La auditoría de la Junta concluye que los cortes de luz en barrios obreros de Sevilla no se deben a la falta de potencia en la red

La falta de potencia “no es la causante de las incidencias en el suministro eléctrico”. Esa es la principal conclusión que el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha extraído de la auditoría externa encargada por la Junta para testar el estado real de las infraestructuras e instalaciones eléctricas en los barrios de Sevilla afectados por los continuos cortes de luz.

Tras nueve meses de estudio, la empresa auditora ha concluido que “las instalaciones analizadas disponen de potencia y capacidad suficiente para atender la potencia contratada en estas zonas”. De modo que descarta que la causa de los constantes apagones que denuncian los vecinos desde hace años responda a un déficit de capacidad en la red de distribución.

En concreto, se han auditado 56 de los 437 centros de transformación que suministran energía a los barrios de la ciudad, tanto en zonas que presentan un elevado índice de incidencias (esto es, Padre Pío-Palmete, Tres Barrios-Los Pajaritos,, Cerro del Águila, Rochelambert-La Plata, Su Eminencia, Torreblanca o Polígono Sur), como en otras donde no se suelen registrar fallos en el suministro eléctrico (tales como El Porvenir o Bellavista).

A ojos de Endesa, las conclusiones que ha arrojado esta auditoría externa vienen a “reafirmar la tesis” que manejaba la compañía eléctrica, en el sentido de que “había potencia suficiente que la demandada y estaba contratada”, ha asegurado el director territorial de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, en una comparecencia pública nada más conocerse los resultados de ese estudio.

Cifras del informe

“El total de la potencia contratada por los clientes se sitúa en el 50,48% de la potencia disponible en esos centros”, ha apuntado el consejero después de reunirse la tarde de este lunes con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, con el objetivo de trasladarle los resultados del informe.

De los datos aportados por el titular de Energía en la comunidad andaluza se desprende una paradoja: los siete centros de distribución en los que se ha detectado una potencia contratada superior al 90% de la potencia disponible (es decir, rozan el máximo de su capacidad) no se corresponden con aquellos en los que se registra un mayor número de incidencias.

En cambio, esa falta de potencia no se percibe en los 23 que se han calificado como centros con elevada tasa de incidencia toda vez que registran más de 10 cortes al año. Conclusión que conecta con la tesis que viene sosteniendo la compañía al afirmar que las zonas donde se produce mayor número de apagones tiene “mayor potencia de la demanda que contratan”, por lo que achacan el problema a otras causas externas a la red y vinculadas con “el fraude eléctrico”.

Anomalías detectadas

De la auditoría encargada a una empresa externa llamada Applus+ se desprenden también una serie de “anomalías en la red de distribución que son comunes a todos los barrios”, según ha indicado el consejero, quien las ha dividido en dos grupos: las que corresponden a la empresa distribuidora y las que se le achacan al usuario.

En la que respecta a los clientes han detectado “derivaciones o enganches no realizados por la distribuidora, usuarios conectados directamente sin contrato ni contador, instalaciones sin protección de fusibles e instalaciones sin protección de fusibles y cuartos de contadores, sin posibilidad de acceso debido a cerraduras y cerraduras o candados indebidos”.

Por parte de la distribuidora, los técnicos de la empresa auditora han encontrado anomalías como “un calibre sobredimensionado de los fusibles de protección, puntos de la red de distribución sin aislamiento, tramos de conductores sin protección por fusibles, tapas de arquetas soldadas que imposibilita la revisión de tramos de red subterránea o centros de distribución con insuficiente ventilación”.

Medidas acordadas por la Consejería

Por todo ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas –que tiene entre sus competencias “velar por la calidad del suministro eléctrico”, según ha recordado su titular– ha anunciado que va a abrir un expediente sancionador a la empresa y le va a solicitar un plan que recoja las subsanaciones a las anomalías detectadas por la auditoría externa.

Ese es el primer punto de actuación de las medidas acordadas por el departamento de Paradela tras conocer los resultados del informe. En segundo lugar, “vamos a trasladar a Endesa la necesidad de ampliar la potencia en esos siete centros de distribución que reseñaba antes, que están cerca del potencial disponible”, aunque se trate de zonas en las que las incidencias son anecdóticas, según ha remarcado el consejero.

Por otro lado, “vamos a abrir un expediente sancionador a la compañía distribuidora ante la gravedad de algunas de las deficiencias encontradas en esta auditoría, especialmente la relativa a la colocación de fusiles con calibres incorrectos, que es algo grave”. En este punto, Paradela ha preferido no determinar a qué cuantía económica se enfrentaría Endesa con esa sanción. Según lo recogido por la Ley de Seguridad Industrial, las multas podrían alcanzar los dos millones de euros.

La Junta también trasladará a la compañía distribuidora la necesidad de acometer inversiones que, a su vez, faciliten la detección de fraudes de fluido eléctrico, la aplicación de tecnologías, datos e Inteligencia Artificial en aras de mejorar “labor de detección de situaciones fraudulentas”. En ese sentido, también la Consejería de Energía está “estudiando la solicitud al Gobierno de España de revisar el endurecimiento de las penas reflejadas en el Código Penal por fraude eléctrico vinculado a actividades delictivas”, según ha avanzado su responsable.

Endesa aplaude las conclusiones

Para Endesa, las conclusiones de la auditoría “ratifican que las consecuencias del fraude eléctrico en estas zonas generan las incidencias que afectan a los usuarios”. En ese sentido, ha destacado que el informe certifique que se han producido manipulaciones en las instalaciones particulares que tienen un mayor número de incidencias “y que suponen un gran riesgo para la seguridad de la red de distribución y para las personas”.

El director territorial ha recordado que la compañía ha invertido 12,7 millones de euros desde 2020 en reforzar los centros de transformación y las nuevas líneas. Al tiempo que ha insistido en que los excesos de demanda “están originados por plantaciones de marihuana que introducen consumos casi industriales en zonas residenciales (una plantación de marihuana 'indoor' consume como 80 viviendas de 100 metros), cuya red de distribución no está diseñada para este fin, lo que genera sobrecargas que pueden derivar en sobrecalentamientos de los centros de transformación”.

En lo que a la sanción anunciada por la Junta se refiere, Endesa recalca que se trata de expediente sancionador, “si bien es cierto que se ha especificado que estos defectos no son la causa de las incidencias registradas en los entornos analizados”. “Este tipo de anomalías se corrigen de manera regular a medida que se detectan o con la ejecución de los trabajos definitivos que se producen un tiempo después de las actuaciones provisionales para reponer el servicio”, ha apostillado la eléctrica.

Coordinación entre administraciones

Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde hispalense han coincidido a la hora de destacar la importancia de un trabajo coordinado entre las tres administraciones. “El consejero ha sido prolijo con nosotros, pero quiero ser prudente en las valoraciones hasta tanto podamos tener el documento completo”, ha afirmado Toscano.

Al hilo, el subdelegado del Gobierno ha dicho “haber puesto a disposición de la Junta todo el potencial de la Policía desde un punto de vista de acompañamiento, cuando haya que realizar alguna de las intervenciones, de asesoramiento para mejorar algunos de los dispositivos de seguridad que hay en algunos de los elementos ya hoy disponibles y que creemos que deben ser mejorados para evitar esas defraudaciones”.

De su lado, José Luis Sanz ha señalado que espera que “con la coordinación entre las tres administraciones podamos acabar con esta lacra. Es una piroridad de este equipo de gobierno que en todos los barrios se pueda gozar de la misma calidad de vida y no sufrir estos cortes de luz”.