el regidor. La última actuación concreta ha tenido lugar el pasado mes de agosto, cuando se ha aprovechado la repavimentación del puente de San Telmo para trasladar el carril bici a la calzada y así facilitar la movilidad de ciclistas y peatones.

Un duelo con el tranvía

En paralelo, se mantienen los rescoldos de la ultima polémica ciclista a propósito con la ampliación del tranvía. El punto de partida está en la propia normativa municipal, que define el carril bici como un espacio “perfectamente diferenciado en otro color al espacio peatonal” y debe poseer “banda podotáctil en caso de que esté a la misma cota; estar bien señalizado; ser continuo y tener 2,5 metros de ancho; y tener rebajes adecuados en las intersecciones con la calzada e independientes de los pasos de peatones”.

Sin embargo, y contraviniendo directamente este texto, el gobierno de Sanz ha previsto que el tramo ciclista de la avenida San Francisco Javier pase a ser un espacio compartido por ciclistas y peatones, solo separado por chinchetas metálicas, como ya se hace en algunos segmentos como el de la Avenida de la Constitución. Una solución que desde las asociaciones ciclistas locales han avisado que, como en los tramos del centro histórico, causará problemas entre viandantes y ciclistas.

Otros segmentos en reforma, como el tramo de Luis de Morales, han sido objetos de fricciones entre Ayuntamiento y entidades, dando el gobierno local varias versiones sobre el destino final del carril bici con la obra del tranvía. La última, planteada por la Delegación de Movilidad en la reunión que solicitaron seis entidades ciudadanas, habla también de adherirse a este modelo de uso mixto del espacio, aunque los colectivos ciudadanos se muestran frontalmente en contra.

La Asociación Sevillasemueve, Ecologistas en Acción, Ciclotrabajadores de San Pablo, Club Patinadores de Sevilla y Red Sevilla por el Clima vienen exigiendo la recuperación de un carril que aparece en el PGOU como parte de la red estructural, y han propuesto su sustitución por el carril bus planeado. Con esto, según las organizaciones ciudadanas, se cumpliría una doble función: la de separar el carril bici de la acera, incluso a distinto nivel y contando con más espacio que antes de la obra, y promovería el uso del nuevo transporte público, el tranvía.

Cuestión de prioridades

La conservación de los actuales tramos es también motivo de queja por parte de la comunidad ciclista hispalense. A la falta de mantenimiento por su uso y desgaste se añade también la invasión de los veladores. Son cada vez más los usuarios que se quejan de la transgresión de los límites del carril bici por parte de los establecimientos que colocan sus mesas sobre el carril.

Para Ricardo Marqués, portavoz de A Contramano, la principal asamblea ciclista de Sevilla, el foco debe desplazarse ahora a la optimización de las infraestructuras ya existentes para volver al esplendor de los primeros años de la década de los 2010. “Llevamos años pidiendo, por ejemplo, aparcabicis en los intercambiadores de transporte público”, asegura, y aboga por “una simbiosis entre los diferentes medios de transporte” que “mejoraría las conexiones y acercaría distancias dentro de la propia ciudad”. Una ciudad que ha visto que, en los últimos años, las infraestructuras de transporte se le quedaban pequeñas, sobre todo en sus días grandes.

Pese a los problemas de mantenimiento y adaptación, el carril bici sigue batiendo récords de afluencia, gracias en gran parte a la irrupción de los patinetes eléctricos (que circulan por el carril bici siempre y cuando tengan menos de 250W de potencia) en los trayectos diarios. Los números ya rozan los niveles de 2011 y han alcanzado las cifras prepandemia, según los datos proporcionados por la asociación A Contramano en su último estudio de 2023.

Gran parte de estos desplazamientos, como apunta Marqués, tienen lugar entre los domicilios y unos centros de trabajo que, por normativa municipal, deberían contar con bicicleteros y espacios adaptados para lograr la correcta implantación de la bicicleta como hábito entre los trabajadores. “Para que sea una opción real tiene que ser cómodo de hacer todos los días”, resalta, con que contrasta con que a día de hoy esto solo se cumple en los complejos universitarios. “Y casualmente, los datos indican que los profesionales que más van en bicicleta al trabajo son los profesores, en un porcentaje incluso superior al de los alumnos”, destaca el activista.

Más allá de la movilidad

El representante de A Contramano también hace hincapié en “los beneficios que no son estrictamente urbanos”. En concreto, alude al programa HEAT, un indicador dependiente de la Unión Europea que asegura que en Sevilla cada año se evitan 24 muertes por los beneficios de la salud asociados al transporte en bici. La lucha contra las cardiopatías y otros males modernos que aquejan a una sociedad urbana tienen en el pedal un potente aliado. Unos beneficios que diferencian a la bicicleta (convencional) de otros medios de nueva implantación como el patinete eléctrico.

Para que la movilidad urbana apueste por un modelo más sostenible y “humano”, la educación juega un papel fundamental. Para ello, A Contramano asegura que ha intentado que el Ayuntamiento promocione, mediante un plan municipal en los centros escolares, el uso de la bicicleta como medio de transporte. Un programa que en palabras de Marqués “resulta difícil de implantar cuando no existen aparcamientos de bicis en los centros donde padres y niños puedan dejar las bicicletas”.

“Hemos sido universitarios” nos cuenta con ilusión Quino. Él, junto a otros 16 jóvenes con discapacidad intelectual, han participado desde el pasado octubre en un curso de formación para el empleo impulsado por la Universidad de Sevilla, a través del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo en el programa “Unidiversidad”.

Una experiencia que para alumnos como Quino ha significado mucho: “Al principio no quería, mi madre me apuntó sin yo saberlo. Pero hoy me alegro mucho de haber participado”. No oculta su desconfianza después de malas experiencias: “Creía que iba a ser lo típico, tenernos entretenidos y poco más. Pero aquí realmente nos escucharon”. Y se ha sentido “un universitario como cualquier otro”. El programa, destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años con más de un 33% de discapacidad intelectual, contó con su propio período de prácticas en empresas. “Estudiaron cada uno de nuestros perfiles y nos encontraron un sitio donde hacer las prácticas. Les dije que me gustaba trabajar con personas discapacitadas y ellos me consiguieron un sitio en la asociación SETA”. Trabajar en un centro de estas características le animó mucho, y asegura que ha sido “como cualquier otro trabajador”.

“Realmente la inclusión es posible y la estamos haciendo nosotros”, afirma Cristina Sousa, una de las tutoras que ha acompañado a los alumnos. El equipo docente ha afrontado este curso como un proyecto con el que alcanzar una “inclusión real”. Los tutores trabajaban de manera individualizada con los alumnos, ayudándoles a alcanzar el verdadero potencial de cada uno. “Hemos conseguido que estén completamente integrados en el ambiente universitario”.

17 universitarios más

El programa no escatimó en actividades para que los alumnos lograran una experiencia completa. En la Facultad de Educación, donde tuvieron lugar las clases, el aprendizaje del alumnado se basaba en eventos. De hecho, el lema de esta edición, la séptima, es “96 días, 96 experiencias”. Todas las actividades que realizaron los alumnos fueron subidas a su cuenta de Instagram.

Quino relata, entre otras cosas, cómo fue vivir la experiencia de un proyecto de investigación. El proyecto, en colaboración con la Universitat Jaume I de Valencia y la Ramón Llul de Barcelona, puso en contacto a los jóvenes de las diferentes universidades que participan en el programa para elaborar una investigación. “Lo hicimos todo nosotros solos, todos a una”, aclara orgulloso Quino. “Los tutores tenían voto también, pero los alumnos éramos la mayoría y decidíamos entre todos”.

La autonomía y la cooperación jugaron un papel fundamental en las clases, que también se expandían más allá del aula con una Feria de la Inclusión y clases “inclusivas”. Estas últimas daban la oportunidad a los jóvenes del programa de tomar parte en clases convencionales de los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se imparten en la misma facultad. Además, las entidades colaboradoras impartían clases cada semana. En esta edición, también han contado con la colaboración de entidades locales como la Policía Local de Sevilla.

“Invito a todas las personas discapacitadas que puedan a que se apunten”, quiso apuntar Quino. El joven, diagnosticado con autismo y participante en otros programas parecidos como los de Autismo Sevilla, confiesa que lo que le apasionaría es hacer cine. “Estoy en varios proyectos de personas discapacitadas y cine, y participo en voluntariados por toda España”. Quino no parece estar dispuesto a estarse quieto, y valora la formación para el empleo que les han dado los tutores: “Nos ayudaron a redactar currículums para las empresas y nos aconsejaron cómo podríamos encontrar trabajo”. El programa contribuye al reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho, e historias como las de Quino ponen de relieve el papel de la Universidad en aras de este objetivo.

El pasado jueves 25 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó (con el voto incluido del gobierno local del PP) la demanda efectuada por la plataforma Barrios Hartos para la creación de una Comisión de Emergencia Energética ante los continuos cortes eléctricos que se producen en barrios obreros de la ciudad. En la moción, presentada por el PSOE, se incluía la adopción inmediata de medidas paliativas.

Las propuestas habían sido abordadas y aprobadas previamente en una reunión en la que estuvieron representados los tres niveles de la administración (central, autonómica y local) y Barrios Hartos. La principal es la declaración del estado de emergencia energética en las zonas afectadas, una medida sobre la que todavía no se ha pronunciado el Gobierno andaluz, que es el que tiene las competencias para ello. Mientras tanto, se anuncia una nueva ola de calor en Sevilla y los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz siguen a la espera de una solución.

Las temperaturas previstas de más de 40 grados en la capital hispalense han hecho saltar las alarmas entre los vecinos, que han cargado contra el Consistorio hispalense acusándole de ignorar la emergencia. Demandan medidas provisionales, al menos, para poder soportar la situación en estas condiciones extremas, además de acusar al gobierno local de “tener más diligencia cuando se trata de reprimir protestas vecinales pacíficas que para combatir los efectos de los cortes de luz”. La asociación vecinal se queja de que, desde la semana pasada, toda la comunicación que tienen por parte del concejal de Derechos Sociales, José Luis García (PP), es que “están en ello” sin proporcionar ningún detalle más.

Empezar de cero

En un comunicado, la plataforma afirma que “reinicia el proceso de asambleas barriales donde se decidirán las acciones coordinadas para los próximos días”, con el convencimiento de que “la movilización y la organización de las familias afectadas es el único camino para que se aborde un escenario grotesco generado por la insuficiencia de las instalaciones”. Inciden en que los afectados “no pueden manejar los plazos” que se imponen desde la administración pública, ya que se trata de cuestiones de urgencia y necesidad humana.

Las convocatorias de la asociación se siguen sucediendo. Barrios Hartos ha extendido su lucha a Fuente del Rey, en Dos Hermanas, una zona también afectada por los problemas con el suministro de eléctrico. El llamamiento, a través de los grupos locales en redes sociales, cuenta con el apoyo de la población de la zona, que también denuncia un servicio deficitario por parte de Endesa.

El Ayuntamiento apunta a la Junta

Mientras tanto, el Ayuntamiento dice que su función es “meramente mediadora” y que es la Junta de Andalucía, junto con la compañía eléctrica, quien debe hacerse cargo de la situación del suministro en estos barrios. Entre las medidas asumidas por el alcalde, José Luis Sanz (PP), con la moción del PSOE está la declaración del estado de emergencia energética en la ciudad. Pero mientras el Ejecutivo autonómico no conceda este estatus y disponga los medios necesarios, el Consistorio lamenta no “tener capacidad de intervención directa en el problema”.

Mientras tanto, los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz imploran un “tratamiento humano”, ya que los plazos que se barajan y la “opacidad” en este proceso “son claramente insatisfactorios y hostiles”. Esto acaba generando en los vecinos la “sensación de un juego de la pelota que se pasa de una administración a otra, sin perspectivas reales de cambio”. En este sentido, lamentan que la táctica del Ayuntamiento y la Junta sea “escurrir el bulto hasta que pase el verano, que es el punto de máxima tensión, y luego hacer lo mismo en Navidad, que es el otro, así hasta que la gente se olvide”.

El verano continúa y los problemas con los cortes de luz en los barrios obreros de Sevilla, también. La reciente reunión entre la plataforma interdistritos Barrios Hartos y representantes de las administraciones local, autonómica y estatal concluyó con el compromiso del Gobierno andaluz de analizar la posibilidad de declarar el estado de emergencia energética en las zonas afectadas, mientras que tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno en Sevilla mostraron su interés a contribuir en la medida de sus competencias a paliar esta situación lo antes posible. A la reunión no fue invitado ningún representante de Endesa por propia petición de la plataforma ciudadana, que argumenta que “sólo serviría para estancar las conversaciones”.

La pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía, cuyo delegado territorial de la Consejería de Industria y Energía acudió a la reunión y acordó “trasladar el estudio de la viabilidad del estado de emergencia” ya que desde este departamento se apunta que “no tiene las competencias para hacerlo”. Esto no significa que no sea una cuestión que corresponda al Gobierno andaluz, pero caería dentro de las funciones de la Consejería de la Presidencia, al menos según la interpretación que hacen desde Barrios Hartos, que apelan al decreto que regula la declaración de emergencia de interés general aprobado el pasado mes de marzo.

La Junta, por tanto, deberá decidir ahora si toma en consideración o no la propuesta que salió de la comisión de emergencia energética, constituida a instancias de Barrios Hartos con presencia de todas las administraciones y que la semana pasada celebró su primera reunión. La plataforma vecinal, mientras tanto, vuelve a reincidir en sus reivindicaciones: “No es el momento de discutir los porqués o las soluciones a largo plazo, es el momento de adoptar medidas inmediatas que palíen los efectos de esta situación a los vecinos que tienen que sufrirlas”, ha afirmado su portavoz, Juan García.

Desde el movimiento se ha hecho especial hincapié en el decreto aprobado en marzo, en el que se recoge incluso la excepción al protocolo si la situación así lo requiere. No obstante, el Gobierno andaluz aún está a la espera de que sean notificadas las medidas complementarias adoptadas en el pleno municipal de la semana pasada, en el que se aprobó instar a esta declaración del estado de emergencia energética.

Medidas que no salen del papel

La oferta del Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno de apoyar a los vecinos con medios y voz para intentar solucionar la emergencia también ha tenido un recorrido en los últimos actos. En la reunión de la comisión de emergencia energética, el gobierno local (PP) se comprometió a la creación de una red de “refugios habitacionales dignos” para los afectados por los apagones, una medida ratificada luego en la sesión plenaria, donde se puso sobre la mesa a propuesta del PSOE.

La iniciativa socialista aglutinaba un paquete de medidas en respuesta a la situación de emergencia provocada por los cortes de luz en los distintos distritos afectados. Todos los puntos de la propuesta fueron aprobados a excepción de uno menor, referente a los protocolos durante las incidencias. Sin embargo, desde Barrios Hartos denuncian que, “aprobado desde el jueves pasado, a lunes las medidas ya son papel mojado” y recalcan que estamos ante una situación de extrema necesidad por parte de los vecinos. Su portavoz, Juan García, acusa a las partes implicadas de “aprovecharse de que los efectos de los cortes de luz los sufre cada vecino dentro de su casa y no se ven”.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla también se declaró “a entera disposición” de los organismos, pudiendo aportar incluso medios si es que la Junta así lo requiriese. Sin embargo, todas estas propuestas pasan por la declaración del estado de emergencia energética, que corresponde únicamente al Gobierno andaluz. Sin esta condición, las demás administraciones declaran ser prácticamente impotentes, una situación que desde Barrios Hartos “ya sospechaban” y afirman que “temen que la pelota pase de un lado a otro sin que nunca se aplique ninguna medida”.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado hoy en su sede en Sevilla un informe de seguimiento del precio del aceite de oliva en las 6 cadenas de supermercados del país. El estudio, que analiza una veintena de marcas a la venta en 19 ciudades distintas (y en distintos puntos dentro de las mismas ciudades) revela que existen desigualdades en los precios de un mismo producto dependiendo de dónde nos encontremos, diferencias que llegan a ascender hasta los 4,67 € por litro en algunos productos y puntos del país.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, ha recordado que “estamos ante una práctica comercial ilegal” en base a lo dispuesto por el decreto ley de diciembre de 2022 de defensa de los consumidores, que impide a las empresas aumentar los márgenes empresariales a los productos con un IVA reducido o exentos. Sánchez ha recordado que “el Estado ha renunciado, después de 19 meses de esta medida, a más de 2.000.000.000 de euros en recaudación” a lo que añade que “sin embargo, no ha hecho la inversión suficiente en controlar los mercados para que se cumpla la nueva normativa”.

El informe da algunos datos clave con respecto a los precios en diferentes ciudades, algunos de ellos muy llamativos. Por ejemplo, llama la atención que Sevilla y Linares, más cerca de los centros de producción de aceite, sean las ciudades más caras en varias marcas y distribuidoras, mientras que Ourense y Pontevedra, en Galicia, tengan los precios más bajos. Las diferencias se dan incluso entre puntos de venta dentro de la misma ciudad, “aprovechándose de la zona y el nivel de competencia” para variar más de 1 euro por litro dependiendo del distrito donde se ubique el supermercado.

“Los precios de origen no son excusa”

El informe de FACUA, además de los precios de los supermercados, se ha encargado también de tener en cuenta los precios de origen, con una evolución de carácter interanual en el aceite de oliva virgen extra. En el mismo mes del año pasado, el precio medio de un litro de este producto estaba situado en los 8,41€/l. Doce meses después, esta misma cantidad tiene un precio medio que asciende hasta los 12,96€, un 55% más.

Sin embargo, Sánchez ha señalado los datos de este estudio sobre el precio en origen: el año pasado, el litro de aceite de oliva virgen extra se pagaba a 7,52€/l en origen, mientras que en la semana del 8 al 14 de julio de 2024, los productores cobraron 6,77€/l a pesar de la subida de precios al consumidor. El secretario general de FACUA ha querido lanzar un dardo al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien llama “el ministro de los supermercados” y acusa de “no querer reconocer la competencia de la cartera para proteger a los agricultores” al tiempo que manifestaba “el apoyo de FACUA a los agricultores, a los que no se les puede agredir aún más”.

En manos de Consumo

Desde FACUA han lamentado “la inacción de las autoridades competentes en esta situación” y ha recordado que, “según el artículo 47 del mismo decreto ley, las comunidades autónomas en su defensa de los derechos del consumidor también tendrán poder sancionador”. Sin embargo, y con este nuevo informe en la mano, FACA planea comunicar la denuncia pertinente ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. “Tenemos la confianza en que el ministerio tome medidas inmediatas y reales, como ya hizo con las aerolíneas”.

Rubén Sánchez ha querido subrayar que el ministerio de Consumo “es un microministerio, infradimensionado para las competencias que tiene y las labores de vigilancia del mercado que tendría que hacer”. Sin embargo, y con los datos que proporciona el informe FACUA afirma que la cartera tendrá potestad sancionadora. El secretario general ha querido anticiparse a las posibles excusas de las cadenas a estas prácticas, afirmando que “aunque argumenten que ha sido un error humano o en el etiquetado, las pruebas que hemos reunido no dejan lugar a dudas.” Ha reafirmado su discurso diciendo que no entienden “cómo ninguna de las 18 autoridades competentes ha hecho nada en estos 19 meses” y ha concluido su intervención sentenciando que “lo que no se puede negar es que hoy o compramos todo mucho más caro”.

Las obras en la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla siguen su curso con el objetivo puesto en dos fechas, la primera de las cuales es el próximo mes de agosto, cuando se iniciarán los trabajos en el entorno que se culminarán un año. La segunda está relacionada con la pasarela peatonal que conectará Los Remedios con San Telmo, que en principio estará concluida a finales de 2026.

Así lo ha anunciado este miércoles Josep María Farré, presidente de KKH Property Investors, empresa responsable del proyecto, que ha comparecido junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, para enseñar mostrar el estado de unas obras de “carácter integral” que permitirán la “modernización completa” de la orilla del barrio de Los Remedios. El derribo de la fábrica de Altadis, sin actividad desde 2006, será el primer paso para el “masterplan” urbanístico diseñado para la zona: un hotel de lujo, tres edificios de oficinas, un gran edificio principal de usos mixtos y dos inmuebles para equipamientos municipales.

La obra, además, prevé un nuevo parque urbano de cerca de cinco hectáreas y con más de 300 metros de paseo frente al río, “que quedará abierto a la ciudadanía con la eliminación del muro de la fábrica”, según la entidad constructora. Farré ha incidido en el carácter público de esta “reimaginación del espacio”, subrayando que el paseo “será una calle Betis peatonal y más bonita”.

Obras complementarias

La fase de urbanización exterior incluye el rediseño de las calles Juan Sebastián Elcano y Pierre de Coubertin, la incorporación de nuevos espacios públicos peatonales y la implantación de un carril bici, todo ello con un presupuesto de cinco millones de euros y una duración prevista en 12 meses. Comenzará, según la Gerencia de Urbanismo, la segunda semana de agosto. 

Las obras exteriores de reurbanización se desarrollarán en cinco etapas, comenzando la primera por los aledaños de Virgen de Luján y los actuales jardines y zonas verdes, así́ como una actuación conjunta con Emasesa, la empresa municipal de aguas, a la altura de la calle Virgen de Loreto. Tras esta primera fase, continuarán la segunda y la tercera en la zona central de la calle Juan Sebastián Elcano, mientras que la cuarta se desarrollará en Pierre de Coubertin. Con esta secuencia de trabajos, “se garantizará siempre la circulación y el acceso al conjunto”. Las obras exteriores finalizarán con el tramo superior de Juan Sebastián Elcano, en su unión con Plaza de Cuba, y están previstas para 2026.

Una zona verde en Los Remedios

Entre otras magnitudes, el proyecto prevé la incorporación de 283 nuevos árboles, la activación de 3.013 metros cuadrados de pradera de bajo mantenimiento y de 2.565 metros cuadrados de zonas ajardinadas con arbustos, y otros 385 metros con pavimentos de seguridad para las zonas de juegos infantiles, según los datos proporcionados por el alcalde. Asimismo, se añadirán 499 plazas de aparcamiento en la zona, de las cuales 150 serán exteriores, 189 pertenecerán a un parking comercial y 160 serán “del hotel en principio, pero con una gestión flexible a las necesidades de los ciudadanos”, ha apostillado Ferré.

La pasarela, un símbolo de modernidad

Este proyecto también recoge la polémica construcción de una pasarela peatonal por encima del río que conecta el barrio de Los Remedios y el entorno de San Telmo. El proyecto finalmente seguirá una dirección perpendicular al río, de acuerdo a las últimas directrices de la Comisión de Patrimonio. Su construcción, con un coste estimado en siete millones de euros, correrá a cargo del grupo KKH Property Investors. Se prevé que el proyecto constructivo estará aprobado antes de terminar 2024, para así poder contratar la obra en el primer trimestre de 2025 e iniciar las obras en el segundo trimestre de 2025, lo que permitiría completar su construcción en el cuarto trimestre de 2026.

La pasarela ha sido diseñada por el ingeniero español José Romo, en colaboración con el reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma, quien ha determinado su posición e integración urbana, sus cabeceras, y su definición arquitectónica. Unirá el barrio de Los Remedios y la nueva plaza de las Cigarreras con el paseo de las Delicias y el muelle de Nueva York, junto al palacio de San Telmo.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla ha celebrado este martes en su sede de la Cartuja un desayuno informativo para presentar su proyecto Integrales, una iniciativa de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) en conjunto con la propia Escuela, el Ayuntamiento de Sevilla y el área de Empleo de la Junta de Andalucía.

En pleno debate sobre la tasa turística, el presidente de ASET, Jorge Robles, ha manifestado su postura afirmando que la patronal del turismo sevillano “no cree que los impuestos y las tasas sean el camino a seguir para promocionar el turismo”. Con todo, a preguntas de los medios de comunicación, Robles ha afirmado que las empresas turísticas “no se pronunciarán hasta que haya sobre la mesa una propuesta concreta y firme”.

Falta de formación en el sector

En cuanto al plan presentado, el objetivo, en palabras del presidente, es “formar profesionales para puestos que actualmente no pueden ser cubiertos en empresas del sector turístico”. El ejecutivo ha querido destacar, además, el carácter “ambicioso e innovador” de la propuesta, que apunta a “dar una segunda oportunidad a aquellos que se han quedado al margen del mercado laboral” con la intención de insertar a alumnos en riesgo de exclusión social.

La formación apunta a un sector en específico, el del turismo, en el que según Robles “no hay formación suficiente y casi todas las empresas demandan perfiles que no existen hoy en día”. En su intervención, el representante también ha querido poner en valor el peso del turismo en el entramado empresarial y económico no sólo de la ciudad, sino del país: “Actualmente hay pocos estudiantes en las Escuelas de Turismo, en un sector que supone el 14% del PIB y da empleo a dos millones de personas”, ha recordado.

Robles ha aprovechado la ocasión para destacar también los buenos números del turismo en Sevilla, “que cada vez presenta menos estacionalidad, con turistas llenando nuestras calles a pesar de las altas temperaturas veraniegas”. En ese sentido, el presidente de ASRT ha destacado que, pese a “no estar al nivel de ocupación de la costa”, la ocupación en la capital hispalense alcanza cifras “destacables”.

“La formación marca la diferencia”

Al acto también ha acudido Iñaki Echeveste, director de la Escuela Superior de Hostelería en Sevilla, que ha querido resaltar el “motor innovador a nivel nacional que supone la academia”. Asimismo, ha subrayado “la cadena de valor” del turismo en la ciudad hispalense, que “supone un 25% de la actividad económica total”.

En su discurso, Echeveste no ha dudado en ensalzar la labor de los profesionales del sector, “una industria de personas para personas, donde la formación marca la diferencia”, ha remarcado. Formación que recibirán un total de 25 alumnos a lo largo de dos meses, empezando el próximo 1 de agosto. Desde la Escuela también se ha hecho hincapié en la proyección y la trayectoria internacional de la institución, con“más de 35.000 alumnos de 26 países formados en sus 30 años de historia”.

“Están jugando con nosotros”, cuenta Toñi Reyes, una de las vecinas afectadas por los continuos cortes de suministro eléctrico en los barrios obreros de Sevilla. “Endesa tiene conductas criminales y las Administraciones son cómplices, lo que está haciendo en los barrios es terrorismo”, afirmaba rotundamente tras relatar cómo el suministro de los vecinos de Padre Pío se interrumpe de manera intermitente cada día. La rabia que impregna sus palabras es compartida por el resto de vecinos que este lunes han acudido a la rueda de prensa que la plataforma vecinal Barrios Hartos ha dado en la sede del distrito de Cerro-Amate, donde el pasado viernes tuvo lugar un encierro que terminó con la detención de uno de sus representantes. Mientras, el Ayuntamiento asegura que sus competencias son “limitadas” y Endesa insiste en que en la zona “se está haciendo un consumo industrial en una zona doméstica”.

Un ambiente caldeado

La detención de Juan García, portavoz y principal cara visible de la organización, ha levantado ampollas en el colectivo, que consiguió, sin embargo, la creación de un Comité de Emergencia, cuya primera reunión está fijada ahora (tras dos retrasos) para el martes 23 de julio. Un arresto que, según Barrios Hartos, se produjo con la acusación de “allanamiento con violencia”. Pese a que García fue puesto en libertad unas horas después, los cargos se mantienen, aunque para el afectado “no se sostengan, ya que no hay parte de lesiones de nadie ni desperfectos en el edificio”.

Ángel Carrillo, en representación de la plataforma vecinal, ha querido recordar ante los medios que “los barrios están en una situación de urgencia”. Asimismo, ha recalcado que, además de la ola de calor y los problemas de sobrecarga en la red que se derivan de los aparatos de aire acondicionado, hay personas electrodependientes, que por cuestiones de salud dependen de la red eléctrica para su supervivencia por el uso de maquinaria como respiradores artificiales.

Barrios Hartos acusa de “complicidad” a las administraciones

Por su parte, Laura Cárdenas, otra de las representantes del colectivo que ha atendido este lunes a los medios en Cerro-Amate, ha denunciado públicamente “las desigualdades en la aplicación de la ley”. También ha aprovechado para recalcar lo “desmedido” de la actuación policial, que el viernes se personó con cinco furgones y 30 agentes para detener una acción “pacífica y legal” por parte de Barrios Hartos. Un despliegue que contrasta, según la plataforma, con las excusas habituales que reciben los mismos barrios donde se dan los cortes de luz, que “siempre andan cortos de personal cuando se necesita a la policía”.

La portavoz ha querido destacar la “complicidad” y “solidaridad” de las administraciones con Endesa, proveedora de los servicios, y el caso omiso que se hace a los movimientos ciudadanos: “Nuestro problema es que no tenemos a tres expresidentes ni una lista de altos cargos trabajando con nosotros”. Además, ha querido aludir a la auditoría realizada por la Junta de Andalucía para evaluar la calidad de la red en los barrios afectados por los cortes de luz y que vino a reafirmar la tesis que mantiene la compañía eléctrica de que “hay potencia suficiente” y que la principal causa de los apagones que llevan años denunciando los vecinos es el “fraude eléctrico”.

Los miembros de Barrios Hartos han expresado su malestar porque solo pueden acceder al resumen ejecutivo, “donde ya se ve que se cometen irregularidades para tapar las carencias de las infraestructuras”. Ante la negativa de los organismos competentes a mostrar el documento completo, Laura Cárdenas se ha reafirmado en su postura de que “no se nos toma en serio”.

El Ayuntamiento de Sevilla, interpelado por la plataforma y personado el pasado viernes con dos concejales, mantiene que su papel es el de ayudar a que se solucionen los problemas de suministros “como con cualquier otra emergencia básica de los sevillanos”. Sin embargo, explican que sus competencias a la hora de aportar soluciones son limitadas, y que ellos han participado en las negociaciones en las sucesivas mesas de trabajo que se han constituido durante el último año. Dicen “estar pendientes” de lo que ocurre en estos barrios y afirman “haber pedido a Endesa y a las autoridades competentes que intervengan en el problema”.

“Hay un grave problema con los cultivos de marihuana”

Desde la empresa eléctrica han querido hacer hincapié en que la infraestructura es suficiente, pero que sufren “una sobrecarga constante”. Fuentes de la empresa aluden al caso del último transformador quemado en la zona de Torreblanca, una estación que tenía capacidad para 1.400 clientes cuando solo existen 204 puntos de suministro contratados en ese área, pero que sufrió una sobrecarga que llevó a su incendio. También ha desmentido la obsolescencia del cableado, citando este último caso donde el centro de transformación apenas tenía un año de antigüedad.

Desde la compañía ha recalcado que “no quieren estigmatizar a los vecinos de la zona” pero existe “un grave problema con los cultivos de marihuana, porque cada una de las plantaciones consume como 80 viviendas”. Por tanto, explican, “se hace un consumo industrial en una zona doméstica. Pese a ello, desde Endesa aseguran que son los primeros interesados en arreglar el problema, pero que ”es necesaria la coordinación de todas las administraciones para atacar a la raíz del problema“.

La ola de calor que azota Sevilla esta semana golpea en algunos sitios más fuerte que en otros. Así lo ha querido recordar la plataforma vecinal Barrios Hartos, varios de cuyos miembros se han encerrado este viernes en la sede del distrito de Cerro-Amate en protesta por los cortes de luz que siguen sufriendo continuamente muchas zonas de barrios obreros. Los activistas han insistido en permanecer en el edificio mientras primero la Policía Local y luego la Nacional acordonaban la zona y restringían el tránsito de personas al interior del centro cívico, que se encontraba en funcionamiento cuando llegaron los agentes.

Mientras crecía la presencia policial, las personas que se han encerrado en el edificio (otro grupo ha permanecido fuera) han reclamado poder transmitir sus reivindicaciones a un interlocutor municipal, lo que al final han conseguido al trasladarse los delegados de Barrios de Atención Preferente, José Luis García, y el del distrito Cerro-Amate, José Lugo. Mientras se producía el encuentro, la Policía Nacional se ha llevado detenido a Juan García, portavoz de Barrios Hartos, que ya fue arrestado en una protesta similar hace un par de años.

Un problema con historia

Desde Barrios Hartos han querido recalcar que “no es un problema de ahora, sino que hace 20 años que las infraestructuras, de más de 60, están fallando”, pero que “la situación en los últimos cinco se ha vuelto insostenible”. Pese a que la auditoría realizada por el Gobierno andaluz ha concluido que los cortes no se deben a la falta de potencia de la red, en línea con la tesis que defiende la compañía Endesa, desde la asociación se cifra en 40.000 los ciudadanos afectados. Asimismo, insisten en que “es un asunto serio, se conocen ya cinco fallecimientos de personas que necesitaban de respiradores por culpa de los cortes de luz”.

Desde la plataforma se ha insistido en la urgencia de modernizar las infraestructuras por parte de Endesa. En su protesta, los activistas han acusado al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y hasta al Defensor del Pueblo de “tener las puertas cerradas para los vecinos”.

Acusan al Ayuntamiento de “ponerse de parte de la empresa” y han afeado al gobierno de José Luis Sanz que “en la Feria no tardaron tanto en poner generadores por si acaso”, después de que el año pasado se produjera un corte de suministro. Desde el movimiento reclamaban la atención directa de algún representante político, a poder ser el alcalde o el delegado de Movilidad, José Lugo, también responsable del distrito. Finalmente, han sido el propio Lugo y José Luis García, delegado de Barrios Preferentes, los que se han reunido con los encerrados, emplazándose a una reunión para horas después.

La Policía como respuesta inicial

El encierro, que comenzó a las 10.30 horas, se ha prolongado durante toda la mañana. Al poco de empezar, seis agentes de la Policía Local acudían al centro cívico y minutos después hasta cinco furgonetas de la Policía Nacional, incluido un contingente de la UIP, se movilizaban para blindar el acceso al edificio y sus alrededores. De paso, conminaban a los medios de comunicación a abandonar el patio de la sede del distrito.

La restricción del acceso ha interrumpido los servicios del centro cívico, que hasta ese entonces había funcionado con normalidad, por lo que los ciudadanos que acudían allí a realizar sus trámites se toparon con la imposibilidad de hacerlo. Pese a que hacia el final de la mañana el servicio se ha reanudado, durante horas se han producido rifirrafes entre los vecinos que querían acceder a las instalaciones y los manifestantes, aunque era la policía la que blindaba la entrada.

La intervención final ha tenido lugar mientras se daba la reunión entre los representantes del Ayuntamiento, cuando en el exterior del edificio los agentes han detenido al portavoz de Barrios Hartos, Juan García. Desde la plataforma se sostiene que la acusación de la policía es la de “haber usado la violencia para entrar en el edificio”, pese a que la manifestación en ningún momento ha incumplido las normas de convivencia ni ha manifestado conductas incívicas.

“No vamos a ceder”

El portavoz de Adelante Andalucía y diputado autonómico José Ignacio García, se ha trasladado también hasta el lugar para mostrar su apoyo y “la suscripción total del partido a la causa y la protesta pacífica que llevaba a cabo Barrios Hartos”. García ha querido dejar claro que harán llegar al gobierno autonómico la situación de estos barrios, y ha dejado caer que “ni en las casas de los concejales ni en los pisos turísticos se producen estos cortes de luz”.

Barrios Hartos, por su parte, ha insistido en lo perenne de su lucha, y han aludido al debate político que culpa de los cortes de luz a los enganches ilegales para el cultivo de marihuana. Han querido dejar claro que los barrios obreros “no tienen nada que ver con la delincuencia”, y que “se usa el estigma para normalizar un maltrato a la clase trabajadora”. De paso, los activistas han querido dejar claro que “no van a ceder” ante un sistema que “les quita la luz y los derechos”.

A la sombra de los árboles de la Plaza Nueva se cobijaban en la mañana de este jueves activistas de la Mesa del Árbol. Conforme avanzaba el día, y como si el cantar de la chicharras los llamase, frente a la fachada del Ayuntamiento se iban aglutinando representantes de las distintas asociaciones ecologistas del área metropolitana de Sevilla. En sus camisetas, distintos eslóganes y luchas concretas, pero el imaginario se resumió rápidamente cuando se enfundaron en sus pancartas y se colocaron para hacer presión frente a la puerta del Consistorio: “No a la tala. Sí a los árboles”.

Una consigna quizá demasiado simple para reivindicar una lucha que cada día tiene más frentes abiertos. Lo que se personaba en la plaza presidida por la estatua de San Fernando era una amalgama de voces cansadas de chocar con una pared. Hablaban de comités, de gestión de parques y de isla de calor. Una isla que también parece incomunicar al Consistorio hispalense, que en sus dos últimas legislaturas (con gobiernos de diferente signo) ha ignorado de manera sistemática el órgano consultivo antaño conocido como Mesa del Árbol, que da nombre al colectivo y cuya inoperancia les ha llevado a tomar la palabra en el turno ciudadano del pleno municipal.

Una lucha con varios frentes

La de este jueves ha sido una demostración de que el ecologismo en Sevilla está cada vez más arraigado entre los ciudadanos, que no esperan ya de las administraciones ningún tipo de consideración para con el medio natural. Los más de 600 árboles que planea quitar el metro en la capital o los recientes permisos concedidos para el vertido de residuos mineros en el Guadalquivir son sólo algunos de los ejemplos de los problemas medioambientales a los que se enfrentan los verdes en la ciudad y sus alrededores.

La Mesa del Árbol ha conseguido, desde su creación antes de la pandemia, aglutinar a más de 30 de estas pequeñas organizaciones de Sevilla y sus pueblos, tanto ecologistas como vecinales. En palabras de Javier Ros, activista del grupo, estas “sinergias entre ecologistas y vecinos” tuvieron un “petardazo” tras el caso del ficus de San Jacinto. Quizá aunados por la potencia simbólica del árbol, éste fue el comienzo de la cooperación entre asociaciones que hoy luchan por dar voz a la gestión no solo del arbolado, sino de otros temas tangenciales como el agua en Sevilla y su calidad.

La respuesta del Ayuntamiento

Las caras de los miembros de la Mesa mientras esperaban su turno, ya dentro del salón de plenos, eran un poemario. Podría tratarse de una macabra reinterpretación de los Campos de Castilla, donde las elegías a la naturaleza que se muere (o se deja morir) son una alegoría del fallecimiento, en este caso, del diálogo entre los vecinos y las instituciones. La voz de Valle López verbalizó lo que las pancartas a la entrada de la sala rezaban: que la gestión del arbolado de la ciudad debe tener en cuenta a aquellos que la habitan. En su intervención, la activista acusó al gobierno municipal de “ignorar sistemáticamente los escritos” que la asociación ha dirigido al Consistorio e instó a la delegación competente a convocar una reunión con las entidades ciudadanas lo antes posible.

Y es que al ser interpelada en el pleno, la responsable de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha dicho no “tener resoluciones que den cuenta de la constitución de dicha mesa” y que “ha leído las instancias, pero no sabía a quién llamar”. La concejala ha reiterado a lo largo de toda su intervención la falta de oficialidad del órgano consultivo y, pese que ha ofrecido una reunión a los miembros de la Mesa, su tono dejaba entrever que no considera al colectivo como un actor político válido.

Valle López no se ha esforzado en ocultar su decepción, “aunque no esperaba nada”, y ha lamentado que “la defensa del sacrosanto vehículo privado y la especulación urbanística” obren siempre en detrimento del ciudadano. Sin embargo, y a pesar de todo, la actitud del colectivo no es de quien ha sido derrotado sino de quien, aunque le estén quitado la sombra, aún tiene mucho camino por andar.

Los pasillos del antiguo hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz, se han inundado de rosa, azul y blanco en un acto para celebrar los diez años de la entrada en vigor de la ley trans en esta comunidad. Representantes de los colectivos y organismos responsables de la lucha por los derechos LGTBI+ se han dado cita este lunes a propósito de esta efeméride que conmemora un paso fundamental en los derechos de los transexuales en Andalucía.

Las camisetas de ATA, la Asociación de Transexuales Andaluces, copaban los primeros asientos del salón Alberto Jiménez Becerril en el Parlamento. Su presidenta, Mar Cambrollé, ha sido una de las voces cantantes en el acto como ya lo fue en la redacción de esta ley pionera en 2014.

En su intervención, la activista ha querido poner en valor el papel pionero de la legislación andaluza, “faro y guía de leyes posteriores”, incluida la de rango estatal. En 2014, sólo dos comunidades habían adelantado una legislación específica para este colectivo, exprimiendo sus competencias autonómicas: una fue Andalucía y la otra Navarra.

Hace una década, antes del movimiento 15M, antes de que irrumpiesen en el Parlamento otras formaciones que fragmentaron para siempre el bipartidismo -Podemos, Ciudadanos, Vox- hubo un espejismo político: un consenso inédito entre el PP, que venía de ganar las elecciones andaluzas por primera vez en la historia (2012), y la coalición PSOE-IU, que formó el primer gobierno de coalición de izquierdas frente a los 50 diputados de Javier Arenas.

“Las chicas que antes acababan irremediablemente en la esquina ahora están en las universidades” ha dicho orgullosa Cambrollé, que trabajó codo con codo con PSOE, IU y el Partido Popular (las tres fuerzas con representación por aquel entonces) para promulgar la primera ley en España “que pasó a considerar a los transexuales sujetos de derecho y no objetos de la medicina”.

La comparecencia de Mar Cambrollé le ha servido también para reivindicar la lucha del colectivo desde mucho antes de promulgarse aquella ley, en 2014, y ha querido señalar la fecha del 25 de junio de 1978, la primera vez que el colectivo transexual salió a la calle (como aparece retratado en la película Te estoy amando locamente) y que 36 años más tarde, coincidió con la aprobación por unanimidad de la citada Ley 2/2014, de 8 de julio.

Una ley que, gracias en parte a la unanimidad que tuvo en su día, ha permanecido “blindada” a través de las subsiguientes legislaturas. El contenido de la norma andaluza ya anticipaba los aspectos que años después traerían más dificultades en la ley Trans estatal, como el caso de los menores transgénero y su tratamiento.

A día de hoy, y sin desmerecer lo conseguido con la actual, la Asociación de Transexuales Andaluces propone una serie de enmiendas al texto, como la atención a la diversidad en la atención sanitaria, al contrario del protocolo estándar que se sigue y que, en palabras de su presidenta, “supone un problema silencioso” para las personas trans en Andalucía.

Una ley aprobada por unanimidad

Al acto también han acudido representantes de los principales grupos parlamentarios tanto actuales como los que firmaron el texto hace diez años, además de miembros del actual gobierno de Juan Manuel Moreno y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Por aquel entonces, los grupos en el gobierno, PSOE e Izquierda Unida, contaron con el apoyo del PP, en la oposición. La veterana diputada popular Esperanza Oña, hoy presente en el evento como figura destacada, jugó un papel fundamental entonces para lograr que su formación no se descolgara del acuerdo. Eso incluyó alguna llamada al Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que presentarse un recurso de inconstitucionalidad contra la ley andaluza.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, que entonces formaba parte del Gobierno de coalición con el PSOE que impulsó la ley trans, ha subrayado la importancia “del consenso frente a la política hiperventilada de la capital”, recordando la unanimidad que se logró hace diez años superando las barreras ideológicas. El exdiputado autonómico ha señalado las diferencias entre aquel Partido Popular que se unió a la votación y el actual, “asociado con Vox”, exhortándoles a “decidir qué PP quieren ser”.

Maíllo ha puesto la ley trans de Andalucía como ejemplo de “una norma de rango autonómico que saltó desde la periferia para impregnar al resto del país y despatologizar la transexualidad”.

Raquel Martínez, secretaria de organización de Podemos Andalucía, ha querido recordar “la ola de odio que sufre el colectivo”, señalando el dato de que uno de cada cuatro delitos de odio se cometen contra la comunidad LGTBI+, en especial contra las personas trans. Un retroceso de los derechos cuyos responsables ha querido señalar, y ha parafraseado a la eurodiputada Irene Montero diciendo que “a la derecha se le para con más derechos”.

Un acto con apoyo institucional

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad también se ha personado en el evento para manifestar el apoyo del actual Gobierno de Juan Manuel Moreno a la ley. “Esta consejería ha aprendido que es necesario trabajar con los colectivos” ha afirmado Dolores López, que sostiene que “el objetivo de la política debe ser poner a las personas en el centro” y ha recalcado la labor de personas como Mar Cambrollé “en el avance de la sociedad civil.

“Es de esas personas que abrieron camino cuando no había caminos, cuando pertenecer al colectivo Lgtbi era poco menos que un delito”, ha dicho la consejera en referencia a Cambrollé.

La diputada del PSOE andaluz María Márquez también ha sacado pecho de una ley de la que el PSOE “se siente plenamente orgulloso”, puesto que “fuimos los gobiernos socialistas lo que liderábamos y conquistábamos los derechos de los andaluces”, lamentando que aquel espíritu de consenso que unió a todas las fuerzas haya desaparecido diez años después.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha celebrado esta efeméride “fruto del consenso, el diálogo y el empuje imparable de la sociedad civil, y especialmente la Asociación Trans de Andalucía”. “Fuimos capaces de alumbrar una ley de despatologización de la transexualidad que marcó un hito en nuestro país”, ha subrayado.

Desde los primeros matemáticos musulmanes que trajeron la numeración arábiga y los avances matemáticos orientales a la Península en la Edad Media, hasta los reconocimientos a la excelencia de los últimos años, Andalucía goza de una trayectoria poblada de brillantes especialistas. Una muestra del buen momento actual de las matemáticas en la región es la celebración del European Congress of Mathematics (EMS) en tierras andaluzas. Sevilla acoge del 15 al 19 de julio la edición bienal del segundo evento matemático más importante del mundo, donde se darán cita prestigiosos investigadores para constituir un foro de debate y discusión sobre los últimos avances en la materia.

La llegada a Sevilla del ECM sigue la línea de reconocimiento del progreso científico español, que ya se vio reconocido con la designación de Barcelona para el tercer ECM en el año 2000, se consolidó con el gran evento mundial del International Congress of Mathematicians (Madrid, 2006) y continuó con International Congress on Industrial and Applied Mathematics (Valencia, 2019). Que España sea una vez más elegida para una conferencia de esta importancia es muestra de la “relevancia de su comunidad científica” según Alfonso Gordaliza, presidente del Comité Español de Matemáticas.

En concreto, Andalucía ocupa un papel destacado dentro de la disciplina nacional. En el último informe publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, la producción matemática andaluza en el contexto nacional se sitúa en los primeros puestos. La Universidad de Granada y la de Sevilla copan dos de los tres primeros puestos en producción académica total, con 1821 y 1950 artículos respectivamente, sólo superadas por las más de 2000 piezas de la Politécnica de Catalunya. En excelencia con liderazgo (el porcentaje de documentos entre el 10% de los más citados), la Universidad de Jaén se cuela junto con la Hispalense en el big three de universidades españolas junto a la Politécnica de Cartagena con unos datos que muestran una mejora significativa con respecto al año pasado.

Luces y sombras

Estos datos pueden sorprender, entre otras cosas, por los malos resultados en matemáticas de los niños andaluces, de acuerdo a los últimos informes PISA. Según las cifras del documento correspondiente a 2022, los alumnos andaluces son los peores del país en esta modalidad, superando sólo a Canarias, Ceuta y Melilla. Un dato que, si bien causa con los pobres resultados generalizados a nivel estatal, conforma una preocupación para la sociedad en general y los organismos educativos en particular.

Según Miguel Sánchez, director del Instituto de Matemáticas de Granada, “es difícil hacer la transferencia”, y para ello pone de ejemplos los números primos. “Si por ejemplo, le digo a un estudiante que los números primos sirven para que no le roben el dinero (por sus usos en criptografía) puede que llame su atención. Pero si me pide que le explique cómo, no creo que lo vaya a entender, y puede que pierda el interés”. Pese a ello, la elección de Matemáticas como carrera universitaria está en alza en los últimos años, de manera paralela a sus salidas en el sector privado, sobre todo en campos como la Inteligencia artificial y el Big Data. “Antes, cuando acababas Matemáticas, la inmensa mayoría de las opciones pasaban por la Secundaria, hacer unas oposiciones... Hoy ni siquiera es la primera opción”.

Andalucía apuesta por las matemáticas

Gran parte de los esfuerzos que han llevado a poner Andalucía en el mapa de las matemáticas pueden atribuirse a los dos institutos de investigación en la materia, situados en Granada y Sevilla. Hasta ahora, las instituciones habían conformado núcleos separados de producción de conocimiento, pero a partir de septiembre de este año pasarán a formar parte del Instituto Andaluz de Matemáticas (IAMAT). La iniciativa, sobre la mesa desde 2017, ha tenido que adaptarse en este tiempo a los cambios de directrices y normativas del entorno universitario e investigador en una auténtica odisea burocrática.

Un proceso que, según Justo Puerto, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), ha aunado los esfuerzos de todos los centros universitarios donde se investigan las matemáticas en Andalucía. Una iniciativa que cuenta con el apoyo y la certificación de la Junta de Andalucía y que ahora afronta su fase final en aras de conformar “una masa crítica de investigadores” que respalde los estudios punteros que ya se llevan a cabo en ambos Institutos. Director del IMUS desde 2022, Puerto destaca la calidad de los investigadores del centro en ciernes, que tendrán que pasar por unos estrictos filtros de calidad “cienciométricos” (de relevancia en sus publicaciones) para adscribirse.

La celebración del European Congress of Mathematics servirá para poner en valor Sevilla como cuna de la producción científica al tiempo que se nutre de este evento para la promoción de puertas para adentro de las matemáticas como campo de estudio. Un campo de estudio que, labrado por instituciones como las presididas por Miguel Sánchez y Justo Puerto, prometen a la sociedad andaluza unos frutos más dulces que nunca.

La organización Ecologistas en Acción ha dicho sentirse “obligada” a convocar a los medios de comunicación ante la “omisión de información y falta directa a la verdad” que le achacan al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Coincidiendo con el día en que la Junta de Andalucía ha aprobado la autorización ambiental para la apertura de la mina de Aznalcóllar, el grupo ecologista ha convocado una rueda de prensa en aras de evidenciar las incongruencias que ellos encuentran en los informes presentados desde 2015 por la empresa responsable del nuevo proyecto de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, Minera los Frailes.

El encargado de informar a los medios ha sido Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, quien ha acusado al Gobierno andaluz y a la compañía minera de “mentir descaradamente”. “Nos toman por tontos”, ha afirmado, en referencia a la promesa que abanderan de que el vertido al estuario del Guadalquivir con aguas contaminadas con metales pesados, implícito en el proyecto de reapertura, será “casi potable”.

Ecologistas en Acción denuncia también que la concesión de los derechos mineros cedidos en 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México (la alianza empresarial que fundó la sociedad instrumental de Minera los Frailes) fue fraudulenta, por cuanto se encuentra inmersa en un proceso por el cual se celebrará en 2025 un juicio oral en el que hay imputados 14 funcionarios y dos empresarios. Albarreal ha querido también hacer referencia a “la falta de memoria” de la administración al conceder la licencia a una empresa que en 2014 fue responsable del mayor desastre ecológico de México, un vertido tóxico en el río Sonora.

Además, los ecologistas advierten de que Minera Los Frailes lleva incumpliendo los términos de la concesión relativa al complejo de Aznalcóllar “desde 2015”, pues estaba obligada a hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados en la corta tras la rotura de la balsa de residuos que desencadenó en 1998 un desastre ambiental sin precedentes en Europa. Para ello, estaba obligada a mantener y tener en funcionamiento la antigua depuradora para tratar las aguas de contacto, pero “desde 2015”, dicha instalación “no funciona” con el consecuente vertido de aguas “sin control” desde el recinto al río Guadiamar, según denuncian los ecologistas.

Una balsa de lodos encubierta

Otro de los puntos a los que ha hecho referencia Jorge Paradela, y que los ecologistas han querido matizar, es la inexistencia de una balsa de lodos. Sólo el 50% de los lodos mineros procedentes de la extracción van a ser usados para rellenar galerías abandonadas (backfilling), mientras que la otra mitad será vertida a la ya mencionada corta de Aznalcóllar, pero sin reconocerse su condición de balsa de lodos mineros. Esta denominación, lejos de ser trivial, permite a la empresa minera no tener que presentar documentos propios de estas balsas como el Plan de Emergencia Exterior ante posibles roturas, grietas, rebosamientos o vertidos accidentales, según Albarreal.

La Consejería asegura que en la fase preoperacional se realizarán más de 15.000 analíticas sobre el vertido al Guadalquivir, unos datos que, como señala el responsable del área de minería del grupo ecologista, se contradicen con la documentación que presenta la propia empresa en sus reuniones con los organismos de la zona, que cifra estos controles en 1.116, un dato ostensiblemente menor que el planteado por Jorge Paradela en la Comisión de Industria, como le reprochan desde Ecologistas en Acción.

“Agua casi potable”

Esta organización también ha querido hacerse eco en su comparecencia ante los medios de “las continuas aseveraciones por parte de la empresa, el alcalde de Aznalcóllar y las autoridades de la Junta de Andalucía de que el agua que se pretende verter en el Guadalquivir es casi potable”. Una afirmación que, en palabras de Isidoro Albarreal, “es tomarnos por tontos”, pues el responsable del área de minería de Ecologistas en Acción considera que no es creíble que el agua, en caso de que estuviera en tales condiciones de salubridad, no fuese aprovechada para el riego en los entornos colindantes “antes que hacer una inversión en una tubería de 30 km para hacer el vertido directamente al Guadalquivir”, como se ha proyectado.

La organización ecologista ha querido recalcar que los informes de salubridad y vertidos a las aguas se hacen “a posteriori”, y que muchas veces “las sanciones incluso están incluidas dentro de las cuentas de resultados de las propias minas”. Ante esto, Albarreal ha querido instar a la Junta a revocar la primera concesión, a hacerse cargo de la gestión de los pasivos ambientales y sobre todo del agua, “para aprovecharlo más allá de las actividades de rédito económico”.

En una batalla legal

El responsable del grupo ecologista también ha querido mencionar el proyecto de Refinería Polimetálica de Cobre Las Cruces y el litigio que mantiene con Ecologistas en Acción. La organización inició un recurso en lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra todas las autorizaciones principales del proyecto.

Entre otras, las denuncias recogidas aluden a la cantidad de agua usada en el proyecto, que triplica la actual y que actualmente son reservas para consumo humano en estaciones de sequía. También se hace referencia a los vertidos de aguas contaminadas con metales pesados que tendría la nueva Planta de Beneficio, y ambos procesos se encuentran ya en su última fase.

Finalmente, Albarreal ha querido llamar la atención a las empresas por “reírse de las sentencias firmes”, como son las escombreras declaradas ilegales en 2020, reabiertas para el proyecto y la recalificación de los terrenos donde se ubica la Planta de Beneficio pese a la resolución de 2023. Por todo ello, ha afeado a la Consejería la “falta de rigor” en la evaluación ambiental de la zona de especial conservación, plasmada en un informe “con sinsentidos flagrantes”.

El patio de la Diputación de Sevilla presenta un inusual tráfico para ser martes. A un lado y otro se agrupan corrillos de gente que habla sin alzar mucho la voz, como en un velatorio. De hecho, los 21 alcaldes que se han confinado en el edificio de la institución provincial encarnan el cortejo fúnebre de la atención sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla. Una comitiva que pretende, ellos sí, alzar la voz contra la Junta de Andalucía, a la que recriminan que, con su omisión de socorro, haya otorgado la extremaunción a la medicina rural en la provincia.

La situación que ha llevado este martes a los representantes municipales de las poblaciones del área sanitaria de Osuna a protestar contra las políticas de sanidad es “insostenible”, claman.

La mañana apenas acaba de empezar y los corros se agrupan en uno más grande. Es la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien toma la palabra en primer lugar para verbalizar lo que el acto quiere representar: el hartazgo de las poblaciones que ya fueron hace dos meses a reclamar ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, una atención sanitaria suficiente para la población de las zonas rurales. En nombre de sus homólogos, Andújar acusa al Gobierno andaluz de obviar el problema y farfullar excusas evitando tomar medidas al respecto.

Sin embargo, la denuncia de este martes va más allá de condenar el abandono y la dejadez a la que dicen estar sometidos desde hace más de un año. Pretenden hacer despertar la conciencia del resto de la ciudadanía. Para ayudar a ello ello, las camisetas de Marea Blanca en Sevilla van inundando poco a poco el espacio, trayendo con ellas pancartas que terminan por llenar el patio. Las consignas habituales del movimiento se concretan esta vez en casos con nombres y apellidos, los de las víctimas de la falta de personal sanitario que llevan meses denunciando en la Sierra Sur.

El colectivo de Marea Blanca ha querido arropar a los alcaldes que harán noche en las dependencias de Diputación para emprender a primera hora del miércoles una marcha hasta San Telmo. Pero antes, los alcaldes han querido lanzar un grito de socorro al unísono y con los colores de distintos signos políticos, ya que incluso los tres ayuntamientos del PP respaldaron la iniciativa en un primer momento, aunque finalmente no han acudido a la convocatoria.

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Osuna, el turno de palabra lo retomó su homólogo en Marinaleda, Sergio Gómez Reyes (IU), quien ha querido poner el foco en la sanidad privada que, en palabras del alcalde, se está beneficiando del estado “raquítico” de la pública. El hastío con la administración regional impregnaba un discurso que apuntala la sanidad como uno de los elementos claves de confrontación entre los ayuntamientos de la Sierra Sur y San Telmo.

Pese a no ser competencia municipal, los alcaldes de las zonas rurales de Sevilla se han puesto al frente de la lucha por la sanidad conscientes del malestar que se respira entre los vecinos. Una lucha que podría estar pasando factura a regidores como el de Marinaleda, quien sufrió un desmayo repentino tras su intervención ante los medios y tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El encierro, mientras tanto, sigue su curso como punto de resistencia común ante la Junta. Hasta que abandonen las dependencias de la institución provincial a las 10 de la mañana del miércoles, los alcaldes se muestran abiertos a dialogar con los responsables de la Junta. Una administración que ha presentado este martes en la mesa sectorial con los sindicatos un plan de verano que llega en pleno julio, como le han reprochado los alcaldes, a quienes se les antoja insuficiente para paliar los efectos de años de “abandono” en la atención sanitaria rural andaluza.

La sede de CCOO ha sido testigo este jueves de una rueda de prensa de cara al período estival en la que el sindiato ha recordado a los trabajadores los riesgos de las altas temperaturas en determinados tipos de trabajos. Carlos Aristu, secretario general de CCOO Sevilla, ha querido dejar claro que más de 180.000 personas verán sus trabajos condicionados por las temperaturas extremas durante los meses estivales en la provincia de Sevilla.

Aristu ha destacado que, al margen de sectores tradicionalmente afectados como el campo o la construcción, la “falta de cultura empresarial en prevención de riesgos” se extrapola a todos los trabajadores, y ha recalcado la “transversalidad” de las medidas necesarias, al tiempo que ha querido ofrecer CCOO como un sindicato “accesible” para que “aquellos trabajadores que vean cómo sus empresas no se adaptan a las condiciones puedan denunciar libremente”.

Una norma de obligado cumplimiento

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Sergio Montero, ha aludido al Decreto ley 4/2023, aprobado en mayo del pasado año, que cambia la naturaleza de estas medidas de prevención de “recomendaciones” a “obligaciones”. Desde la Secretaría se ha querido hacer hincapié en que la aplicación de esta nueva ley “es una norma de rango superior que subyace a todos los convenios laborales, por lo que se extiende a todos los trabajadores”. Después de subrayar esta obligatoriedad “de vital importancia para la salud de los trabajadores”, Montero también ha querido señalar que “ya no se trata sólo del período estival”, aludiendo a las altas temperaturas y olas de calor que se dan en Sevilla en los meses previos y posteriores al verano.

El sindicato ha reivindicado las consecuencias de la falta de prevención de riesgos. “Muchos accidentes laborales, como golpes de calor o infartos, se dan por el estrés térmico acumulado durante los días y se dan en el domicilio, por lo que no figuran en las estadísticas”, ha recordado Aristu, quien ha querido poner el foco en otros trabajos que no se contemplan habitualmente en estas normativas, como “camareros en hotel de lujo, que por salvaguardar una idea estética trabajan al aire libre en camisa larga y chaleco”, o “trabajadoras domésticas que en las horas de máxima calor tienen que visitar dos o tres domicilios que no siempre están acondicionados”.

Comisiones Obreras ha recordado a los trabajadores que, acogiéndose al Decreto Ley anteriormente citado, existe el derecho a medidas como un punto de recarga de agua fresca, rotación de turnos en trabajos en los que el sol incida de manera directa o la obligatoriedad por parte de las empresas de proporcionar un espacio donde poder resguardarse de éste.

Como último punto, CCOO-A ha insistido en lo “insuficiente” de las sanciones a posteriori y en la necesidad de la prevención de riesgos laborales para salvaguardar y “poner en el centro la salud de los trabajadores”. Carlos Aristu ha puesto énfasis en que “los datos al respecto son escandalosos”, y ha acusado a la Justicia española de “ser lenta para todo, pero especialmente cuando se trata de las personas trabajadoras”.

Comisiones Obreras ha presentado este martes el primero de una serie de informes sobre la situación de la Dependencia en Andalucía para denunciar la situación en los centros residenciales para personas mayores. En Andalucía conviven actualmente dos normas de requisitos para las residencias de personas mayores, una de 1997 y otra de 2007, en vigor, que regulan de manera diferente los centros de la comunidad. “La primera debió desaparecer en 2013 y aún se sigue aplicando, clara señal de que la Administración andaluza no tiene ningún tipo de interés en mejorar la ratio de profesionales-usuarios. Si a esto sumamos que la Junta de Andalucía está continuamente disminuyendo el porcentaje de su aportación a la Dependencia, nos encontramos con una inevitable disminución de la calidad ofertada y un deterioro de las condiciones de trabajo de las profesionales de este sector”, según ha explicado el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), José-Pelayo.

El sindicato ha acusado al Gobierno andaluz de “no tomarse en serio las residencias”, y ha presentado un documento relativo a un centenar de residencias que revela que, en los turnos de noche, sólo se cuenta con un gerocultar para hasta 43 usuarios cuando los ratios oficiales hablan de 1 por cada 3,3. Además, el informe revela que en el 78,2% de los centros analizados incumplen las ratios mínimas para el personal de atención directa, y un 61,6% no cumple las de enfermería. Para más inri, de acuerdo a la denuncia sindical, un 84,7% no cuenta con este colectivo por las noches, por lo que los gerocultures deben asumir sus tareas.

Servicios “en deterioro”

Para la FSS-CCOO Andalucía, esa “falta de personal suficiente” para atender las necesidades de las personas usuarias está “repercutiendo directamente en la calidad asistencial de las mismas y en la salud de las trabajadoras que las atienden”. La secretaria de Mujeres de la FSS-CCOO Andalucía, políticas LGTBI+ e Igualdad, Paula Sáenz, ha querido incidir en cómo afectan esas ratios a la vida diaria de las personas dependientes. “Estamos hablando de personas incapacitadas que tienen menos de 10 minutos para que le ayuden a comer primer, segundo plato, postre e hidratación porque el personal no puede dedicarle más tiempo a cada una”, ha detallado.

Por su parte, el responsable del Área de Acción Sindical Sectores No SAS de la FSS-CCOO Andalucía, Javier Ordóñez, ha destacado la necesidad de revisar de manera continua los Planes Individuales de Atención (PIA), ya que “las personas tienen más necesidades conforme envejecen” y estos “se hacen sólo la primera vez que es atendida, sin actualizaciones”. Ordóñez ha afirmado también que CCOO ha comenzado a solicitar en las residencias donde esta organización sindical tiene representación la revisión de oficio de las resoluciones de acreditación de estos centros por parte de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no deseada de la Junta de Andalucía.

Para concluir, el sindicato ha querido hacer hincapié en que el servicio en las residencias “se salva gracias a la profesionalidad del personal” y ha comunicado al Ministerio de Seguridad Social una propuesta mediante la cual se apliquen coeficientes de reducción al personal de las residencias para una jubilación anticipada e íntegra a los 60 años. Como última medida y tras comprobar los resultados del informe, la FSS-CCOO Andalucía va a solicitar “de manera inmediata” una reunión con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para abordar esta situación.

Las últimas horas han sido especialmente trágicas en Andalucía con tres mujeres asesinadas en dos posibles casos de violencia machista. Los hechos han precedido al inicio de la campaña de verano de la Junta de Andalucía contra la violencia sobre la mujer, presentada este lunes por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión. Con el lema 'Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar', la iniciativa pretende hacer énfasis en el peligro de las vacaciones estivales para las víctimas de violencia de género ya que suponen “un aumento del riesgo por el mayor tiempo de convivencia”, ha asegurado la consejera, quien lo ha considerado un “factor agravante” para que se produzcan casos de violencia de género.

Desde la Junta han querido “poner uno de los muchos recursos que tiene el IAM” para luchar contra este tipo de violencia. La consejera también ha querido incidir en la disponibilidad del servicio, que se mantiene “las 24 horas del día los 365 días del año” y, ha recordado que “nosotros nos vamos de vacaciones, pero el Instituto Andaluz de la Mujer no”. Además, López ha anunciado que el teléfono 900200999 se ha conectado recientemente a los servicios del 112, “que permite agilizar tiempos de respuesta e incluso detectar si en una llamada de emergencia oculta un posible caso de violencia de género”.

La directora del IAM, por su parte, ha querido aprovechar el acto para condenar los hechos ocurridos este fin de semana y expresar sus condolencias a las familias de las víctimas. Carrión ha recalcado que “estos son los casos que no podemos evitar”, al no haber habido denuncias previas, “pero hay otros muchos que sí”, insistiendo en la necesidad de “no tratarlos como casos aislados”. También ha querido hacer hincapié en la labor del Instituto en la prevención de estas tragedias, y ha atribuido a la campaña el papel de “lanzar el mensaje de que el IAM siempre va a estar ahí”.

Un contexto trágico

Con ese fin, la consejera ha explicado que la campaña tendrá presencia en autobuses, espacios exteriores, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. Esta iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y piezas para redes sociales, así como diferentes formatos para exterior como mupis, buses y tótem digitales diseñados para festivales y conciertos para llegar al público joven. Su plan de difusión, que se extenderá durante julio y agosto, está diseñado para alcanzar a mujeres desde los 14 a más de 65 años a través de diferentes estrategias que incluyen anuncios en televisión o presencia en redes sociales, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Preguntada por si el teléfono de atención a las mujeres pudiera solaparse con el de violencia intrafamiliar que Vox le impuso a la administración andaluza hace cuatro años, López ha dicho que la Junta dispone de “otros recursos” pero que “no debe alejarse el foco” de la lucha contra la violencia machista. La titular de Inclusión Social ha insistido en la importancia del verano como “factor agravante” para que se produzcan los casos de violencia de género, y ha llamado a la ciudadanía a que “este teléfono sea el nuestro” y a que “no quede nadie que lo necesite por llamar”.

Loles López ha aprovechado también el acto para reivindicar el papel de la campaña como “otro paso para luchar todos unidos”, y ha recalcado las distintas acciones que se han promovido desde la Consejería en materia de Igualdad, como la formación del personal de Protección Civil en casos de violencia de género. Además, ha recordado el papel de las redes sociales como “capaces de lo peor y lo mejor”, y ha reafirmado la intención del IAM de usarlas como canal para “prevenir y sensibilizar a la población sobre esta lacra”.

El caso de Marta del Castillo vivió el jueves un nuevo episodio en su interminable odisea judicial. La Audiencia de Sevilla ha absuelto al Cuco y a su madre de la condena por falso testimonio tras mentir en el juicio. Los padres de la joven asesinada en 2009, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han atendido a los medios en la puerta de su domicilio para anunciar que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y expresar su disconformidad con la sentencia.

Antonio del Castillo ha declarado estar sorprendido ante “una sentencia que no esperaba” por “ir contra el Código Penal y contra toda lógica y sentido común”. El padre, sentencia en mano, ha querido subrayar que “han tardado dos años para llenar 42 folios de paja y jurisprudencia que no procede”, y “llenos de falacias y mentiras”. No ha ocultado en ningún momento su indignación y enfado con la Justicia, y ha querido dejar claro que buscarán la revocación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

Un varapalo más

La madre de la joven, por su parte, ha querido insistir en su desesperanza ante el panorama judicial, afirmando que “hace mucho” que dejó de creer en la justicia y que hay “jueces buenos y jueces malos, pero a nosotros nos han tocado todos los malos”. Eva Casanueva ha afirmado que el caso “está plagado de incongruencias, una detrás de otra” y ha instado a la Justicia a que “se ponga las pilas”. “A día de hoy, no sé ni donde está mi hija, ni donde la mataron”, ha admitido con pesar la madre, que además ha acusado al sistema judicial de “defender más al criminal que a la víctima”.

Los padres también han aprovechado para arremeter contra la madre del Cuco, a quien acusan de “entorpecer la investigación,” y han recordado “las irregularidades que cometió durante el proceso” como “el infame paseíllo en silla de ruedas, cambiar el orden testifical o saltarse la orden de alejamiento”. La madre de Marta ha acusado a la madre del Cuco de “reírse de todo el sistema legal” y ha querido insistir en “la mala imagen que da este caso del sistema judicial español”.

Antonio del Castillo ha querido hacer hincapié en que “no se quedarán de brazos cruzados” y que presentarán un recurso ante el Supremo “y ante el Constitucional si hiciera falta”, reafirmándose en que llegarán “donde haya que llegar buscando la justicia en alguna parte”. Ha querido hacer referencia también a “la obstaculización por parte de la madre del Cuco a lo largo de todos estos años” y ha aventurado que, “si no fuese por sus mentiras, está claro que las cosas habrían sido de otra manera”.

Esta nueva sentencia no es más que otro clavo en el ataúd del caso del asesinato de Marta del Castillo, cuya causa principal fue archivada en 2022. La madre confiesa con desesperación que “a su hija se la encontrará alguien de pura casualidad” ya que “la Justicia les ha demostrado que no está por la labor”, elevando su queja por el “mal trato” recibido en los juzgados y afirmando que “el problema ya ni siquiera es Miguel Carcaño, el Cuco ni su madre, el problema lo tenemos con la Justicia”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Sevilla ha celebrado este jueves la práctica de la prueba testifical por la impugnación de las votaciones por el cambio de denominación del Colegio de Abogados de Sevilla. Las 18 abogadas que demandaron al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para que se anule el acuerdo que mantiene el nombre frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla reclaman la invalidez de la votación que rechazó la propuesta de renombrar la institución. “El actual nombre no me incluye y me siento discriminada”, han coincidido dos letradas propuestas como testigos por la parte demandante, insistiendo en la “falta de seguridad jurídica” que tuvo lugar ese día en el Colegio de Abogados de Sevilla, que está codemandado en este contencioso.

Los testigos propuestos por la parte demandante (dos letradas ejercientes y un letrado no ejerciente) se han referido a la junta general como “un evento social” más que un acto “serio” de votación. Paula Schmid, miembro del Colegio y profesora de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha declarado incluso que “aquel día votaron compañeros colegiados en otras provincias”. Pilar López y José Luis de la Casa, los otros dos testigos de las demandantes, así como también los tres testigos de los demandados, han dejado en evidencia que “no se distinguía entre ejerciente y no ejerciente” cuando, según la normativa, el voto de los no ejercientes vale la mitad, según han precisado.

María Jesús Correa, una de las letradas demandantes y dirección jurídica en este procedimiento, ya impugnó el acto de aquella votación leyendo un escrito que no fue resuelto por la junta de gobierno. El juzgado tendrá que decidir ahora si hubo defecto de forma en las votaciones, si bien el propósito de las demandantes continúa siendo el cambio de nombre efectivo. Es de recordar que la demanda insistía en que “la lógica patriarcal sigue insistiendo en que esto va de vocales, que las mujeres están incluidas sin ser nombradas”. “El lenguaje inclusivo implica no sólo que seamos visibles, ser nombradas, sino también cambiar la posición de los grupos innombrados, esto es, si queremos cambiar lo que piensan otras personas, no puedo usar neutros, ni genéricos, tengo que nombrar con todas las palabras, sólo así se genera conciencia y se crean referentes”.

José Joaquín Gallardo, exdecano y testigo de la parte demandada, ha dicho este jueves en la sala que “la Junta General con más asistencia de la historia del Colegio”, con más de 260 participantes según las actas. Aquella participación, es de recordar, se vio envuelta en la polémica por los whatsapps enviados por el exdecano, hoy testigo, en el que llamaba a los colegiados a “votar que nuestro Colegio se continúe denominando Colegio de ABOGADOS de Sevilla (como desde 1706)”. Gallardo ha reconocido que mandó “entre 100 y 150” mensajes en ese sentido, aunque ha argumentado que no hizo campaña por su preferencia sino “por la participación”.

La demanda reclama, entre otras cosas, el derecho de las abogadas “a no ser discriminadas” e instaba a cambiar la denominación del Colegio “de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía española”. La prueba testifical practicada este jueves se encuadra dentro del proceso de las demandantes por reivindicar “un lenguaje inclusivo no sexista y la obligación de no discriminación por razón de sexo”. La lucha se remonta a 2016, cuando María Jesús Correa dirigió una carta para requerir el cambio de denominación en el mismo sentido que ahora, apelando al principio constitucional de igualdad.

La Junta de Andalucía ha presentado este martes en la Delegación del Gobierno en Sevilla su campaña para celebrar el Orgullo 2024. La iniciativa pretende “visibilizar el derecho de las personas a vivir libremente”. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Dolores López, ha reivindicado la importancia del lema elegido “soy como quiero ser”, y ha reiterado que “es fundamental que cada persona, como dice el lema, sea como quiera ser, en libertad”. López ha querido poner también de relevancia “el valor de la diversidad, que enriquece”, y ha lamentado que todavía haya actitudes y relatos “que hay que combatir para acabar con la LGTBIfobia y la discriminación” en Andalucía.

La campaña cuenta con un spot de 40 segundos que será lanzado en redes sociales, desde las que se pretende “llegar a los lugares donde se producen los discursos de odio amparados por el anonimato”. La pieza refleja la “realidad social diversa de nuestra comunidad” a través de acciones cotidianas, y busca “transmitir al espectador la sensación de felicidad de sus personajes, rompiendo estereotipos y roles sobre las personas LGTBI”, según un comunicado de la Junta.

La consejera ha querido poner el foco en las personas que difunden mensajes de odio bajo el anonimato en Internet, calificándolos de “doblemente cobardes: por crear estos relatos y por no dar la cara para hacerlo”. Ha enfatizado en que, pese a los avances sociales, “tenemos la obligación de seguir peleando por la libertad de todas las personas”, y ha querido reafirmar “el compromiso firme y decidido de la Junta con el colectivo LGTBI”.

Desde el colectivo para el colectivo

Como ya hicieron en la campaña #stopLGTBIfobia, la Junta ha insistido en la importancia de que el vídeo “no muestra actores, sino miembros del colectivo que salen sonriendo, riendo, disfrutando de su vida cotidiana”. Además, en el spot aparece también un fragmento del videoclip de la canción ‘Siento’ de Carmen Hierbabuena, a quien la consejera ha agradecido su participación. En este sentido, la propia Carmen 'la Hierbabuena' ha incidido en la importancia de campañas de este tipo porque, aunque se han dado pasos, “aún queda mucho trabajo por hacer” en defensa de los derechos de las personas del colectivo.

La consejera también ha querido explicar que la campaña muestra “el valor de la diversidad, de la autenticidad y de la felicidad”: “Cada persona tiene que vivir su vida a su manera”. Para terminar, ha reivindicado que Andalucía es una tierra “cada vez más libre, donde se respeta más y orgullosa de su diversidad”.