El PP veta en el Parlamento andaluz la tasa turística que reclaman sus principales alcaldes desde hace meses

Hace meses que la tasa turística está en el epicentro del debate público andaluz. No la colocaron allí los partidos de izquierdas, que este miércoles han votado a favor de explorar una fórmula legal en el Parlamento, sino los principales alcaldes del PP -de Sevilla, de Málaga, de Córdoba- que, sin embargo, ha votado en contra siquiera de iniciar la tramitación.

Quien ha traído a la Cámara legislativa una proposición de ley para implantar una tasa turística es el grupo mixto Adelante Andalucía, que cuenta sólo con dos diputados, escasos recursos para hacer trabajo parlamentario pero el favor, a ratos, del Gobierno de Juan Manuel Moreno. El PP andaluz, con sus 58 diputados, ya les avaló una ley anterior -la de gafas gratuitas para menores- que salió aprobada del Parlamento para ser debatida en el Congreso, y costeada -llegado el caso- por el Gobierno de España.

Esta vez, sin embargo, los populares han dado un portazo en las narices a la tasa turística en el Parlamento. El consejero del ramo, Arturo Bernal, se ha cansado de repetir que está en contra de esta medida, incluso encargó una encuesta a su propio equipo para intentar avalar -con un puñado de datos- que en realidad los andaluces no estaban de acuerdo con gravar a los visitantes para afrontar el sobrecoste de los servicios públicos que utilizan.

La idea de Adelante Andalucía era destinar lo recaudado con esa tasa a aumentar la vivienda pública en régimen de alquiler y a afrontar los problema ambientales e hídricos que ocasiona el turismo masivo. Unos 200 millones de euros, calculó el partido de Teresa Rodríguez en la recaudación de este gravamen, un pellizquito en un Presupuesto autonómico de 46.700 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Carolina España, se había pronunciado a favor. Su departamento, que gestiona la supresión de impuestos propios y la bajada de los parcialmente cedidos, ha visto cómo se desplomaba la recaudación por esta vía en todos los casos, convirtiendo a Andalucía en una excepción frente al resto.

Pero los recelos del Gobierno de Moreno no tienen nada que ver con el margen presupuestario, sino con la propia concepción de la idea de pagar tasas o impuestos. El presidente de la Junta, que tiene en su haber el lema de la “bajada masiva de impuestos” y hasta seis rebajas fiscales en impuestos propios, no puede -ideológicamente- apoyar una tasa al turismo, piedra angular de la economía regional, un 13% del PIB. “Esto no es una tasa, es un impuesto”, ha repetido el portavoz popular durante el debate.

Ha primado, por tanto, el discurso de Bernal -“nos cargamos la gallina de los huevos de oro”- frente a la consejera de Hacienda, los alcaldes de Sevilla, Málaga, Cádiz, y el de Córdoba, a la sazón, presidente de la Federación de Municipios Andaluces.

Siete meses de retraso y protestas en las calles

La resistencia de los populares a afrontar este asunto se refleja, también, en el tiempo que ha tardado el Parlamento en tramitar una proposición de ley que Adelante Andalucía registró hace siete meses. Hay decretos que el Consejo de Gobierno aprueba un martes y 24 horas después la Mesa de la Cámara lo tiene entre manos, programando el debate para su aprobación con enorme celeridad.

En este caso, el PP ha dejado enfriar el debate entre sus alcaldes, que persisten en reclamar una solución al sobregasto que afrontan por el exceso turístico en sus ciudades, y la gran manifestación que tuvo lugar hace unos días en Málaga y Cádiz, donde miles de personas salieron a la calle para señalar que el descontrol de los pisos turísticos y la desregulación del sector era uno de los grandes responsables de la dificultad del acceso a la vivienda de los jóvenes.

El caso de Sevilla

En Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz (PP), tardó en definirse pero finalmente se declaró abiertamente partidario de la tasa turística, lo que vino a coincidir justo con que el Gobierno andaluz volvía a endurecer su discurso de rechazo. Eso sí, el regidor pone varios requisitos: que sea voluntaria, que sea el sector turístico el que la reclame y que se negocie quién la recauda. “Eso es lo difícil, consensuar quién y cómo se recauda”, subraya.

Otra condición que pone es que sea finalista, de manera que los fondos que se consigan se destinen a la rehabilitación y regeneración de parte del casco histórico sevillano (el más grande de Europa) y a potenciar el propio sector turístico. En este sentido, ha apuntado a acciones de promoción exterior de la ciudad. 

Sanz considera que el enorme patrimonio monumental de la capital hispalense “no se puede mantener con el IBI de los sevillanos”, por lo que ve la tasa turística como una vía extra de ingresos, lo que de paso le sirve para criticar contra la infrafinanciación que sufren todos los ayuntamientos en España. Y para hacer ver al conjunto de la ciudadanía que los beneficios del turismo son globales, defiende que parte de los fondos de la tasa se destinen también a obras en los barrios más alejados del centro.