Acababa la década de los cincuenta del pasado siglo cuando una novela revolucionó la política exterior estadounidense, país entonces traumatizado por los éxitos soviéticos del satélite Sputnik y de Laika, la perra sacrificada en aras de la conquista del espacio, que Elon Musk ha vuelto a poner de moda.

Bajo el título de “The Ugly American” ('El Americano Feo', que aquí, en su versión cinematográfica, se tradujo por 'Su Excelencia el Embajador'), la novela era a la vez una dura crítica y una explicación de porqué los estadounidenses generaban rechazo en el mundo al ser percibidos como unos imperialistas arrogantes sólo interesados en su propio beneficio. 

Se impuso la tesis de que ello fue precisamente lo que llevó a un creciente predicamento de la Unión Soviética entre muchas de las nuevas naciones que nacían por aquellos años tras liberarse del yugo del colonialismo tras el fin de la II Guerra Mundial. 

Fue así como el entonces recién llegado presidente John F. Kennedy, para cambiar esa imagen creó en 1961 los Cuerpos de Paz (Peace Corps) y la agencia de ayuda al desarrollo USAID (acrónimo de Agency for International Development, pero que también significa “ayuda”). Su finalidad, por tanto, no era otra que asegurarse aliados políticos y comerciales a lo largo del globo y evitar que cayeran bajo la órbita soviética. Ambas instituciones no son lo único que hoy el presidente estadounidense Donald Trump pretende destruir con la daga del magnate Elon Musk. 

Trump está rompiendo así con décadas de relaciones exteriores estadounidenses. Con sus "vecinos de las Américas' México y Canadá; con sus "viejos aliados" europeos, con los que está dispuesto a romper sus "lazos culturales, espirituales", políticos y comerciales, ninguneando sus intereses y maltratándolos como un mal jefe a sus empleados

Son hijas de la doctrina de la política exterior instaurada por John F. Kennedy. Una filosofía que, a pesar de los vaivenes de la acción exterior de cada presidencia, ha sustentado hasta hoy la política internacional estadounidense: abandonar la arrogancia para tratar a los aliados como socios amigos, apoyándolos política y económicamente y defendiéndolos en caso necesario. 

Kennedy enunció su doctrina en su famoso discurso inaugural de enero de 1961:

“Que cada nación sepa, tanto si nos desea el bien o el mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier peso, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad”. 

(Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty)

No fue ese el único compromiso de su discurso. A los europeos, “esos viejos aliados cuyos orígenes culturales y espirituales compartimos, les prometemos la lealtad de amigos fieles”.

Y “a los nuevos estados a los que damos la bienvenida a las filas de los libres, les prometemos nuestra palabra de que una forma de control colonial no habrá desaparecido simplemente para ser reemplazada por una tiranía mucho más férrea”. A lo que, añadió, que “aquellas personas que en las chozas y aldeas de la mitad del mundo luchan por romper los lazos de la miseria, prometemos nuestros mejores esfuerzos para ayudarlos a ayudarse a sí mismos durante el período que sea necesario”.

Por último, a sus “repúblicas hermanas del sur” les prometió “convertir las buenas palabras en hechos, en una nueva alianza de progreso para ayudar a los hombres y gobiernos libres a librarse de las cadenas de la pobreza... que sepan nuestros vecinos que nos uniremos a ellos para oponerse a una agresión o subversión en cualquier parte de las Américas”.

Hoy, seis décadas después, el presidente Donald Trump vuelve a tratar con altivez y arrogancia a sus amigos. Con suerte, indiferentemente de cómo se relaciona con sus enemigos, cuando no llegando a atacar los que hasta ahora eran considerados intereses comunes.

Trump está rompiendo así con décadas de relaciones exteriores estadounidenses. Con sus “vecinos de las Américas' México y Canadá; con sus ”viejos aliados“ europeos, con los que está dispuesto a romper sus ”lazos culturales, espirituales“, políticos y comerciales, ninguneando sus intereses y maltratándolos como un mal jefe a sus empleados; con su desprecio a sus socios egipcios y jordanos a los que chantajea con el palo de sus dólares; con sus aliados árabes, desde Marruecos a Arabia, a los que coloca entre la espada y la pared de aceptar el hecho consumado del éxodo forzado del pueblo palestino; con su apuesta por su viejo enemigo ruso en detrimento de su nuevo amigo ucranio al que parece estar dispuesto a abandonar a su suerte. Etcétera, etcétera, etcétera.

Así las cosas, ¿qué país estará dispuesto a confiar en semejante aliado? ¿Quién arriesgará su futuro en las manos de quien ha dejado de distinguir entre amigo y enemigo? 

Por eso es precisamente su gran adversario quien se frota las manos. Justo ahora que el mundo occidental empezaba a cuestionar la bondad de dejarse atrapar por las redes de la “férrea tiranía” del gigante chino, Trump lo coloca ante el mundo como la única alternativa a su peligrosa arbitrariedad.

El 'americano feo' ha vuelto. Sus consecuencias serán duraderas y el orden mundial ya nunca volverá a ser el mismo.

Cuando un rico hijo de ricos, que accedió a su inmensa fortuna por vía de herencia, llama vagos al resto de sus compatriotas que luchan cada día por poner un plato de comida delante de sus hijos, no sólo falta a la verdad, sino que muestra un grave problema moral y un punto de crueldad.

Ante el foro organizado por la CEOE para hablar de la crisis de la COVID-19, Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods ha dicho: “Las políticas de una renta básica permanente y no coyuntural consiguen adoctrinar a gente que se acostumbra a la ociosidad”.

Cuando un rico hijo de ricos -que accedió a su enorme fortuna gracias a un canal construido con el trabajo esclavo, y hasta las vidas, de cientos de presos políticos del “victorioso” general Francisco Franco, y cuya empresa fue incluida en 2013 en un informe de Oxfam por las condiciones de sus trabajadores en terceros países- sugiere que los obreros de clase baja de su país buscan una “paguita”, no sólo muestra una total falta de empatía, también, desde la seguridad de su cómoda burbuja de multimillonario, un absoluto desconocimiento de la realidad en la que viven sus conciudadanos: sobrevivir con 462 euros.

Ha dicho: “Esas políticas (...) consiguen hacer un clientelismo (…). La dignidad de la persona necesita un trabajo y no un subsidio o un cheque que crea dependencia y falta de libertad”.

Cuando un rico hijo de ricos -que no paga casi impuestos en relación con su inmenso patrimonio e ingresos gracias a la utilización de instrumentos como las Sicav, que permiten eludirlos legalmente, al que Hacienda levantó acta por impago de impuestos durante años, como consta en la propia memoria de la empresa- se queja de que parte de lo que aporta al bien común vaya a servir para garantizar una mínima dignidad vital a los más desafortunados de sus compatriotas, no sólo muestra una absoluta falta de patriotismo, sino también de respeto a los miles de trabajadores que los pagan religiosamente y por adelantado con las retenciones de sus nóminas.

Ha dicho: “Algunos me dirán que hay que empezar por una reforma fiscal, pero es que los empresarios pagamos impuestos y estamos dispuestos a asumir una reforma fiscal justa pero no confiscatoria, llena de soflamas de otras épocas”.

Cuando un rico hijo de ricos, que figura en las listas de los más ricos, sólo con sus 3.047.000 de retribución en Ebro Foods, una pequeña parte de sus ingresos anuales, podría pagar 6.600 rentas mínimas de 462 euros (hay que ver que demagogo soy, ¿verdad?), genera escándalo en el pueblo llano y trabajador. Es más, mientras los trabajadores miran con miedo a un futuro sin ingresos y desempleo, la empresa cotizada que el preside, Ebro, gracias a la pandemia, aumentó sus ventas en el primer trimestre más de un 22%. Y sus beneficios netos todavía más, un 30% que se traducen en casi 50 millones de euros (ya lo saben los ultraliberales, más demanda justifica subidas de precios).

Ha dicho: “Creo que el Gobierno debería de ser sensible a hacer una política fiscal inteligente, no una exclusivamente distributiva (…) El sistema debería tener una contención para que, sin dejar a nadie atrás, como se dice ahora, no hacer que estos de atrás se instalen en el conformismo”.

Pues si no fuera por ese conformismo es posible que el despreciativo Antonio Hernández Callejas (“estos de atrás”) no pudiera disfrutar tranquilamente de su afición al golf en exclusivos clubes con vallas altas, o de la paz de sus relajantes paseos, porque las calles estuvieran incendiadas por el creciente número de “estos de atrás” indignados.

Una vez más el PSOE gana las elecciones generales en Andalucía. Más aún, Pedro Sánchez ha mejorado su resultado sumando otro diputado más a los que ya obtuvo en abril. Con un total de 25 diputados, Andalucía vuelve a ser la comunidad más representada en la bancada socialista del Congreso de los Diputados.

Y, al igual que ocurrió el pasado 28 de abril, en Andalucía las izquierdas suman más que las derechas, pero por poco, 31 escaños de PSOE y Unidas Podemos frente a los 30 que suman los tres partidos que gobiernan la comunidad autónoma, PP, Ciudadanos y Vox.

A pesar de ello, el PSOE aplasta a sus rivales al sumar uno de cada tres votos del total de 4.132.401 votos emitidos. Sus 1.407.503 votos (con el 99% escrutado) suponen 542.208 votos más que los obtenidos por el PP, y 549.102 más que los obtenidos por Vox. De hecho, los socialistas son los únicos que superan el listón del millón de votos, aunque se queda por debajo de los algo más de millón y medio que consiguió en abril. Es cierto que con una participación menor, pero en porcentaje también supone una ligera disminución del 34,22% de la primavera pasada al 33,41% de esas elecciones.

Ello se debe a que su victoria es generalizada en toda la comunidad autónoma. En sus feudos tradicionales, y en aquellas provincias costeras en las que ha ido perdiendo peso en favor del Partido Popular. Así, en Almería mantiene sus dos diputados de los seis a elegir. En Cádiz también, mantiene 3 de los 9 diputados en liza. Lo mismo ocurre en Córdoba dónde el Psoe se lleva dos de los seis diputados a elegir. En Granada, sostiene los tres escaños de nueve que obtuvo en abril. Es la provincia de Huelva la que le permite sumar un escaño más, al obtener tres de los cinco diputados que representan a la provincia en el Parlamento español. Con ello se convierte por tanto en el partido claramente dominante en la política onubense. Lo mismo ocurre en Jaén en la que el PSOE mantiene sus tres diputados de los cinco a elegir. Y en Málaga, mantiene sus cuatro diputados de los once a repartir y vuelve a ganarle le batalla a un Partido Popular que se ve acosado por Vox en una de sus tradicionales plazas fuertes andaluzas. Y en Sevilla, el granero del granero socialista andaluz, los de Díaz mantienen sus cinco diputados, casi la mitad de los doce en liza. Lo que le coloca a una gran distancia de los dos diputados conseguidos respectivamente por PP y Vox.

En definitiva, en Andalucía, Comunidad gobernada por una coalición del PP y Ciudadanos que el arrebató la Junta de Andalucía a la socialista Susana Díaz con el apoyo indispensable de Vox, el Partido Socialista sigue recuperando el terreno perdido en todas las elecciones celebradas tras las autonómicas que ganó en las urnas pero perdió en los pasillos del Parlamento andaluz.

La sociedad 'Despacho Serrano Abogados Servicio Jurídico S.L.P.' obtuvo durante 2018 unos beneficios después de impuestos de 53.428,52 euros, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía. El bufete fue fundado por el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que consiguió en marzo que el Parlamento andaluz declarara la compatibilidad de varios diputados, entre ellos Serrano, actual magistrado en situación de servicios especiales, para poder seguir desempeñando actividades privadas al mismo tiempo que trabajan y cobran como diputados.

Sin embargo, ninguna cifra de las cuentas del citado despacho de abogados hechas públicas coincide con los 42.000 euros de ingresos que el diputado de Vox declaró al Parlamento como “abogado ejerciente” durante 2018.

Las cuentas del bufete de Serrano durante los ejercicios 2017 y 2018 muestran cuánto facturaron, los gastos en que incurrieron, los beneficios que obtuvieron, y a que se destinaron Así, la sociedad registró bastante más beneficios el pasado ejercicio (53.428,52 euros) que el anterior, cuando solo sumó 2.329,64 euros. En ambos casos, dichas ganancias no se repartieron entre los socios del despacho en forma de dividendos, sino que, en su totalidad, se quedaron en las cuentas del bufete en forma de reservas (“reservas voluntarias”), sin que ningún socio del despacho, por tanto, se haya embolsado los beneficios. Según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, tampoco el Administrador Único de la sociedad percibió “ningún tipo de retribución, ni ningún tipo de préstamo o anticipo, por esta función”.

En total, en 2018 el Despacho Serrano Abogados contó dos empleadas con “contrato fijo” y un empleado con “contrato no fijo”, entre los que se repartieron los 31.631,09 euros que constan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como “gastos de personal” durante ese año. Pero la media de personas empleadas con contrato fijo durante el año sólo llega al 1,08, mientras que con contrato “no fijo” es de 0,11. Por tanto, no parece que el despacho contara con más de un empleado a la vez, y un 0,11 del empleado varón no fijo contratado durante el ejercicio 2018 sobre un total de 31.631 euros en salarios será forzosamente una cifra muy baja.

Así pues, ni por beneficios repartidos en forma de dividendos, ni por emolumentos percibidos por la administración de la sociedad, ni en concepto de salarios consta cifra alguna que remotamente pudiera coincidir con lo declarado por el ex juez Serrano ante el Parlamento andaluz.

Por otro lado, en las cuentas sí consta un “importe neto de la cifra de negocio”, es decir facturación, de 252.039,99 euros. A la vez que se incluyen unos “Otros gastos de explotación” por un total de 151,566,94 euros. En ellos, además de los gastos fijos (alquiler de las oficinas, luz, etcétera) puede que se hayan incluido como facturas pagadas parte o la totalidad de los 42.000 euros que el diputado de Vox declaró como ingresos por su actividad como “abogado ejerciente” en el 'Registro de Actividades, Bienes e Intereses' correspondiente a 2018, que es pública en la web del Parlamento andaluz. Ello supondría que Serrano habría facturado a su propia sociedad por servicios prestados a la misma.

Sin explicaciones

Además de esos 42.000 euros, entre sus bienes e intereses, el diputado-abogado declaró seer poseedor de “participaciones” en el citado despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos SLP por un importe de 62.252 euros, una cantidad que no coincide con el capital que figura en las cuentas públicas del despacho que fundó. El capital social de la entidad, según la 'Memoria del Ejercicio Anual a 31 de diciembre de 2018' del despacho, fechada en junio de 2019, asciende a un total de 6.000 euros, estando representado en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, según consta en el apartado de fondos propios.

La única cifra de las cuentas públicas del despacho que, si bien no coincide totalmente, sí se acerca más a esos 62.000 euros, son los 60.759 euros, con 76 céntimos, que figuran el apartado de “fondos Propios” del balance de la sociedad. Pero a este periódico no le ha sido posible comprobar si esa es la participación a la que se referiría el diputado y dirigente de Vox en Andalucía.

Contactado el despacho para aclarar cuántos y qué socios conforman el bufete, con qué personal cuenta, y demás datos necesarios para contrastar y explicar las discrepancias entre los datos públicos de las declaraciones ante el Parlamento andaluz y el Registro Mercantil del Despacho Serrano Abogados Servicio Jurídico, su respuesta es que no tienen por qué dar “ningún tipo de explicaciones”.

Actividad compatible

El diputado desde enero de 2019 solicitó en julio un permiso de un mes “por motivos de salud”, alegando un “linchamiento” mediático por sus críticas a la sentencia de 'La Manada'. En un principio su idea era “retomar fuerzas” y volver en septiembre, pero horas después de anunciar su baja y de reafirmarse en el fondo de sus críticas contra el Supremo, su partido en Andalucía le volvió a desautorizar con más énfasis que en la ocasión anterior tras sus manifestaciones en las redes sociales, cuando dijo que la sentencia de 'la manada' estaba “cargada de condicionantes mediáticos y políticos”. Desde el arranque del último período de sesiones de este año Serrano ha vuelto a su actividad parlamentaria.

Cabe recordar que la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Andalucía resolvió el pasado mes de marzo que no había incompatibilidad para que los 17 parlamentarios que lo habían solicitado, entre ellos Serrano, pudieran seguir desempeñando sus actividades privadas. Entre aquellos que quisieron mantenerse como pluriempleados, casi la mitad pertenecían, y pertenecen, al grupo parlamentario de Vox (ocho de sus doce diputados). Los otros diputados que consiguieron la compatibilidad se repartieron de este modo: cinco de Ciudadanos, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía.

De su larga trayectoria como juez, abogado y diputado se recuerda la campaña lanzada desde su despacho 'Mujer, sé honesta, denuncia cuando se deba y no cuando convenga'. Y se recuerda porque, desde el mismo momento en que llegó al Parlamento en enero de 2019, ha llevado al debate cuestiones relacionadas con lo que los miembros de Vox llaman “ideología de género”, con una política negacionista de la violencia machista.

El flamante consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Juan Bravo aprovechó la presentación de sus presupuestos de la comunidad, las primeras cuentas “no socialistas de la historia de Andalucía” , dijo, y “las más sociales”, para declararse públicamente marxista: “¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?”.

Es lo que vino a decir, como Groucho Marx en Sopa de Ganso, cuando se negó a aceptar la incontestable verdad de los números, negro sobre blanco, de sus cuentas: En una Andalucía con más de un 20% de paro, el dinero destinado a empleo cae un 15,3%.

Además de marxista Bravo se declaró cristiano. Flanqueado por Santa Justa y Santa Rufina, perdón, los vicepresidentes Elías Bendodo y Juan Marín (no se sabe si por falta de confianza en él o por desconfianza mutua entre el PP y Ciudadanos), el consejero convirtió su atril en púlpito y pidió a los andaluces un “acto de fe”: Que nos creamos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces de sus presupuestos, en los que una reducción del gasto se convertirá al final en un aumento gracias a la promesa de una gran eficacia y efectividad de su Gobierno. Pondremos menos, pero no dejaremos un euro sin gastar, vino a decir, por lo que al final será más de lo que puso el Gobierno de Susana Díaz y Juan Marín, un ejecutivo de malos gestores que no supo cómo gastar los fondos de que disponía, explicó.

Es decir, Juan Bravo prometió unos presupuestos de Avecrem, en los que un par de pastillitas de sustancia concentrada lograrán más para su ‘sopa de ganso’ que un buen caldo con su verdura, su hueso de jamón, su jarrete, su pollo y demás avíos. Y no es que sepa que el Avecrem no es de alta cocina, es que le da igual: “Aceptamos la crítica. Estos presupuestos no son bonitos, pero son creíbles. Serán plenamente eficaces cuando termine el año y veamos el cien por cien de ejecución. Les pido ese acto de fe hasta el próximo mes de febrero o marzo”. Entonces será cuando se cierren las cuentas y se pueda ver cuanto dinero se ha gastado y en qué, y cuánto se queda en el cajón sin utilizar.

El acto de fe no sólo afecta a la columna del gasto, también a la de ingresos. El Gobierno de la Junta podrá gastar más a pesar de reducir los impuestos porque ingresará más, incluso por encima del aumento previsto de la economía andaluza. Asegura el consejero que recaudará más precisamente porque la reducción de impuestos aumentará la actividad económica, y porque tanto el Gobierno de Madrid como el europeo le transferirán más fondos: “Vamos a recaudar más porque hay más actividad económica”, afirma.

Los primeros presupuestos del Gobierno de Juan Manuel Moreno son más la expresión de unos deseos que una base sólida y tangible sobre la que trabajar. Ilusiones. Pronto sabremos si son vanas o no.

Con las calles de Jaén repletas de olivareros que protestan por los bajos precios en origen del aceite, es necesario aportar algunas cifras al debate que aporten perspectiva. Sin dejar de ser cierto que el sector de la gran distribución alimentaria presiona los precios a su favor, o que la irrupción de los intereses financieros (que no agroalimentarios) de grandes fondos de inversión en el sector está generando distorsiones, como denuncia en 7Tv Miguel López, secretario general de Coag en Andalucía, hay un factor determinante que generalmente se calla.

La Comisión Europea acaba de publicar su previsión de producción de aceite de oliva en España para la campaña 2018/19 y la cifra es espectacular: 1.790.000 toneladas, lo que supone un incremento del 42% sobre la campaña pasada. La Comisión prevé además un consumo de aceite de oliva español para este año de 540.000 toneladas, lo que supone un nada despreciable incremento del 15%.

Crecerá gracias, fundamentalmente, a que en los principales países competidores de España las campañas serán todas peores que la anterior. Así, la producción italiana caerá un 59%, en Grecia otro 46%, y en Portugal un 25%. A pesar de ello, otras 570.600 toneladas del aceite producido en España esta campaña, un 52% más que el pasado año, se quedarán sin consumir, y por tanto, habrá que almacenarlas. Podía haber sobrado mucho más, pues, si en el resto de los países se hubiera producido también una gran cosecha.

Es evidente, por tanto, que la principal causa de la caída de precios en el sector no es otra que un enorme exceso de oferta: hay mucho más aceite en venta del que los compradores tienen capacidad de comprar.

Detrás de este exceso de producción hay una realidad de la que se viene hablando en el sector desde hace ya muchos años, cada vez en voz más alta, y que, como con el cambio climático, ya no es una predicción de futuro sino una realidad incontestable. Las cosechas son cada vez mayores porque cada vez hay más hectáreas dedicadas al olivar y cada vez más son de regadío.

Y no sólo se trata del regadío, sino de las nuevas tecnologías empleadas en su cultivo. Ahora se buscan terrenos llanos, con acceso a agua de riego, en los que miles de olivos se aprietan en filas a modo de setos paralelos. Ello no sólo permite multiplicar la producción por hectárea, sino que se abaratan enormemente los costes de recolección al permitir su mecanización casi total (las mismas máquinas que cosechan la uva de las vides, cosechan ahora las aceitunas).

Una vez más las cifras hablan por sí solas. Si en 1997, al inicio de la renovación y modernización del sector, había en Andalucía 1.340.000 hectáreas dedicadas a olivar, de las que un 12% (167.000) eran de regadío, en 2005 ya sumaban 1.487.000 de las que el 28% contaban con riego.

Según los datos del último Informe del Sector Agrario andaluz que cada año elabora Unicaja, hoy ya son 610.00 hectáreas, el 38% del total del 1.601.295 dedicadas al olivar en Andalucía, las que cuentan con regadío y son, por tanto, muy productivas. Esas 610.000 hectáreas equivalen a casi a la mitad (45%) de toda la superficie que había dedicada al olivar en 1997.

Aquel año se superó por primera vez el millón de toneladas de aceite, un récord que asombró al sector mundial del aceite de oliva (Este año la Comisión Europea prevé para Italia una cosecha de 175.000 toneladas). Pero hoy ya se atisba el listón de los dos millones de toneladas para España.

Por mucho que en el sector se diga que hay mucho recorrido para un aceite de oliva que apenas supone el 3% de la producción mundial de grasas (aceites de palma, coco, girasol, etc), seguir ganándole terreno a esos otros aceites será un proceso largo, lento y costoso. La lógica dice que, distribución y fondos de inversión aparte, los bajos precios del aceite de oliva están aquí para quedarse un buen tiempo. 

Es hora de que todo el sector, olivareros, industriales, y administraciones, se pongan manos a la obra en el control y restricción de un bien tan escaso como público, el agua. Del que en toda Andalucía se lleva abusando décadas, y no sólo en los cultivos intensivos de Huelva junto a Doñana. 

Los andaluces han hablado y lo han hecho con un mensaje que está muy claro. Rechazan el pacto de Juan Manuel Moreno Bonilla con la extrema derecha de Vox. Un mensaje que también afecta a Juan Marín, que no debería esconderse tras el indudable éxito que supone que en Andalucía Ciudadanos sí que se haya convertido en segunda fuerza política al superar en votos al Partido Popular.

Es cierto, al actual presidente de la Junta de Andalucía no le quedó otra que seguir la deriva hacia la extrema derecha de su jefe de filas Pablo Casado. No olvidemos que antes que el todavía líder del PP nacional, fue él el primero que hace cinco meses obtuvo uno de los peores resultados de su partido en unas elecciones autonómicas, llevando al PP andaluz a pozos electorales tan profundos como los de la Alianza Popular de Manuel Fraga. Que sólo la inesperada apertura de la puerta de la Junta de Andalucía lo salvó de las garras del ex ministro Juan Ignacio Zoido, que aguardaba impaciente su fracaso para ocupar su sillón al frente del PP andaluz.

Pablo Casado prometía trasladar a la Moncloa su Gobierno con Ciudadanos y Vox, la “fórmula andaluza”. Una perspectiva que ha devuelto miles de votos perdidos al PSOE, es cierto, pero que también se ha traducido en una masiva huida del voto del ala moderada del PP. Es como si Moreno Bonilla hubiera pedido a sus votantes un refrendo de su Gobierno de coalición. La respuesta no deja resquicio a duda alguna. El presidente de la Junta de Andalucía, pues, está obligado a actuar en consecuencia, si es que pretende ser algo más que una anécdota, una nota a pie de página de la historia de Andalucía.

Devolver el partido a la moderación

Inevitablemente implica romper su alianza en Andalucía con los extremistas de Vox, y, por tanto, renegociar sus acuerdos en Andalucía. Lo cual, a su vez, supone también alejarse lo más posible de los más exaltados de su partido, encabezados por Pablo Casado. En la inevitable batalla que se avecina por el control del PP, Moreno Bonilla debería ser protagonista activo para devolver el partido a la moderación sobre la que llegó a auparse con mayorías absolutas.

Lo mismo cabe decir del vicepresidente de su Gobierno, el líder andaluz de Ciudadanos Juan Marín, que desde el principio ha hecho cuanto a podido para separarse de Vox ante el electorado. Pero tras el estruendoso rechazo electoral a su alianza de Gobierno ya no bastará con colocar siempre al PP entre ambos para evitar salir junto a Vox en la foto. Entre otras cosas, porque a Moreno Bonilla los electores ya le han dejado bien claro que no lo quieren ver en esa foto. Desde el 28 de abril los intereses de Moreno Bonilla y Juan Marín van a ser muy difíciles de conciliar.

También al PSOE de Pedro Sánchez le toca repensar la postura de su partido en Andalucía. Y deberá hacerlo teniendo en cuenta su necesidad de no fracasar en la formación de un Gobierno nacional. Es él quien puede abrir puertas ahora cerradas que a su vez conduzcan a acuerdos en otras cámaras parlamentarias. Es la vuelta de la política de la ‘geometría variable’, un complicado juego de ‘Do ut des’ (doy para que me des) en el que la moneda que representa la actual líder socialista en Andalucía, Susana Díaz, tiene todo que perder si no juega muy bien sus cartas ante unos dirigentes de su partido con los que tiene muchas deudas pendientes.

Lo único que está claro ahora mismo es que, tras las elecciones de este domingo, el actual Gobierno PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía tiene un futuro político inmediato muy incierto, porque la certidumbre electoral futura de dos de sus socios depende de su capacidad para alejarse de la extrema derecha que los sostiene en el Gobierno. Sólo han pasado cinco meses, pero a Moreno Bonilla y a Marín les ha llegado la hora de demostrar su valía o su incapacidad.

Apenas dos minutos duró la intervención de Loles López, secretaria general del PP andaluz, la noche del domingo 28 de abril. Comparecía justo después de que Pablo Casado, líder nacional, reconociera que los “resultados han sido muy malos” para los populares. López tampoco se andó con paños calientes en esta mini intervención sin preguntas: “no han sido buenos”, reconocía.

La debacle del PP en toda España en esta cita electoral se ha dejado sentir también en el partido en Andalucía, a pesar de estar gobernando, circunstancia que supondría arrastrar cierta parte del voto. Sin embargo, aunque, obviamente las elecciones generales no quitan ni ponen presidentes autonómicos, el equilibrio de fuerzas entre los partidos de la derecha ha cambiado. Y el PP acaba de ver cómo su principal rival en las urnas, Ciudadanos, y con el que comparte Gobierno en la comunidad, le supera en votos.

Esta es la clave para el PP andaluz de esta noche electoral. Tanto el PP como Ciudadanos apostaban por reeditar en la política nacional su pacto de Gobierno en Andalucía con el apoyo de Vox. Los resultados muestran que esa idea era una quimera. Es más, no les queda otro remedio que leer el desastroso resultado de los populares como un clamoroso rechazo del electorado a su pacto con la extrema derecha de Vox.

El futuro del recién estrenado Gobierno de coalición andaluz es ahora, por tanto, incierto. También por el efecto que pueda tener el análisis que de los resultados haga su socio Ciudadanos. Es cierto que no sólo gana fuerza, sino que supera al PP y se sitúa como segunda fuerza en Andalucía. Pero el fuerte castigo que recibe el pacto de partido de Moreno Bonilla con Vox puede hacer tambalear su propia coalición. Sobre todo porque Andalucía no podrá mantenerse al margen de las inevitables negociaciones que ahora se llevarán a cabo para formar un Gobierno nacional. Ni de las tensiones que estos resultados provocarán entre los dirigentes del PP. El resultado socialista deja claro lo que la mayoría del país piensa del pacto de las derechas con la ultraderecha.

Pierden el liderazgo en todas las provincias

Entrando en datos, tras esta cita electoral, el PP ha dejado de ser la segunda fuerza más votada en Andalucía. Ha quedado en tercer lugar en votos con 729.944 escrutinios, 30.000 menos que los de Marín, y 11 diputados (17,12%). Pierde 12 escaños respecto a los resultados de 2016, más de la mitad. Los populares no han logrado ser la fuerza más votada en ninguna provincia. De hecho, han perdido la primera posición obtenida en las generales de 2016 en Málaga, Almería, Granada, Córdoba y Cádiz, donde entonces fueron los más votados, y han dejado ese puesto al partido socialista en todos los casos. Es más, en algunas provincias se han convertido en la cuarta fuerza como en Sevilla o Cádiz donde Unidas Podemos y, sobre todo, Ciudadanos, le han superado en votos. Mientras en Sevilla y Málaga, los naranjas también han quedado por encima del PP.

En las pasadas elecciones autonómicas el PP ya obtuvo el peor resultado de su historia pero la suma con Cs y Vox le está permitiendo gobernar. Sin embargo, entonces al menos había quedado como primera fuerza en Almería. Es más, con mucha menos participación, los de Moreno Bonilla lograron 20.000 votos más en toda Andalucía. Estos resultados, sobre todo en las capitales, y contando con que en los comicios municipales pesan mucho los candidatos y candidatas, influirá esta debacle en el ánimo y puede que en los resultados.

La clave interna

Aunque es evidente que para Juan Manuel Moreno Bonilla el desastre electoral del Partido Popular no ha sido bueno, lo es también que el batacazo que implica para su jefe de filas Pablo Casado endulza el punto amargo de la derrota porque Moreno Bonilla no olvida que hace apenas cinco meses se salvó por la campana de que Casado lo sustituyera al frente del PP andaluz por el ex ministro Juan Ignacio Zoido. De hecho, Moreno se sitúa dentro del partido con “más caché”, decía un antiguo dirigente del PP, que antes de las elecciones.

Todos los empleados son trabajadores, pero no todos los trabajadores son empleados. Durante décadas, distintos términos se han utilizado para acotar esa diferencia: trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, autónomo, emprendedor, autoempleo, o, últimamente, falso autónomo.

Términos que ya no sirven para definir las nuevas relaciones laborales que se extienden globalmente y a gran velocidad. La economía colaborativa, el ‘coworking’, la economía circular, etcétera, eran conceptos del nuevo paradigma, la economía digital, que iban a cambiar para mejor ese mundo en el que un trabajador pasaba la gran mayoría de su vida laboral empleado en una o muy pocas empresas, o dedicado a una misma actividad. Pero la realidad es que lo que abunda en esa nueva economía son unas relaciones laborales en las que trabajadores sin apenas derechos malviven en condiciones de extrema precariedad.

Según los datos del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, durante la última década más de la mitad de los nuevos puestos laborales creados en la Unión Europea han sido de “formas no convencionales de empleo”. Y en 2016 estos “empleos no convencionales” ya suponían una cuarta parte del total. Y eso en un momento en el que la UE ostenta el récord de 236 millones de trabajadores empleados.

Es cierto que la gran flexibilidad de estas nuevas relaciones laborales ha permitido la creación de nuevos modelos empresariales, que han generado a su vez más empleo. Pero la característica que más claramente diferencia lo que las instituciones europeas definen como “empleos no convencionales” de los empleos de toda la vida, es su precariedad.

Consejo, Parlamento y Comisión europea alertan de que “entre cuatro y seis millones de trabajadores tienen contratos intermitentes y según demanda, muchos con pocos indicios de cuándo trabajarán, o por cuánto tiempo. Hasta un millón están sujetos a cláusulas de exclusividad que les impiden trabajar para otro empleador. Solo una cuarta parte de los trabajadores temporales cambian a un puesto permanente y, en 2016, la tasa de tiempo parcial involuntario ha llegado a alrededor de un 28 %”.

Así pues, encontrar una definición de este nuevo modelo laboral es una cuestión semántica de vital importancia para el futuro de los trabajadores europeos, ya que sobre ella se construirá toda la estructura normativa que deberá defenderlos del abuso de la precariedad.

El primer paso se dará el próximo 16 de abril, cuando el Parlamento Europeo apruebe la primera directiva, pactada el pasado mes de febrero con la Comisión y el Consejo, destinada a regular estas nuevas “formas de empleo no convencional”, dotando de seguridad jurídica en toda la Unión a la defensa de los derechos de los trabajadores “no convencionales”.

El texto de la propuesta de directiva, que forma parte del llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales, arranca, por lo tanto, definiendo lo que en este nuevo mundo es un “trabajador: una persona física que durante un período de tiempo determinado realiza servicios para otra persona, y bajo su dirección, a cambio de una remuneración”. Y a continuación define que se entiende hoy por “empleador: una o varias personas físicas o jurídicas, que son, directa o indirectamente, parte en una relación laboral con un trabajador”.

A partir de ahí establece toda una serie de salvaguardas que garanticen la “seguridad, transparencia y previsibilidad” de las condiciones laborales de los trabajadores. Entre otras, el trabajador deberá ser informado por escrito durante el primer día de su contrato del tipo de trabajo a realizar, el lugar en el que se llevará a cabo, los horarios (y si hay cambios deberán comunicársele con antelación suficiente), el calendario y las horas extraordinarias, la fecha de inicio de la relación laboral, y si es temporal de su finalización, la retribución inicial y cualquier otro componente de la remuneración, su periodicidad y método de pago, la limitación de las cláusulas de exclusividad, etcétera. (Ver abajo)

La aprobación de la Directiva Calvet, así conocida por ser su ponente el eurodiputado español Enrique Calvet, en el pleno del Parlamento Europeo que se celebrará en Estrasburgo los próximos 16 y 17 de abril, será uno de los últimos actos de la actual legislatura europea. A partir de ahí, los estados miembros dispondrán de un máximo de tres años para adaptar sus legislaciones a la nueva normativa europea.

Gracias a ella, los repartidores a domicilio, ya sea en camión, furgoneta, o bicicleta, los conductores de VTC, los traductores, los periodistas, los guias turísticos, los profesores y demás innumerables víctimas de la precariedad de la llamada economía colaborativa y las plataformas digitales, contarán con un refugio al que acudir en defensa de sus derechos laborales.

Pero para que de esa defensa de verdad sea eficaz, trabajadores, sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos de los trabajadores deben cambiar también sus arraigados usos y costumbres: los centros de trabajo ya no son una oficina, una fábrica, o un comercio, pero los “trabajadores no convencionales” tampoco son individuos aislados unos de otros.

“Pareciera que los sindicatos iban a desaparecer”, explicaba la secretaria general de CCOO Nuria López el pasado jueves 21 de marzo en el programa Acento Andaluz de 7TV (min 51) ,“pero por desgracia, la explotación laboral que existe hace más necesario que nunca que los trabajadores estén organizados”. Es por ello, explica, que “lo primero que estamos haciendo es contactar con las personas que trabajan en esos sectores. Para transformar tu acción sindical tienes que tener trabajadores de esos ámbitos, cuando los trabajadores de esos sectores se organizan, se afilian, puedes presentar demandas en la Inspección de Trabajo, organizar elecciones sindicales y tener representación”.

En definitiva, según Nuria López esas relaciones laborales “no convencionales”, desde el punto de vista sindical, no son tan diferentes de las convencionales. Efectivamente, con la aprobación de la nueva directiva, desde el punto de vista de la protección de sus derechos, la distancia entre nuevas y viejas relaciones laborales debería ser mínima. A los trabajadores y sus representantes les corresponde ahora velar por la transposición y cumplimiento de la nueva normativa. A políticos y autoridades adaptar nuestra legislación mucho antes del máximo de tres años previsto y velar, sobre todo ellos, por que se cumpla.

Directiva Calvet Sobre Condiciones Laborales Transparentes y Previsibles en La Unión Europea:

Desde la revolución industrial el planeta ha estado sometido a una única organización económica, la explotación de sus recursos naturales para la fabricación masiva de bienes, su consumo, y el vertido de los residuos generados por su fabricación, y el de los propios bienes una vez finalizada su vida útil.

Un sistema que, ciertamente, ha permitido mejorar hasta límites impensables el nivel de vida (económico, pero también político y social) de miles de millones de personas, pero que también ha generado dos gravísimos problemas, interrelacionados, que han crecido y crecido hasta poner en jaque ese mismo nivel de vida: desigualdad y calentamiento global del planeta. Ambos son fenómenos de escala global.

Un reciente estudio de Oxfam, ampliamente divulgado, destacaba un dato para llamar la atención sobre la desigualdad: Ocho personas acumulan ellos solos tanta riqueza como la que se reparte la mitad de la población del planeta, 3.600 millones de personas. La contundencia de ese dato va mucho más allá de la anécdota, pero dice mucho más sobre la condición humana que sobre el problema que pretende señalar: En el mejor de los casos, millones de personas esconden la cabeza bajo el ala ante la tragedia de las docenas de miles de vidas que cada año se pierden en la inmigración de los desheredados del mundo hacia los ricos territorios del norte. (En el peor escogen levantar obstáculos en su camino que impidan su progreso).

El mismo comportamiento se observa ante el otro desastre que se cierne sobre la humanidad. Hace ya décadas que somos conscientes, no ya del progresivo deterioro de las condiciones ambientales en las que vivimos, ni siquiera de su aceleración exponencial, sino de sus causas, tanto del deterioro como de su aceleración. Y sin embargo, también aquí escogemos esconder la cabeza debajo del ala.

Porque eso, y no otra cosa, es seguir viviendo sin cambiar realmente ese sistema, esa organización económica, política, y social, que nos ha traído hasta aquí. Porque eso, y no otra cosa, es aplazar una y otra vez la implantación de las medidas imprescindibles para intentar, sino ya remediar, al menos sí paliar las consecuencias del calentamiento global que en breve nos quemará los pies.

Es responsabilidad de los dirigentes políticos tomar las decisiones necesarias para cambiar el estado de las cosas, pero hacerlo conllevará duros sacrificios para los dirigidos. Las protestas de los “Chalecos amarillos” surgidas en Francia ante las medidas anunciadas contra el uso del gasoil por el presidente Macron son el mejor ejemplo de las resistencias a las que nos enfrentamos. Pero no queda otro remedio, deberemos aceptar y asumir cambios radicales en nuestro cómodo y lujoso nivel de vida. No en un futuro próximo, sino ya.  Es una vergüenza que los más jóvenes de este rico y cómodo primer mundo, niños aún en muchos casos, hayan tenido que organizarse para salir a la calle y ponernos ante el espejo de nuestra propia indolencia y exacerbado egoísmo.

Javier González de Lara (Málaga, 1963) está al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía en este año que la institución va a celebrar su 40 aniversario. Y es en la sede de Sevilla, en la Isla de la Cartuja, donde recibe a eldiario.es/andalucia.

Tras muchos años, hay un granadino al frente de Cepyme y, por tanto, en la ejecutiva de CEOE, y usted ocupa la presidencia de su Fundación.

Sí, que Andalucía vuelva a tener en la organización nacional un peso que le ha correspondido en el pasado, y que por distintas razones se perdió, no sólo es positivo, sino que es noticia. El apoyo de esta casa ha sido fundamental, no me cansaré de decirlo, para que nuestro vicepresidente Gerardo Cuerva sea presidente de Cepyme.

Y eso, ¿en qué se traduce para Andalucía?

En la posibilidad de ser útiles. A los demás, y sobre todo a una organización. Para Andalucía es positivo, porque nos da mayor peso y protagonismo en las decisiones de la CEOE. Nos ponemos a disposición de su presidente para ver cómo Andalucía puede aportar. En cuanto a la fundación, su perspectiva es más humanística, más cerca de la función social de la empresa y como incardinarla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí hay un plan de acción a desarrollar.

Tiene usted amistad personal con los actuales dirigentes del PP, Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo, que ahora dirigen la Junta de Andalucía. Usted es próximo al PP …

Un momento, déjeme que matice eso. La proximidad con el PP no quiere decir que yo ideológicamente tenga que ser del PP. Mi proximidad es exactamente la misma que he tenido a lo largo de estos últimos años con el PSOE. Incluso con IU en los años en que Diego Valderas fue vicepresidente de la Junta. La obligación del presidente de los empresarios es tener proximidad con los responsables públicos, porque nosotros gestionamos intereses generales, y nos interesa una relación de sintonía cuando la hay, y de actitud crítica y reivindicativa cuando no.

Usted no es del PP …

A mí me han hecho propuestas políticas de distintos partidos.

¿Qué tipo de propuestas?

Para incorporarme. De todos los partidos, menos de Podemos. Pero no soy de ningún partido, mis proximidades no son ideológicas sino de relaciones personales. Es cierto que esas personas han coincidido conmigo desde hace muchos años, pero igual que con Susana Díaz mantengo una relación fluida de cooperación, de colaboración y de absoluta sintonía. Te tienes que llevar bien con todos, es lo que te piden tus 180.000 afiliados.

Luis Garicano, responsable por Ciudadanos de la parte económica de su acuerdo de gobierno con el PP, decía en nuestro periódico: “No soy partidario de que la Junta de Andalucía dirija la economía andaluza”. ¿Está usted de acuerdo?“No soy partidario de que la Junta de Andalucía dirija la economía andaluza”.

Una cosa es que diseñes una estrategia, una hoja de ruta, una política económica presupuestaria y fiscal, y otra es el intervencionismo. Nosotros estamos a favor de que la Junta de Andalucía sí planifique en colaboración con los agentes económicos y sociales, y ahí se incluye a las centrales sindicales que son fundamentales para nosotros. Y conjuntamente, hacer los diseños que sean precisos.

¿Ha habido intervencionismo en Andalucía?

Lo hay, pero no digo de la Junta, lo digo en general. Tenemos una hiperregulación y una hipersaturación de controles administrativos, de burocracia, de normas prescindibles que asfixian la actividad empresarial.

¿Espera entonces que se lleve a cabo un proceso de liberalización?

Yo espero que nos dejen trabajar. No pido ni tan siquiera liberalización. Pienso que lo mejor que tienen que hacer es un plan auténtico de derogación de normas absurdas.

¿Cómo cuáles?

Como, por ejemplo, en materia medioambiental. He tenido ya un primer encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, y con orgullo digo que quizá fue el primer encuentro institucional que tuvo. Le he presentado un informe de la CEA con una batería de temas, entre los que destaca la simplificación administrativa en la tramitación de proyectos empresariales que están fundamentalmente centrados en el medio ambiente. Hay un solapamiento de normativas contradictorias, nacionales, autonómicas y locales. Queremos que se ponga orden.

La CEA lleva décadas quejándose de los requisitos medioambientales y enfrentada a la Consejería del ramo.

Claro. Y no se logra. Insisto, no es un problema de fondo, nosotros apostamos por la sostenibilidad y las empresas están cada día más concienciadas con la descarbonización. Es un problema de forma, de trámites, de exigencias normativas que hacen que los proyectos se eternicen. Hay un proyecto muy importante en Andalucía en el ámbito medioambiental, que invertiría cerca de mil millones de euros y crearía 3.000 empleos, y lleva diez años en tramitación administrativa.

Supongo que se refiere a la ampliación de Cepsa en Algeciras. Ese no es precisamente un ejemplo de descarbonización, se dedican más bien a lo contrario …

No, no, no. Se dedican a generar empleo. Dentro de unos estándares de productividad, de estabilidad. No ha habido una actividad contraria al medio ambiente en la Bahía de Algeciras jamás. Al final está la bahía de enfrente, y como pongamos muchas trabas las inversiones al final se irán a otros países de la ribera del Mediterráneo, que están en crecimiento, en desarrollo, y que les dan muchísimas facilidades.

¿Cuál es la segunda medida que le presentó al nuevo presidente de la Junta?

La construcción de lo que para mí es la principal infraestructura de un territorio: la paz social. Creemos en el diálogo social. Lo que construimos los empresarios y los representantes de los trabajadores es muy importante, que cuando la paz social se pierde bien que nos acordamos.

¿Quiere recuperar los pactos anuales del presidente Manuel Chaves?

No, lo que quiero recuperar es la visión de compromiso de un nuevo Gobierno con la relevancia que tiene el diálogo social, no hablo de pactos. El diálogo social lo llevamos entre los agentes sociales, no con los gobiernos. Hablo de los convenios colectivos y de la resolución de conflictos.

Los sindicatos se quejan precisamente de ello. Dicen que la CEA no está impulsando la implantación en los convenios colectivos de Andalucía del pacto nacional cerrado entre sindicatos y CEOE, con una subida salarial del 3% y con salarios no inferiores a mil euros.

Bueno… Eso no es correcto. Me reúno asiduamente con ellos y estamos trabajando y, en esa visión de diálogo, desatascando problemas que puedan hacer prever que surja un conflicto.

En cambio aseguran que los avances logrados son gracias a que el año pasado, con más de 500 movilizaciones, aumentó la conflictividad social.

En Andalucía, en el sector privado ha habido muy poca conflictividad social comparativamente con el sector público. Le invito a compararlo, verá que la efectividad en el Servicio de Resolución de Conflictos (Sercla) está en un 60%. Y mire el volumen global de horas de trabajo perdidas, es de un ocho o diez por ciento de las que se perdían hace 25 años. Hoy no hay en Andalucía un conflicto potente con efecto cascada que paralice servicios públicos, etcétera.

El PP ha cerrado acuerdos con otra fuerza política que no está en el Gobierno, Vox. En ellos se pide la absorción de la red comercial que Andalucía tiene en el exterior, Extenda, por los órganos de la nación. ¿Le preocupan estos acuerdos con otras fuerzas políticas?

Estamos expectantes, claro que sí. Son temas de gran relevancia, pero vamos a ver en qué se concreta. Como mínimo, por una cuestión casi de cortesía, hay que dar cien días para que llegue, se siente y empiece a tomar decisiones. Sobre el tema concreto de Extenda, hace referencia a algo en lo que yo he insistido muchísimo, y se lo decía a la presidenta Susana Díaz: la necesidad de recuperación de la marca Andalucía.

¿Ha hecho alguna propuesta concreta?

Sí, claro. Por desgracia Andalucía tiene un grave problema de imagen y comunicación. Una serie de estereotipos nos marcan desde hace muchísimos años. Tanto al anterior Gobierno como al actual les he propuesto crear un Consejo de la Marca Andalucía, que sea complementario con la labor que haga Extenda en materia comercial. ¿Una fusión con la marca España? Puede estar bien para determinadas estrategias comerciales, pero siempre que no se pierda la marca Andalucía, que tiene que ser potente, y vender lo mucho que se ha hecho.

¿Como por ejemplo?

Pues hay datos muy significativos. Como que en 1980 trabajaban 1,6 millones de andaluces y en el 2018 trabajan tres millones de andaluces. Y no lo contamos. Los empresarios nos negamos a asumir que desde otros territorios se nos vea como una tierra de menos oportunidades, y, sobre todo, de menor cualificación y de menor futuro.

¿No hay también responsabilidad empresarial en esa imagen: menores salarios, mayor precarización del empleo …?

Todos estamos condicionados por la inercia de casi diez años de crisis. Han desaparecido casi 54.000 pymes en Andalucía, muchos miles de empleos. Es cierto que en los últimos años ha habido una devaluación de los salarios y también de la propia actividad de las empresas. Hemos estado una década en pérdidas con un nivel de endeudamiento brutal, y si no hay beneficios no hay redistribución de renta.

Esa es precisamente una queja muy extendida, y no sólo entre los sindicatos: vuelven los beneficios pero no se redistribuyen.

Habrá empresas, según el sector de actividad, o de un ámbito industrial muy específico, que hayan podido recuperar el tono muscular. Pero puedo afirmar con rotundidad que al 96 o 97% de las empresas andaluzas, que son pymes, les cuesta mucho trabajo. Y aun así veamos el lado positivo, que es que hace menos de ocho años estábamos en un 33% de paro y ahora estamos en un 21%. Algo habrán hecho las empresas para generar un empleo neto de cerca de 180.000 empleos. En España, uno de cada tres que han dejado de estar en el desempleo es andaluz. Aquí ha habido una apuesta muy fuerte por el empleo.

El nuevo Gobierno andaluz trae una rebaja de impuestos, pero también ha anunciado mejoras en salarios en sanidad y educación. ¿Salen las cuentas?

Lo importante no es hablar de impuestos sino de una política fiscal. En mi opinión, el Gobierno tiene que aprobar los presupuestos cuanto antes. Soy consciente de que un Gobierno que acaba de llegar querrá asentarse, pero insisto, lo fundamental son los presupuestos. Además, todos sabemos que dos tercios van a Educación y Sanidad, así que no pueden variar tanto respecto a los del Gobierno anterior …

A no ser que haya privatizaciones ¿no?

No se qué van a privatizar. No hay mucho que privatizar en Andalucía, en mi opinión. ¿Qué empresas industriales públicas hay en Andalucía? Para mí todo se tiene que enmarcar en un presupuesto que marque las reglas del jue nigo. Claro que los empresarios queremos una menor presión fiscal, pero dentro de un criterio de sostenibilidad del sistema, en el que no queremos tampoco poner en riesgo los servicios asistenciales, ni la sanidad, ni la educación, ni la dependencia… Tenemos que ser muy prudentes, no nos engañemos. La Junta de Andalucía como tal no tiene tantos impuestos transferidos como para reducir la presión fiscal.

¿Cuáles deben ser, a su juicio, las prioridades del nuevo Gobierno?

Lo fundamental es que el Gobierno haga una política global presupuestaria, económica, financiera y fiscal. Y que dentro de esa política económica haya un equilibrio para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

¿Es factible ese equilibrio con el reparto de competencias entre los dos partidos del nuevo Gobierno?

Seamos objetivos, encajar todas las piezas del reparto competencial entre consejerías va a costar trabajo. Para no dar una impresión de fracaso tendrán que sincronizar muy bien sus prioridades y diseñar una hoja de ruta común. Creo que son conscientes de ello.

¿Qué hubieran cambiado de ese reparto?

La Vicepresidencia es una consejería compleja, muy heterogénea, en la que está Turismo, Regeneración, Justicia y Administraciones Públicas. Los empresarios hubiéramos preferido una Consejería de Turismo propia, igual que reivindicamos un Ministerio de Turismo. Es sorprendente que no lo tenga el segundo país del mundo, después de Francia y por encima de los Estados Unidos que es un continente, que recibe 82 millones de turistas…

¿Cuáles son las prioridades de la CEA en política económica, financiera y fiscal?

La política económica debe estar marcada por la simplificación administrativa, con una actitud más proactiva hacia el mundo empresarial. Desde el punto de vista fiscal, actuar sin desestabilizar el sistema. Y sería interesante analizar cuál es el peso de Andalucía en el sistema financiero nacional. Contamos con una entidad muy importante, Unicaja. Y contamos con Garántia, la única Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que hay en Andalucía para dar avales a las pymes. Tenemos la posibilidad de estructurar determinadas alianzas con la Agencia Idea, o con la entidad que se establezca para canalizar fondos europeos y ayudar al establecimiento de empresas …

¿Está hablando de un banco público?

Estoy hablando de una entidad de crédito que, ¿por qué no? puede ser pública. Que coordine esas acciones, que integre las herramientas de apoyo para el tejido productivo. Los empresarios estamos dispuestos a escuchar hablar de una política financiera común que hasta ahora no ha existido. No tiene por qué ser un banco, que necesita licencia, etcétera, es que se puede llamar Instituto de Crédito Andaluz y ya no es lo mismo.

Una entidad con participación pública y privada, con Unicaja, una SGR …

Y con otras entidades financieras potentes de Andalucía como La Caixa, que tiene un nivel de implantación brutal en Andalucía y una obra social enorme. Queremos una institución que nos proporcione una visión de política financiera común, pública y privada, que no hemos tenido hasta ahora. Enseñarle al resto de España que Andalucía tiene un modelo financiero propio. Y los empresarios nos queremos involucrar, porque podemos aportar, porque podemos traer fondos de inversión e inversores extranjeros para que apuesten por Andalucía y ayuden a crear, a través de esa entidad, mecanismos de financiación para las empresas.

¿Ese proyecto forma parte del tan cacareado cambio de modelo productivo del que todo el mundo habla pero nadie sabe en qué consiste?

Nosotros no defendemos cambiar el modelo productivo sino hacer más productivo el modelo. Quien que diga que está obsoleto desconoce el modelo productivo andaluz. Con la crisis se ha producido un milagro oculto al que no se le ha dado relevancia: el sector agroalimentario, que ha buscado alianzas, ha ganado dimensión, se ha internacionalizado, y en unos años de crisis atroces ha ganado mercado. Con todo el respeto, en Andalucía no somos camareros como dicen. Aquí hay una industria turística muy fuerte, un sector tecnológico muy respetable, un polo aeroespacial que ya quisieran muchas autonomías, un sector naval potente, la construcción está recuperando el pulso, hay sólidas industrias culturales, la principal empresa logística de España tiene su sede en Antequera …

Nos falta hablar de política laboral. ¿Cuál debería ser la apuesta del nuevo Gobierno?

Diseñar conjuntamente dentro del diálogo social políticas activas de empleo eficientes que ayuden sobre todo a dos segmentos, los jóvenes y los mayores de 45 años. Ese es mi anhelo.

Todos los gobiernos del mundo las prometen, pero ¿qué entiende por políticas activas eficientes?

Un servicio de orientación profesional, servicios que mejoren los servicios de intermediación públicos, programas de prácticas profesionales… Tenemos todo un inventario, y medio consensuado con los sindicatos. Lo que queremos es que haya una mejor inserción de los trabajadores en una economía circular, global, que ya está aquí y para la que, sinceramente, no estamos preparados. Vamos a hablar claro, requiere una cualificación adecuada, y llevamos cinco años sin dar formación ocupacional a los trabajadores.

El profesor de Economía Luis Garicano Gabilondo se presentará, previsiblemente, a las elecciones europeas del mes de mayo como número uno de la lista de Ciudadanos, partido de cuya ejecutiva es miembro, además de ser su máximo responsable para temas económicos. Pasó por Sevilla la semana pasada, en lo que en realidad no es sino su lanzamiento de campaña para presentar su nuevo libro, “El contrataque liberal”, en el que expone la filosofía política que pretende llevar a Estrasburgo y Bruselas.

Desgraciadamente, en su mochila carga con algunos conceptos sobre la economía andaluza que están más anclados en falsos tópicos que sustentados por la realidad de lo que de verdad ocurre. Y es grave, pues a él corresponderá defender y liderar los intereses españoles, y andaluces, desde la representación de Ciudadanos en las sedes del Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo.

Garicano, como si nada hubiera cambiado desde 1980, afirma que en Andalucía “tenemos muchísimas más aceitunas que Francia, que Italia … y no tenemos la industria agroalimentaria que tienen Francia e Italia a pesar de que tenemos más olivas. En Andalucía hay que desmontar bastante administración paralela y red clientelar, y hay que enfatizar bastante el sector privado. Sí ves la desproporción entre la producción española de aceite de oliva y la de Italia y Francia estamos en otra liga. Exportamos mucho en granel”.

Pues no es así, profesor Garicano. Lejos de esa idea que tanto se ha vendido de un campo andaluz asfixiado por las esclavizantes y empobrecedoras subvenciones del PSOE, la realidad es justamente la contraria. La de unos emprendedores, esa palabra que a los liberales y ultraliberales de su partido tanto les gusta usar, que han sabido invertir las ayudas provenientes de la Unión Europea para crear milagros económicos como los de los cultivos bajo plástico de Almería y Huelva, los cítricos y frutos de hueso de la vega del Guadalquivir, los arrozales de sus marismas y, sobre todo, el de los olivares y sus industrias del aceite repartidos por todas y cada una de sus provincias.

Ya que usted pone el ejemplo del aceite, señor Garicano, alguien de su partido debería explicarle que España produce ya una media de 1.500.000 toneladas de aceite al año. Hace sólo veinticinco o treinta años, el récord de producción estaba en las 600.000 toneladas. Para lograrlo ha sido necesario modernizar las explotaciones sustituyendo viejas variedades por nuevos árboles más productivos, el secano por el regadío, el cultivo extensivo por el intensivo y super intensivo, y todo ello aplicando en su desarrollo y cultivo tecnologías de última generación.

Igual ha ocurrido con el proceso industrial. Si hace 30 años esas 600.000 toneladas se obtenían con 10.000 almazaras, hoy hacen falta sólo 1.800 (cooperativas y privadas) para obtener el millón y medio de toneladas que se producen de media en España. Las almazaras no son ya ni parecidas a como eran hace apenas un cuarto de siglo. Los sistemas de dos y tres fases y el almacenamiento del producto que obtienen en higiénicos depósitos de acero inoxidable (el 50% de ellas cuentan ya con atmósferas inertes), están detrás del espectacular salto de calidad del aceite español.

Esa calidad es lo que ha permitido que, si antes de esta revolución industrial sólo en torno a un 10% del aceite obtenido era virgen extra, el de mayor calidad supone hoy de media el 30%. Y en casos especiales como el de este año en el que la climatología ha sido excelente durante la cosecha, se habla de que se llegará a un 60% de aceites virgen extra.

La inversión ha sido enorme. De media, una almazara que moltura entre tres y cinco millones de kilos, con unos rendimientos del 20% -lo que genera entre 800.000 y un millón de kilos de aceite-, cuesta, sin contar la obra civil, entre 1,5 y 2 millones de euros. Y a ello hay que añadir que hoy todas las almazaras envasan; y para montar una línea de envasado hay que sumar desde otros ochenta o cien mil euros para una planta pequeña, hasta los 500.000 o 600.000 de una de mayor capacidad, sin llegar a las de las grandes industrias que ya requieren inversiones mucho mayores.

Como dice Enrique Delgado, el secretario general de la patronal de las almazaras privadas, Infaoliva, con las ayudas y subvenciones “ni se han comprado coches ni apartamentos, se ha invertido en almazaras”.

De ese millón y medio de toneladas que España produce de media al año se exportan unas 900.000, y de ellas, 300.000, en envases de menos de cinco litros. El resto sí que es granel. Para que usted ponga en perspectiva la importancia de esas 300.000 toneladas de aceite de oliva envasado exportadas cada año, debe fijarse señor Garicano en el hecho de que el siguiente país productor es Italia, con una media de 300.000 toneladas de aceite al año. Es decir, que España exporta tanto aceite envasado al año como el total que Italia produce, país al que los productores españoles venden unas 400.000 toneladas anuales. Es decir, algo más de una cuarta parte de su producción total.

Más aún, todas las grandes marcas de aceite de oliva italianas, Rizzoli, Carapelli, Sasso, Minerva… son propiedad de empresas españolas. Las únicas marcas italianas importantes que no están controladas por grupos españoles son Filippo Berio y Sagra, del grupo Salov, y éste es ya propiedad de Bright Food, un grupo inversor chino.

Lo mismo ocurre en otros países productores importantes como Túnez. Y en Estados Unidos, país que usted conoce bien, el principal grupo aceitero es Pompeian, líder tanto en importación como en comercialización de aceite envasado en ese gigantesco mercado. Pues el 50% pertenece al grupo cooperativo andaluz de segundo grado Dcoop. Agrupa a 110 cooperativas que producen casi el 20% de todo el aceite español. Con su propia marca envasa unas 30.000 toneladas, buena parte de las cuales exporta. Pero su estrategia en EEUU es otra, exporta allí su aceite a granel que luego envasa y vende allí con sus marcas de Pompeian.

Iñaki Benito, responsable del sector del aceite de oliva en Cooperativas Agroalimentarias de España, afirma con rotundidad que “la profunda transformación del sector del aceite de oliva es lo que ha permitido a España consolidarse como líder indiscutible tanto en producción como en exportación”. Y señor Garicano, no es un proceso acabado. Si crear un potente grupo cooperativo productor como Dcoop ha sido una labor de años, hace apenas unas semanas que las dos cooperativas aceiteras más importantes de Jaén, la principal provincia productora del país, han anunciado su fusión. La unión de Jaencoop y Olivar de Segura concentrará el 10% de todo el aceite que se produce en Andalucía, lo que a su vez le permitirá una mucho mejor posición en los mercados internacionales.

Rafael Pico, director de Asoliva, asociación que agrupa a la inmensa mayoría de la exportación española de aceite de oliva, lleva años luchando contra ese tópico de que España vende a granel para que Italia envase y se lleve el valor añadido. Su resumen es muy claro: “Hay que resaltar la imagen de España a todos los niveles, tanto en comunicación nacional como internacional, porque estamos en medios globales. Hay que poner a Italia en el lugar donde tiene que estar, que es el segundo país, pero a una enorme distancia de España. Hay que decir que las mayores plantaciones de olivos en el mundo las tiene España, con una producción que roza ya el 50% de la producción mundial. Que las mayores almazaras están en España. Que las mayores industrias envasadoras y refinadoras están en España. Que los dueños de las marcas italianas son españoles. Que los dueños de las marcas tunecinas son españoles. Y seguiría con un largo etcétera. Ese es el liderazgo que tiene España en este sector”.

Ya ve señor Garicano, vaya a Europa y difunda este mensaje, el del éxito debido al esfuerzo, el del liderazgo trabajado durante décadas, y no con el del campo andaluz atrasado y subvencionado que dejó de existir hace ya muchísimo tiempo.

Luis Garicano (Valladolid, 1967) es el gurú económico de Ciudadanos, elegido por Albert Rivera como candidato de su partido en las elecciones europeas de mayo, y diseñador, en primera persona, del bloque económico que recoge el acuerdo de Gobierno con el PP en Andalucía. Estos días ha vuelto por Sevilla para presentar su último libro El contrataque liberal, de Ediciones Península, convencido de que la hoja de ruta de ese acuerdo andaluz “saldrá bien”. Garicano ha puesto parte de su filosofía económica liberal en ese documento, pero también ha participado en la elección (y exclusión) de algunos nombres de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno andaluz.

En su libro hay citas recurrentes al sociólogo Juan José Linz, que solía distinguir entre eficacia y efectividad. Eficacia sería la capacidad de solucionar problemas y efectividad la autoridad para imponer a los demás esas soluciones. A partir de ahí, concluye que nuestro Estado autonómico está deslegitimado.

No, yo no lo deslegitimo. Digo que la crisis de legitimidad que tiene el Estado de las autonomías tiene que ver, en parte, con el descontrol. Lo estamos viendo en Cataluña. La construcción del Estado autonómico ha consistido en que en el momento de más debilidad de un partido u otro en el Gobierno es cuando los grupos nacionalistas negocian un apoyo puntual a cambio de competencias, y eso lleva a una construcción del Estado con poca capacidad de actuación. La forma muy desleal en la que, particularmente, Cataluña se ha comportado ha llevado a una pérdida de legitimidad del Estado autonómico. Con una sensación de que todo vale. Y también es responsable del alzamiento de partidos como Vox, que dicen que lo quieren desmantelar todo. Y eso es una locura. Hay que hacer una defensa clara del Estado autonómico y de la descentralización del poder.

En el libro propone una reforma de la Constitución para replantear qué competencias siguen en manos de las comunidades y cuáles no.

Muchas competencias se han distribuido al tum tum, y no permiten que el Estado pueda actuar. Ciudadanos sí planteó en Cádiz una reforma constitucional y sí, hay que hacer una lista cerrada de las competencias que se pueden transferir, las misma para todos. Las misiones claras del Estado son las de seguridad, por ejemplo, la oficina judicial. Es un error que se haya descentralizado, porque los jueces son parte del Poder Judicial común. Éste es un ejemplo de ineficiencia que no tiene sentido. Otro error: las competencias penitenciarias que se acaban de ceder al PNV en Euskadi a cambio del apoyo presupuestario.

¿También habría que devolver las competencias de educación al Gobierno central?

Yo soy muy crítico con que el Estado no haya cumplido sus funciones en materia de educación. Hay una Inspección educativa en el Ministerio que tiene que asegurar que a los niños en los libros de texto no se les explica una historia con el objetivo de inducir al odio al Estado y hablar de agravios a las comunidades autónomas. Lo que tiene que haber es un examen común, como el MIR para los médicos. La Selectividad también tendría que ser común, así garantizarías que las historias para no dormir que se cuentan en algunas comunidades no se den. 

Veo una gran desconfianza por su parte en el modelo autonómico.

No en la idea del Estado de las Autonomías, sino en cómo ha funcionado la descentralización. Si funcionara, el Estado español podría ser incluso más descentralizado que ahora. Por ejemplo, vamos a coger la Constitución de Alemania, que es un Estado federal, y la copiamos al pie de la letra. Te lo firmo ahora mismo.

Entonces está a favor de un Estado federal.

Bueno…la palabra federal en España tiene mucha connotación… A mí me parece que un Estado federal basado en la lealtad mutua entre territorios es una organización excelente, sí. Pero una parte clave del Estado federal es una obligación de lealtad mutua. No que yo te dé una competencia y ahora tú la usas para meterme un puñal, para ir por el mundo abriendo embajadas y diciendo que España es un desastre. Seas de izquierdas o de centro derecha, ¿cómo no va a pensar la gente que le están tomando el pelo en Cataluña?

El nuevo Gobierno andaluz está planteando ahora una rebaja fiscal para competir con otras comunidades. ¿Eso no contradice su discurso?

Yo me remito a las 90 medidas de Gobierno firmadas entre PP y Cs, y la veintena que serán prioritarias en los primeros cien días. Date cuenta de que Ciudadanos tiene las consejerías que nos permiten hacer prácticamente todas estas medidas: apoyo a autónomos, regeneración democrática, el refuerzo educativo, la reforma de la FP.

En política económica y fiscal hay mucha coincidencia entre lo que plantea PP, Cs y Vox…

Yo no diría eso, porque nosotros somos unos firmes defensores del Estado de bienestar. No puede haber una economía dinámica e innovadora si no hay un Estado de bienestar potente. Cuando gobernaba el PSOE se puso el acento en la parte social, y ahora lo pondremos en la regeneración económica, de ahí la coincidencia. El problema es que en Andalucía el énfasis de ese Estado de bienestar se puso en la proliferación de redes clientelares que han asfixiado la economía innovadora. Ahora mismo, empresas andaluzas potentes no hay.

Eso siempre ha sido así.

Sí, pero mira, en el sector agroalimentario, igual que la empresa Borges se hace fuerte con las almendras, Andalucía tendría que haberlo hecho con los aceites. Aquí no existe la gran marca del mercado de aceites. Tenemos muchas más aceitunas que Francia e Italia y no tenemos la industria alimentaria que tienen ellos.

El sector agroalimentario andaluz es uno de los más potentes de la región, en especial el olivar, y las empresas sí se han modernizado…

Por supuesto que la industria agroalimentaria andaluza se ha modernizado en los últimos años, pero desde el punto de vista del márketing, estamos en otra liga. Si ves la desproporción entre la producción española de oliva y la de Italia y Francia, estamos en otra liga de producción, porque exportamos muchísimo más, pero no de marketing. Exportamos mucho en granel, y no es un tópico, es así. Si vas a un centro comercial de Holanda o de Estados Unidos, hay una marca española de aceite como mucho, y 200 italianas. Y de esas 200 marcas italianas, la mitad es aceite español. Hay mucho que hacer en la industria andaluza…

¿Entonces el déficit de la industria andaluza está en la comercialización?

La producción la hace cualquiera, el valor añadido está en inventar cosas y comercializar cosas. Aquí no ha habido eso. No tenemos universidades innovadoras en Andalucía, no hay el tejido de innovación que necesitamos. Éste es uno de los mejores sitios para vivir y, por tanto, tendría que ser un sitio donde la gente quisiera venir a innovar, pero no lo es. Donde está el valor es en la marca: coges las almendritas, las compras a granel, les pones Borges y el precio es distinto.

La división de funciones en el nuevo Gobierno andaluz entre PP y Cs, ¿no rompe cualquier posibilidad de organizar una política general funcional como plantea su libro?

Yo creo que sí está. Las prioridades de Ciudadanos son empleo y formación para el empleo, y esas políticas son nuestras. En Economía tenemos todas las universidades y la innovación. En industria, si me permites, el PP se ha quedado con las industrias del pasado, y nosotros con la industria del futuro, que es innovación, digitalización y emprendimiento.

¿Usted cree que la economía andaluza es demasiado dependiente del dinero público?

No es sólo el subsidio, sino el subsidio clientelar. ¿Se tiene que gastar la Junta de Andalucía dinero en formación? Sí, pero tiene que servir para formar a trabajadores. Es importante que el sistema de apoyo público funcione.

También relaciona el PER con el amiguismo, las redes clientelares, la ineficiencia, la pérdida de innovación. Pero, a la vez, alerta sobre el problema de la despoblación. Si hay algo para lo que ha servido el PER fue precisamente para luchar contra la despoblación de algunas zonas rurales de Andalucía.

Yo critico estos programas en el contexto de las rentas básicas. A mí me dan miedo los subsidios que no van ligados al trabajo, porque pueden llevar a condenar a unas personas a no incorporarse al mercado laboral. Es indudable que el fenómeno de la despoblación requiere una intervención de los poderes públicos. Mucho de ese dinero hay que invertirlo en infraestructuras de comunicación y transporte, es decir, fibra óptica en toda Andalucía, Administración electrónica…

Usted, como liberal, ¿cree que el Gobierno andaluz no debe tener una política industrial? Porque cualquier intervención de un gobierno en la política industrial es mala…

No, no creo que cualquier intervención del Estado es mala. Hay un problema con la digitalización, porque de las 20 empresas más grandes en internet, 11 son americanas, nueve chinas y cero europeas. Pero, en general, un burócrata en una consejería al que se le ocurre un gran plan para la industria…esto no sale bien. Tienes que crear las condiciones para que la gente tenga grandes planes. 

¿Puede poner un ejemplo? 

Por ejemplo, Inditex, propietario de Zara. Si hace 20 años, con China creciendo, me dices que vas a crear una industria textil en La Coruña, el sitio peor comunicado de España, pienso que no tiene futuro. Y hoy es la empresa textil más grande del mundo. Si, en lugar de esto, a un burócrata de la Xunta gallega se le hubiera ocurrido en qué va a invertir Galicia, tendríamos unos elefantes blancos allí, en vez de Inditex, como tiene la Ciudad de la Cultura y de las Artes, que ni está terminado. Aquí el liberalismo tiene todo el sentido. 

Entonces no es partidario que la Junta de Andalucía invierta un solo euro en financiación industrial.

(Risas). Toma, ahí tienes el titular, ¿eh? 

¿Sí o no?

No te voy a dar ese titular, lo siento (risas). No soy partidario de que la Junta de Andalucía controle la dirección o dirija la economía andaluza. Tiene que poner las herramientas para que los andaluces decidan y elijan su propia dirección. Pero, obviamente, en algunas áreas hay que intervenir y ayudar. En Andalucía existe el mismo problema de microempresas que en el resto de España, nueve de diez son pymes, pero ¿por qué no crecen? ¿Hay que pagarles un subsidio para que crezcan? ¿O hay que quitarles barreras administrativas, fiscales y darles formación?

¿Cómo se compensa la merma de ingresos con una rebaja fiscal global que plantea este Gobierno?

La rebaja fiscal está dirigida a propiciar la actividad económica. Pensamos que en Andalucía ha habido mucho gasto superfluo en una Administración paralela.

Usted ha cuantificado esa “administración paralela”, hablando del sector público instrumental, en 3.500 millones de euros. ¿De dónde sale esa cifra? Porque empresa instrumental también es, por ejemplo, el Hospital Costa del Sol…

Pero los hospitales no los hemos contado en este cálculo, porque no es una empresa pública, es una agencia.

¿Acabar con esa administración paralela supone un ahorro de 3.500 millones?

No, no, ¿cómo vamos a ahorrar 3.500 millones de euros? [Se pone a repasar un documento con la lista de entes instrumentales] Hay que diferenciar empresa pública de agencias. Con las primeras vamos a construir una SEPI, un holding que va a dirigir todas esas empresas.

Una de las medidas estrella de Cs y de este Gobierno es la práctica eliminación del impuesto de sucesiones. ¿Sabe a cuánta gente beneficiará esto?

No voy a entrar en eso, no me he estudiado los datos fiscales andaluces. Puedo hablar de la filosofía de esta medida…

¿Tiene el mismo sentido eliminar un impuesto sobre las rentas altas en Madrid que en Andalucía, con una renta media cinco veces inferior?

El impuesto de sucesiones ha generado unas distorsiones muy grandes dentro del país, algunas comunidades lo han eliminado y otras no. El problema, no sé si lo habéis oído, es que la gente se cambia de Asturias a Madrid para morirse y pagar menos. Nosotros defendemos la armonización fiscal. La eliminación de este impuesto tiene sentido, porque tampoco ha recaudado mucho.

En materia económica, ¿hay mucha diferencia entre el pacto de Gobierno que firmó Ciudadanos con Pedro Sánchez en 2016 y el que acaban de firmar con el PP en Andalucía?

Sin ninguna duda hay un punto común importante entre ambos en materia económica. Hay medidas económicas que firmamos en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, en el pacto de investidura con el PP de Rajoy, y ahora en el acuerdo andaluz. Un porcentaje muy alto de las políticas del nuevo Gobierno andaluz son de Ciudadanos, estamos muy contentos con lo logrado.

Sin embargo, no ve puntos en común entre las propuestas económicas de Cs y Vox para Andalucía.

Yo no conozco a ningún economista de Vox ni ninguna memoria económica de Vox. No se puede decir que haya puntos en común, porque no existe nada por su parte.

¿No ha leído el acuerdo que ha firmado su socio de Gobierno (PP) con Vox?el acuerdo que ha firmado su socio de Gobierno (PP) con Vox

El acuerdo que ha firmado el PP con Vox en Andalucía, como sabes, está vacío de contenido. A su primer documento se les dijo que no, y el segundo es la aceptación de lo que ya habíamos pactado antes PP y Cs. No hay ni una coma de las medidas de Vox en nuestro acuerdo de Gobierno.

¿Cree que el nuevo Gobierno puede o debe presentar su primer Presupuesto autonómico antes de las elecciones municipales de mayo?

(Silencio) Es muy difícil presentar unos presupuestos cuando ya hay un Gobierno que ha cerrado unas cuentas anteriores, y hay que rehacerlas. Hay muchas medidas preparadas para los primeros cien días que no van a requerir que ese Presupuesto esté en marcha antes de mayo.

¿Cuáles son esas medidas prioritarias?

Me gustaría ver una medida fuerte en empleo, otra en regeneración democrática y otra en educación. En educación, me gustaría que se viera en marcha un plan de lucha contra el fracaso escolar. En regeneración, la eliminación de los aforamientos, la limitación de mandatos, la auditoría al sector instrumental y la protección al empleado público como denunciante en casos de corrupción. Y en empleo, que la formación pasara a control de los trabajadores, y que las oficinas de empleo estén más preparadas, sepan más de las personas que buscan trabajo. Google sabe todo sobre ti, ¿por qué la oficina de empleo no puede usar esos datos de Google para recomendarte cómo debes formarte para encontrar trabajo?

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía ha cedido las riendas de la política industrial y energética a Alberto García Valera, cuyo primer apellido es el de consejero de Hacienda. En su primera aparición pública el pasado jueves afirmó: “Quiero que mis primeras palabras como consejero sean para confirmarles que la industria constituirá una de las prioridades de esta nueva etapa. No por ser el segundo apellido de esta consejería lo querré menos que al primero”.

García Valera, como experto en tributos y ligado la mayor parte de su vida profesional a Hacienda, prometió trabajar para crear “los mejores incentivos fiscales” para la industria, para la “eliminación de las trabas administrativas”, y para mejorar la “integración de la investigación universitaria en la empresa”.

Es ese un discurso obsoleto, que pertenece al inicio de la década de los 90 del pasado siglo, tan antiguo como superado. Lo pronunció, además, en la presentación de un suplemento del diario ABC de Sevilla dedicado a uno de los aspectos más populares del nuevo 'paradigma de la sostenibilidad', la llamada “economía circular”, que prima la reducción de los recursos utilizados en la producción y la reutilización y reciclaje de los mismos.

Es ese sólo uno de los aspectos de los nuevos modos económicos. Otros, como la robotización, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, el Internet de las cosas, … son fenómenos que en apenas un par de décadas cambiarán por completo el mundo que nos rodea. Convertirán muchas prácticas industriales en obsoletas, pero generarán muchos modelos de negocio novedosos y diferentes. Es esa transformación la que debería definir las políticas económicas del nuevo Gobierno.

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore ha recorrido Davos este año con un mensaje de optimismo con el que contrarrestar tanto el negacionismo del presidente Trump, como los gigantescos incendios que arrasan los bosques de la Costa Oeste de EEUU y los gigantescos temporales y huracanes que inundan su Costa Este: “El trabajo que más crece en EEUU es el de instalador de placas solares, y crece nueve veces más que la media. El segundo es el de técnicos de parques eólicos”.

Un mensaje con el que Al Gore pretende incentivar a los responsables políticos y empresariales reunidos al abrigo de las montañas suizas. “Necesitamos nuevas políticas. Gobiernos de todo el mundo siguen subvencionando la energía obtenida de combustibles fósiles 38 veces más que las energías renovables y las tecnologías sostenibles. ¡Eso tiene que cambiar!”, afirma vehemente. Porque a pesar de su mensaje de optimismo, el ex candidato a la presidencia estadounidense, al que Bush hijo robó la cartera, nos advierte de que en la lucha contra el cambio climático “se nos acaba el tiempo”.

Aquí en Andalucía, nos enorgullecemos de cómo se respondió a la caída del consumo interno provocada por la crisis, con un espectacular incremento de nuestras exportaciones, en España en general y en Andalucía en particular. Pero lo que no decimos en voz tan alta es que la gran mayoría de las exportaciones andaluzas son de productos derivados del petróleo, elaborados en los dos grandes focos industriales de la región, las refinerías de Huelva y Algeciras. Ambos polos concentran de hecho la mitad de toda la actividad industrial andaluza y generan más de 20.000 empleos.

Se trata, sin embargo, de una actividad industrial que choca de frente con el nuevo paradigma de la economía sostenible y las energías renovables, que se resume en la llamada 'descarbonización' de la economía, que no es otra cosa que el abandono de las tecnologías basadas en el petróleo que han dominado el mundo desde el nacimiento del siglo XX. El modelo de la mitad del negocio industrial de Andalucía está llamado a ceder protagonismo hasta hacerse marginal, sino a desaparecer en el medio plazo.

Nada de todo esto figura en el anticuado discurso del nuevo Gobierno andaluz, que, repito, se propone recuperar viejas ideas sobre favorecer la instalación de industrias generando incentivos fiscales, reduciendo trabas adminstrativas, y mejorando la interconexión entre las empresas y las universidades. El tiempo no corre sólo en cuanto al calentamiento global. También vuela en la carrera que cada país disputa para adaptar sus economías cuanto antes al cambio de paradigma, la 'descarbonización', que Gore define como la “Revolución de la Sostenibilidad”, que, explica, “tiene la dimensión de la Revolución Industrial, pero la velocidad de la Revolución Digital”.

Stephane Kasriel, máximo ejecutivo de Upwork, una plataforma que conecta una red de 12 millones de profesionales independientes con otra red de cinco millones de clientes y genera más de tres millones de empleos anuales, acaba de explicar en la reunión anual de Davos su visión de la evolución del empleo en los próximos 20 años. Y, entre otras claves, dice que “no habrá falta de empleos sino, de no adoptar las medidas necesarias, una escasez de personas cualificadas para ocupar esos empleos”. En el último Informe sobre el Futuro del Empleo del World Economic Forum, que organiza Davos, se asegura que “surgirán nuevas categorías laborales que desplazarán total o parcialmente otras existentes. Las capacidades que requerirán tanto los nuevos como los viejos empleos cambiarán en la mayoría de las industrias, y transformará como y dónde se trabaja”.

Es evidente que para hacer frente a este tremendo desafío Andalucía necesita urgentemente una estrategia industrial, que, además, debe ser osada y dirigida con brío y coraje. Implica entender la adaptación a ese nuevo mundo que ya está aquí como una tarea transversal, y no como la suma de actividades dispersas por distintas áreas de gobierno. Educación, Economía, Empleo, Medioambiente, Agricultura, Turismo, Industria …, y Hacienda para buscar la mejor manera de financiarlo, deben funcionar al unísono con ese objetivo: Diseñar políticas, no para ayudar a la sociedad andaluza a adaptarse a ese nuevo mundo, sino para que se coloque en su vanguardia.

El diseño del nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, sin embargo, no parece estar a la altura del reto que tiene por delante. Tampoco su discurso, que habla de auditorías del pasado en lugar de prospecciones sobre el futuro, de rebajas de impuestos en lugar de reasignación de recursos en función de nuevos objetivos que tengan en cuenta la realidad cambiante en la que vivimos. Ni Moreno ni su socio Marín parecen capaces de liderar Andalucía con la valentía que exige el tremendo cambio económico y social que ya ha comenzado.

Menudo lío. Reconozco que no lo entiendo. No se que pretende Juan Manuel Moreno Bonilla con semejante distribución de competencias entre sus consejeros.

Sólo dos de ellas, ambas del PP, tienen claro a que dedicar sus días sin tener que preocuparse mucho de no pisarle algún callo al resto de sus compañeros de Gobierno: Patricia del Pozo, a la que ha encomendado Cultura y Patrimonio Histórico, y Marifrán Carazo, que se hace cargo de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

El resto es un lío que no augura la eficiencia y eficacia prometida por el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Veamos. A Rocío Ruiz le corresponde hacerse cargo de las Políticas Sociales (antes Asuntos Sociales) y por tanto de temas tan claves para las familias andaluzas como la pobreza y sus riesgos y la Dependencia. También de las políticas de Igualdad y las de Conciliación, pero no de los dos ámbitos en las que dichas políticas se desarrollan, la familia y el trabajo.

Para cualquier acción que pretenda desarrollar en dichas áreas tendrá que contar antes con su compañero de partido Jesús AguirreJesús Aguirre, al que Moreno ha encomendado Salud, pero también Familias; y con la consejera de Ciudadanos Rocío Blanco que lo es de Empleo, Emprendimiento y Trabajo Autónomo.

Y ésta tampoco es que vaya a contar con mucha libertad de acción, que buena parte de estas competencias se solaparán con las de Rogelio Velasco, al que el presidente de la Junta ha completado su cargo de consejero de Economía, experto en creación de empresas (emprendimiento), con las áreas de Conocimiento, Empresas y Universidad. Y tampoco él las tendrá todas consigo, que además de chocar con las competencias de su compañera de Ciudadanos deberá andarse con ojo con no pisar las del independiente, pero popular, consejero de Hacienda Albero García Valera.

A éste Moreno Bonilla lo presentó como “una persona muy especialista en materia tributaria”, pero sin embargo ha decidido ¿adornar? también su cargo con las competencias de Industria y Energía, políticas ambas mucho más relacionadas con Economía que con Hacienda. Lo mismo ocurre con las otras dos competencias que se ocupan de las otras dos `industrias´, o grandes áreas de actividad económica que se quedan fuera del alcance de Velasco, el turismo y la agricultura.

La primera se la ha encomendado al titular de la vicepresidencia de su Gobierno, su socio Juan Marín, que deberá encontrar tiempo para la que ya es la principal industria andaluza, el Turismo, después de hacerse cargo desde el Ejecutivo de la reforma del tercer poder del Estado, la Justicia. Nada menos. Y además compaginar las relaciones del Gobierno con la Administración Local. Ah, que se me olvidaba, y de aplicar políticas de “Regeneración” de la vida política y administrativa.

Y ambos, Velasco y García Valera, tendrán que andarse con ojo con la consejera Carmen Crespo, que desde su experiencia en los entresijos administrativos adquirida en diversos cargos a lo largo de su dilatada dedicación a la política, como la Delegación del Gobierno en Andalucía conoce todos los trucos, y se hace cargo de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero también de Desarrollo Sostenible. Es decir las políticas medioambientales que, siempre chocan, y muchas veces son contradictorias, con las de energía, Industria, Turismo, y hasta la propia suya de Agricultura a causa de la necesidad de regular el uso del agua.

De hecho, con una concepción actual del principal problema económico, de fondo, al que se enfrentan las economías del mundo entero (Descarbonización y Globalización 4.0), el Desarrollo Sostenible no debería ser el segundo apellido de Crespo, sino el primero de Moreno Bonilla, que, como ya expliqué en este espacio, debería supeditar a él todas las ramas económicas de su Gobierno, Industria, Turismo, Energía, Empresa, Territorio, Fomento …

Ni siquiera el consejero fichaje estrella de Ciudadanos Javier Imbroda escapa a este batiburrillo de competencias, aunque el titulo de su Consejería suene sencillo: Educación y Deporte. No incluye ni la educación universitaria ni el conocimiento, que son de su compañero de partido Velasco.

Así pues, el gran amigo político de Moreno, Elías Bendodo, dispondrá, creo, de poco tiempo que dedicar a sus atribuciones de Administraciones Públicas e Interior, por muy importante que nos hayan dicho Moreno y Marín que es la reforma de la “gigantesca” red clientelar en que el PSOE ha convertido la Junta de Andalucía y su “administración paralela” a lo largo de las décadas. Desde su puesto de Consejero de Presidencia tendrá que poner sus cinco sentidos en templar gaitas, no sólo entre las dos tendencias políticas dentro del Gobierno que debe coordinar, sino entre el confuso revoltijo de competencias de los once consejeros. Unos consejeros que tenderán a defender sus terruños con uñas y dientes sin nisiquiera deberle a él obediencia por su mayor rango, que la vicepresidencia le corresponde a Marín, que tampoco es de su partido ni, por tanto del presidente Moreno Bonilla.

La atenta mirada del ex juez Francisco Serrano desde su escaño de Vox no es la principal amenaza para el futuro del Gobierno Moreno Bonilla. Si su composición tiene un propósito que vaya más allá de un reparto de competencias con las que contentar a su socio y a sus fichajes, yo me reconozco incapaz de captarlo.

Andalucía “es un infierno fiscal”. Eso aseguró Juan Manuel Moreno Bonilla, en el debate parlamentario de su investidura la pasada semana, para justificar su promesa de reducir los impuestos en cuanto tome posesión del cargo. La afirmación puede ser ocurrente, pero es desde luego contraria a la verdad. O al menos, si los andaluces sufren un “infierno fiscal”, los habitantes de otras comunidades autónomas soportan un ‘calor fiscal’ bastante más asfixiante, incluidas algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Según el “Índice autonómico de competitividad fiscal” publicado el pasado mes de diciembre, y recogido ampliamente por los medios de comunicación de todo el país, Andalucía ocupa el puesto 13 por su nivel de presión fiscal de las 19 comunidades autónomas. Seguida, por orden de menor a mayor, por Galicía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y, por último, Catalunya.

Este índice lo elabora la llamada Fundación para el Avance de la Libertad, un grupo de presión que, dicen de sí mismos, “representa en nuestro país los planteamientos de la libertad económica”, y son por tanto poco sospechosos de favorecer las tesis de la izquierda. Explican que su ránking de competitividad fiscal lo dirige la economista Cristina Berechet, y para elaborarlo “tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, y los impuestos establecidos por cada comunidad autónoma”.

No es éste el único informe que contradice la afirmación del nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo General de Economistas agrupa a todos los colegios profesionales de economistas de España y, por tanto,carece en este caso de adscripción política. Cuenta con un órgano específico para los asesores fiscales llamado Reaf, que elabora un estudio comparativo de los impuestos en todas las comunidades autónomas, y para el ejercicio 2018 lo presentó el pasado mes de febrero. Dicho estudio, “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018”, no deja lugar a dudas: impuesto a impuesto Andalucía no queda mal parada.

Impuesto a impuesto

Así, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Andalucía no es la que más recauda en ninguno de los distintos tramos de renta. En el tramo más bajo, 16.000 euros, es superada por Aragón, Islas Baleares, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, y Catalunya. En el tramo de 20.000 euros es superada también por Islas Baleares, Murcia, Aragón y Catalunya. Y en el de 30.000 euros lo es por Islas Baleares, Extremadura, Murcia, Aragón y Catalunya.

En los tramos medios no es tampoco Andalucía la comunidad que mas presiona los bolsillos de los contribuyentes. En los tramos de 45.000 y 70.000 euros, por ejemplo, Galicia, la comunidad que gobierna el popular Alberto Nuñez Feijóo, se suma también al ránking de los que recaudan más que Andalucía.

Ni siquiera en los tramos más altos de la tabla es Andalucía la que más dinero exige. Aquellas personas que declaran ingresos superiores a los 300.000 euros anuales pagan más en Cantabria y la Comunidad Valenciana que en Andalucía, igual que en el caso de los que declaran más de 600.000 euros. Y en ambos tramos de renta, en Andalucía se paga poco más que en Extremadura, la Rioja o Aragón.

Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales

Otro tanto puede decirse del impuesto que grava el patrimonio. Un patrimonio de 800.000 euros genera en el “infierno fiscal” andaluz un impuesto de 240 euros, frente a los 1.164 que se pagan en Aragón. De nuevo, también Islas Baleares, Catalunya, Extremadura y Comunidad Valenciana recaudan más que Andalucía. Exactamente lo mismo que ocurre con los patrimonios que superan los cuatro y los quince millones de euros.

Si Andalucía, pues, no es la comunidad autónoma que más grava la renta y el patrimonio de sus habitantes, tampoco lo es en el caso de los impuestos que gravan la transmisión de bienes, como en el caso de la venta de inmuebles no destinados a vivienda.

Así el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que un andaluz paga por vender un inmueble valorado en 150.000 euros es inferior al que se paga en Cantabria, en Catalunya, en Castilla La Mancha, en Galicia y en Valencia. Todas esas comunidades, y Castilla León, gravan también más que Andalucía para los patrimonios valorados en 450.000 y 500.000 euros. Y a ellos se suma además Asturias para el caso de inmuebles que superen los 750.000 euros. Es más, en todos los casos, Andalucía grava exactamente lo mismo que Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia. Y todas ellas sólo superan a Rioja, Canarias y Madrid.

Sucesiones y Donaciones

Pero el caso más llamativo es el del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que Juan Manuel Moreno Bonilla considera como el peor de los castigos de ese “infierno fiscal” y que, por lo tanto, ha prometido dejar sin efecto en Andalucía. La realidad es que ya es así para la inmensa mayoría de los andaluces, ya que tras su última reforma sólo se aplica a aquellas herencias que supongan ingresos superiores al millón de euros por heredero.

Tan es así que, según el Colegio de Economistas, por una herencia casi tan alta percibida en 2018, 800.000 euros, Andalucía es la única comunidad autónoma en la que los herederos no tendrían que pagar ni un euro. Incluso en Madrid, que presume de tener la menor presión fiscal de todas las autonomías, dicho heredero tendría que ingresar en el fisco 1.586 euros con cuatro céntimos. Y más de 81.000 euros en el feudo popular de Castilla León, o más de 15.000 en la Galicia de Alberto Nuñez Feijóo.

Otra cosa es el apartado de donaciones (las realizadas en vida) del impuesto. Este es el único caso en el que Andalucía es la autonomía que más grava a sus contribuyentes. Para el mismo ejemplo, 800.000 euros donados por su padre a un hijo de 30 años sin ninguna discapacidad, y sin un destino específico para esa donación, en Andalucía el perceptor deberá abonar a Hacienda 208.159,35 euros. En La Islas Canarias, la que menos lo grava, sólo 200 euros. Que se convierten en 2.000 en el caso de Madrid, y que va aumentando comunidad a comunidad hasta llegar a los 200.122 euros que pagaría un habitante de Castilla León, gobernada por el partido de Moreno Bonilla.

Presión fiscal

Visto lo visto, no es extraño que según los datos del Ministerio de Hacienda Andalucía esté, de hecho, en la parte baja de la tabla de la presión fiscal de los impuestos autonómicos, midiendo ésta tanto teniendo en cuenta los ingresos tributarios en relación al Producto Interior Bruto (PIB), como por habitante.

Así, si la presión fiscal media en España medida en términos de PIB era de 5,8 en 2015 (es decir, antes incluso de las deducciones introducidas en el Impuesto de Sucesiones), en Andalucía era del 5,5%, superior sólo a cinco autonomías (Galicia, La Rioja, Murcia, Castilla La Mancha y Canarias). E inferior, por tanto, al 5,7% de Madrid o al 5,6% de Castilla León, etcétera.

Más llamativo aún resulta al calcular los ingresos tributarios por habitante: sólo extremeños y castellano-manchegos sufren un menor “infierno fiscal” que los andaluces. Los 957,3 euros por habitante que la Junta de Andalucía ingresó en 2015 son un 27% menos que los 1.310 euros de la media nacional. Y están a años luz de los 1.808 euros por habitante que ingresó la comunidad de Madrid.

El análisis de los datos  no sustenta pues la afirmación de Moreno Bonilla de que los andaluces sufren un auténtico “infierno fiscal”, que él va a aliviar bajando el tramo autonómico del IRPF y acabando con el de Sucesiones y Donaciones.

Decepcionante. No porque se haya limitado a anunciar un Gobierno de buenas intenciones, con apenas medidas concretas, que también. Si no porque el discurso de investidura pronunciado por el candidato Juan Manuel Moreno Bonilla, ante el primer pleno de la nueva legislatura del Parlamento de Andalucía, ha sido sorprendentemente viejo y antiguo, tanto en el fondo como en las formas.

Él lo ha definido como el discurso del cambio que llega a Andalucía, incluso se ha definido así mismo como “reformista”. Pero de sus palabras sólo se puede deducir todo lo contrario: el más vetusto inmovilismo. Otra vez con que “el objetivo prioritario de mi Gobierno es el empleo”, otra vez con la “ventanilla única” para evitar trámites administrativos, otra vez con la “supresión inmediata del impuesto de sucesiones”, otra vez con la rebaja del IRPF, otra vez con “tarifas súper reducidas”, y claro, como no que es la derecha, otra vez con que se “abrirá a la colaboración público privada”. Etcétera, etcétera, etcétera.

El candidato Moreno ha hablado mucho de principios y casi nada de concreciones. Hacen falta reformas sí, pero ¿cuáles propone? En la parte de su discurso dedicada a  la economía sólo ha aportado generalidades: “Elaboraremos un proyecto de ley de promoción de la industria, y un plan de revitalización de la industria andaluza, fundamental para nuestra economía. Con especial atención a sectores clave como el agroalimentario y la industria aeronáutica”. Parole, parole, parole.

“Estableceremos una política de promoción comercial en el exterior ajustada a las necesidades de la economía andaluza, que promueva la captación de inversiones internacionales”. Parole, parole, parole.

“Impulsaremos una ley andaluza de innovación empresarial y transferencia de tecnología, que fomente la creación de empresas innovadoras para hacer de Andalucía una comunidad de innovación”. Parole, parole, parole.

Y al llegar al sector del Turismo, las palabras no eran ya generalidades vacuas, sino también sin sentido: “Impulsaremos la competitividad del sector turístico de Andalucía desde su calidad diferenciada y apostando por el talento y la rentabilidad”. Más parole, parole, parole.

Y cómo no, otro “plan estratégico de competitividad” para el sector primario que, “desde luego”, también apostará por la “investigación, la innovación tecnológica, la promoción de la formación y el relevo generacional”.

En definitiva, poco más de diez minutos, en un discurso de más de una hora, dedicados a hablar sin decir. Y sobre todo, ni una sola medida concreta para hacer frente a la revolución energética e industrial que la lucha contra el cambio climático trae consigo, también en Andalucía. Tiene razón el candidato Moreno cuando dice que es “necesario hacer reformas” y “hacerlas ya”, que es su “obligación hacer su parte por el cambio” ante “los andaluces”, que “piden decisiones”.

El ejemplo de Renault

Pongo un ejemplo que ilustra muy bien el tremendo reto al que nos enfrentamos. La fábrica de cajas de cambio que Renault tiene en Sevilla ha sido desde hace décadas uno de los puntales de la industria andaluza. Pero los coches eléctricos no necesitan cajas de cambio, así que los responsables políticos andaluces deberían estar, hace mucho ya, pensando en alternativas para un cambio de paradigma económico que ya se nos ha echado encima.

Pero ni una palabra sobre ello, tampoco sobre energía. Lo más que se acercó fue al asegurar, para finalizar la parte económica: “Y promoveremos una ley andaluza de la economía circular para favorecer la implantación progresiva en Andalucía del objetivo de desarrollo sostenible, y un modelo que tiene que ser respetuoso con nuestro medio ambiente”. Para arreglar tal exceso de palabrería explicó que “ahí tenemos un montón de fondos europeos por los que tenemos y, desde luego, vamos a pelear”.

El cambio de modelo económico, que sin duda será doloroso, y cómo piensa abordarlo, debería haber sido, señor Moreno, el eje de su discurso. Eso es lo que se esperaba de un líder joven que afirma contundente que “hay que ponerse manos a la obra sin más tiempo que perder”. Pues con la misma contundencia, señor Moreno, ha arrancado usted haciéndonos perder el nuestro.

Ya lo escribí en este mismo espacio. Susana Díaz ha perdido y se debería ir. Vale sí, formalmente ha ganado, pero de hecho ha perdido la Junta de Andalucía, de similar manera a la que el hoy registrador Mariano Rajoy perdió el Gobierno nacional.

Debería irse porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, y ella sabe bien que sin Andalucía y sin Catalunya será imposible obtener un buen resultado en las urnas cuando lleguen. No es creíble que los socialistas convenzan a los electores si las elecciones llegan con ella enfrentada, como lo está, a la cúpula de su partido. Por tanto, si Susana Díaz piensa de verdad en los intereses de su partido en particular y de la izquierda en general, sólo le queda una elegante retirada de la primera línea.

Con la extrema derecha de Vox llamando insistentemente a la puerta, su retirada es, en realidad, una obligación de conciencia. Agazaparse en su escaño de líder de la oposición con la esperanza de que la incompatibilidad de intereses electorales de Vox y Ciudadanos haga saltar por los aires su perverso acuerdo de Gobierno con el PP en Andalucía no es justificación suficiente para su permanencia.

No lo es, porque no sabemos quién deberá sustituirla, pero sí sabemos, nosotros tanto como ella misma, que los que un día le dieron su apoyo ya no confían en ella. Primero le negaron su confianza sus propios compañeros de partido en unas primarias nacionales, se la negaron después sus electores andaluces: Susana Díaz perdió 400.000 votos el pasado dos de diciembre con respecto a sus resultados de 2015, y siete puntos y medio del porcentaje del voto.

De hecho, Díaz no ha hecho sino perder apoyo electoral desde que asumió el liderazgo del PSOE andaluz, en relevo de José Antonio Griñán quien ya en 2012 ocupó el Palacio de San Telmo con el apoyo de IU tras un vuelco electoral histórico: Por primera vez en la historia, y única hasta ahora, el PP de Javier Arenas ganó las elecciones. Desde entonces, Susana Díaz no ha recuperado ese apoyo entre los andaluces, ha tenido que lidiar con la llegada de nuevos partidos y con la nueva situación política. Pero si entonces Griñán convenció a 1.523.465 andaluces (el 39,5%), el mes pasado sólo lo hicieron 1.009.243 (27,95%).

Eso es lo que lleva a que muchos líderes municipales de su partido prefieran no ver aparecer a su secretaria general por sus respectivas campañas electorales en las inminentes elecciones municipales. Eso es lo que lleva a los responsables nacionales del partido a pensar que, para evitar un desastre en las próximas elecciones generales su federación andaluza, la más importante y por tanto imprescindible para obtener un buen resultado, debe contar para entonces con nuevos líderes. Eso es lo que ha llevado a muchos dirigentes andaluces del partido a pensar que ha llegado la hora de retirarle su apoyo.

Más aún, perdida la Junta de Andalucía, ese gigante organismo vivo, Susana Díaz pierde la copacidad de repartir parcelas de poder. Al contrario, se enfrentará en unos días con docenas de ex altos y medios cargos que se habrán quedado sin trabajo y tenderán, con razón, a considerarla responsable de su desgracia.

Pensar que en esas condiciones Susana Díaz será capaz de movilizar a la izquierda en torno suyo para frenar a la extrema derecha es una quimera. Si Susana Díaz de verdad piensa en los intereses de su partido debe aceptar su destino e irse. Cuanto antes lo asuma, mejor para su partido y para la izquierda en general.

Ya no hay duda, la política andaluza se ha contagiado. Por mucho que Ciudadanos se empeñe en disimularlo, la extrema derecha acaba de entrar de lleno en la política española de la mano del ex juez Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. Su influencia va ya más allá de su capacidad para imponer su presencia en la Mesa del Parlamento andaluz, o para condicionar la acción de gobierno de un posible pacto entre el PP y Ciudadanos en Andalucía. Vox ya condiciona los discursos de todo los partidos españoles, sean estos de derechas o de izquierdas.

La política española ya no se entiende, como hasta ahora, sin la extrema derecha. La sombra de Vox ya oscurece las inminentes campañas electorales locales, autonómicas, generales y europeas. Nada de lo que ocurra en Andalucía en los próximos días y semanas en las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno del Parlamento y de la Junta podrá entenderse sin Vox, que también compite para buscar su lugar junto al sol en la cascada de elecciones que se nos viene encima.

De ahí el espectáculo de la lucha postelectoral de los partidos con mensajes cada vez más radicalizados, que encierra a Andalucía, y por ende a España, en la misma cárcel en la que el auge de los nacionalismos ha encerrado a democracias antes tan alabadas como las de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania...

Así pues, parece ahora ingenuo, sino arrogante, haber pretendido que la sociedad andaluza, con su larga historia de mestizaje, iba a evitar entrar en la prisión política en que se ha convertido el resurgir nacionalista del siglo XXI. Unos nacionalismos (ya sean éstos estatales, regionales, étnicos, o de clase) que transforman el debate en discusión y enfrentamiento, convirtiéndose así en una condena que impide la acción política, que incapacita a sus víctimas encerrándolas en un único pensamiento espiral del que parece imposible escapar.

El ejemplo de Almería

Los árboles de la visceralidad y el radicalismo alimentan un rencor que acaba por impedir ver la realidad de una sociedad totalmente alejada del bosque que pintan sus agoreros detractores. Valga como ejemplo Almería, esa provincia asustada con la “invasión” de “las hordas africanas” que ha olvidado como era y vivía hace apenas tres décadas. En 1981, once de cada cien almerienses era analfabeto, casi duplicando la media española que aún era de un elevadísimo seis por ciento (el dato se refiere a los que se declararon como tales en la elaboración del censo de ese año. Atendiendo al analfabetismo funcional, se considera que la media española era entonces del 25%).

Pero la generación de la violenta Guerra Civil ya ha desaparecido y, ley de vida, de la siguiente generación de la oscura y hambrienta posguerra cada vez quedan menos testigos y protagonistas. Parece que ni una ni otra ha sido capaz de impregnar sus vivencias, su memoria, en las mentes de sus descendientes. Unas nuevas generaciones que vuelven a abrazar las mismas falacias (ahora rebautizadas fake news) que condujeron a sus abuelos y bisabuelos al desastre de la guerra.

Unas nuevas generaciones, que pasan de las urnas que tantas vidas costó legalizar, o que acuden a ellas azuzadas por políticos nefastos, e iletrados en muchos casos, que en lugar de la palabra razonada, gustan de usar la traicionera navaja para imponer sus condiciones. Sí, es cierto, Andalucía ya no es la de aquella década de los años ochenta. Tampoco España. Pero en muchos aspectos parece estar deseando volver a aquellos tiempos en los que el país se envolvía en sus banderas.

En 1982, recién fracasado el golpe de Tejero, cuando el acceso a la Comunidad Económica Europea aún era un sueño para un país pobre anclado en su violento pasado, un desesperanzado Luis Buñuel acababa sus memorias “Mi último suspiro”, publicadas ese año, diciendo: “Nos rodean la debilidad, el terror y la morbosidad. ¿De dónde surgirán los tesoros de bondad e inteligencia que podrán salvarnos algún día”. Entonces, contradiciendo el pesimismo del cineasta, surgieron líderes españoles y europeos que supieron estar a la altura de las enormes exigencias del momento. Pero surgieron, sobre todo, por un pueblo español, como se decía entonces, que también supo reconocerlos y apoyarlos y al mismo tiempo ser exigente con ellos. A la ciudadanía española, como se dice hoy, es a quien en realidad nos toca ahora buscar y encontrar esos “tesoros de bondad e inteligencia” que nos salven de la oscuridad que nos envuelve.

No es que el exministro, exalcalde y exmagistrado Juan Ignacio Zoido respete poco a sus electores. Con su renuncia a ocupar el escaño del Parlamento de Andalucía que le otorgaron los casi 150.000 sevillanos que, ahora sabemos, le regalaron en balde su voto, demuestra que en realidad los desprecia. A ellos y a los también casi 750.000 que votaron al PP en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. 

Apenas si ha tardado diez días en demostrar que el futuro de los andaluces le importa un pito. Que es cierto que, con el beneplácito de Pablo Casado, su desembarco como número uno de la lista del PP por Sevilla, nada menos, sólo obedecía a su ambición personal por echar a Juan Manuel Moreno Bonilla y hacerse él otra vez con el control del PP andaluz.

Así pues, el desdeñoso Zoido debe ser el único político andaluz más decepcionado aún con los resultados electorales que la presidenta en funciones Susana Díaz. Él, que ya se veía por fin virrey andaluz, un sueño frustrado por Juanma Moreno Bonilla, elegido por Soraya Sáenz de Santamaría, conchabada con el otrora todopoderoso Javier Arenas, para descabalgarle de la presidencia del PP hace ya casi cinco años.

Su plan de asalto parecía cumplirse, saboreaba ya la miel de la venganza: el vaticinado descalabro del PP en las urnas se produjo, de hecho obtuvo uno de los peores resultados de su historia electoral en Andalucía. 

Pero la debacle, que iba a servirle para enseñarle a Moreno Bonilla la puerta de salida y abrirle a él de par en par la de la sede de la sevillana calle de San Fernando, no ha sido suficiente. Su plan no contaba con que ese mismo hartazgo de los andaluces que les hurtó los votos que se llevaron Ciudadanos y Vox, iba a ser el cabo al que se agarraría Moreno Bonilla para optar a la presidencia de la Junta y dejarlo a él con dos palmos de narices.

Ahora sabemos por qué la noche electoral el sevillano Zoido compareció ante las cámaras a los pies de su valedor Pablo Casado en Madrid, y no a la vera de su jefe directo Moreno Bonilla en la ciudad de la que fue alcalde, y a la que acababa de pedir el voto como número uno de la lista del PP. 

Un análisis benévolo es que Zoido prefiere ser cola de león si no va a poder ser cabeza de ratón, que renuncia a ser diputado en Andalucía para seguir siéndolo en el Congreso de los Diputados arrimado a la sombra de su amado Pablo Casado. Y le da igual que ello implique embaucar y engañar a sus electores sevillanos en particular, y a todos los andaluces en general. 

Otro peor pensado dice que si no es para ser otra vez presidente del PP andaluz, y por tanto su único líder, a Zoido no le merece la pena renunciar a los suculentos ingresos que obtiene como diputado en el Congreso con presidencia de comisión incluida. Ingresos muy superiores a los que obtendría como diputado en el Parlamento Andaluz. 

La realidad, posiblemente, es que ambos motivos estarán detrás de su decisión de, en definitiva, estafar a sus decenas de miles de electores a los que les prometió un deportivo descapotable a cambio de su voto y en su lugar les entrega un utilitario de segunda mano.

Una vez más se demuestra que es urgente el cambio de las leyes electorales españolas para acabar con las listas cerradas e instaurar en su lugar listas abiertas. De manera que cada candidato responda directamente ante sus electores, de manera que la renuncia de un candidato no suponga el ascenso automático del siguiente de la lista. Con ellas la sustitución del interesado Zoido exigiría la celebración de una nueva elección que debería organizarse sólo para ese escaño en su circunscripción.

Juan Ignacio Zoido no se merece el respeto de los andaluces a los que ha despreciado sin miramiento alguno. Y mucho menos el de los votantes del PP, a los que ha mentido comprometiéndose ante las urnas a representarlos con dignidad en la cámara parlamentaria andaluza.