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El Parlamento tramita por unanimidad la primera ley de gafas gratis para menores a propuesta de Adelante Andalucía

Los diputados de Adelante Andalucía, Maribel Mora y José Ignacio García exhiben sus gafas en el Parlamento andaluz.

Daniel Cela

Sevilla —

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El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles por unanimidad el inicio de la tramitación de una ley de gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad y subvencionadas para adultos en función de su nivel de renta.

Es la segunda proposición de ley de un partido de la oposición que logra el respaldo de toda la Cámara desde que gobierna Juan Manuel Moreno -cinco años-, y también la segunda que nace de Adelante Andalucía, grupo mixto en esta legislatura, con sólo dos parlamentarios.

El grupo andalucista, que pilota el diputado José Ignacio García, trajo la propuesta a la Cámara el pasado diciembre, y el presidente de la Junta se mostró receptivo y encomendó al consejero de Presidencia que se reuniese con ellos para valorar la iniciativa desde el punto de vista presupuestario.

La fórmula de ley que plantea Adelante Andalucía también es sui generis, porque compromete el Presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez, no el de Moreno. Se trata de una norma que empieza su tramitación en el Parlamento andaluz hasta su aprobación y, acto seguido, saltará al Congreso de los Diputados para convertirse en una ley estatal, si también logra allí la mayoría parlamentaria.

Consenso con dardos y reproches

Adelante ha logrado el apoyo necesario de la mayoría absoluta del PP andaluz -y un informe favorable del Consejo de Gobierno- para impulsar una norma que aspira a modificar el Sistema Nacional de Salud con la incorporación de una nueva prestación: gafas y lentillas gratuitas para los menores que lo necesiten y gafas y lentillas subvencionadas en función de la renta para los adultos (en torno a un millón de personas presentan problemas de salud visual, según datos aportados por el grupo).

Los populares han reseñado que sus 58 diputados se han puesto al servicio de los dos del grupo mixto, alabando la medida y haciendo suya la reivindicación: “no puede ser que unas gafas sean un producto de lujo”.

Pero el apoyo del PP a la ley de Adelante Andalucía está condicionada a que el pagador sea el Gobierno central, no la Junta. “No puede ser que cada no de Pedro Sánchez lo tenga que asumir a pulmón la Junta de Andalucía. El catálogo ortoprotésico quien lo define es el Gobierno de España”, ha explicado el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín.

En realidad, el Gobierno de Moreno tiene transferidas las competencias en sanidad y, por tanto, tiene autonomía política para crear y aprobar por mayoría absoluta una ley andaluza de gratuidad de gafas y lentillas. Pero no es esa la vía que ha utilizado el partido andalucista para pelear por este nuevo derecho. “Nos iban a decir que no argumentando insuficiencia presupuestaria”, asegura el portavoz de Adelante.

Un millón de personas con gafas

La memoria económica de esta propuesta estima el gasto en 50 millones de euros para las gafas gratis en Andalucía -260 millones en el conjunto del país- y 90 millones para las gafas subvencionadas en Andalucía -447 millones en España-. El gasto estimado para esta comunidad ronda los 140 millones de euros, un pellizco residual para un Presupuesto Autonómico que rebasa los 47.000 millones de euros. No obstante, Adelante Andalucía ha planteado su proposición de ley para condicionar al Gobierno central en vez de al andaluz, porque le parecía “más factible”.

El inconveniente aquí es que el Ministerio de Hacienda ya ha descartado los Presupuestos Generales para este año y se encomienda a la negociación posterior para las cuentas de 2025, en un escenario de inestabilidad política acentuado por las elecciones vascas, catalanas y europeas en los próximos tres meses. Andalucía, en cambio, disfruta de una estabilidad política y un presupuesto aprobado asentados en la mayoría absoluta del PP.

El debate sobre esta proposición de ley ha sido un espejismo en el desierto de crispación en el que ha mutado el Parlamento. Todos de acuerdo, todos a favor, y algunos haciendo contorsiones dialécticas para hacer del consenso coyuntural de hoy un motivo de reproche por la falta de acuerdo estructural que reina en la legislatura. Pero sí, esta vez, los diputados de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante han dedicado más tiempo a hablar de políticas que de políticos y de partidos.

“La pobreza visual”, lo llamó García, cifrando en un 31% de la población menor de edad con problemas visuales y un coste medio que ronda los 200 euros por gafas. “Es de estos problemas que uno no entiende por qué nunca se han abordado antes”, ha explicado en la tribuna.

“Hay financiación en Andalucía para pagar con recursos propios esta medida, sí. Pero no hay voluntad política. Entendemos que hay que ir al Congreso porque es donde más recursos hay y donde existe una aritmética parlamentaria menos excluyente”, asegura el diputado.

Juan Antonio Delgado, diputado de Por Andalucía, ha defendido la norma. “Es una buena iniciativa, es justa. Nadie puede no tener unas gafas por tener dificultades económicas, yo recuerdo que mi abuelo tenía unas con una sola patilla porque no se podía pagar la reparación”, afirma.

Ana María Ruiz Vázquez, de Vox, aseguró que es una “propuesta necesaria y reivindicativa, que viene a mejorar la vida de los ciudadanos”. “De aprobarse en el Congreso, se aplicaría en toda España, y nos alegra, es algo que siempre defendimos desde Vox”, explica la diputada, para recordar que su partido defiende la devolución de las competencias sanitarias de las comunidades al Gobierno central.

La diputada del PSOE-A, Pilar Navarro, ha avanzado el apoyo de su grupo, que compromete el respaldo del Ejecutivo de Sánchez cuando la iniciativa aterrice en el Congreso. Navarro también ha aprovechado para lanzar un dardo al PP, afeándole su apoyo condicionado a que “lo pague el Gobierno de España”. “¿Significa que si no lo pagara estarían en contra si lo tuvieran que pagar ustedes? Si lo paga el Gobierno de España, sí, si no, no”.

“El apoyo de mi grupo es una muestra clara de la vocación de diálogo del Gobierno andaluz”, ha defendido el portavoz del PP. “Esta ley es sumamente beneficiosa para los andaluces y para los españoles”, subraya Martín, que también ha aprovechado para reprochar al PSOE que durante sus años de gobierno el PP presentó 121 proposiciones de ley y sólo se aprobaron tres.

Un atajo estatutario

Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, tiene sólo dos diputados y un margen legislativo muy estrecho en el Parlamento. Pero su posición equidistante del bloque de derechas -PP y Vox- y el de izquierdas -PSOE y Por Andalucía- le ha proporcionado un hueco de oportunidad política insólito.

Moreno tiende puentes con los andalucistas. Suyas son las dos proposiciones de ley de la oposición aprobadas por unanimidad en el Parlamento en los cinco años que lleva gobernando: la primera fue la Ley de bioclimatización de centros educativos, en 2019.

El presidente andaluz puede esgrimir este acuerdo -así lo hace- como un ejemplo de diálogo y pacto con partidos de signo político distinto, rebatir las críticas de rodillo de la mayoría absoluta y, de paso, cuestionar la utilidad de sus verdaderos rivales: PSOE y Por Andalucía, socios en el Gobierno de Sánchez.

El artículo 87.2 de la Constitución reconoce a las asambleas de las comunidades autónomas la facultad de iniciar leyes estatales. Ese artículo tiene una réplica en el Estatuto andaluz (art. 106.9) y en el reglamento del Parlamento andaluz (art. 172). Adelante Andalucía se ha servido de este precepto para llevar al Congreso su proposición de ley, que primero había reclamado al presidente de la Junta en el Parlamento autonómico.

El grupo andalucista ha diseñado su proposición de ley partiendo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Los artículos 7 y 8 regulan el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y la cartera común de servicios en el conjunto del Estado. Esta última se subdivide en tres categorías: la cartera común básica de servicios asistenciales; la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios.

La primera está cubierta en su totalidad por la financiación pública en todas las comunidades autónomas; la segunda son prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario -que deben abonar una parte del gasto- y que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietéticos; la tercera cartera, de servicios accesorios, incluye servicios que “no se consideran esenciales”, “de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónica”. Aquí el usuario paga una aportación o reembolso. Las comunidades autónomas pueden añadir a esta cartera servicios que no están recogidos en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Adelante Andalucía plantea incluir la gratuidad de gafas y lentillas para menores en la cartera común de servicios complementarios, a la misma altura que las prestaciones ortoprotésicas, farmacéuticas y de productos dietéticos.

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