Galletas de pistacho, chocolate Dubai, helados con este fruto seco, cafés que añaden sirope de ese sabor, bizcochos o cruasanes rellenos de crema verde. En los últimos meses, se han multiplicado los productos que contienen, en mayor o menor medida, ese fruto con cáscara que vive un momento dulce en cuanto a su producción en España, porque muchos agricultores lo han visto como una alternativa con más rentabilidad a futuro que cultivos más tradicionales, como la vid o el olivo, aunque no es oro todo lo que reluce. Un cultivo que, además, está en pleno foco del conflicto bélico en Oriente Medio porque Estados Unidos es el primer productor de pistacho del mundo, por delante de Irán.

Una de las claves de este 'boom' del pistacho es el denominado 'chocolate Dubai', que nació después de la pandemia, ligado en su origen a una pastelería de Emiratos Árabes, que fue ganando popularidad al calor de las redes sociales. La receta: una tableta de chocolate con leche relleno de una gruesa capa de crema pistacho que también puede llevar otro tipo de ingredientes, como el tahini. 

En España, el despegue del pistacho ha sido progresivo a lo largo de los últimos años y está concentrado, sobre todo, en Castilla-La Mancha, donde las condiciones son especialmente buenas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la producción de pistacho en España.

De hecho, hay agricultores que han decidido sustituir otro tipo de cultivos en favor de este fruto seco, que ha demostrado ser resistente al cambio climático y a condiciones hídricas severas. “Mi explotación era de viñedo y cereal, pero este último, con los rendimientos que tiene, no es rentable, por la sequía y las temperaturas”, explica Alejandro García-Gasco, agricultor y miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), quien decidió apostar por este fruto seco.

Recalca que no es oro todo lo que reluce y que con el pistacho hay que tener bastante paciencia. “Se necesita una alta inversión y tienes que esperar siete años para empezar a producir. Lo tienes que mimar, guiar, llevar de la mano. Es como un niño pequeño”, argumenta. “Y, una vez recogido, el peso se queda en la mitad. No es tan real la idea de que es el 'oro verde”, asevera García-Gasco. “Yo no conozco a ningún agricultor que se haya hecho rico con él. Tienes que aguantar siete años sin producir nada”.

En el siguiente gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha concentra el 65% de la producción de pistacho en España.

También en Castilla y León se han dado pasos similares. “Planté el pistacho en 2011, para buscar alternativas a los cereales”, indica Aurelio González, productor y también miembro de UPA. En su caso, empezó con tres hectáreas de regadío. De nuevo, recalca que al pistacho hay que cuidarlo. “Conozco gente que vino de la ciudad y puso pistachos porque pensaba que era plantarlos y volver a los siete años y esto no va así. Conlleva trabajo, poda, cuidar los árboles, abonar, regar”, enumera. También explica que la recolección, la limpieza y el secado se tienen que hacer rápido, en un solo día, para que el fruto no se estropee. 

En este gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha ha ido ganando terreno con el pistacho en los últimos años.

No apto para todos los suelos

El pistacho tiene futuro en parte de España porque está demostrando ser resistente en condiciones hídricas adversas, aunque no en todas partes. “Yo estoy en una zona donde mi abuelo ya sabía que hiela poco, porque había viñas, pero donde hiela no se puede poner, tampoco admite zonas de arcilla que se encharquen, necesita un terreno que filtre bien”, apunta Aurelio González.

“Aquí se adapta bien”, afirma García-Gasco, en referencia a Castilla-La Mancha. “Creo que es uno de los cultivos que mejor se adapta al clima que tenemos, pero se necesita profesionalización”, añade. “Ahora estamos defendiendo la Indicación Geográfica Protegida”, que tiene que conceder la Unión Europea. “Hay dos en Italia y, si lo logramos, sería la tercera en Europa. Estamos demostrando que tenemos una trayectoria con el pistacho y que tiene características distintas”. 

“En la última década, sobre todo en los últimos seis años, ha habido una expansión fuerte de hectáreas y productores, porque se comporta bien y porque es rentable”, explica Mario González, productor de pistacho y director técnico de Pistacho Pro, una plataforma de difusión de información sobre este fruto seco. Crece la apuesta por este fruto seco mientras los productores señalan que lo cultivado en España se vende fuera, donde se paga mejor, mientras aquí se importa de otros mercados, sobre todo, apuntan, de Estados Unidos. Y puede que llegue el punto de saturación si la producción crece demasiado rápido. 

“En el pistacho no hay 'marca España', cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y hay mucho desconocimiento. Eso puede derivar en que haya una criba, porque se trata de una industria compleja, que tiene costes muy altos”, añade Mario González. “También puede haber un cuello de botella cuando entren en marcha todas las producciones” teniendo en cuenta, como se ha mencionado, que en la recogida “hay 24 horas críticas para la limpieza y el secado. No hay demasiada unión en el sector, sobra capacidad de procesado, cuando entren en producción, no sé si va a dar tiempo a trabajar todo”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de las hectáreas de pistacho en España, con una ligera caída en los últimos años, a la espera de ver ese previsible aumento en los próximos ejercicios, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura.

Una de los grupos que ha apostado por el pistacho es Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de oliva. En su caso, en el último año, produjo 600 toneladas de pistacho, en un año que fue positivo tras un 2024 que califica como “pésimo” porque el clima y las condiciones de cultivo no fueron las adecuadas. Esas 600 toneladas aún están lejos de las 32.000 que alcanza con la almendra. 

Una producción centrada en Estados Unidos e Irán

La producción de pistacho también está en el foco geopolítico. El primer país productor es Estados Unidos –sobre todo, el Estado de California– por delante de Irán. Y las exportaciones de este último país se han frenado en seco por la situación bélica y el cierre del estrecho de Ormuz. 

“Con la situación mundial hay una ventana de oportunidad a medio plazo”, asegura Mario González. “El cierre de Ormuz está haciendo que la oferta de pistacho iraní esté casi anulada. No sabemos qué va a pasar”, añade. “En EEUU, la principal zona de producción, San Joaquín, en California, va a haber una restricción hídrica, se van a abandonar cultivos y se va a reducir la producción. Tenemos una oportunidad”, recalca. Sin embargo, ese cierre de Ormuz, de momento, no se ha trasladado a una subida de precios.

“Con la guerra en Irán no sabemos qué va a pasar”, indica el productor Aurelio González. “El año pasado”, con el 'boom' del pistacho y el chocolate Dubai, “hasta se pagaba bien por el pistacho cerrado, para helados o para repostería. Ha servido para darle salida”, concluye.

Va a haber más turistas en España como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad que ha generado en toda la región. Así lo reconoce Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, en la que están todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte como Iberia o Renfe.

“Que haya inestabilidad afecta a destinos muy relevantes, directa o indirectamente”, reconoce Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur. “Hay turistas que pueden venir al Mediterráneo, España incluida, pero va a afectar la subida de precios, especialmente el transporte aéreo y afecta la incertidumbre de turistas, que pueden cancelar”.

“Prevemos más turistas extranjeros y españoles, que prefieran quedarse”, ha indicado Perelli. Equivale a más de 4.000 millones de euros, porque España puede tirar de un “efecto refugio”.

Esa redirección de flujos, sobre todo internacionales, que prefieran España, se traducirá, sobre todo, en más tirón para los hoteles de costa, que prevén crecimientos de más del 5%, mientras que las agencias de viaje van a sufrir un detraimiento de la demanda de los españoles que van fuera, sobre todo, ven una caída de los viajes de larga distancia a Asia y un retraso en la venta, de turistas que están esperando, para ver qué pasa y si el conflicto se resuelve.

Los destinos afectados, de Oriente Medio, suman más de 180 millones de turistas, muchos de proximidad, de esos mismos países, “que pueden redirigirse a otros mercados, entre ellos España, pero es un contexto no deseado”, ha recalcado, aunque todavía es pronto para prever qué va a pasar en los próximos meses. A esos se suman cerca de 46 millones de euros que, calculan, también viajan tradicionalmente a los mercados de Oriente Medio. “Pero habrá turistas que no van a viajar”, ha recalcado Perelli.

Como consecuencia, Exceltur, calcula que el PIB turístico, el crecimiento de este sector, será del 2,5%, por encima de las previsiones esenciales, que eran del 2,4%. Es decir, crecerá en más de 14.000 millones, si se cumplen las previsiones, y este año aportará a la economía más de 226.000 millones, el 16% de todo el crecimiento económico de España.

Preocupación por la subida de precios

“Nos preocupa extraordinariamente la subida de precios, sobre todo por la energía, y su efecto en los márgenes de las empresas. Ya perciben el aumento de los costes energéticos, sobre todo las empresas aéreas, que ya están recortando los márgenes”. En cuanto a cómo va a ser la subida, Exceltur no ha entrado porque “los precios los marca el mercado. En el momento que se traslade, veremos cómo afecta a la demanda”.

Todo este escenario, ha indicado Perelli, en un contexto de conflicto corto, que no escale. “Estamos muy preocupados porque eso pueda pasar”. “Esperamos que el conflicto tenga una duración limitada, acotada territorialmente y que se estabilice el acuerdo de paz”, asume Perelli.

“La guerra es el peor enemigo del turismo”, ha indicado el vicepresidente de Exceltur, porque genera “incertidumbre, percepción de inestabilidad, aunque en el corto plazo impulse a España”. “Las vacaciones de verano se planifican con meses y estamos viendo ya reservas hacia España para el verano, de extranjeros y de españoles”, ha resumido. Y lo que más crece es el turismo local.

También reclaman que haya una garantía en el suministro de carburante, principalmente para el sector aéreo. “Nos parece bien el paquete de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para reducir el precio de la gasolina”, ha indicado el representante de Exceltur. “Ese posible impacto positivo tiene que ser gestionado razonablemente, es esencial”, ha concluido.

En cuanto al transporte, ha calificado de “errática” la gestión del transporte ferroviario en los últimos meses y ha reclamado más inversión en alta velocidad.

El Ibex 35 ha celebrado este miércoles el alto el fuego de dos semanas anunciado por Donald Trump tras sus amenazas de arrasar el país y pese a que siguen los ataques de Israel a Líbano y se ha vuelto a paralizar el tráfico en el estrecho de Ormuz. Pese a todo, el selectivo que agrupa a las 35 mayores empresas cotizadas, ha reaccionado al alza y se ha apuntado una subida de casi el 4% en la que ha sido una de sus mejores jornadas en casi un año.

En concreto, el Ibex 35 ha concluido la sesión con un repunte del 3,9% y vuelve a superar la barrera de los 18.000 puntos, porque ha concluido el miércoles en los 18.125,35 puntos, una cota que no veía desde las primeras jornadas de marzo.

Este repunte coincide con la fuerte caída del petróleo que, al cierre de las bolsas europeas, se ha desplomado más de un 13% en una jornada histórica y se sitúa en el entorno de los 95 dólares el barril de Brent, el de referencia en Europa.

Lo mismo ha ocurrido con los futuros a tres meses del gas en el mercado de Ámsterdam (TTF) que al cierre de los mercados europeos caían casi un 15% y se sitúan en los 45 dólares, volviendo a niveles de principios de marzo.

Esa positiva marcha no se ha quedado solo en el Ibex. Por ejemplo, el índice Dax alemán ha subido este miércoles más de un 5%. El Cac francés, casi un 4,5%; el MIB italiano, un 3,7%; y el FTSE de Londres, un 2,5%.

Todos los valores en verde, salvo las energéticas

La evolución de los parqués y el desplome del petróleo y del gas le ha sentado bien a todo el Ibex, menos a las compañías energéticas.

La que más se ha teñido de rojo este miércoles ha sido Repsol, que se ha apuntado una caída de más del 5,7%. En el caso de Naturgy, el paso atrás ha sido superior al 1%; Redeia se ha dejado un 0,46%; y Enagas, un 0,64%. Se ha salvado Iberdrola, aunque su repunte al cierre ha sido mínimo, del 0,1%.

En cambio, compañías ligadas al acero como ArcelorMittal o Acerinox se han apuntado subidas de casi el 13% y el 8%, respectivamente.

Y compañías aéreas, como IAG, han remontado un 8,5%. Indra, de la que hoy se vuelve a hablar de su proyecto de fusión con Escribano, también está entre las mayores subidas, más de un 8%.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe) ha advertido del impacto de la guerra en Oriente Medio en la producción en España, que puede pasar por el cierre de plantas y problemas de cara a la próxima campaña.

“El conflicto en Oriente Medio está teniendo un impacto muy significativo, tanto en los mercados energéticos, como en la cadena de suministro mundial de fertilizantes, ya que el Estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, gas y fertilizantes y es un pilar clave para la agricultura”, señala a través de un comunicado.

Esta asociación, de la que forman parte empresas como Fertiberia, reconoce que, “en los últimos años España apenas ha importado urea de esos países, dado que los mercados de fertilizantes son globales” y “cualquier interrupción puntual de suministro puede tener un efecto rápido en el mercado global y afectar a los costes de los fertilizantes”.

“La Guerra en Oriente Medio ha empeorado aún más la difícil situación que tenía la industria europea, que ya estaba sometida a una gran presión, con unos precios energéticos de los más elevados del mundo”, explica Anffe.“En España, las empresas fabricantes están haciendo grandes esfuerzos para continuar con su actividad productiva para poder seguir ofreciendo productos a los agricultores, a pesar de los altos costes energéticos y de materias primas que están afrontando”, resume.

Por eso, advierte que “si la situación continúa o se agrava y persisten las interrupciones en las rutas comerciales, lamentablemente el impacto se puede acrecentar y afectar a la actividad de las empresas, pudiendo provocar el cierre de alguna planta productiva y poner en riesgo el adecuado suministro de fertilizantes para la próxima campaña de sementera”.

En cuanto a los datos y la producción, Anfee explica que, de acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), en 2024 se exportaron cerca de 18,5 millones de toneladas de urea a través del Estrecho de Ormuz. “La región del Golfo Pérsico cuenta con una producción muy importante de fertilizantes, representando Irán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en conjunto, el 23% del comercio mundial de amoníaco, el 34% del de urea y el 18% del de fosfatos amónicos”, enumera.

“Aproximadamente, la mitad del comercio mundial de azufre, materia prima fundamental en la producción de fertilizantes fosfatados, circula por esa ruta”, indica esta asociación.

Cada vez que hay una crisis que afecta al precio de los alimentos, la mirada se vuelve sobre el campo. Esta vez, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el conflicto bélico en Oriente Medio, la situación no es diferente. De nuevo, se vuelve a hablar de la necesidad de ser lo suficientemente autónomos, tanto en España como en la Unión Europea, para resistir este tipo de envites. Ahora, ese debate coincide con el acelerón del acuerdo de Bruselas con Mercosur y con Australia, para intentar abrir alternativas, tanto en el acceso a más países a los que vender, como para comprar alimentos. Una situación que no solo convive con la escasez de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz, sino también con EEUU desplegando –con vaivenes– el esquema arancelario ideado por la Administración de Donald Trump.

Ese cierre de Ormuz y la guerra en Oriente Medio han vuelto a poner de relieve la poca capacidad de Europa para ser autosuficiente y contar con productos esenciales para el campo, como los fertilizantes y el gasóleo agrícola, que han disparado sus precios en origen. De momento, aquí no faltan alimentos, pero en países con menos poderío económico ya empieza a haber problemas.

En España, para tratar de paliar esa escalada de precios, el Gobierno ha aprobado ayudas por valor de más de 870 millones de euros con los que tratar de dar oxígeno a las finanzas de los productores del sector primario.

Sin embargo, el trasfondo es que, cada vez que hay un revés, se hace énfasis en proteger al campo, a sus productores y productoras, porque son quienes sustentan la alimentación del conjunto de la sociedad. “Siempre digo que es un sector estratégico, del que la opinión pública se acuerda cuando tenemos, por ejemplo, la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania, cuando hay sequía, con el cierre del estrecho de Ormuz. El sector primario es estratégico haya o no haya problemas”, recalcó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la VI edición del Foro Económico de elDiario.es. “La gran vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, para nosotros, es que suba el IPC de la alimentación un 0,2% o 0,3%. En Sudán es vivir o morir. Hay que tener una visión más amplia”, resumió. 

Reglas justas en un mercado que no siempre funciona

“Con cada situación complicada, con cada crisis, se vuelve la mirada al campo; pero, cuando se pasa, dejamos de estar en el foco”, critica a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “El sector agrario tiene que ser considerado estratégico, porque esto no va de deslocalizar, de comprar no se sabe dónde y a qué precio. Si perdemos la soberanía alimentaria, si pensamos que la solución es comprar fuera, evidentemente estamos ante un claro riesgo”, argumenta.

Cano ahonda en la necesidad de “reglas justas”. “El mercado libre no funciona. Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías”, enfatiza. “La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”. Por eso, apunta, ve necesario reforzar la Ley de la Cadena, “para que haya precios justos”. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal”. “Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad, respeto al medio ambiente, generando economía y empleo”. 

En gran medida, ese enroque tiene que venir desde Bruselas. “Tenemos claro que necesitamos una Europa fuerte, fortaleciendo las instituciones, no debilitándolas, porque hay fuerzas que se erigen como defensoras del campo y, en realidad, hay que ponerlas un espejo para que se vean sus incoherencias”. En ese tablero también juega un papel fundamental la PAC, la Política Agraria Común de la UE. “Es fundamental que no sea solo presupuesto, sino un reparto más social de las ayudas, que vaya a los agricultores que lo merecen, no a empresas de la industria, que muchas veces incumplen la Ley de la Cadena. Y, a nivel de productores, que haya un techo máximo de ayudas que limite la percepción de los latifundios, primar las primeras cabezas de ganado, a los sectores más vulnerables y a las explotaciones más familiares”, enumera.

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), recalca que “España es una potencia. Tendríamos que garantizar a la población que, en casos de emergencia, podemos alimentar a nuestra población”. “Hablamos de una Seguridad Social Alimentaria”, propone. “Igual que está garantizada la Sanidad, que se provea en momentos complicados de los alimentos necesarios para vivir, sobre todo a los más vulnerables”, añade. Todo, en un marco donde la legislación española tiene que ir de la mano de la UE, porque “porque no podemos legislar en contra de las directrices que marca la UE”, recuerda Padilla.

“Tenemos tanta diversidad en agricultura y ganadería”, argumenta el responsable de COAG. “Tenemos el potencial, la fruta, las hortalizas, la mayor parte de lo que nos alimentamos cada día, es una producción muy completa, no nos falta casi nada”. Con un par de matices. Uno, “la leche, que le compramos a Francia”. Otro, que “en la producción ganadera necesitamos mucha proteína, como la soja, para la alimentación animal. Sería donde menos riesgo podría haber”, reconoce.

También la visión del campo ligada al agroecologismo pone sobre la mesa la necesidad de que haya un cambio de visión. “Hay que dar más paso para apostar por la resiliencia en base a los recursos que tenemos”, explica David González, socio de la cooperativa Sustraiak y experto en regeneración de suelos y fertilización orgánica. “Desde la agroecología llevamos años demandándolo, después del COVID, cuando se atascó el barco en el Canal de Suez, en los momentos en los que nos damos cuenta de nuestra fragilidad, es necesaria la relocalización de productos en nuestros territorios que, además, pueden crear empleo y revertir la llamada España vaciada”.

González también señala a la PAC que podría servir para financiar la transición hacia la agroecología y favorecer, con ello, a los circuitos cortos y de proximidad. “La planificación es fundamental, el papel de la administración y de lo público”, añade. 

En cuanto al peso del sector agroalimentario, esta semana el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), junto a Cajamar, han publicado un análisis donde señalan que se trata de un “pilar estratégico” para la economía nacional, ya que supone casi 131.000 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), aunque los datos son a cierre de 2024. Este análisis también destaca que en su mayoría son microempresas (más del 60%) y hay más de 27.800 empresas activas, principalmente concentradas en los territorios de Andalucía, Catalunya y Castilla y León. “La mayoría pertenece a la industria de alimentos (82,5%), mientras que solo el 1,1% son grandes empresas, con mayor presencia en Navarra y Murcia”. “La mayoría de la superficie en España es productiva, con un 88,3% de tierras agrícolas y forestales” y, añaden en su análisis, que “regiones como Andalucía, con el 32,1% de las explotaciones, y Castilla y León, con el 22,6% de la superficie agrícola útil”, son las que tienen más peso por territorio. 

Naciones Unidas ya detecta una subida de precios

Al margen de ver cómo afecte a España, sobre todo si el conflicto se prolonga, la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha derivado en un terremoto para el sector primario de muchos países. “Es una grave conmoción, con importantes implicaciones para la producción y los precios internacionales de los alimentos”, reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés), el organismo que aspira a presidir el ministro de Agricultura, Luis Planas. De nuevo, señalan el impacto tanto de los combustibles como de los fertilizantes.

Otra derivada, que los precios suben. La FAO ya apunta un aumento de los precios de productos básicos importantes como el trigo, el arroz y los aceites vegetales. Una situación global que afecta, especialmente, a los países de Oriente Medio, pero hay más consecuencias. “El aumento de costes de los insumos lleva a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes, lo que podría disminuir el rendimiento de los cultivos”, explican las citadas fuentes del organismo de ONU. “Este efecto es particularmente preocupante en las regiones de Asia y África que dependen de las importaciones, donde los pequeños agricultores son muy sensibles a los aumentos de precios”.

Además, FAO apunta que “más allá de la agricultura, el conflicto podría reducir las remesas de los trabajadores migrantes del Golfo, lo que afectaría aún más los ingresos de los hogares en los países en desarrollo y agravaría los riesgos de inseguridad alimentaria”. “La situación tiene un gran potencial para reducir la producción de alimentos y elevar los precios a nivel mundial, con mayores repercusiones en las regiones vulnerables y dependientes de las importaciones”, concluye FAO.

En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

Ángel Escribano deja de ser presidente de Indra. El consejo de administración del grupo ha aceptado la dimisión presentada este miércoles, según ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto ya a Ángel Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, como sustituo, según ha avanzado La Vanguardia.

“El consejo de administración de Indra Group, en sesión extraordinaria celebrada en esta misma fecha, ha tomado razón de la dimisión presentada formalmente”, explica al regulador, tanto “como consejero”, como “presidente ejecutivo de la sociedad”.

“El consejo de administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo del Sr. Escribano Ruiz durante su etapa como presidente ejecutivo de Indra Group”, indica la empresa al supervisor de la bolsa. También añade que “la consejera independiente coordinadora, Virginia Arce Peralta, en coordinación con la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, han puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente del consejo de administración”.

“No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad”

El comunicado remitido por Indra a la CNMV se acompaña de una carta de Escribano. En ella, el ya expresidente de Indra apunta que, desde que accedió a la presidencia ejecutiva de la compañía, ha actuado “desde la lealtad, el trabajo constante y el compromiso personal” para convertir a Indra en un gigante en el sector de la defensa.

“Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas han generado una situación que, además del desgaste personal, amenaza con comprometer los objetivos que me impulsaron desde el primer día y que considero esenciales para el futuro de Indra y del sector”, ha lamentado, según consta en la CNMV.

En esa misma carta explica: “No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores”.

“Por este motivo, y anteponiendo el interés de Indra por encima de cualquier consideración personal, he decidido presentar mi dimisión como consejero y presidente ejecutivo de Indra”, resume. “Ha sido una decisión profundamente meditada. Estos días me han permitido ordenar mis pensamientos, valorar con serenidad esta etapa y sentirme orgulloso y agradecido por todo lo que hemos logrado juntos como equipo. Me gustaría concluir agradeciendo sinceramente el apoyo que he recibido del consejo de administración y del extraordinario equipo de profesionales de la compañía, cuyo compromiso ha sido decisivo en esta etapa”.

“Quedo a vuestra disposición para todo aquello que pueda ser necesario y deseo firmemente que esta decisión contribuya a reforzar la continuidad y el éxito de este maravilloso proyecto”, concluye Escribano.

La SEPI propone a Ángel Simón

La propuesta de Simón como sustituto de Escribano se ha hecho también en el consejo de administración extraordinario. Lo ha hecho la SEPI, en calidad de primer accionista de la compañía, con un 28% del capital.

Nacido en Manresa en 1957, Simón es un directivo con una reputada trayectoria empresarial. Fue consejero delegado de Criteria Caixa durante enero de 2024 y abril de 2025.

Licenciado en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona, fue previamente presidente del grupo Aguas de Barcelona (Agbar) y vicepresidente de Veolia, además de haber ocupado el puesto de director general adjunto y vicepresidente ejecutivo del grupo Suez, entre otros cargos.

La fusión de EM&E con Indra

A mediados de marzo, el grupo Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ya dio un paso atrás y renunció a su fusión con Indra después de que el Gobierno dejara claro su descontento con la gobernanza del grupo cotizado en pleno proceso de integración con EM&E. 

Solo unos días después, se reunió el consejo de administración de Indra, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta con el 28% del capital, por delante de EM&E, que suma el 14%. En ese momento, no hubo cambios en su alta dirección que se dejaron “para más adelante”, cuando la situación estuviese “algo más calmada”, según recogió en ese momento Europa Press.

Después de que trascendiera en la mañana del miércoles que Ángel Escribano planeaba dejar la presidencia, las acciones de Indra han vivido una montaña rusa. Después de comenzar la jornada en positivo, se tiñeron de rojo a media sesión con caídas que han llegado al 7%. Sin embargo, al cierre, volvieron al verde, apuntándose un alza del 3,13%, hasta los 48,72 euros el título, lo que deja su capitalización de Indra por encima de los 8.500 millones de euros.

Las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables se han disparado en el primer trimestre del año. En concreto, las matriculaciones de turismos electrificados (BEV+PHEV) han aumentado un 58,4% en los tres primeros meses de 2026, alcanzando las 62.966 unidades, según los datos publicados este miércoles por las patronales del sector, la de los fabricantes, Anfac; y las de los concesionarios Faconauto y Ganvam,

En total, estos turismos bajos en emisiones representan el 21% de todas las ventas del primer trimestre, siete puntos más que en el mismo periodo de hace un año y “continúan siendo un segmento clave para el crecimiento de las matriculaciones”. Solo en marzo registraron un aumento del 62% con un total de 26.725 unidades y el 20,5% de las ventas totales.

Si se ve el conjunto de las ventas, con todo tipo de motores, las matriculaciones de turismos crecieron a doble dígito en el mes de marzo. En total, se registraron 130.340 nuevas unidades, lo que supone un crecimiento del 11,7% respecto al mismo mes del año pasado.

De esta forma, el “impulso de las ventas de electrificados y el buen comportamiento de los híbridos convencionales ha permitido que el mercado supere las 130.000 ventas, cifra que no se registraba en ningún mes desde junio de 2019, año previo a la pandemia”, destacan estas patronales.

“En el total del año, ya se suman 300.529 unidades” matriculadas, “lo que supone un 7,6% más durante estos tres primeros meses”, añaden.

Estas asociaciones también destacan que las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en marzo se quedan en 103,7 gramos por kilómetro recorrido, un 6,3% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 103,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 7% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los modelos más vendidos

Por modelos, el líder del mercado en los tres primeros meses del año ha sido el Dacia Sandero, con 7.526 unidades matriculadas. Le siguen el Seat Ibiza, con 7.202; y el Toyota C-HR, con 7.033 turismos. Entre los 10 más vendidos no hay ningún modelo 100% eléctrico.

Por marcas, la más vendida en los tres primeros meses del año ha sido Toyota, con más de 27.500 unidades comercializadas. Le siguen Renault y Volkswagen, con 18.849 y 18.546 vehículos, respectivamente.

También llaman la atención las ventas de BYD. El gigante chino ha elevado sus matriculaciones un 147% en lo que va de año y alcanza los 9.428 vehículos comercializados.

Mientras, Tesla también repunta, casi un 43%, hasta los 4.528 vehículos matriculados entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Renfe tira la toalla –al menos, temporalmente– con su proyecto estrella en Francia, la alta velocidad hasta París. La compañía pública española ha decidido pisar el freno, según confirman fuentes de la empresa, ante las trabas que se está encontrando para poder operar en ese mercado, dominado por la empresa estatal SNCF. Es la misma empresa que gestiona Ouigo en España, que compite con Renfe en los principales corredores de alta velocidad. De hecho, en más de una ocasión, tanto Renfe como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han pedido “reciprocidad” para poder trabajar en el país vecino con las mismas condiciones que Ouigo tiene en España.

La conexión entre España y París por alta velocidad es un proyecto en el que Renfe lleva trabajando años. En concreto, casi una década. Ahora la operadora española renuncia a continuar ante las trabas que se ha encontrado a la hora de homologar sus trenes. Por ello, ha decidido resolver el Acuerdo Marco existente con SNCF Réseau.

Eso sí, hay que matizar que no se trata de un adiós definitivo a la alta velocidad española hasta París porque, según explican las fuentes consultadas, esta decisión no supone una renuncia ni a la operación de Renfe en Francia, ni a la homologación de trenes en dicho país, sino un punto y seguido confiando en la posibilidad de cambio. “Mantenemos la voluntad de retomar estos trabajos cuando las condiciones técnicas y operativas lo permitan”, recalcan.

De esta forma, Renfe continuará con la explotación de las líneas internacionales que gestiona actualmente en el país vecino, en particular las conexiones con Lyon y Marsella desde Barcelona, que Renfe opera desde el año 2023 y con las que ya ha transportado a más de 640.000 personas. Una actividad que, según recalcan las citadas fuentes, se mantiene con normalidad.

Los problemas en la homologación de los trenes Talgo

Hace casi una década, en 2017, Renfe firmó un contrato para comprar una treintena de trenes de Alta Velocidad, de los cuales 10 estaban específicamente preparados para poder circular tanto en España como en Francia.

Durante todos estos años, indican las citadas fuentes, se han venido desarrollando los trabajos necesarios para la homologación de los trenes S106 en la red ferroviaria francesa. “En dicho proceso, se han ido produciendo diversas dificultades técnicas y operativas que han ralentizado de manera significativa el proceso de homologación”, apuntan, “sin que a día de hoy sea posible prever con certeza un plazo para su finalización”.

La idea era llegar a la capital francesa en el año 2024. Sin embargo, la dificultad para conseguir el certificado de seguridad necesario para extender las operaciones en ese corredor, principal objetivo del plan de negocio de Renfe en Francia, llevó a la empresa pública a iniciar un periodo de reflexión y análisis sobre su presencia en este mercado y urgir a las autoridades francesas a que adoptasen las medidas necesarias para desbloquear el proceso de homologación de los trenes de Talgo.

También señalan que “durante este tiempo, los trenes S106 que estaban equipados con sistemas específicos para Francia y que inicialmente estaban destinados a operar en dicho mercado, han sido incorporados a la explotación comercial en España” ante la “elevada demanda de material rodante existente en el mercado nacional”.

“La llegada del AVE a París está condicionada a la obtención de una ampliación del perímetro del Certificado de Seguridad Único (CSU) de Renfe en Francia”, indican las citadas fuentes. También recalcan que la empresa pública española lleva años trabajando en esa tramitación, pero no ha podido presentar la petición ante la ventanilla única de la EUAR [la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea], con sede en Francia, por no poder tener una fecha cierta del inicio de las operaciones, que está supeditada a la finalización de los trabajos de homologación de los materiales. 

Por ello, “teniendo en cuenta las dificultades acumuladas en el proceso de homologación en Francia y la imposibilidad de establecer un horizonte temporal fiable para su culminación, Renfe ha decidido resolver en este momento el Acuerdo Marco existente con SNCF Réseau para la llegada a París”, sentencian las fuentes de Renfe. Un acuerdo que podrá retomarse si se dan las circunstancias adecuadas.

En cuanto a los problemas en sí con la homologación, vienen de lejos. En un primer momento, Francia descartó el modelo Alstom S-100 para operar en el corredor Lyon-París, por lo que la serie 100F que circula entre Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella, no puede circular hasta la capital gala. “No obstante, la serie 100, cuyo fabricante es Alstom, deriva de la familia de trenes TGV-A y TGV-R del mismo fabricante, los cuales se han explotado durante muchos años en la línea Lyon-París”, explican las citadas fuentes. Cuando Renfe inició el proyecto de competir en el corredor París, se realizaron pruebas con el modelo S100F en ese corredor a los que se dio un dictamen de incompatibilidad. “El problema reside en la aplicación de la normativa actual a trenes de tecnologías de los años 80”, recalcan, porque “los trenes de SNCF TGV-A o TGV-R”, con los que opera la empresa francesa, no se vieron sometidos a la normativa actual. 

Respecto a la serie Avril —los Talgo S106— también han sufrido repetidos obstáculos para conseguir la homologación en Francia. “Los Talgo Avril son trenes ya autorizados en España que prestan servicio desde hace tiempo. Son, por lo tanto, trenes que ya cumplen con Especificaciones Técnicas Europeas de Interoperabilidad y que han pasado mucho tiempo en Francia pendientes de obtener para las validaciones que solo afectan a las normas nacionales de este territorio y que son muy numerosas en comparación con otros países”, añaden. “Se trata de trenes que fueron seleccionados en base a una licitación pública en la que se especificaba que debían circular por este corredor”. También recalcan que “Talgo no ha sido capaz de finalizar ese proceso de homologación de unos trenes que están efectivamente circulando hace tiempo en España”.

Diferencias con la liberalización del mercado español

Como contexto, hay que recordar que el Cuarto Paquete Ferroviario diseñado por la Unión Europea plantea un marco de directivas y de reglamentos para eliminar las barreras en los diferentes países y conseguir la integración de un espacio ferroviario único. Sin embargo, no está siendo fácil. 

“Mientras España el proceso de liberalización se ha producido con mucha rapidez y facilidades, Francia ha mantenido un alto nivel de normativa propia, de alta complejidad y que no resulta en muchos casos fáciles de evaluar por organismos independientes distintos”, apuntan las citadas fuentes. Una liberalización que en España ha sido progresiva, desde el año 2019, y donde se acaba de vivir una caída de viajeros en uno de los principales corredores, el que une Madrid y Barcelona.

Hay que recordar que, en ese 2019, Adif Alta Velocidad diseñó el procedimiento de adjudicación de capacidad mediante acuerdos marco y preadjudicó la capacidad en los grandes corredores de alta velocidad, con supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El primer competidor en circular fue Ouigo, controlada por el Estado francés, en mayo de 2021. Iryo, con capital italiano, empezó un año y medio después. Ambas, en ese corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. En este tema explicamos cómo han evolucionado los precios de la alta velocidad en los últimos años.

La CNMC determina los cánones que tienen que pagar los operadores por usar las infraestructuras de Adif, que el organismo presidido por Cani Fernández ha criticado por considerar que están entre los más altos de Europa. También fija los alquileres que tanto Ouigo como Iryo pagan a Renfe por el uso estaciones, talleres o terminales de mercancías, que no pueden superar el coste de prestación del servicio más un margen. En 2020, Competencia quiso obligar a Renfe a bajar los precios que cobra a sus competidores, al considerar que sus tarifas por el alquiler de sus talleres de mantenimiento eran superiores al coste de capital.

Asimismo, las citadas fuentes ahondan en que la inversión en infraestructura ferroviaria en Francia es limitada en comparación con otros países del entorno y adolece de un escaso despliegue en la red francesa de algunos elementos indispensables para la interoperabilidad, como es el sistema ERTMS. Estas siglas hacen referencia al European Rail Traffic Management System, el estándar europeo de señalización ferroviaria.

“Esto genera problemas de interoperabilidad y, por lo tanto, dificulta el proceso de apertura a la competencia al obligar a los operadores a adaptar sus sistemas de seguridad a la casuística francesa”, concluyen.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la Semana Santa se presenta “magnífica”. Sin embargo, la situación bélica en Oriente Medio ha conllevado la creación de una Comisión de Seguimiento, de cara a las próximas semanas y meses, “porque es evidente que el sector turístico es muy resiliente, pero también sufre los efectos de una guerra”.

Hereu ha enumerado que la Semana Santa va “muy bien”, desde el turismo urbano, al cultural, de montaña o rural. Por ejemplo, el gasto turístico internacional crece más 3%; y la llegada de turistas internacionales, un 0,2%. “El crecimiento del gasto está por encima de la llegada de turistas”, ha destacado.

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, Hereu ha indicado que “se va a seguir el sector turístico” que tiene “muchas bazas para mantener una resiliencia, pero compartimos la preocupación por la evolución, viajeros que pueden trasladarse al Mediterráneo Occidental” y que también se está “al tanto de la evolución de los precios del combustible que puede derivar en una desaceleración económica o en una crisis económica en los países de origen”. Esas “segundas derivadas de la prolongación del conflicto, qué pasará si dura meses, pueden derivar en crisis económicas y en la reconfiguración del transporte aéreo internacional, que sí nos podría llegar a afectar”, ha añadido.

Diferencias por países

En cuanto a esas previsiones que trasladan las diferentes oficinas de Turismo, “tienen que ver con traslado de la demanda”. Por ejemplo, Hereu ha señalado que “la oficina de Reino Unido sí ve traslado de demanda, desde el Mediterráneo Oriental” hacia España, “y un fenómeno de reservas de última hora”. “Desde China” ha apuntado, “se buscan alternativas de conectividad directa en avión” con España. Y, “desde Alemania, se ve estabilidad en los niveles, preocupación a medio y largo plazo por los efectos en la economía”.

Hereu sí ha matizado que, actualmente, solo hay datos parciales sobre coyuntura, en cuanto al número de turistas. “Aún no tenemos estadísticas, pero es evidente el número de vuelos, que se mantiene muy estable. Hay elementos que indican la estabilidad, pero tenemos que esperar semanas para ver cuántos turistas llegan a España en marzo y abril, pero la previsión es de un crecimiento sosegado, que está bien para digerir este fenómeno y ver qué impacto tiene la guerra”.

De cara al futuro, además de esa monitorización, Hereu ha apuntado que la estrategia pasa por “perseverar en las estrategias de desestacionalización y desconcentración del turismo”. “Hay que perseverar en la sostenibilidad económica, social y ambiental” del modelo turístico.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

Los trenes de alta velocidad registraron 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3% más que en el mismo trimestre de 2024, según los últimos datos que ha publicado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin embargo, el dato más significativo es el registrado en el corredor que une Madrid y Barcelona que, por primera vez desde la liberalización (que es efectiva desde 2021, cuando comenzó a operar Ouigo), la demanda se redujo un 13% interanual, hasta los 3,3 millones, según los citados datos. “Las plazas ofertadas solo disminuyeron un 4,4 %, al compensarse la supresión de los servicios Avlo de Renfe con más oferta de Iryo y Ouigo”, apunta la CNMC.

Se trata de una caída de pasajeros previa al accidente de Adamuz, que se produjo en enero, y a las ampliaciones en los tiempos de los viajes que unen las dos ciudades.

En cuanto al resto de corredores, la CNMC apunta que el mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor que une Madrid con Valencia, pero esos datos están condicionados por la DANA de un año antes.

En concreto, este corredor creció un 26% en la recta final de 2025 y alcanzó los 1,5 millones de viajeros.

“Los corredores del sur aumentaron su demanda de forma significativa”, incide Competencia. En concreto, el de Madrid-Sevilla creció un 18,1% en el cuarto trimestre, hasta 1,6 millones de pasajeros. El de Madrid-Málaga/Granada, un 9,2%, hasta 1,4 millones.

Y, el corredor entre Madrid y Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios, porque solo creció un 0,4% respecto al último trimestre de 2024 y se quedó en el millón de personas.

Renfe frente a Ouigo e Iryo y aumento de precios

Por cuotas de mercado, la CNMC desglosa que “Renfe concentró más del 60% de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51%) y en el Madrid-Barcelona (56%)”.

También recoge que, en este último corredor, Renfe perdió 6 puntos básicos de cuota en favor de Ouigo, que creció en cuatro puntos y se quedó con el 19% del mercado; y dos puntos que fueron a Iryo, que llega a una cuota del 24%.

“Ouigo ganó 6 puntos de cuota a costa de Iryo (-2 p.p.) y Renfe (-4 p.p.) en el Madrid-Sevilla, y otros 6 p.p. en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano”, enumera.

Y respecto a los precios, la CNMC señala que la media “en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia” subió “de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024 (un 36% y un 23%, respectivamente)”. “Sin embargo, fueron un 7% y un 32% más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24% y un 45%, si tenemos en cuenta la inflación)”, matiza. “En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10% y fueron un 31% más baratos que antes de la liberalización”.

Competencia también recoge datos sobre Media Distancia y Cercanías, donde solo opera Renfe. En los primeros recoge un aumento del 4,1% y una pequeña caída, del 1%, en los trenes de proximidad. “Ambos servicios fueron gratuitos para viajeros frecuentes desde septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 y ahora los abonos mensuales tienen una subvención”, concluye.

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esa premisa –a veces un tanto manida al hablar de operaciones corporativas– encaja a la perfección con uno de los movimientos empresariales más importantes en lo que va de 2026. Puig, el gigante catalán de la cosmética y los perfumes, ha confirmado que mantiene conversaciones con su competidora estadounidense Estée Lauder para integrar ambos negocios. Las dos son grandes multinacionales, pero –como se verá más adelante– son más conocidas por las marcas que tienen en su portafolio de perfumes, cremas y maquillajes que por sus denominaciones corporativas.

De momento no hay nada cerrado. Ambas partes solo han confirmado que hay un proceso de negociación abierto. Ese paso ya ha sido suficiente para alimentar el apetito de los inversores, que este martes, han premiado las acciones de Puig con una subida de casi el 13%, mientras que las de Estée Lauder caminaban en dirección contraria, con un retroceso superior al 10% durante la jornada del martes, lo que deja entrever algún detalle más de este movimiento empresarial.

Analizamos las claves de esta posible integración, qué marcas tienen cada empresa, cómo son de grandes y qué puede pasar a partir de ahora.

¿Qué sabemos? ¿Será una fusión o una compañía comprará a la otra?

Lo que sabemos es que las dos empresas están hablando, mantienen abierto un proceso de negociación, de diálogo, que puede acabar con un acuerdo o no. Eso es clave, porque las dos multinacionales han mandado sendos comunicados a los supervisores de las bolsas de Madrid y de Nueva York en los que se cuidan de dejar todo abierto.

De esta forma, no hablan de detalles, no desglosan cómo se estructuraría esa unión de los negocios, qué compañía llevaría la voz cantante y cuál de las dos lanzará una oferta de compra por la otra. Es decir, cuál será formalmente la compradora y cuál la comprada. Tampoco hablan de precios, ni de reparto accionarial, solo dejan claro que están hablando.

Hay muchas incógnitas sobre la mesa, pero la previsión de diferentes firmas de análisis es que la compradora sea la firma norteamericana, que propondría una combinación de acciones y efectivo. La firma de análisis Jefferies cree que la operación se llevaría a cabo con una prima por Puig –un sobreprecio sobre la cotización del lunes previa a confirmarse las conversaciones– de alrededor del 30%. También prevén que los Puig mantengan, si se cierra la compra, alrededor del 14% del capital de la nueva empresa. Mientras, JPMorgan cree que la familia catalana tendrá la voz más relevante en el futuro equipo gestor. “Nos sorprende que la familia Puig vaya a renunciar a su independencia y al control mayoritario”, indica esta firma, según recoge la agencia Efe.

Lo que está claro es que crearían un gigante de la cosmética y de los perfumes, valorado en bolsa, a día de hoy, en casi 40.000 millones de euros, que solo estaría por detrás de L’Oréal, con la que podrán pelear en negocio. Sin embargo, la empresa francesa seguirá siendo mucho más grande como cotizada, porque su valor en el parqué de París supera los 187.000 millones de euros.

¿Qué es Puig y qué marcas tiene?

Puig es el gigante español de los cosméticos, los perfumes y el lujo. Bajo su paraguas están marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Rabanne, Nina Ricci o Dries Van Noten, entre otras. Y es una empresa familiar, en manos de la tercera generación. En concreto, la familia posee el 93% del capital –de los derechos de voto– a través de la sociedad Exea Quorum, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una inversión familiar repartida entre 14 primos, todos miembros de la tercera generación, repartidos en cuatro ramas familiares.

En cuanto al negocio en sí, Puig tiene su sede en L'Hospitalet de Llobregat, emplea a más de 11.000 personas en todo el mundo y tiene siete fábricas, seis en Europa (en España, en Vacarisses y en Alcalá de Henares) y una en India.

En 2025, facturó más de 5.000 millones de euros, en un negocio que avanza a un ritmo de casi el 8%, y ganó casi 600 millones. La mayor parte de esa actividad se concentra en los perfumes y en la moda, que aportan más del 70% de los ingresos. Mientras, el 17% corresponde a las marcas de maquillaje, como Charlotte Tilbury. Precisamente, esta última enseña es una de las adquiridas en los últimos años, en los que Puig ha crecido a golpe de talonario. De hecho, en su folleto de salida a bolsa explicaba que, desde 2011, había destinado cerca de 2.500 millones de euros a compras.

¿Y qué es Estée Lauder?

Al igual que Puig, la multinacional estadounidense comparte ese perfil de empresa familiar. La dueña de marcas como Clinique, Aveda, Bobbi Browm, Jo Malone, Mac, La Mer o Tom Ford fue fundada por Josephine Esther Mentzer y su marido Joseph Lauder después de la Segunda Guerra Mundial y creció vía marcas con la que expandir su actividad. Al igual que ocurre con Puig su estructura de capital diferencia entre derechos económicos y de voto y, respecto a estos últimos, más del 80% está en manos de los herederos de Lauder.

En tamaño, factura tres veces más que Puig. Cerró el último ejercicio con un volumen de ingresos superior a los 14.000 millones de dólares, pero no vive su mejor momento financiero. Ese último ejercicio lo cerró con números rojos, que superaron los 1.000 millones de euros. 

Y si Puig es fuerte en perfumes, Estée Lauder lo es en las cremas, que aportan casi el 50% de su volumen de negocio, mientras el maquillaje es el 30% y las fragancias se quedan por encima del 15%. En su caso, no está presente en el negocio de la moda, con lo que si se fusiona con Puig entraría en una nueva categoría.

¿Por qué negocian ahora?

Sus negocios encajan y, hasta cierto punto, se necesitan. Puig en un negocio en expansión, aunque no haya brillado en bolsa desde su salto al parqué hace casi dos años. Con el despegue de este martes ha mejorado sustancialmente su cotización, pero desde que saltó al mercado ha perdido casi un 27% de capitalización.

En cambio, la que puede ser su socia lleva tiempo tratando de reinventarse, sobre todo después de la pandemia y de anunciar un recorte de empleo de cerca de 7.000 personas, para tratar de redimensionarse. Hace solo unas semanas, su consejero delegado Stéphane de La Faverie, reconoció a la agencia Bloomberg que estaban dispuestos a participar en conversaciones sobre fusiones y adquisiciones. 

Puig es fuerte en perfumes; Estée Lauder, en cremas y maquillaje. La primera concentra la mitad de sus ventas en Europa, Oriente Medio y África. La segunda, enfoca casi el 60% de su actividad en América del Norte y Asía. Ambas tienen que competir en un entorno donde la incertidumbre está acelerada –más aún con el conflicto bélico desatado en Irán–, los costes energéticos y de transporte escalan y el mercado del lujo lleva tiempo viviendo momentos complicados, primero por el frenazo de Asia; ahora, en Oriente Medio y, entre medias, los aranceles que han complicado a compañías como Puig el acceso al mercado estadounidense.

Y hay otras empresas reforzándose. Algunos grandes grupos textiles, como Inditex, se han metido de lleno en el negocio de las colonias a través de marcas como Zara. Y grupos del segmento lujo, como Kering –dueño de Gucci, Yves Saint-Laurent y Balenciaga–, cerró hace unos meses el fichaje de Luca de Meo, ex consejero delegado de Renault, para dar un giro a su estrategia. Uno de sus primeros pasos fue la venta de su negocio de belleza a L'Oréal, por 4.700 millones de dólares. 

¿Y tiene algo que ver el cambio de CEO?

Las grandes empresas no suelen dar puntada sin hilo y solo una semana antes de reconocer sus negociaciones con Estée Lauder, Puig anunció que separaba las funciones de presidente y consejero delegado “en línea con las buenas prácticas para empresas cotizadas”. 

El primer puesto se mantiene en manos de la familia, con la continuidad de Marc Puig; mientras que el cargo de primer ejecutivo ha salido del clan, pero se mantiene en alguien de la casa, Jose Manuel Albesa. 

“Este es un momento emocionante en la evolución de Puig. La combinación de unos cimientos muy sólidos y un fuerte crecimiento establecen la plataforma para la siguiente etapa de nuestra historia”, aseguró Puig a través de un comunicado al explicar el cambio de roles. Ahora se sabe que esa etapa puede pasar por la integración con Estée Lauder.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha defendido en el Congreso de los Diputados la actuación del operador ferroviario público durante los trabajos posteriores al accidente de Adamuz. “Es una infamia decir que Adif ha ocultado pruebas”, ha recalcado durante su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

En cuanto a esos trabajos, el responsable de Adif ha recordado el cambio de responsable judicial y ha apuntado que el 21 de enero concluyeron los trabajos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y, un día después, los de la Policía Científica, tras retirar el último cuerpo.

“En esos trabajos, hubo que utilizar maquinaria pesada para llegar a los últimos cuerpos. Esa maquinaria pesada alteró” los materiales que quedaban. Adif “hizo lo que le ordenaron, achatarrar para que los bomberos pudieran llegar a los últimos cuerpos”, ha repetido. “El 22 [de enero] mis trabajadores tienen evidencia física y verbal de que han terminado los trabajos”, aunque esa evidencia no estaba por escrito. “Continúan con el achatarramiento y la retirada de todos los elementos que habían sido desestimados como prueba por las autoridades”, ha apuntado.

Adif, ha repetido en varias ocasiones, trabajó en las vías porque tenía “constatación verbal y física” de que habían concluido los trabajos por parte de CIAF y la Policía Judicial. “Recogen esos restos y elementos de vía, no son pruebas”. “Una vez esos elementos se recogen en la noche del 22 y el día 23. Se entiende que no tienen que estar en la zona de Adamuz, porque van a empezar los trabajos [para retomar la circulación], se llevan a la base de Hornachuelos, de la que depende el punto de la vía donde nos encontramos”, ha argumentado el presidente de Adif. “Posteriormente, pedimos autorización al juez, ninguno de estos elementos estaba a menos de 130 metros de la zona cero. En ningún momento mis trabajadores tenían prohibición expresa de no hacerlo”.

“El día 27, nos llega el auto de la jueza saliente. Le pedimos: déjenos actuar ya, pero no habíamos estado parados. Estábamos acopiando material de vía, traviesas, carril y catenaria. La jueza autoriza los trabajos siempre que todos los vestigios estén detallados y en todo momento se informe del lugar donde están y las actuaciones realizadas en cada uno de ellos. Nos autorizan a recoger todo, lo tenemos que describir y detallar, elementos que no son pruebas”, ha repetido el presidente de Adif.

Posteriormente, ha señalado, se produce el cambio de titular del juzgado cordobés y la CIAF “aparece el día 30 y dice que tiene que informar a la Policía Judicial. Nos pide que llevemos a Hornachuelos una soldadura” y “nos dicen que no tenemos autorización expresa. Es cierto”, ha admitido. “La policía judicial en Hornachuelos precinta la soldadura que solicitó la CIAF”, ha añadido. 

“Es mentira” que la vía se rompiera 22 horas antes del accidente

Sobre las soldaduras, se han “realizado ensayos de dureza donde estábamos autorizados a hacerlos”, ha indicado Marco de la Peña. “Ineco es el organismo que verifica y certifica que la evaluación de riesgos de la obra se hizo de manera correcta. Toda esa documentación se remite para que se autorice la circulación por el tramo. Al final y con todas las pruebas realizadas, es un expediente de evaluación de riesgos que aún está vivo. Claro que se hace una evaluación de riesgos de la soldadura. Por supuesto que hay”. “Es un elemento que se ha aportado a la investigación, tanto a la CIAF como al Juzgado”.

“La CIAF ha hecho notas provisionales, que están sujetas al devenir de las investigaciones”, ha matizado. “No hay informes de CIAF, se ha entregado documentación, sobre el voltaje de la vía, sobre la variación del voltaje, que existe. Y sí puede ser coincidente con una rotura de vía, pero también con muchas otras”. “El circuito de vía tiene 756 metros, cualquier chapa, piedra de balastro puede provocarlo, pero la CIAF no tiene ningún informe sobre esto. Que la vía estaba rota 22 horas antes del accidente es una falacia”. “Es mentira, nadie puede determinarlo”, ha repetido.

“Las roturas de carril son un problema muy grave, hay grupos de investigación [por parte de la autoridad europea del ferrocarril] para determinar por qué se producen, donde está Adif. La solución es más mantenimiento y mejor material”, ha recalcado.

“El bulo de que se han cambiado partes es otra infamia”, ha indicado el presidente del operador público. Ha argumentado que una empresa externa ha determinado que en los partes de soldadura hubo “un error material” y “que uno es de la soldadura” y se “hace una fe de erratas”. “¿Revisar es delito? No, es buena praxis”. Se hicieron “dos notas aclaratorias, una en la documentación, por un error documental”.

En cuanto a la investigación de la Fiscalía Europea, ha apuntado que se ha requerido información, con tres requerimientos, porque es el procedimiento habitual en caso de uso de fondos europeos. “El dinero está en la obra, porque este año va a estar completa la renovación, en tres fases de renovación de traviesas. Ahí está el dinero”, ha respondido a preguntas de la oposición.

“Ni hemos manipulado informes, ni ocultado pruebas, ni hemos ignorado a los maquinistas”, ha repetido en varias ocasiones Marco de la Peña. También ha defendido la inversión en infraestructuras, sobre todo a partir de 2024. “Ha sido un aumento sustancial”, ha incidido.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ve un crecimiento de España “firme” a corto plazo aunque sentirá el impacto de la guerra en Oriente Medio. Esa es una de las conclusiones tras su visita oficial o “misión”, en jerga de la institución, que realiza en los países miembros. En el caso de España, prevé que un impacto de dos décimas, sobre todo, por el golpe que van a suponer los precios del petróleo y, en menor medida, del gas. En este último caso, asegura que es gracias al positivo impacto de las renovables.

De esta forma, su escenario base contempla un crecimiento del PIB menor para este año que el que preveía hace solo dos meses. Lo sitúa en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% de cara a 2027, “mientras que la inflación general interanual alcanzaría aproximadamente el 3% a finales de 2026, para luego descender al 2,2%” a finales del próximo ejercicio.

“A pesar del impacto adverso del conflicto en Oriente Medio, se prevé que el crecimiento siga siendo firme a corto plazo antes de ralentizarse gradualmente”, explica el FMI en el informe presentado este viernes. “Se prevé que el conflicto afecte negativamente a la economía española, principalmente por el aumento de los precios del petróleo, mientras que el impacto de la subida de los precios del gas debería verse atenuado por varios factores, entre ellos la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España”, destaca.

El conflicto, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, va a impactar menos a España que a otros países vecinos, según ha explicado a los medios Romain Duval, responsable de la misión en España del FMI. También ha apuntado que si el conflicto escala y se alarga, el impacto tanto en el crecimiento como la inflación será más fuerte. Y ve margen, “espacio”, para medidas como las anunciadas este viernes, gracias a la positiva evolución de las cuentas públicas en los últimos años, ha explicado. Eso sí, las medidas cree que deberían ser “temporales” y “específicas”.

El FMI “espera que la demanda interna siga siendo la principal fuente de crecimiento” que compensará la moderación de otros factores claves en los últimos años, como el aumento de la población activa y el turismo. “Se prevé también que el consumo privado siga respaldado por el aumento sostenido de los salarios en un entorno de mercado laboral todavía dinámico”. En cambio, asume una “caída continuada de la tasa de ahorro que permitirá a los hogares amortiguar el impacto del shock energético”. También destaca que la inversión se va a beneficiar del último año de los fondos europeos y del “repunte continuado de la construcción de viviendas”.

El impacto si la guerra se alarga

De cara al medio plazo, más allá de 2027, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva prevé que el crecimiento anual del PIB se estabilice en torno a su potencial a medio plazo de alrededor del 1,7%. “Un conflicto prolongado en Oriente Medio podría traducirse en un aumento más duradero de los precios de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre, lo que pesaría sobre la inversión, el consumo y el crecimiento”, asevera.

Y si la guerra se alarga “podría provocar mayores efectos de segunda ronda sobre los salarios y la inflación” que se mantendría “por encima del 3% durante un tiempo”. “El recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas y de las medidas comerciales es otro riesgo externo importante para España y para la economía global”, añade en su análisis.

“En el frente interno, la fragmentación política plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal que el personal técnico estima que serán necesarias para cumplir sus compromisos en el marco del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP)”, indica el FMI, “así como para aplicar medidas decisivas que tranquilicen a los mercados en caso de tensiones financieras”, ahonda. “En el lado positivo, el crecimiento del turismo podría ser más resiliente de lo previsto debido a la mayor diversificación entre regiones, la reducción de la estacionalidad y un desvío de turistas hacia España tras el conflicto en Oriente Medio”.

También considera que “los planes del Gobierno para reducir la deuda de las comunidades autónomas e incrementar su participación en los ingresos fiscales generales podrían generar recursos adicionales útiles para las comunidades”, señala el análisis. “La adquisición parcial y excepcional de la deuda de las comunidades autónomas por parte del gobierno central podría ayudar a restaurar el acceso de aquellas a los mercados, pero debería condicionarse a planes de consolidación creíbles”.

Relajación en la concesión de hipotecas y críticas en vivienda

El FMI también pone el foco en el sector financiero, sobre todo en lo relativo a la concesión de hipotecas; y en la vivienda. Asegura que el sector financiero es “sólido” y “aunque siguen siendo prudentes en términos generales, los criterios de concesión de préstamos han empezado a relajarse en cierta medida, como lo denota el aumento reciente de la proporción de nuevas hipotecas constituidas con elevados ratios préstamo-valor”, critica.

Por ello, ve de forma positiva la introducción de medidas hipotecarias basadas en la capacidad de pago de los prestatarios (BBM en sus siglas en inglés) basadas en garantías hipotecarias, que ayudarían a “prevenir una acumulación de riesgos vinculados a la vivienda en el sector financiero. Esto podría llevarse a cabo a través de orientación supervisora o mediante límites obligatorios”, indica.

Y ve necesario el papel del Banco de España. “Bajo la primera opción, si los precios de la vivienda siguieran aumentando con rapidez y si las normas de concesión de préstamos se relajaran, el Banco de España debería pasar de la orientación supervisora a límites de carácter obligatorio”, recalca la institución con sede en Washington. “El análisis del personal técnico y la experiencia de diversos países indican que introducir BBM basadas en garantías hipotecarias podría ayudar a incrementar la estabilidad financiera. Además, las BBM serían más eficaces e incidirían menos en el crecimiento del crédito si se adoptaran antes de que se acumularan los riesgos”.

En cuanto a la vivienda, considera que “el rápido aumento de los precios” está “erosionando la asequibilidad y reduciendo la movilidad de los trabajadores, debe abordarse, sobre la base de las iniciativas del Gobierno para impulsar la oferta de vivienda”. “Las presiones derivadas del dinamismo de los mercados inmobiliarios urbanos y costeros están propagándose cada vez más a zonas circundantes”.

“La mayoría de las recientes iniciativas del Gobierno son bienvenidas, entre ellas las orientadas a fomentar la oferta de vivienda de alquiler asequible mediante la creación de una nueva empresa pública de vivienda (Casa 47) y un nuevo fondo público (España Crece)”, desglosa el FMI en su análisis. “Sin embargo, la oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda. Para ello es necesario acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más suelo para la construcción, simplificar y agilizar aún más los procedimientos de concesión de permisos —por ejemplo, difundiendo las mejores prácticas de algunas comunidades y ayuntamientos, como la agilización de la concesión de licencias y el uso de la inteligencia artificial— y reducir la inseguridad jurídica de los proyectos reactivando la reforma de la Ley del Suelo”.

Y critica los controles de precios y la Ley de Vivienda. “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años. La Ley de Vivienda que regula la declaración de ”zonas tensionadas“ para permitir controlar los alquileres también debería modificarse a fin de imponer la condición de que las comunidades adopten medidas concretas y cuantificables para estimular la oferta, incluida la liberación de nuevo suelo”.

El banco BBVA asume que la situación bélica y el cierre del estrecho de Ormuz puede impactar en la economía. “Las estimaciones de BBVA Research apuntan a un crecimiento sostenido en los países en los que tenemos presencia: 2,4% en España, 1,8% en México, 4% en Turquía y 3% en los países de América del Sur. Aunque la escalada del conflicto en Irán podría impactar negativamente en estas cifras si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz”, ha asegurado su presidente, Carlos Torres, durante la junta de accionistas de la entidad.

“El entorno sigue siendo incierto”, ha afirmado durante un discurso que ha obviado el fracaso de la oferta de compra (OPA) lanzada por la entidad sobre Banco Sabadell. “La fragmentación geopolítica y los conflictos, la transición energética, y la aceleración tecnológica están redefiniendo la economía global. Pese a la incertidumbre, la economía muestra una notable resiliencia, mayor de la prevista”, ha indicado Torres.

“En paralelo a este contexto de incertidumbre, estamos asistiendo a un ciclo de inversión muy intenso en inteligencia artificial, tecnología que emerge como uno de los grandes motores de transformación económica para los próximos años”, ha ahondado.

Torres ha asumido que el “entorno es cada vez más exigente”, pero que el banco está “en su mejor momento”. También ha dejado claro el papel que va a jugar la inteligencia artificial. “Se está produciendo una transformación estructural, caracterizada por sistemas autónomos, agentes inteligentes capaces de razonar y de ejecutar tareas cada vez más sofisticadas. Una transformación que cambia cómo trabajamos, cómo operan las empresas, cómo se crea valor en la economía”, ha afirmado en su intervención. “Estamos integrando la IA en todo el banco: en el asesoramiento a clientes, en la gestión de riesgos, en la automatización de procesos, en el desarrollo de software”, ha enumerado.

Los objetivos para los próximos años

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, también ha puesto el foco en la IA. “Aún es pronto para saber exactamente cómo cambiarán las cosas con la inteligencia artificial, pero lo que sí sabemos es que será una transformación rápida y profunda y que vamos a liderarla en el sector bancario, como ya hicimos con la transformación digital”.

Y ha apuntado el crecimiento que prevé el banco para los próximos años. “Con nuestro plan en marcha, avanzamos firmemente hacia los objetivos financieros que nos hemos marcado para 2028. En este ciclo estratégico aspiramos a un ROTE medio cercano al 22%”. Es decir, la rentabilidad sobre el capital que espera la entidad.

“Un crecimiento anual del patrimonio neto tangible por acción más dividendos en torno al 15%”, ha añadido Genç. “Una eficiencia en niveles próximos al 35%. Y queremos obtener un resultado atribuido acumulado de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028. Cabe destacar que hemos comenzado el ciclo muy en línea con estos objetivos”, ha apuntado el consejero delegado del banco.

El grupo Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) da un paso atrás y renuncia a su fusión con Indra, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión de la familia Escribano llega después de que esta semana el Gobierno hiciera oficial lo que era un secreto a voces: su descontento con la gobernanza de Indra en pleno proceso de integración con EM&E. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal accionista de Indra con el 28% del capital, ya había reclamado la salida de Escribano de la presidencia de Indra antes de seguir analizando su fusión con EM&E, su empresa familiar, al entender que existía un “conflicto de intereses”.

Tras esa comunicación por parte de la SEPI, el movimiento de la familia Escribano se ha producido solo unas horas después. “A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering SLU, por lo que EM&E se retira de la operación”, asegura en un escueto comunicado.

Hay que recordar que la familia Escribano mantiene el control sobre el 14% del capital del grupo de defensa, donde es el segundo mayor accionista. Además, Ángel Escribano ostenta el cargo de presidente ejecutivo y Javier Escribano, de consejero dominical, en representación de EM&E. Unos cargos que, al menos de momento, mantienen.

Unas tensiones evidentes

Tras este movimiento, que pone fin a un proyecto de fusión negociado desde hace meses, Indra asegura que “como consecuencia de lo anterior, el proceso de análisis de la referida potencial operación se da por concluido”, según ha indicado la compañía cotizada a la CNMV.

Las tensiones se han hecho evidentes a lo largo de esta semana. A última hora del miércoles, la SEPI comunicó al supervisor de los mercados que había “trasladado a Indra su preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha”.

También, que había “manifestado” que “una eventual operación con EM&E no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”. En ese momento, no daba la fusión por cancelada. “SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra”, indicó a la CNMV la sociedad pública presidida por Belén Gualda.

Desplome en bolsa

El anuncio se ha realizado aún con el mercado bursátil abierto y la acción de Indra ha reaccionado con una caída prácticamente inmediata, de más de un 16%. Finalmente, la acción de Indra ha concluido la sesión con un desplomen del 12.28%, dejando cada título a 50 euros.

Pone así fin a una escalada alcista, alimentada por el despegue del sector de la defensa. En concreto, en el último año, sus acciones acumulan (pese a esta caída) un repunte de más de un 86%. Actualmente, Indra vale en bolsa más de 8.800 millones de euros.

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado que la SEPI trabajaba en resolver la situación. “Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión”, ha indicado en respuesta a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Antes de conocer el fin de las negociaciones, el presidente de Indra, según indicaron varias fuentes a elDiario.es, no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, al considerar que cuenta con el respaldo tanto del consejo de administración como del capital de la compañía. Escribano entiende que ha sido refrendado en su cargo por más del 98% de la junta de accionistas, que se celebró el año pasado, y que no hay motivos para dejar la presidencia.

Según las mismas fuentes, el directivo cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber –controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, principal accionista del grupo Prisa–; o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arrancó la semana advirtiendo que el conflicto regional en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EEUU e Israel a Irán está lejos de ser una crisis más. La guerra ya ha provocado que el barril del petróleo supere los 100 dólares, sin contar los efectos del gas, la electricidad y el terremoto financiero en las principales plazas bursátiles del mundo. La economista búlgara fue clara en su conferencia en Tokio: “Piensen en lo impensable y prepárense para ello”.

El conflicto llega en el sexto aniversario de la paralización global a causa del COVID-19 y en el segundo año del segundo mandato de Donald Trump, un tiempo que ha sido suficiente para causar el caos mundial en dos ocasiones: primero con los aranceles y, ahora, con un ataque de consecuencias imprevisibles en una región clave para el suministro energético.

El precio del petróleo superó los 100 dólares esta semana por primera vez desde el estallido de la guerra de Ucrania, en 2022. Tanto el Brent, de referencia en Europa, como el estadounidense de Texas superaron esta barrera psicológica en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz, una lengua de menos de 40 kilómetros de ancho por la que pasa el 20% de la energía del planeta.

“Un cierre definitivo del estrecho de Ormuz es como un arma de destrucción masiva socioeconómica a nivel mundial”, defendía esta semana el director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), Haizam Amirah Fernández, en una entrevista con elDiario.es. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el conflicto ya ha retirado 10 millones de barriles de petróleo diarios del mercado. 

Esto ha obligado a una liberación masiva de 400 millones de barriles de las reservas de la AIE, una cifra histórica –es el doble de lo que se acordó en respuesta a la invasión rusa– pero que, como apuntan desde Caixabank Research, apenas cubriría el flujo habitual de 20 o 25 días.

Una victoria para Putin

Si alguien ha salido beneficiado del ataque a Irán ha sido la Rusia de Vladímir Putin. A pesar de que Irán es uno de sus aliados más cercanos –pero Moscú no ha movido aún ficha en el conflicto–, Trump ordenó este jueves levantar las sanciones al crudo ruso en circulación para tratar de evitar mayores subidas de precios. Las registradas hasta ahora están afectando a los ciudadanos estadounidenses, que este año votarán en unas elecciones de medio mandato que son clave para el control férreo del magnate neoyorquino. 

La autorización es de apenas un mes y afectaría, según el portavoz económico del Kremlin, a unos 100 millones de barriles que se encuentran en alta mar, según recoge EFE. Pero, con la subida del precio del crudo ruso, aliviará en parte las cuentas públicas, diezmadas por cuatro años de guerra de desgaste en suelo ucraniano. En solo dos meses, el déficit público alcanzó los 3,45 billones de rublos (unos 37.600 millones de euros), la cuantía prevista para todo 2026.

Además de en las gasolineras de todo el globo –en Estados Unidos ya es un 20% más caro echar gasolina, en un país donde la gente conduce más que camina–, el subidón del petróleo se ha traducido en un terremoto en los mercados financieros. En dos semanas el Dow Jones de la bolsa estadounidense ha perdido un 4,5%. El Ibex, casi un 7%. Y las bolsas europeas, medidas por el índice Euro Stoxx 50, más de un 6%.

“El mercado interpretó la guerra de Ucrania como un problema europeo, pero ahora interpreta la guerra de Irán como un asunto global”, considera Miguel Sebastián, exministro de Industria (2008-2011) y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. “Las bolsas europeas están cayendo más que la americana porque Europa es importadora de energía y es más vulnerable, pero ahora caen más a la par que en 2022, lo que indica que estamos ante una crisis más global”, apunta.

Por su parte, Calin Arcalean, profesor titular del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, señala que, si bien “la economía mundial podría estar mejor preparada para enfrentarse a cuellos de botella en la oferta que hace cuatro años”, las respuestas de los mercados podrían estar justificadas por el mayor nivel de incertidumbre que entonces.

Europa teme la “estanflación”

En los pasillos de las instituciones europeas se insiste en el temor a que la guerra de Irán y su alcance regional se traduzca en “un fuerte shock estanflacionario” –inflación alta y bajo o nulo crecimiento–, que no solo afecte a los precios de la energía. Varios líderes de países europeos, incluidos los que han sido más condescendientes con los bombardeos de EEUU e Israel, como el canciller alemán, Friedrich Merz, han pedido a Trump que termine ya con los ataques. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que si el conflicto se alarga varias semanas, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz y más ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo, “podría acabar generando un fuerte shock estanflacionario para la economía mundial y europea, con precios de la energía más altos que alimentarían una inflación más amplia, efectos negativos sobre la confianza, interrupciones en las cadenas de suministro y condiciones de financiación más restrictivas”.

Hay pánico a que una extensión temporal del conflicto acabe por afectar a toda la cadena de valor de la economía. El presidente del Eurogrupo, el ministro griego de Economía Kyriakos Pierrakakis, elevó las posibles consecuencias de la crisis “más allá de los precios de la energía, también mediante otras variables: el coste de los fertilizantes, el tráfico aéreo e incluso el impacto indirecto de las condiciones de financiación”.

Este miedo se apoya en la pobre ejecución de la economía en los meses previos. Este viernes se han dado a conocer los datos de producción industrial de la zona euro que cayó un 1,5% en enero respecto al mes anterior, según Eurostat. Este dato refleja la debilidad de la industria europea a la que ya se enfrentaba antes de la actual crisis energética.

Según un informe de la consultora Oxford Economics, en el caso de que el barril de petróleo alcance un precio de 140 dólares y se mantenga en esos niveles durante dos meses, los efectos podrían traducirse en un recorte de 0,7 puntos de crecimiento global que, en el caso de la eurozona, podrían empujarla a una “ligera contracción”.

En la Comisión Europea hay preocupación por la evolución de los precios del petróleo y el gas, pero admiten a la vez que “estamos en una posición mucho mejor que en 2022”, tras el choque inflacionario que supuso la invasión de Ucrania por Rusia. De hecho, se ha anunciado que la institución prepara un paquete energético destinado a “reducir las facturas de electricidad de ciudadanos y empresas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha llegado a poner sobre la mesa un tope al precio del gas. En su discurso en el Parlamento Europeo, Von der Leyen aseguró que “es crucial que se reduzca el impacto en los costos cuando el gas fija el precio de la electricidad. Estamos preparando diferentes opciones: un mejor uso de los acuerdos de compra de energía (Purchase Power Agreements) y contratos por diferencia, ayudas públicas estatales y explorar las subvenciones o el tope del precio del gas”. 

La presidenta de la Comisión Europea recupera una medida que impulsaron los Gobiernos de España y Portugal, la excepción ibérica, ante la crisis de precios energéticos de 2022. Aunque en aquel momento, tanto la Comisión como un grupo de países se posicionaron en contra, la intervención del mercado funcionó y ahora es una de las medidas que se vuelve a poner sobre la mesa.

La semana que viene se reúnen los líderes de los 27 países de la UE en una reunión en Bruselas donde podrían decidir y aprobar medidas para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes sobre los ciudadanos y las empresas. Bruselas se ha posicionado a favor de la propuesta del G7 de liberar las reservas mundiales de petróleo para reducir precios, pero se ha posicionado en contra de la medida propuesta por el Gobierno de Donald Trump de eliminar temporalmente las sanciones a la compra de petróleo ruso, ya que supone financiar la invasión rusa de Ucrania.

El BCE se debate entre la calma y la actuación temprana

Si hay un lugar en Europa donde se está calibrando al detalle el efecto en la economía de la situación bélica en Oriente Medio ese es Fráncfort. El Banco Central Europeo inició el año con la estabilidad por bandera, manteniendo los tipos de interés en la eurozona sin cambios en sus últimas cinco reuniones. Una sensación de continuidad que ha saltado por los aires, de forma similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con la Reserva Federal (FED en sus siglas en inglés); y con otros bancos centrales, que ante los visos de un aumento de la inflación están midiendo con mucho cuidado qué pasos van a dar con el precio del dinero. 

De momento, al menos en lo que se refiere al BCE, se reunirá esta semana con llamadas a no perder la calma. Una de ellas, la del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá que ve “muy improbable” un cambio en los tipos. “Tiendo a pensar que hay que esperar”, apuntó en declaraciones a TV3 para ver “el potencial” de este escenario bélico de “impactar negativamente sobre la economía mundial” que “dependerá de lo que se prolongue en el tiempo”.

También Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha instado a “mantener la calma dada la excepcionalidad de la incertidumbre” y a no “sobrerreaccionar” con un movimiento en los tipos de interés que pueda lastrar el crecimiento en un momento de tanta incertidumbre. “Predecir la inflación es ahora más complicado de lo habitual, dada la fuerte fluctuación de los precios de la energía durante la guerra en Irán, y la volatilidad del mercado puede amplificar los efectos económicos”, justificó De Guindos durante un encuentro en Madrid del sector financiero. 

Desde Alemania, el presidente del Bundesbank y miembro del consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, ha dejado claro que si hay impacto en la economía, Fráncfort reaccionará más pronto que tarde. “Debemos mantenernos muy vigilantes”, ha asegurado Nagel a Reuters. “Si se hace evidente que el actual aumento de los precios de la energía se traducirá en una inflación generalizada de los precios al consumidor a medio plazo, el Consejo de Gobierno del BCE actuará con decisión y prontitud”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de los tipos de interés en la eurozona.

De momento, lo que se empieza a constatar, tanto en Europa como en EEUU es que las hipotecas a tipo de interés variable ya están moviéndose. Por ejemplo, en España, el Euribor a 12 meses ha llegado esta semana a superar el 2,55%, según los datos que publica el Banco de España. También en EEUU hay tensiones al alza, porque este jueves la tasa promedio para una hipoteca a 30 años se ha situado por encima del 6,1%, registrando su mayor subida en un año –más de 10 puntos básicos– según los datos que publica el gestor de hipotecas Freddie Mac, que tuvo que ser rescatado por Washington en la anterior crisis financiera. 

Tras el impacto de sus decisiones militares en la economía real, Donald Trump ha lanzado un nuevo dardo al presidente de la FED para que baje los tipos. “¿Dónde está Jerome 'demasiado lento' Powell? Debe bajar los tipos de interés inmediatamente sin esperar a la siguiente reunión”, reclamó el presidente estadounidense en su red social. La FED también tiene previsto reunirse esta próxima semana, pero el mercado no espera un movimiento a la baja y menos que sea tan inmediato como reclama Trump que, de nuevo, no ha guardado las distancias con la FED, considerada un organismo de política monetaria independiente del poder político.

El campo tiene un problema con los fertilizantes

El encarecimiento del petróleo y del gas tiene otra derivada que, a día de hoy, parece bastante obvia: el precio de los alimentos va a subir. Lo hará por el efecto dominó de un gas que es más caro y de un estrecho de Ormuz bloqueado que también es paso imprescindible para materias primas esenciales en la producción de los fertilizantes, como es el caso de la urea. 

A escala global, en las últimas jornadas ya se ha visto un aumento de los precios de elementos esenciales, como los cereales, que cotizan en mercados estadounidenses. En ese mismo país, el Council on Foreign Relations, uno de los principales 'lobbies' sobre relaciones internacionales publicó este viernes un análisis donde recoge que “aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de fertilizantes transita por el estrecho de Ormuz” y eso puede desencadenar un efecto arrastre. 

“Los fertilizantes representan hasta el 25% del coste de producción de productos agrícolas, y la guerra pone en riesgo la continuidad de un tercio de su comercio mundial”, explica el citado análisis. “El envío de gas natural ha disminuido drásticamente” en las últimas jornadas, “lo que afecta a la materia prima para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo, Bahréin, Omán, Catar y Arabia Saudí, países afectados por el conflicto, son exportadores clave de fertilizantes como la urea, el fosfato diamónico (DAP) y el amoníaco”.

Centrando el foco en España, el problema a día de hoy –para las organizaciones agrarias consultadas por elDiario.es y, también, para fuentes del sector empresarial– es que el precio que se está repercutiendo al sector primario en los últimos días corresponde a materias primas que ya estaban en España cuando se produjo el ataque a Irán, lo que lleva a pensar en la especulación con este tipo de materiales esenciales para la producción de alimentos. Y si los precios en origen suben, lo acaban haciendo en la distribución. De hecho, esta semana, el presidente y fundador de la mayor cadena de supermercados, Mercadona, Juan Roig, reconoció que si su factura sube, la que pagan sus clientes también lo hará.

Un escudo social enfrentado a las reglas fiscales

Roig, de hecho, puso encima de la mesa la posibilidad de aplicar una rebaja general del IVA de los alimentos al 0%, similar a lo que se hizo en 2023, para aliviar la carga que supondrá a las familias. En el Gobierno lo rechazan. También los sindicatos. Una medida así es efectiva, ya que es inmediata y llega a toda la población, pero regresiva, en tanto que las personas con mayor capacidad de consumo son las más beneficiadas y, a la vez, resta recursos al Estado con los que financiar las políticas sociales.

El Gobierno apuesta ahora por medidas fiscales más enfocadas a los sectores afectados, fundamentalmente el campo y el transporte por carretera, y también en el ámbito energético, ya que es pronto para hablar aún de efectos de segunda. Ni se sabe cuánto puede durar el conflicto –los mensajes desde la Casa Blanca son confusos–, ni hay datos que cuantifiquen el impacto: los últimos datos oficiales de inflación son de febrero. Sí hay cifras de los surtidores: repostar este fin de semana es un 26,5% más caro en el caso del diésel y un 14,2%, en el de la gasolina.

La razón no es solo que el conflicto, de momento, no haya alcanzado la magnitud ni los precios de 2022, sino que, a diferencia de entonces, las reglas fiscales de Bruselas ahora están en vigor. Y este corsé está limitando mucho el margen de maniobra de los países. “La responsabilidad tiene que ver también con que hay que calibrar bien las medidas que se pongan encima de la mesa, también en base al coste fiscal que van a tener, sobre todo para darnos margen hacia delante de seguir respondiendo de manera proporcional a los desarrollos de este shock”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con los agentes sociales para valorar un primer paquete de respuesta.

Según Oxford Economics, los gobiernos europeos destinaron 600.000 millones de euros entre 2021 y 2022 para aliviar los efectos de la crisis energética. Solo en España, fueron 45.000 millones, de acuerdo con datos de La Moncloa. “Los Ejecutivos europeos están reaccionando con mucha mayor rapidez a la escalada de los precios energéticos que en crisis anteriores. Pero, a menos que los precios sigan altos por mucho más tiempo, la escala de esta intervención será probablemente muy modesta en comparación”, señalan los analistas.

¿Cuánto durará el conflicto? Es la pregunta clave para cualquier análisis. Lo “impensable”, según Georgieva, tendrá un efecto sobre el crecimiento mundial que no medirán hasta mediados de abril, cuando el FMI actualice sus previsiones económicas. En su anterior informe, anticipaban una caída del precio del petróleo del 8,7% para este año. El Gobierno de España manejaba un escenario de 68 dólares el barril. La última proyección de Funcas, el ‘think-tank’ de las antiguas cajas de ahorros, apunta a una inflación por encima del 3% durante todo el año. La única certeza es que cada misil en Oriente Medio es otro mordisco en el bolsillo.

El Ibex 35 cierra la semana en rojo tras tres jornadas de retrocesos. El selectivo que agrupa a las 35 mayores empresas españolas por valor en bolsa ha concluido la sesión del viernes con una caída del 0,47%, aunque se mantiene por encima de los 17.000 puntos.

En concreto, en la última sesión de la semana ha perdido 80,6 puntos, situándose en 17.059,3. En el cómputo semanal, se ha quedado prácticamente plano, porque solo se deja un 0,09% y, en lo que va de año, retrocede un 1,44 % acumulado.

Como telón de fondo, el aumento de los precios del petróleo, que no se toman un respiro; y el temor a que esto derive en una espiral inflacionista, a las puertas de las reuniones tanto del Banco Central Europeo, como de la Reserva Federal (FED en sus siglas en inglés).

En el siguiente gráfico se constata la evolución del Ibex 35 desde principios de año.

La evolución de las últimas semanas también tiñe de rojo a la mayoría de valores del Ibex. Si se mira la cotización una a una, solo dos empresas se salvan de ese paso atrás. Se trata de Endesa y, sobre todo, de Repsol que, desde el ataqué a Irán por parte de Estados Unidos e Israel ha vivido una revaloración de más del 20%.

En la siguiente tabla se resume la cotización de las empresas del Ibex en estas últimas jornadas.

El cierre de los mercados se produce tras una nueva jornada de subidas del precio del petróleo. En el caso del barril de Brent, el de referencia en Europa, llegó al final de la sesión por encima de la barrera de los 100 dólares. En concreto, por encima de 102 dólares, lo que aleja la perspectiva de un respiro en su cotización.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de barril de Brent en los últimos meses.

Mientras, el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EEUU, sube casi un 1,5% a media sesión de Wall Street, hasta 97,8 dólares por barril. 

En cambio, los futuros del precio de gas (el TTF que cotiza en la Bolsa de Ámsterdam) se ha mantenido ligeramente estable en la última sesión de la semana. De nuevo, en el entorno de los 50 dólares, según la cotización de cara al mes de mayo.

Mientras, el euro ha caído este viernes por debajo de 1,15, hasta el mínimo desde hace siete meses, presionado, de nuevo, por la crisis energética y el temor a un repunte de la inflación. En concreto, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el último cambio de referencia del euro en 1,1476 dólares.

Josep Maria Recasens es, al mismo tiempo, presidente de Renault España y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en un momento donde la industria del automóvil vive en continua incertidumbre. A la situación internacional se suma la competencia de los vehículos eléctricos chinos y la creciente conciencia de proteger el 'made in Europe', los coches ensamblados en Europa. “No podemos permitirnos no tener el control suficiente de componentes críticos del vehículo”, reconoce.

También, defender la competitividad para mantener el empleo, en un momento donde España está acelerando la venta de enchufables y en el que Renault quiere acelerar con el lanzamiento de 36 modelos de aquí a 2030, con la duda de qué papel van a jugar sus fábricas en España. Y, a esa tormenta perfecta, se suma la situación bélica en Oriente Medio. 

¿Cómo está de preocupado el sector del automóvil por el ataque a Irán? ¿Va a suponer un nuevo problema en las cadenas de suministro?

De momento, no. A pesar de las subidas o bajadas de bolsa, no hemos visto ningún impacto en las cadenas de suministro. Vamos a ver cómo se desarrolla, también con el tema del petróleo, pero en las cadenas de suministro, en lo que se refiere a componentes críticos, no tenemos proveedores en la zona.

En los últimos días, también hemos visto a EEUU amenazar a España con un boicot. Tenemos comprometidas importantes inversiones, tenemos una gran fabricante, como Ford en València. ¿Creéis que esto puede tener alguna consecuencia?

Espero que todo el mundo sea lo suficientemente razonable para que esta crisis se resuelva lo antes posible con cordura y sentido común.

La Comisión Europea acaba de abrir la puerta al 'made in Europe', que significa que si hay ayudas públicas al sector, el 70% del coche, salvo la batería, tiene que estar fabricado en Europa. ¿Estáis de acuerdo?

El concepto de 'contenido local' hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Uno es la soberanía tecnológica. En Europa, no podemos permitirnos no tener el control suficiente de componentes críticos del vehículo. 

Pero eso ya ocurre. 

Sí, sobre todo estamos expuestos en el vehículo eléctrico, especialmente con las baterías; o con los microchips que van asociados al vehículo conectado. No tenemos riesgo de exposición en la cadena del vehículo térmico, porque tenemos la cadena establecida, pero, como está emergiendo un nuevo ecosistema, ahí es donde surge el concepto de soberanía tecnológica o independencia tecnológica. 

Lo segundo es que siempre se van a vender coches. La pregunta es dónde se va a fabricar ese coche, esa batería. Puedes tener en España un millón de vehículos matriculados, pero que todos los vehículos vengan de China. Entonces ya no es solamente un problema de soberanía tecnológica, es un problema de empleo.

No nos negamos a competir, pedimos que todos compitamos en igualdad de condiciones. Un partido de fútbol es 11 contra 11; no 11 contra 5

¿Entonces estáis a favor del 'made in Europe'?

Sí. Hay que buscar políticas que nos permitan garantizar, de entrada, una competencia justa entre los distintos actores. No nos negamos a competir, sino que todos compitamos en igualdad de condiciones. Un partido de fútbol es 11 contra 11; no 11 contra 5. Es asegurar que Europa utiliza esta nueva ola tecnológica, bien sean baterías, coches eléctricos, conectados, inteligencia artificial o robótica, para reindustrializar nuestro sistema europeo. Estamos alrededor del 14% del PIB europeo industrial. Hay que utilizar esta ola tecnológica para volver a ser el 20%. 

La patronal de los fabricantes europeos ha dicho que tampoco se puede caer en el proteccionismo. 

Yo creo que Europa hasta la fecha ha sido relativamente naif, porque no nos hemos protegido. Hemos dejado las puertas del campo completamente abiertas, dejando entrar al libre albedrío a distintos actores y hay que poner ciertas reglas de juego. En Estados Unidos, supuestamente la región del mundo más liberal, dos administraciones no parejas como son la Biden y la de Trump tienen el IRA [la ley de Reducción de la Inflación], que no deja de ser un 'made in US', un cierto proteccionismo o una incentivación a que te establezcas en mi casa, bajo una serie de condiciones para reforzar mi economía, mi empleo y mi bienestar. Eso no es el proteccionismo del pasado, debilitarte por cerrarte, es incentivar e impulsar la productividad y la competitividad europea, sin cerrar las puertas a actores asiáticos o americanos que se puedan establecer en Europa, que es lo que se quiere. 

¿Es un 'made in Europe' aunque el capital sea chino, japonés o estadounidense?

Sí. No creo que nadie vaya a mirar el pasaporte de nadie. Al contrario, se pretende que ciertas tecnologías que, a lo mejor a día de hoy en Europa no se dominan, se den las condiciones, los incentivos, para que estos actores que no están en Europa vengan, se establezcan, inviertan, generen empleo, valor, propiedad intelectual y que transfieran ese conocimiento a la fuerza laboral europea. Lo único que se pide es la misma reciprocidad que nos pidieron ellos en su momento. Lo que está en juego es dar acceso, en este caso a Europa, a un mercado de 400 millones de clientes potenciales. Al igual que, en su momento, China dio acceso a un mercado de consumidores de 1.000 millones de personas. Se trata de crear una 'joint venture', al 50% [del capital]; o al 51% y 49%, con un actor local, para construir ese valor.

¿Igual que en Ebro? 

Como se ha hecho con Ebro, como se ha hecho con Santana. En España hay varios ejemplos que van en esa línea.

¿Estamos mejor preparados que otros países para atraer aquí a esos actores?

En España, más allá de la geografía o las infraestructuras, que juegan un papel importante, tenemos muy buenas infraestructuras que nos conectan con Sudamérica, tenemos acceso al mar. Hay un elemento, el alto consumo de electricidad, por ejemplo para las baterías o las gigafactorías; y tenemos sol y energía renovable. El hecho de tener este mix de energía renovable hace muy atractiva a España. 

¿Y va a haber nuevos actores chinos en España? 

¿Por qué no? No lo sé, pero cuanta más gente venga, sea de China, sea de Estados Unidos, sea del Golfo o sea del norte de Europa, bienvenida sea. 

En cuanto a la incertidumbre, para la industria del automóvil, para Renault, tener que estar gestionando cada poco una crisis. ¿Cómo os afecta? ¿Cómo os influye?

Con dificultad, porque la realidad es que si bien nosotros como sector o Renault en particular, tenemos la competición en nuestro ADN y hemos hecho frente a varias crisis en el pasado, la realidad y la novedad actual es que nunca antes hemos tenido que hacer frente a tantos retos de forma simultánea. Tenemos elementos de descarbonización, de tsunami regulatorio, de crisis de materias primas, de materiales o volatilidad de los precios de las materias primas. También tenemos la digitalización, la incertidumbre tecnológica, tensiones geopolíticas, nuevos competidores. 

Ante esa amalgama de elementos y de variables, lo más importante es la flexibilidad, la adaptabilidad y la resiliencia. Lo que tenemos que gestionar es incertidumbre. No hay una certeza como podíamos tenerla hace 10 años, cuando vivíamos en un mundo relativamente estable, donde la geopolítica no estaba en la agenda.

Renault ha anunciado un nuevo plan estratégico. ¿Cuáles son sus principales claves en el contexto actual, con el 'made in Europe' como telón?

Con futuREady pretendemos continuar el impulso de crecimiento y transformación de la compañía que hemos tenido en los últimos años. Estamos en nuestro mejor momento. Este plan se articula en cuatro ejes fundamentales: producto, tecnología, excelencia operacional y confianza con nuestros 'stakeholders'. Europa juega un papel fundamental en nuestro plan. A nivel de producto, lanzaremos 36 nuevos modelos de aquí a 2030, de los cuales 22 se lanzarán en Europa y 16 serán 100% eléctricos, siendo una muestra más de la relevancia de la electrificación. A nivel global, la empresa aspira a generar resultados financieros sólidos y resilientes de manera duradera: un margen operativo del grupo de entre el 5% y el 7% de la cifra de negocios y un free cash-flow superior o igual a 1.500 millones de euros anuales de media.

¿Cómo se concreta futuREady en España? ¿Cuáles son vuestros planes aquí?

El plan de la compañía es localizar en España la nueva generación de vehículos eléctricos del segmento C, basados en la nueva plataforma RGEV Medium 2.0., la más novedosa y al más alto nivel tecnológico del grupo, lo que llevaría a nuestro país a una nueva dimensión. Se trata de una plataforma para vehículos eléctricos puros y de autonomía extendida con autonomía de hasta 750 y 1400 kilómetros, respectivamente, y una carga rápida de hasta 10 minutos. Además, contará con electrónica centralizada, 'software define vehicle', que se convertirá en la antesala del coche inteligente. Sobre ella, además, pivotarán todas las innovaciones tecnológicas que se introduzcan en nuestros vehículos, lo cual es una gran oportunidad para la planta a la que se asigne. Por todo ello, estamos ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. España, al igual que otros mercados donde tenemos presencia, es candidata para recibir este proyecto. Pero necesitamos cerrar el acuerdo con la representación de los trabajadores para firmar un nuevo convenio colectivo que nos permita asegurar la competitividad en costes laborales, continuar siendo flexibles y bajar los niveles del absentismo sistémico que tenemos en España.

Entonces, ¿va a haber más modelos en las plantas españolas?

Yo estoy convencido de que habrá más modelos. Podemos sentirnos muy orgullosos de la gente, de la fuerza laboral que tenemos en Palencia y en Valladolid. También de la relación con la representación social a la hora de adaptar los programas productivos a las flexibilidades de oferta y demanda. Podemos estar muy orgullosos de ser una de las plantas punteras en términos de competitividad y calidad en el ranking de las distintas fábricas del grupo Renault en todo el mundo, con lo cual las condiciones son muy buenas, pero tenemos que preservar estas condiciones de competitividad para ser elegibles para futuras asignaciones de modelos, especialmente los eléctricos. 

Para masificar el vehículo eléctrico y no hacer vehículos para millonarios, sino hacer millones de vehículos para millones de personas, hay que ser competitivos

¿El futuro de esas plantas, al final, tiene que ser hacer eléctricos? 

Lo va a dictaminar el mercado, que tiene que ser el que tire de la demanda. A nivel europeo tenemos que ser capaces, ya no de estar en el 20% de vehículos eléctricos puros, como es a día de hoy, subir al 30%, continuar al 40%. Eso dará una masa crítica de demanda que hará que las fábricas que están en Europa estén cualificadas para producir estos vehículos. No podemos fabricar más vehículos eléctricos, por más que nos gusten, si no hay un mercado final que los vaya a aceptar. 

La realidad es que en Europa tenemos un 20% de vehículo eléctrico puro; en España tenemos alrededor del 10%. Para masificar el vehículo eléctrico y no hacer vehículos para millonarios, sino hacer millones de vehículos para millones de personas, hay que ser competitivos.

En el Plan Auto 2030, al final está muy claro que se tiene que conseguir que haya un coche barato fabricado aquí. ¿Ahí qué papel tiene que tener Renault? Porque, de momento, el coche eléctrico no es accesible para millones de personas.

Todos los constructores tenemos una estrategia que va de arriba a abajo. No tenemos todavía la suficiente escala para bajar costes. Eso hace que las baterías, que son el 40% del coste del vehículo, hacen que sea más caro, pero irá bajando paulatinamente, porque vamos a tener tecnologías más accesibles, tendremos el efecto escala. El mercado y los costes se van a abaratar.

En cuanto a cómo incentivar, en el Congreso decayeron las ayudas al IRPF. ¿No hace falta un consenso político, un consenso de país?

Yo diría es que hay un consenso, es lo que hemos presentado a finales del año pasado con el Plan Auto 2030, donde desde Anfac, con el liderazgo del Ministerio de Industria, hemos sido capaces de juntar al sector, constructores, proveedores, concesionarios, Estado, comunidades autónomas, municipios, sindicatos, para ver la foto global y hacernos la pregunta: qué es lo que necesitamos como economía, como sociedad, como sector, en su conjunto, para ser competitivos, no este mes, sino en 2030 y 2035.

Pero ahora mismo la gente no siempre tiene claro qué ayudas hay por la compra de un eléctrico.

Este plan, en el apartado de demanda, es precisamente eso. Una de las peticiones del sector es que no puede ser que tengamos que ir, cada seis meses, a mendigar que se nos acaban las ayudas, si el Plan Moves continúa. Necesitamos fórmulas de financiación que nos permitan tener esta certeza y estabilidad. Por eso son importantes ayudas en un horizonte a cinco años.

Los fabricantes no están en un momento fácil. En el caso de Renault ha comunicado pérdidas de más de 10.000 millones ¿Cómo se revierte esa situación y cómo afecta financieramente al negocio en España?

Es una realidad que todos los constructores estamos sufriendo un deterioro de nuestras cuentas de resultados. No es un hecho reciente. El año pasado vimos distintos 'profit warnings' de compañías que hace cinco años quién lo hubiera pensado y no han sido compañías generalistas o marcas generalistas, han sido marcas premium o incluso de lujo. ¿Quién podría pensarse que Stellantis haría un deterioro de 22.000 millones de euros? Primero, es el resultado de la cantidad de retos que tenemos que gestionar de forma simultánea. En segundo lugar, de unas previsiones de vehículo eléctrico que no se están cumpliendo. Los constructores están haciendo grandes inversiones para acomodar producto y tecnología, para fabricar vehículos eléctricos con márgenes inferiores que con los térmicos. Eso hace que haya tensiones a la hora de cuadrar la cuenta de resultados. 

¿Y cómo se solucionan esas pérdidas? Porque al final es un agujero que hay que tapar. 

El sector del automóvil es un sector cíclico, con ciclos de bonanza y ciclos menos positivos y nos encontramos en esta situación. Hemos superado todas las crisis del pasado y la crisis que tenemos enfrente la vamos a superar. 

¿Los accionistas tendrán que inyectar más fondos?

No. En las cuentas de Renault tenemos liquidez.

Las plantillas temen, no solo en el caso de Renault, que esta situación pueda ir hacia abajo y les afecte. ¿Esta situación financiera puede afectar al empleo?

Cada uno tiene su responsabilidad, necesitamos a nuestros socios de ventas, para que los vehículos lleguen a los clientes. Necesitamos que las fábricas fabriquen en tiempo, en forma y en calidad, que sean competitivas, que tengan productividad, que tengan flexibilidad. Todo este conjunto que hará que el ecosistema financiero de una compañía funcione. 

¿Pero puede haber planes de salidas, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)?

A día de hoy, no.

Las plantillas también temen que, si se aprieta mucho la tuerca de la competitividad, esa tuerca se rompa. 

Vivimos en un mundo ultra competitivo. Yo deseo, por egoísmo puro, que nuestras fábricas, nuestras marcas, nuestro grupo sea el mejor del mundo, pero no quiero que esto sea un monopoly. Necesitamos que haya suficientes actores en el ecosistema español y europeo para que conseguir este progreso y bienestar que genera el sector del automóvil en empleo y generación de valor. 

Para concluir, respecto a la incertidumbre actual, cuál es el reto qué da más miedo le da o el primero que hay que solucionar.

De entrada, necesitamos estabilidad a nivel planetario. Una vez tengamos estabilidad geopolítica, que está complicado. Luego, sabremos jugar, a cambios tecnológicos, a la inflación, a roturas de stock, a nuevos competidores. En segundo lugar, que se racionalice la cantidad de regulación a la que estamos sometidos. Es indecente. En Renault, casi una cuarta parte de nuestros ingenieros están dedicados a lidiar con los cambios de regulación. No es que neguemos la regulación, simplemente que se haga de forma más unificada.