La escalada del precio del petróleo y las dudas sobre la deuda europea han golpeado a las bolsas este jueves. Uno de los índices que más ha sufrido ha sido el Ibex 35, con una caída que ha superado el 2%.

El índice que agrupa a las 35 mayores empresas cotizadas de España pierde así la cota de los 19.000 puntos, se sitúa en los 18.913 puntos. Lejos quedan los más de 20.000 que alcanzó a principios de agosto. Con este paso atrás, las ganancias anuales del Ibex se quedan en el 9,28%.

Casi todas las principales plazas europeas ya dejaban claro, desde primera hora, que iba a ser una jornada en rojo, con subidas del petróleo del 3%. De hecho, se ha situado por encima de los 110 dólares el barril de Brent (el de referencia en Europa) a lo largo de la jornada. El motivo, los nuevos ataques a buques en la zona de Ormuz y Arabia Saudí por parte de Irán y la decisión de Estados Unidos de retirar a su personal diplomático. Y lo mismo ha ocurrido con el gas, con los futuros que cotizan en la Bolsa Ámsterdam por encima de 90 euros.

En España, el sector más golpeado ha sido el bancario. Bankinter ha liderado las caídas, más de un 7,5%; por delante de Caixabank (5,4%), Banco Santander y Unicaja (ambas, un 4%), BBVA y Sabadell, que se han dejado más de un 3,7%.

En Francia, el CAC-40, su principal índice, ha perdidio casi un 1,4% con el inversores pendientes de la deuda francesa, con el interés del bono a 10 años por encima del 5%. Peor le ha ido a la Bolsa de Milán, con una caída de más del 2,5%, mientras que el FTSE 100 de Londres ha cerrado prácticamente plano.

Bankinter: “No va a haber problemas con la deuda pública europea”

De hecho, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz ha valorado este paso atrás en el parqué. “La bolsa está enormemente volátil, caemos todos los bancos”, ha justificado tras la presentación de resultados. “Hay muchas razones: la crisis de deuda, hay dudas en el precio de petróleo, la inflación, cómo va a afectar a las distintas economías, la caída de sistema en algún neobanco. Ver las valoraciones en aislado, un día, es un error. Las inversiones en bolsa son a largo plazo y nuestros resultados lo refrendan”, ha concluido.

También ha señalado las dudas sobre la deuda europea, sobre todo, la francesa, tras los disturbios de los últimos días. “Nuestra cartera de deuda pública es fundamentalmente española, tenemos algo de francesa”, ha añadido.

“La coyuntura actual, hay que vigilarla, pero no es preocupante. No es la misma situación de la crisis de deuda”, de hace dos décadas. “Francia es un país con una capacidad económica enorme. La situación electoral no es para lanzar mensajes tranquilizadores, pero estamos convencidos de que no va a haber problemas con la deuda pública europea”, ha recalcado. Pese a ello, “Habrá momentos en que las primas de ciertos países puedan crecer”.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a nuevas ayudas para el sector primario, por los incendios, así como el reparto de fondos entre las comunidades autónomas, para financiar actuaciones en materia de sanidad animal, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros. 

“Son ayudas muy importantes para el sector primario, porque suponen un apoyo más”, ha asegurado Luis Planas en rueda de prensa.

En cuanto a los incendios, el Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto que regula la concesión directa de ayudas, por un importe total de 9 millones de euros, para agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios producidos este año y que tuvieran contratada una póliza de seguro, matiza.

“Hemos tenido 42 grandes incendios”, ha recordado Planas. “Es una respuesta, para un sector que está sometido a presiones continuas, a fenómenos climáticos continuos”. “La medida responde a la excepcional gravedad de una campaña marcada por grandes incendios forestales en distintos puntos de España, con más de 270.000 hectáreas afectadas, de las que alrededor de 60.000 corresponden a superficie agraria”, argumenta el Ministerio de Agricultura. 

“Los incendios han tenido un impacto significativo sobre explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras rurales, cultivos, pastos y colmenares, y comprometen la actividad económica y la sostenibilidad de numerosas zonas rurales”. El objetivo añade el Ministerio, es “compensar la pérdida de renta que estos daños hayan causado a las explotaciones agrarias afectadas”.

“Serán beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones que tuvieran suscrito una póliza de seguro agrario combinado y que hayan tenido derecho a indemnización, con el fin de complementar una parte adicional del coste de la prima y compensar la producción asegurada dañada, pero no indemnizada”, indica Agricultura.

En cuanto a ayudas concretas, estas se traducen en 900 euros por hectárea para viñedo, 500 euros por hectárea para olivar. También, 1.900 euros por hectárea para cítricos, 3.500 euros por hectárea para frutales, 450 euros por animal afectado en bovino y 120 euros por colmena afectada en explotaciones apícolas.

Fondos para sanidad animal

Respecto a los fondos para sanidad animal, se trata de la distribución territorial, entre los gobiernos regionales, de 19,1 millones de euros. “La distribución incluye las necesidades presentadas por las comunidades autónomas para aplicar los programas nacionales de erradicación que no pudieron ser cubiertas por la falta de crédito, así como las destinadas a apoyar el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina para compensar la falta de cofinanciación europea”, según explica el Ministerio de Agricultura. 

Además, apunta que se van a financiar al 50% las indemnizaciones y costes operativos tramitadas en 2026 en apoyo a la gestión de focos de influenza aviar altamente patógena y de dermatosis nodular contagiosa. También apunta que se apoya con este presupuesto la adquisición de vacunas de lengua azul en territorios en los que se detectaron nuevos serotipos en 2024 como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia.

Además, Planas ha adelantado que este miércoles habrá una reunión sectorial entre Agricultura y Comunidades Autónomas, donde se contemplará la entrega de 50 millones de euros para hacer frente al aumento de costes como derivada de la situación bélica entre Irán y Estados Unidos.

Planas “respeta” la próxima tractorada

En cuanto a la protesta de agricultores y ganaderos, la tractorada, convocada para el próximo miércoles 28, Planas ha señalado su “respeto” al “derecho de reunión y de manifestación por cauces pacíficos y con respeto a las personas y a los bienes”.

El titular del ramo ha reiterado que las “grandes preocupaciones” del sector son la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC), que tiene que estar dotada suficientemente para abordar los retos del sector y donde ha señalado que España “está unida en torno al tema” al contar con el apoyo tanto de las CCAA, como de las organizaciones y cooperativas agrarias.

“Tenemos grandes retos ante nosotros, pero evidentemente la propuesta de la Comisión Europea nos parece insatisfactoria en la medida en que no cubre muchas de estas necesidades”, ha recalcado.

Cuatro grandes operadores de telecomunicaciones europeos, entre ellos Telefónica, van a pujar por el concurso de satélites europeos que buscar competir con el sistema Starlink de Elon Musk.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone han comunicado este lunes que “han firmado una carta de intenciones para estudiar una posible puja conjunta en la futura asignación de espectro para Servicios Móviles por Satélite (MSS, por sus siglas en inglés) en Europa”.

Se trata, explican, de la “iniciativa respalda el objetivo de la Comisión Europea de reforzar la soberanía, la seguridad y la resiliencia de Europa en infraestructuras críticas de conectividad”. “Garantizará una gobernanza europea responsable de infraestructuras espaciales clave”, añaden a través de un comunicado.

Las compañías inciden, a través de un comunicado, que tienen previsto ofrecer “a todos los operadores de redes móviles un acceso abierto y no discriminatorio para prestar servicios Direct-to-Device (D2D, conexión directa al dispositivo) a sus clientes”. “Estos servicios se ofrecerían a través de un modelo diseñado para fomentar la competencia, reducir la fragmentación del mercado y ampliar la oferta para los consumidores en toda Europa”.

“Al combinar el amplio alcance comercial de los operadores, sus capacidades de red y su experiencia operativa, la iniciativa podría acelerar el despliegue en el mercado, permitir un uso eficiente del espectro y facilitar la integración fluida de la conectividad por satélite en las redes móviles existentes”, argumentan.

Una iniciativa europea

Además, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone recalcan que su “iniciativa conjunta” “tiene una ambición clara: responder a la demanda de los clientes de una cobertura universal en zonas con servicio insuficiente, reforzar la resiliencia de las redes públicas, proteger las comunicaciones críticas y apoyar el desarrollo de una constelación europea”.

Se viste así como proyecto impulsado por operadores europeos que “prevén desplegar en Europa infraestructura terrestre clave, así como funciones críticas de coordinación y supervisión, sin invertir directamente en una constelación de satélites. Esta la aportará un socio satelital aún por seleccionar”. “La alianza entre la iniciativa liderada por los operadores móviles y el operador de satélites combinaría la gobernanza europea y el acceso al mercado con una tecnología satelital probada y experiencia en despliegue”.

Por último, matizan que la publicada este lunes es una “carta de intenciones para estudiar una posible puja conjunta por el espectro MSS”, pero “no sustituye a las alianzas satelitales ya existentes”.

Banco Santander ha llegado a un acuerdo con el gigante Nvida para acelerar el despliegue de la IA en todo el banco. La entidad presidida por Ana Botín explica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha llegado a un acuerdo de tres años con la multinacional estadounidense.

Este pacto, del que no da detalles sobre su coste, “abarca ámbitos como los modelos funcionales, los agentes de IA, las capacidades para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, la toma decisiones en tiempo real y tecnologías avanzadas de simulación, como un gemelo digital bancario”, enumera el banco a la CNMV.

Este no es el primer paso entre el banco español y el gigante norteamericano. Asegura que ya ha trabajado, a través de Santander AI Lab, en el desarrollo de “nuevas capacidades para evaluar modelos y agentes de IA destinados a aplicaciones bancarias que permiten determinar qué modelo es el más adecuado y eficiente para cada tarea”.

“Santander está evolucionando el uso de la IA de los grandes modelos generales a modelos más pequeños y especializados para tareas bancarias concretas”, explica a la CNMV. “En casos de uso experimentales, esta forma de trabajar ha llegado a reducir el coste de ejecución de unos 5 euros por interacción a unos 0,03 euros manteniendo buenos resultados”.

Por ejemplo, asegura que está “ajustando modelos para tareas concretas con Nvidia NeMo Customizer”. “Las pruebas comparativas en atención al cliente han demostrado que los modelos más pequeños y especializados dan buenos resultados en tareas bancarias concretas. Además, Santander ha desarrollado inteligencia especializada para procesos 'de core' bancario sobre Nvidia Kumo, una familia de modelos fundacionales de pesos abiertos para datos estructurados que permite a las empresas convertir rápidamente esos datos en la información predictiva necesaria para prestar servicios que usan agentes”, explica.

Reducción de costes a gran escala

Además, el banco cántabro asegura que su IA Lab “está incorporando estas capacidades a la infraestructura tecnológica de Santander mediante Nvidia DynamoTriton, la tecnología que ha hecho posible la reducción de costes”. Y “desarrolla Model Arena, para diseñar, simular, evaluar y supervisar agentes bancarios,y trabaja para mejorar su resultado y someter la IA conversacional a pruebas de esfuerzo en entornos controlados”.

“El objetivo es contar con un proceso riguroso que evalúe y perfeccione las nuevas tecnologías de IA antes de desplegarlas en todo el grupo”, matiza.

“A partir de estos avances, Santander da el paso desde modelos de pesos abiertos hacia modelos especializados y agentes bancarios sujetos a mecanismos de gobernanza para mejorar el control, reforzar la seguridad y reducir los costes a gran escala”, reconoce Santander. “La colaboración ya da resultados: en un caso de uso experimental de atención al cliente, Santander mejoró la calidad de las conversaciones y redujo los costes en más de un 50% gracias a un modelo de IA más eficiente”, concluye.

Este sábado entra en vigor una medida que busca acabar con la falta de identificación de las llamadas, a todas horas, con fines comerciales. Esos telefonazos no solicitados ya tienen que estar claramente identificados, a través del prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios saber que las llamadas tienen ese citado fin comercial.

Se trata de una medida amparada en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y puesta en marcha por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Básicamente, consiste en la identificación a través de determinados rangos de numeración telefónica –específicos y diferenciados– tanto para las llamadas realizadas por los servicios de atención al cliente como para las comerciales.

En cuanto a estas últimas, a partir de este sábado tienen que comenzar con el prefijo 400. Esa identificación, según justificó el Ministerio encabezado por Óscar López, permitirá a los usuarios identificar el tipo de llamada y decidir si quieren atenderla o no.

Además, si los ciudadanos quieren contactar por teléfono con los servicios de atención al cliente o comerciales de las empresas, el coste no podrá ser superior al de una llamada convencional.

Cambios en atención al cliente

Respecto a las que son realizadas por los servicios de atención al cliente –para la gestión de contratos en curso o la prestación de servicios— sólo podrán efectuarse desde números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (los números que empiezan por 800 o 900) o números con prefijos de localización geográfica, como las llamadas por fijo. 

La otra medida que también tiene que comenzar a notarse es que los operadores tienen que bloquear las llamadas que se identifiquen a los usuarios con objetivos comerciales y de atención al cliente y que no utilicen la numeración establecida. Y si estas se siguen recibiendo desde una numeración no autorizada, se podrán denunciar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela estableció otra obligación: que los usuarios tendrán que renovar, cada dos años, los consentimientos que otorgan a las compañías para que las empresas realicen estas llamadas con fines comerciales. Asimismo, tienen la consideración de nulos los contratos efectuados en llamadas comerciales realizadas sin consentimiento previo.

Cambios de número y críticas a la medida

Algunas empresas ya han comenzado a comunicar a sus clientes el cambio de numeración. Un ejemplo, Telefónica ha indicado a sus clientes este “cambio legal” que “aplicará a todas las empresas de España”. En su caso, apunta que, desde este sábado, va a llamar con el teléfono 400 00 1004. 

Este nuevo sistema de numeración, el de los prefijos 400, ha recibido críticas por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que lo considera “insuficiente” para poner freno al 'spam' telefónico. 

La OCU entiende que los prefijos tienen que venir acompañados de controles efectivos y un régimen sancionador disuasorio. Además, reclama la creación de un registro público para identificar qué empresa se encuentra detrás de cada número comercial, una herramienta que facilitaría comprobar si se otorgó consentimiento, ejercer el derecho de oposición o reclamar frente a posibles incumplimientos.

Los maquinistas del sindicato Semaf convocan huelga en Renfe el próximo 29 de octubre. Se llevará a cabo solo un día antes de los paros convocados en otro operador ferroviario de alta velocidad, Ouigo y en vísperas de puente.

El sindicato ha comunicado que, este viernes, ha acordado “convocar una jornada de huelga de 24 horas” para ese día de “de 00:01 a 23:59 horas, en todas las empresas del grupo Renfe, dirigida a todo el personal de conducción”.

“Esta movilización se adopta tras resultar infructuosa la vía previa de la Comisión de Conflictos y constatarse, en la reciente reunión mantenida hoy con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe, el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante”, explica el sindicato.

“Tras registrar la Comisión de Conflictos el pasado 5 de octubre, en la reunión de hoy la conclusión que hemos obtenido es clara: todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo”, añade.

También critica “la lentitud burocrática” de las administraciones. “Somos conscientes de que si hay voluntad son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas”, argumenta Semaf.

Los paros en Ouigo

Hay que recordar que Semaf también ha convocado paros en Ouigo, de seis jornadas, que coinciden con los próximos puentes. En el caso de la operadora francesa de alta velocidad, la convocatoria incluye paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, antes y después de la fiesta de Todos Los Santos; y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre (puente de la Almudena en Madrid), y 4 y 8 de diciembre (puente de la Constitución).

En el caso de la jornada de huelga en Renfe convocada este viernes, Semaf argumenta que busca “reclamar que se cumpla los compromisos, ya que los consideramos vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro”. En concreto, piden “asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía”, con “protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, garantizando que nunca se anteponga la urgencia por circular por encima de la seguridad”.

También, “desterrar la búsqueda automática de culpables en la cabina implantando de forma efectiva la Cultura Justa”, en caso de accidentes, “vigilar que seguridad y condiciones laborales vayan de la mano” o “soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastramos en el material rodante”.

Al mismo tiempo, Semaf reclama “una aplicación correcta de las interrupciones en los tiempos de conducción” para acabar “con los agravios comparativos entre compañeros en la misma situación” o “que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los compañeros que sufren un arrollamiento”.

Renfe responde que ha cumplido los compromisos

Tras la convocatoria de huelga, Renfe ha asegurado que ha cumplido todos los compromisos acordados con Semaf el pasado 9 de febrero, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que ya permitieron desconvocar dos jornadas de huelga previstas para el 10 y 11 de febrero.

También asegura que parte de las peticiones del sindicato no corresponden al operador ferroviario público. “Ante la convocatoria de huelga anunciada por SEMAF para el próximo 29 de octubre, la compañía considera necesario recordar que las medidas cuya ejecución correspondía a Renfe han sido desarrolladas íntegramente y que buena parte de las reivindicaciones utilizadas para justificar esta movilización exceden del ámbito competencial de la empresa ferroviaria”, incide Renfe.

“El seguimiento realizado por las distintas administraciones implicadas pone de manifiesto que las actuaciones comprometidas por Renfe han sido ejecutadas y que, de las 24 medidas restantes, fuera del ámbito de Renfe, 17 ya se han ejecutado y en los 7 restantes se continúa avanzando a través de los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos”, asegura el operador.

Por ejemplo, cita que ha impulsado una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores. También, que “ha dado cumplimiento a todos los compromisos adquiridos en materia de mantenimiento ferroviario, impulsando la internalización de actividades, reforzando el mantenimiento con personal propio y avanzando en la recuperación de capacidades técnicas dentro de la empresa. También se han desarrollado actuaciones específicas para mejorar la fiabilidad de los trenes y reforzar la calidad del servicio prestado a los viajeros” y recuerda que ya se ha licitado el nuevo concurso de trenes de Alta Velocidad.

“Es difícil entender que tras la firma de acuerdo para el IV Convenio Colectivo de Renfe el pasado mes de julio, el sindicato convoque una huelga en el Grupo Renfe sin que ninguna de las cuestiones que ahora suscitan se incluyeran en la negociación del Convenio recién firmado”, concluye Renfe.

La banca ética vive un buen momento en España: un ahorro que se consolida; el número de clientes camina al alza; y una gran parte del crédito está destinado a la vivienda. Así se concluye de la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas. Se trata de un informe que, desde hace casi 20 años, mide la evolución de las finanzas éticas y solidarias. Estas garantizan, entre otros aspectos, que los proyectos de financiación no vulneren los derechos humanos, los ahorros se destinan a la economía real, con impacto positivo en personas y medio ambiente y se siguen criterios medibles y transparentes.

El barómetro recoge que, al cierre de 2025, casi 200.000 personas eran clientes de las entidades éticas. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que, en alto grado, cumplen los principios que las definen bajo el paraguas del Escáner de las Finanzas Éticas o están registradas en el sello EthSI de los seguros éticos. 

En cuanto al ahorro, este se consolida. El año 2025 se cerró con 2.408 millones de euros depositados en entidades bajo el paraguas de las finanzas éticas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, según el citado análisis. “El ahorro financiero ético alcanzó su máximo histórico en 2021 y, tras dos años de descenso, encadena dos ejercicios de estabilidad”, apunta el citado análisis. Ese año récord superó los 2.600 millones.

“El barómetro demuestra que las finanzas éticas, lejos de ser una utopía teórica, son una realidad práctica. Hoy en día, casi 200.000 personas tienen su cuenta corriente, guardan sus ahorros, contratan un seguro o piden un préstamo con estas entidades”, explica Nina González, economista y coordinadora de FETS. 

La vivienda concentra gran parte del crédito

Sin embargo, el análisis del crédito concedido por las entidades éticas se contrae, aunque ligeramente. En concreto, al cierre de 2025, la financiación prestada por este tipo de entidades se situó en 1.856 millones de euros, según el barómetro, Es un 2,8% menos que al cierre de 2024, pero en niveles similares a los de los dos ejercicios precedentes a este último. “A pesar de este ajuste, el valor de 2025 sigue siendo más del doble que hace 10 años”, destaca el análisis. 

Además, hay que tener en cuenta que el barómetro recoge entidades de dimensiones muy diferentes y las de mayor volumen condicionan significativamente la cifra agregada, de manera que un año de contención en estas últimas “arrastra a la baja el resultado global”. “En cambio, el conjunto de entidades de dimensión mediana y pequeña ha incrementado el crédito concedido un 21% respecto a 2024”, añade.

Y crece el peso de la vivienda. A escala estatal, supuso el 28,1% del crédito, cuando un año antes se situaba en el 25,8%, según los datos publicados por los observatorios de cada ejercicio.

El análisis cita el caso de Sostre Cívic, una cooperativa catalana que impulsa la vivienda cooperativa en cesión de uso. “En este modelo, la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los edificios y las personas socias disponen de un derecho de uso estable y asequible, sin especulación, y participan en las decisiones de forma democrática. Una alternativa a la compra y al alquiler que ha podido crecer con el apoyo de las finanzas éticas”, indica. 

Su financiación “Ha sido decisiva para hacer posible la vivienda cooperativa en cesión de uso. No sólo por coherencia con nuestros valores sino porque han entendido un modelo de propiedad cooperativa que no encaja en los esquemas de la banca convencional, pensados exclusivamente para el endeudamiento individual” afirma Jose Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa Sostre Cívic.

Por detrás de vivienda, al cierre del año, estaba la financiación de proyectos del sector social, con un peso de casi el 26%; y el ligado al medio ambiente y la transición energética, que suponen casi el 20% del crédito, Mientras, cultura pesa un 12%; los proyectos educativos, un 7,7%; y los de agricultura y alimentación, un 5%.

El barómetro también recoge la evolución del sector asegurador ético, formado por las entidades registradas en el sello europeo EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), que tiene en cuenta la gestión ética de la inversión y su responsabilidad social y medioambiental. Estas entidades gestionaron en 2025 un volumen de primas de 1.538 millones de euros, un 10% más que el año anterior, lo que representa el 1,81% del total del sector asegurador español. Suman casi 4,1 millones de pólizas y 14 productos éticos certificados, resume el barómetro.

Un crecimiento a doble dígito, constante, desde hace más de un año. El crédito al consumo, aquel que se pide para comprar un ordenador, un móvil, para pagar las vacaciones o posponer las cuotas del coche, lleva desde septiembre de 2025 son repuntes, mes a mes, por encima del 10%, según las estadísticas que publica el Banco de España. Lo hace en un contexto donde la inflación se mantiene en una espiral alcista y limita el poder adquisitivo de los hogares.

Se trata de un tipo de crédito que, en muchas ocasiones, se solicita cuando los bolsillos no dan más de sí, hay problemas de liquidez y no queda otra que aplazar los pagos para poder afrontarlos. Y hay casos, como las tarjetas 'revolving' –las que permiten aplazar la deuda en cuotas mensuales– donde sus tipos de interés se disparan por encima del 18% o los microcréditos, en ocasiones, con entidades no reguladas. Situaciones que acaban atrapando a los clientes y que llegan al Tribunal Supremo por considerarse usura.

Este despegue de la financiación al consumo se produce, además, en un entorno con los tipos de interés al alza y donde se esperan nuevos movimientos de Fráncfort en esa misma dirección. Sin embargo, el sector no teme un repunte de la mora y de los impagos. “Se trata de una herramienta muy útil para que los hogares financien su día a día”, señala Ignacio Pla, secretario general de Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), que agrupa a las entidades reguladas. 

¿Qué se paga a crédito? Sobre todo, según explica Pla, bienes relacionados con el hogar, como los electrodomésticos, que concentran más de cuatro de cada 10 operaciones. “Con el alto precio de la vivienda, hay mucha gente que opta por los pisos o casas de segunda mano y hay que hacer obras o cambiar el mobiliario”, apunta. Por detrás, más del 30% de las operaciones están ligadas a la informática o los móviles; el 27%, a la automoción; el 18%, a los viajes y, por detrás, educación y equipamientos energéticos, como las placas solares.

Los datos reflejan su constante crecimiento

Los datos que publica el Banco de España reflejan que el crédito al consumo lleva todo este año creciendo por encima del 12%, incluso en dos meses –febrero y abril– superó el 13%. El último dato disponible es el de agosto, cuando despegó un 12,4% respecto a julio. Como comparación, el crédito destinado a la compra de vivienda también despunta, pero a ritmos mucho más moderados. En concreto, este último se mantiene con alzas por encima del 4% durante todo este ejercicio.

En cuanto al saldo, la cantidad de dinero que concentra la modalidad de crédito al consumo, también crece de forma constante, mes a mes. En agosto se situó en 121.625 millones de euros. De hecho, no está por debajo de 100.000 millones de euros desde abril de 2024.

Ese constante despegue solo se resintió con la pandemia, cuando cayó a tasas negativas, que rozaron el -4% en los primeros compases de 2021. Desde entonces, está inmerso en esa espiral alcista, como se ve en el siguiente gráfico.

Y en cuanto a los tipos de interés que se pagan por esta financiación, dependen de la modalidad. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el tipo medio ponderado para los créditos al consumo se situó en agosto en el 7,16%, por encima del 6,96% de julio. De hecho, en datos anualizados, encadena una década sin bajar del 6%, incluido el año de la pandemia.

Sin embargo, hay muchas diferencias en función del plazo de amortización de esa financiación. Si es menos de un año, se queda en el 5%. Para los créditos a un plazo de entre uno y cinco años, escala hasta el 6,97%; y, para más de cinco años, por encima del 7,7%. Y cuando se trata de las tarjetas 'revolving', ese tipo de interés se dispara por encima del 18%, según la información publicada por el Banco de España.

Las razones del despegue del crédito al consumo

“El crédito al consumo financia la economía real, si necesitas una caldera, una lavadora o pagar los costes de la vuelta al cole”, enumera el responsable de Asnef. “Su crecimiento”, añade, “está muy ligado a la estabilidad en el empleo, si hay confianza en que se tiene trabajo estable, hay confianza para pedir créditos. Otro motivo es el aumento de la población en España, que también financia sus gastos”. Ignacio Pla, en cambio, apunta que no hay un perfil concreto de cliente del crédito al consumo, que este llega por igual a todas las franjas de edad y territorios.

Y no ve señales de alarma por la subida de tipos de interés en la zona euro. “El indicador más importante es el empleo, si creciera el desempleo, eso sí podría ser una señal de alarma, porque apuntaría que la morosidad puede comenzar a crecer”. Actualmente, la mora en los establecimientos de crédito se sitúa en el 5%. “Si llega al 10% o al 11%, eso sí sería una mala señal”, ahonda. 

“Detrás del crecimiento del crédito al consumo, vemos una realidad compleja, porque hay gente que no puede llegar a fin de mes, con el euribor, con la inflación; y que puede tener una necesidad puntual de dinero o de reunificar la deuda”, considera Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). El problema llega cuando se depende exclusivamente de esa financiación y, en ocasiones, se acaba tirando de entidades que exigen tipos de interés disparatados. “El problema es cuando vas mal y tiras del crédito o pidiendo microcréditos. Ahí está el abuso. Claro que es mejor ir a una entidad regulada, pero hay gente que no puede y acaba fuera del sistema”, recuerda.

El Tribunal Supremo llega a hablar de usura

El sector financiero recalca que es imprescindible contratar los créditos, exclusivamente, con entidades reguladas y supervisadas. También, que es importante leer toda la letra pequeña. Pese a todo, hay casos que hacen crecer la deuda como una bola de nieve y convierten en imposible ponerse al día con los pagos. “Hay muchos casos que están hechos para que acabes sin poder pagar. Por ejemplo, te cobran un 1% diario que se acumula al capital y este último va creciendo”, explica Antonio Gallardo. “Por ejemplo, un préstamo de 300 euros que, por no pagar, en unos meses se convirtió en 1.600 euros; o minicréditos que llegan a tener tipos de interés del 3.000%”, añade. “Si el cliente no paga”, la firma que ha prestado el dinero “le vende la deuda a otra. La primera recupera el dinero, pero al cliente le siguen reclamando, con estrategias muy agresivas, como llamadas a todas horas”, apunta Gallardo. 

Y hay situaciones que acaban en los tribunales. Por ejemplo, este verano, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado contra Cofidis por una mujer que había sido incluida en el fichero de morosos por esta entidad financiera, después de que ella impugnara el crédito que le concedió, al considerar que se trataba de un caso de usura. El Tribunal condenó a la entidad a indemnizarla con 2.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

De hecho, el Supremo ya decidió el pasado mes de marzo que extendía a los préstamos personales el criterio del tipo usurario de las tarjetas 'revolving'. En concreto, consideró usurario cuando es superior en seis puntos porcentuales al tipo medio del mercado. En cuanto a esta última consideración, se trata del caso de un cliente que contrató un préstamo a un interés del 16,61% TAE, cuando el tipo medio del mercado se situaba en el 8,1%. Una “desproporción tan grande que difícilmente puede justificarse, siendo en este caso insuficiente el hecho de que el destino del préstamo fuera 'unificar créditos' anteriores”, determinó el Supremo.

Respecto a Cofidis, Joachim Rolland, director de Digital Business y Marketing de esta entidad, asegura a elDiario.es que la firma “respeta plenamente las decisiones judiciales”. “Por supuesto, acatamos la sentencia”. “Se trata de un caso concreto, que no refleja nuestra práctica habitual, ni nuestra relación con los dos millones de clientes que confían en nosotros. A raíz de este tipo de resoluciones, hemos reforzado nuestros procesos internos para garantizar que la gestión de impagos y la comunicación a ficheros de solvencia se realice siempre con las máximas garantías para el cliente”. 

En cuanto a la situación actual, con los tipos al alza, el responsable de Cofidis afirma que se trata de un contexto que “exige prudencia”. “En cuanto a la morosidad, nuestros indicadores se mantienen estables y en niveles muy controlados. Esto es fruto de un modelo de concesión responsable y un acompañamiento al cliente durante toda la vida del crédito. No prevemos un deterioro significativo y seguiremos anticipándonos con políticas de riesgo prudentes”, añade.

Una nueva regulación en pausa por las elecciones

La regulación del crédito al consumo ha sido uno de los temas que ha quedado en pausa por el adelanto electoral. El Ministerio de Economía dio luz verde en enero al anteproyecto de ley que iba a regular los créditos al consumo, como los microcréditos, las 'revolving' o los préstamos rápidos en plataformas digitales, con el objetivo de elevar la protección financiera y prevenir el sobreendeudamiento. Un anteproyecto que, ante las elecciones del 29 de noviembre, tendrá que quedarse para otra legislatura.

Entre las medidas que contemplaba cambiar se incluía que todos los prestamistas de este tipo de créditos estuviesen autorizados y supervisados por el Banco de España. También creaba una categoría de prestamistas de alto coste, cuya actividad quedaba limitada, exclusivamente, a créditos de bajo importe. Y establecía un periodo de 24 horas, para analizar la letra pequeña, es decir, para que los clientes pudieran pensar con calma lo que contrataban. 

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, recuerda que este texto suponía la transposición de una directiva europea y señala la necesidad de que exista ese tiempo de reflexión. “Es una forma de frenar la impulsividad al contratar”, apunta. Algo que suele suceder con las 'revolving'. “Hay dos momentos en el año en los que se tira” de este tipo de productos financieros. “Uno, las vacaciones. Otro, el periodo que va desde el 'Black Friday' hasta después de las Navidades y las rebajas de invierno, cuando compras cosas que igual no necesitas. Vivimos en un factor psicológico, un factor de compensación cuando compras, porque te satisface y compensa posponer esos pagos”, concluye.

Habrá protesta del campo antes de las elecciones para reclamar más ayudas, ante el aumento de costes, pero con las organizaciones agrarias divididas.

Tres de ellas, Asaja, COAG y Unión de Uniones, han convocado una “gran tractorada” en Madrid, que se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Las tres organizaciones han decidido unir sus fuerzas para exigir respuestas urgentes a los graves problemas que arrastra el campo y que, lejos de resolverse, siguen agravándose”, explican a través de un comunicado.

“El sector agrario no puede más”, alegan. “Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas”, argumentan.

Hace semanas, las organizaciones agrarias ya adelantaron que tenían intención de convocar movilizaciones en otoño; y se reunieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en un encuentro que se saldó sin el anunció de medidas que pedían las organizaciones, porque estas irían bajo el paraguas del paquete de medidas global para hacer frente a los problemas provocados por la guerra entre Irán y Estados Unidos. Tras la convocatoria de elecciones, quedaba esa duda, si las movilizaciones iban a seguir adelante a escala estatal. Duda que hoy ha quedado despejada.

UPA no apoya la protesta

Sin embargo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se desmarca. A través de un comunicado, esta última “expresa su máximo respeto a la democracia y a los procedimientos mediante los que esta se articula, que tienen su máximo testimonio en las elecciones generales, que han sido convocadas por el presidente del Gobierno para el próximo 29 de noviembre”.

“UPA es una organización profundamente comprometida con los valores democráticos y de participación social”, añade. “Las elecciones generales son la máxima expresión de la democracia, y por lo tanto UPA anima a todos sus afiliados y afiliadas a expresar su opinión democrática mediante el voto”.

“Nuestra organización mantiene en un proceso de movilización permanente en defensa de los intereses de la agricultura y ganadería familiar, ahora bien, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones sitúa de forma inmediata a un Gobierno que no está en sus plenas facultades, lo que obliga a considerar este hecho en relación con el proceso de movilizaciones en el ámbito estatal anunciado días atrás”, explica esta organización agraria. “En consecuencia, desde UPA anunciamos que en estas semanas marcadas por la precampaña electoral posponemos nuestra participación en cualquier movilización de ámbito estatal”.

Los motivos de la protesta

En cuanto al porqué de las movilizaciones, las tres organizaciones agrarias que han convocado la tractorada citan cinco razones. La primera de ellas, la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario y que este pase por una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

También reclaman una Política Agraria Común (PAC) fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos, precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, para que el campo no venda por debajo de lo que cuesta producir.

Al mismo tiempo, aseguran las organizaciones dicen no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales, como el alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur; y una reducción de trámites, registros y obligaciones administrativas

Bizum, el sistema de pequeñas transferencias inmediatas, cumple 10 años. “La idea era sencilla, permitir que dos personas se compartieran dinero con el móvil”, ha explicado Fernando Rodríguez, director general adjunto de Expansión Internacional de Bizum, en el acto de celebración de estos 10 años. El sistema, en un primer momento, estaba pensado para “pagos entre familiares o amigos, cosas pequeñas y cotidianas” y nació como “un proyecto colectivo del sistema financiero español”, para que las empresas no fueran por libre y no “compitieran de forma aislada”. 

Bizum ahora suma 32,5 millones de usuarios, ha apuntado Rodríguez. “Se hacen 40 bizums por segundo, debería ser una palabra aceptada por la RAE”, ha apuntado. Un servicio de pago que se calcula que ya usa el 70% de la población adulta de España.

“El punto de inflexión fue 2017, cuando se lanzaron las donaciones”. Desde entonces, se han realizado más de 4,3 millones de pagos de este tipo, con el COVID, la dana o el volcán de la Palma. En ese repasado temporal, en noviembre de 2019, comenzó el pago en comercio electrónico, y hoy es la segunda opción más utilizada. En 2023, se sumaron las tres entidades financieras andorranas; y, en 2025, comenzó la interoperabilidad con Italia, Portugal y Grecia. Hace unos días se anunció la sede en Madrid del sistema que dará servicio a 13 países europeos y el 70% de la población. 

Acelerar en tiendas físicas y dar el salto a Europa

Desde hace meses, el objetivo es acelerar las operaciones de pago con Bizum en las tiendas físicas, un paso que se está dando de forma progresiva. Actualmente, Bizum calcula que 21 millones de personas ya tienen habilitado el pago presencial en establecimientos físicos.

“Es un proyecto sectorial respaldado por el Banco de España por ser catalizador para buscar soluciones para empresas y ciudadanos”, ha asegurado Alberto Ríos, director general de Relaciones Institucionales, Transparencia y Conducta del Banco de España. “Es un proyecto colaborativo, que ha requerido confianza, estándares compartidos y una visión común. 'Hazme un bizum', se ha convertido en una expresión cotidiana”, ha resumido. 

Por su parte, Pablo Sánchez-Blanco, director general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, también ha valorado la realidad de que “hacer un bizum” se haya convertido en una expresión usada en el día a día. “Estamos en cabeza de Europa en pagos digitales, pero tenemos desafíos que afrontar, como la interoperabilidad europea, porque dos de cada tres pagos utilizan tecnología que no es europea”, ha explicado. De ahí, la necesidad de acelerar el euro digital y garantizar que, en ese crecimiento, se garantiza un sistema de pagos seguro.

Y los bancos compiten por tener el Bizum de sus clientes. “El bizum ha barrido al cash y ha aumentado las interacciones con el banco y eso nos permite saber nuestros puntos fuertes y débiles, ser más conscientes de qué es bueno en la experiencia y qué no lo es, porque el banco se ha convertido en un proveedor de soluciones, en una solución que compartimos con todos los bancos”, ha explicado Roberto Pagán, Consumer Payments Head de BBVA y consejero de Bizum, “pero es el cliente el que elige con quién hacerlo. Competimos porque el Bizum lo tengan con nosotros, es como competíamos antes por tener la nómina”.

Un movimiento defensivo en toda regla. Casi un año después de que fracasara la oferta de compra (OPA) de BBVA por Sabadell, el banco catalán ha comunicado que la entidad francesa BPCE se ha hecho con el 7% de su accionariado. Lo ha hecho en una operación valorada en 1.200 millones de euros y realizada a través de la adquisición de títulos en el mercado bursátil y con instrumentos financieros. Y ese movimiento puede ir a más, aunque BPCE se ha comprometido a no superar el 9,9% del capital de Sabadell. Es un paso relevante, porque el sector bancario europeo está en plena ebullición, con Fráncfort reclamando fusiones transnacionales para conseguir un sector financiero más fuerte, capaz de competir con los grandes actores de Estados Unidos y China. Además, en España nunca para el runrún sobre la continua consolidación de los bancos. 

Tanto Sabadell como BPCE han despejado desde el primer momento cualquier nubarrón que lleve a pensar que esta operación es hostil. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificaron el paso como “amistoso” y con la perspectiva de que la entidad francesa será un “accionista estable y a largo plazo”. Además, adelantaron que tienen la “voluntad de explorar una cooperación estratégica empresarial para poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta”. 

Sabadell tendrá a partir de ahora un aliado francés, pero, quién es BPCE y qué puede aportar a la entidad catalana. 

Hay que recordar que la banca francesa no tiene excesiva presencia en España, en un sector dominado por las entidades locales, como CaixaBank, Santander, BBVA o el propio Sabadell. En cuanto a los nombres del país vecino, los que más resuenen por su peso son BNP Paribas, Crédit Agricole o Société Générale, que tienen relevancia, sobre todo, en la banca corporativa y de inversión. Sin embargo, aunque sea menos conocido, BPCE también es activo en estas últimas, a través de una de sus ramas de negocio: Natixis.

Un gigante con raíces cooperativistas

El grupo BPCE se presenta a sí mismo –así lo hace en el comunicado que remitió a la CNMV– como el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la zona euro por capital –estaría por detrás de Santander y de los también franceses BNP Paribas y Crédit Agricole– y se define como una entidad “cooperativa” al “servicio de la economía real”, con 36 millones de clientes y 110.000 empleados. Como comparación, la primera entidad de España, CaixaBank, suma más de 40.000 trabajadores y casi 19 millones de clientes.

BPCE es un gigante, con raíces en el cooperativismo, porque nació de la fusión del equivalente galo a dos grandes cajas de ahorros españolas; y está alejado de los mercados bursátiles, porque no cotiza en bolsa. Sus siglas derivan, precisamente, de esos orígenes, porque es fruto de la integración de Banque Fédérale des Banques Populaires y Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, que unieron sus destinos en 2009, en plena crisis financiera. Entonces buscaron sumar fuerzas y salvarse, porque Natixis, la banca de inversión que ya compartían, sufrió fuertes pérdidas, calculadas por encima de los 4.000 millones de euros. Y fue una de las entidades que recibió fondos del Estado francés, en modo de préstamo, para sanear su balance.

En cuanto a sus raíces cooperativistas, estas se mantienen arraigadas en su propio capital, que comparten –prácticamente a partes iguales– las redes regionales de Banques Populaires y Caisses d'Epargne.

Y es una entidad cooperativista rentable. En 2025, BPCE ganó 4.100 millones de euros. Si se compara con la banca española, estaría por detrás de CaixaBank, que ese mismo año ganó casi 5.900 millones y representa más del doble de lo que ganó Sabadell, que selló ese mismo ejercicio con un beneficio neto de 1.775 millones de euros.

Apetito comprador en el mercado ibérico

La irrupción en Sabadell no ha sido el primer gran salto de la entidad francesa en la península Ibérica. Ese impulso lo dio en Portugal, con la compra el año pasado de Novo Banco, la cuarta mayor entidad del país vecino, por 6.400 millones de euros. Una operación por la que también se interesó, sin éxito, CaixaBank.

Ahora BPCE se hace fuerte en Sabadell y ambas entidades asumen que, a partir de 2027, analizarán sinergias y oportunidades de negocio en actividades como la banca corporativa y de inversión, 'leasing' de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes.

Sabadell replica así los pasos que ya dio en el pasado con la aseguradora Zurich, con quien mantiene un acuerdo para comercializar productos de forma conjunta. Además, la entidad helvética es propietaria del 5% del Sabadell y fue fundamental en su estrategia de defensa contra BBVA, porque se posicionó en contra de la integración. “La oferta actual no supone una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell”, justificó al explicar por qué no iba a vender sus acciones en la OPA. 

Ahora, si llegara una operación similar, otra oferta por Sabadell, la francesa BPCE sería una pieza clave. Y puede que un escenario político diferente tras las elecciones del 29 de noviembre cambie el panorama bancario en España. Así lo cree la entidad estadounidense Citi. “La actual coalición gobernante se opuso a la compra de Sabadell por BBVA. En nuestra visión, un hipotético Gobierno liderado por el PP sin depender de los partidos independentistas catalanes podría ser percibido como más favorable a la consolidación del sector bancario”, aseguraba en un informe publicado por el diario económico Expansión. Si esa consolidación se acelera, Sabadell tiene ahora un núcleo duro en su accionariado para defenderse.

La campaña de aceite de oliva se presenta significativamente mejor que la anterior, por lo que el Ministerio de Agricultura ha abierto la puerta a la retirada, aunque temporal, de producto con el objetivo de evitar que los precios se desplomen y dañen al sector productor. Un paso que aún no se ha decidido, pero que Competencia ha criticado porque puede perjudicar a los consumidores.

En cuanto a la campaña en sí, los primeros datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan a una producción media-alta, de más de 1,6 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 23% respecto a la cosecha anterior. Así, el aforo puede llegar hasta los 2 millones, con el producto que aún hay en stock.

Ante esas cifras, el ministro Luis Planas abrió hace unos días la puerta a la activación de la norma que permite una retirada temporal de aceite, con el objetivo de evitar que los precios se hundan y los agricultores no puedan cubrir sus costes de producción. Se trata de activar el artículo 167 bis de la Organización Común de Mercado (OCM), un mecanismo que España ha impulsado ante la Comisión Europea para lograr esa citada estabilidad en los precios. 

La decisión, de retirar o no temporalmente aceite, la tomaría Agricultura en noviembre. Planas pidió hace unos días “rigor” y “prudencia” para ver si se activa o no esa medida y recordó que las comunidades autónomas tienen todo el mes de octubre para ajustar sus cifras de aforo de aceite de esta campaña y ya en noviembre se conocerán las cifras de producción definitivas. 

“Con todos estos datos, en la primera quincena del mes de noviembre se producirá la toma de decisión por vía de resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados”, aseguró Planas en declaraciones que recoge Europa Press. El responsable de Agricultura recordó que, si se retira aceite, será una “medida extraordinaria”. “No quiero prejuzgar, pero cuando corresponda tomaremos la decisión que corresponda tomar, ya sea proceder a una retirada o, como el año pasado, no hacerlo”, apuntó.

Competencia cree que puede perjudicar al consumidor

Ante esta posibilidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó este lunes una valoración a la norma que “busca anticiparse a una posible sobreproducción en la campaña 2026/2027 y establecer criterios para la retirada obligatoria de aceite del mercado ante un exceso de oferta”.

“La medida se activará cuando las existencias iniciales más la producción alcancen al menos el 120 % de la media de los dos niveles más altos de comercialización de las seis últimas campañas. La retirada no podrá superar el 20 % de la producción estimada”, recuerda la CNMC a través de un comunicado.

Competencia cree que “medidas de restricción como esta podrían producir efectos muy negativos sobre la competencia y los consumidores”. En concreto, “limitarían la cantidad de producto disponible en el mercado, afectarían a los precios, la calidad y la variedad de la oferta” y “alterarían el funcionamiento competitivo de la cadena de valor”.

“La eventual aplicación de la medida debe basarse en un diagnóstico completo del mercado”, apunta Competencia. “Por ello, se aconseja cuantificar sus efectos sobre los precios, el consumo, la rentabilidad de los productores y el resto de los operadores de la cadena, especialmente sobre los consumidores de menor renta”.

Y realiza seis recomendaciones. Por un lado, “reforzar la justificación de la medida, con datos de demanda y flujos comerciales que acrediten que la retirada responde a una sobreoferta realmente extraordinaria”. También, “precisar la metodología para determinar el porcentaje de retirada, de modo que el límite del 20 % responda a la mínima restricción necesaria” y “limitar la retirada a las categorías en que resulte necesaria, con una justificación detallada de la libertad de elección otorgada a cada almazara y de sus efectos sobre los distintos segmentos del mercado y consumidores”.

Por otro, insta a “aclarar el alcance de los sujetos obligados, resolviendo la aparente discrepancia respecto a la exclusión de almazaras de pequeña dimensión y estableciendo criterios objetivos y no discriminatorios; definir el plan de control antes de activar la medida y evitar el intercambio de datos sensibles entre operadores; y establecer un proceso de seguimiento con criterios, fases y plazos claros, para ajustar o revocar la medida si cambian las condiciones del mercado”.

El sector turístico ve las próximas elecciones como “una oportunidad” para que el próximo Ejecutivo ponga en marcha medidas que entiende necesarias para que las empresas pisen el acelerador. Así lo ha asegurado Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, en la que están todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte, como Iberia o Renfe.

Perelli reconoce que 2026 está siendo un “buen año turístico”, pero el crecimiento de la demanda ha estado favorecida por el traslado de turistas de otros países como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y, también, por el eclipse de agosto. “Las elecciones son una oportunidad para que los partidos incorporen de forma decidida una agenda de políticas turísticas, porque la última legislatura ha habido voluntad, pero pocos resultados transformadores”, ha asegurado Perelli.

“El Gobierno debe prestar mucha más atención al turismo”, ha criticado. “Pensamos que tenemos dos retos, reforzar la competitividad del turismo y aplicar medidas para favorecerlo”. Y ha lanzado un decálogo de prioridades para quien esté en Moncloa “si de verdad quieren actuar a favor de este sector”. Básicamente, esas medidas pasan por considerar este sector como una prioridad, también más inversión en transporte aéreo y ferroviario; garantizar el abastecimiento energético, para que no se trasladen todos los costes a las compañías aéreas, por ejemplo, posponiendo la subida de tasas que prevé AENA.

También, más inversión para modernizar los destinos maduros, mejorar la financiación local o consolidar la vivienda turística como una actividad económica. “Que paguen IVA y se den de alta en autónomos. Tampoco han resuelto que las plataformas no suban oferta que no cumple las normas”, ha instado Perelli respecto a este tipo de inmuebles. Por último, piden reducir el absentismo laboral y medidas para impulsar las plantillas y las carreras profesionales, para favorecer la contratación en origen y la formación. 

También, ha apuntado que una medida positiva para el sector sería colocar las competencias de Turismo dentro de Presidencia. Y ha puesto como ejemplo a Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia.

Un buen verano, sobre todo, por la demanda extranjera

“Ha sido un buen verano”, ha recalcado Perelli, con un crecimiento del PIB turístico del 3,5%, un mínimo descenso del 3,6% en el primer trimestre, tras asumir ese traslado de turistas que han optado por España por la guerra en Oriente Medio. “Ha habido una redirección de flujos, el eclipse solar y una apuesta por España por las compañías de transporte aéreo y ferroviario”.

Las ventas de las empresas han crecido aún más rápido, un 4,1%. Sin embargo, “no se ha trasladado a los resultados de las empresas por el fuerte aumento de los costes”, ha asegurado Perelli, porque estos últimos han crecido un 7%, por la energía, básicamente, y por los tipos de interés. También, asegura, los costes laborales, que repuntan un 5%, asegura, por el alza salarial y el absentismo.

Las empresas afirman que han creado empleos, 105.000 puestos de trabajo. El 86%, trabajos indefinidos. “La subida salarial está en el 3,5%, por encima de la media de la economía española. Y vemos un crecimiento de la productividad, ese mantra que el sector turístico eleva más de un 12% desde 2023 y un 3,5% en lo que va de año, frente al 3,2% de la economía española. Si no ha sido mayor es por el absentismo, que no es un problema solo del sector turístico, sino del conjunto de la economía”, ha recalcado. 

El crecimiento se ha debido, sobre todo, al buen comportamiento de la demanda extranjera, que ha crecido más en gasto que en afluencia, con el efecto puntual del eclipse, con un aumento de la demanda en todas las zonas donde podía verse. Sobre todo, ha crecido el mercado norteamericano, con un repunte del 14%. En concreto, la llegada de turistas foráneos ha subido un 6% y su gasto, un 9%. Cifras que contrastan con la caída de otros mercados, como Turquía y Chipre.

En cambio, el gasto de los turistas españoles ha crecido un 4%, pero cuando han viajado fuera ha subido un 8%. “La alta velocidad ferroviaria sigue estando perjudicada, seguimos haciendo un llamamiento para que se resuelva, porque está cayendo un 7%, cuando el avión y el autobús crecen. También el transporte privado”, ha apuntado Perelli.

Por destinos, Cantabria, Euskadi y, algo menos, Asturias, encabezan el aumento de ventas de las empresas turísticas. También repunta Extremadura. En las costas, Catalunya, Illes Balears y en menor medida Andalucía y Canarias. Madrid ha repuntado en septiembre, gracias a la Fórmula 1, con un avance del 6%. 

Perelli, en cambio, ve una ralentización en la caída de la oferta de la vivienda turística, por la caída del registro único de pisos turísticos. Aun así, ve un esfuerzo por parte de los ayuntamientos para limitar los crecimientos, como en Málaga o en Valencia. “Hay una sensibilización de las administraciones locales, pero la ordenación cuesta hacerla cumple porque se sigue subiendo a las plataformas oferta ilegal, que no cumple con las normativas”. 

De cara al final de año, Exceltur ve una moderación en el crecimiento. Si en el tercer trimestre las ventas de las empresas repuntaban a un ritmo del 4%, en la recta final bajará a cerca del 2,8%, por la incertidumbre global. Por destinos, Cantabria y Galicia seguirán creciendo, también la Comunitat Valenciana o Canarias; y destinos de interior como Castilla-La Mancha o Madrid. 

“Para el conjunto del año, creemos que como el verano ha sido mejor de lo que esperábamos, la moderación de final de año también es más intensa, de ahí que mantengamos el crecimiento del PIB turístico en el 2,7%. Aportaría 227.000 millones de euros a la economía española, 14.000 millones más que un año y cerca del 13% del PIB total”.

Una vendimia más temprana que nunca, una producción reducida y un consumo a la baja. El sector vitivinícola ve cómo el cambio climático está impactando en todos los eslabones de una actividad económica que convive con una realidad generalizada: se beben menos bebidas alcohólicas, vino incluido. Una combinación de factores que obliga a todo el sector a cambiar el paso. Actores muy diferentes que tienen que pensar en si compensa resistir o si es más rentable abandonar. Mientras, se calculan en cerca de 100.000 las hectáreas de vid perdidas en España en los últimos 15 años. 

“El cambio climático está ahí, no lo puede negar nadie”, explica Paco Berciano, experto en el sector del vino. “Cada año es una vendimia más temprana. La maduración, con el calor, y la vendimia han sido muy rápidas y no es solo un problema español. Estamos viendo cómo todas las grandes zonas vinícolas tienen que arrancar el viñedo de poca calidad, porque no es rentable”, indica Berciano, exprofesor del Basque Culinary Center. 

“Con el cambio climático, si desaparecen esas zonas de viñedo, esos territorios serán un desierto, porque la viña es lo que más aguanta. Tenemos un problema serio porque para esos lugares no hay alternativas”, advierte.

Una vendimia cada vez más temprana

“El adelanto de la vendimia de este año es algo excepcional. Si hace 20 años alguien hubiera dicho que íbamos a empezar a cosechar a mediados de agosto le habríamos tratado de loco”, afirma Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero. Una cosecha que este año ha sido muy temprana, pero con una uva de gran calidad, matiza. “Vemos que las vendimias se están anticipando, pero este año ha sido excepcional, porque se ha adelantado un mes, tanto el principio como el final” de la cosecha de uva, añade José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV).

Las organizaciones agrarias recalcan que no es algo pasajero, sino que ya son varios los ejercicios con recogidas adelantadas al estío. “Llevamos varias campañas así”, apunta Roberto Ruiz Clavijo, responsable vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG). “Es algo que vemos en todo el territorio, en todas las denominaciones, debido al cambio climático, y es algo que es un problema, porque los ciclos se acortan y la producción se reduce”. 

“Hay variedades que ya no han aguantado más. Este año tenemos dos cuestiones que nos han condicionado. Una, las olas de calor continuas y largas, durante el verano. Otra, también ligada al cambio climático: durante la primavera vivimos meses muy secos, que han afectado claramente al viñedo”, explica Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Evidentemente, el viñedo es uno de los sectores más afectados por el cambio climático, porque llevamos tres años con producciones anormalmente bajas. En este, vamos a estar en niveles de 2025, que ya fue uno de los peores de la historia”. Se rondarán los 33.000 millones de hectolitros, cuando hace cinco años se llegó a 43.000. Lo positivo, añade, que se trata de una uva sana y de calidad.

“Hay muchas explotaciones que se están planteando continuar”, asume el secretario de Agricultura de UPA. “En 15 años hemos perdido 100.000 hectáreas de viñedo que se han ido a otros sectores o, simplemente, no se han vuelto a plantar. En el caso de los viñedos de secano, que son los tradicionales, hablamos de cortafuegos naturales, que están en manos de explotaciones familiares que generan mucha mano de obra local”. En total, precisa Ignacio Huertas, en España hay 900.000 hectáreas de viñedo, la mayoría de secano, y cerca del 70% de las que han desaparecido estaban dentro de este modelo de producción, más tradicional y asentado en el territorio.

Drones, tipos de uva o cultivos en altura

El sector vive diferentes problemas y no son iguales las situaciones que atraviesan las grandes bodegas que aquellas que condicionan a los pequeños agricultores. Sin embargo, todos hablan de estudiar y analizar posibles soluciones, que pasan por la inversión y la apuesta por la tecnología. “En Francia, en Burdeos, se están tomando medidas de arranque de vides, pero eso por sí solo no resuelve nada”, señala Huertas.

Roberto Ruiz Clavijo ahonda en que los “periodos de sequía, las olas de calor, han venido para quedarse y están cambiando los protocolos del cultivo de la vid. Vamos a tener que cambiar las metodologías, plantas que aguanten mejor el estrés hídrico. Hemos visto que las parcelas con dotación de riego son las que mejor están aguantando”, recalca. “También se pueden plantar variedades en zonas más altas, para aminorar el estrés”. Otra opción, cambiar los tipos de planta, para hacer más resilientes las uvas, a través de la ingeniería genética.

El responsable de la DO de Ribera de Duero reconoce que no es una cuestión fácil. “No es sencillo replantear el regadío, porque las parcelas tienen que tener una superficie determinada, porque hay terrenos alejados de los ríos, hay que hacer perforaciones, instalaciones y la rentabilidad puede ser discutible, pero habría que estudiarlo si la supervivencia del viñedo lo exige”, asegura. “La climatología ha cambiado y las prácticas también pueden tener que cambiar. Nos tenemos que amoldar”, admite, “pero el tipo de uva no lo podemos cambiar. Si cambiamos la variedad, el tempranillo, no seríamos Ribera. Podemos cambiar la parte de abajo de la planta, lo que se agarra al suelo, pero manteniendo el mismo tipo de uva”.

El director de la FEV, que agrupa a las empresas bodegueras, pone sobre la mesa dos tipos de medidas. Unas enfocadas a la adaptación al cambio climático, y otras a la mitigación de su impacto. Entre las primeras señala los sistemas de poda o una evolución para cultivar a mayor altitud allí donde se pueda. Entre las segundas, la reutilización del agua o el uso de drones para controlar la temperatura de las vides. Unas medidas que conllevarían una alta inversión y donde, apunta José Luis Benítez, tendrían que entrar las diferentes administraciones públicas.

“Tenemos que ser capaces de buscar fórmulas para que los viñedos no se mueran. En España hemos vivido enfermedades, viñedos que han tenido que ser arrancados del todo, que han tenido que reinjertarse, reconstruirse. Ahora habrá que buscar variedades autóctonas que se dejaron porque no eran productivas, modificar la poda, la cubierta vegetal de arriba de la vid para que proteja a la uva y estar mucho más pendientes porque, con el cambio climático, tenemos tanto olas de calor como heladas extremas y eso va a continuar”, expone Paco Berciano.

Un consumo a la baja y precios que no cubren costes

El impacto del cambio climático, la sequía y la menor producción conviven con un momento en el que las organizaciones agrarias advierten de la subida de gastos (como los energéticos o los fertilizantes) como consecuencia del conflicto en Irán; y de la imposibilidad de cubrir los costes de producción. Por ello, piden que se aplique la Ley de la Cadena para evitar que el eslabón más débil de esta, los productores, pague el mal momento que vive el sector. 

Además, esta situación se produce en un contexto de mercado donde cae el consumo de vino, no solo en España, también en otros países que son claves para nuestras exportaciones, como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Y cae, sobre todo, el tinto. “El futuro pasa por una reducción del volumen y un aumento del valor, hay que acostumbrarnos a que vamos a un consumo más caro, pero de más calidad”, indica José Luis Benítez. 

Sin embargo, “hay que diferenciar el consumo de vino de diario y el especial. El primero está en clara crisis, porque cada vez se consume menos vino, en el día a día”, matiza Paco Berciano. “El de calidad, que es un porcentaje muy pequeño, ese lo nota menos”.

Y es algo que afecta a todos los operadores. “El sector atraviesa un momento complejo, que afecta a todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización”, incide el presidente de la Interprofesional del Vino, Fernando Ezquerro. “Nos encontramos ante un contexto internacional difícil, el consumo mundial de vino está descendiendo, los mercados están sometidos a importantes tensiones y existe una ralentización general del comercio. Además, el vino no es un producto de primera necesidad y, por tanto, es especialmente sensible a los cambios en los hábitos de consumo y a la coyuntura económica”, reconoce Ezquerro. “Tenemos que generar más valor y que ese valor se distribuya de manera equilibrada a lo largo de toda la cadena”.

La situación puede afectar a todos los operadores, pero no por igual. “Algunas bodegas pequeñas son las que mejor sobreviven a las crisis. Las grandes, en cambio, lo están pasando mal, las que elaboran más litros. También, el pequeño viticultor que vende su vino, porque nota que no se lo compran o lo hacen a precios ridículos; y son los que cultivan por amor”, subraya Berciano. “Y si este último vende su viñedo, si esos terrenos van a las grandes compañías, trabajarán con gente que se mueva por todas partes, pero no con gente de los pueblos, que tienen en los viñedos su forma de vida”, concluye.

La vivienda es el primer problema de los españoles. Así lo reconocía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al anunciar los reales decretos aprobados por el Ejecutivo este martes, en paralelo a las protestas sociales tras el desahucio de Maricarmen. La vivienda es un problema con múltiples soluciones y, en una de ellas, puede entrar en liza el papel de una banca pública que, a día de hoy, no existe. Una de las bazas más factibles para conseguir una entidad estatal es la conversión de Correos en un 'banco postal', que siga el modelo que existía en España hasta principios de la década de 1990, que derivó en la privatización de Argentaria. Un modelo que, además, seguiría el ejemplo que ya existe en otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia.

Esa banca pública tendría como principal misión defender el interés ciudadano, por encima de la rentabilidad y, sobre todo, luchar contra la exclusión financiera. “Cada vez dependemos más de los bancos, estamos atados a un negocio que es inestable”, explicó en el Congreso de los Diputados Manolo Nolla, portavoz de la Plataforma por una Banca Pública, que esta semana ha presentado la propuesta de una Proposición no de Ley (PNL), para que se debata en la Cámara Baja la conversión de Correos en una entidad financiera estatal.

“Hay dos posiciones”, argumentó Nolla. Por un lado, “regular y vigilar el sector privado”. Por otro, apostar por “tener un sector público con protagonismo como para condicionar de verdad el servicio financiero”. “Tenemos a pocos metros de aquí –en referencia a la acampada en la Puerta del Sol– el problema de la vivienda. Todo el mundo está diciendo que hace falta vivienda pública, porque regula el conjunto del mercado de la vivienda. Aquí nosotros decimos que tiene que haber banca pública, no hablamos de regular. Hablamos de un servicio esencial”. 

Frenar la especulación inmobiliaria

“Un banco postal, ligado a las familias, asociado a las oficinas de Correos, podría contribuir a mejorar la financiación de la vivienda”, explicó en el Congreso, Julio Rodríguez, expresidente Banco Hipotecario y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. También, a “mejorar el acceso a la vivienda de los hogares vulnerables”. 

En su opinión, una banca pública “es precisa para tratar de reducir la exclusión bancaria, para mejorar la retribución del ahorro”, dado que el modelo actual ha reforzado “la especulación inmobiliaria y el rentismo” porque con las retribuciones actuales de ese ahorro “la gente prefiere comprarse una casa, alquilarla o venderla”.

Rodríguez apuntó durante la jornada –bajo el título 'Necesidad de un banco postal'– que la conversión de Correos no puede hacerse de un día para otro, sino que llevará tiempo, aprovechando la estructura de oficinas del operador postal público. “Después de la experiencia de la crisis”, de 2008, “los bancos han sido más reacios a entrar en la promoción inmobiliaria. Vuelven, pero el protagonismo de los fondos de inversión es muy fuerte”. Unos actores que “rápidamente se quitan del medio”. “Esta es una relación muy negativa, no solo por ser fondos buitres. Resulta anómalo en España que los fondos de inversión tengan la libertad tremenda de quedarse con bloques enteros y echar a la gente”, concluyó Julio Rodríguez. 

Un paso más lejos que Correos Cash

Correos ya opera en actividades que van más allá del reparto de cartas y, de hecho, está dando pasos hacia el negocio financiero, pero de forma limitada. Desde hace más de un año, la ley permite al operador público la prestación de servicios financieros básicos, pero para los operadores bancarios o las entidades aseguradoras. Por ejemplo, recoge la entrega o la recogida en efectivo en las pequeñas localidades rurales. “Los bancos comerciales no responden al desarrollo rural, ni a una gestión descentralizada”, afirmó en la misma jornada Aurora Martínez, profesora de Economía y coordinadora de la Plataforma por una banca pública. 

No se trata de innovar, sino de seguir el modelo de Francia o de Italia. En el caso del país vecino, La Banque Postale –filial de Groupe La Poste– centraliza el negocio de banca y seguros. “El grupo postal francés tiene 750.000 millones de activos, es similar a Caixabank”, indicó Jorge Pérez, exresponsable de Regulación Contable del Banco de España. “Ganó 1.500 millones el año pasado”, ahondó. De hecho, la entidad francesa tiene un alto peso en su balance de los créditos hipotecarios. Según sus últimas cuentas de resultados, de casi 80.000 millones de euros de exposición crediticia, más de 71.000 millones correspondían al negocio hipotecario. 

En Italia, Poste Italiane también es activa en el negocio financiero, con unos ingresos que superaron los 5.600 millones en el último ejercicio. Sin embargo, en el caso de este operador estatal transalpino, su actividad se está diversificando, también, en sectores que no tienen nada que ver con la banca, como las telecomunicaciones. El último paso ha sido una oferta de adquisición (OPA) sobre Telecom Italia (TIM), de la que controlaba el 27% del capital y que quiere adquirir en su totalidad en una operación valorada en más de 11.300 millones de euros.

Además, la reconversión de Correos hacia la actividad financiera tendría otras derivadas, como el mantenimiento de su red de más de 1.000 oficinas y la continuidad de una plantilla que supera los 48.000 empleados, en un momento donde cada vez se mandan menos cartas y donde crecen los envíos de paquetería a través de gigantes de la logística o de Amazon. “Si queremos que la España vaciada no siga vaciándose, tendremos que aumentar los servicios. No es un proyecto de Correos, es un proyecto de país”, defendió el representante de CCOO, Andrés Fernández, en una jornada en la que también participaron representantes de UGT, CGT o Cesif, entre otros. En cuanto a la PNL en sí, el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, se comprometió a que su grupo llevará la proposición no de ley a la Comisión de Economía.

El sector agrícola y ganadero anunció hace unos días paros y movilizaciones si el Gobierno no actuaba y mitigaba la subida de sus costes, fundamentalmente el gasóleo. Y el Real Decreto que ha llegado este martes a la mesa del Consejo de Ministros incluye medidas para el campo, después de que la semana pasada se reuniera el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones agrarias, que se mostraron expectantes a la espera de ver qué aprobaba el Ejecutivo. Las ven insuficientes, por lo que ya han anunciado que seguirán con las movilizaciones.

“El sector agroalimentario y pesquero es un sector estratégico, por su relevancia económica y social, y porque garantiza la seguridad alimentaria de la población suministrando los productos más esenciales, los alimentos”, incluye el texto al que ha tenido acceso elDiario.es. “Se trata de un ámbito de actividad sometido a grandes tensiones causadas por factores exógenos que han ido superponiéndose, de los que destaca la concatenación de los efectos, en algunos casos devastadores, de fenómenos climatológicos extraordinarios de diversa índole, a los que ahora se une el impacto que para el sector viene generando el conflicto bélico en Irán; que afecta al flujo comercial de materias primas y energéticas”, recoge el texto.

Además del campo, el impacto llega al sector pesquero “que ve aumentados asimismo sus costes estructurales para salir a faenar. Esta situación pone en riesgo la viabilidad económica de numerosos buques, pues implicaría la paralización de la actividad pesquera de algunas flotas”.

El decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará, en principio, a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.

“Prorrogamos y adaptamos las medidas de los sectores expuestos”, ha asegurado el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros. “Las medidas han surtido efecto a la hora de amortiguar el impacto del efecto de la guerra en Irán, es un Decreto Ley de prórroga”, ha apuntado. “Los mercados se mueven desde hace meses en una enorme incertidumbre”, ha explicado Cuerpo, con el tránsito por el estrecho de Ormuz “a cero”. La recuperación del tránsito “ya no la anticipa el mercado para lo que queda de 2026”. Con tensiones, tanto en el gasóleo como en los precios de manera generalizada. “Esta crisis, el impacto en los precios energéticos, se ve en nuestra inflación”, ha apuntado Cuerpo, en el día en el que el IPC se ha situado en el 4,9%, donde dos puntos derivan de la situación energética.

“La lógica es la misma” que en decretos anteriores, porque si mejora la situación, las medidas se retirán “de forma progresiva”, ha indicado Cuerpo. “Es un tercer paquete de medidas, combinando seguridad energética y eficiencia”, en un paquete de medidas que supone más de 12.000 millones de euros, en el conjunto de todos los reales decretos.

Las organizaciones agrarias seguirán con las movilizaciones

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) no ve suficiente el paquete de medidas para el campo aprobado por el Ejecutivo y adelanta que el sector va a seguir con las movilizaciones, que se concretarán en los próximos días.

“La respuesta del Gobierno a la subida de los costes agrarios es inaceptable”, asegura el secretario general de COAG, Andrés Góngora. “No pueden venir con 20 céntimos cuando el gasóleo ha subido 80 céntimos desde que empezó la crisis, de la que los agricultores no tenemos ninguna culpa. Pedimos un paquete de medidas mucho más amplio, que incluya los fertilizantes y los plásticos agrícolas”.

“La propuesta va a afectar a la cesta de la compra, porque va a haber agricultores que no puedan sembrar y va a haber desabastecimiento”, ha adelantado Góngora. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender un proceso de movilizaciones, que se irán concretando en los próximos días, de ámbito estatal y no descartamos movilizar en Madrid. El Ministerio de Agricultura tiene que trabajar con otros ministerios para garantizar la viabilidad del sector agrario”, ha resumido Góngora.

Ayudas para el transporte por carretera y ferroviario

En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.

“Paralelamente”, recoge el texto, “se establece una ayuda directa extraordinaria y temporal para sufragar el precio de los carburantes consumidos por profesionales del transporte terrestre por carretera que, respecto de determinados de sus vehículos, no puedan ser beneficiarios de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

“Serán beneficiarios de esta ayuda los titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDLE y MDPE, los titulares de autobuses urbanos y los titulares de una autorización de transporte de la clase VT a la que se encuentre adscrito un taxi adaptado o Eurotaxi que no figuren inscritos en el Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profesional”. “El importe individual de la ayuda”, añade, “se determinará atendiendo al número y tipo de vehículo, y se multiplicará, también atendiendo al carburante que utilice cada vehículo, por los coeficientes previstos cuando, como consecuencia de la variación del IPC del gasóleo, resulten de aplicación en noviembre y diciembre los tipos de gravamen previstos en el mecanismo de salvaguarda”.

Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.

Y, en el ámbito marítimo, “se prorroga el sistema de ayudas directas adoptado en normas anteriores, manteniéndose su configuración basada en parámetros objetivos de actividad y vinculados al nivel efectivo de costes, lo que permite asegurar su proporcionalidad”.

Los bancos ven los tipos de interés al alza y durante bastantes meses. El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha asegurado que prevé que los tipos que marca el Banco Central Europeo (BCE) se sitúen “tal vez por encima del 3% en el año que entra y que empiecen a bajar” durante el ejercicio.

El directivo, en cambio, ha asumido que “el mercado” va más lejos y estima que los tipos lleguen a estar al “3,5% o 4% en el año próximo”.

Esa es la misma opinión que ha manifestado en un encuentro financiero el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, que también ve los tipos por encima del 4%, lo que ha considerado como “una banda alta, pero razonable”.

Y el CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha señalado que “vivimos un momento de volatilidad geopolítica” que se manifiesta en la inflación, donde las autoridades monetarias están reaccionando bien. “Vemos cerca de un 3% de tipos de interés”, que no tiene por qué afectar a la demanda de crédito, por la fortaleza de la economía española, ha argumentado.

No poder comprar una vivienda

El consejero delegado de la entidad presidida por Ana Botín ha acotado el avance de los tipos en lo que queda de 2026. “Yo creo que deberíamos estar 2,75%” y al “3% a finales de año”, es decir, de aquí al 31 de diciembre. “Lo importante es que la inflación empiece a ceder, a bajar”, ha reconocido, porque estos picos de inflación asume que afectan, sobre todo, a las rentas más bajas. “Los Bancos Centrales están haciendo su trabajo”, ha recalcado.

Y el de Caixabank ha insistido en que “controlar la inflación” es el paso clave, porque es “el peor impuesto para las clases trabajadoras” y que tanto “los tipos altos como los bajos son muy malos” para las entidades financieras.

“Venimos de una caída del endeudamiento hipotecario, en los dos últimos años ha sido una situación positiva”, ha reconocido Gortázar. “Nos acercamos a un problema de asequibilidad, con tipos más altos eso tiene su impacto en el mercado. El año que viene vamos a ver una desaceleración en el crecimiento del credito hipotecario, porque la gente querrá comprar una vivienda pero no llega [a poder comprarla] a los precio actuales”.

También BBVA ha apuntado a una subida de tipos, pero solo ha apuntado el próximo paso del BCE. “El Banco Central Europeo prevé una subida adicional de 25 puntos básicos antes de que acabe el año”, ha señalado Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA España, en la citada jornada organizada por el diario 'Expansión'. Ha acotado que la presidenta del BCE, Christine Lagarde “explicó que iban a estar atentos a la dinámica, para tomar decisiones sin anticipar, simplemente diciendo que su trabajo es un trabajo dinámico”. 

Por su parte, Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, ha indicado que no hay un punto claro donde los tipos golpeen el crecimiento. “Soy optimista, porque las familias y las empresas están en una situación de fortaleza”.

El consejero delegado de Sabadell, por otro lado, ha destacado que que la entidad afrontará, a partir de 2028, su nuevo plan estratégico, donde tendrá que reformular su modelo operativo, con el foco en el crecimiento, por ejemplo, en el segmento de empresas.

Santander pausa las adquisiciones dos años

En cuanto a la actividad del banco Santander, que ha sido activo en operaciones corporativas en este 2026, Héctor Grisi ha apuntado que las últimas adquisiciones, en Estados Unidos y Reino Unido, son “piezas que necesitamos para que nuestras operaciones sean mejores, para tener bancos más competitivos”. También que si el banco ve que la recompra de acciones es la “mejor manera de remunerar a un accionista, la vamos a hacer; pero la principal manera para crecer el crecimiento orgánico rentable”.

Y no ve compras a corto plazo. “Nosotros hemos sido muy claros, vamos a hacer una pausa de dos años en adquisiciones, hay que hacerlas de forma responsable”. “Queremos estar tranquilos los próximos años para digerirlas bien”, ha asegurado.

El despegue de las cotizaciones de los bancos y los dividendos millonarios que están entregando las entidades financieras a sus accionistas gracias a sus continuos resultados récord tienen una importante derivada económica: el Estado está cada vez más cerca de poder recuperar los fondos inyectados en Bankia, la entidad que tuvo que ser rescatada hace casi 15 años y fusionada con Caixabank en 2021, justo después de la pandemia.

A lo largo de los últimos ejercicios, Caixabank ha ido reportando más de 1.700 millones de euros al Estado vía dividendos. Una cifra que, si se suma al valor de la participación pública en la entidad financiera cotizada, permiten otear más cerca los 24.000 millones que costó el salvamento del banco que presidió Rodrigo Rato. Una cifra que también incluye al antiguo Banco Mare Nostrum (BMN).

Actualmente, el Estado suma el 18% de las acciones de Caixabank. Según la cotización actual, esos títulos estarían valorados en más de 16.500 millones de euros. Es decir, si se vendieran esas acciones y se sumaran los dividendos ya cobrados y los previstos para los próximos meses, se comienza a atisbar el objetivo de poder recuperar el rescate de Bankia. Sin embargo, todavía se está muy lejos poder recuperar el total de lo inyectado a las entidades que pincharon tras la última burbuja inmobiliaria, en una inyección de fondos públicos próxima a los 90.000 millones de euros, como contamos en este tema. Además, hay que tener en cuenta que esa opción de poner en venta Caixabank, ahora mismo, no está sobre la mesa, lo que permitirá engordar esa nómina de dividendos.

El Estado controla su participación en Caixabank a través de BFA Tenedora de Acciones, una filial de FROB. Precisamente, este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que nació para salvar a la banca de la última gran crisis económica está ahora enfilando un proceso de transformación. Si sale adelante el anteproyecto elaborado por el Gobierno, dejaría de ser una autoridad de resolución bancaria para centrarse en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mientras que la participación de Estado en Caixabank quedaría bajo el paraguas de una sociedad adscrita al Ministerio de Economía.

Un rescate de más de 24.000 millones

Hay que recordar que el Estado intervino Bankia en mayo de 2012. Supuso, en total, una inyección de más de 24.000 millones de euros, porque también hay que incluir que entró en su perímetro el citado BMN. En concreto, más de 22.400 millones corresponden a Bankia y 1.645 millones, a BMN.

Al cierre de 2025, el último ejercicio con datos completamente cerrados, el Estado podría recuperar 17.678 millones de euros. De esa cifra, 1.722 millones se han obtenido vía dividendos que BFA ha reportado al FROB; y 489 millones de euros a intereses de preferentes cobrados por el FROB, según confirman fuentes del Ministerio de Economía. A esa cuantía se sumaría el valor de la participación de Caixabank. Si se toma como referencia ese cierre del año 2025, con esa desinversión se sumarían 15.467 millones de euros. Sin embargo, la cotización ha seguido subiendo en lo que va de 2026, lo que deja el 18% de Caixabank en manos del Estado en más de 16.500 millones de euros que ha marcado su cotización en las últimas sesiones. 

En total, Caixabank vale actualmente en bolsa cerca de más de 92.000 millones de euros. Es la quinta mayor cotizada del Ibex 35, por detrás de Inditex, Iberdrola, y de otros dos bancos, BBVA y Santander. Precisamente, el presidido por Ana Botín es la mayor cotizada por capitalización bursátil, porque ronda los 183.000 millones de euros.

Sin intención de vender la participación del Estado

En su capital no solo está el FROB, con ese 18%. Su principal accionista es la Fundación La Caixa, que suma más del 30%. El resto está en manos de otros inversores, institucionales o minoristas. Por ejemplo, según los cálculos que publica la propia entidad, de ese 50% de 'free float', la gran parte está en manos de inversores institucionales, pero también hay una pequeña participación en manos de los propios empleados del banco. 

También hay que tener en cuenta que, en los últimos meses, el Estado ha ido aumentando su participación en Caixabank: ha pasado del 16% al 18%, porque ha acudido a la recompra de acciones de banco, un movimiento con el que las empresas cotizadas buscan mejorar la retribución de sus accionistas. Además, el dividendo de Caixabank va a seguir al alza. En su última junta de accionistas, la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar aprobó un dividendo de 2.300 millones de euros con cargo a 2025. De ellos, 417 millones corresponden al Estado a través del FROB. 

Y no hay intención de vender. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en una entrevista en elDiario.es que “hace unos meses” el Ejecutivo tomó “la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank”, previsto para diciembre de 2027. “En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente”, argumentó Cuerpo. “Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial”.

Lo que cambiará en los próximos meses, si sale adelante el anteproyecto en curso, es la estructura de esta participación. Por un lado, porque se transmitirán las participaciones del FROB en Sareb —el banco malo que acumuló los activos tóxicos ligados al ladrillo— a BFA. Por otro, porque posteriormente se hará “la transmisión gratuita de las participaciones del FROB en BFA a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa”, según recoge el anteproyecto. De esta forma, BFA pasará a tener la consideración de sociedad mercantil estatal y se regirá por la normativa del sector público y los dividendos que lleguen desde Caixabank revertirán en el Tesoro. En paralelo, el proyecto el anteproyecto recoge que las funciones de supervisión y resolución pasarán al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hacer la compra ya supone a cada hogar un gasto medio de más de 6.600 euros al año, según el análisis anual de supermercados que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es un 5,18% más que hace un año, aunque hay diferencias significativas en función del establecimiento que se elige. Una realidad que llega en paralelo a que en España se esté planteando, como en Barcelona, la creación de una red de establecimientos asequibles, con respaldo público.

Por ejemplo, en función del establecimiento al que se vaya, el ahorro anual medio puede alcanzar los 1.310 euros, entre el local más caro y el más barato. Esa es la media, pero en función de la ciudad, la disparidad es más alta: en Madrid puede alcanzar los 4.381 euros y en Mieres (Asturias), los 381 euros.

El análisis de OCU tiene en cuenta 101.520 precios en 690 establecimientos, que incluyen los principales supermercados online, y calculado los índices de 189 ciudades. Se trata de los precios de una “cesta de la compra” compuesta por 244 productos de 80 categorías diferentes que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas de fabricante como de marcas blancas.

La OCU constata que los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia; y el de Coia, en Vigo, son los establecimientos más baratos a nivel nacional. En cambio, los supermercados Sánchez Romero de Castelló; y los de esta marca situados en Arturo Soria y en el Paseo de la Castellana, en Madrid, son los más caros.

No incluye el efecto de la guerra en Irán

Esta organización de consumidores apunta que el incremento medio anual de los productos que componen su cesta de la compra ha sido del 1,8% y que esta es una subida menor a la experimentada los dos últimos años.

Sin embargo, no recoge el efecto en los precios de los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, con lo que, en realidad, la subida de los últimos meses habría sido más alta.

En cuanto a la evolución de categorías el repunte de los productos frescos ha sido del 4,7%. Dentro de este grupo, OCU destaca la subida del pescado, 8,6% frente a la subida de la carne, un 3,7% y la de frutas y verduras, 3,5%. Mientras, los productos envasados se han encarecido un 1,4%, los productos de marca de fabricante han subido un 2% y las enseñas de los distribuidores, la marca blanca, un 0,8%.

Las subidas por marcas

OCU señala que, según su análisis, solo dos de las principales cadenas han subido precios por encima de la inflación general: BM Urban y Ahorramás. En cambio, la mayoría de establecimientos ha subido precios por debajo del IPC; y asegura que ocho cadenas (Consum, Familia, Supeco, E.Leclerc, Aldi, Mercadona, Lidl y Carrefour Market) han bajado su nivel de precios.

Por cadenas, esta organización de consumidores indica que las más baratas son Supermercados Dani, Family Cash, Tifer, Alcampo, y Supeco. En cambio, menciona como más caras a Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero. Esta última también forma parte del grupo El Corte Inglés, desde el año 2021.

Por ciudades, OCU señala como más baratas: Torrent, Villarreal y Santa Pola (todas en la Comunitat Valenciana) En cambio, Getxo (Bizkaia), Pozuelo de Alarcón, Majadahonda (Madrid) y Cerdanyola del Vallès (Barcelona) son las más caras.

La Comunitat Valenciana y Murcia son las Comunidades Autónomas más baratas, seguidas de Asturias. Mientras, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Navarra y Cantabria son las más caras a la hora de hacer la compra, según este análisis.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunió en Nueva York con su homólogo, Zohran Mamdani, y sorprendió con un anuncio llamativo e inesperado: la creación de una red de comercios asequibles. La iniciativa guarda similitudes con el proyecto de supermercados públicos en el que trabaja la Administración neoyorquina y ya ha suscitado reacciones de todo tipo en la capital catalana.

Dentro del consistorio, las formaciones de izquierdas, ERC y Comuns, ven “improvisación” y “marketing” en un anuncio en el que faltan detalles por resolver, mientras que Junts y PP lo rechazan de plano. En sintonía con la patronal de pymes Pimec, lo consideran competencia desleal para el pequeño comercio. Desde el sector de supermercados, guardan silencio y ponen en duda que la experiencia se lleve a cabo. 

En paralelo, expertos en soberanía alimentaria celebran que esta iniciativa permita debatir sobre un modelo que a día de hoy impide que todo el mundo acceda a productos frescos y saludables, con una cesta de la compra que se ha disparado un 35% en tres años. Pero advierten que la propuesta de Collboni parece centrarse en barrios desfavorecidos, cuando debería avanzarse hacia medidas para toda la ciudadanía.

Tras el anuncio, poco más se conoce sobre la apuesta del alcalde barcelonés. Su intención es impulsar en 2027 una primera tienda como plan piloto, en un barrio en crecimiento y con poca oferta como es la Marina. El local comercial se ubicará en un edificio de vivienda pública, será gestionado por una entidad social o ONG, y estará vinculado a un programa de inserción laboral y formación profesional.

La experiencia de Nueva York está más avanzada, aunque no desplegada. Cuenta ya con un presupuesto, de 70 millones de euros, y el compromiso de que los alimentos básicos en estos supermercados sean un 30% más baratos. Para lograrlo, la Administración, que adjudicará la gestión a empresas privadas, asumirá costes como el alquiler del inmueble y aplicará rebajas fiscales. 

El Ayuntamiento de Barcelona es ahora la primera administración española que asegura que probará este modelo, aunque el debate no es nuevo en el país. Partidos como Podemos lo han planteado, y Sumar llevó al Congreso una proposición no de ley, que salió adelante, para crear “infraestructuras públicas” para distribuir productos saludables y de proximidad en colaboración con los ayuntamientos. 

En la capital catalana, los Comuns han mostrado su enfado con Collboni porque propusieron una iniciativa parecida a principios de año sin recibir respuesta. Su apuesta pasa por recurrir a Mercabarna, la plataforma alimentaria mayorista de titularidad pública, y ubicar los supermercados públicos en los emplazamientos cedidos actualmente a grandes cadenas dentro de los mercados municipales de la ciudad. 

Una de las diferencias de Barcelona respecto a Nueva York, es que cuenta con una red más tupida de comercios en los barrios, incluidos 39 mercados municipales que venden producto fresco. “En Estados Unidos predominan los desiertos alimentarios, y es muy complicado encontrar producto fresco”, advierte Adrià Rodríguez, investigador del instituto IDRA y autor del estudio Entre el campo y la mesa. Las cadenas de suministro agroalimentario en Catalunya. 

Los problemas que sí identifica en Barcelona son las dificultades económicas para comprar alimentos y la “sobreabundancia” de oferta de productos poco saludables o de baja calidad. Y critica que la respuesta de Collboni sea una iniciativa puntual de carácter “asistencialista”, en un barrio desfavorecido, y no para el conjunto del municipio. “El problema de la asequibilidad lo sufren más severamente los más pobres, pero la inflación alimentaria golpea a toda la ciudad”, concluye. 

Desde el pequeño comercio, sin embargo, temen competencia “desleal” por parte de esta anunciada red de tiendas públicas. Así lo ve Mònica Gregori, responsable de Comercio de la patronal Pimec. Si Collboni quiere garantizar el acceso a determinados alimentos, propone que se subvencionen directamente a través de los comercios existentes.

Preocupación en los comercios e interés en el sector agrario

“Igual que hacen con el precio de la gasolina, con el Gobierno que utiliza la red de gasolineras, si quieren bajar el precio de las lentejas un 30% pueden compensarlo con reducciones del IVA o subvenciones temporales al tejido comercial”, arguye Gregori. 

Ana Moragues, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona (UB) y directora del Food Action and Research Observatory (FARO), defiende por contra que las administraciones intervengan en el modelo alimentario. “Tiene sentido plantear supermercados públicos, porque el derecho a la alimentación no está garantizado”, afirma.

“Hay muchas formas de intervención, desde las becas comedor hasta los mercados municipales o las ayudas al sector agrario, así que hay que poner iniciativas sobre la mesa”, señala Moragues, para aumentar el acceso a alimentos básicos. De hecho, Moragues y Rodríguez coinciden en que debería ser una oportunidad para “repensar” otras partes de la cadena, desde la producción hasta la logística. 

En este sentido, algunas organizaciones agrarias se han mostrado favorables a este plan piloto. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valora “positivamente” que se intente “aportar vías de comercialización alternativas a la cadena agroalimentaria”. “Somos muy activos en el establecimiento de canales cortos que acerquen la producción al consumo, eliminando de este modo intermediarios que, en ocasiones, obtienen mucha ganancia con muy poco aporte de valor a la cadena”, afirman. 

También celebra este proyecto de comercios asequibles la responsable de Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), Isabel Vilalba. “Recibimos con interés esta u otro tipo de medida de intervención de los mercados siempre que supongan un cambio real en la cadena de valor, que vayan a favor de asegurar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas y que permitan asegurar el derecho a una alimentación adecuada de la ciudadanía”.