Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás. 

Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.  

Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas

A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.  

Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios. 

Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.  

Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.

El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria. 

La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.

Tanta batalla tras batalla, tanto exigirnos a nosotras mismas alegría combativa, tantos 25N y 8M, con su rebeldía y su insumisión salvajes sumadas a la lucha cotidiana, tanto denunciar y luchar, y construir y despatriarcalizar… pasan factura. De cuando en cuanto hay que parar, respirar lo que ocurre, sentir lo que bulle dentro y alrededor, y dar espacio también a lo que duele, que ni es poco, ni menor, ni carece de valor ético-político, ni, desde luego, es menos comunitario que individual. Guerra, fascismo, imperialismo, colonialismo desatado, saqueo ecológico… el mundo está enfermo y los feminismos nunca hemos luchado ni nos ha afectado únicamente lo que atañe estrictamente a la desigualdad patriarcal. Y decía la gran Emma Goldman que si no se puede bailar, no nos interesa la revolución; pero tampoco admitiremos una revolución inhumana, sin espacio ni tiempo para los sentimientos como la tristeza que, ajenos a criterios economicistas, el sistema aparta porque no producen.

Sin quitarle la razón a Baruch Spinoza cuando decía que la tristeza es una pasión triste, que disminuye la potencia de obrar y pensar de una persona, también es cierto que el patriarcado capitalista nos ha tratado de vender que hay que vivir sin parar, que nuestro destino ha de ser producir y producir, y que la interrupción del imperativo de producir o de ser feliz resulta inadmisible. Pero son, precisamente, la “inoperosidad”, como la llama Giorgio Agamben, que detiene la máquina productiva, el no hacer, la pasividad y la paciencia, las semillas de una receptividad que deja espacio para que llegue la novedad, hospitalaria con esa otredad que nunca brotará si te la pasas repitiendo al infinito el bucle de la cotidianidad en que te encierra el sistema productivo. Nada bueno puede venir de perpetuar las dinámicas del patriarcado capitalista, racista y colonial. La tristeza, en ese sentido, es, de entrada, una interrupción.

Marha Craven Nussbaum, estudiosa feminista perteneciente al muy interesante “giro emocional o afectivo”, corriente teórica contemporánea que sitúa los afectos y emociones en el centro del análisis filosófico, sociológico y político, entiende la tristeza como una emoción cognitiva de gran complejidad que revela información crucial sobre lo que valoramos y sobre nuestra vulnerabilidad. Por un lado, reconoce que un mal ha ocurrido y que ese objeto perdido era inmensamente valioso para nosotres: no sentir tristeza implicaría que el objeto carecía de verdadero valor a nuestro juicio, y en este sentido la tristeza funciona como un indicador de prioridades y compromisos éticos profundos. Por otro, nos muestra que no somos autosuficientes y da cuenta de nuestra vulnerabilidad, nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas con las de otros, que dependemos de vínculos y cuidados: nuestra capacidad de sentir tristeza refleja tanto la fragilidad como la riqueza de nuestras relaciones. Así, ya no es únicamente un sentimiento privado, sino un acceso al conocimiento sobre lo que importa en nuestra existencia y una guía para la acción ética y la sensibilidad hacia la comunidad.

Judith Butler, feminista también, aunque desde otro marco filosófico, coincide en que la comunidad se forma en la experiencia compartida de la vulnerabilidad y puede producir una apertura ética, pues podemos reconocer mediante su vivencia que los otros también están expuestos al daño. Esta conciencia puede generar formas de solidaridad que no se basan en la identidad o la afinidad, sino en el reconocimiento de una condición común de fragilidad, porque la pérdida rompe la ilusión de autosuficiencia y nos expone a algo que ya estaba ahí: nuestra dependencia de otros. El problema político estriba, señala Butler, en que algunas vidas son lloradas —dignas de tristeza— pero otras ni siquiera son consideradas llorables.

Desde este marco, nuestra tristeza por las violentadas, las explotadas, las abusadas, las controladas, las asesinadas, física o simbólicamente… es una forma de dar cuerpo al lema “lo personal es político”, otorgándoles al duelo y a la propia tristeza una dimensión transformadora. Ambos nos conectan y hacen conscientes de la fragilidad humana, elementos esenciales, a juicio de Nussbaum, para una sociedad compasiva, con la inteligencia emocional necesaria para valorar la vida aceptando que la vulnerabilidad la atraviesa.

Por eso este 8 de marzo, ante un mundo inundado de ideología de guerra y fascismo, de racismo e intolerancia, de mentiras y desregulación político-moral, parece cuando menos lógico dar espacio a la tristeza, y acordarnos de las que han sufrido, han perdido o pierden, de las que han quedado por el camino, de las que tal vez no acudirán a la manifestación por motivos que van desde la responsabilidad hasta la enfermedad, pasando por la misma muerte. Aquellas que todas o casi todas somos alguna vez, aquellas que pese a todo lo avanzado sufren lo mucho por conseguir y siguen en uno o varios de los múltiples arcenes de esa autopista a la “igualdad entre” —que nada tiene que ver con la “igualdad a” los varones que tanta confusión sigue generando— que se supone son ya los feminismos. Queda mucha caminata a la igualdad: algo que sabemos desde el cuerpo quienes amamos la diversidad y la diferencia pero no la falta de equivalencia.

Sara Ahmed, otra de las teóricas claves en el giro afectivo, resalta cómo las emociones circulan socialmente, pues no son privadas, sino que crean orientaciones colectivas. El miedo, por ejemplo, organiza la política del racismo; el odio cohesiona la lacra del fascismo; y, en las sociedades contemporáneas, la tristeza está proscrita, porque la felicidad es una exigencia normativa: debemos ser felices, optimistas, positivas. Cuando se expresa malestar, tristeza o enfado frente a determinadas estructuras sociales, con frecuencia se te acusa de ser negativo, de arruinar el ambiente, de resultar “aguafiestas” (killjoys). Y este es el sino de una feminista. Porque señalar una injusticia es introducir una incomodidad que interrumpe el mandato o imposición neoliberal de ser feliz. Sianne Ngai habla de “afectos feos”, así juzgados porque no producen acción inmediata ni explosión política, pero producen algo muy importante: percepción crítica, conciencia de un malestar estructural.

Así que sí, este domingo marcharemos con alegría, sí, pero sin avergonzarnos de nuestra tristeza. Cargadas de emociones y razones. Porque los feminismos son memoria y no olvidaremos a las que están muriendo en Palestina o Irán, a las que llegan por travesías imposibles a una Europa poco hospitalaria y muy racista, a las que luchan por vivir como se sienten ni a las que viven para sentir como luchan, a quienes se dejan la vida criando o a quienes cuidan en silencio a otros seres vulnerables y heridos, a las derrotadas, las cansadas, las tristes, las enfermas, a todas y cada una de las víctimas de las normas patriarcales, neoliberales, racistas y coloniales…  porque somos vulnerables y no podemos ni queremos ocultarlo. Y que tiemble el patriarcado ante la fuerza de la nuestra consciente fragilidad.

Este domingo pasado a las 18.00 horas se concretaba una concentración que llevaba siendo un rum rum desde que se supo que la llegada a Cartes de 20 niños y/o adolescentes migrantes —menores solos, en cualquier caso— había desatado todo el racismo indisimulado de representantes políticos tanto del PP como del PSOE. La idea de que “los vecinos” habían “abarrotado” la sala consistorial corrió como la pólvora, incluso en algunos medios estatales de esos que jamás tienen a Cantabria en el radar… pero parece que nadie se percató de que se trata de una sala minúscula, en la que apenas cabía una treintena de personas, probablemente los más exaltados del pueblo. Con esas mimbres, daba un poco de reparo, pero un grupo de gente nos acercamos a una concentración en el pueblo, contestando a la petición de apoyo de personas de Cartes y Torrelavega que querían hacer algo para mostrar su desacuerdo e indignación: gente que sí quiere acoger en su pueblo a esos menores migrantes solos.

 A la concentración asistió más de un centenar de personas que quisieron dejar claro que en Cantabria somos acogedoras, algo nada desdeñable teniendo en cuenta que el ambiente no era el ideal. La actitud violenta de algunos vecinos en el pleno que habíamos visto en videos echaba para atrás. Tampoco acompañaba el saber que el día anterior había habido en una sala de Santander —que de un tiempo a esta parte es la sala nazi-fascista de moda— un ‘encuentro’ sobre “remigración”, aunque hasta la fecha sus organizadores parece ser que han tenido que importar fascistas incluso de Italia para poder sumar unos cuantos asistentes. Por todo un poco, en las redes se percibían reparos y hasta cierto miedo: señal de que lo que está ocurriendo en Cartes va de algo más que de veinte niños/as migrantes solos.

La concentración fue en el Torreón, un lugar a unos metros de donde se alojará a los chicos y, por tanto, a escasos metros del lugar en el que a las 19.00 horas se concentrarían quienes se está denominando en medios y redes “los vecinos de Cartes”, con artículo determinado y generalizador, para injusticia de la mucha gente no racista que sin duda hay en el pueblo. Llegada la hora, mientras algunas salíamos de la zona conflictiva, pues nada más lejos de nuestra intención que generar crispación, pudimos comprobar que, al menos este domingo, día previo a la presunta apertura del centro, serían menos de 30 personas las concentradas —y al menos dos eran agitadores de Vox con cartelería de imprenta preparada—, cuando Cartes tiene una población de 6.000 personas. Pudimos oír correr bulos sobre la presencia de personas que contradecíamos su discurso racista como “esa gente que está subvencionada”… cuando pagados estarían probablemente los enviados por Vox que tenían puesto de merchandising fascista, incluidos carteles de “zona peligrosa” o similar —no recuerdo bien— para colocar en la calle donde habitarán los pobres chicos.

Lo que está ocurriendo en Cartes recuerda a puntos esenciales de Los orígenes del totalitarismo, una obra de Arendt mucho más extensa y pormenorizada que Eichmann en Jerusalén y una referencia esencial en el estudio de los mecanismos que caracterizan el racismo y el totalitarismo que, tristemente, no es ni mucho menos tan citada, por no hablar de visitada. Arendt muestra que para sembrar el fascismo o el racismo no hacen falta mayorías: el clima importa tanto o más que el número, por lo que es esencial cuidar el ambiente que generamos si no queremos darle alas al fascismo.

El problema no estriba en cuántos son los que claman contra la llegada de los jóvenes migrantes, sino qué tipo de mundo producen. Una treintena de vecinos fachas y chillones pueden no representar a nadie, pero reconfigurar el espacio común, porque el efecto que producen no es la adhesión a su mensaje, sino la retirada del espacio público, el silencio del resto de los 6.000 habitantes del pueblo que, por tanto, no es que sean racistas, sino que se vuelven silenciosos. Arendt habla del aislamiento y la soledad que caracterizan a los regímenes totalitarios, que significan la destrucción del mundo común.

Lo primero que generan la treintena de vecinos que vocifera que no quieren que los menores sean acogidos en su pueblo es que la gente deje de hablar en público, deje de posicionarse para evitar problemas: el espacio común es percibido, así, como hostil. Y cuando la esfera pública se percibe como peligrosa, la acción se repliega. No hay aún totalitarismo, pero la política —actuar y hablar con otros en un espacio público compartido— empieza a desaparecer y queda solo ruido y miedo difuso. Y hay un paso entre esta retirada a la soledad que tanto conviene a la proliferación de estas ideologías venenosas a la incapacidad para la incidencia en los asuntos comunes: es cuando ya resulta mejor no decir nada y la gente con valores solidarios empieza a sentir que está sola. Objetivamente no es verdad, y probablemente en Cartes haya muchísima gente que quiera acoger o simplemente no tenga temor ninguno a una veintena de menores, pero la soledad no describe una situación, produce una percepción que rompe la confianza, desactiva el juicio y hace que quien disiente dude de sí. No se ha ganado el consenso, se ha destruido el mundo común.

El grito, así, es una tecnología política. Lo que hace una treintena de egoístas y racistas exaltados no es argumentar: les basta con gritar, repetirse, ocupar espacio sonoro y visual. No consiguen convencer pero sí saturar, expulsar, convertir el espacio compartido en el que se debería construir una opinión pública diversa en inhabitable a la palabra de cualquier otro. Es la antesala del dominio: impulsar el aislamiento y la desorientación.

Y aquí entramos en la cuestión de fondo, porque no se trata solo, tal como están las cosas hoy día, de los niños y niñas migrantes. Estas criaturas no son el “problema”, son el pretexto empleado para producir soledad política. Por eso estaba Vox en Cartes. Se usa a los niños para dividir y forzar alineamientos y el resultado es una comunidad con un espacio público inquietante, en el que no se puede hablar con libertad. El resto del pueblo recuerdan a los niños y niñas que callan ante el bullying, que no están de acuerdo pero se retraen: la “víctima” inmediata son los niños migrantes pero la víctima estructural es la comunidad entera. Políticamente es dramático que gente que no es racista acabe defendiendo mantenerse al margen como forma de prudencia, es una forma de muerte de la democracia.

Por eso, quienes creemos en los valores solidarios de acogida, quienes creemos que los derechos de niñas y niños están por encima de todo, quienes sentimos que una sociedad no merece ser considerada tal si deja atrás a los más débiles, debemos usar la palabra en el espacio público, en cualquiera de ellos: colegios, trabajos, tiendas, parques, medios... Dar contenido a la democracia. Y usarla, también, para analizar los datos y no consentir que el fascismo se engrandezca artificialmente. Prudencia, sí, pero hay que combatir el miedo que paraliza y aísla.

Y para protegerse de estos mecanismos endiablados hacen falta gestos colectivos. Un clima así no se rompe simplemente convenciendo con argumentos ni datos: no, si se trata de un debate público con gritones que se alimentan de centralidad, no de razones. No se trata de callarles, sino de que el resto del pueblo deje de sentirse solo, tenga espacio para opinar. Porque cuando dos o tres se encuentran en la calle defendiendo otra postura el clima cambia: el miedo baja y el grito deja de sonar mayoritario para mostrarse como lo que es, estruendo, alboroto, ruido. No es tan importante ser muchas como conseguir una visibilidad compartida que muestre la diversidad que alimenta la democracia y combate esa vía estrecha que es el fascismo.

Ayer fue una concentración y confío en que habrá otros gestos, y quizá algunos ni los veamos en los medios que tanto gustan del sensacionalismo. Y los y las vecinas de Cartes son protagonistas, están en la primera línea, pero esto no es solo una cuestión suya, sino, como poco, de toda nuestra comunidad autónoma, en la que muchas/os queremos ser acogedores… y que no se extienda el silencio atronador que provoca el fascismo.

El verano pasado los niveles de indignación ante el genocidio sionista en Gaza alcanzaron máximos: gente por todo el mundo se levantaba para mostrar su indignación ante la inhumanidad intolerable que estábamos, no obstante, normalizando, día tras día. En Laredo y en Cabezón, donde se llevaba tiempo haciendo un trabajo encomiable, la respuesta fue un auténtico clamor. El trabajo incansable e impagable de quienes nunca dejaron de creer en la necesidad de manifestarse por todos los medios a nuestro alcance, rechazando la aniquilación programada de todo un pueblo con el silencio cómplice de la comunidad internacional, tenía por fin sus frutos: nunca minusvaloremos el poder de los pequeños grupos humanos que denuncian lo intolerable, porque han sido la semilla del progreso ético de la humanidad.

Pero nos mandaron para casa y a casa volvimos como ovejitas obedientes. Quisimos creernos —unos más, otras menos, otres nada de nada—la mentira infame de una paz en Palestina que no era sino su sentencia definitiva de muerte: la Paz de Trump, menudo oxímoron. Hoy Trump crea su ONU alternativa, la llamada Junta de Paz, y reúne a todo lo peor de este planeta en un grupo de muchimillomarios —todos ellos hombres, por cierto— cuyo único interés es sacrificar Gaza al dios del capital, pretendiendo convertir el genocidio en una oportunidad inmobiliaria, tal vez ese resort del que hablara el demente presidente de los Estados Unidos para bailar literalmente sobre las tumbas de cientos de miles de seres humanos masacrados por la despiada avidez de los colonos israelíes, esa lacra de la humanidad.  

Pero el próximo sábado 31 a las 12.00 horas, volveremos a las calles, de la mano del Comité-Interpueblos, atendiendo con ello al llamado de la Red Estatal Contra la Ocupación y la Colonización de Palestina, y con el apoyo de otras muchas organizaciones, asociaciones y personas de Cantabria. La manifestación partirá del Complejo Ruth Beitia y llegará hasta el Carrefour del Alisal de Santander para pedir un embargo total de armas y la ruptura de relaciones con Israel y con una elección de recorrido que apunta al movimiento internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Hay muchas formas de lucha y denuncia, y hoy día una de ellas tiene que ver con el consumo o, mejor, con el desconsumo: el boicot a productos que sustentan la ideología colonialista y genocida sionista. 

Y es que la salida del complejo dedicado a la deportista y excandidata fallida del PP quiere subrayar el hecho de que la participación del Israel Premier Tech que tanto nos indignó en la Vuelta ciclista no fue algo puntual: Israel tiene todo un plan para utilizar el deporte como arma propagandística internacional que blanquee su imagen. Ahora es la participación del Maccabi Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto el ariete de su ofensiva ideológica, que ha llevado a reactivar el movimiento de boicot en el ámbito deportivo. Van varias visitas protestadas, en Barcelona, Madrid y Valencia, y el movimiento cívico de apoyo al pueblo palestino y la petición de respeto a la legalidad internacional que Israel viola sistemáticamente han sido respondidos por las delegaciones de nuestro progresista Gobierno, que se dice comprometido con Palestina, con cargas policiales y detenidos. 

Este mismo Gobierno, por cierto, mediante su policía, no ha dudado en multar a varias personas en Cantabria —y por supuesto, en otros sitios— por aquellas protestas en la Vuelta, aplicando la antidemocrática Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes han recibido las multas no van a estar solas para hacerlas frente: tendrán a su lado, en todo momento, el apoyo de los movimientos sociales y las personas comprometidas de Cantabria, que ya están movilizadas para ello. Es demencial y para preguntarse: ¿Acaso sería alguien capaz de censurar o defendería multar a quien se opuso al nazismo de Hitler? Pues estamos en una tesitura en que las comparaciones no son ya desproporcionadas en absoluto.

Vivimos tiempos en los que la ideología más terrorífica del siglo XX asoma más que la patita y quedarse quieto o en silencio te convierte en cómplice del retorno de lo peor. El autoritarismo más brutal está a la orden del día y lo que ayer parecía imposible hoy es ya una realidad en un mundo completamente desregulado en el que han caído hasta los trampantojos legales que transmitían una mínima sensación de justicia, democracia o simple seguridad.

El ICE, la Gestapo de Trump, ha asesinado ya a dos personas, Renee Good y Alex Pettri, ciudadanos comunes y corrientes que vigilaban sus prácticas nazis contra las personas racializadas en Minnesota mientras el demente a los mandos pretende decidir el futuro de Palestina, al tiempo que secuestra presidentes y exige nuevas colonias —véase Groenlandia—para calmar su sed de combustible fósil. En el desorden mundial que habitamos, tumbada ya todo tipo de legislación internacional, por no hablar de los derechos humanos, por la vía de los hechos —algo en que la UE abrió brecha con su negativa a acoger a los refugiados—, debemos cuidarnos de responder al avance de este nazismo descarado. Merece la pena quedarse afónico gritando que Palestina no puede acabar siendo un resort en manos de Trump, Netanyahu y su internacional de la crueldad. 

Volviendo a la manifestación, esta finalizará en la explanada del Carrefour del Alisal porque la multinacional minorista con sede en Francia tiene un acuerdo de franquicia con Electra Consumer Products, empresa pública israelí, a través de su filial Yenot Bitan, que manufactura productos con etiquetado de Carrefour que comercializa en todo Israel, según muestra la investigación 'Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales' firmado por 80 organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam. Nueve tiendas Yenot Bitan están distribuidas en los territorios ocupados, dos de ellas operan con la marca de Carrefour en su fachada. En el mapa promocional de Carrefour Israel, la empresa apoya abiertamente la demanda de soberanía de Israel sobre los territorios palestinos ocupados, contraviniendo el derecho internacional. Apoyar esos acaparamientos ilegales de tierras que expulsan a las familias palestinas indígenas de sus tierras, las despojan de sus recursos naturales y niegan su derecho a la autodeterminación es razón suficiente para dejar de comprar en ese hipermercado y tratar de hacer que nadie más lo haga hasta que no cambien sus lealtades. 

Hay que responder cuando la destrucción se normaliza, cuando el lenguaje del progreso encubre el exterminio y cuando el silencio empieza a parecer razonable. Volver a la calle es una forma mínima de esa respuesta. No garantiza nada, pero rehúsa aceptar que todo esté decidido. El cinismo es hoy una forma de dominación: es la actitud más funcional al desastre que nos convenzamos de que nada sirve. Y quizá no podamos detener la maquinaria del horror, pero sí podemos luchar sin descanso para que la atrocidad no se nos instale dentro.

Eróstrato fue un pastor de la Antigua Grecia, allá por los tiempos en que Alejandro Magno llegaba al mundo, que quemó un templo sagrado únicamente para que su nombre se recordase. La estupidez en que degenera la preocupación mal digerida con la fama ya hacía de las suyas bien temprano en la historia occidental. Como aquel pirómano, abundan en la actualidad los especímenes dispuestos a todo por conseguir un 'like' en redes sociales. Es lo que se denomina, por alusiones, “Síndrome de Eróstrato” y el problema es que hoy los Eróstratos o las víctimas de cierto porcentaje de 'erostratez' se cuentan por miles.

La fama es una de las drogas duras del siglo XXI y va acompañada de ruido, mucho ruido, barullo ambiental que es tan malo para la comunidad como para nuestras singularidades. Como buena droga, tiene sus camellos, todos y todas las que participamos en las redes sociales, y también sus narcos, los Zuckerberg y los Musk, que se lucran de efectos cuya intensidad es directamente proporcional a la inanidad del motivo del minuto de gloria. Un tweet, un tiktok, una foto o un reel en Instagram, un video en YouTube… cuanto más idiota o fútil, más enganchado dejarán al sujeto a la espera de un subidón que nunca supo bien por qué llegaba.

El llamado “Fake Famous”, es un experimento social, realizado para un documental de Nick Bulton en 2021 en el que tres personas no famosas intentan convertirse en influencers en redes sociales fingiendo ser famosos, comprando seguidores y simulando un estilo de vida lujoso. Por su parte, el “existencialismo digital” es la modalidad de popularidad inmediata que llega por no hacer nada en particular, por existir de manera peculiar, avalando la idea de que la falta de esfuerzo puede ser un atractivo en sí mismo. Estos y otros fenómenos propios de las redes generan exfamosos del instante que pasarán el resto de su vida anhelando la llegada otro momento de celebridad random que probablemente nunca vuelva. Son comportamientos de “like-adictos” capaces de exponerse a situaciones de riesgo o a entregar su vida íntima al escrutinio público, obsesionados con el reconocimiento y la popularidad traducidos en 'Me gusta'.

Un minuto de notoriedad idiota no es tan dañino para quien lo vive como la fama obtenida por, pongamos, una premio Nobel, aunque la fama, per se, tiene peligrosos efectos secundarios. Epicuro, ya en el siglo IV antes de nuestra era, advirtió sobre los peligros de placeres no naturales ni necesarios como el éxito y la fama. Hoy no son pocas las voces de la comunidad científica que alertan de la naturaleza de plataformas como Instagram, Facebook o Tik Tok que no son simples herramientas de comunicación, sino sistemas con capacidad de moldear la conducta. Ante todo, son una herramienta de negocio y su producto estrella son nuestras propias vidas, entregadas y expuestas con la coartada de una gratuidad que no es tal, pues nos convierten en productos.

Los expertos denuncian, asimismo, cómo estas redes operan manipulando emociones, incentivando la agresividad y la polarización, y dando cabida a verdades excesivamente parciales y mentiras con ínfulas de verdad que degradan la calidad de nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo. Chamath Palihapitiya, exvicepresidente de crecimiento de usuarios en Facebook, ha advertido de que, a corto plazo, el modelo de retroalimentación propio de la cultura del like, basado en descargas de dopamina, está deteriorando el funcionamiento de la sociedad con mecanismos diseñados para captar y retener la atención, algo que genera dinámicas erosivas de nuestra capacidad colectiva para comunicarnos, deliberar y mantener vínculos sociales sanos. Resultaría, así, que las redes están siendo convertidas en enemigas de lo común. 

El partidismo ha entrado, con mayor o menor implicación y acierto, en las redes sociales y sus dinámicas, y si la democracia ya sufría por las dinámicas de hambre de poder de esas agencias de colocación de arribistas que son a menudo los partidos, ahora hemos de sufrir el afán de notoriedad que se alía con el extremismo, que no la radicalidad, en entornos virtuales, generando un ambiente especialmente amable para la extrema derecha. Las redes pueden crear burbujas informativas donde en ausencia de debate, se refuerzan posturas, y en las que triunfa el gregarismo y el seguidismo del líder, conductas bien valoradas en la derecha extrema, tan alérgica a la libertad que no sea la de los mercados.

Se ha estudiado, por ejemplo, el comportamiento en redes de Isabel Díaz Ayuso y sus seguidores o fandom, los ayusers, concluyendo que, mientras ella utiliza en Instagram estrategias características del discurso publicitario y comercial de los influencers, con contenido que alude a marcas y celebridades más que a representantes políticos o iniciativas de gobierno, su fandom se centra en ensalzar su atractivo físico y, sobre todo, en atacar a la izquierda, autonómica y estatal. Así, ella se muestra siempre activa y positiva, respondiendo a la lógica instagramer del “buen rollito” y al mandato cultural de la feminidad complaciente, mientras que son sus seguidores la máquina de guerra encargada de los contenidos políticos y el ataque. Hay un trabajo inmenso y en absoluto menor en determinar cómo contrarrestar este tipo de estrategias y conseguir hacer atractivo un uso de las redes que no se rinda a las más bajas pasiones, que sirva para cuidar de las comunidades y no para estrecharlas o minarlas.

En La resistencia íntima (Acantilado, 2018), Josep María Esquirol defiende que la vida cotidiana y sencilla no es banal ni mediocre, sino que posee una dignidad y una excelencia propias, a menudo invisibilizadas frente a valores como la fama, el poder o el prestigio. Las tareas diarias y el cuidado del alma tienen tanto o más valor que la creación artística o la vida política entendida de forma elitista, por no hablar de la popularidad como flor de un día. Además, la plenitud de la vida corriente es accesible a muchos y muchas, no funciona con lógicas excluyentes, a diferencia de la fama, la riqueza o el poder, que aparte de depender de la apariencia, están reservados a una minoría. Reivindica, por ello, una ética “popular” o democrática de la sencillez, con una fuerza duradera y una forma profunda de excelencia que está por ver si cabe y puede ser contagiada en redes como Tik Tok o Instagram.

En el interín, dado que queda tanto por trabajar y aprender, y especialmente, en estos días festivos que proporcionan un pretexto para reunirse y disponer de algo más de tiempo, quizá valga la pena regalarnos una tregua en la sobredosis virtual de celebridades del instante y ver qué ocurre si el móvil queda, por un rato, fuera de la mesa, poniendo un candado al hábito de desplazarse compulsivamente por contenidos banales, para vivir, por ejemplo, ese momento cotidiano y sencillo de compartir tiempo y sabores alrededor de la mesa, un gesto que en su inmensa sencillez nos conecta con lo mejor de lo humano. Y vuelvo a Esquirol: “La vida en común depende del comer juntos […]. El pan, la sal, la fiesta, el duelo y la paz: de todo esto que se comparte depende la siempre difícil y precaria comunidad del nosotros”. Mi deseo para este 2026 que ya llega es que quienes así lo deseen puedan disfrutar de la riqueza que supone pasar sus días bien acompañados. No hay riqueza comparable.

Ayer, caminaba tranquilamente con mi marido por una calle de Santander y, sin venir a cuento, un joven con estética militar se paró ante nosotros, me miró amenazante y se golpeó varias veces el pecho, en señal de patriotismo rancio y machirulo, con esa combinación de necedad y violencia que comparten las manadas del Frente Atlético, los caspo-fascistas de España 2000 o los matones de Desokupa. 

Su violento gesto me devolvió a la década de los 90, a mis años de universitaria en un Madrid en el que descubrí que el fascismo se pavoneaba los 20N con cobertura policial. Noviembre era un mes extraño. En 1992, un 13 de noviembre, Lucrecia Pérez, migrante dominicana, fue asesinada en las ruinas de la discoteca Four Roses por un guardia civil y tres menores neonazis. Aquel fue el primer asesinato reconocido judicialmente en España como crimen racista y mostraba la presencia de elementos de ultraderecha dentro de las fuerzas de seguridad. Un 11 de noviembre de 2007, Carlos Palomino, un joven antifascista, era apuñalado por Josué Estébanez, soldado profesional. Fue la primera vez que la justicia española aplicaba el agravante de motivos ideológicos en una condena. Más que una fecha de celebración en una democracia sana, noviembre ha sido hasta la fecha el mes de la exaltación ultraderechista.

Sabemos de sobra que sin memoria estamos condenados a la repetición de lo peor y en las cercanías de otro 20N, como si de un bucle se tratara, siento que el ambiente me vuelve a recordar a aquellos noviembres, con el mismo obsceno exhibicionismo antidemocrático nazifascista sin que nadie tome cartas en el asunto, fuera de las intervenciones de la sociedad civil organizada —como el loable trabajo en Cantabria de Las Calles contra el Fascismo—. Este año, una veintena de actos harán la apología del régimen de Franco, y se ha invitado al 20N en Madrid a la bisnieta de Mussolini. Una asociación nazifascista de Santander hizo lo mismo hace un par de meses con miembros de la italiana Casa Pound, asociación antiinmigrante, anti-LGBTIQ+ y anti-romaní condenada en múltiples ocasiones por actos violentos. 

Si bien, en protección de la libertad de expresión, no es del todo ilegal defender ideas franquistas o nazifascistas siempre que no haya discursos que humillen a las víctimas ni inciten a la violencia o al odio —aunque, ¿de verdad es eso posible?—, debería haber una estricta vigilancia de la peligrosidad de un ecosistema ideológico en que el odio es estructural y, desde luego, una persecución y prevención de actos violentos que cada vez son más comunes y no reciben el mismo tratamiento que cualquier mínima expresión de violencia por parte de la izquierda. Si el lanzamiento de objetos explosivos e incendiarios en la sede del PSOE hubiera sido llevado a cabo por jóvenes de izquierdas ante una sede del PP o la ultraderecha, llevaríamos meses hablando de terrorismo radical, violencia extremista y hasta banda armada, y la alarma social desde luego sería muy superior. 

La investigación de los hechos en aquel acto de memoria democrática ha hallado vínculos de los presuntos culpables con la Falange y han hallado fotos en la que realizan saludos fascistas. Se trata de un caso de violencia política, propio de un terrorismo de baja intensidad, orientado a intimidar y desactivar actos de memoria democrática, aunque está por ver la resolución judicial y cómo afecta esta a los colectivos a los que los culpables pertenezcan. En España es legal, entre otra quincena de asociaciones ultras,  “Devenir Europeo”, un grupo que reivindica el legado de Hitler, registrada como asociación de carácter histórico. La laxitud con presuntas ideologías que no son más que una expresión de odio es preocupante.  

La derecha extrema está subiendo la intensidad en su violencia: al ya mentado ataque a la sede del PSOE, súmese el ataque con cóctel molotov a la sede de Podemos en Cartagena, los dos cócteles molotov lanzados a un centro de menores migrantes de Monforte de Lemos (Lugo), ataques de neonazis encapuchados a la Asociación de Vecinos Dr. Fleming de Coslada (Madrid)…son síntomas claros que aconsejan dejar de hablar de mera ‘polarización’ y empezar a analizar cuánta violencia, tanto práctica como discursiva, es admisible en una extrema derecha que se expresa de formas tan agresivamente antidemocráticas.  

Esta violencia física, por cierto, no se entiende sin la cobertura y el carácter seminal de la violencia simbólica de la ultraderecha digital, que no solo simplifica conflictos y emocionaliza los debates: convierte al adversario en enemigo y fomenta el odio como actitud pretendidamente política. La ristra de insultos a Sánchez, por ejemplo, con la que llevamos conviviendo desde aquel “felón” del malogrado Pablo Casado, no es cualquier cosa: nos acostumbra al acto de insultar en política, a considerar natural la agresión verbal, y la repetición constante de expresiones despectivas y humillantes crea un hábito intolerable: de ahí a la violencia y la agresión física hay ya un paso. 

Ruidosos, ansiosos de poder, individualistas y bastante enemigos de los marcos racionales y morales bruñidos durante siglos de pensamiento, hay una fachosfera extrema que ofrece mucha bilis y libertad para ofender, que genera un tipo de contenido que, de la mano de la magnífica serie de Leticia Dolera “Pubertat”, podemos entender hasta qué punto puede confundir a nuestros hijos e hijas. Es una nube tóxica de la que convendría proteger a los menores y a la que nunca hay que responder en redes sino bloquear o, en caso de que proceda, denunciar y bloquear, para evitar redifundir mensajes que no aportan nada bueno a la opinión pública: desde la machosfera de los ‘criptobros’ y los los f-influencers, donde se mezclan consejos financieros de dudoso rigor, a menudo previo pago, y rutinas de gimnasio con meritocracia extrema, culto a la riqueza, antifeminismo y desprecio por lo público, a los coaches de masculinidad tóxica que envenenan con una visión rancia y violenta de las relaciones, pasando por los agitadores de las batallas culturales obsesionados con el feminismo, el ecologismo, la educación sexual y cualquier forma de política del cuidado, o los conspiracionistas que transitan de la negación de las vacunas a la Agenda 2030, y sin olvidar a los revisionistas de la historia, que reciclan el franquismo o el nazismo mientras muestran la memoria democrática como amenaza. Una amalgama estridente dispuesta a vender la moto a la juventud.

Esta fachosfera extrema prospera porque produce afectos rápidos: indignación, burla, miedo, superioridad… Para contrarrestarla, necesitamos cambiar la temperatura afectiva y responder con una calma estratégica que evite alimentar su economía del escándalo, sin dejar de ocupar los espacios que hoy dominan, e inundándolos de una cultura política en que el disenso no implique enemistad. Y ese es un reto que habrían de compartir todas las opciones democráticas, a derecha e izquierda. Casi nada. 

Cuando abordamos el problema de la vivienda —principal preocupación de la ciudadanía desde noviembre de 2024, según el CIS— solemos adoptar marcos analíticos que proceden de las grandes ciudades del Estado, de Madrid o Barcelona, donde el protagonismo de fondos buitre en el mercado inmobiliario es indudable. Pero, si bien el problema de la vivienda, con la actual burbuja del alquiler y la consecuente expulsión de inquilinos en esos juegos del hambre que es conseguir arrendar un piso son síntomas de un modelo económico enfermo compartido con el resto del Estado, los virus causantes de la enfermedad no son idénticos en todos los territorios, y hay que analizar bien las causas del mal para aplicar el remedio correcto. Eso, por cierto, se proponen hacer La Vorágine y Coop 57 Asturies de la mano de CNSV entre otros colectivos preocupados por la vivienda próximamente.

En Cantabria, como probablemente ocurra en buena parte de la España interior y la periférica, pesa más que los fondos buitre un fenómeno que el historiador y analista de los movimientos sociales Pablo Carmona ha denominado “rentismo popular”, en referencia a la tendencia creciente a convertir la vivienda en valor refugio para las clases medias. Tras la crisis inmobiliaria, y con los rescoldos aún calientes de los desahucios masivos, muchas familias canalizaron sus ahorros y sus miedos hacia la propiedad inmobiliaria, reforzando un modelo que reproduce desigualdad bajo el espejismo de la seguridad. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de los 3 millones largos de viviendas en alquiler en el Estado, tan solo el 15% son de fondos de inversión, mientras el 75%, pertenecen a particulares. La mitad de ellos son pequeños propietarios, que ganan unos 30.000 euros con sus viviendas y la otra mitad son los multi-propietarios que tienen sus casas como negocio. 

Los datos del mercado inmobiliario cántabro muestran cómo la influencia de los pisos turísticos, la insuficiente oferta de viviendas sociales y la degeneración del mercado libre han incrementado los precios a un ritmo vertiginoso que, por lo general, es asumido alegremente por los caseros. El precio medio del alquiler supera los 800 euros pero ¿quién ha provocado que se haya llegado a estos precios? Cualquiera que alquile: el precio lo suben entre todos. El 40% de las viviendas se compra como inversión, no para vivir, y, por cierto, el 42% de las compras procede de fuera de la Comunidad Autónoma, principalmente de Madrid, lo que revela un proceso de apropiación patrimonial foránea que encarece el acceso local. 

Volviendo a Carmona, en La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda (Traficantes de Sueños, 2022) usa la expresión “democracia de propietarios” para describir el modo en que el capitalismo español —desde el franquismo hasta hoy— ha construido un consenso social en torno a la propiedad inmobiliaria como base de ciudadanía y pertenencia política. Según Carmona, el ideal de que “todos debemos ser propietarios” ha funcionado como mecanismo de integración y pacificación social, articulando la hegemonía neoliberal a través del deseo de posesión privada del hogar. 

El “rentismo popular” es la consecuencia directa de esa democracia de propietarios: cuando el acceso a la propiedad se convierte en el horizonte común, incluso las clases medias y trabajadoras adoptan la lógica rentista, lo que difumina las fronteras entre “víctimas” y “beneficiarios”. No se trata, ya, de ricos y pobres, pues la figura de propietario es transversal. El propio concepto tiene un poder descriptivo limitado, dada la variedad que reúne, pero apunta con certeza la lógica subyacente a que mientras 1,7 millones de personas eran expulsadas de sus hogares entre 2008 y 2015, muchas familias reforzaban sus patrimonios inmobiliarios y ya hoy, con salarios en descenso y precios en alza —la vivienda en alquiler se ha encarecido un 94% en diez años, según el Índice Fotocasa—, los beneficios de los propietarios están sobradamente asegurados. Por cierto, que el papel de las inmobiliarias ha sido y es tóxico: no profesionalizan el sector sino que estimulan el conflicto, inflan los precios y, en general,  impiden un trato directo y honesto —humano— entre quienes alquilan y quienes necesitan una vivienda.  

Al calor de esta “democracia rentista” surge la figura social del “inquilino precario”, víctima de esta fase postcrisis en la que los desahucios ya no se deben a hipotecas impagadas, sino a alquileres imposibles. La Ley de Vivienda de 2023, que iba a bajar los precios y acabar con los desahucios, introduce límites a los grandes tenedores, siguiendo el mantra de culpar a malvados de puro y chistera, pero deja intacta la especulación de la pequeña y mediana propiedad, mayoritaria en comunidades autónomas como la nuestra, estimulándola incluso mediante exenciones fiscales. 

En España, hoy el trabajo tributa más que la renta inmobiliaria, mientras las familias con menos ingresos destinan el 60 o el 70% de ellos al alquiler de la vivienda y el pago de suministros. De ahí surge también el llamado “desahucio invisible”, la no renovación de sus contratos y la expulsión silenciosa de lo que fue su hogar a inquilinas e inquilinos a quienes se deja en la calle para volver a introducir la vivienda en el mercado con una subida abusiva de un 30, un 50 o un 70% del precio. Nos encontramos ante una retícula de conceptos que sirven para observar un cuadro complejo y, a la vez, muy sencillo: una ambición devoradora, desclasada, rara vez no empapa a quien posee vivienda en alquiler, y las leyes y el discurso político lejos de ponerle cota le dan alas. Los 800 a 1.200 euros de media por un alquiler en Santander no se piden solos y la mano invisible del mercado no es un fantasma que coja por la pechera a nadie. 

Las estrategias de los partidos se hacen plenamente inteligibles al calor de estas precisiones: de un lado, la timorata actitud del PSOE que, pese a pretenderlo, no se atreve a intervenir decisivamente en el mercado del alquiler, en buena parte para evitar ponerse en contra al rentismo; de otro, la derecha, que conecta con el ‘sentido común propietario’ y miente sin complejos azuzando un fantasma de la ocupación que los datos niega, generando lástima con el imaginario protagonizado por el santo ahorrador a quien los malvados usurpadores roban el pisuco comprado con los esfuerzos de toda una vida, tal vez para completar la educación de los hijos o nietos, una consulta sanitaria privada, o la pensión —y de paso lanzan el mensaje de que lo público no llega ni es seguro—. En el caso matrio, el PP autonómico legisla sin disimulo del lado del rentista, llegando a hacer convivir en la Oficina de Emergencia Habitacional las problemáticas, completamente asimétricas, de inquilinos y caseros. Y en los movimientos sociales a menudo los fondos buitre ocultan la problemática de los buitres de fondo que pueden ser nuestros padres, nuestros vecinos o incluso… ¿nosotros mismos?  

Se trata de un entramado estructural que confiere al rentismo una pátina de decisión racional que trata de desalojar la parte de decisión ética, personal e intransferible, que conlleva, e instala un modelo en el que la búsqueda de seguridad individual genera inseguridad colectiva. Un modelo que se inserta, a su vez, en lo que Brett Christopher denomina “rental capitalism” o capitalismo rentista, variante del sistema en la que los ingresos, la riqueza y el poder van a quienes poseen, en lugar de a quienes hacen las cosas. Los ricos siempre fueron vagos, pero ahora lo son más: más ricos y más vagos. En una economía “impregnada por un ethos propietario en vez de empresarial”, el ritmo de la reproducción social ya no lo establece la feroz competencia existente en la esfera de la producción de mercancías sino la protección y explotación intensa de activos escasos y con tendencias perjudiciales para la innovación, ya que la seguridad del rentismo desincentiva inversiones que potencien la productividad. 

En medio de este panorama, me vienen a la mente las palabras de Gaston Bachelard en La poética del espacio: “La casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo. Es, verdaderamente, un cosmos”. En su topoanálisis, exploración de los espacios de nuestra vida íntima, la casa se revela como el dentro acogedor que nos permite salir al mundo y como condición del recuerdo pues, cuando el tiempo se difumina, la memoria se encarna en espacios: rincones, pasillos y habitaciones. En el hogar reside la raíz de nuestra identidad. 

Si pensamos la vivienda desde esa dimensión simbólica, el problema económico revela su dimensión ética. Para el rentista medio, estas reflexiones serán incómodas, casi intolerables: su bienestar depende de una estructura que niega a otros la posibilidad misma de habitar. Convertir el hogar en un instrumento de renta puede dinamitar el suelo donde la vida se hace posible, por eso hay que asumir individual y colectivamente la responsabilidad que implica. No hay pretexto posible.

Estimado paisano, tricampeón Óscar Freire. Soy una de las muchas personas que participaron en los actos de protesta por la presencia de un equipo promocional del sionismo en La Vuelta, una de tantas almas torturadas por el genocidio que estamos presenciando impotentes, motivo por el cual no dudé en acudir a algo tan incómodo como es protestar cuando podía estar mucho mejor tumbada en la playa, leyendo un buen libro, tomando algo con amigos, en casa con la familia… o trabajando para no tener que recuperar horas o perder dinero. La responsabilidad con el momento histórico que vivimos es lo que tiene, paisano, que te lleva a pasar una mañana bajo la solana rodeada de policías en vez de vivir tu vida libre de otros compromisos. Yo estuve en Cabezón de la Sal, pero podía haber estado en Bilbao, Zaragoza, Valladolid o cualquier otra ciudad o pueblo por donde pasa La Vuelta, un evento deportivo que consiente y es cómplice de un sportwashing o blanqueamiento deportivo de libro.

Primero de todo, paisano, voy a explicarte, porque sospecho que no debes conocer bien sus motivaciones, quién financia el equipo Israel Sport Tech y cuál es su objetivo, que él mismo ha gritado a los cuatro vientos que no es principalmente deportivo. Si hay alguien responsable de mezclar deporte y (mala) política, convirtiendo en cómplices a todos los participantes en La Vuelta, ha sido él. Detrás del equipo ciclista israelí está Sylvan Adams, un inversor referente de la causa sionista, y no se crea nadie que se confunde “judío” con “sionista”, algo que sugiere interesadamente el lobby sionista en el estado español, ACOM, pero nadie más. Adams, hombre cercano a Benjamin Netanyahu, se autodefine como “embajador de Israel por el mundo”, lo cual incluye muy especialmente, en los últimos tiempos, su total acuerdo con el genocidio del pueblo palestino, con los asesinatos y desplazamientos masivos, la destrucción de infraestructuras civiles vitales, los bloqueos que impiden el acceso a alimentos, agua, medicinas…

El tipo es un “hijo de mamá”, uno de esos millonarios que lo son porque nacieron con todo a su favor; en su caso, un imperio inmobiliario que creó su madre. Gracias a su fortuna —valorada por Forbes en 2.800 millones de dólares—, Adams fundó el Israel Premier Tech y en solo tres años conseguía que el Giro de Italia se celebrara en Jerusalén —con bastante polémica, pues solo Donald Trump la reconoce como capital de Israel— gracias a la ayuda del genocida perseguido por la Corte Penal Internacional Benjamin Netanyahu, con quien se jacta de compartir ideología y quien ha alabado recientemente el “gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación” subrayando: “¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!”. Adams ha afirmado que su objetivo con el equipo es “ganar corazones a la causa israelí” y el equipo ha recibido subvenciones del Ministerio de Turismo de Israel. A ver quién es el guapo que se atreve a negar el sportwashing y la complicidad a la que ha condenado a La Vuelta con las políticas de apartheid, limpieza étnica y colonización israelíes que culminan en el genocidio.

Igual tus declaraciones sobre que somos “perroflautas” y “los mismos personajes agresivos que aparecen en todas las manifestaciones” le han echado un cable a Adams y a su amiguete genocida. No quisiera verme en tu pellejo en el futuro, paisano, sabiendo que lo que se recordará de ti de los tiempos en que asistimos al genocidio de todo un pueblo en directo es que remaste a favor de los genocidas. No sé si tienes hijos, pero igual un día te preguntan qué hiciste tú, dónde estabas cuando esto ocurría, como tantas veces les pregunté yo a mis padres y profesores sobre los alemanes en la época del Holocausto. Y qué duro es descubrir que la mayoría haría como quienes hoy en día siguen viviendo y priorizando su propia vida e intereses. Eso es también lo que Hannah Arendt llamó banalidad del mal y me recuerda la terrible pero fantástica 'La zona de interés', película que cuenta cómo Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. Sobran los comentarios. Su “zona de interés” le inmuniza contra el horror y la inhumanidad de la Solución final y su mujer, por ejemplo, no duda en ser práctica, priorizarse… y usar la ropa y hasta las barras de labios de mujeres que sabe que han sido asesinadas e incineradas en el campo. Cada uno a lo suyo, el resto que arreen. Pues, si vamos trazando “zonas de interés”, ayer Eurovisión, hoy el deporte, las familias que da de comer el equipo, la ilusión de los chavales que corren en La Vuelta… y ponemos todo por detrás del respeto por la dignidad y la vida humana, es nuestra propia humanidad la que paga la factura creando una deuda impagable. 

Viví el pasado viernes la cacerolada y el corte de La Vuelta en Cabezón bajo un sol de justicia, franqueada por una bandera palestina y un cartel sobre el uso del hambre como arma de guerra y tuve frente a mí al pelotón de salida:  un montón de rostros jóvenes, muy jóvenes, en los que, sinceramente, fui incapaz de leer. Me producían ternura por su juventud, en absoluto odio, y quise creer que alguno pensaría en hacer un gesto generoso y dejar La Vuelta en solidaridad con Palestina, pero ninguno lo hizo. Estábamos coreando “Israel asesino del pueblo palestino” y no pude evitar que me cayeran, a borbotones, las lágrimas. Porque nadie entendía en esa maraña de ruedas la gravedad de lo que está ocurriendo, porque nadie tuvo el valor de bajarse de la bici, porque mientras en Gaza los niños mueren de hambre por una estrategia intencionada, cada uno permaneció subido en su “zona de interés”. Qué tristeza y qué vergüenza. Y que todavía haya quienes se atreven a comparar un espectáculo o una oportunidad profesional o deportiva, me es igual, con defender la vida y nuestra propia humanidad. Y luego, tú, paisano, con tus declaraciones…

Tal vez no te acuerdes, pero en 2016 ayudaste a promocionar una carrera popular a Pasaje Seguro, un grupo de esos a los que has llamado “perroflautas que van a todas y lo único que buscan son peleas”. Fíjate, la realidad es que nos dejamos el lomo todo aquel verano para organizar una gran carrera popular en Santander que sacara fondos para las víctimas de otra guerra y del racismo institucional europeo: los refugiados sirios. No quiero pensar que nos apoyaste por puro marketing de causas o filantropía estratégica y por eso ahora el sportwashing de La Vuelta no te parece tan mal. Creo que te calentaste, que no pensaste lo que decías y, si fuera tú, recapacitaría, y me plantearía animar a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a que eche a Israel Sport Tech como hicieron en marzo de 2022 con el equipo ruso Gazprom-RusVelo tras la invasión de Ucrania. Usa tu buen nombre para bien, tú puedes.

Nuestra humanidad herida aún no se había recuperado de la maldad radical de Europa con los refugiados y ahora nos toca vivir la impotencia internacional para parar un genocidio, pero no podemos dejar de luchar. Debiera ser imprescindible para la historia posterior de cada uno y una saber en qué lado estuvo: en el de la humanidad o el de la inhumanidad flagrante, porque, por desgracia, no hay término medio en esto. 

El turismo en Cantabria es hoy, como ha ocurrido en tantos otros lugares de España desde que el franquismo decidiera apostar por convertir España en la playa de Europa, más que un mero sector; se trata, más bien, de un sistema que abarca por completo la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma, aspirando a ser el principio regulador y articulador de nuestra sociedad.

No hay más que ver para quién proyecta y legisla el Gobierno del PP: para ese ente abstracto tan concreto, “el sector”, no para la ciudadanía. La carretera turística de Reinosa-Potes rechazada por 200 expertos que firmaron el manifiesto promovido por Cantabristas, el parking de pago para autocaravanas de Mataleñas en una zona protegida, la posibilidad de crear áreas de autocaravanas en el parque protegido de Oyambre por cuya protección tanto se ha luchado en esta tierra, la pista libre otorgada a la construcción de viviendas, incluidas de uso turístico, en suelo rústico y un decreto sobre viviendas de uso turístico que no solo no lucha contra el alza de precios sino que abre la puerta a los grandes fondos para que especulen con la vivienda son claras pruebas de ello.

Ya hace tiempo que nuestros colectivos sociales lo vienen diciendo. Desde bien pronto desde CNSV se ha insistido en que necesitamos una Cantabria para vivir, no ser un parque temático para el turismo. La masificación es evidente pese a que las autoridades no solo no toman medidas, sino que se dedican a negarlo. Y los datos son incontestables: Cantabria recibió, según datos oficiales, más de 2,1 millones de turistas en 2024, casi 4 turistas por cada habitante. Las pernoctaciones ascendieron hasta los 6 millones en 2024, y en junio de este año se elevan ya un 8,7%. Somos la tercera comunidad que más viviendas destina a uso turístico según el INE, solo superado por Canarias (4,08%) y Baleares (4,06%), ambas muy por encima de la media estatal. Y los municipios sufren este descontrolado acceso de gente sin servicios que lo sostenga: Noja o Laredo lideran los ranking de vivienda esporádica, por encima de destinos vacacionales clásicos mediterráneos hoy profundamente degradados.

Pero que no cunda el pánico, porque a cambio de malvivir con masificación y servicios insuficientes y pese a que el entorno se degrade cada año por efecto de las manadas descontroladas de gente queriendo disfrutar de los mismos enclaves, se abre un futuro rutilante para nuestros hijos e hijas que podrán desempeñar todo tipo de profesiones relacionadas con el sector: camareros/as de bares y restaurantes con contratos de pocas horas, socorristas contratados solo por temporada estival, guías turísticos autónomos/as sin vacaciones pagadas, conductores de autobuses turísticos a tiempo parcial, dependientes en tiendas de souvenirs con salario base y comisiones mínimas, camareras de piso subcontratadas, monitores de deportes acuáticos con contratos eventuales, fotógrafos y/o guías callejeros por comisión o propina, personal de limpieza en alojamientos turísticos con pago por habitación, mozos o mozas de alquiler de tumbonas y sombrillas con pago “a comisión” o sin contrato, monitores de museos con contratos por horas, técnicos de sonido e iluminación para eventos turísticos, cocineros/as de temporada alta, personal de chiringuitos de playa sin alta en la Seguridad Social, traductores e intérpretes de visitas guiadas pagados por servicio, bailarines/as y músicos en hoteles sin garantías laborales claras, botones y mozos de equipaje con sueldos mínimos, repartidores de folletos y captadores de clientes para excursiones por una miseria, conductores de VTC con jornadas extensas, guías de montaña sin contrato estable, personal de casas rurales cobrando en negro por tareas múltiples… El universo que se abre es casi tan infinito como pretendían que fuera Cantabria.

Si echamos a un lado minucias como la estacionalidad, la precariedad y la necesidad de una actitud servil, el futuro está abierto, y en la postmodernidad capitalista que habitamos han de ser los destinos los que se adapten a los turistas y no al revés. Para qué hospitalidad si se puede garantizar casi lo mismo con una buena dosis de servilismo obligado por contrato. Hay que salir de la zona de confort y habitar la pérdida de autenticidad con que amenaza el fenómeno con una buena sonrisa, no se vayan a enfadar los visitantes, que de vez en cuando se vienen arriba para recordar a un vecino molesto que vivimos de su dinero.

Y recordemos, con el filósofo y entropólogo Marc Augé, que el turista es un ser de no-lugares, un ser de espacios de tránsito, consumo y comunicación donde la gente se cruza, pero no hay interacción sino transacción. No-lugares que no estén suficientemente enraizados en la historia, la identidad o las relaciones sociales para ser considerados “lugares” antropológicos. Cantabria, entonces, tendrá que perder personalidad y ganar estandarización buscando ofrecer una experiencia predecible y cómoda al turista, eliminando la incertidumbre y la autenticidad que podrían encontrarse en un “lugar” real. El turista busca, y a menudo encuentra, la seguridad de lo conocido, incluso en una comunidad desconocida o un país extranjero.

Y hablando de turismo, por algo menos de 1.000 euros se organizan tours en jeep o en barco para ver los bombardeos de Gaza: lo llaman turismo de genocidio. Vivimos tiempos en los que ya no es difícil imaginar selfies con un niño muerto de inanición, junto a un hospital bombardeado o frente a cuerpos ametrallados por el sionismo cuando iban a recoger comida. No se me hace más llevadero el genocidio en verano, porque voy por la calle buscando un silencio como el que se sintió en Madrid el 11M, el atronador silencio del dolor por la humanidad herida, pero tan solo nos envuelve el ruido del consumismo deslocalizado que es el turismo estival con sus fiestas, festejos y festivales pero, por positivar me digo a mí misma que al menos ya podemos desgranar el misterio de cómo debía lucir Alemania durante el genocidio y la solución final: como Santander este verano, por ejemplo. Si Millán-Astray viviera hoy, diría, a buen seguro: “¡Viva el turismo, muera la inteligencia!”.

«Son las gaviotas, amor. / Las lentas, altas gaviotas.». Así cantaba el poeta asturiano Ángel González, una de las cimas de nuestra poesía contemporánea, a las gaviotas recortadas en el cielo, blancas y majestuosas, representando la constancia del amor aun en días de tormenta. Estas aves, consideradas sociales y muy inteligentes, en especial la patiamarilla, con una gran capacidad de adaptación a las actividades humanas, forman parte del perfil de nuestra ciudad, un símbolo de su carácter marítimo y portuario. Sin embargo, nadie se preocupa por ellas: hay que estar ciego y sordo para no verlas mendigar a gritos un alimento que escasea cada vez más, por muy omnívoras y hasta carroñeras que sean, debido a que el litoral ya no provee lo suficiente por la sobrepesca y la contaminación y las únicas medidas institucionales que las tienen en cuenta están centradas en impedir que se reproduzcan y se alimenten. Donde unas —quizá las menos— vemos criaturas de la naturaleza, convecinas terrenales, sufrir, otros ven tan solo ruido y suciedad.

Da igual que su papel sea esencial en tanto eliminan restos orgánicos, carroña y desechos pesqueros y regulan poblaciones de ratas, palomas y pequeños vertebrados ni parece importar que su existencia mantiene visible el vínculo de la ciudad con el mar formando parte del paisaje sonoro, visual y simbólico de nuestra ciudad: su desesperación por la falta de alimento obtiene como respuesta el rechazo. De hecho, se las insulta, se las envenena, se las acusa de sucias y hasta de peligrosas. Una hostilidad indecente que revela una incomodidad y/o insensibilidad antropocéntrica frente a todo aquello que escapa al control humano: lo animal, lo salvaje, lo no domesticado.

A quienes se creen dueños de la ciudad, conviene aclararles que las gaviotas no han invadido nada: estaban antes que nosotros y nosotras. Surgen hace entre 25 y 30 millones de años, mientras el ser humano aparece a lo sumo hace unos 300.000, en África, según el registro fósil más reciente —yacimiento de Jebel Irhoud, en Marruecos— e incluso contando antecesores del género Homo como el Homo habilis, no superamos los 2,5 millones de años. Ellas son, por derecho, habitantes históricos de la costa cantábrica y su presencia en el centro urbano, en espacios cada vez más interiores no es una mera anomalía, sino una adaptación forzada. Hace tiempo que se toman medidas para que no ensucien al alimentarse en los contenedores, pero sin proponer alternativas para su subsistencia. Y la vida, por fortuna, se abre paso.

Por harto que esté uno de verlas sufrir, sale caro optar por alimentarlas, porque la Ordenanza municipal de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria de 2006, en su artículo 9, punto 10 indica que impide a los vecinos “facilitar cualquier tipo de alimento a animales y en particular a palomas, gaviotas, perros y gatos”, suponiendo una multa que puede ir de los 90 a los 300 euros o más, dependiendo, por ejemplo, de si hay reincidencia. Dar de comer al hambriento está penado por ley, qué mundo extraño es el nuestro.

Aunque la Ley 7/2023 de Bienestar Animal en España no protege directamente a las gaviotas por tratarse de fauna silvestre no cautiva, según la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, corresponde a las administraciones públicas —especialmente ayuntamientos y comunidades autónomas— velar por su preservación y evitarles cualquier forma de sufrimiento evitable. La creciente tendencia municipal a prohibir su alimentación en nombre de la higiene y la seguridad deriva, si no se acompaña de medidas alternativas, en un comportamiento completamente ajeno a la justicia multi- e interespecies a la que debemos aspirar en pleno siglo XXI. En cambio, ¿qué ocurre cuando se retira todo acceso al alimento sin ofrecer otro nicho ecológico posible? Negar alimento no es neutral si implica exponerlas al hambre o a conflictos crecientes por recursos. Una gestión pública verdaderamente ética y sostenible debería equilibrar la regulación del alimento con la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de vida. Las gaviotas, habitantes legítimas del litoral y del aire urbano, no son intrusas: son supervivientes de un mundo que hemos alterado. Cuidarlas no es una concesión, sino una forma elemental de justicia.

Quien llena de basura la ciudad no son ellas ni las palomas ni las ratas que en los últimos tiempos se han dejado ver más de la cuenta, convirtiéndose en símbolo de una movilización ciudadana impulsada por Cantabristas debido al estado de suciedad de la ciudad. La responsabilidad es de un deficiente servicio de basuras subrogado a Ascan por el Ayuntamiento y de gestión de los animales urbanos, en este caso adjudicado a Légamo, filial de Urbaser. Los planes actuales tienden a evitar la incorporación de nuevos reproductores a la población por reducción de la natalidad, a sellar contenedores, reforzar bolsas, limitar acceso a basura, educar contra la alimentación directa y ahuyentar colonias de zonas con restos pesqueros. El resultado es un desplazamiento del problema, no su resolución. Para cumplir la ley, los ayuntamientos deberían elaborar planes éticos de gestión y evitar conflictos evitables con los vecindarios. Algunas ciudades ya han ensayado soluciones menos punitivas y más cohabitables como la creación de zonas periféricas de alimentación controlada —modelo usado con gatos ferales— donde se retiran residuos del centro pero se permiten ciertos puntos donde los restos de pescado o comida sobrante son accesibles de forma segura, lejos de peatones. La recuperación del entorno natural costero permitiría, asimismo, que la gaviota se alimentase como lo hacía históricamente.

Viviendo en la sexta extinción animal, experimentando cada día los efectos del cambio climático resultado de nuestra profunda insensibilidad ante el planeta que habitamos y sus moradores no humanos —y no pocos humanos también—, deberíamos empezar a plantearnos que una sociedad que considera suciedad o ruido a otros seres vivos tiene un serio problema de enfoque por el que ya estamos pagando factura. El Libro Rojo de las Aves de España cataloga a la gaviota patiamarilla ya como “casi amenazada”, y Birdlife International la tilda de “vulnerable a nivel europeo”: un día, quizá nosotros, quizá nuestros hijos e hijas, podríamos echarla de menos. Y solo la necedad puede considerar a estas alturas de la partida que estas cuestiones sean secundarias.

Más allá de las normas necesitamos educarnos en la cohabitación para reconocer que el centro de Santander no es ni debiera ser exclusivamente humano, por lo que, además de habilitar formas de sustento sostenible para nuestras convecinas aves, no estaría de más crear campañas culturales que conecten a la ciudadanía con la dimensión animal y vegetal del entorno urbano. Como sabiamente apunta La comunidad terrestre de Achille Mbembe, el objetivo ético hoy ha de ser “la multiplicación de las reservas de vida, la puesta en común del hálito primordial que reúne y anima la asamblea, compuesta de muertos, vivos y ancestros, de seres y cosas, de animales, plantas, objetos y espíritus”. Abrir un horizonte, una concepción de la vida y de la Tierra en la que la humanidad no ocupa un lugar dominante.

A Carmina le costaba cada vez más salir de casa. No por falta de ganas, sino porque ya apenas oía a sus amigas. Un audífono roto, una subvención denegada y una brecha digital e institucional la empujaban al silencio; pero ella no se va a rendir. Mientras tanto, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) asegura en su memoria que actúa con “una perspectiva sumamente personalizada y adaptada a cada caso”. Este organismo, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, afirma en sus memorias que quiere “mejorar y optimizar sus servicios en aras de ofrecer actuaciones lo más eficaces y resolutivas posibles”. Pero la realidad, al menos en algunos casos, desmiente ese propósito.

El envejecimiento de la población es una realidad cada vez más evidente en Cantabria y en otras comunidades del norte de España. Según datos del INE de 2024, nos hallamos en el cuarto lugar del índice de envejecimiento con 187 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Este cambio demográfico debería implicar una transformación profunda en los modelos de atención a las personas mayores. Y esa transformación no pasa por la digitalización acrítica ni por la aplicación rígida de procedimientos administrativos, sino por una atención verdaderamente humana.

Carmina (nombre ficticio para proteger la identidad de una persona real) llevaba doce años con un audífono que ya no le servía. El aparato había quedado obsoleto para su nivel actual de sordera, y el coste de uno nuevo, entre 2.000 y 4.000 euros, le resultaba inasumible. Esta mujer de 74 años, que intentaba practicar el envejecimiento activo, comenzó a aislarse: primero dejó de acudir a reuniones con amistades, luego abandonó sus clases de arte y yoga. Le costaba seguir las conversaciones, no entendía a los profesores, se sentía torpe. Poco a poco, se fue desconectando del mundo. Su autoestima también se resintió.

La pérdida de audición influye negativamente en el bienestar emocional y puede condicionar mucho la vida personal. Si se suma al capacitismo asociado a la sordera el edadismo que enfrentan las personas mayores, la exclusión se multiplica. Según los psicólogos, la sordera puede generar soledad, frustración, vergüenza, inseguridad y baja autoestima, así como un claro retraimiento social.

Ante el empeoramiento de su sordera, Carmina acudió a su médica de cabecera, quien la derivó a Otorrinolaringología en Valdecilla. Allí se confirmó la necesidad de cambiar de audífono. Tiempo después, alguien le habló de las “Subvenciones para la promoción de la vida autónoma” del Gobierno de Cantabria, gestionadas por el ICASS. Dado que su unidad familiar cumplía los requisitos económicos, Carmina inició la solicitud. Una de las modalidades permite presentar el contrato de financiación del audífono tras la compra.

Pero aquí surgió el problema: como trabajadora del hogar no remunerada —o “ama de casa”—, sin ingresos propios ni historial crediticio, Carmina tuvo que recurrir a un contrato de financiación a nombre de su marido. El ICASS le denegó la subvención. La razón: “el contrato de financiación no está a nombre de la persona solicitante”. Poco importaron los documentos que acreditaban su situación económica, su sordera, y que ella y su esposo son cotitulares de la cuenta bancaria. La respuesta fue invariable.

Por otro lado, al comentarlo con conocidos, Carmina ha sabido que no estaba sola y que esta no es, ni mucho menos, la primera vez que esto ocurre. ¿Ignora el ICASS la realidad de tantas mujeres que por carecer de salario y derechos laborales el trabajo del hogar carecen de acceso al crédito? ¿Es aceptable que la literalidad de una cláusula administrativa anule el derecho a una ayuda que tiene sentido precisamente para personas como ella? ¿No parece este exceso de celo una estrategia para quitarse de encima a personas que necesitan la subvención?

Negar esta subvención a mujeres que han dedicado su vida al trabajo doméstico y que no pueden contratar créditos a su nombre constituye, como mínimo, una insensibilidad burocrática. Pero también puede interpretarse como una discriminación por razón de género y situación económica. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 38/2003, General de Subvenciones, exigen a la Administración eficacia en la protección de derechos, no excusas para negarlos.

Ahora, Carmina, con la ayuda de sus hijos, prepara un recurso de amparo: quiere que revisen su caso y le concedan la subvención, pero, sobre todo, quiere que se adopten medidas que eviten que esta discriminación indirecta de las cuidadoras principales del entorno familiar se repita en futuras convocatorias o trámites. Se pregunta cuántas otras mujeres, sin apoyo familiar o formación digital, se rendirán antes. Está previsto que remita su queja a la consejera del área, Begoña Gómez del Río, quien ha declarado recientemente que su consejería quiere “afrontar el reto de servir a los cántabros que más lo necesitan”. Queda por ver si esas personas incluyen a las mujeres mayores, con sordera, que fueron amas de casa. De momento, y a tenor de lo vivido, parece que el ICASS no está sabiendo o queriendo cuidar de ellas.

En mi edificio queremos prohibir los pisos turísticos. Misión imposible… complicada, cuando menos. Primero, fue el cuarto derecha porque no teníamos un acuerdo previo en el que, a modo de los precog de Minority report, hubiésemos imaginado que alguno de nuestros vecinos le iba a dar por hacer de su vivienda un negocio. Turísticos 1; Callealteros 0. Después, desde el 3 de abril, con la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia que modifica la Ley de Propiedad Horizontal e introduce la obligación de que cualquier propietario que desee alquilar su vivienda a turistas obtenga el visto bueno de la comunidad de vecinos, la administradora nos dijo que podíamos dejar prohibidos futuros pisos turísticos votando 3/5 en contra. Pero que no estaba claro, porque no hay ley en Cantabria. Que mejor si inscribíamos la decisión en el registro, con el coste correspondiente. Que eso tampoco nos daba demasiada seguridad jurídica. Que el Gobierno cántabro iba a aprobar su propia ley y a saber dios... Total: seguimos sin estar seguros de si nos la pueden volver a colar. El segundo en venta, de momento, lo ha comprado una sociedad. Me niego a que mis vecinos de enfrente sean gente-troley con personalidad de turista arrasalotodo. Con lo que me gusta a mí un pedir algo de sal para charlar un rato y sentir la comunidad. 

Cuando tuvimos en frente a la dueña del piso turístico en cuestión, recién propietaria y aún desconocida para los vecinos pero maja chavala, nos preguntó por qué nos oponíamos. Entendió que quiero vivir en una comunidad de personas, no con viajeros ocasionales a los que les trae al pairo si Chus se cae por la escalera o a Manuela le hace falta alguien que le ponga bien los canales de la tele. Lo que no entendió bien es que nos cerremos la puerta a, siquiera en un futuro, poder especular con nuestra vivienda “ahora que Santander está tan de moda”. Resulta que ella lo tiene para pagarle el piso en Madrid a su hijo mientras estudia porque “están los alquileres imposibles”. Ni se le pasa por la cabeza que gente como ella ha contribuido a subir el precio de los alquileres en Madrid y lo están haciendo en Cantabria. El infierno son siempre los otros, ya lo decía Sartre. 

Consumo va a exigir el bloqueo de 65.000 anuncios de pisos ilegales en Airbnb, cuyos anfitriones son en un 90% particulares. Nos iría mejor si pensásemos en las consecuencias de nuestros actos, porque vivimos en un barco colectivo y arrieritos somos. Están los malos malísimos, los fondos buitres, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras, pero hay también malos y malas de andar por casa como tu tía Paca que tiene el piso en alquiler turístico porque, pobre Paca, no quería líos, y meter una familia con tres hijos desgasta más la casa, o tú o tu primo Cosme, que siempre fuisteis muy vivos y os habéis comprado un pisito que vais a habilitar para alquiler vacacional. Luego están los de los apellidos compuestos, rentistas de rancio abolengo que viven de alquilar como negocio medio en negro de la familia desde que Franco era corneta (más bien desde que fue caudillo).

Apuntaba Olga Agüero en estas mismas páginas, días atrás, que el precio de las viviendas en propiedad aumenta tanto —alcanza ya los 1.900 euros por metro cuadrado— y a tal velocidad que es ya inaccesible para la mayoría de los sueldos. Además, hay que competir con los foráneos que se llevan el 42% de las ventas de vivienda, lo cual pone a Cantabria en riesgo de gentrificación turística —Santillana del Mar se utiliza como ejemplo del fenómeno—, con consecuencias que van desde el aumento de los precios y el desplazamiento de los residentes de siempre, a la transformación del tejido urbano y la pérdida de identidad cultural. Que la suerte te libre de que tu localidad triunfe en el turisteo.

El alquiler, que es más caro pero también más accesible para quien no tiene acceso a hipotecas, cada vez lo es menos, pues crece sin control el nivel de presión, a saber, el número de candidatas a arrendatarias de los pisos en alquiler: los juegos del hambre en versión inmobiliaria. En Cantabria —según el Observatorio del Alquiler— se estima en 26 por piso, y se ha incrementado un 52% en dos meses, pasando de 17 a 26 personas que pugnan por alquilar en nuestra comunidad autónoma. Y eso que nuestra comunidad autónoma ya figuraba el año pasado en el ranking de lugares con alquileres más altos según el informe Fotocasa. 

El alquiler, que es más caro pero también más accesible para quien no tiene acceso a hipotecas, cada vez lo es menos, pues crece sin control el nivel de presión, a saber, el número de candidatas a arrendatarias de los pisos en alquiler: los juegos del hambre en versión inmobiliaria

Pese a ser tan poco halagüeño el panorama, siempre hay quienes hacen cierto eso de que una crisis siempre encierra una oportunidad, y al calor de la crisis de vivienda y la imposibilidad de tener un hogar han apostado por romper la baraja del modelo individualista. Nos faltan ejemplos en Cantabria, aunque ya hay intentos como la Ecoaldea Valyter, pero hay que ponerse manos a la obra para poner en marcha proyectos cooperativos de vida como el de viviendas en régimen de cesión de uso 'Entrepatios', impulsado por un grupo de gente que compró suelo colectivamente y diseñó asambleariamente los espacios para bien convivir y hoy no sufren ya el problema de la vivienda nada menos que en el invivible Madrid. O como el cohousing senior de Trabensol, cooperativa sin ánimo de lucro autogestionada democráticamente, que nació como alternativa a las residencias tradicionales para hacer realidad un modelo de vivienda colaborativa en cesión de uso, integrado por unidades habitacionales privadas y espacios comunes –salas de juego, lavandería o huerto– para compartir actividades, servicios y cuidados. Hay otras cooperativas, como la catalana Sostre Cívic que ofrecen ayuda a quienes se aventuran a tomar las riendas en el problema de la vivienda.

Por supuesto, se trata de un universo muy diverso. No tienen nada que ver los proyectos impulsados por especialistas —a menudo procedentes del mundo de la construcción y el urbanismo— que ahora apuestan por el nicho de mercado de lo “co”, generando iniciativas con ánimo de lucro en las que las personas usuarias reciben pasivamente servicios encarecidos por la necesidad de sostener a quienes viven de ellos —como parece ser el caso del Senior Resort proyectado en Bareyo—, con aquellos otros basados en valores democráticos, autogestionados y sin ánimo de lucro, que ponen realmente a las personas en el centro y se construyen de forma genuinamente cooperativa, como los ya mencionados. Los primeros no son más que una reedición del modelo dominante y, lejos de contribuir, suponen un obstáculo para esa nueva economía social y solidaria que urge impulsar como cuestión de vida o muerte.

Un renacido Movimiento por la Vivienda está clamando justicia, pidiendo a los gobiernos, autonómicos y estatales, que se tomen en serio el precepto constitucional que es el derecho a un techo. Ojalá se extienda la creatividad política que demuestran los proyectos comentados y empecemos a construir alegría con formas de vida cooperativas iluminadas por esa responsabilidad recíproca entre diferentes que es la esencia de la vida en común. 

Pongamos que una investigación antropológica informara de que los jefes de ciertas tribus previas al descubrimiento de la agricultura eran reacios a atender a los niños de otras etnias. Sería lógico y muy humano sentir un rechazo inmediato hacia esos gobernantes y su edadismo —discriminación por edad— infantófobo primitivo que, ajeno al respeto de los derechos elementales de la infancia, llevara a despreciar las crías ajenas, permitiendo que, en caso de encontrarse con esos niños y niñas perdidos por guerra, desplazamientos o hambre, se permitiera que pasasen necesidades e incluso que se jugasen la vida. 

Pero lo cierto es que no existe tal obra porque no hay restos que permitan deducir que algo así se haya dado: resulta que, a menudo, en las civilizaciones primitivas previas al Neolítico, el cuidado de los niños era una responsabilidad colectiva y, en diversas comunidades indígenas, la adopción y la crianza compartida son todavía prácticas comunes, de modo que los niños que quedan huérfanos o sin hogar suelen ser acogidos por otros miembros de la comunidad. Estas prácticas demuestran un sentido de responsabilidad colectiva hacia el bienestar de los niños que, en pleno siglo XXI, no está demostrando el Gobierno de Cantabria —y no es el único, por cierto—, que se niega a acoger a niños desamparados cuyo delito consiste en no ser españoles ni demasiado blancos. Qué escaso desarrollo moral exhiben, se mire como se mire. 

El contraste de nuestra inhumana actualidad con tribus primitivas y originarias me lo ha sugerido la lectura del magnífico trabajo de David Graeber y David Wengrow titulado 'El amanecer de todo', investigación que cuestiona el relato lineal y evolucionista que coloca las sociedades primitivas en una especie de infancia de la humanidad. Estos científicos, antropólogos y arqueólogos, desafían las narrativas que, al estilo del superventas 'Sapiens', de Yuval Noah Harari, han llevado a considerar que el desarrollo humano es homogéneo y progresivo y nosotros ocupamos algo así como un estadio superior. No se trata de negar los avances, pero es interesante mirar con humildad lo que otros modos de vida pueden enseñarnos y a nadie se le escapa que en asuntos de moral y política, de convivencia y solidaridad, estamos peor que algunas épocas y civilizaciones muy anteriores. 

Declaraciones como las ofrecidas en estos días por el Gobierno de Cantabria respecto a los niños y niñas extranjeros solos, que se encuentran en desamparo —los llamados, a menudo para deshumanizarlos, por sus siglas burocráticas, 'MENA': menores extranjeros no acompañados— avergüenzan. Han decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, negándose a la solidaridad para acoger a estos niños y niñas que subsisten separados de sus padres: hay decisiones políticas que no admiten excusas técnicas ni justificaciones jurídicas, ni mucho menos pueden sostenerse con razonamientos éticamente inaceptables.

Los niños migrantes desamparados son niños y niñas tan inocentes, asustados, indefensos y merecedores de protección como lo serían nuestros propios hijos. No son un problema sino una responsabilidad. Negarse a asumirla no solo incumple la ley, traiciona valores esenciales, de los que vertebran eso que denominamos humanidad

No se trata aquí de cifras, ni de competencias, ni de partidas presupuestarias… Hablamos de las necesidades de niños y niñas, esto es, de seres humanos vulnerables, que están solos y abandonados en un mundo que, francamente, les tiene que parecer tremendamente hostil. Imaginemos que nuestros hijos llegaran a un país extranjero, tras jugarse la vida en un periplo imposible, y les tratasen así. Pero el Gobierno autonómico ha preferido parapetarse detrás del artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Como si la burocracia pudiera disimular la cobardía política y moral, lo utiliza para negarse a acoger a algo más de un centenar de menores. Les parece mejor que se hacinen en Canarias, Ceuta y Melilla. Un rechazo egoísta e inhumano a cumplir con un reparto solidario que busca aliviar los territorios desbordados y, sobre todo, asistir a la infancia migrante.

Dice la consejera de nada menos que “inclusión social, juventud, familias e igualdad”, Begoña Gómez del Río, que hay que tomar medidas “en origen” porque estos niños y niñas solos son víctimas de mafias. Lo dice sin aportar dato alguno, utilizando “en origen”, un eufemismo que maquilla la pretensión de que sencillamente no vengan, y alimentando, con la mención a las mafias, un bulo alarmista y estigmatizador. De hecho, son las mismas fantasmales mafias que se usaban para justificar la negativa a ayudar a los refugiados. Al final, es la forma ladina de reivindicar lo mismo que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que acudió a la sesión con una camiseta blanca en la que se leía “Menas a su país”. La consejera debería hacerse una que diga “#MenasTratadoEnOrigen” por un lado y “#EnOcasionesVeoMafias” por otro. No vayan a decirle los de Vox que son unos acomplejados.

Estos menores son víctimas de redes, sí, pero no de redes mafiosas al uso: son víctimas de redes de abandono estructural, de redes de pobreza, de redes de violencia institucional y de desesperanza. El derecho internacional obliga a protegerlos, sin distinción de origen ni estatus jurídico, en la medida en que España es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero son víctimas de redes de políticos que olvidan o quieren obviar que el interés superior del menor no es una cláusula decorativa opcional: es un principio jurídico vinculante.

La ley que pretenden impugnar no impone cuotas arbitrariamente. Establece criterios objetivos para estimar el número a acoger —población, renta, esfuerzo previo de acogida, tasa de paro…— para redistribuir con justicia a niñas y niños que ahora se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla.  A Cantabria le corresponderían 170, y ni mucho menos está desbordada. Según los datos más recientes suministrados por la Consejería, hay 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a extranjeros no acompañados. Actualmente, de estas últimas hay ocupadas 25, por lo que ascienden a 11 las libres pero, ante todo, disponemos de un sistema con capacidad estructural muy por encima del umbral que justificaría el rechazo. Negarse a acoger por un tecnicismo, por una supuesta invasión de competencias autonómicas, no es defender la autonomía ni las instituciones, es pervertirlas. Canarias, por cierto, ya intentó algo similar y no le salió bien. 

Los niños migrantes desamparados son niños y niñas tan inocentes, asustados, indefensos y merecedores de protección como lo serían nuestros propios hijos. No son un problema sino una responsabilidad. Negarse a asumirla no solo incumple la ley, traiciona valores esenciales, de los que vertebran eso que denominamos humanidad. Mal vamos si damos por bueno que nuestros representantes se comporten de un modo tan inhumano.

María Antonia tiene 77 años y a su edad, enferma y comida por la ansiedad, no le quedó otra, hace ya dos años y tras ser desahuciada una primera vez, que ocupar su propia casa junto con su hijo David, de 53 y en paro. Si le hubieran dicho años atrás que un día sería 'ocupa', probablemente no se lo hubiera creído. Pero el derecho de uso de la casa en la que conviven en Sancibrián, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, esa que ha sido su espacio vital por más de tres décadas, es todo lo que le ha quedado tras una vida entera trajinando. Si trabajas de modistilla en casa, cuidas y crías tres hijos y atiendes a un marido como poco desagradecido —Juan Francisco Jano Merino, su marido y padre de David, es el impulsor del desahucio—, no te queda más que una exigua pensión de menos de 700 euros. Con eso, y los precios actuales del alquiler, no llega para pagar un techo a precio de mercado y comer los dos. 

Los desahucios son un caso extremo de violencia económica de este sistema que no se arredra ante la vulnerabilidad que supone la alianza de la edad con la enfermedad: María Antonia no debería estar viviendo esta situación dramática. Y esto desde un punto de vista, qué duda cabe, ético, pero en una sociedad que pisotea la ética sin rubor, que coloca la propiedad por delante de la vida, tampoco debería vivirlo desde el punto de vista legal, ya que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se garantiza el derecho a la vivienda y se prohíben, de manera general, los desahucios sin “alternativa habitacional”.

Este pacto permite, además, solicitar la intervención de la ONU a las personas cuyo derecho a la vivienda haya sido vulnerado y hayan agotado todos los mecanismos internos en España, como es el caso de María Antonia y David, cuya petición de vivienda social al Gobierno de Cantabria permanece en espera desde 2023 sin que el Juzgado —inhumano, quede bien claro— haya admitido ninguno de sus recursos al desahucio. La ONU ha exigido la suspensión hasta que se conceda a los residentes una vivienda social alternativa 

Ambos están viviendo una situación de indefensión en un entorno hostil a varios niveles, algo que, según señalan varios estudios sobre la psicología del desahuciado, provoca un fuerte impacto emocional, siendo el estrés postraumático una constante en todos los casos estudiados, con episodios recurrentes de miedo y angustia (flashbacks, pesadillas), pérdida de autoestima, cambio de hábitos de alimentación, sueño o relaciones sociales y una fuerte  pérdida de confianza en las instituciones y el sistema.

La única suerte de María Antonia y David, con tener muy poca ahora mismo, es que no están solos. El pasado lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que es un colectivo y un disparador de solidaridad, reunió desde la noche anterior a gente tan diversa como generosa y entre todos, pese a tener delante a dotaciones de Guardia Civil y antidisturbios vestidos para violentarles, físicamente incluso, lograron paralizar el desahucio. Gracias a las PAH, los desahucios no se viven en soledad y en silencio, y probablemente gracias a ellas y ellos han bajado el número de suicidios por desesperación, aunque no olvidamos casos como el de las hermanas de la calle Burgos de Santander.

Pero sin parque de vivienda social y sin mecanismos de atención a las víctimas de desahucios, aquí seguimos, asistiendo cada cierto tiempo al drama de las María Antonias y los David que el sistema se lleva por delante. Nos vemos en estas, para mayor escarnio, de la mano de una clase política a menudo tan charlatana como incompetente, y empeñada en mirar al lado que más les conviene, cuando no en lanzar bulos funcionales para su inacción: aunque los desahucios se dispararon un 70,2% el pasado año —un total de 257 frente a los 151 de 2023— y el principal motivo fue el impago del alquiler —207 casos, un aumento del 68,3% respecto a 2024—, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), tira de argumentario para hacernos creer que el problema son las ocupaciones, cuando el mismo informe del poder judicial detalla que hubo tan solo 19 demandas por este delito en todo el año pasado.

Los desahucios son un caso extremo de violencia económica de este sistema que no se arredra ante la vulnerabilidad que supone la alianza de la edad con la enfermedad

Despreciando los datos objetivos, se niega a buscar soluciones al problema, como sería el control de los precios de alquiler y/o la limitación de las viviendas turísticas que han inflado las rentas, y la creación de un parque de vivienda social que evite que casos como el de María Antonia resulten tan traumáticos. “Da igual una o mil”, ha dicho en relación a los datos: lo que le importa a él es “la sensación” ciudadana, esa que él trata de manipular, y siempre que juegue a favor de sus postulados, claro.

Como ya ha señalado el director de este periódico, Laro García, frente al “una vivienda ocupada es mucho” que entona el consejero, la realidad es que “un solo desahucio nos parece demasiado” y no olvidamos que Cantabria es el territorio peninsular que ha experimentado mayor aumento de pisos turísticos desde la pandemia, de modo que se ha hecho inviable conseguir un alojamiento estable en las zonas más turísticas de la comunidad, donde el 80% de la oferta es de temporada y tiene precios desorbitados.

El desahucio de María Antonia y David fue paralizado, pero volverán a pasar por la misma situación si el Gobierno de Cantabria no lo remedia ofreciéndoles una alternativa habitacional que realmente lo sea. Me refiero con ello a que los seres humanos “habitamos”, que es mucho más que ocupar habitaciones: nos implicamos en todo un universo de referencias vitales que nos rodean y hacen que la vida sea plenamente humana y digna de ser vivida. Y eso, a María Antonia, que tiene 77 años, que llevaba 30 en esa casa, se lo van a arrancar, algo que no debería pasarse por alto a la hora de buscar una vivienda que, a poder ser, no la desarraigue del resto de su vida también. 

Para el consejero, la propiedad privada es sagrada, para la filósofa Simone Weil, en cambio, “es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien”, que se manifiesta en cierta fe última que tenemos en que los demás no nos harán mal. Cuando así ocurre, cuando se viola esa inocencia íntima, surge el sentimiento de injusticia. Espero —y sé y agradezco que la PAH estará ahí velando para que así sea— que no desahucien esa parte profunda, inocente, del corazón de María Antonia y con ella toda su fe en que aún exista algo de bien en el mundo. Intenten ser más competentes, señoras y señores políticos y, sobre todo, dejen, por favor, de ser tan jodidamente inhumanos. 

Los lemas y las consignas son, en principio, frases cortas, epatantes, con punch… Unas con más acierto y finura, otras con gracia o más originales, pero todas ambiciosas y tratando de transmitir lo esencial de las luchas. Son lemas en el sentido de consigna, una directriz política para quienes salen a la calle, pero también una brújula que señala el horizonte de la vida que queremos construir. Y el feminismo, como cualquier movimiento emancipador, no puede conformarse con la potencia efímera de la consigna. El paso de las propuestas a la realidad —política— cotidiana no es automático: es un trabajo paciente y colectivo, tanto ético como político, tanto analítico como práctico. Quien enarbola un lema se compromete, de algún modo, a ejemplificarlo con sus actos: es lo que en el ámbito anarquista se denomina “propaganda por los hechos”.

Las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria convocan este año con el lema '¡A las calles! Nos va la vida en ello…'. Animan a defender la vida 'De pie contra el patriarcado, las precariedades y las violencias' pero no solo la vida cualquiera, inespecífica, orgánica, que desgraciadamente aún hay que defender —con 94 feminicidios y asesinatos de mujeres según feminicio.net que contabiliza también el “feminicidio por prostitución”, el “feminicidio infantil” y otros y no solo los íntimos— sino una vida digna de ser vivida. 

Sigue siendo necesario tomar las calles y todos los espacios públicos porque son multitud las mujeres que aún no viven ni de lejos en una situación de equidad y el avance global de la extrema derecha amenaza con arrasar no solo derechos conquistados en las últimas décadas, sino luchas que llevan siglos. No viven como merecen, y en algunos casos no sobreviven, las muchas víctimas de violencia física, psíquica, sexual, económica, vicaria —a través de sus niños—, obstétrica durante la gestación y el parto—, y tampoco, ni mucho menos, soportando varias opresiones a la vez, las mujeres racializadas, las migrantes, las discriminadas por disidentes sexuales  y de género, las trabajadoras sexuales, las cuidadoras y limpiadoras que pelean cada día en el “suelo pegajoso” —hay que visibilizarlo antes incluso que el techo de cristal—, las mujeres atrapadas en guerras y genocidios. La lista sigue siendo escalofriante. 

Por su parte, la Comisión 8 de marzo, que tiene en su haber la convocatoria de las primeras manifestaciones del 8M, mucho antes de que estas se conviertan en multitudinarias, y cuyas incombustibles integrantes llevan luchando desde hace décadas sin descanso, mantiene un lema que ya forma parte de la identidad de esta fecha en Cantabria: 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días'. Hoy, incluso más que hace una década, es imprescindible exigir el respeto de todos los derechos y desplegar al protección a la que apunta este lema, cuando la extrema derecha más bizarra, los neoliberales que juegan a antisistema tomando el pelo a sus votantes, como es el caso de Trump, el argentino Milei o en España el chiringuito del vividor del Estado Abascal —que en Cantabria, al igual que en otros muchos lugares, está demostrando la talla moral de sus miembros— se dedican a  cargar contra las mujeres trans —en Cantabria ya están intentando legislar contra ellas—, el movimiento LGTBQ+ o las migrantes, demostrando niveles de inhumanidad que cuesta procesar. 

No obstante, en los últimos días me ha sorprendido comprobar que algunos grupos políticos integrados en la plataforma feminista, como el PSOE, no encajan bien con el lema de la Comisión. Un PSOE que, por cierto, debería dejar de instrumentalizar el feminismo electoralmente: Zuloaga coloca su logo con cierto descaro en el video de hombres apoyando el feminismo que se ha difundido como parte de la campaña del 8M. 

Hablamos de un partido que, vía Fiscalía, junto con dos asociaciones abolicionistas,  intentó ilegalizar el primer sindicato de trabajadoras sexuales —no lo consiguió— y juega a la ceremonia de la confusión entre prostitución y trata, mientras fomenta indirectamente la trata al no apoyar de facto a las mujeres migrantes que son quienes la sufren mayoritariamente, pues su gestión de las migraciones ha condenado y condena a miles de mujeres a la prostitución negándoles derechos mediante la Ley de Extranjería, una gestión inhumana de las fronteras, kafkianos trámites administrativos para la residencia legal, redadas racistas, etc. Han propuesto recientemente una reforma del artículo 187 del Código Penal, que actualmente solo castiga la obtención de lucro de la prostitución si ha habido “explotación”, que pasaría a castigarse para quien “promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Los colectivos de prostitutas han señalado que eso tendría como consecuencia para ellas una mayor persecución y precarización. Ahora que el consentimiento de las mujeres está en el centro del debate, cabe preguntarse: ¿va a considerarse válido todo consentimiento, excepto el de las trabajadoras sexuales organizadas?

Es, por cierto, el mismo PSOE en el que, al parecer, con maniobras torticeras, a última hora de un Congreso, ha aprobado eliminar la Q de 'queer', ignorando a les disidentes de género  que se identifican más allá de las categorías tradicionales del sistema binario varón/mujer, heterosexualidad/homosexualidad, y que hasta ahora se recogían en la expresión LGTBQ+. Y en el que se impone por momentos, asimismo, el feminismo trans-excluyente, el dichoso TERF, que considera que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, idea que comparten con la extrema derecha y que estoy convencida de que no debe ser mayoritaria en las bases. No podría entender un feminismo que excluyese a las mujeres trans. 

Pero más que las idas y venidas del PSOE, que al fin y al cabo suele mostrarse más interesado por el cálculo electoral que por las ideas, me preocupa la participación de la Asamblea de Mujeres de Cantabria, miembro destacado por no decir el más activo, de la Comisión 8 de marzo, en la plataforma abolicionista de reciente creación.¿ Acaso el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos…' no incluye a las trabajadoras sexuales que no tienen siquiera derecho a hablar por ellas mismas? Me temo que en ninguna de las organizaciones que integran esta plataforma hay trabajadoras sexuales en puestos de decisión o portavocías. Nunca compartiré el paternalismo , a menudo vinculado a un actitud asistencialista, de mujeres que se arrogan el derecho a hablar por otras mujeres. Están haciendo mucho daño a las prostitutas que han dado un paso adelante y han alzado la voz para exigir los derechos que necesitan. 

Aún queda mucho por hacer, con amor y humor, compañerismo y mucha democracia, quedan asuntos por trabajar para que el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días' se convierta en norma de conducta. Y es necesario tener conversaciones complicadas, pero sería deseable no legislar con prisas ni maniobras torticeras. Con Judith Butler, quisiera poder decir a pecho abierto, en mi nombre y en el de mis compañeres —y aunque todes no pensemos lo mismo— que “estamos al lado de un vida vivible, del amor con todas sus complicaciones y de la libertad, haciendo que esos ideales sean tan convincentes que nadie pueda mirar al otro lado”. En las calles y en las casas, por todas las mujeres, todos los derechos, todos los días y porque nos va la vida en ello. 

Entre todas las barbaridades trumpianas que en las últimas semanas han saturado nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento—¡cuánto micrófono para tan poca neurona, cuánta atención para un corazón tan parvo!—, ha habido una que me desalentó especialmente, no solo por su crueldad, sino por su tremenda coherencia con la lógica consumista que hoy se disfraza de “realismo”, ese frente al cual cualquier intento de ética es ridiculizado como “buenismo”.

Me refiero a la idea, a todas luces inhumana, que ya había planteado el criminal genocida Benjamin Netanyahu: transformar Gaza en un inmenso resort vacacional en el extremo oriental del Mediterráneo. No se trata solo de expulsar a sus habitantes —los últimos palestinos y palestinas que sobrevivan al genocidio tolerado por la comunidad internacional durante casi un siglo ya, si atendemos a las matanzas y la represión sistemática durante el mandato británico en Palestina—, es que se propone sin pudor bailar sobre sus tumbas y convertir la limpieza étnica en un modelo de negocio.

Los lodos de la realidad presente son siempre producto de barros viejos de la historia: la miseria colonial genocida ha sido la base sobre la que se han construido imperios comerciales e incluso ha inspirado parques temáticos para la distracción de turistas. ¿Por qué no repetir la fórmula? Al fin y al cabo, hay una línea roja —fina, pero clara— que conecta las imágenes de turistas imbéciles haciendo el pino en Auschwitz, sacando la lengua ante un crematorio o grabando “John loves Joan” en una piedra del memorial. Todo forma parte de una misma sociedad, una en la que Donald Trump, nos guste o no, no es un producto extraño. Por algo ha tenido tantos votos.

Ya no diría que vivimos en tiempos de la tan manida como mal comprendida banalidad del mal, aquel concepto que Hannah Arendt acuñó para evitar hablar de mal radical y que describía la actitud de quienes, al someterse a una instancia superior, perpetran atrocidades sin pensar, perdiendo así, según la filósofa, su humanidad. El racismo piensa. Y piensa con una jodida maldad, con un egoísmo que hoy viste la lógica consumista y depredadora del neoliberalismo: hija bastarda del liberalismo, pero hija al fin y al cabo.

El racismo piensa. Y piensa con una jodida maldad, con un egoísmo que hoy viste la lógica consumista y depredadora del neoliberalismo: hija bastarda del liberalismo, pero hija al fin y al cabo

Más afinado en esto que Arendt, Achille Mbembe, en Necropolítica, advierte que la burocratización del exterminio y la administración de la maldad no comenzaron con el nazismo, sino con el colonialismo. Antes que él, Aimé Césaire ya había señalado en su Discurso sobre el colonialismo que los crímenes del nazismo resultaban intolerables para Europa porque se cometieron contra blancos, pero la misma lógica de exterminio llevaba siglos aplicándose —y sigue aplicándose a través de la explotación neocolonial— en África, América y Asia sin despertar escándalo.

Y Sylvia Wynter, influida por Frantz Fanon, señala cómo el mal no es solo una cuestión de obediencia burocrática, sino que está arraigado en una estructura ontológica racista que define quién es plenamente humano y quién es desechable. Arendt no supo ver que los crímenes del nazismo no fueron una anomalía, sino la continuidad de un modelo de exterminio ensayado durante siglos en el mundo colonial. Nadie osaría siquiera mencionar la posibilidad de un resort en Auschwitz; pero en Gaza, cuando menos, se puede plantear.

Por supuesto, tampoco podía faltar, en estos tiempos de marcar paquete ideológico, la primera aportación de Trump a la cuestión de género. El hombre con piel de ganchito encarna con verdadero talento el oportunismo moral: débil con los fuertes —Putin, Netanyahu—, fuerte con los débiles. En su primer día en el cargo, emitió una directiva exigiendo que el gobierno federal definiera el sexo estrictamente como masculino o femenino en todos los documentos oficiales, desde pasaportes hasta políticas penitenciarias. Y, fiel a su cruzada reaccionaria, este mes ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a las personas trans competir en categorías femeninas, un nuevo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

Así actúan los neoliberales: su supuesta aversión a la injerencia estatal no les impide meterse hasta el fondo en dormitorios, vestuarios y baños. Y no han tardado en seguirle el juego nuestros intolerantes matrios, que este pasado lunes aprobaron —con el apoyo de PP y PRC— una proposición no de ley para instar al Gobierno central a derogar las normativas que permiten la participación de deportistas trans en competiciones femeninas. Por eso, la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA) convocó una concentración frente al Parlamento, para rechazar la LGTBIfobia en el deporte y en cualquier ámbito de la vida. Mientras unes construyen, otros solo aportan retroceso.

La salida de estas realidades terroríficas no vendrá de una única gran iniciativa milagrosa ni de una idea brillante que nos ilumine de golpe. Es hora de dejar de anhelar cambios inmediatos, porque nada en nuestro planeta ocurre sin siembra, riego, abono y tiempo. Solo la multiplicidad de prácticas éticas, solidarias, inclusivas y democráticas —llevadas a cabo por cientos de miles, millones de personas anónimas, de carne y hueso, con más vida cotidiana que gestas heroicas— puede sostener la lucha contra un mal con muchas caras, pero que hoy se condensa en una: la inmoralidad neoliberal.

Son los pequeños gestos los que sostienen la resistencia contra la barbarie. Como los millones de actos que, desde 1967, han desafiado el genocidio: de las Rachel Corrie —joven activista que fue arrollada por un bulldozer cuando defendía los hogares palestinos de la ocupación, en marzo hará 22 años— a los y las Juanas Nadie que asisten a asambleas, hacen pulseras, venden pins, envían correos, publican en redes o toman las calles, como el próximo 1 de marzo a las 12.00 horas, en la convocatoria por Palestina que discurrirá por las calles de Santander desde Puertochico hasta Delegación de Gobierno.

No podemos permitir que la obsesión por los grandes gestos nos haga perder de vista el valor de los pequeños, esos que tejen la ética de una sociedad. Solo reconociendo la importancia de cada paso seguiremos avanzando, solo entendiendo que toda acción suma podremos acercarnos a una sociedad donde no haya lugar para genocidios ni exclusiones, donde aprendamos a cuidar los unos a les otres, incluidos los animales, las plantas y el planeta entero. Por eso, no dejemos pasar un solo día sin hacer un gesto humano. No perdamos más energía en los trumpismos de turno, no abonemos el nihilismo. Cada acción cuenta, y es en la persistencia de esos pequeños actos donde radica la posibilidad real de cambiar la historia.

Se llama AB capital, es una asesoría financiera con sede en Palma de Mallorca a la que todo parece apuntar que le importa un bledo Cantabria y su población ya que pretende artificializar unos emblemáticos terrenos costeros de gran riqueza natural en Ribamontán al Mar, entre Loredo y Langre, convirtiéndolos en un gran complejo turístico ligado a un campo de golf para lucro de unos pocos.

Su objetivo declarado es, como han afirmado ante algún medio de comunicación, “convertir Cantabria en la Ibiza del Norte” y comienzan para ello construyendo un hotel, unas 350 viviendas de segunda residencia y una zona comercial. Todo ello ligado, cómo no, a un campo de golf, infraestructura que es ya símbolo del despilfarro de recursos hídricos y del pelotazo urbanístico. Dicen contar con el beneplácito del alcalde regionalista de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, en lo que sería el arranque de la urbanización de los 640.000 metros cuadrados que posee el ya extinto Grupo Bolado entre Langre y Loredo, en terrenos calificados según el Plan de Ordenación del Litoral como de zona de Protección Litoral (PL) y zona de Ordenación Ecológica Forestal (OEF).

Pero, ¿son conscientes de lo que significa “convertir Cantabria en la Ibiza del Norte”? ¿Pretenden condenarnos a la sobresaturación y degradación ambiental? Ibiza y Formentera —'Las Pitiusas'— recibieron en 2023 un total de 3.712.160 turistas, según los datos del Institut d'Estadística de les Illes Balears, mientras que su población residente es de alrededor de 172.867 personas según el INE. Hagan cuentas de cómo se las pueden apañar en lo que respecta a servicios en una isla en la que se ha urbanizado casi un millón de metros cuadrados anuales durante los últimos seis años. ¿Tal vez quieren que Ribamontán al Mar sufra el impacto en la calidad de vida de los residentes que sufre Ibiza, donde el coste de la vida ha convertido a Islas Baleares, incluida Ibiza, en uno de los lugares más caros de España, un 2,3% por encima de la media nacional? ¿Pretenderán que consideremos atractivo el deterioro del patrimonio cultural, el insoportable ruido, los comportamientos incívicos, la criminalidad, los problemas de tráfico y aparcamiento, etc. que han hecho que en Ibiza el turismo masificado sea hoy un verdadero problema que convierte la isla en invivible para sus habitantes?

Presentistas ecocidas de todo pelaje empezarán ahora con la cantinela habitual en el pensamiento marrón —insensible al medio ambiente— y cortoplacista que nos ha llevado donde estamos: que si crea puestos de trabajo, que si no se puede negar el progreso, que si el turismo nos da de comer… Por fortuna, estoy segura de que vamos a ser más quienes exijamos al Gobierno de Cantabria que actúe y al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar que haga su trabajo y cuide nuestro patrimonio común, que no vendan, ni uno ni otros, un paisaje, flora y fauna que es todas y todos, de quienes estamos y de quienes vendrán, al turismo depredador.

Ibiza es el espejo en el que mirarse para decir no a un modelo económico ya caduco que da muestras de su nocividad cada vez en más lugares: las siete islas canarias vivieron, sin ir más lejos el pasado abril, manifestaciones con el lema “Canarias tiene un límite”, denunciado ese modelo económico basado en el turismo de masas que condena a la ciudadanía local a trabajos precarios, agrava la crisis de la vivienda y destruye los ecosistemas y su biodiversidad. Mañana podría ser Cantabria la que muera de éxito.

Haciendo gala de su enraizamiento en Cantabria y sus movimientos sociales, ha sido Cantabristas, un partido joven y comprometido con la comunidad, quien ha destapado la posible operación y sus potenciales riesgos para el medio ambiente y el bienestar comunitario. Así, han exigido al Gobierno de Cantabria que proteja la zona, desplegando en la isla de Santa Marina una inmensa pancarta con el lema “Cantabria se defiende. Salvemos nuestra costa” y convocando una movilización este próximo sábado 18 de mayo en la zona afectada que cabe esperar que obtenga un fuerte apoyo y que recuerda a aquellas movilizaciones, encabezadas por el movimiento ecologista, que en los años 80 protegieron la zona de Oyambre de la voracidad especulativa, consiguiendo que aún hoy podamos disfrutar de su esplendor natural gracias a que entonces lograsen su declaración como Parque Natural .

Bien cerca, en San Vicente, y al igual que en Laredo, por citar dos ejemplos, la población se multiplica por cuatro en temporada alta, lo que significa que los servicios quedan en chasis. Sube la población visitante y sube la población autóctona precarizada contribuyendo a un país de camareros/as donde la precariedad y la explotación es la ley y donde en temporada baja el paro aumenta sin control.

El principio de responsabilidad del filósofo Hans Jonas dice que hoy es más necesario que nunca considerar como objeto de la ética la dignidad de la vida humana, el futuro remoto y garantizar la existencia de las generaciones venideras. Tenemos el deber de preservar nuestros espacios naturales como Loredo y Langre y no permitir que se exploten y deterioren, sacrificados en el altar del presente, para beneficio de unos pocos.

Hace poco más de un año por fin fue realidad la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha hecho posible que las personas trans sean reconocidas oficialmente según su identidad sin tener que declararse enfermas —con  disforia de género— y atravesar largas validaciones médicas, algo que hacen solo 16 países en el mundo —Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Suiza, Portugal, Malta, Luxemburgo y Nueva Zelanda—. En este año, sin duda, habrán sido muchas la personas que por fin habrán visto reflejada en su DNI la identidad en que habitan, que sienten que es la suya. Algo que puede parecer poca cosa, pero que es mucho cuando no puedes tenerlo. Y la ley no ha ampliado derechos solo a las personas trans, sino a todo el colectivo LGTBQI+.

Hecha la ley, claro, hecha la trampa: al parecer, ha habido un número no pequeño, aunque no confirmado oficialmente, de individuos, muchos de ellos, curiosamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,—¿gente que no teme perder su puesto de trabajo por un cambio de mención en el registro?—, que han decidido cambiar su sexo en el registro sin cambiar absolutamente nada más en su vida, en un clarísimo fraude de ley, con el objetivo de beneficiarse de los esqueléticos beneficios que pudiera tener una mujer por el hecho de serlo en los casos en los que se aplica la discriminación positiva. 

Son, por supuesto, ejemplares extremos de 'machirulo' que se niega a vivir en un mundo de equivalentes, incapaces de habitar con normalidad el respeto al diferente, que añoran los tiempos en que podían pellizcar el culo a la vecinita o lanzar improperios a las personas con otra identidad afectivo sexual sin que viniera una ley o una mujer a tocarles las razones, 'señoros' que llevan pataleando por las esquinas desde que los feminismos y las luchas LGTBQI+ han entrado con fuerza en la agenda política gracias al trabajo del movimiento feminista y a empujones estratégicos como el compromiso de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. 

Pero se ve que estos aprendices de la reivindicación, que se aprenden la ley trans para sacarle punta hasta descontextualizar su motivación, pero del resto de la legislación, sospecho, no saben casi nada, no han contado con el artículo 7.1 del Código Civil, que exige que los derechos se ejerciten siempre conforme a las exigencias de la buena fe, o con el artículo 6.4 del Código Civil y el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen que en los casos en que se retuerza una ley para beneficiarse de algo a lo que no se tiene derecho, el beneficio que haya procurado el retorcimiento de la ley sea nulo de pleno derecho. 

Incluso algunos no han leído bien la ley, porque, para los casos en que el objetivo sea librarse en procedimientos abiertos por violencia de género, la propia 'Ley Trans' recoge en su artículo 46 los usos que se prohíben a su amparo. En su punto 3 aclara: “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. Pues eso, que no libran. Si se demuestra que el cambio de sexo registral se ha hecho para intentar conseguir alguna de las medidas que la propia ley prohíbe y que se ha ejercido un derecho sin buena fe y en fraude de ley, según la jurisprudencia, se anulará el cambio registral y todo aquello que se haya hecho con el sexo registral cambiado quedará sin efecto, pudiendo incluso exigirse responsabilidad civil o administrativa. 

Como muestra, un botón: el magistrado del registro civil de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, denegó el septiembre pasado la solicitud de cambio de sexo registral presentada por un sargento del Ejército del Aire que buscaba aprovecharse de las políticas de discriminación positiva. Claro está, con el pack completo de ser mujer no quiso cargar: se ve que sospechaba que vivir como mujer no compensa. El magistrado consideró que de la comparecencia se pudo deducir que en la petición no existía “una voluntad real de expresión de género como mujer” pues ni existía cambio físico, ni se refería a sí mismo en femenino ni nada que hiciera pensar que era cierto lo que planteaba.

Lo cierto es que resulta muy difícil que una ley anticipe todo tipo de fraudes y, para combatirlos tal vez sea necesario poner en marcha algún tipo de dispositivo de prevención y persecución del fraude dirigido a quienes se empeñan en evitar que en este país “se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad”, como reza el preámbulo de tan necesaria ley. Una vacuna contra esa gente que me recuerda un poema de Machado cuando decía: “Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca; de la cepa hispana no es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana”.

Tristemente, no son estos 'machirulos' los únicos en fomentar un ruido ambiental que, no obstante, no logrará evitar que evolucionemos, como personas y como sociedad, ni impedirá que celebremos la transinclusión, al menos formal, luchando porque sea real y cada vez en más ámbitos, luchando codo a codo, el movimiento feminista y el LGTBQI+. Por desgracia, también lo alimentan ciertas compañeras feministas, que por fortuna son pocas, pero muy amigas de hacer ruido y marcar su postura siempre que se pueda —incluso un 8M, un día para luchar y celebrar el movimiento de todes—, y pretenden arrogarse el título de “radicales” defendiendo ideas tan reaccionarias que sonrojan, desde postulados identitarios y transexcluyentes que hacen el juego a la extrema derecha. Son ese feminismo que en Píkara, revista feminista de trayectoria, se retrató muy bien hace un tiempo como “de bromitas de puro y carajillo” porque hacen chascarrillos de muy mal gusto y poca inteligencia política, como acusar a Liz Duval de mansplainer, cuestionando que sea, como es, una mujer, y tratan con paternalismo, cuando no silencian, a las trabajadoras sexuales cuando les dicen que no confundan interesadamente prostitución con trata y les exigen que no hablen por ellas. 

Es un ruido, el de unos y otras, que me resulta tan identitario como violento, pero que, no obstante, no pienso dejar que opaque la alegría contenida de vivir en un momento en el que, a pesar de que queda todo por hacer, es mucho lo que se está logrando. El compromiso te enseña a disfrutar de cada pequeña victoria, sea tuya o de tus compañeros y compañeras, así que hoy celebro la 'Ley Trans' sin dejar de desear y caminar hacia un mundo en que se elimine el binarismo en todas las gestiones administrativas, en el que al multiplicar los géneros dejen de pesar las identidades, y en el que reine la tolerancia y la diversidad. ¿Dónde estaría entonces “la lucha de las mujeres”? Pues calculo que luchando por la equidad y los derechos humanos, defendiendo un mundo habitable, de relaciones cuidadosas, protegiendo el planeta y sus moradores, humanos o no…defendiendo la justicia, en fin, que es donde las mujeres feministas hemos estado y estaremos siempre. Feliz 8M a todes. 

Ayer nos despedimos de Torri, pobre angelito, un gato de unos tres años, abandonado, que vivió en una colonia de Torrelavega y que, por lo que se sabe, tuvo muy mala vida. Falleció mientras se recuperaba de un carcinoma por el que tuvieron que estirparle prácticamente las dos orejitas, y del que fue tratado porque lo recogió y cuidó con sus fondos y esfuerzo Cantabria Felina. En su convalecencia tuvo que lidiar con el frío y la humedad en el refugio debido a un problema de infraestructura: con las lluvias, se cayó el sistema eléctrico y, sin radiadores, en una vieja casa de piedra en la que hace bastante frío, muchos de los gatos, también él, enfermaron. Torri tenía las defensas por los suelos, y pasaba horas y horas solo en su jaula de enfermería, así que nos lo trajimos a casa cuando mi compañero, voluntario en el refugio, vio que en esas condiciones no resistiría más. Pasó su último día caliente, y cuando se le acariciaba aún ronroneaba, pero a la mañana siguiente ya no respiraba: se nos fue.

El abandono es uno de los problemas más importantes de bienestar de los animales de compañía. 118.352 gatos fueron recogidos en el año 2022, y el abandono o la pérdida afectó al 2.6% de los 4.492.000 gatos que se estima viven en España según datos del Estudio de Abandono y Adopción 2023 de la Fundación Affinity, aunque las asociaciones estiman que las cifras son muy superiores, pues muchos van a entidades pequeñas, son recogidos por particulares o mueren. Las protectoras recogen a 33 animales por hora, 790 por día, 24.000 por mes. Además, los gatos son más vulnerables al abandono y suelen ser recogidos heridos o enfermos y un 12% acaba muriendo, como ocurrió con Torri. Se sigue teniendo la estúpida idea de que dejas a un gato casero en una colonia o en la calle y sobrevivirá, pero los datos muestran con tozudez que no es así.

Además, a diario mueren muchos gatos callejeros porque las administraciones no se responsabilizan y las asociaciones ciudadanas llegan hasta donde pueden aportando su tiempo y sus recursos, a menudo más allá de sus posibilidades. Poco se sabe del esfuerzo anónimo para cuidar a estos felinos, domesticados por agricultores de Oriente Próximo hace 10.000 años para proteger el grano de insectos y roedores, y que hoy están domesticados a tal nivel que sobreviven mal si no es en un hogar humano. Es difícil que un gato callejero llegue a superar los 10 años, mientras que un gato bajo los cuidados de personas responsables fácilmente puede cumplir 15 años, o incluso llegar a los 20.

La falta de sensibilidad y respeto por la vida se alían con el olvido de que, aún hoy, los gatos siguen teniendo una labor imprescindible porque, si no estuvieran patrullando la ciudad, las ratas invadirían nuestras aceras, o si no, que le pregunten a Chicago o Nueva York, donde han tenido que llevar ejemplares extra y cuidan muy bien a sus colonias comunitarias porque saben lo que es una plaga de ratas. En Santander, el PSOE denuncia desde hace tiempo la “plaga de ratas por todos los barrios”, y exigen a la alcaldesa Gema Igual y al equipo consistorial del PP que se hagan cargo de la crisis de limpieza vinculada al conflicto en el servicio de recogida de basuras. Una cosa no quita la otra, pero si algo mantiene a raya las ratas son los felinos callejeros y su instinto cazador —no las cazan por hambre—.

En Occidente nos ha llevado siglos alcanzar un mínimo de sensibilidad con la cuestión animal, buen termómetro de nuestro escaso respeto por la vida, de nuestra actitud brutal y ecocida. La cuestión viene de bien atrás, desde la Biblia y su “mandad en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis), pasando por el Renacimiento y el ideal de dominio de la naturaleza de científicos como Rogerio Bacon que, junto a la cartesiana creencia de que somos “amos y señores de la naturaleza” y su noción de lo animal como puro cuerpo sin alma, dieron lugar a una visión tecnocientífica obcecada en dominar el mundo sin piedad ni cuidado, sin conciencia de los límites ni sensibilidad. No hay más que ver dónde hemos llegado: la magnitud del desastre natural ante nuestras narices es extrema —sexta extinción animal incluida— y en cambio los resultados obtenidos de la COP 25, la “Conferencia del clima” celebrada en Emiratos Árabes Unidos con el jefe de la petrolera estatal presidiendo, son pírricos.

Sin embargo, en España podemos al menos sentirnos orgullosas de contar, desde marzo de 2023, con la Ley 7/2023 de Protección de los derechos y el bienestar de los animales. La norma deja muy claro que “en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas”, esto es, es tarea de los ayuntamientos proteger a todos los gatos (y perros) callejeros, que por supuesto ya no podrán ser sacrificados como dictaban algunas ordenanzas brutales como la de Santander, cuyo artículo 16 hoy ya es ilegal, pues daba un plazo de diez días para permitir a la administración sacrificar a los animales recogidos, siendo esta —y probablemente aún sea—  la práctica habitual. Cabe esperar —o habrá que exigir— que el Consistorio revise la norma y se responsabilice de sus obligaciones.

La ley introduce el concepto de “gato comunitario” para referirse al gato libre que convive en entornos humanos y establece una gestión integral de los mismos con métodos no letales, basados en el método CER —captura, esterilización y retorno—, con el objetivo de reducir progresivamente su población hasta lo deseable. El Ayuntamiento deberá encargarse de que estos gatos dispongan de una adecuada alimentación, cuidado y supervisión, incluida la creación de un registro de colonias. La ley asimismo obliga a los consistorios a disponer de un veterinario colegiado que atienda a los gatos comunitarios que lo requieran, algo que aliviaría mucho la situación económica de asociaciones que cargan con los gastos de salud de los gatos que recogen contando, hay que decirlo, con descuento por parte de algunas clínicas comprometidas.  

La clave de una buena convivencia entre las personas y gatos comunitarios sería una gestión adecuada de las colonias, con la mayor calidad posible de vida y sin provocar problemas en el entorno, y eso es misión de la administración que ahora mismo está incurriendo en una clara dejación de sus funciones cuando no pone directamente palos en las ruedas a quienes se ocupan del bienestar de los felinos, por ejemplo con multas por alimentar a colonias. Ojalá cada vez haya menos Torris malviviendo en una ciudad hostil, enfermos, con la única ayuda de la buena voluntad ciudadana que, como siempre, va por delante de la administración. Ahora ya tienen una ley, solo falta que la cumplan. Que la tierra te sea leve, pequeño Torri.

En uno de esos maravillosos artículos que está firmando Diego Cobo en este mismo medio, el que nos habla de Fidel González, el rabelista de Proaño, se puede sentir casi en carne propia lo que era 'la vida de antes'. Una vida, seguro, a menudo muy dura, entre vacas, pastos, inviernos fríos y madrugones cotidianos, pero una vida, en el caso de Fidel, en la que se impuso su pasión por la madera y, entre otras artes o artesanías, llámesele como se quiera, la construcción de rabeles que él mismo tocaría y a cuyo son, incluso, ha cantado y aún canta. Fidel ha gozado de un lujo del que pocos pueden disfrutar hoy, con un mercado laboral despiadado y una ética del trabajo indecente: ha faenado en tareas de esas que uno, que una, entiende, y cuyo fruto y utilidad se puede incluso tocar con las manos en un mundo en el que, a golpe de esfuerzo, creatividad y constancia, podía uno, podía una, aspirar a una vida mejor en cualesquier profesiones.

Y comparo la vida de Fidel con la de tantas personas que conozco y que padecen trabajos alienantes hasta límites insoportables. Teleoperadores, televendedoras, repartidores de comida a domicilio o esclavas de la llegada a tiempo de nuestros paquetes, esos y esas que tienen que repartir a más velocidad de lo que una jornada normal y un cuerpo —con su correspondiente alma— aguantan, y si no llegan, además de la cantinela de la productividad entonada por el supervisor de turno —en masculino, que en muy pocas ocasiones es mujer—, tienen que aguantar la estupidez espoleada por la incontinencia de clientes con ética y personalidad Amazon capaces de indignarse hasta el cabreo porque no han tenido en casa en 24 horas exactas su air fryer de oferta: ni que estuvieran pidiendo el antídoto a un veneno. De ciudadanos pasamos a ser clientes, y hoy somos clientes, además, egoístas y hasta infantiles, con niveles de exigencia acordes a un consumismo que nos está robando la humanidad y nos está convirtiendo en caricaturas de seres humanos.  

De ciudadanos pasamos a ser clientes, y hoy somos clientes, además, egoístas y hasta infantiles, con niveles de exigencia acordes a un consumismo que nos está robando la humanidad y nos está convirtiendo en caricaturas de seres humanos

Pero no hace falta ponerse en el caso de esas profesiones, que llamaría extremas, para sentirse a años luz del mundo de Fidel, un mundo en el que la alienación propia del capitalismo indudablemente se sufría, pero no con el rostro de la actual precariedad y la falta de horizontes que decenas de miles, incluso millones de personas sufren cotidianamente. Cuántas personas habrá ya, cercanas a la cincuentena, con pocos años cotizados tras encadenar trabajo tras trabajo con nula proyección. Hijos e hijas de los tiempos en que se consagró la temporalidad de la mano de las ETT, del discurso de la movilidad o, últimamente, la murga del emprendimiento. Víctimas de una cultura productiva financiarizada, desmaterializada, en que las personas cada vez cuentan menos, en la que aquella vieja ambición de “prosperar” en tu trabajo, cualquiera que fuese, se reduce a muy pocas profesiones. 

Al tiempo que leía la historia de Fidel, me venía a la cabeza la historia de un buen amigo, al que llamaremos Juan. Juan, hombre de ciudad, empezó, por cosas de la vida que no vienen a cuento, a trabajar a los 13, y desde entonces no ha parado de hacerlo. Inquieto y trabajador, siempre se ha dejado el alma allá donde le dieron faena pero, al dedicarse a labores que no requieren título universitario, de camarero a carpintero, pasando por encargado de limpieza y hombre para todo —“chapuzas”— en diversas empresas, se ha encontrado, las más de las veces, con jefes y jefas que no conocen ni de lejos lo que es ganarse el pan a fuerza de sudar y que, criados en la lógica capitalista, esa que ganó la partida hace cinco siglos a las opciones comunales, más igualitarias, viven convencidos de su derecho a cobrar sustancialmente más por el regalo de haber recibido durante cuatro o cinco años formación universitaria. Del clasismo que soporta Juan por realizar tareas como la limpieza mejor ni hablo.

La cuestión es que mientras él ya se ganaba la vida, los jefes o jefas de Juan estudiaban, sí, pero también iban a fiestas universitarias, y subidos en esa convención social que prima el trabajo con la mente sobre el que pone el cuerpo, muy pocas veces se les ha pasado por la cabeza reconocer su eficiencia y capacidad de esfuerzo, su aportación a las empresas ni su compromiso: poco de palabra y nada en el sueldo. Sigue, a sus 50, cobrando algo más de 1.000 euros con las pagas extra prorrateadas. Mantiene la ambición, que lo levanta cada mañana, pero sabe de sobra que hoy en día eso que en el pasado se llamaba “prosperar” apena ya existe, y que los trabajos como el suyo, siendo imprescindibles, son cada vez menos valorados.

Juan es hombre, pero su realidad, vinculada hoy al mundo de la limpieza por cosas de la vida, es una realidad feminizada. Para muestra, el botón de las 1.800 trabajadoras de la limpieza de Lugo a quienes les caducó el convenio en 2021, y llevan 49 días en huelga indefinida porque la patronal les ofrece una renovación que dejaría sus nóminas mensuales por debajo del salario mínimo interprofesional. Juan y ellas forman parte de esas profesiones que en la época de pandemia toda persona de bien reconoció como esenciales, ¿recuerdan?

El mundo lleva siglos siendo injusto, pero lo cierto es que el universo del trabajo va de mal en peor. Por eso, historias como la de Fidel, el rabelista de Proaño, son tan bellas y, a la vez, tan envidiables. Aunque van surgiendo, y es una importante labor contarlas, —algo que está haciendo Sandra Castañeda en La Negocianta—, historias que ponen luz a esta oscuridad laboral con otras formas de ganarse la vida, como la de María y Lucio en La Lejuca, ganadería criada libre en montes comunales, o Sarah, Aitor y la comunidad que apoya La Lleldiría y sus fermentos que “miran al futuro sin olvidar las raíces”, es imprescindible, para que la vida sea reconocida como el tesoro valioso que es, que el mundo laboral cambie. Que cada cual ponga su semilla.