“Damasco ha sido liberada”. Cuando Amal Shabta, de 35 años, escuchó como un amigo suyo le decía estas palabras por teléfono desde Siria, lo tuvo claro. Era diciembre de 2024 y los grupos armados opositores acababan de tomar el poder en el país con una sorprendente ofensiva que puso fin a décadas de poder del clan Al Asad.

En pocos días, Shabta empaquetó todas sus pertenencias en su piso de Beirut. Rescindió el contrato de alquiler, dejó su trabajo y, finalmente, el 16 de enero, se despidió de la capital libanesa. “Cogí mis dos gatos, mis cosas, lo metí todo en un taxi y nos dirigimos hacia la frontera. Mi corazón iba a mil”, recuerda la mujer. Y prosigue: “Cuando vi la primera matrícula siria me quedé paralizada, le cogí la mano al taxista y le pedí esperar un momento”. Shabta sentía una mezcla de emoción y miedo. Hasta que llegó a la oficina de control de pasaportes. “El funcionario de la garita miró mi documento y dijo ‘12 años fuera’... en ese momento rompí a llorar”, relata emocionada a eldiario.es. No se lo podía creer. Finalmente, volvía a Siria. A su casa.  

Como ella, en los últimos meses, más de un cuarto de millón de sirios han regresado desde el extranjero, según cifras de Naciones Unidas. Además, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), calcula que 750.000 personas desplazadas dentro del país han vuelto a sus localidades de origen. Lo hacen después de 14 años de conflicto armado, en los que más de 13 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus casas, en lo que la ONU definió como una de las mayores crisis del mundo.

“Nunca perdí la esperanza de poder volver algún día”, asegura Shabta. “Por eso, a diferencia de otros sirios, nunca pedí un visado para ir a Europa o a cualquier otro Estado lejano. Siempre tuve claro que quería quedarme en Líbano, porque es el país más próximo a mi tierra”, relata en Damasco.

También Diana Saifou y Belal Alabdullah, una pareja en la treintena, decidieron volver de Beirut a Damasco. Él se tuvo que marchar de Siria en 2017 para evitar hacer el servicio militar. Ella le siguió poco tiempo después. En Líbano, Alabdullah volvió a respirar: “Cuando estaba en Siria salía poco a la calle porque tenía miedo de que la policía secreta, la conocida como mujabarat, me detuviese. En esos tiempos cogían a los jóvenes por la calle, los secuestraban y los mandaban a la guerra”.

Ya en el exilio, en 2019, se casaron. A diferencia de Shabta, ellos no querían quedarse en Líbano, un país inestable, donde a menudo los sirios se convertían en cabeza de turco por los problemas internos. Su objetivo era irse a Europa. Hasta tres veces intentaron pedir un visado para Francia. También buscaron establecerse en España. Todas las peticiones fueron rechazadas. Finalmente, en octubre de 2024, pidieron un visado humanitario a Brasil. “¡Pero llegó diciembre y, de golpe, pudimos volver a Siria! De hecho, aún no sabemos si nos dieron el visado o no”, reconoce Saifou, riéndose.

“Aquí, en Siria, tenemos nuestra familia, nuestros recuerdos… lo que pasa es que nunca pensamos que nos íbamos a librar de [el expresidente] Bashar al Asad. Estábamos convencidos de que siempre estaría ahí”, reflexiona Alabdulah desde el sofá de su piso en Yaramana, una popular localidad en el sur de Damasco. Los primeros dos meses, los pasaron en un piso en el centro de la capital, pero los precios de los alquileres son altos. Así que se mudaron a los suburbios. Los trayectos más largos en transporte público, Alabdulah los aprovecha para hablar con la gente sobre política y economía. “Antes no se podía hablar de nada”, dice. “No podías ni decir la palabra ‘dólar’”, le corta su esposa, quien recuerda que uno se arriesgaba a acabar en prisión por tener divisas. Pequeños cambios que generan esperanza.

Falta de garantías

Después de la caída del régimen, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que era pronto para decidir que Siria es un país seguro al que poder regresar y destacó que las personas debían “poder volver de manera voluntaria, segura y digna”. Para Yassine, exiliado sirio de 33 años, aún no es seguro. El joven –quien prefiere revelar su apellido– vive solo en la capital libanesa, donde trabaja como artista y documentalista. Celebra la caída del régimen de Al Asad, pero tiene dudas sobre su seguridad si regresa a Siria.

“Tras la liberación, tenemos la posibilidad de volver a casa, pero a la vez no podemos”, dice, mientras justifica su afirmación por la poca confianza que le generan las nuevas autoridades. Asegura que entre su círculo de amistades sirias en Líbano, sobre todo artistas y activistas por los derechos humanos, los temores son similares. Si bien ninguno descarta la idea de volver a su país, tienen pocas esperanzas de que se produzca un cambio real en las actuales circunstancias. 

La ofensiva que derrocó a Bashar Al Asad, la lideró el grupo armado Hayat Tahrir al Sham (HTS), un grupo islamista heredero de Al Qaeda en Siria. Su líder, Ahmed Al Sharaa, es ahora el nuevo presidente de Siria. Algunos activistas consideran que en sus acciones hay un trasfondo autoritario y la voluntad de restringir espacios de participación y libertades. Pero sobre todo, la preocupación entre la sociedad civil siria creció a inicios de marzo, cuando se produjeron matanzas sectarias en la zona costera, algunas a manos de combatientes afiliados con el nuevo Gobierno o leales a Al Sharaa.

Yassin se dedica principalmente a la realización de documentales de denuncia y teme que, si regresa, verá limitada su creatividad y capacidad crítica. “Queremos poder trabajar libremente”, asegura, dudoso ante las posibles represalias si mostrara una actitud crítica con el Gobierno islamista. Y remata: “Los sirios en la diáspora, ya sea en Líbano o en Europa, lo que realmente deseamos para Siria es la consolidación de una sociedad civil, que ponga las bases de la nueva Siria con la que todos soñamos. Veremos…”, dice, con poca esperanza.

El Gobierno no es el único problema. Cuando Shabta volvió a Damasco, tenía claro que no lo haría a su casa. La mujer es originaria de Al Yarmuk, un campo de refugiados creado en 1957 en las afueras de Damasco tras la expulsión de cientos de miles de palestinos por Israel. Con el tiempo, se convirtió en un barrio más de la capital siria, a poco más de quince minutos del centro. Un espacio próspero “donde no necesitabas salir para nada, porque tenías de todo”, recuerda con cariño Shabta. Hoy está completamente destruido.

Involucrada en organizaciones humanitarias y culturales, Shabta se fue del campo en contra de su voluntad en septiembre de 2013. Su familia empleó somníferos para sacarla sin que ella pudiera resistirse. Cuando volvió, 12 años más tarde, sabía lo que se encontraría. Pero verlo era otra cosa: “Hice tres intentos de llegar a mi casa, era demasiado para mí”, rememora. El lugar está devastado, sin electricidad, agua ni servicios básicos. Cuando finalmente logró llegar a su casa, no la podía reconocer. Está desfigurada por los bombardeos y por el saqueo posterior de las fuerzas del régimen.

“Lo que veo no tiene nada que ver con mis memorias”, explica desde el apartamento donde creció. Vigila donde pone los pies, en un suelo tapizado de ruinas, basura, papeles, viejos CDs y ropa desparramada. Poco a poco, va recordando y explicando cómo era cada una de las habitaciones. Reconstruye mentalmente el sofá, las mesas, las camas, escritorio, estanterías y armario… Los póster en la pared. Un pasado que se hace más vivo cuando en medio del desorden aparecen unas fotos familiares.

Aunque esta mujer reconoce la dificultad de volver a vivir en Al Yarmuk, mantiene su convicción de que un día sucederá. Su obstinación es compartida por algunos habitantes de la zona, que ya han vuelto y empiezan a reconstruir comercios y casas. Otros, como ella, viven por ahora en barrios colindantes como Tadamon. “La sensación es que he vuelto, pero no al cien por cien. Ya han pasado más de tres meses de mi llegada, pero no consigo sentir que he regresado del todo”, admite. “No sé bien por qué, pero hasta ahora no he podido adaptarme”.  

Reconstruir un futuro

A pocas calles de la casa de Shabta, vive la familia Bisher. La pareja de sexagenarios tiene a sus cuatro hijos viviendo en Alemania. Sin embargo, estos días, uno de ellos, Abed, está de visita. Es su segundo viaje desde la huida de Al Asad, pero su madre aún no puede parar de mirarlo con orgullo y besarlo todo el rato. No lo veía desde 2013, cuando el joven se fue camino a Turquía para empezar un largo viaje.

“Había visto muchas cosas en la guerra, ¿sabes?”, relata Abed Bisher a modo de introducción. “Era consciente de que si me quedaba, iba a morir de todas formas, así que me dije: ‘¿Por qué no intentarlo?'”, continua. Así que una madrugada, desde un pequeño pueblo costero turco, cerca de Kaş, se echó al mar y nadó hasta la isla griega de Kastellorizo, a unos 8 kilómetros (una hora en ferry). De Grecia, pasó a Macedonia, Albania, Serbia, Hungría, Austria y Alemania. “El objetivo era llegar hasta Noruega. Había conseguido llegar hasta Grecia caminando y a nado, así que, en aquel entonces, mi intención era llegar hasta el punto más lejano del mundo”, recuerda mientras ríe. Finalmente, se estableció en Alemania, donde estudió y trabajó como cocinero y programador en una empresa de nuevas tecnologías. Hasta que encontró su vocación, curiosamente, como socorrista en una piscina municipal. 

“¡Y de repente llega la liberación!”, rememora con entusiasmo el momento de la caída del régimen. Todo cambió. Ese mismo día, rompió con su novia, alemana. “Estaba claro que, a partir de ese momento, tendríamos caminos distintos”, se justifica. El 30 de diciembre, Bisher volvió a Siria, ya como ciudadano alemán: “¡Solo tardé cuatro horas en hacer el trayecto de retorno! Muy poco, comparado con los meses que había necesitado para llegar a Alemania!”. Desde su primer viaje, se ha dedicado a ayudar a sus padres a reconstruir y arreglar la casa.

Sin embargo, por ahora no se plantea instalarse de nuevo en Siria. “Quedarme sería egoísta”, dice. “Tenemos muchos retos por delante y, con el sueldo en Alemania, puedo ahorrar”. Su meta es apartar el máximo dinero posible para seguir apoyando a sus padres y la reconstrucción de Al Yarmuk. Como él, son muchos los vecinos de la zona que viven en Europa con la misma voluntad. Conectados a través de Facebook, confían en poder aportar fondos pero también conocimiento.

“La gente que se quedó aquí no tiene experiencia de ningún tipo, sus vidas se congelaron”, explica Bisher. Asegura que igual que los edificios están destruidos, la gente también lo está. “Imagínate un chaval de 18 años, cuando empezó la guerra tenía cuatro. No sabe lo que significa vivir en un país estable”, zanja. Así, su plan es aprovechar todas las vacaciones para venir aquí. “Mi objetivo ahora no es irme a descansar a Tenerife con mi novia, sino poder reconstruir Al Yarmuk”.

En Homs, 165 kilómetros al norte de Damasco, Belal Sharaf Edine, de 38 años, también destaca la importancia de reconstruir el país. Su vida está determinada por el amor a su ciudad natal. Desde el principio de las protestas contra Al Asad en 2011, Homs fue conocida como la capital de la revuelta por sus masivas manifestaciones. Hoy sufre las consecuencias de años de abandono por parte del régimen. “Hay muy pocas ofertas laborales”, dice Sharaf, que fue activista mediático. Cree que pronto “las instituciones se pondrán de nuevo en marcha, el país se recuperará y habrá oportunidades para todos”. 

Salió de Siria en 2012 y vivió en Arabia Saudí, donde conoció a su esposa (una española), y en Turquía, donde se ganó la vida como profesor de inglés en colegios internacionales. “Siempre había soñado que Siria sería libre y podría volver”. No quiso irse a Europa, ya que “estaba demasiado lejos”. Su mujer y sus hijos se han quedado en Turquía a la espera de acabar el curso escolar. Mientras tanto, él busca un sitio para vivir, ya que su apartamento quedó destruido, como tantos otros en los barrios donde la oposición se hizo fuerte en los primeros años del conflicto.

Temporalmente, está en casa de sus padres, y colabora con otros colegas y las autoridades en la distribución de alimentos entre familias vulnerables. “Al volver a caminar por las calles de Homs fue como si hubiera estado años muerto y, de golpe, volviera a la vida”, asegura.

Aparte de una casa, las principales dificultades son “encontrar una buena escuela para los pequeños, asegurarse acceso a la salud y garantizarse una fuente de ingresos”. Aun así, no tiene dudas de que el futuro familiar está en Homs. “Hemos recibido un país devastado y con sanciones económicas. El nuevo Gobierno hace todo lo que puede para mejorar la vida de los sirios. Pero necesitamos ayuda de otros países”. Imagina que Siria será “uno de los mejores países de Oriente Medio de aquí a una década”. Será “emocionante”, afirma.

El 18 de marzo es una jornada histórica para la ciudad de Daraa, en el sureste de Siria. Ese día de 2011, una protesta contra el régimen de Bashar Al Asad acabó con dos muertos por la represión de las fuerzas de seguridad. Fue la chispa que prendió una revolución que se convirtió en conflicto armado y que, 14 años después, se conmemora por primera vez sin el dictador en el poder. 

Mouawiya al Syasneh, de 31 años, sin buscarlo, jugó un rol protagonista en el estallido de la revolución. Sentado en el jardín de su casa, cuenta a elDiario.es que en 2011 él y sus amigos estaban descontentos por la creciente presión de las fuerzas de seguridad. Eran tiempos de cambios en Túnez y en Egipto, y Al Asad impuso más controles y estableció un toque de queda a las 19:00 horas en Daraa. El 15 de febrero de 2011, el entonces adolescente y sus amigos escribieron en un muro de la escuela: “Es tu turno, doctor”. Era una referencia al presidente, que estudió oftalmología.

Poco después los arrestaron. Los sometieron a torturas. Los padres de los chicos detenidos y los líderes de la comunidad intentaron negociar su liberación con Atef Nayib, primo de Al Asad y el jefe de los servicios de Inteligencia de la Dirección de la Seguridad Política en Daraa. Su respuesta fue: “Olvidaos de vuestros hijos. Haced otros. Y si no sois capaces, traednos a vuestras mujeres y nosotros los haremos por vosotros”.

Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los habitantes de Daraa. Estaban hartos de convivir con la corrupción, la ausencia de libertades y los abusos de los servicios de Inteligencia que todo lo controlaban. Hartos de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, condenados a una vida de miseria. El viernes 18 de marzo de 2011, terminada la oración musulmana del mediodía, una multitud se manifestó, exigiendo la libertad de los menores y también reformas políticas. Perdido el miedo, varios miles se sumaron a la marcha. Fue entonces cuando las fuerzas del régimen abrieron fuego. Murieron los primeros dos “mártires” de la revolución. A partir de entonces, el país se levantó contra Al Asad.

De una pintada en la pared a la lucha armada

Al Syasneh y sus amigos estuvieron 45 días detenidos. Cuando salió de la cárcel, era otra persona, el niño había quedado atrás. Se unió a las manifestaciones y después a la lucha armada con un batallón rebelde que en esos momentos gozaba de prestigio.

Su casa está rodeada de esqueletos de edificios, fruto de los bombardeos a los que les sometió el régimen. También de muros llenos de agujeros de bala. La represión y el conflicto armado en Siria dejaron más de 230.000 civiles muertos y 177.000 desaparecidos (según la Red Siria para los Derechos Humanos). Hasta el pasado 8 de diciembre, cuando una coalición de grupos rebeldes, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), tomó el poder tras la huida de Al Asad de la capital.

Al Syasneh se unió a las milicias de Daraa que se dirigieron hacia Damasco, a una hora y media de la localidad sureña. Llegaron incluso antes que las combatientes de HTS y aseguraron tantos edificios gubernamentales e institucionales como pudieron para evitar saqueos. El joven se siente orgulloso del camino recorrido. “No esperábamos que nos encarcelaran por las pintadas, si no no lo habríamos hecho. ¡Incluso escribimos nuestros nombres! Pero no me arrepiento, lo volvería hacer tantas veces como hiciera falta”.

El primero de todos los muertos, en 2011, fue el hermano de Alaa Aljawabreh. Tenía 22 años. Los manifestantes habían pasado poco antes por la mezquita de Al Omari cuando se encontraron “con los militares, el régimen y la Inteligencia militar”, explica Aljawabreh. “Nos prohibieron pasar y fue entonces cuando la policía disparó. Le dieron en el cuello a mi hermano y lo mataron. Él iba en la parte delantera de la manifestación. Yo estaba con él”. Muestra el cartel preparado para recordarle en la conmemoración del aniversario de la revuelta este 18 de marzo.

Delante de la pancarta que conmemora este año el 18 de marzo, las hermanas Al Masalmeh, que rozan la trentena, celebran esta fecha señalada y se sacan selfis. Una de ellas, Ranin, vive en Alemania, donde trabaja como cardióloga desde hacer un par de años. No tenía previsto retornar a Siria, pero tras la caída de Al Asad, está convencida de que sí lo hará. De momento ha hecho una visita sorpresa aprovechando la efeméride. “La situación aquí era difícil y complicada antes. Mi casa fue bombardeada. Nos tuvimos que ir moviendo de un sitio a otro. Al final, dejé el país. Me tuve que ir sola a Alemania”.

Ranin es optimista sobre el futuro. “Pese a todos los retos y las circunstancias complicadas, incluso pese a los bombardeos israelíes, somos gente que insistimos en vivir y disfrutamos la alegría de la liberación. No hay alegría más grande que la que sentimos por la liberación”, afirma en referencia al colapso del régimen de la familia Al Asad y su dictadura de más de 50 años.

Un misil israelí empañó la celebración

La familia Akrad también querría haber celebrado la jornada del 18 de marzo y disfrutar de los festejos previstos en la ciudad de Daraa. Sin embargo, un misil israelí en la noche del 17 de marzo acabó con la vida del jóven Muhannad Akar. Junto a él, en el bombardeo murieron otras dos personas y otras 25 quedaron heridas.

“Nos sentimos como si estuviéramos de nuevo al principio de la revolución. Se supone que debería haber paz, que deberíamos estar celebrando, pero estamos enterrando muertos de nuevo”, cuenta a elDiario.es su primo Nasser Albralab.

En la mezquita de Al Omari, se reunió la gente de la ciudad que para llorar a los tres muertos en el ataque de Israel. Una idea era común: las celebraciones por el aniversario de la revuelta debían esperar y, finalmente, tuvieron lugar después del iftar, la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno durante el mes de Ramadán.

Ayman Refai, un hombre de 56 años, nacido en Daraa pero que desde hace años vive en Estados Unidos, había venido para poder conmemorar el día 18 con sus padres, ahora que ha caído el régimen. Si bien no conocía a los tres fallecidos, considera que “si hay muertos, debemos enterrarlos, nuestra gente es más importante”, dice con voz serena. “Fue un ataque cobarde, de noche, cuando la gente, los civiles, acababan de romper el ayuno. Fue entonces cuando hubo el bombardeo. Es un ataque barbárico”, dice Refai. “No hemos hecho nada y, sin embargo, hace años que nos atacan”, lamenta, mientras apunta que no se puede “tolerar esto para siempre”.

Desde la mezquita, la procesión con el féretro recorrió algunas de las calles principales de la localidad, camino al cementerio. Los participantes, con paso decidido, lanzaban consignas de rabia contra Israel. Había una gran presencia de hombres armados, algunos muy jóvenes. Unos levantaban sus fusiles AK-47. Otros, portaban carteles que rezaban: “Netanyahu y Al Asad son dos caras de la misma moneda” o “No tenemos nada que perder, no nos provoquéis”. 

“Desde la misma noche de la liberación, Israel empezó a bombardear la región de Daraa”, asegura Nasser Albralab, el primo del fallecido. Aprovechando la caída de Bashar Al Asad, Israel extendió su presencia más allá de los Altos del Golán sirios, ocupados desde 1967. También inició una campaña de ataques aéreos, con centenares de bombardeos en poco más de cuatro meses.

El blanco del ataque en Daraa era la sede de la Brigada 132 del Ejército de Al Asad, ahora en desuso, según aseguran los vecinos. En un comunicado, el Ejército israelí afirmó que estaba atacando “objetivos militares en el sur de Siria, incluidos centros de mando y bases militares que contienen armas y vehículos militares pertenecientes al antiguo régimen sirio”. A lo que añadió: “la presencia de activos militares en el sur de Siria representa una amenaza para el Estado de Israel”.

El objetivo declarado es reducir la capacidad militar y defensiva del país vecino, y establecer una zona de contención en el sur de Siria –Israel ha ocupado la zona de separación entre los dos países, delimitada por la ONU en 1974, y que había permanecido desmilitarizada hasta la caída del régimen–. 

Finalmente, tras una jornada de recuerdo por los últimos muertos en Daraa, miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad para celebrar y celebrarse entre fuegos artificiales y música.

Dos ruidosos helicópteros sobrevuelan, a pocos metros de los manifestantes, la plaza de los Omeyas, en el centro de Damasco. Debajo de ellos, centenares de personas ondean la bandera de la revolución siria, con tres estrellas y que cambia el rojo tradicional por el verde. Gritan cánticos revolucionarios y religiosos. En pocos minutos, desde los helicópteros lanzan confeti, flores y papeles con mensajes de paz: “Somos los que creamos el futuro. Hagámoslo más bonito que el pasado”, reza uno de ellos. 

Uno de los manifestantes que mira el espectáculo aéreo que ofrece el nuevo gobierno liderado por Ahmed Al Sharaa es Jamal Abdulnaser, un joven estudiante de Ciencias Políticas de 21 años. Ha venido solo a la manifestación, pero eso no le impide gritar consignas de alegría. Para él también es un día de esperanza. Tres de sus hermanos murieron en la prisión de Sednaya, conocida como un “matadero humano”. “Pese a que he venido solo, siento como si mis hermanos me estuvieran acompañando, en mi mente estamos juntos”, rememora este joven. Su deseo es que el país supere la división entre la población civil. 

A pocos metros de Jamal se encuentran Omar y Bashar, dos amigos que tampoco se han querido perder este momento histórico. Ambos participaron en las protestas que empezaron en 2011 en el país y decidieron marchar al exilio ante la represión y la violencia con que respondió Bashar al Asad. “Es la primera vez que puedo celebrar el aniversario de la revolución desde dentro de Siria”, explica Omar, de 30 años. 

No se quiere perder detalle de lo que sucede y por ello graba cada instante con su teléfono móvil. Hace muy poco que acaba de volver, igual que miles de sirios. En su caso, desde Líbano. Originario de Al Bayada, en Homs, fue testigo de la destrucción y ataques hacia la población civil por parte del régimen de Asad. “Deberíamos dar un margen de unos cinco años al nuevo gobierno para mejorar el país”, considera. 

A su lado, Bashar, de 39 años, escucha con recelo su optimismo y se muestra mucho menos confiado. Él también ha regresado hace poco. “Hace mucho tiempo que esperaba celebrar algo así”, dice, “pero tengo sentimientos encontrados ahora mismo. Estoy un poco abrumado por la situación”. Originario de la región Deir Ezzor, cerca del río Éufrates, al este de país, lamenta no poder celebrar la efeméride desde ahí por las constantes tensiones que aún hay en la zona. 

“Confío que los sirios no repitan los errores del pasado, debemos aprender de ellos y construir un país en el que se respeten los derechos humanos sin recurrir a la violencia”. A su lado, decenas de policías, milicianos y hombres armados. Algunos colocan en el cañón de sus fusiles las flores lanzadas desde los helicópteros. 

¿Qué pasó el 15 de marzo de 2011?

Siria conmemora el 14 aniversario desde que empezaron las protestas pacíficas contra el régimen de Bashar al-Asad y lo hace por primera vez sin el exdictador en el poder.

El 15 de marzo de 2011, se convocó una “jornada de la Ira” en todo el país en la que participaron miles de personas en varias poblaciones. En Damasco, una de las que salió a la calle fue la activista Marwa al Ghamian, hoy en el exilio. Al tratarse de una convocatoria abierta, hecha a través de las redes sociales, muchos manifestantes no se conocían. Pero cuando empezaron con los cánticos -“Siria, Dios, libertad y nada más”- Marwa sintió por primera vez un sentimiento de unidad único. Todos se juntaron como en un único cuerpo, recuerda en conversación telefónica desde Qatar, donde vive ahora. Los manifestantes reclamaban reformas democráticas, el fin de la corrupción y de los abusos que cometían las agencias de seguridad. 

La magia se mantuvo hasta que apareció un grupo de matones del régimen, con cánticos favorables a Bashar. Poco después, la policía intervino golpeando a los manifestantes. Después llegaron los arrestos. Una actuación que dejaba ver la manera como Bashar al-Asad respondería al descontento social y a las peticiones de reforma: con represión y violencia, hasta conducir el país a un conflicto armado con múltiples actores. Más de 200.000 civiles murieron durante estos años. De ellos, 9 de cada diez, a manos del régimen, según la Red Siria para los Derechos Humanos. Y más de 100.000 personas fueron desaparecidas, la mayoría también por las fuerzas de Bashar al-Asad. Las calles de Damasco, como las del resto del país, aún les buscan. 

Apenas hace cuatro meses, nada hacía prever que el dictador podría perder el poder. Hasta el pasado 8 de diciembre, cuando tras una ofensiva relámpago, una coalición de grupos opositores encabezados por los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) derrocó al dictador. El régimen se disolvió como un terrón de azúcar, tras la retirada de sus principales valedores, Irán y Rusia.

Viendo las imágenes de hoy en la plaza de los Omeyas de Damasco, Marwa se siente orgullosa y feliz. “Los helicópteros militares desde donde antes bombardeaban nuestras casas, hoy han lanzado mensajes de paz”, asegura. Y añade: “No tengo grandes expectativas. Pero tampoco esperaba que Bashar cayera, así que nada es imposible. La nueva revolución ha comenzado después de la caída de Asad, ahora es el turno de la sociedad civil para reconstruir Siria. También tenemos que reconstruirnos como seres humanos porque hemos perdido parte de nuestra humanidad estos años”.

Deshumanización y división

Esta deshumanización hacia el otro, hacia el diferente, quedó en evidencia las pasadas semanas, cuando se dio un alzamiento liderado por ex-militares y milicianos fieles a Bashar al-Asad en las regiones costaneras de Tartus y Latakia. En la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad y de milicias leales al nuevo gobierno, se perpetraron masacres de civiles por el simple hecho de ser alauitas, la misma comunidad confesional a la que pertenece el clan de los Asad.

Por ello, Alya, de 40 años, y sus compañeras están muy atentas a cualquier cántico que pueda inducir a mayores divisiones. “Uno, uno, uno, el pueblo sirio es uno”, cantan como respuesta, inmediatamente. “Estoy aquí porque es el aniversario, pero me siento triste por lo que pasó en la costa. Sin embargo, esto no significa que tengamos que abandonar las calles, la revolución y todos los valores que la empujaron”.

“Hemos logrado algo similar a la libertad y, por lo tanto, debemos defender nuestras posiciones en la calle. La sociedad civil siria tiene que recuperar la iniciativa. No podemos dejarla en manos del gobierno. Tenemos que trabajar para lograr justicia, paz y rendición de cuentas”, afirma.

“No queremos celebrar, queremos recordar lo que pasó”

Zeina Shahla, activista y periodista, ha dudado hasta el último momento si iría o no con sus amistades al acto de la plaza de los Omeyas. Su grupo de amigos, todos ellos activistas no violentos, habían estado preparando diferentes actos, exposiciones y debates para recordar el aniversario del 15 de marzo de 2011. Tenía que ser un momento para la alegría.  

“Después de lo que pasó en la costa, decidimos que no era una buena idea”. Cancelaron todos los actos previstos. “No queremos celebrar, queremos recordar lo que pasó”, considera. Por ello, decidieron imprimir unos pósteres con imágenes que recuerdan el carácter pacífico que tenía la revolución en sus primeros compases. Las fotografías muestran algunas de las creativas pancartas que alzaban los manifestantes en las protestas que inundaron el país.

“Recuperamos algunas fotos de internet, diseñamos los pósteres y los hemos colgado en varios sitios, como universidades o cafés”. Uno de ellos es el Rawda Cafe, un punto de encuentro de activistas de la ciudad: “Es importante recordar que la revolución empezó de manera pacífica en 2011”. Pese a haber vivido durante décadas bajo un reino de terror y silencio impuesto por el clan de los Asad, el movimiento de resistencia civil sirio demostró una gran creatividad, atrevimiento y sentido del humor. Muchos de sus activistas acabaron muertos, desaparecidos o en el exilio.

Después de casi 15 años de conflicto armado y violencia, Shahla considera que “las cosas no se pueden arreglar de manera fácil”. Por ello, defiende convencida que se debe apostar por la justicia transicional, un proceso, según define Naciones Unidas, “en el cual se intenta asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación”. 

Esta activista habla con conocimiento de causa, ya que estuvo presente en la protesta de Daraa del 18 de marzo del 2011. “Nunca hemos tenido vida política en Siria, así que cuando la gente empezó a salir a las calles, no estaba todo tan organizado ni tan pensado”, recuerda, mientras denuncia que “desde el principio el régimen de Asad fue brutal”. “Estábamos en la manifestación con unos compañeros y lo vimos todo, la policía nos disparó, detuvieron a mucha gente y un hombre murió. Cuando lo recuerdo, a veces me pongo triste, sobre todo porque era una manifestación pacífica. No sé si hubiésemos podido hacer algo para detenerlo”. 

“La gente dice que debemos pasar página y dejar de hablar del pasado, pero yo creo que no, debemos entender qué pasó para poder decir nunca más”. Con todo, considera que la clave son los jóvenes: “Debemos crear un futuro para ellos, pero también engancharlos y conectarlos con la vida política del país para así usar su energía”.

Maysam, Salea y Safa son tres jóvenes sirias que rondan los 18 años que este sábado también han decidido acercarse a la celebración de la plaza de los Omeyas. Un miliciano les presta un rifle para que se hagan fotos con el móvil. En broma, incluso se apuntan entre ellas. “Hemos venido las tres amigas juntas para mostrar la alegría de la revolución y la solidaridad, nunca nos habíamos sentido así, ni nos hubiésemos creído que podríamos vivir este momento, estamos muy contentas”. Casi toda su vida han vivido bajo el régimen de al-AAsad Inocentes, pero ilusionadas, consideran: “por fin podremos vivir como chicas de nuestra edad”. 

Siria es diversa

En la concentración, la mayoría de los presentes cantan entusiasmados las consignas religiosas. Muchos se muestran partidarios del nuevo gobierno. Pero no son los únicos que acuden a la cita. Asmaa Jaber es una activista de 34 años defensora de los derechos civiles que vive entre Francia y Siria. Cuando su padre tenía 18 años fue arrestado durante la masacre de Hama, en el 1982, cuando el ejército sirio llevó a cabo una política de tierra quemada contra la ciudad de Hama para sofocar una revuelta asociada a los Hermanos Musulmanes. Durante su detención, fue torturado: “Es lo que tiene vivir en una dictadura”.

Esta joven ha aprovechado su vida en Francia para dar a conocer -en charlas e incluso en el Parlamento Europeo- las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Siria. Por eso, tampoco duda en acercarse y recordarnos que Siria es muy diversa. “Si los medios solo muestran una parte de Siria, la parte islamista más radical, esto solo alimenta las fuerzas opresoras”, crítica. “En cambio, cuando se enseña una imagen justa y fidedigna de lo que es Siria, pasa todo lo contrario, se da fuerza a los movimientos que empujan por una apertura, a los que abogan por la libertad y la paz”. 

Si bien aún duda entre sí quedarse en Siria o volver a Francia, se muestra esperanzada por lo que está por venir “pese a que será difícil”, concluye mientras celebra ver tanta prensa internacional dentro de Siria, una rareza hasta hace pocos meses.

Este 8M en las calles de Barcelona no ha habido tantos abrazos ni gestos efusivos como en los años anteriores, desde luego menos aglomeraciones, pero no han faltado los cánticos feministas y las pancartas ingeniosas, convertidas ya en un distintivo del movimiento. “El machismo es una enfermedad de transmisión social y su cura es la educación”, rezaba una. “El problema no es prohibir el 8M. El problema es que hayáis prohibido solo esta”, denunciaba otro letrero en recuerdo de las protestas de Madrid. “¡Vacúnate contra el machismo!”, podía leerse en una tercera, que volvía a subrayar que la de este 2021 era una manifestación marcada por la pandemia.

En grupos de amigas o en familia, separadas unos corrillos de otrsos por varios metros de distancia –sobre todo al principio–, Barcelona ha vivido un año más una concentración feminista multitudinaria. Cientos de mujeres han llenado los ocho tramos –dos de ellos mixtos– de la protesta estática emplazada en el Passeig de Gràcia de la capital catalana, entre las calles Diagonal y Gran Via, convocadas por la plataforma Vaga Feminista 8M. Con una previsión de un máximo de 3.600 personas dentro del perímetro indicado, al que solo se debía acceder con inscripción previa, finalmente la protesta ha acabado congregando a otras decenas de mujeres que se han ido sumando a su alrededor. En total, 4.500 según la Guardia Urbana.

Con el lema “¡Juntas, diversas y rebeldes somos imparables! ¡Siempre feministas!”, la concentración ha dado el pistoletazo de salida a las 18.30 y se ha alargado más de una hora, durante la cual se ha leído parte del manifiesto, se ha hecho un minuto de silencio, se han coreado todo tipo de lemas y se ha bailado. “Queremos agradecer a este grupo brutal de dancers que estén animando la fiesta, pero queremos recordar que hay que mantener las distancias de seguridad”, recordaba una activista desde el megáfono cuando un grupo de unas diez amigas se venía demasiado arriba, con un mensaje, el de las distancias, que se iban repitiendo constantemente.

En el manifiesto, que ya se hizo público a finales de febrero, las convocantes reivindicaban que la pandemia ha agravado la situación de precariedad de muchas mujeres, en especial “colectivos como las mujeres migrantes y racializadas, las jóvenes y las mayores”, y que ha impactado mucho más también en ámbitos como el de los cuidados, también muy feminizados. En este sentido, entre sus numerosas exigencias se contaba la integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen de la Seguridad Social, más recursos contra la violencia machista o una mejor protección para las supervivientes de explotación sexual. También se han sumado a otras demandas sociales y han reclamado mejoras en las políticas de vivienda, de educación pública, contra el cambio climático o el fin de la ley de extranjería.

Antes de dar el pistoletazo de salida a la concentración, una portavoz del colectivo Vaga Feminista Sílvia Alberich ha reivindicado que este año la lucha por los derechos de las mujeres no se puede “confinar”. “Conscientes de la situación hemos de mostrarnos y luchar en la calle de forma segura”, ha declarado Alberich. “No compartimos lo que ha pasado en Madrid, donde llevaban mucho tiempo preparándose y no ha servido de nada”. La portavoz ha abundado en el empeoramiento de las condiciones vividas por algunas mujeres, desde la “precarización de algunos trabajos feminizados” hasta el “agravamiento de las violencias machistas con el confinamiento en el hogar”.

Mercè Otero, histórica feminista: “Este 8M no podíamos fallar”

“Las mujeres llevamos históricamente haciéndonos cargo de todos los trabajos de cuidados, con lo que ya podemos ver que este año hemos sido muy cuidadosas”, bromeaba Mercè Otero, histórica feminista del colectivo Ca La Dona. Junto a sus amigas y compañeras de reivindicaciones, en el tramo entre la calle Aragó y València, Otero clamaba: “Este 8M no podíamos fallar. Teníamos que salir a la calle porque hay muchísimas cuestiones que denunciar sobre los derechos de las mujeres”.

Como muchas otras de sus compañeras, ha destacado la “doble carga de trabajo” de los confinamientos de este año, porque según ha recordado, las mujeres “se han hecho cargo del trabajo del hogar y del de fuera”. Pese a la menor afluencia de manifestantes este año –la organización calculaba un máximo de 3.600 dentro del perímetro–, Otero se mostraba convencida de que los 8M ya nunca volverán a ser como antes de 2018, año de la primera e histórica huelga feminista. “La reivindicación de las mujeres es ya una idea plural, diversa y transversal”, celebra la activista.

Claudia, Irene y Anabel, fieles al 8M

Estas tres amigas adolescentes, Claudia, Irene y Anabel, llevan asistiendo a las manifestaciones del 8M desde que la primera huelga en 2018. Poco antes del inicio de la protesta, cuando Passeig de Gràcia estaba todavía vacío, explicaban que tienen “muchos motivos”, entre los que destacaban, de entrada, uno: “Reivindicamos poder salir de noche seguras. Que no nos digan cosas por la calle”. Cada una con su pancarta, han acudido a la protesta de Passeig de Gràcia después de secundar la huelga estudiantil feminista parcialmente. Solo por la tarde. A la espera de que empezase la protesta, aseguraban también que su otro gran motivo de movilización es recordar a todas aquellas que han sido víctimas de violencia machista.

Casi una hora después, ya de noche, otras tres jóvenes, Gloria, Marci y Nayara, desfilaban ya para casa con sus respectivas pancartas, entre el ruido de las batucadas que todavía seguían y el de los grupos que apuraban la concentración. “La organización ha estado muy bien. Teníamos muchas ganas de participar en una manifestación después de todo este año y más en un día como el 8M que es tan importante”, expresaban. Y, de nuevo, un mensaje sobre las protestas prohibidas en Madrid. “Nos parece fatal, que se prohíba genera violencia. ¡Es que manifestarse es un derecho! ¿No ha habido otras manifestaciones?”

Unas 500 personas han participado este sábado en una nueva protesta en Barcelona en contra de las detenciones por los altercados recientes, por la libertad de expresión y para reclamar distintos derechos sociales. Menos numerosa que en anteriores ocasiones, la concentración ha sido esta vez en Plaça de Tetuan. Desde ese punto han salido detrás de la pancarta 'Libertad presas por luchar' coreando lemas como “libertad Pablo Hasél”, “vergüenza me daría ser policía” o “anticapitalistas”. 

Al poco de arrancar la marcha, los manifestantes se han encontrado con una línea policial de los Mossos d’Esquadra en la calle Roger de Flor, que les ha impedido el paso. Ha habido momentos de tensión y algunos lanzamientos de objetos a los antidisturbios, pero el episodio no ha ido a más. De hecho, los manifestantes han logrado hacer retroceder a la policía y han seguido con su marcha por Passeig Sant Joan.

Pasadas las 20:00 horas, y tras dar varias vueltas por el centro de la ciudad sin que se produjeran incidentes comparables a las protestas precedentes, los que encabezaban la manifestación han desconvocado. Aun así, varias decenas se han reagrupado y han seguido con la marcha hasta llegar a la comisaría de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia.

Este era el segundo sábado consecutivo que se convocaba en la capital catalana una manifestación bajo el lema Hasta que caigan, que aglutina reivindicaciones como la regulación de los alquileres, el fin de los desahucios, de la ley de extranjería o de la reforma laboral. También la “libertad de los presos”. La semana pasada fueron miles las personas que acudieron a la protesta, que transcurrió de forma pacífica hasta que acabó derivando en graves altercados y barricadas. Trece personas fueron detenidas esa tarde, y en los días siguientes se arrestaron a varias personas más acusadas de intentar prender fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro. 

A su vez, estas protestas cogen el testigo de las que se desataron durante la semana de la detención y encarcelamiento de Pablo Hasel. Aquellas terminaron también en disturbios y a día de hoy, en total, suman más de 130 detenidos. Durante una de las protestas, una joven perdió un ojo, “todo indica” a que por el impacto de una bala de foam, según ha reconocido recientemente el conseller de Interior. 

El encarcelamiento de Pablo Hasel ha traído un nuevo ciclo de protestas y descontento ciudadano en Barcelona. Miles de personas se han manifestado este sábado en la capital catalana para reclamar derechos sociales y amnistía para los presos del procés y el rapero, en una marcha que ha transcurrido sin incidentes desde la plaza Universidad hasta Drassanes. Al desconvocarse la manifestación pasadas las 19:45 han empezado los primeros lanzamientos de objetos a los Mossos d'Esquadra, la colocación de contenedores a modo de barricada y los ataques a entidades bancarias en la Rambla por parte de grupo de jóvenes. Un grupo de alborotadores también ha lanzado petardos para incendiar una furgoneta de la Guardia Urbana. Pasadas las 21:30h. los Mossos han logrado dispersar a los distintos grupos. Hay al menos 13 detenidos.

El lema de la marcha daba cuenta de que, además de la libertad de Hasel, los manifestantes querían mostrar su hartazgo con la situación del país. “No paran los desahucios, no regulan los alquileres, no derogan la ley mordaza ni la reforma laboral, protegen al monarca corrupto, encarcelan a quien lucha”, rezaba uno de los carteles que convocaba la manifestación.

A diferencia de las protestas de los últimos días, convocadas a través de pequeños grupos de Telegram independentistas, a la marcha de este sábado se habían sumado gran parte de los movimientos sociales de Barcelona, así como entidades como el Sindicato de Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), partidos como Anticapitalistas o la CUP o sindicatos como la CGT. Los manifestantes, además de las reivindicaciones sociales, también han gritado en favor de la amnistía de los presos del procés. En la protesta, que ha transcurrido de forma pacífica hasta darse por desconvocada, no solo había jóvenes, como en las protestas por Hasel de los últimos días, sino también familias y gente mayor.

Ha sido tras darse por finalizada la marcha cuando han empezado los altercados. Grupos de jóvenes con la cara tapada han empezado a mover contendedores en la calle Nou de la Rambla, cerca de la comisaría de los Mossos d'Esquadra, a lanzar objetos a la policía y a destrozar entidades bancarias. Las barricadas han seguido en la Rambla, donde un grupo ha lanzado petardos a furgonetas de la Guardia Urbana, y una de ellas ha empezado a arder. También han destrozado los escaparates del Zara de la plaza Catalunya, y después han seguido reventando cristales de un hotel y de tiendas y moviendo sillas y mesas de las terrazas de Catalunya para obstaculizar el paso a las furgonetas de los Mossos.

La marcha de Barcelona ha cerrado un sábado de movilizaciones. Por la mañana centenares de personas se han manifestado por las calles del barrio de Sants para celebrar la libertad del vecino que fue encarcelado en las protestas pro-Hasel del domingo pasado y fue liberado este viernes. Carles, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo al paso de la marcha por la taberna que regenta en el barrio, pues la jueza al excarcelarle le prohibió asistir a manifestaciones. La portavoz del grupo de apoyo, Elena Jaume, ha explicado que la manifestación ha querido mostrar que “hay que seguir luchando porque todavía quedan represaliadas en prisión y se están atacando derechos básicos”. “Necesitamos más que nunca fortalecer este apoyo popular para no dejar pasar nunca más tanta represión”, ha expresado el manifiesto de la marcha.

También por la mañana en Girona, unas 500 personas se han manifestado en defensa de la libertad de expresión, para reclamar un mejor futuro para los jóvenes y por el derecho a la autodeterminación. No se han producido incidentes y la presencia policial ha sido mínima a lo largo de todo el recorrido. La marcha unitaria ha agrupado a diferentes entidades. Antes de la manifestación, a primera hora de la mañana, una cincuentena de jóvenes han cortado unas horas la AP-7 en Girona en sentido norte. Los Mossos han podido disolver el corte sin problemas.

Un periodista ha resultado herido en la ceja este martes en Barcelona por el lanzamiento de una botella por parte de un grupo de encapuchados en la octava manifestación convocada contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. El incidente ha ocurrido en la calle Villarroel de Barcelona, cuando un grupo de manifestantes ha efectuado lanzamientos de botellas contra la línea policial y han hecho barricadas con contenedores. El periodista ha podido seguir cubriendo la manifestación.

La manifestación de este martes ha sido la menos numerosa hasta la fecha, y al igual que este lunes tampoco se han saqueado comercios. Los manifestantes han salido de la plaza Letamendi de Barcelona con la intención de ir hacia la plaza Artós, en la parte alta de la capital catalana, donde se han concentrado a la misma hora quince neonazis. Los Mossos han hecho un cordón en la calle Villarrel y han dispersado a los manifestantes después de varias advertencias por megafonía. La marcha ha girado hacia la plaza Catalunya, donde se ha disuelto sin más incidentes.

Mientras en la plaza Artós, lugar habitual de concentraciones de la extrema derecha, los Mossos han indetificado a la quincena de neonazis que se ha concentrado bajo el lema 'España no se quema'. Uno de ellos tenía en vigor una prohibición de participar en manifestaciones.

Los Mossos también han informado de que, como durante toda la semana, el área de mediación del cuerpo ha intentado dialogar con los manifestantes sin éxito. “Hasta el momento no hay interlocutores”, han agregado los Mossos tras la polémica sobre algunas de sus intervenciones, como la que presuntamente vació el ojo de una manifestante con un proyectil de 'foam' el pasado martes.

Sí ha habido más altercados en Vilanova y la Geltrú (Barcelona), donde un grupo de violentos ha roto cristales de la plaza de les Cols, ha hecho pintadas en entidades bancarias y establecimientos comerciales en la Rambla Principal y ha lanzado pintura y piedras a la línea policial situada en el cuartel de la Guardia Civil.

Asamblea en Sants por un vecino encarcelado

Al margen de la manifestación diaria por Hasel, un millar de personas se han concentrado este martes en el barrio de Sants para mostrar su rechazo por la prisión provisional sin fianza decretada para un conocido vecino, Carles, de 37 años. Detenido el pasado domingo durante las protestas por el rapero en Barcelona, acusado de montar barricadas y colocar obstáculos que ponían el pelígro a la policía, la jueza ordenó su ingreso en prisión y lo justificó para evitar la “reiteración delictiva” dado que hay previstas todavía movilizaciones estos días.

Muy conocido en el barrio por ser el camarero de la popular taberna la Bauxa, en la calle Vallespir, y por estar implicado en numerosas entidades e iniciativas de Sants –desde los Castellers hasta el grupo de restauradores DO Sants–, el encarcelamiento de Carles ha provocado una oleada de rechazo que ha culminado este martes por la tarde en una concentración en Plaça de Sants. Después, los congregados han iniciado una manifestación por las calles del barrio al grito de “Carles, libertad” y se han emplazado también a una nueva manifestación el próximo sábado.

Durante la concentración, el cooperativista Ivan Miró, de la Ciutat Invisible, ha leído el manifiesto con el que reclaman su puesta en libertad y mostraban su solidaridad con la familia. “Se han dejado la piel en este barrio y no merecen pasar por este calvario”, ha proclamado Miró. “Esto va de libertad de expresión, pero no solo. Va de Hasel y de Carles, pero no solo. Esto va de un sistema judicial franquista”, rezaba el manifiesto, y “de un sistema económico que condena a la miseria a la juventud”. 

En poco menos de 24 horas desde que se conoció la prisión preventiva, han sido decenas de asociaciones, activistas y negocios de Sants los que han clamado contra esta situación. Desde asociaciones de familias de escuelas del barrio a bares como Terra d’Escudella o Montferry, desde los Castellers de Sants a entidades por el derecho a la Vivienda o la Lleialtat Santsenca. También se ha pronunciado el concejal del Ayuntamiento en Sants, Marc Serra, de Barcelona en Comú. “Carles es un vecino y restaurador muy querido y con un gran arrelamiento en el tejido asociativo y cultural del barrio. Es incomprensible que el juzgado haya ordenado prisión provisional sin fianza”, ha expresado Serra.

Las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel han llegado este sábado a su quinta jornada consecutiva en Barcelona. La concentración se ha desarrollado de manera pacífica hasta que pasadas las 20:15h han empezado los primeros disturbios con lanzamientos de piedras y saqueo de tiendas. Una hora después ha habido una fuerte carga policial, ya en el barrio de Gràcia, que ha dejado varios heridos. Los Mossos d'Esquadra han informado este domingo de un total de 34 detenidos, tres de ellos menores de edad: 31 personas en Barcelona, otra en Lleida y dos más en Tarragona.

La concentración de este sábado, más numerosa que las de los últimos días, ha empezado en la plaza Universitat. Los manifestantes se han reunido escuchando música y con actuaciones musicales improvisadas mientras iban llegando columnas de manifestantes desde distintos barrios de la ciudad. Sobre las 20h los concentrados se han dirigido hacia plaza Urquinaona, protegida por un fuerte dispositivo policial.

Con gritos de “Urquinaona, ho tornarem a fer [Urquinaona, lo volveremos a hacer]”, e referencia a los disturbios de la sentencia del procés de 2019, los manifestantes han lanzado algunas piedras y objetos a los Mossos pasadas las 20h sin que hubiese habido cargas hasta este momento. Durante este sábado, el Ayuntamiento ha retirado los contenedores de la mayoría de las calles adyacentes para evitar que los manifestantes puedan organizar barricadas.

Los Mossos han dispersado rápidamente la concentración y los manifestantes, cada vez más disgregados, se han ido separando y juntando en grupos más pequeños. Sobre las 20:30h, algunos encapuchados han subido por passeig de Gràcia y han saqueado diversas tiendas de multinacionales. También han atacado la sede de la Bolsa de Barcelona, donde se ha prendido un pequeño fuego en la puerta que ha sido apagado por los bomberos. Otros grupos montaban barricadas en distintos cruces del barrio del Eixample mientras la policía seguía haciendo subir a los manifestantes, todavía muy numerosos, hacia el norte de la ciudad.

Cuando centenares de manifestantes estaban ya en el barrio de Gràcia, los Mossos los han rodeado y han cargado duramente contra los concentrados, dejando varios heridos, muchos de ellos con golpes de porra en la cabeza, según ha podido constatar elDiario.es.

Después de cinco jornadas de protestas que han acabado con disturbios, saqueos, detenidos y heridos -el martes una chica perdió el ojo presumiblemente por el impacto de una bala de 'foam'- el foco se ha puesto tanto en la violencia como sobre los Mossos d'Esquadra, al que las dos fuerzas del Govern en funciones -Junts y ERC- han emplazado a revisar su modelo de actuación en los disturbios.

Los mandos policiales, muy tensionados, respondieron con un comunicado en el que amenazaban con convertir el cuerpo policial en “ingobernable” si no tenían apoyo de los responsables políticos. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha convocado para este domingo una reunión con los principales sindicatos de los Mossos d'Esquadra tras pedir estos una reunión “urgente” y asegurar que los ánimos en el cuerpo estaban “muy crispados”.

Por tercer día consecutivo, centenares de personas se han concentrado en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y en defensa de la libertad de expresión. Después de dos movilizaciones que acabaron con graves disturbios -el balance del martes y del miércoles es de 51 detenidos, uno de ellos en prisión provisional- los manifestantes han quemado de nuevo contenedores, han lanzado piedras y objetos a los agentes policiales y han saqueado una sucursal bancaria. Hay ocho detenidos, según el último balance de la noche de los Mossos.

Los manifestantes estaban convocados este jueves en los aledaños de la Conselleria de Interior, fuertemente protegida por un dispositivo de Mossos d'Esquadra. Como ha sido habitual en las manifestaciones anteriores, la concentración ha empezado con varios artistas cantando hip hop y con gritos de “Pablo Hasel, libertad”. Sobre las 20h, unos 600 manifestantes han abandonado la plaza Tetuán y han caminado por algunas calles del barrio del Eixample hasta volver a acercarse a la conselleria de Interior.

Alrededor de las 20:45 se han registrado los primeros incidentes, con diversos contenedores incendiados y lanzamiento de objetos a los agentes de los Mossos en la calle Aragó. Una de las barricadas incendiadas ha prendido los árboles adyacentes y ha necesitado la intervención de los bomberos. Los manifestantes también han atacado la redacción de El Periódico y han saqueado una oficina de La Caixa en la avenida Diagonal. Sobre las 22h había al menos dos manifestantes y un mosso heridos por impactos de piedras.

La actuación policial del martes, en la que una manifestante perdió un ojo por el impacto de una bala de espuma de los Mossos, ha reabierto el debate en Catalunya sobre la conveniencia del uso de estos proyectiles, después de que se prohibieran en 2014 las pelotas de goma a raíz del caso de Esther Quintana. El debate llega, además, en medio de las negociaciones de Gobierno después de las elecciones.

Desde Junts, partido del que depende actualmente la conselleria de Interior, han valorado este jueves “críticamente” los “errores cometidos” por agentes antidisturbios, que han calificado de “inaceptables”. Han defendido, a su vez, un “nuevo modelo de orden público”. La condena de Junts se ha hecho pública después de una reunión entre esta formación y la CUP, que ha exigido cambios en la policía catalana para apoyar una investidura independentista.

Las protestas se han reproducido en varias ciudades. En València varios manifestantes han resultado heridos durante una manifestación que ha convocado a centenares de personas en el centro de la ciudad bajo una fuerte presencia policial y que ha terminado con cargas. La noche se ha saldado con ocho detenciones.

Hasel ingresó el martes en la prisión leridana de Ponent después de que los Mossos d'Esquadra lo arrestaran a primera hora de la mañana. El rapero tiene que cumplir una pena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, a lo que hay que sumar una nueva condena conocida hoy, de dos años y medio por amenazar un testigo durante un juicio (todavía recurrible).

Su condena ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión en España y el excesivo castigo de los denominados delitos de opinión. Entre los tuits por los que Hasel fue condenado, hay opiniones contrarias a la monarquía –“por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones”– y también relativos a exmiembros de los Grapo: “”2 años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el estado la asistencia médica en prisión“.

Segunda noche de altercados y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra por parte de centenares de manifestantes que protestan contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Los disturbios han empezado pasadas las 20.30h. en la plaza Urquinaona de Barcelona, cuando un grupo de manifestantes ha empezado a arrojar piedras, petardos y objetos a las furgonetas policiales. La policía ha dispersado mediante el disparo de proyectiles de 'foam' a los manifestantes, que siguen montando barricadas y lanzando piedras a los Mossos en varios puntos alrededor de la plaza Catalunya. Un grupo ha asaltado un hotel en el Passeig de Gràcia.

En toda Girona, Lleida y Tarragona también se han reproducido los disturbios. Los Mossos han arrestado al menos a 29 personas. Diez de estas detenciones han sido en Barcelona, otras 12 en Lleida, dos más en Tarragona y cinco en Girona, han informado los Mossos.

La protesta de este martes terminó con una batalla campal entre algunos de los participantes y los Mossos, con quema de contenedores y vehículos, lanzamiento de objetos y pirotecnia a la policía o actos vandálicos contra sedes bancarias. Una mujer ha perdido un ojo después de resultar herida por un proyectil de 'foam'. Este miércoles Mossos han custodiado la manifestación con un gran despliegue de una quincena de furgonetas de los antidisturbios situadas en el entorno de Jardinets de Gràcia, punto inicial de encuentro convocado.

Los manifestantes han ido avanzando por el Passeig de Gràcia gritando consignas como 'Libertad Pablo Hasel' o 'Catalunya antifascista', y ha sido al llegar a la plaza Urquinaona y pretender avanzar hacia la comisaría de Policía de la Vía Laietana cuando han empezado los enfrentamientos con la policía.

También se han reproducido los altercados en Girona. Los manifestantes han lanzado botellas de vidrio y pirotécnica a la policía en la zona de la subdelegación del gobierno español y también han prendido fuego a varias papeleras. Además, han montado barricadas en calles adyacentes y han desmontado un andamio de una obra para cortar la calle Santa Clara y para hacer lanzamientos contra los Mossos, que les persiguen por las calles del casco antiguo. También ha formado barricadas con contenedores de vidrio en el Puente de Piedra.

En Tarragona la manifestación ha cortado un carril de la AP-7 y en Lleida los manifestantes también han volcado y quemado contenedores hasta llegar a la cárcel de Ponent, centro penitenciario en el que permanece ingresado el cantante para cumplir la pena de prisión de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las fuerzas de seguridad por sus tuits y canciones.

El conseller catalán de Interior, Miquel Sàmper, ha condenado la “violencia gratuita” en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y este mismo miércoles pedido que las manifestaciones sean pacíficas y se aísle a los alborotadores, ya que la violencia “no estará nunca amparada, permitida ni tolerada”.

Miles de personas se han concentrado en Barcelona y ochenta poblaciones de toda Catalunya para pedir la libertad del rapero Pablo Hasel, que este martes ha ingresado en prisión para cumplir la pena de nueve meses de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por sus tuits y canciones, un caso que ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión en España.

La manifestación de Barcelona, al igual que la de València, ha terminado con altercados y enfrentamientos con la policía en distintos puntos de la ciudad. También ha habido disturbios en Lleida, Reus, Girona y Vic, donde los manifestantes han destrozado una comisaría de los Mossos d'Esquadra. Las protestas se han saldado con al menos 15 detenidos (tres en Barcelona, cuatro en Vic y ocho en Lleida).

Muchísima gente se ha acercado a la plaza Lesseps, en el barrio de Gràcia de Barcelona, para condenar el ingreso en prisión del rapero y defender la libertad de expresión. La protesta, convocada de manera simultánea en ciudades de todo el país, ha mostrado el hartazgo de parte de la población por el alto número de condenas a artistas españoles. La de Barcelona ha sido la marcha más numerosa desde que se declaró la pandemia del coronavirus.

Con gritos de “Pablo Hasel, libertad”, varios miles de personas ha cortado todas las vías de acceso a la gran plaza. A las 19:30h, el ambiente era tranquilo y festivo con corros de gente cantando hip hop y escuchando canciones del rapero. Poco antes de las 20h, la concentración se ha convertido en una manifestación que ha discurrido por las calles de Gràcia y del barrio limítrofe de Sant Gervasi.

Sobre las 20:20h han empezado los primeros enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Varios de los concentrados han incendiado contenedores y han tirado piedras y objetos a los agentes de la BRIMO (los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra) desplegados frente a la comisaría de Policía de la calle Balmes.  A partir de este momento, aunque todavía no ha habido cargas, los manifestantes se han disgregado por las calles de esta zona de Gràcia a tocar del Eixample. Los Mossos han disparado proyectiles de 'foam' que, según sanitarios voluntarios desplegados en la manifestación, han herido en el ojo y en la oreja a dos manifestantes.

Los contenedores quemados y los enfrentamientos con los Mossos se han sucedido en varios puntos de la ciudad: Via Augusta, Diagonal e incluso la zona de la Delegación del Gobierno en la calle València y la calle Aragó. En el Passeig de Gràcia se han roto escaparates, tumbado motos y saqueado una tienda.

Los Mossos han cargado en Via Augusta sobre las 21:20, después de una hora frente a las barricadas incendiadas desde donde los manifestantes les han sometido a una constante lluvia de objetos y piedras tras instalar diversas barricadas. Hasta el momento de la primera carga, los agentes han respondido a las piedras disparando balas de espuma. Tras la primera carga, los manifestantes, todavía muy numerosos, se han replegado en Travessera de Gràcia, donde han montado nuevas barricadas. Buena parte de las calles de este barrio han quedado con contenedores incendiados y barricadas que impedían el paso de los coches.

Pasadas las 22:30h, con el toque de queda ya en vigor, la mayoría de los manifestantes se había dispersado aunque todavía quedaban algunos encapuchados montando barricadas por las calles peatonales del distrito.

Pero no solo ha habido manifestaciones en Barcelona. Las concentraciones se han multiplicado a lo largo y ancho del territorio catalán. Girona, Sabadell, Lleida, Vic, Terrassa, Sant Cugat, Sant Celoni... y así hasta un total de 80 municipios han vivido concentraciones de apoyo al rapero encarcelado.

Hasel ha ingresado este mismo martes en la prisión leridana de Ponent después de que los Mossos d'Esquadra lo hayan arrestado a primera hora de la mañana. La policía catalana ha entrado en la Universidad de Lleida, donde el rapero se había encerrado para evitar su ingreso en prisión, para cumplir con la orden de detención cursada por la Audiencia Nacional. El arresto de Hasel ha vuelto a captar la atención de la prensa internacional.

La condena a Hasel por sus tuits y canciones que según los jueces enaltecían el terrorismo de ETA y los Grapo e injuriaban a la corona y a las fuerzas de seguridad ha vuelto a reabrir el debate sobre la libertad de expresión en España y el excesivo castigo de los denominados delitos de opinión. Entre los tuits por los que Hasel fue condenado, hay opiniones contrarias a la monarquía –“por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones”– y también relativos a exmiembros de los Grapo: “”2 años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el estado la asistencia médica en prisión“.

Centenares de cantantes, actores, periodistas e intelectuales han suscrito sendos manifiestos en contra del encarcelamiento del cantante, posición a la que se han sumado organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional. A raíz de la solidaridad recibida y del encarcelamiento de Hasel, el Gobierno ha anunciado una reforma del Código Penal para que los delitos de opinión -como el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona y a las fuerzas de seguridad a los que fue condenado Hasel- no comporten penas de prisión.

La jornada electoral ha arrancado este domingo en Catalunya sin incidencias que hayan podido condicionar el desarrollo de la votación. La gran mayoría de las mesas, al menos el 97,4%, se han constituido antes de las 10 –la hora límite–, un porcentaje parecido al de 2017. “Es un dato muy favorable”, ha valorado el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Bernat Solé. Pasadas las 11, ya eran el 100%, según ha informado el Govern.

Los temores a que el inicio de la jornada electoral fuese un descontrol, tras conocerse hace días el alud de recursos para evitar asistir a una mesa, se han acabado de disipar este domingo por la mañana. Los titulares y suplentes mayoritariamente se han presentado a sus colegios a las 8 y, cuando ha sido necesario, los han podido reemplazar. Lo único destacable respecto a comicios anteriores es que el proceso ha sido esta vez algo más lento, con lo que muchos colegios han abierto más tarde de las 9. 

La otra gran duda logística de la jornada la ha resuelto Ismael Peña-López, director General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, en los micrófonos de Catalunya Ràdio: habrá escrutinio y se harán públicos los datos este mismo domingo. La Generalitat advirtió que, si un número significativo de mesas no se podían constituir, no iban a hacer público el recuento puesto que muchos ciudadanos deberían esperar a votar al martes. Finalmente no ha sido así. También se espera que se publiquen los primeros sondeos a las 20 en punto. 

Este domingo son 5.624.044 catalanes los que están llamados a acudir a las urnas, aunque se prevé una importante caída de la participación respecto a elecciones anteriores, según las encuestas. De las 9 a las 12, la recomendación es que vayan a votar los colectivos de riesgo. A partir de esa hora y hasta las 19, el resto de la ciudadanía. Y en la hora siguiente y hasta el cierre, las personas que están en aislamiento por ser contactos o directamente positivos. Para esa hora, los miembros de las mesas dispondrán de EPI de alta seguridad, que se añaden a las mascarillas y pantallas faciales que usan durante el día. 

Por primera vez este 14F, muchos catalanes votarán en colegios distintos a los habituales. En Barcelona serán el 37%. Los ayuntamientos han tenido que buscar espacios más amplios para cumplir con las medidas de distanciamiento y ventilación, así como evitar aglomeraciones. La capital catalana ha habilitado diez mercados municipales y 23 polideportivos. También se vota en el Camp Nou. 

En el colegio electoral del Mercado de Sagrada Família, en Barcelona, las puertas han abierto sobre las 9:40, cuando varias decenas de personas, casi todas mayores, esperaban bajo la lluvia. El retraso se ha producido porque a última hora ha abandonado el miembro de una mesa, alegando ansiedad, lo que ha impedido que la gente pudiese entrar para empezar a votar en las siete mesas del recinto. 

Elvira y Carme Pérez, ambas hermanas, explicaban a las puertas del mercado que desde la democracia han votado siempre y que la pandemia no las ha echado para atrás. Elvira, que vive en una residencia, aseguraba que “si te tiene que pillar el coronavirus te puede pillar en cualquier sitio”. “No tengo miedo hoy”, añadía. Agustí y Nina también jubilados, lo hacían hasta ahora en la escuela publica Fructuós Gelabert, pero en esta ocasión les ha tocado el Centre Cívic de Sagrada Família. “Todo el mundo ha sido muy simpático y no hemos hecho demasiada cola. Estábamos un poco preocupados por el coronavirus, pero no lo hemos visto”, bromean.

Laia, Luis, Irene, Pelayo, Carla, Lucas, Laura, Neo, Rita... Son nueve de los 171.580 jóvenes que están llamados a votar por primera vez en unas elecciones en Catalunya desde la últimas generales, en noviembre de 2019. Si se echa la vista más atrás, hasta las últimas autonómicas de diciembre de 2017, uno de los momentos cumbre del procés, son 423.336 los nuevos votantes. Casi medio millón de jóvenes que podrán opinar por primera vez en unos comicios catalanes.

La suya es una generación que vivió el 1-O entre la adolescencia y el tránsito a la vida adulta. Y, a pesar de lo ocurrido durante los últimos años y de las violentas protestas por la sentencia del procés, no parece que la independencia esté entre sus principales preocupaciones. Al menos los que han atendido a este diario. Hablan de educación, de feminismo y, cómo no, de la pandemia, con unas restricciones que les han obligado a evitar contactos justo en una de las etapas vitales de mayor actividad.

Les apetece estrenar su derecho a voto. “Es una de las pocas cosas que podemos hacer como mayores de edad. Con el Covid, el resto de cosas que se suponía que podíamos hacer con 18 años no las hemos podido hacer”, lamenta Laia García Guals. Esta joven de 18 años del Hospitalet (Barcelona), estudiante de pedagogía en la Universidad de Barcelona y bailarina, tiene claro que irá a votar. Aún no ha decidido a qué partido, pero sí que sabe seguro a quién no: la extrema derecha.

Para Laia es clave saber qué dicen los partidos en relación a la gestión de la pandemia, pero también las “propuestas sociales” y qué mejoras proponen en relación a la educación, la sanidad o la ciencia. Para ella, ahora, el procés y la independencia han pasado a un segundo plano en su lista de prioridades. “Si no estuviésemos pasando la pandemia del coronavirus igual sí que lo tendría más en cuenta, pero ahora creo que hay cosas más importantes”, señala. Laia reconoce que con la mayoría de sus amigos no habla de política, “pero con una amiga sí”. Se informa a través de la televisión y de los informativos de las propuestas de los partidos y ha investigado los programas políticos de los partidos que más le interesan.

A su lado está Carla Lamiel Moreno, de 18 años. “Casi 19”, apunta. Estudia Comunicación e Industrias Culturales en la Universidad de Barcelona. Esta joven del barrio de Sants de Barcelona también irá a votar este 14 de febrero. Está “entre un par de partidos” y asegura que tiene en cuenta “cosas específicas como las desigualdades sociales, las migraciones, el feminismo… y la gestión de la pandemia”. Igual que a su amiga Laia, con la llegada de la pandemia, el procés ya no urge.

Intenta mirar las noticias o “algún discurso en Twitter”, pero reconoce que no se informa “tanto como debería”. Estos días está mirando “más por encima” algunos programas de los partidos. Le hace ilusión votar este domingo, aunque no le interesa especialmente, pero hay un añadido: le ha tocado ser suplente de vocal en una mesa electoral. “Me sorprende que la primera vez que puedo votar ya me toque estar en una mesa, no he visto nunca cómo se hace”, comenta.

También irá a votar Laura Estupiñá, amiga de Laia y de Carla, pero no sabe a qué partido. Admite que hace unos años estaba más interesada en la política, pero ahora le preocupa más la pandemia y, sobre todo, su primer año de carrera. Un primer año universitario marcado por el coronavirus y por las clases online. “Cuando pasó todo lo del procés y las manifestaciones estaba más al día, me informaba más y lo comentaba con mis amigos, pero ahora ya no tanto”, explica. “Ahora está todo más parado, como que se ha desinflado”. Por ello pide a los partidos que se interesen por los jóvenes desde antes de poder participar en unas elecciones. “No solo cuando les interesamos porque podemos votar”, remacha.

“¡Iré a votar al 100%!”, manifiesta con energía Neo Galceran Alastruey, un joven de 19 años estudiante de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas en la Universidad Ramon Llull-Blanquerna. Se informa sobre todo por Instagram para ver “los zascas que se hacen los partidos”, pero dice que “a diferencia del resto de mi generación” mirará los programas electorales de los partidos. “Ideología a tope”, es su criterio para elegir un partido u otro: “Miro especialmente cómo se posicionan frente a aspectos económicos y en un rango de izquierdas a derechas como están en cada eje”. Para él, la economía y la independencia, si lo pone en una balanza, “están muy igualados, pero antes [la independencia] era lo más significativo”. Ahora es la pandemia, pese a que su generación no es, dice aliviado, la más perjudicada.

Otros jóvenes, en cambio, sí que tienen claro a quién van a votar. Es el caso de Irene Freixes Arnau, una joven de la Selva del Camp (Tarragona), que estudia un grado superior de forestal en Lleida. Militante en diferentes organizaciones como Arran, fue a las manifestaciones de la sentencia del procés en Tarragona. “Antes de poder votar ya tenía claro a quien apoyaría”, remarca. Considera que la pandemia ha hecho aflorar y “multiplicar” algunos problemas de la “clase obrera”. Con los amigos con los que milita sí que hablan habitualmente de política, por eso considera que “están más enterados”. Además, explica Irene, en su casa siempre se ha hablado de política. Por eso irán todos juntos a votar, con sus hermanos, abuelos y su madre. “No es una tradición familiar, pero es bonito y sentimental, les hace ilusión que pueda votar”, matiza. “Yo no creo en la democracia como tal, pero lo he visto siempre y me gusta la política”, remarca.

También sabe a quién votará Rita Iglesias, una joven de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme). “Iré a votar porque es nuestro futuro”, recalca esta estudiante de Psicología de la Universidad Internacional de Catalunya. Ella ha buscado por internet el plan económico de los dos partidos entre los que dudaba. Ahora ya ha decidido a quien votará este domingo. “La gestión económica es vital porque la crisis que vendrá se tendrá que controlar de alguna manera”, apunta. Para ella también son sustanciales los derechos de las mujeres, la igualdad, las políticas LGTBI y “los derechos básicos que todos deberíamos tener”. A veces habla con sus amigos de política, pero prefiere hacerlo en casa. “A mi madre le hace ilusión que vote, pero intenta persuadirme de que cambie de partido”, ríe.

Pelayo Infiesta, Luis Mestre y Lucas Burgos-Bosch son amigos del barrio de Sarrià de Barcelona. Los tres quieren ser ingenieros. En este grupo de amigos hay disparidad de opiniones en relación a las elecciones. Lucas tiene claro que irá a votar y dice que se ha leído todos los programas electorales. “Incluso los de los que tengo claro que no voy a votar”, remarca. Pelayo duda si votar a un partido o votar en blanco. Y Luis no votará porque está convencido de que su voto “no cambiará nada” y ningún partido le convence. “No he mirado ningún programa electoral, pero mis amigos me cuentan cosas”, despacha.

“Busco un partido que premie el esfuerzo, porque quiero una España que busque el esfuerzo”, aclara Lucas, tajante. Por eso se muestra convencido sobre qué partido va a elegir el domingo. No fue a las manifestaciones del procés, y pese a que la independencia es un criterio a tener en cuenta, no es lo más crucial. Para este joven, lo básico es que un partido apoye a las familias y ayude a la gente que trabaja. La gestión de la pandemia no le preocupa, porque cree que todos lo pueden hacer bien.

A su lado, Pelayo, le recuerda el peso de las propuestas económicas de cada partido, así como las educativas. En relación al procés, le quita transcendencia. “Con la pandemia se ha puesto por delante lo que es más importante de lo que lo es menos”, apunta. “Los jóvenes somos el futuro, votaremos este año y muchos más, si Dios quiere, muchos más que la gente mayor, por eso nos tienen que tener en cuenta los políticos”, zanja mientras se aleja en monopatín con sus dos amigos.

No es la marabunta de todos los años, pero en Barcelona hay turistas. Y la mayoría siguen con su ruta por la ciudad ajenos a la recomendación del Govern para no salir de casa en vigor desde ese sábado, que no incluía una petición específica para los visitantes extranjeros. “Ayer por la tarde llamé al hotel y me dijeron que podía venir sin problema”, resume frente a la Sagrada Familia Marie, una turista francesa que ha llegado esta mañana a Barcelona con su novio.

La ruta sabatina de elDiario.es por la ciudad de Barcelona permite constatar que los turistas no se han enterado de las restricciones aprobadas por el Govern o los que sí las conocen han decidido aprovechar su estancia en la ciudad y no quedarse en la habitación del hotel. Entre los locales que no se han ido a sus segundas residencias también hay quien obvía las recomendaciones del Govern, mientras que otros, con mucho miedo, solo han salido para comprar y dar una pequeña vuelta por el barrio, tal y como ha pedido el Ejecutivo.

“Hemos leído esta mañana las medidas, pero nos quedan solo dos días en Barcelona y no creo que pase nada”, señala también frente al templo de Gaudí una turista proveniente de Hungría junto a sus dos hijas, que prefiere no dar su nombre.

Otros sin embargo se han enterado de las nuevas recomendaciones del Govern para contener la pandemia cuando se lo ha dicho este diario. “¿En serio han pedido no salir de casa?”, exclaman sonrientes Johanna y Angela, dos jóvenes alemanas que llevan una semana en la ciudad y que después de pasar por la Sagrada Familia –que sigue cerrada– tienen previsto ir al Park Güell.

Frente a otra de las maravillas de Gaudí, la Pedrera en el Passeig de Gràcia, James y Andrew, dos hermanos británicos que llegaron este viernes por la tarde a Barcelona, tampoco tienen previsto varias sus planes por las nuevas medidas. “Ni en el avión nos dijeron nada y nos enteramos de las nuevas restricciones porque nos llamó nuestra madre, que lo había leído en Internet, mientras nosotros estábamos aquí de shopping”, asevera James. “Yo entiendo que todo esto es para los locales”, apostilla Andrew.

Bajando por el Passeig de Gràcia de hecho, se observa cómo tanto locales como turistas entran libremente en las tiendas. El Govern dijo este viernes que impondría la obligación de cita previa para los establecimientos no esenciales –sin hacer mención alguna a los centros comerciales. Sin embargo, la obligación se ha diluido en la publicación de la medida en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) este sábado, que solo establece la cita previa o el envío de las compras “en la medida que sea posible”.

“Hoy se puede entrar normal, el lunes ya veremos”, resumían en una tienda de ropa del Passeig de Gràcia. En la macrotienda de Apple en la plaza Catalunya sí había control de aforo. No así en el Fnac y en el centro comercial del Triangle, en la misma plaza. Precisamente la falta de claridad en las medidas es una de las críticas de los alcaldes y alcaldesas de Barcelona y los 12 municipios metropolitanos afectados.

Lo que sí se ha prohibido claramente son las reuniones de más de 10 personas tanto en el ámbito privado como público, incluyendo bodas, servicios religiosos, celebraciones, entierros y la práctica deportiva. La prohibición no ha llegado al arzobispado. Este sábado en la catedral de Barcelona, que seguía abierta a turistas, se ha celebrado misa de doce con decenas de feligreses y a la una un entierro.

¿Y la autoridad dónde está? Las cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra que ha visto este diario al mediodía por el centro de la ciudad este sábado no controlaban que no hubiera aglomeraciones o el aforo de los establecimientos sino que identificaban a un mendigo en la plaza Catalunya y más abajo, en la Rambla al lado del Liceu, pedían a un ciudadano de origen marroquí de dónde había “sacado” su teléfono móvil.

En la Barceloneta, este sábado los bañistas podían mantener sin problemas la distancia de seguridad por la menor afluencia de gente, mientras los restaurantes de la costa veían con miedo, cómo se cancelaban varias reservas. Por ahora los alcaldes metropolitanos no han decidido si cerrarán las playas.

Juan Valera, vecino “de los de toda la vida” de la Barceloneta, sabe que en cualquier momento se pueden volver a cerrar las playas. Él y su grupo de amigos van cada día a lo que llaman su “local social”, un pequeño recinto a pie de playa donde es habitual ver a hombres mayores jugando al ajedrez y pasando la mañana. “Este año se está muy tranquilo, hay muchos menos turistas y hay más espacio”, celebra este vecino. Asegura que él y su grupo de amigos son conscientes de las recomendaciones, mantienen las distancias y van con las mascarillas todo el rato, por eso espera que no vuelva a haber confinamiento en la ciudad.

“Si nos vuelven a confinar nos volveremos a encerrar, esperamos que no pase, de momento aprovecharemos mientras podamos”. Por esto le grita a su compañero “quita pa’allá que no guardas la distancia!” mientras posan para la fotografía.

A pocos metros de este grupo de amigos se encuentra el local del Servicio de Socorrismo de playas de Barcelona. Uno de sus trabajadores se prepara para arrancar la jornada laboral. Pese a ser el primer día con nuevas restricciones en la ciudad, asegura que su sensación es que “hay la misma gente que los últimos días, quizás un poco menos porque no hay mucho turismo”. 

Algunas patrullas de la Guardia Urbana de Barcelona transitan por el paseo marítimo, y al preguntarles aseguran que “está todo tranquilo y la gente respeta la distancia”. Por eso recomiendan, cuando se acerca un viandante a preguntarles, que “aprovechen para ir a la playa, ahora que todavía se puede”.

Algunos vecinos, sin embargo, critican que no haya más policía. Es el caso de dos vecinos octogenarios de les Corts que se ha acercado en autobús al paseo marítimo. “No me parece bien como se pone la gente en la playa, deberían respetar más las distancias y estar más ordenados”, critica María Teresa Gatius mirando a la arena. Esta vecina lamenta que cuando, en ocasiones, ha recriminado a gente joven no llevar mascarilla en espacios públicos le han gritado “que se vaya a su casa, que es mayor”.

Aunque por la mañana el número de bañistas ha sido menor que el de un sábado habitual en Barcelona, esta tarde la afluencia ha obligado a que la Guardia Urbana cerrara a las playas de la Mar Bella, Bogatell, Barceloneta, Sant Sebastià y Nova Icaria.

El bar Salamanca lleva más de 50 años abierto en la Barceloneta. A estas alturas del año estarían con todas las mesas llenas, pero ahora con la pandemia y las nuevas restricciones ven como su terraza está completamente vacía al mediodía. Esta misma mañana más de 10 mesas les han cancelado las reservas, sobretodo los grupos. “No hemos salido del primer ERTE que tenemos y vemos como tendremos que ampliarlo a aún más gente, aun no hemos levantado cabeza y vamos a peor”, lamenta el responsable del local, Alfredo Gómez.

“No hay turistas, no hay gente, no hay control de nada, la gente no lleva mascarilla, es un desastre todo”, constata Gómez. Tras más de 42 años al frente de este restaurante, su responsable se muestra poco esperanzado con las nuevas restricciones. En los bares y restaurantes se limita el aforo en el interior de los establecimientos al 50% y se prohíbe consumir en la barra. En las terrazas, el aforo tiene que ser el resultante de aplicar una distancia de dos metros entre mesas o grupos de mesas. Unas medias que, para este restaurador, asegura que podrían significar el fin del negocio. “Nunca hemos visto nada igual”, zanja.

“Si te fijas, nunca verás a un filipino durmiendo en la calle”. Jossie Rocafort, presidenta de la asociación EAMISS, describe de esta manera el silencioso paraguas social que ha desplegado la comunidad filipina para evitar el colapso durante la pandemia. Sin hacer ruido ni recurrir a los servicios sociales, los filipinos de Barcelona se han organizado para ayudarse entre ellos ante la falta de dinero para comer. Rocafort, llegada a la ciudad hace 40 años, comenta la situación frente a su asociación en el barrio del Raval, donde cada mañana más de 200 filipinos se amontonan para recoger comida en una larga cola que cruza una calle y dobla la siguiente esquina. 

“Llevaba ya dos meses sin ingresar nada, tampoco he podido mandar dinero a casa y al final he acabado viniendo”, explicaba el viernes Lorena Dante, que hasta antes de la pandemia trabajaba limpiando hogares sin ningún tipo de contrato. “No conozco nadie de nuestra comunidad que tenga trabajo ahora mismo”, remachaba. 

La pandemia ha castigado severamente a los más de 10.000 filipinos de Barcelona, una comunidad que tradicionalmente se ha dedicado a la restauración y a limpiar hogares y hoteles. La acumulación de contratos temporales, el cierre de los restaurantes y el trabajo en negro de muchas limpiadoras domésticas ha dejado a estos ciudadanos sin sustento y prácticamente sin saber cómo se pide ayuda a la administración, porque desde siempre los problemas se han arreglado dentro de la comunidad.

En EAMISS, la asociación de atención al pueblo filipino dirigida por Rocafort, han pasado de repartir 120 menús durante los fines de semana a entregar 220 cada día. A partir del lunes ya serán 300 las comidas que repartirán a diario, sin contar los lotes de productos frescos que entregan a otras 30 familias todas las tardes en el mismo local. Con la excepción de un portugués, todos sus trabajadores son voluntarios y filipinos. Desde Rocafort, su presidenta, hasta Rommel Ronquillo, 45 años, que ejerce cada mañana de vigilante de seguridad en la cola que se forma en la calle Luna del Raval.

“No tenemos la costumbre de pedir ayuda al Gobierno”, señalaba Arvin Andal, 21 años, hasta hace poco ayudante de cocina en un hotel y que había acudido a recoger alimentos para él y sus padres. “Preferimos ayudarnos entre nosotros sin molestar”, añadía mientras esperaba con paciencia su turno para recoger el menú del día: pasta a la putanesca y pollo, preparado a diario por la ONG World Central Kitchen.

La comunidad filipina empezó a asentarse en Barcelona a finales de los 70 por la influencia del pasado colonial español (muchos volvían de ese país con sus sirvientas) y animados por el Gobierno filipino, que desde hace cuatro décadas promueve la emigración entre sus ciudadanos para que trabajen fuera del país y manden dinero desde ahí. Se calcula que hay unos 10 millones de filipinos trabajando en el extranjero en una población de casi 110 millones. “Estamos acostumbrados a sufrir lejos de casa, por eso nos ayudamos”, exponía Edna Estallo, limpiadora en un hotel hasta antes de la pandemia.

Con el tiempo las familias se fueron reagrupando en la capital catalana y los filipinos se asentaron en la ciudad. Primero, en los barrios más pudientes como Sant Gervasi o Sarrià porque las empleadas del hogar eran internas y residían en los mismos domicilios donde trabajaban. Por este motivo la primera asociación de filipinos de la ciudad, creada a mediados de los 70, estaba situada en la calle Major de Sarrià, según explica la antropóloga Eva Marxén en su tesis doctoral dedicada a esta comunidad. 

A finales de los 80 estos migrantes empezaron a comprar pisos en Ciutat Vella, donde estaban la mayoría de asociaciones e iglesias de la comunidad filipina y desde donde podían desplazarse rápidamente a la zona alta de la ciudad para trabajar. Paulatinamente se fue creando esta red de apoyo, liderada durante los primeros años por asociaciones religiosas. A día de hoy, aproximadamente el 15% de los 35.000 filipinos que hay en España residen en el Raval, donde se han convertido en la segunda comunidad extranjera del barrio después de los paquistaníes.

“Somos gente muy trabajadora pero vivimos al día porque buena parte del dinero lo mandamos a nuestro país”, indica la presidenta de EAMISS, que admite que la pandemia ha castigado especialmente a los ciudadanos de esta nacionalidad debido al tipo de trabajos que ejercían. Tras debatirlo con el Banc d’Aliments, decidieron que lo mejor para ayudar a la comunidad era que los propios filipinos organizaran el reparto de comida a sus compatriotas. “Por primera vez en su vida, muchos han preferido comerse el orgullo y pedir ayuda para poder dar de comer a su familia”, señala Rocafort. “No ha sido fácil que se decidieran a dar el paso”.

Al principio repartían la comida a las 13 h., pero ante las colas que se montaban avanzaron el reparto a las 11:30 h. El viernes, a las 10:30 h ya había más de 60 personas esperando a que empezara el reparto de comida, que cada día se inicia un poco antes que el anterior. Cinco hombres con walkie talkies y un polo negro ejercían de vigilantes de seguridad en la cola para garantizar la distancia de seguridad y evitar molestias a los vecinos.

No se para en todo el día en esta asociación, fundada apenas hace tres años. A las 9 de la mañana llega fruta y verdura desde Mercadona gracias a la asociación de vecinos del Raval. A las 9:30 h. salen en un vehículo hasta el Fòrum, donde recogen las comidas que reparten durante la mañana. Por la tarde entregan las verduras junto a la leche, arroz y legumbres cedidas por el Banc d’Aliments.

Jossie Rocafort, su presidenta, controla atentamente a todos los que acuden a recoger comida para detectar gente que repite más de una vez en un mismo día e identificar a los más vulnerables. “Si vemos alguien que viene a diario intentamos derivarlo a los servicios sociales”, señalaba el viernes, ataviada con una mascarilla y un traje protector. 

Lope Edeman trabajaba en una lavandería en Castelldefels. A pesar de que a él le aplicaron un ERTE y ha cobrado parte del salario, su mujer limpiaba casas y se ha quedado sin ingresos. Con una hija pequeña, este hombre de 46 años es otro de los filipinos que hace unos meses no se hubiese creído que ahora estaría haciendo cola para recoger alimentos. A pocos metros de él está Marilyn Bince, 35 años, también con una hija que de vez en cuando le pregunta dónde está la comida. “Menos mal que estamos juntas aquí”, explicaba junto a un grupo de tres amigas. “Nos hemos quedado sin nada pero también sin la vergüenza de pedir ayuda”.

La puerta de uno de los nueve boxes de la unidad de semicríticos es la imagen de la desescalada en el Hospital del Mar, en Barcelona. Es viernes por la mañana, 22 de mayo, y en su interior un paciente se mantiene agarrado a la vida gracias a los cuidados intensivos que le procuran enfermeras como Elisabeth, que se apoya en el carro de medicación mientras extrae de una bolsa hermética la enésima bata azul de la jornada. Es el último paciente positivo que queda, comenta desde el extremo opuesto de la sala circular, y sitúa la mirada en el único cubículo al que hay que acceder todavía con los incómodos EPI, el uniforme de miles de sanitarios durante la pandemia de coronavirus.

Mascarilla FFP3, mono blanco impermeable, bata también blanca por encima, gorro, guantes, capucha, gafas y otros guantes. La que se viste ahora de acuerdo con el farragoso ritual que impone el virus SARS-CoV-2 es una de las trabajadoras de la limpieza, que tiene que acceder al box en cuestión para realizar las tareas periódicas de higiene. Mientras tanto, otra enfermera espera a Elisabeth desde la puerta de otro cubículo para llevar a cabo el cambio postural a dos pacientes. “Les movemos regularmente de un costado al otro para evitar que les salga heridas en la piel”, explica.

La unidad de semicríticos es en estos momentos la UCI del Hospital del Mar reservada para pacientes con coronavirus. Quedan cinco, casi todos de tan larga duración que cuatro de ellos ya han dado negativo en el test PCR. Por eso Elisabeth y sus compañeras pueden desplazarse con cierta comodidad, aunque sin descanso, por un escenario que hasta hace pocas semanas parecía el de una guerra bacteriológica. No se podía entrar sin el traje. “Ahora no es tan pesado”, resume en pocas palabras, antes de volver rápidamente a sumergirse en su tarea diaria de supervisión de soportes nutricionales, de niveles respiratorios, de medicación… La mayoría tienen buen pronóstico y, si todo va bien, saldrán en cuestión de días.

Los médicos, enfermeros y auxiliares del Hospital del Mar, destinatarios como todos lo demás de los aplausos de las 20 horas, se reconocen hoy un poco más relajados. Pero la procesión va por dentro. El huracán que les ha pasado por encima en forma de pandemia, con días en los que llegaron a tener más de 900 enfermos de COVID-19 –entre la UCI, plantas de hospitalización y domicilios–, no va a ser fácil de digerir. Por mucho que el pico de enfermos críticos haya caído de 68 a 5 y el hospital se parezca un poco más al de antes.

Para Joan Ramon Masclans, jefe de las UCI del Hospital del Mar, los profesionales están entrando ahora en su particular fase 3, que nada tiene que ver con el desconfinamiento. “La primera fase fue cuando empezó a llegar la ola, que daba la impresión que te superaba. Mentalmente la gente estaba muy tocada y te lo decían, que llegaban a casa y se echaban a llorar. Todos: médicos, enfermeros…”, detalla.

Esos días, especialmente de la última semana de marzo, fueron para él los peores. “De las pocas horas que dormía, me levantaba cada mañana pensando dónde podríamos abrir más camas de críticos. Y los respiradores...” Se preguntaba si habría suficientes. No llegaron a quedarse sin equipos de ventilación, pero un día tuvo que ir a su despacho y desempolvar un respirador de más de 30 años que guardaba como quien tiene una máquina de escribir en la estantería. Por suerte –y con algún recambio de piezas con tecnología 3D– funcionó.

“No hubo colapso, pero estuvimos fatal”

Tras esa fase, vino la del trabajo a destajo, con jornadas de 12 horas y 36 de descanso. “Cuando el volumen era ya masivo, la gente hizo una descarga de adrenalina e iban al 100%. Te decían que estaban cansados pero bien”, describe.

Ahora han entrado en de fase 3, la nueva normalidad, que es también la del agotamiento físico y mental. “Es como hacer una maratón y llegar extenuado al final. Estás contento pero cansado”, ejemplifica. Y añade tras el esfuerzo, las imágenes de gente en la calle sin respetar la distancia física son para ellos una “auténtica puñalada”. “Si ahora hay un rebrote, nos cogería materialmente preparados, pero muy cansados”, advierte, aunque reconoce que por ahora no está ocurriendo.

En un tiempo récord, como el resto de hospitales españoles, en el Hospital del Mar pasaron de tener 18 camas de UCI a cerca de 100, aunque el máximo de pacientes críticos al que llegaron en un día fue de 82. “No hubo colapso, pero si me preguntan cómo llegamos a estar, pues fatal. Muy mal”, reconoce Masclans, sobre todo por la falta de personal. Ni el atentado de la Rambla en 2017, del que fueron las Urgencias de referencia, fue tan duro.

Para entender la escalada y actual desescalada en el Hospital del Mar, basta con separar los tres grandes edificios que lo componen y que se levantan uno al lado del otro frente a la playa del Somorrostro. El llamado monobloque, con hasta nueve plantas de hospitalización, llegó a dedicar siete de ellas a coronavirus, de las que solo se conservan dos para este fin. En el edificio antiguo del complejo, de dos plantas, se mantuvieron ciertas especialidades no COVID-19, aunque en la práctica la única actividad que se concentró allí fue la de la UCI de siempre, con 20 camas para pacientes de coronavirus. Esta unidad está en estos momentos en proceso de desinfección tras quedar vacía de pacientes.

El tercer edificio es el nuevo, en fase de construcción. En él se ubican servicios como el hospital de día o las urgencias. Sin embargo, la primera planta, en parte reservada para acoger despachos una vez finalizadas las obras, es un enorme hangar que por su vasto espacio todos conocían como La Pradera. Ahora es la UCI de guerra.

Unos separadores blancos con el cartel Almacén engañan a quienes entran por primera vez en esta macrounidad de cuidados intensivos. Decenas de boxes improvisados, para 70 camas en total, conforman una hilera que se extiende a lo largo de unos 50 metros. Este fue uno de los principales campos de batalla contra la COVID-19 de la ciudad. Ahora la actividad es constante pero mucho más reducida, centrada en solo nueve pacientes con otras patologías que nada tienen que ver con el virus. El resto de camas se mantiene sin desmantelar por si acaso, igual que las que se habilitaron en el gimnasio para dar salida a los pacientes más leves.

Lo peor, las despedidas sin familiares

De la cama 15, donde una auxiliar mantiene cogida la mano de un paciente mientras chequea el monitor de sus constantes, sale Carme Troya, enfermera intensivista con 25 años de carrera en el hospital. La desescalada está siendo para ella un “alivio”, sencillamente por no tener que atender a tal alud de casos tan graves, pero reconoce que ahora está emergiendo el “agotamiento”, físico y emocional.

Sin ir más lejos, no hace ni dos semanas vivió el que considera el día más negro de toda la pandemia. “Tuvimos que despedir a un paciente con el que había estado cada día durante un mes”, lamenta.

Los ingresados en UCI no siempre están conscientes, pero él, de poco menos de 70 años, sí. Se contaban de todo, ponían música, enchufaban la tele para estar al día del mundo exterior… “Hasta conocía a su familia, porque hacían videoconferencias a menudo”, explica. A diferencia de las plantas de hospitalización, en una UCI cada enfermera tiene dos pacientes a su cargo. “Puedes estar tranquilamente tres o cuatro horas con cada uno”, aclara esta veterana enfermera.

Por suerte, por esas fechas ya se permitía a un familiar entrar a la UCI para la despedida. No fue así en los hospitales españoles durante las primeras semanas de la epidemia, para evitar contagios y por falta de EPI, lo que obligó a los sanitarios, a menudo las enfermeras, a estar al lado de los pacientes al final de su vida. “Esto ha sido durísimo, para los familiares y para los profesionales. Es una tristeza absoluta. E indignación”, relata el jefe de cuidados intensivos Masclans.

La nueva normalidad, ¿sin salas de espera?

Para la UCI, la nueva normalidad se parece sobre todo a una tregua, pero más allá de los cuidados intensivos todo el Hospital del Mar se está adaptando a una situación que no será la anterior a la epidemia. Muchas cosas han vuelto a su sitio, cada especialidad a su planta, y el amplio vestíbulo que se abre directamente al mar vuelve a ser un lugar de paso y de charla para sanitarios, pacientes y familiares.

De puertas adentro, sin embargo, los profesionales trabajan sobre todo en planes de contingencia que permitan recuperar la capacidad asistencial en tiempo récord, por un lado, y en avanzar hacia un modelo de menos visitas presenciales, del otro. Esto último lo han ensayado a lo grande durante la epidemia, con un aumento del 500% de las teleconsultas en pediatría, neurología, psiquiatría, nefrología, hematología y otras tantas especialidades. Principalmente para controles y seguimientos sin necesidad de exploración.

Un ejemplo de ello es la actividad de Oncología, dirigida por el doctor Joan Albanell. Su equipo se vio reducido de 25 personas a apenas cinco durante unos días en los que tuvieron que multiplicarse para mantener la supervisión por teléfono de todos sus pacientes, que además son especialmente vulnerables. La actividad presencial cayó un 80%, pero ahora no quieren recuperarla toda. Solo hasta un 65%. “Nos hemos dado cuenta de que podemos evitar a menudo el desplazamiento de pacientes sin que se pierda la calidad de la atención oncológica”, defiende Albanell.

De acuerdo con las directrices de las autoridades sanitarias, a partir de ahora el aforo en la salas de espera deberá ser del 30%, aunque este oncólogo cree que lo que hay que lograr es acabar precisamente con este concepto, el de sala de espera, con una programación de agendas mucho más eficiente. “Precisa e inflexible”, resume.

El miedo al rebrote

Poco antes de las 9:30 horas, el Paseo Marítimo que discurre frente al Hospital del Mar es como cada día un hormiguero de runners y paseantes. Los hay que no respetan las distancias de seguridad, ajenos al drama vivido a apenas unos metros, pero Ainara Barguillo y su amiga no les prestan demasiada atención. Al principio les dio rabia, mucha, constatar la cantidad de gente que había perdido el miedo al virus, pero ahora son de nuevo parte del paisaje. Así que esta pareja de médicos residentes de tercer año se dedica a lo importante: grabar con el móvil un vídeo de despedida de sus compañeros de último año, que acaban hoy.

Ainara Barguillo, de 28 años, está acabando la especialidad de Neurología, pero durante los dos últimos meses ha sido una médico más contra la COVID-19. El 17 de marzo, porque lo recuerda, fue el primer día en que se enfundó el EPI y empezó a atender en Urgencias. “Era muy duro. La gente moría. Siempre había cuatro o cinco se te ahogaban”, relata. Hasta que el pasado lunes pudo volver a su unidad. No más monos y gafas sofocantes. “Esto es lo más liberador”, sonríe. Es un viernes soleado y a las pocas horas el Gobierno anunciará que Barcelona entra en fase 1. Ainara sabe que tardará en ir a visitar a su familia, en Vitoria, pero tiene claro que lo primero que hará el lunes será quedar con los amigos. “Como mucha gente, supongo”, añade. Y se adentra en el hospital para comenzar la jornada.

Yassir tiene 29 años y poca suerte desde que empezó la campaña de la fruta en Lleida. En las últimas dos semanas apenas ha sido reclutado tres días para trabajar en los campos que rodean La Granja d'Escarp, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes en cuya plaza se organiza cada mañana una bolsa de empleo informal para ir a trabajar al campo. Yassir es argelino, no tiene papeles y malvive hacinado con siete compañeros en una casa ocupada y prácticamente en ruinas. Su situación resume a la perfección los problemas de la recogida de la fruta durante una pandemia: faltan viviendas para alojar a los temporeros, falta mano de obra con la documentación en regla y a la provincia se han acercado simpapeles de todo el país que buscan una manera de sobrevivir tras dos meses sin ingresos.

“Lo de este año podría calificarse de tormenta” perfecta, admite Roger Torres, jesuita y presidente de la asociación Arrels Sant Ignasi de Lleida, que por primera vez ha decidido habilitar su parroquia para acoger a una docena de temporeros sin hogar. “Cada verano vivimos la campaña de la fruta con tensión porque no estamos preparados para acoger a tantos temporeros, pero esta vez nos ha pillado confinados y hay mucha más gente durmiendo en la calle que en otras ocasiones”.

Los problemas que azotan a la región cada año -malas condiciones de algunos temporeros, problemas de alojamiento en municipios que de golpe doblan su población...- se han visto agravados por la pandemia, según admiten la docena de personas entrevistadas para este reportaje. Muchos trabajadores no consiguen encontrar un lugar para hospedarse y los recintos que tradicionalmente se habilitaban para ellos en algunos pueblos están cerrados o a la mitad de su capacidad debido a la necesidad de mantener las distancias de seguridad. 

A la imagen de migrantes merodeando por los pueblos en búsqueda de trabajo se le suma ahora la aglomeración de más de 200 temporeros que desde hace dos semanas duermen en el centro de Lleida a pesar del confinamiento. La situación en la ciudad es cada vez más tensa, los ánimos están caldeados y los recién llegados piden soluciones que no llegan.

“Solo pedimos un lugar para dormir”, explicaba el martes Karim Bambadiou desde este campamento improvisado en el centro de la ciudad, cada día más abarrotado. “No pedimos limosna ni una vivienda gratis, tenemos dinero para pagárnosla pero nadie nos la alquila”, remachaba este senegalés de 35 años. Según su relato, les piden un contrato fijo y tres nóminas para alquilar un piso, algo imposible de cumplir para la mayoría de ellos. 

“Los de aquí no quieren trabajar en el campo”

Mientras en Lleida los temporeros se amontonan y muchos no consiguen trabajar todos los días que esperaban, los campesinos y las ETT de la zona se lamentan de que no encuentran la mano de obra necesaria. El cierre de las fronteras pilló a muchos payeses con el pie cambiado y sin poder reclutar a los trabajadores con los que cuentan cada temporada. Según cálculos de la Unió de Pagesos, las restricciones a la movilidad implicarán que falten alrededor del 25% de los 40.000 trabajadores que se necesitan en los campos catalanes. 

El Gobierno autorizó que los parados pudieran trabajar en la campaña de la fruta sin perder el subsidio de desempleo y tanto la Unió de Pagesos como el Servei d'Ocupació de Catalunya abrieron bolsas de trabajo para encontrar mano de obra local, pero tras el entusiasmo inicial -16.000 inscritos en pocos días- la mayoría de los puestos han quedado vacantes: muchos no podían ser contratados por estar en situación de ERTE y otros descartaron la oferta al enterarse de que debían instalarse en la provincia durante meses. 

“La gente de aquí no quiere trabajar en el campo”, se lamenta Josep Maria Companys, un payés de 60 años, mientras pasea por sus campos de melocotoneros en Torres de Segre. “Parecía que había mucha predisposición de parados y estudiantes y al final ha quedado en nada”.

Jordi Piqué, director una ETT en el pueblo de Alcarrás, apunta en la misma dirección: “Los españoles consideran que el salario [7,40 euros brutos por hora] es muy bajo por la dureza de las condiciones”, explica desde la sede de su empresa, donde el martes había cola de temporeros recién llegados desde distintos lugares de España. Con todo, este directivo afirma que la participación de trabajadores españoles supondrá este año entre el 10 y el 15% de los empleados cuando anteriormente solo significaba el 2%. Desde Unió de Pagesos elevan este porcentaje hasta el 25%.

La situación es tan excepcional que campesinos, patronales, sindicatos, temporeros y entidades que les dan apoyo comparten una misma reivindicación: que se regularice temporalmente a los migrantes sin papeles que han acudido a la zona a recoger fruta. “Hemos venido a trabajar, no a pasear”, afirmaba el martes Karim Bambadiou, uno de los temporeros que duerme en el centro de Lleida. “Hemos llegado aquí a pesar de todos los riesgos, respondiendo a la llamada del Gobierno y nos tienen como perros”.

La tensión en Lleida

El asentamiento en el centro de Lleida crece cada día que pasa sin que el Ayuntamiento haya logrado encontrar una solución a una situación cuya complejidad va en aumento. Tras varios días con lluvia intensa en la ciudad, el sábado uno de los temporeros colgó un vídeo en Instagram donde denunciaba su situación y la falta de respuesta de las autoridades. El vídeo se hizo viral y en el momento de redactar este texto tenía ya más de 330.000 visualizaciones y 1.300 comentarios. 

“Quería que todo el mundo viese las condiciones en las que estamos los trabajadores de la fruta”, explicaba esta semana el autor del vídeo, Serigne Mamadou, senegalés de 42 años y recién llegado a Lleida desde Barcelona. De fondo, decenas de maletas, cartones y sacos de dormir presidían el lugar donde duerme desde hace días.

Tras el revuelo del vídeo, el alcalde anunció en TV3 que realizaría el martes 100 tests de coronavirus a los temporeros que duermen en las calles de la ciudad. A los que dieran negativo los derivarían a un pabellón municipal en las afueras de Lleida. A los positivos los aislarían en un hotel medicalizado. Se convocó a la prensa y se instaló una carpa en medio de una plaza para hacer las pruebas ahí mismo. 

La propuesta generó indignación tanto entre los temporeros, que se negaron a realizarse los tests, como entre las entidades que les dan apoyo. “Es vergonzoso que conviertan en un espectáculo mediático una prueba médica, violando la privacidad de los afectados”, opina Gemma Casal, de la plataforma ‘Fruita amb justícia social’ impulsada por la CUP con el apoyo de varias entidades sociales. “¿Te imaginas convocar a la prensa a bombo y platillo para realizar tests en una residencia de abuelos? ¿Por qué no les han hecho las pruebas en un Centro de Atención Primaria?”, se preguntaba.

Ante una docena de periodistas y el mismo número de policías, el Ayuntamiento citó a los temporeros para hacer las pruebas. El resultado fue que había más cámaras que temporeros y muy pocos se acercaron a hacerse el test. La propuesta de alojarlos en un pabellón tampoco satisface a los temporeros, que lo tildan de “chantaje” y explican que está muy alejado de la ciudad y de la plaza donde se les recluta y se les devuelve al finalizar la jornada.

Según datos del Departament de Salut ofrecidos por el Ayuntamiento, finalmente se realizaron 42 pruebas. El consistorio no ha querido responder a las preguntas de eldiario.es y se ha remitido a la rueda de prensa ofrecida el martes antes de hacer los tests.

Un problema que puede ir a más

En principio, todos los campesinos que contratan a un temporero tienen la obligación de ofrecerle un alojamiento si está empadronado a más de 75 kilómetros del lugar donde trabajará. A cambio les pagan un 10% menos del salario a estos empleados, que oscila entre los 1.000 y los 1.300 euros por estar de 8 a 18 h trabajando bajo el sol con dos descansos de media hora. 

Companys, el payés citado al principio del reportaje y miembro de la Unió de Pagesos, reconoce que no todos los campesinos cumplen con la normativa de ofrecer una cama y pedir los papeles. “El 99% hace las cosas bien… pero siempre digo que si hay temporeros sin alojamiento o sin papeles es porque alguien los contrata”. Hace 10 días, a pocos kilómetros de ahí, la Guardia Civil identificó a 26 temporeros en Fraga (Huesca) que no disponían ni de permiso de trabajo ni alojamiento. 

La situación en la región, según varias de las personas entrevistadas, podría ir a peor a medida que avancen las semanas: el punto álgido de la cosecha empieza a mediados de junio y todavía quedan muchos temporeros por llegar a la zona. El 1 de junio, el Ayuntamiento de Lleida habilitará un pabellón de la Fira para albergar a estos trabajadores, que muy probablemente superarán en número la capacidad de estos espacios habilitados.

“No es cierto que este año haya menos gente, han venido muchos manteros que se han quedado sin poder trabajar en la costa porque no hay turismo”, apunta Roger Torres, el jesuita que ha montado un pequeño albergue para temporeros en su parroquia. “Llegan aquí y se encuentran un panorama hostil, todo son dificultades”.

Serigne Mamadou, el autor del vídeo viral, también afirma que la falta de oportunidades en otros lugares está empujando a muchos más migrantes hacia la zona de Lleida. “Cada día me escriben compañeros que se dedican a la venta ambulante en la costa diciendo que quieren venir aquí. Llevan ya muchos meses sin ingresar nada y cada día viene gente nueva”, explicaba el pasado martes en el asentamiento del centro de Lleida, donde se respiraba la tensión incluso entre los propios temporeros después de semanas durmiendo en el suelo sin poder asearse.

“Estamos trabajando para España haciendo algo que nadie más quiere hacer”, remachaba Mamadou negando con la cabeza. “Sinceramente no entiendo lo que pasa”.

La Pobla de Mafumet (Tarragona) tiene 3.904 habitantes y dos polideportivos impolutos. Los vecinos disponen de dos piscinas climatizadas, pistas de tenis y pádel, una sauna, un espacio de hidromasaje y una sala de fitness. El Ayuntamiento ofrece actividades de aquagym a sus residentes, clases de inglés e incluso entrenamientos de petanca. En el pueblo no falta de nada. Unos carteles repartidos por el municipio, sin embargo, recuerdan que esas comodidades tienen un precio: los letreros indican cómo se debe actuar en caso de accidente químico.

La opulencia de las infraestructuras de este pequeño municipio, a tocar del complejo petroquímico de Tarragona, ilustra a la perfección la dicotomía que recorre toda la zona: a los vecinos no les gusta la industria que tienen alrededor y muchos le tienen miedo. La mayoría, no obstante, vive de ella y se beneficia del dinero que aporta a la provincia.

“En Tarragona vivimos casi todos de lo mismo”, señala Andrés Luna, un jubilado que trabajó durante 22 años en IQOXE (antiguamente llamada IQA), la planta química donde se registró la explosión del martes que se cobró tres vidas. “La otra cosa es que nos guste”.

Rafael Moya llegó de Jaén a La Pobla en 1966, cinco años antes de que se empezara a construir el complejo petroquímico que queda a pocos metros del pueblo. El recinto, el más grande del sur de Europa, ocupa 12 kilómetros cuadrados, la misma superficie que el barrio de Gràcia en Barcelona. “Aquí había melocotones, uvas y avellanas por todos los lados”, recuerda con cierta nostalgia este señor de 62 años. “Nadie nos preguntó si queríamos poner todas estas fábricas”. A pesar de sus quejas, confiesa que él también trabajó en la planta. 

El humo de las chimeneas de Repsol es omnipresente desde todos los puntos de este municipio, que dedica más de 354 euros por habitante a “actuaciones de protección y promoción social”. Más del doble que Tarragona, la capital de la provincia, que dedica 146 euros. Los altos ingresos en impuestos por la actividad industrial que se lleva a cabo en su suelo lo han convertido en un municipio rico -el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 11,9 millones- que ofrece servicios que casi ningún otro pueblo puede brindar. 

“Existe un amor-odio con esta industria que nos rodea”, señala Enric Poll, vecino del municipio de 29 años. “Ha generado una infinidad de puestos de trabajo, pero también ha cambiado la esencia del campo, la gente y sus pueblos”. Según este joven, mucha gente de su edad opta por cursar estudios relacionados con la industria química porque saben que así podrán quedarse en la zona. “Hay oferta, está cerca y las condiciones laborales son muy buenas”.

Según algunos trabajadores consultados, los salarios oscilan entre los 20 y los 40.000 euros anuales en función de la antigüedad, del puesto que ocupan y de si están contratados directamente por la empresa.

Lluisa Ayza, 28 años, es profesora de instituto en Barcelona. Su infancia transcurrió en El Morell, otro pueblo cercano al complejo petroquímico. Su padre trabajó durante muchos años en la planta de Repsol. “Yo preferiría que esta industria no estuviera en la zona por las consecuencias que tiene, pero entonces no sé qué sentido tendría la vida aquí”, explicaba el miércoles. “Hay pocas alternativas en la zona para quien quiera trabajar”.

Una población sin alternativas

En el acceso a IQOXE, la planta química donde hubo la explosión, los trabajadores de la empresa se reúnen en corrillos. Los abrazos, llantos y lamentos son interrumpidos periódicamente por camiones de bomberos que entran y salen de la fábrica, todavía con algunas llamas durante la mañana del miércoles. Hace pocos minutos que les han comunicado que Óscar, uno de los jefes de producción, falleció durante la explosión. “Era un tipo cojonudo, de los mejores que había en la empresa”, se lamentaba Andrés Luna, el extrabajador de la empresa.

“Miedo hemos tenido siempre y sabemos que es peligroso”, asegura uno de los trabajadores, 50 años, tez rojiza y arrugada y un pelo blanco que le hace parecer mucho mayor. “Pero necesitamos el dinero: tengo dos hijos y un préstamo de 20.000 euros”. Según este trabajador, que rechaza ser citado por su nombre y apellido, los empleados de la planta venían alertando desde hace tiempo de los recortes que estaba llevando a cabo la empresa, pero esto no les echaba para atrás. “Si hay otra explosión, yo mañana soy el primero en volver a venir, no me queda otra”.

En 2012, 2015 y 2018, un equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya realizó estudios independientes sobre la calidad del aire en el territorio. Los resultados de los tres estudios indicaban la presencia de niveles muy altos de distintos gases tóxicos que podían llegar a provocar cáncer. ¿Por qué entonces la población no se moviliza contra una industria que les podría estar matando? 

Según un estudio publicado en junio de 2014 en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, la población del Camp de Tarragona es consciente de los riesgos que corre, pero “generalmente aparenta mirar hacia otro lado”. Según este informe, los residentes en la zona no pueden decidir sobre los riesgos ni sobre su grado de exposición a los mismos y tienen una fuerte dependencia del sector, un factor que ha implicado que la población de la zona nunca se haya movilizado. 

“Ni siquiera los ecologistas quieren cerrar la petroquímica, todo el mundo tiene allegados que viven de ella”, recuerda Lluisa Ayza, la profesora de instituto. “Lo que piden es que haya un control y que no se tapen los episodios de contaminación y las malas prácticas de las empresas”.

Las dos almas del Camp de Tarragona

“Esto puede iniciar una guerra entre los dos bandos”, alertaba otro trabajador de IQOXE en la entrada del recinto. Se refería a la brecha que, según él, se puede abrir entre los partidarios y detractores de esta industria en la zona. 

Como muestra, las dos manifestaciones convocadas en Tarragona tras el accidente. A las 18 h, un centenar de trabajadores del sector se han concentrado convocados por CGT para pedir una mejora en las condiciones laborales que eviten un nuevo accidente. Prácticamente todos los manifestantes pertenecían a esta industria.

A las 19 h, otra manifestación mucho más numerosa convocada por la organización ecologista Cel net pedía otra cosa: que el sector deje de crecer y que se controlen mejor las emisiones que genera. También exigían que la población de la zona esté más informada de los riesgos para la salud que tiene esta industria.

“Sería absurdo pedir su eliminación”, señala Josep Maria Torres, portavoz de la plataforma, que cree que la explosión del martes podría haber generado una catástrofe mucho mayor. “Lo que exigimos es que la administración considere nuestro contexto de alto riesgo y que ejerza un mayor control sobre estas plantas”.

A pesar de las diferencias en las manifestaciones, no existe ninguna brecha insalvable entre partidarios y detractores. Los residentes del Camp de Tarragona se han habituado a vivir con la amenaza de un accidente y con los olores que en ocasiones desprende el complejo petroquímico. Los jóvenes incluso se han acostumbrado a los simulacros de accidente en el colegio, aunque durante la explosión del martes no sonara ninguna sirena. “Tantos simulacros y el día que pasa algo no suena nada”, se lamentaba Christian Pizarro, estudiante de química de 18 años y vecino de uno de los fallecidos tras el accidente. 

A pocos kilómetros de ahí, en la Pobla de Mafumet, los vecinos aguardan la fiesta mayor de invierno que empieza de aquí 15 días. En los festejos de todo el curso el municipio invierte 657.000 euros, más dinero incluso que Tarragona a pesar de tener 130.000 habitantes menos. “No sé yo si sirve de nada tanto dinero”, reflexiona arrugando la nariz Rafael Moya, el vecino del pueblo de 66 años. “Otros lugares no han tenido la petroquímica y han tirado adelante sin contaminarse”.

Nadie en el barrio de Torreforta se explica cómo una placa metálica pudo caer desde el cielo hasta el domicilio de Sergio, el frutero en paro de 55 años que falleció el martes por la tarde pocos minutos después de la explosión en la planta química IQOXE, del complejo petroquímico de Tarragona. Su domicilio no está especialmente expuesto: varios bloques lo protegen y quedan situados entre su fachada y la fábrica, ubicada a casi 3 kilómetros de distancia. “Nos podría haber caído en casa de cualquiera”, sostenía esta mañana Jennifer Osahon, una nigeriana de 40 años que vive en un bloque contiguo y experimentó como temblaba toda su casa. “Nadie sabe cómo pudo entrar esa placa en su piso. Aterrizó desde el cielo”.

El boquete en la fachada de este domicilio es perfectamente visible desde la calle. Todas las ventanas adyacentes están en perfecto estado menos la de Sergio, completamente reventada y con un boquete en su parte superior. Una inmensa grieta recorre el edificio de arriba a abajo. En la calle, decenas de curiosos se acercan a ver la ventana reventada por el impacto. “En un momento nos pensábamos que había sido un atentado o una fuga de gas”, explicaba esta mañana María Dolores Martínez, vecina de 52 años. “Hemos pasado la noche en vela con mucho miedo”.

Christian Pizarro, estudiante de química de 18 años, vive justo delante del domicilio afectado. Estaba en casa haciendo deberes de la universidad cuando escuchó la fuerte explosión. “Tembló toda la casa, incluso se cayeron algunos cuadros”, explica mientras sale de su casa de camino a la universidad. Pizarro está acostumbrado a efectuar simulacros en el colegio por si había algún accidente en el complejo petroquímico, pero lamenta que la única vez que ha sido necesario no sonó la alarma. “Tantos años haciendo simulacros y llega el día de verdad y aquí no se escuchó nada”.

La explosión y el fallecimiento de este vecino han reabierto el debate sobre la conveniencia de esta industria en el barrio de Torreforta, una zona de clase trabajadora y casas construidas durante los 60, que esta mañana ha amanecido rodeada de periodistas y vecinos que no hablaban de otra cosa.

“Deberían pagarnos por vivir aquí”, se lamenta José Antonio Rosales, cerrajero también en la cincuentena. “Nos hemos planteado mil veces largarnos, pero al final nunca damos el paso”. Tanto Rosales como su mujer, María Dolores Martínez, creen que “no compensa” tener ese complejo a tan pocos metros de su casa, por mucho trabajo que aporte a los vecinos. “En verano el olor es insufrible, yo creo que nos están matando poco a poco”.

Pizarro, el estudiante de química, pretende trabajar en el sector cuando acabe la universidad. Reconoce que el mal olor de la fábrica le suele llegar hasta su domicilio, pero no cree que la industria sea tan nociva como se está contando. “Es una de las pocas oportunidades laborales que tenemos en la zona”, apuntaba frente a su domicilio. “Pero es innegable que se debería controlar mucho más”.

La que los medios apodaron como “crisis de los cayucos”, un considerable aumento de las llegadas a las Islas Canarias en 2005 y 2006, supuso una importante respuesta institucional en el incremento del control de las migraciones marítimas entre Senegal y España. En ese contexto se fundó Remidev (Red por la migración y el desarrollo), una plataforma compuesta por una treintena de organizaciones senegalesas: asociaciones de repatriados, de familias de víctimas de la migración irregular, de demandantes de asilo, así como asociaciones juveniles, ONGs, sindicatos o grupos de investigación. La red tiene como misión promover la libre circulación de personas y bienes.

Moustapha Kémal Kebe, el responsable de proyectos de la red, nos recibe en la sede que comparten con otras entidades en Dakar. Kebe plasma una realidad muy distinta a la que se describe en España: Senegal es un país que acoge a tantas personas como las que emigran, y de las que migran, sólo un 13% va hacia Europa. Sin embargo, el experto critica un relato en el que las auténticas cifras en Europa no importan. Construir un problema mayor del real permite la injerencia europea en las políticas senegalesas, según su punto de vista.

¿Cuál es el trabajo de Remidev?

Trabajamos en tres niveles. Por un lado, hacemos incidencia política en defensa de los derechos de los migrantes; por otro, hacemos formaciones para capacitar a nuestros miembros en función de sus necesidades; y finalmente recogemos y compartimos información de calidad acerca de las migraciones a nivel nacional e internacional.

¿Cómo valoran las políticas de la Unión Europea ante las personas que migran desde el continente africano?

La UE ha estado interviniendo en África a nivel de migraciones desde hace varios años, pero el contexto ha variado mucho últimamente. En el caso de Senegal, desde 2006 hemos visto oleadas de jóvenes que se van en cayucos, y mueren o desaparecen en el mar, o lo mismo en el desierto, y países como España o Italia, que no tenían mucha relación con Senegal, han reforzado la cooperación. Una cooperación que se traduce en más financiación para el dispositivo de gestión de fronteras.

La Comisión Europea ha desplegado muchos dispositivos para la gestión de flujos migratorios, especialmente para la externalización de fronteras. Han firmado acuerdos con los países de salida y de tránsito para que estos últimos bloqueen los desplazamientos de población, a través de herramientas como el desarrollo de carnets de identidad y pasaportes biométricos, mecanismos para el registro y filtraje de migrantes, radares, pero también aviones y barcos que se han puesto a disposición de estos países para controlar las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias. Se han destinado miles de millones de francos a este dispositivo para frenar el flujo migratorio.

¿A qué se debe la externalización de fronteras?

Se está externalizando la gestión porque los estados europeos son estados de derecho y no se pueden permitir según qué prácticas en el interior de la Unión, donde hay una Justicia y cierta democracia. Sin embargo hay ciertos dispositivos que si se aplican no se están respetando los derechos humanos, y se permiten pedir a países que no han alcanzado cierto nivel de democracia que los apliquen. Lo piden a los países de tránsito como Marruecos, Líbia o Níger, con graves problemas presupuestarios. Especialmente después de la Cumbre sobre las Migraciones de Valeta en 2015 [que reunió a jefes de estado africanos y europeos], la ayuda pública al desarrollo está condicionada a la gestión del flujo migratorio.

¿Esta cooperación destinada a frenar la migración cumple con su objetivo?

Después de muchos años de cooperación entre nuestros países y la UE, lo que constatamos es que hay tres puntos a tratar: el primero, las causas profundas de la migración irregular; el segundo, la promoción de la migración regular; y el tercero, la promoción del empleo juvenil. Hay programas de sensibilización y de formación, pero en mi opinión no funcionan. Cuando vamos sobre el terreno y hablamos con potenciales jóvenes migrantes, nos dicen que ya conocen los peligros de la migración irregular, pero que esto no les impide irse. Algunos de ellos se consideran muertos socialmente en Senegal, y la idea de morir otra vez no les inquieta.

Es por eso que pensamos que hay que cambiar de paradigma, intentar encontrar otros medios, porque tenemos una población mayoritariamente joven que aspira a encontrar empleos decentes. Estamos en un país donde el paro es muy elevado y los jóvenes intentan encontrar otros medios para sobrevivir y ayudar a sus familias. Si no les damos trabajos decentes, probarán todos los medios para irse.

¿Se está dando ese cambio de paradigma?

El dinero siempre va dirigido al primero de los tres puntos: la lucha contra la migración irregular, que es lo que más le interesa a la UE. Y luego está lo que llamamos la 'realpolitik'. Se han firmado unos acuerdos que hablan de migración, pero al mismo tiempo se aprovechan para captar nuevos mercados. Somos un país que dispone de muchísimos recursos. En Senegal, dentro de dos o tres años se va a explotar petróleo y gas. Tenemos oro, zirconia, pesca, fosfatos… En definitiva, muchos recursos naturales. Más allá de los discursos sobre la migración irregular, todos los países están interesados en nuestro mercado. Eso hay que decirlo claro.

Los países de la UE no tienen esos recursos y los necesitan para su desarrollo. Es por eso que nuestros dirigentes tienen que tomar responsabilidades, y en la firma de los acuerdos para la explotación de estos recursos naturales tenemos que ser capaces de introducir cláusulas que permitan a los senegaleses desplazarse libremente como hacen los ciudadanos de otros países cuando vienen aquí.

¿Qué control de las fronteras se hace en África Occidental?

Tenemos un espacio comunitario, la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), donde la gente puede circular libremente. Sin embargo, constatamos que a la gente que va a Níger para llegar a Agadez se les bloquea para impedir que vayan a Libia o a Argelia. Hay mucha gente que invierte en dispositivos de control, pero esto no impide que la gente se vaya, porque hay muchos medios para hacerlo. Hay control marítimo, pero a nivel terrestre los senegaleses pueden coger un bus, o un avión, e ir a Marruecos para intentarlo desde ahí. Otros se van a la ruta de Níger, y no se les puede impedir la libertad de movimiento. Podrían ser migrantes pero también viajeros o comerciantes. No es un delito cruzar la frontera de Senegal, sino que es un derecho reconocido a nivel internacional, especialmente en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.

Pero desde Europa se pide el control exhaustivo de las salidas.

No podemos pedir a los países africanos que cierren las fronteras al mismo tiempo que se les pide que las abran para los bienes, servicios y empresas europeas. Actualmente estamos negociando la situación del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo económico entre la UE y los estados de África, el Caribe y el Pacífico, y se nos pide a los países africanos la apertura de las fronteras para un 70% de productos europeos. Algunos de estos productos han sido subvencionados y cuando vengan a nuestro país no pagarán impuestos en la aduana. Esto va a perjudicar a las empresas locales. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que producen leche estarán obligadas a cerrar si entra leche subvencionada de Europa sin pagar impuestos. Si estas empresas cierran, la consecuencia directa será que las personas tengan que migrar.

Se nos está obligando a firmar acuerdos que causan la migración irregular. El caso de la pesca es similar. Firmamos acuerdos con grandes barcos extranjeros que vienen a robarnos los recursos, y los pescadores locales, que se quedan sin peces, están obligados a migrar. Hay cuestiones impuestas por la Unión Europea que están en la base de la migración irregular.

¿Cuál es la situación de las vías reguladas de migración?

Ha habido un endurecimiento de las condiciones de los países de la UE para dar visado. El proceso es cada vez más largo y hay un aumento descomunal de los costes. Los últimos estudios han constatado, por ejemplo, que el año pasado hubieron 19.000 solicitudes de visados a Francia desde Mali, lo que representó 760 millones de francos CFA [1 millón de euros] para Francia. Hay una externalización de las gestiones, que se han convertido en un negocio. Dicen que quieren endurecer el acceso a los visados pero no deja de ser una forma de enriquecerse. Esto es algo que venimos denunciando desde hace años.

Las autoridades senegalesas, pero también a nivel africano, tienen que asumir responsabilidades para que estos países dejen de tratar así a los africanos. La espera es larga, y el hecho de tener que esperar hasta el último minuto también encarece los billetes de avión. Una vez en la UE los controles son a menudo humillantes. Lo que le pedimos a Senegal es que aplique las políticas de forma recíproca; si España pide visados a los senegaleses, Senegal también debería pedirlos a los españoles. Sería lo mínimo.

¿Cuál es la relación actual entre Senegal y España?

En 2008, España y Senegal firmaron un acuerdo de readmisión, que permite a España repatriar a los senegaleses. No estamos de acuerdo en esto, pero lo que nos preocupa realmente es que cuando estas personas son repatriadas, la sociedad civil no es informada. La información que tenemos de las repatriaciones es a través de los medios, dos o tres días después de haber sido repatriados. A veces ni tan solo los medios están al corriente.

Tenemos que pedir al gobierno senegalés y a la OIM (Organización Internacional por las Migraciones), que en caso de repatriación, nos permitan hacer un seguimiento para ver las condiciones en las que han sido repatriados y organizarnos para ofrecer un apoyo. En Senegal, tenemos que ver cómo podemos dar información a los repatriados para su reinserción económica y social. Desafortunadamente, se les trae de vuelta sin ningún tipo de información ni seguimiento.

¿Qué ocurre con una persona deportada en el momento que llega al aeropuerto de Dakar?

Los testimonios de los repatriados que volvieron entre 2006 y 2008 nos cuentan que a la llegada les daban 10.000 CFA [15 euros] para que volvieran a sus casas. Unos años más tarde hubo una organización que les daba 100.000 CFA [152 euros], pero esto es en función de los programas y la financiación que haya en cada momento. En el caso de la oleada que llegó de España en septiembre del año pasado, en los dos primeros aviones no les ofrecían dinero y en los otros sí. No sabemos el criterio.

¿Y qué representan esos 150 euros?

Los 100.000 CFA son el máximo que se les ha dado. Habría que evaluar las cantidades que se destinan y el impacto que tiene estos programas en las vidas de la gente. ¿Imagináis alguien que ha pasado varios años en un país, que ha trabajado, ha podido ahorrar algo y lo devuelven de repente a su país sin poder ni siquiera coger sus bienes? Ese dinero no es mucho tampoco para una persona que vive en Senegal, y la situación es muy compleja. Cuando llegan se sienten frustrados, tristes, avergonzados por no haber logrado establecerse en su lugar de destino.

Estos sentimientos crean un clima enrarecido en las familias, muchas de las cuales han dado apoyo financiero a los viajes. Mucha gente se avergüenza y en vez de volver a casa se quedan en Dakar u otras ciudades para encontrar los medios o la ocasión para poder irse otra vez. Europa gasta mucho dinero en devolver a los inmigrantes, y no sirve de nada, porque seis meses más tarde intentan irse otra vez. Si este dinero fuera invertido aquí podríamos destinarlo al desarrollo con estas personas para que no necesiten volver a irse.

También hay quien decide volver voluntariamente.

Hay migrantes de regreso voluntario y forzoso, y hay algunas devoluciones forzosas que las calificamos de voluntarias. Muchos de los senegaleses que han vuelto de Libia fruto de la colaboración entre la OIM y el Estado de Senegal nos cuentan que no lo han hecho de forma voluntaria, que han sido forzados. La OIM recibe financiación para el retorno voluntario. Por eso siempre abordamos con prudencia la cuestión del retorno voluntario, para saber a través de los propios migrantes si se tratan de retornos voluntarios o no.

Este reportaje forma parte del proyecto 'Deportaciones', del centro Irídia, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Puedes leer aquí la primera y la segunda entrega.primerasegunda