“Tu escapada soñada comienza a bordo del Catamarán Helia 44. Descubre Ibiza y Formentera desde Santa Pola, explora calas inaccesibles por tierra y conquista la magia de nuestras islas”, describe un anuncio en Airbnb. En él aparece un yate de lujo con tres dormitorios y tripulación incluida para fondear en calas inaccesibles por más de 34.000 euros al mes. No tiene reseñas. Tampoco licencia turística. Es solo un ejemplo de un negocio en expansión que el Govern balear intenta frenar sin éxito y que ni siquiera el refuerzo de las inspecciones ha logrado contener.

“Balears arrastra desde hace años una sobredemanda de chárter náutico y un elevado nivel de intrusismo”. Son palabras de Eva Cokes, propietaria de una empresa familiar de chárter en Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La profesional de la industria náutica asegura que abundan los anuncios en las páginas web de embarcaciones que operan sin licencia “para actuar con fines lucrativos o con bandera extranjera”. Ahora, el Ejecutivo balear ha abierto dos diligencias previas contra Mcontra Lista Séptima (unión de un grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico) y otra contra Airbnb por el alquiler irregular de yates y barcos, como avanzó UH y han confirmado a elDiario.es fuentes del Govern.

Para entender el conflicto hay que a 2025, cuando el Gobierno central modificó, a instancias de la Marina Mercante, el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. La medida se pensó para zonas con escasa actividad de chárter, como Galicia, donde no resulta viable crear empresas específicas para unas pocas salidas.

Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en Balears. La norma prohíbe que los amarres concedidos para uso particular en los puertos de gestión autonómica puedan dedicarse al alquiler turístico mediante el cambio temporal de uso, actividad para la que exige expresamente su inscripción en la denominada Lista Sexta –categoría del Registro de Buques y Empresas Navieras reservada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos–. 

En 2025, el Gobierno modificó el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima para permitir que embarcaciones de uso privado operen con fines lucrativos hasta tres meses al año. Apenas unas semanas después, el Ejecutivo balear aprobó un decreto que, en la práctica, impide que el ‘Airbnb náutico’ opere en las islas

“Locales de moda y restaurantes”

Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a “locales de moda, restaurantes y zonas históricas” junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio. El exterior cuenta con “tres terrazas con cómodas camas para tomar el sol y relajarte tanto en la proa como en la popa y en la cubierta superior”. El precio para alquilarlo un mes entero en julio o agosto cuesta 34.024 euros. El yate cuenta con tres dormitorios, seis camas y tres baños, barbacoa y zonas de descanso. Pero no dispone de reseñas en la plataforma digital.

Mientras el conflicto regulatorio se enquista, el viaje a bordo del Helia 44 promete visitas a "locales de moda, restaurantes y zonas históricas" junto a una “tripulación experimentada”. “Además, podrás disfrutar de nuestras áreas comunes, incluyendo un espacioso salón y una cocina completamente equipada”, señala el servicio

Un anuncio similar en la misma plataforma ofrece un camarote doble en un yate con baño privado. Julio y agosto ya tienen las reservas casi al completo. El precio supera los 5.000 euros al mes, que es el tiempo mínimo que se puede alquilar este barco, anclado en el municipio menorquín de Ferreries, en Cala Galdana (Menorca). “Para subir y bajar del barco, te llevamos en nuestro bote a la playa o al muelle de botes cerca de Passatge Riu. Puedes saltar del barco para nadar en cualquier momento y disfrutar de las puestas de sol desde la cubierta de Arrow”, detalla el servicio. El yate cuenta con cuatro camarotes con ducha y baño en suite, mientras que la cabina y el salón se comparten con la tripulación y otros clientes, igual que los espacios de la cubierta. Sin embargo, el servicio ofrece espacio tanto en los armarios como en la nevera para cada cliente, según el anuncio. Este diario no ha encontrado anuncios similares en la web de Lista Séptima.

El embrollo legal

El reglamento aprobado el año pasado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua –Decreto 44/2025, de 1 de agosto, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo– fue recurrido mediante un recurso contencioso-administrativo por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. El objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal que permite a las embarcaciones de recreo llevar a cabo actividades comerciales durante un máximo de tres meses. Lista Séptima agrupa a propietarios de embarcaciones de recreo de uso privado, es decir, barcos que están pensados para uso particular y no para uso comercial.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), sin embargo, ha desestimado –en forma, no en fondo– el recurso mediante un auto en el que recuerda que la Sala, en octubre, ya había rechazado una petición similar por parte de otra asociación. En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el tribunal vuelve a poner el foco en el “potente interés público” de la normativa autonómica y rechaza suspenderla provisionalmente: por un lado, porque para conceder la cautelar debería apreciarse previamente la nulidad del decreto, y por otro, porque los actos impugnados “son idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados”.

El reglamento aprobado el año pasado por el Govern fue recurrido por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de Lista Séptima. Su objetivo es mantener la posibilidad de operar durante unos meses al año sin cambiar definitivamente de lista, amparándose en la reforma estatal

El alto tribunal autonómico argumenta que los posibles perjuicios derivados de aplicar el decreto balear serían únicamente económicos y, por tanto, “resarcibles”, además de “insuficientes” para contrarrestar el interés general “ligado a la inmediata ejecución de cualquier disposición de carácter general”. En este contexto, las ofertas consultadas a través de la plataforma global con sede en San Francisco se sitúan en el centro de un conflicto normativo todavía sin resolver.

El resultado es un escenario de inseguridad jurídica: mientras el Govern intenta cerrar la puerta al llamado “Airbnb náutico”, la normativa estatal sigue abriendo esa posibilidad. En medio, las ofertas activas en plataformas digitales continúan operando en una zona gris aún sin resolver.

La versión de Lista Séptima

Fuentes de Lista Séptima -la unión del grupo de empresas de los sectores náutico, legal, digital y turístico contra la que el Govern ha abierto dos diligencias basándose en el decreto autonómico- defienden que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), que es la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español, autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española.

En respuesta a la consulta de este diario, señalan que es “importante precisar que el decreto del Govern balear cuenta ya con cinco recursos contencioso-administrativos en su contra, al entrar en conflicto directo con la normativa estatal aprobada y en vigor”. La asociación de empresas del sector náutico afirma que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) es “la autoridad competente en materia marítima en todo el territorio español” y que es este el organismo que “autoriza explícitamente el alquiler de embarcaciones particulares en toda la costa española”.

Por tanto, si bien Lista Séptima reconoce que el Govern ha abierto dos diligencias en su contra basándose en el Decreto 44/2025, sostiene que el Ejecutivo balear “carece de competencias para invalidar una norma de rango estatal”. De hecho, tras más de un año intentando restringir esta actividad en las islas sin éxito, la propia DGMM “ha declinado avalar la posición del Govern balear, confirmando que se trata de una invasión de competencias estatales”.

La unión de empresas del sector náutico opina que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo “el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª, muy extendido actualmente y desde hace muchos años en todas las islas del archipiélago balear”. Por otro lado, señalan que abre una vía “a los propietarios de pequeñas embarcaciones privadas para obtener recursos de forma legítima que ayuden a la sostenibilidad, mantenimiento y mejora de sus embarcaciones”. Es un negocio que, asimismo, generará “ingresos públicos adicionales en forma de tasas, autonómicas y estatales, que podrán destinarse a políticas medioambientales de conservación del litoral”, argumenta Lista Séptima.

La unión de empresas del sector náutico señala que la normativa estatal es “muy beneficiosa para todos los intereses implicados” porque eliminará por completo "el alquiler irregular de embarcaciones de Lista 7ª"

En este sentido, afirman que, tras una “fase inicial de ajustes”, en estos momentos funcionan “con absoluta normalidad en todo el litoral”. Así, sostienen que cumplen rigurosamente con la legislación nacional, la cual ampara el arrendamiento “sin excepciones por comunidad autónoma”. Sin embargo, con la finalidad de evitar conflictos administrativos, aclaran que han optado por “no publicar anuncios en puertos de titularidad autonómica en Baleares”. “No obstante, seguimos operando con total legalidad y bajo el amparo de la DGMM en los puertos de interés general (estatales), tales como Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y el Puerto de la Savina y en los puertos privados que permiten la actividad”, aseguran.

El choque entre la normativa estatal y la autonómica mantiene, por ahora, en una zona gris un negocio en expansión en el litoral balear. Mientras el Govern trata de limitar su actividad, parte del sector sostiene que no tiene competencias para hacerlo. El conflicto se produce en un contexto en el que la turistificación también se extiende al mar.

Durante años, Air Berlin se consolidó como una de las principales aerolíneas europeas, con miles de empleados y una amplia red de rutas por todo el continente, hasta que su elevado endeudamiento y la retirada del respaldo financiero de su principal accionista, Etihad Airways, precipitaron su quiebra en 2017. Su colapso dio lugar a un complejo entramado concursal y dejó más de 40 despidos y salarios pendientes de abonar en Mallorca, donde la empresa tenía fijada su sucursal española. Sin embargo, para cuando la Audiencia Nacional declaró nulo el despido colectivo, generando créditos por salarios de tramitación y reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania.

La operación llevó a varios de los trabajadores a exigir en los tribunales la recuperación de los fondos y que éstos fuesen destinados al pago de sus créditos laborales, pero, tras varios años de litigio, la Audiencia Provincial de Balears acaba de dar carpetazo a sus pretensiones: el tribunal considera que no se ha probado que la transferencia de 1.061.291 euros que la empresa efectuó para integrarlos en el procedimiento concursal alemán se realizara con intención de perjudicarles.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es y fechada el pasado mes de febrero, choca con lo dictaminado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, que consideró que el traslado del dinero debía rescindirse, ordenando que fuera devuelto a la sucursal española de Air Berlin para atender el pago de los créditos laborales. El juez apreciaba que concurrían los elementos necesarios para dejar sin efecto la operación, dado que ésta habría privado a los acreedores locales -los trabajadores- de la posibilidad de cobrar con preferencia. La Audiencia, sin embargo, corrige ese criterio: el tribunal sostiene que el traslado del dinero fue legal y se produjo dentro de las facultades del administrador concursal. Y va más allá: subraya que no basta con que los empleados resultaran perjudicados, sino que era necesario acreditar que la transferencia de los fondos se hizo con la finalidad de frustrar el cobro por parte de todos ellos.

Para cuando la justicia laboral declaró nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España, reconociendo indemnizaciones con prioridad de cobro, los empleados se encontraron con que el dinero ya no estaba: más de un millón de euros había salido de España rumbo al procedimiento concursal en Alemania

El origen del millón de euros

La procedencia del dinero en disputa añade, además, un elemento relevante: los fondos no procedían directamente de la actividad de Air Berlin en España, sino de otro concurso. La aerolínea tenía reconocido un crédito con privilegio especial en el proceso de quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto, impulsado en plena expansión económica, acabó acumulando deudas millonarias y sin tráfico suficiente para sostenerse, lo que condujo a su quiebra y posterior liquidación.

En ese proceso, Air Berlin figuraba como acreedor con privilegio especial sobre determinados activos: varias fincas cuya venta, en el marco del concurso de acreedores de CR Aeropuertos, le permitió recuperar más de un millón de euros con cargo preferente frente a otros acreedores. Sin embargo, lejos de quedarse en España, la cantidad se transfirió en 2019 a la cuenta del administrador concursal en Alemania, donde se tramitaba el concurso principal de Air Berlin. Un año antes de que, en 2020, se abriera el procedimiento concursal secundario en España. Este desfase temporal es el que la Audiencia Provincial considera determinante: el tribunal señala que la masa de bienes del procedimiento español solo incluye los activos que estaban en el país en el momento de su apertura. Y cuando ese momento llegó, el dinero ya había salido del alcance de los trabajadores y del propio concurso en España.

La aerolínea recuperó el millón de euros tras la quiebra de CR Aeropuertos S.L., vinculada a uno de los mayores iconos del despilfarro de la burbuja inmobiliaria en España: el aeropuerto de Ciudad Real

Sin empleo y sin cobrar

Para los empleados, el caso no era una cuestión técnica, sino de supervivencia. Tras el cierre de la sucursal en Mallorca, la aerolínea despidió a los 43 trabajadores de su sucursal española con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado. Sin empleo y con salarios pendientes en un contexto de incertidumbre prolongada, muchos vieron en la nulidad del despido colectivo la garantía de que, tarde o temprano, podrían recuperar lo que se les debía.

Parte de las cantidades pendientes se canalizó a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo público que cubre salarios e indemnizaciones cuando una empresa se declara insolvente: la entidad abonó a la plantilla más de un millón de euros, una cantidad que no llegó a cubrir la totalidad de las deudas reconocidas judicialmente. El resto quedó condicionado al resultado del concurso de acreedores en Alemania.

Siete de los trabajadores, algunos de los cuales llevaban décadas en la compañía, decidieron demandar a la compañía para reclamar la recuperación de los fondos transferidos a Alemania y el pago de sus créditos laborales, que en su caso ascendían a un total de 924.760 euros. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial responde precisamente a esa reclamación. En sus alegatos, los empleados sostenían que la salida del dinero había vulnerado la normativa concursal europea, en particular el Reglamento (UE) 2015/848: a su juicio, se habían trasladado fuera de España bienes que podían haber servido para atender sus créditos.

Alegaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio, frustrando, pese a que las deudas habían sido reconocidas judicialmente -e incluso con medidas cautelares como embargos preventivos-, la posibilidad de que sus créditos pudieran ser satisfechos en España en caso de que posteriormente se abriese un procedimiento de insolvencia secundario.

Los trabajadores reclamaban que la transferencia fuese anulada al considerar que había vulnerado la normativa concursal europea. Recriminaban que el movimiento se realizó de forma abusiva y en su perjuicio al frustrar sus posibilidades de cobro pese a que ya contaban con créditos laborales reconocidos judicialmente

Frente a ello, la administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria, sino al resultado de un procedimiento judicial en el concurso de otra sociedad -el de CR Aeropuertos-, limitándose a facilitar una cuenta para recibir el pago. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española, al señalar que también en Alemania cientos de trabajadores habían reclamado judicialmente sin que se hubieran podido satisfacer sus créditos. En esta línea, la aerolínea manifestó que los créditos laborales de los empleados españoles habían sido reconocidos en el procedimiento concursal alemán y que parte de ellos ya habían sido abonados a través del Fogasa.

La administración concursal de Air Berlin negó cualquier irregularidad y defendió que la transferencia no obedeció a una decisión arbitraria. Asimismo, rechazó que se hubiera producido un trato discriminatorio respecto a la plantilla española

Durante el desarrollo del procedimiento, el caso dio incluso el salto a Europa. Ante las dudas sobre la legalidad del traslado del dinero, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, encargado de tramitar el concurso secundario en España, decidió en 2022 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El magistrado planteó si el administrador concursal podía sacar bienes del país en esas circunstancias y qué activos debían integrar la masa del concurso secundario. La respuesta llegó en 2024 y acabó marcando el desenlace del caso: el TJUE avaló que el administrador del procedimiento principal puede trasladar bienes entre países incluso cuando existan acreedores locales con créditos reconocidos, siempre que no actúe de forma abusiva. Esa interpretación es la que ahora asume la Audiencia Provincial de Balears para cerrar la puerta a la reclamación de los trabajadores.

De los vuelos chárter a operar más de 140 destinos

Nacida como aerolínea chárter en 1978 y transformada años después en compañía de red con operaciones regulares en toda Europa, Air Berlin Air Berlin llegó a convertirse en uno de los grandes nombres de la aviación europea. Tras su salida a bolsa en 2006 y la compra de LTU en 2007, la aerolínea aceleró su expansión hasta situarse en la segunda compañía aérea de Alemania, solo por detrás de Lufthansa. En su punto álgido superó los 8.000 empleados, operó más de 140 destinos y transportó en torno a 30 millones de pasajeros anuales, combinando rutas de bajo coste con conexiones de medio y largo radio.

Mallorca fue uno de sus enclaves estratégicos. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa. Aunque su estructura en España era reducida -con una plantilla de 43 trabajadores, 41 de ellos en Mallorca, uno en Madrid y otro en Barcelona-, su presencia era fundamental para sostener el flujo turístico que alimentaba buena parte de su negocio. Durante años, Air Berlin fue una de las aerolíneas que transportó un mayor volumen de pasajeros entre Alemania y Balears.

Mallorca fue uno de los enclaves estratégicos de Air Berlin. La isla, uno de los principales destinos turísticos del mercado alemán, funcionó como base operativa clave dentro de su red, con múltiples conexiones regulares hacia Alemania y otros puntos de Europa

Una de las figuras clave en la consolidación de la aerolínea en el mercado turístico isleño fue Álvaro Middelmann, durante años la cara visible de Air Berlin en España. De origen alemán pero profundamente vinculado a Mallorca, defendió el papel estratégico de Air Berlin en Balears hasta los últimos momentos de la compañía. Su perfil público, sin embargo, no estuvo exento de polémica: continuas eran sus advertencias sobre el impacto que sobre la conectividad aérea podían tener determinadas políticas como la subida de tasas aeroportuarias: “Vamos a matar la gallina de los huevos de oro, que no es otra que el turismo”, llegó a aseverar en rueda de prensa.

Rechazo del catalán

Otra de las controversias más significativas la protagonizó a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: “La implantación de un idioma cuesta mucho dinero”, señaló en una entrevista con la agencia EFE. En otras declaraciones, el empresario calificó esa posibilidad de “económicamente inviable” y de coste “inasumible” en un contexto de aumento del combustible. Por su parte, el presidente de la compañía, Joachim Hunold, publicó un editorial en la revista Air Berlin Magazin en el que rechazaba la política lingüística del Ejecutivo balear -gobernado entonces por el socialista Francesc Antich- después de que éste le pidiera, al igual que al resto de aerolíneas que operan en Balears, “garantizar el uso de las lenguas oficiales de la comunidad”.

Una de las controversias más significativas protagonizadas por Air Berlin en Balears tuvo lugar a raíz de la negativa de la aerolínea a incorporar el catalán en su atención al cliente: "La implantación de un idioma cuesta mucho dinero", despachó el entonces director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann

Tras años de expansión, el modelo comenzó a resquebrajarse. La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. El declive no fue repentino, sino una caída lenta que comenzó a hacerse visible a partir de 2012. Cada vez más dependiente del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, Air Berlin fue perdiendo margen de maniobra. Cuando en 2017 la aerolínea emiratí retiró su apoyo, la estructura se desplomó: sin liquidez ni capacidad para sostener su operativa, la compañía entró en insolvencia.

El colapso

La aerolínea recibió un préstamo puente de hasta 150 millones de euros del Gobierno alemán para evitar un colapso inmediato del tráfico aéreo en plena temporada alta y mantener operativos los vuelos durante unas semanas mientras se buscaban compradores para sus activos. Finalmente, parte de su negocio fue vendido a otras aerolíneas como Lufthansa y easyJet en una liquidación que puso fin definitivo a su actividad.

La compañía comenzó a encadenar pérdidas, atrapada entre una deuda creciente y la pérdida de competitividad en un mercado cada vez más presionado por las aerolíneas de bajo coste. Tras la retirada del respaldo financiero de Etihad Airways -que llegó a controlar cerca del 29% del capital-, la estructura de Air Berlin acabó desplomándose

En 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizó el despido colectivo aplicado por Air Berlin a la totalidad de su plantilla en España. El tribunal constató que la aerolínea atravesaba una situación económica “insostenible”, con pérdidas millonarias acumuladas durante años y un colapso financiero que llevó al cese total de su actividad en octubre de 2017. La empresa alegó que no disponía de liquidez ni siquiera para abonar las indemnizaciones mínimas legales, extremo que quedó reflejado en las cartas de despido, en las que reconocía expresamente la imposibilidad de pago pese a generar el correspondiente crédito en el concurso de acreedores.

Con todo, la AN estimó parcialmente la demanda sindical y declaró nulo el despido colectivo al apreciar irregularidades relevantes en su tramitación. Entre ellas, la falta de entrega de documentación esencial a la representación de los trabajadores -en muchos casos facilitada en alemán sin traducir- y la insuficiente información sobre posibles operaciones de transmisión de activos o actividad a otras aerolíneas. El tribunal consideró que estas deficiencias impedían una negociación real durante el periodo de consultas y podían haber generado indefensión, lo que justificaba la nulidad del expediente, más allá de la grave situación económica de la compañía.

Un año antes, el 27 de octubre de 2017, el último vuelo de Air Berlin había aterrizado en la capital que le daba nombre tras 39 años de operaciones. La llegada de la aeronave fue seguida como un acontecimiento en Alemania, con trabajadores y aficionados concentrados en el aeropuerto de Tegel para despedir a la que había sido la segunda compañía del país. A bordo y en tierra, el ambiente mezclaba emoción y resignación: no era solo el cierre de una aerolínea, sino el final de una etapa para miles de empleados y para una compañía que durante años había conectado destinos clave como Mallorca con el corazón de Europa.

El 2025, el archipiélago balear cerró la temporada turística con varios récords. En los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa hubo más pasajeros que nunca. En el caso del primero, 33,8 millones; en el segundo, 4,2 millones, y en el tercero, 9,1 millones. En la última década, Mallorca ha aumentado un 42,3% el número; Menorca, un 50,1%, y Eivissa, un 41,1%. A pesar de que Menorca tiene 129 kilómetros cuadrados más que Eivissa, los movimientos por vía aérea son menos de la mitad que en la Pitiüsa del norte. Esto supone que, en diez años (2015-2025), el archipiélago pasó de gestionar 33 a 47,1 millones de pasajeros. Es decir, hubo un aumento del 42,8%.

“Al final, la estrategia de Aena es seguir ampliando frecuencias y crear nuevas rutas aéreas. El objetivo es sacar el máximo rendimiento a estas infraestructuras y alimentar la economía turística”, afirma a elDiario.es Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca y miembro de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma.

Por islas, Eivissa estableció su récord el 9 de agosto de 2016, con 336.038 personas, una cifra a la que se acercó el 13 de agosto del año pasado, cuando se estimó en 333.667 personas. Mallorca, en cambio, batió su récord en 2025, cuando el 4 de agosto hubo casi 1,5 millones de personas. Diez años antes, en el mismo mes de agosto, el pico se fijó en 1.423.534 personas. “Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces”, valora José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears) en Eivissa.

“Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas”, matiza. El aumento del movimiento de pasajeros en los aeropuertos no se ha visto reflejado de la misma manera en el pico máximo de personas que hay un mismo día en las islas, y que se calcula mediante el Índice de Presión Humana (IPH), que mide la carga demográfica real sobre el territorio.

“Si la densidad no ha aumentado, tenemos que suponer que algunas de estas personas son las mismas y sobre todo porque las estancias también son más cortas”, afirma Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. Menorca, en su pico máximo que se produjo en agosto de 2024, alcanzó las 231.254 personas. Sobre esta cuestión, Morgan sostiene que “además de las políticas de conservación del territorio que tiene, Menorca no es tan popular como Eivissa”. “Menorca no tiene el reclamo turístico de la fiesta sino que es un destino más enfocado a disfrutar de la tranquilidad del paisaje”.

“Todo esto es insuficiente para rebajar la sensación de presión en nuestros territorios insulares, en todos, además”, asegura Roselló. El economista y empresario analiza que el año pasado se produjo “un cierto punto de inflexión”. “El turismo internacional aumentó levemente y el nacional disminuyó palmariamente. En el caso de Ibiza, por ejemplo, (...) cayó el turismo alemán; el turismo británico fue un carrusel con meses sucesivos de subidas y bajadas, para al final casi quedarse igual; y el turismo internacional aumentó levemente”, explica.

Se han recuperado los niveles prepandemia e incluso con creces. Sin embargo, es un hecho que la estancia media de los turistas ha ido disminuyendo, lo cual compensa los movimientos de personas

José Antonio Roselló — Vicepresidente de la CAEB

Así, Roselló desgrana otro dato relevante que es lo que ha definido como la “cuarta nacionalidad”. “No es otra cosa que una amalgama de nacionalidades nuevas, que no son las clásicas, que empiezan a estar presentes en la isla, dándose el fenómeno de que muchos pocos hacen un mucho”. “Esta situación, que en unos casos es de caída y en otros de freno, ya se empezó a producir en algunos segmentos de turistas en 2024”, detalla.

Aumento de la crisis de vivienda

Entre 2015 y 2025, los aeropuertos de Balears han incrementado en un 42,8% el número de pasajeros. Sin embargo, lamenta Femenia, las nuevas ampliaciones en los aeropuertos del archipiélago amenazan con, en su opinión, aumentar “la crisis de vivienda y la turistificación”. El portavoz de la Plataforma señala que el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria), que desgrana el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, ofrece nuevas rutas aéreas que “agravarán la crisis de vivienda” en Balears. “Queremos transmitir una grave preocupación social ante las políticas aeroportuarias que impulsa Aena con el beneplácito del Gobierno y Govern”, afirman.

En el caso del aeropuerto de Palma se invertirán 622 millones de euros, dentro del conjunto de los casi 13.000 de inversión global, como informó este diario. En el caso de Eivissa, se prevé un gasto de 229,7 millones, lo que supone una ampliación de la infraestructura en un 30%, mientras que en el de Menorca se destinarán 170,7 millones y un aumento del 25 por ciento de la superficie del aeropuerto.

“Es una incongruencia porque no puedes prever una inversión de 622 millones de euros y esperar que no se incremente la capacidad del aeropuerto”, responde Femenia cuando se le pregunta sobre lo que decía la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la ampliación del aeropuerto de Palma. En este sentido, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas, lo cual ha supuesto, según su análisis, “una fuerte entrada del mercado extranjero”.

Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca, recuerda que desde 2022 se han abierto unas quince nuevas rutas aéreas con Palma (Zúrich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel y Bruselas

En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo. Este espacio natural también es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. “Depende de cómo sea la ampliación, podría darse una situación como la del aeropuerto de El Prat en Barcelona, donde hubo muchísima polémica porque el humedal de La Ricarda se verá afectado”, analiza. En el caso de la Pitiusa del norte, podría haber nuevos impactos acústicos o de contaminación.

Además, pese a que las inversiones aeroportuarias a menudo se venden como “remodelaciones para mejorar el confort de los pasajeros, así como mejorar en eficiencia energética y sostenibilidad”, según Femenia, se trata de “una estrategia de greenwashing porque es verdad que se mejora la eficiencia energética pero, realmente, el foco principal es el consumo energético de los aeropuertos, que viene del combustible de los aviones”. El aumento del número de vuelos se podría dar, dice el portavoz de la Plataforma, en temporada baja o media. “Estamos incumplimiento los retos de sostenibilidad”, lamenta, en el contexto de crisis climática. “La parte energética es bastante ínfima en cuanto al consumo energético total de los aeropuertos, pero les interesa más hablar de infraestructura que del coste [total]”, asevera.7

En el caso de Eivissa, el aeropuerto se sitúa dentro del Parque Natural de ses Salines, uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo

El incremento en el número de pasajeros prevé alcanzar los 36 millones para 2031 en el caso de Palma, tres millones más que en 2025. “Este hecho es responsabilidad directa del Consell [de Mallorca] y del Govern, que fomentan en las negociaciones de las ferias de turismo para la apertura de nuevas rutas aéreas”, advierte. “Esto ha supuesto una gran adquisición de propiedades por parte de fondos extranjeros, creando una presión más elevada del mercado y un incremento de los precios”.

De hecho, el 38% de las viviendas vendidas entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por ciudadanos no residentes, como informó este diario. “Un ejemplo paradigmático fue el vuelo directo entre Palma y Nueva York, que aumentó en un 300% la venta de vivienda de lujo en Mallorca”, destaca. Según los datos analizados por la Plataforma a través de Aena, también ha habido un incremento en las frecuencias con destinos ya existentes de Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros. Por estos motivos, la Plataforma pide limitar y decrecer en el número de vuelos y pasajeros; no abrir nuevas rutas; eliminar los vuelos nocturnos; prohibir los jets privados; eliminar las subvenciones a los carburantes de la aviación; frenar la promoción turística y promover la cogestión aeroportuaria entre el Gobierno y el Govern.

Sube el gasto turístico

Uno de los datos económicos más relevantes en lo que se refiere al turismo balear es que el gasto medio de los visitantes sigue aumentando. “Este es uno de los aspectos que más sorprende de manera positiva y que se da en todo el archipiélago, incluyendo incluso nacionalidades que experimentan caídas en los movimientos de personas”, sostiene Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa. El empresario considera que este aspecto tiene que ver con “el cambio de pautas de consumo” que se ha dado desde la pandemia. Es, en su opinión, “una especie de cambio de la cesta de la compra, donde han primado servicios y experiencias sobre la adquisición de bienes materiales”.

En este sentido, el vicepresidente de la patronal empresarial balear cree que se ha instaurado la idea de que “hay que vivir la vida” y eso explicaría que “aún cayendo una nacionalidad, como en Ibiza el caso de los alemanes, el gasto turístico aumente”. Esta tendencia, apunta Roselló, iría en la línea de lo que aspira una parte del tejido empresarial balear, en cuanto a “crecer en valor y no en cantidad”. “Esta tendencia ha empezado y de ahí la sorpresa sobre los datos del IPH (que mide la carga demográfica real sobre el territorio), aunque hay que ser cautos y esperar a tener una serie estadística más amplia y prolongada en el tiempo para sacar conclusiones”, matiza.

El combustible y el precio de los vuelos

En el contexto de la guerra de Irán, 53 países han unido fuerzas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Por otro lado, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha afirmado recientemente que a Europa le quedan “quizás seis semanas de combustible para aviones” y ha advertido que “pronto” podría haber cancelaciones de vuelos si los suministros de petróleo siguen bloqueados.

Esta situación podría terminar afectando a la temporada turística. “Estamos a las puertas de una temporada con una gran incertidumbre. Hay varias zonas de guerra en el mundo, lo que hace tambalear la economía de muchas familias y de muchos países”, afirma José Luis Benítez, presidente de Ocio de Ibiza. En este sentido, Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, aseguró en el programa Al Dia Pitiüses, de IB3 Ràdio, que “los incrementos de las tarifas y los costes se van a trasladar al cliente final”.

“Es innegable que, si suben las mercancías, suben los costes de transporte o suministros, evidentemente eso se va a tener que trasladar al precio final que tiene que pagar el viajero”, sostuvo. En su opinión, el reto es mantener la percepción que tiene el cliente de que “lo que paga se ajusta a lo que recibe”. “Ese equilibrio tenemos que salvaguardarlo de alguna manera, no solo como hoteles independientes cada uno de nosotros, sino como destino”, advirtió. Asimismo, cree que hay un tipo de turista “al que vamos muy encaminados en la isla, que es de alto poder adquisitivo, que no va a estar tan afectado por todas estas cuestiones geopolíticas y el incremento de costes y de precios”.

Roselló conoce bien determinadas zonas de Centroamérica, tras una experiencia laboral que pasó por México, República Dominicana y Costa Rica. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derrocó a Nicolás Maduro, ha generado efectos también en la industria turística. La nueva Doctrina Monroe que está aplicando Donald Trump en América Latina está golpeando especialmente a Cuba, que ha vivido una grave crisis de combustibles fósiles debido a su dependencia del crudo venezolano.

“Hay quién así lo cree y puede ser que acabe teniendo razón. Yo prefiero ser algo cauto y no incurrir en análisis tan ‘mecánicos’ y que parecen muy lógicos”, sostiene Roselló, preguntado sobre si Balears podría recibir más turistas debido a la delicada situación que hay en otros destinos turísticos. En su opinión, puede darse este fenómeno, pero también puede haber “efectos económicos en sentido contrario, como que la población de nuestros mercados emisores tienda de por sí a retraerse y veranear en su propio país, como elemento de prudencia”.

Asimismo, matiza que entre los fenómenos adversos puede darse que la evolución de los precios de los combustibles “vaya a más y esto encarezca el transporte y, por extensión, el precio de las vacaciones; o que simplemente haya dificultades de stocks en el tema del keroseno y esto obligue a ajustar trayectos, con su efecto directo en el turismo”. “En realidad, no sabemos nada y cada día desayunamos con una noticia que contradice la del día anterior”, advierte el vicepresidente de CAEB en Eivissa.

Apuesta por el segmento de lujo

Tras la crisis económica de 2008, y en medio de la crisis de la eurozona, el Govern conservador de José Ramón Bauzá introdujo cambios en la ley turística (2012), promovida por el conseller del ramo, Carlos Delgado (PP), y que supuso, según Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”, afirmó a elDiario.es.

Para Morgan, presidenta de Amics de la Terra, tiene “muchos impactos que son muy negativos”. “Aumento del precio de la vivienda, del consumo de recursos como agua y energía y transformación del suelo en las villas y mansiones de lujo que se convierten en grandes jardines tropicales, lo que también afecta a la biodiversidad”. Además, se produce un “aumento de emisiones, lo que afecta al cambio climático”. Por otro lado, lamenta que la gentrificación turística “afecta a toda la población”. “La más joven no puede planificar su futuro [en la isla] porque no tiene acceso a la vivienda”.7

El silencio de la sala lo rompe un murmullo colectivo. Cientos de bocas cuchichean, en el patio de butacas no cabe un alfiler. Cuando entra el hombre que todos esperan lo hace rodeado por una corte de treintañeros y veinteañeros, millennials y miembros de la generación Z, sus empleados de confianza. Le hacen fotos, tratan de tocarlo, alguien sube a la tarima para robarle un abrazo. A la escena le encajarían como un guante las trompetas de la Marcia trionfale de Aida. Yann Pissenem no es un personaje de la ópera que Giuseppe Verdi ambientó en el Antiguo Egipto, pero no resultaría descabellado nombrarlo faraón de la fiesta ibicenca. O, al menos, válido con plenos poderes. Suyo es el cerebro que ha tomado las decisiones que durante los últimos quince años han transformado de arriba a abajo el sector económico que condiciona la temporada turística –y la vida de los habitantes– de la isla.

No es caprichoso que la conversación que Pissenem mantuvo el pasado jueves con Pete Tong –mítico DJ y locutor de la BBC– en el International Music Summit –el congreso anual de la industria de la música electrónica que se celebra en Eivissa– causara tanta euforia. Pissenem habla poco en público y apenas concede entrevistas. La comunicación que acompaña a sus negocios está medida al milímetro. Sin ir más lejos, su responsable de prensa rechazó la posibilidad de que elDiario.es charlara con él unos minutos tras un acto en el que tampoco se abrió turno de preguntas entre el público.

El ocio representa un tercio del PIB ibicenco y Pissenem controla las tres discotecas más potentes de la isla: Ushuaïa, Hï, UNVRS. En 2010, cuando este francés apenas tenía canas en la barba y el pelo, su nombre y la marca de su primer negocio eran –casi– desconocidos. Ahora cuenta con 251.000 seguidores en su perfil de Instagram personal –su primer negocio, 1,6 millones– y más de mil quinientos trabajadores a sus órdenes. En 2024, The Night League –así se llama su empresa– repartió, según El Confidencial, 40 millones de dividendos por los beneficios acumulados durante los cinco años anteriores. Ni siquiera el COVID hizo temblar los cimientos de una pirámide basada en ofrecer música electrónica desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana durante ciento cincuenta días al año. De mayo a octubre no hay descanso para Pissenem.

Pissenem controla las tres discotecas más potentes de la isla –Ushuaïa, Hï, UNVRS– y da trabajo a más de mil quinientas personas

“Ibiza va a seguir siendo siempre Ibiza”

–¿Es la temporada demasiado larga?

Pregunta Pete Tong. Como si implorara una tregua, Yann Pissenem, que en un reportaje publicado por El Mundo en octubre de 2024 confesó que mientras sus discotecas ibicencas mantienen la música prendida él rara vez se va a dormir antes de las ocho de la mañana y se despierta más tarde las once y media, contesta:

–Me encanta el invierno en Ibiza. Para mí, a veces la temporada se me hace demasiado larga porque me gusta tener mi tiempo libre. La isla necesita respirar. Pero claro, que la temporada se alargue es bueno para mucha gente y es más fácil para mucha gente tener más trabajo. Es bueno para la industria y para la gente que viene aquí. Hay que encontrar un balance. Al final, la isla sigue llena hasta Halloween y hasta esa fecha se puede llenar una discoteca fácilmente. (...) La temporada va a ser muy buena, somos una destinación en mitad de Europa a la que puede venir fácilmente todo el mundo. Ibiza va a seguir siendo siempre Ibiza.

Colapso sobre la arena

Sin disimular su acento francés, Pissenem razona de forma muy fluida en inglés, la misma lengua que enseñaba su madre –profesora de idiomas– y en la que se comunica la industria de la electrónica en Eivissa. El empresario también podría hablar en castellano: vivió en Barcelona de 1994 –cuando llegó para estudiar una carrera que no terminó: Turismo– a 2008 –cuando se mudó a la isla– y aprendió a jugar al Monopoly del ocio nocturno “trabajando de camarero” y “organizando afters” que arrancaban cuando el sol ya estaba alto en el cielo.

A los treinta y cuatro –es de la quinta del 74–, Pissenem dio un volantazo: alquiló un bar de playa al final de Platja d’en Bossa, no muy lejos de Space, la discoteca más famosa del momento y donde él recuerda “una de las mejores fiestas” que disfrutó en una de sus primeras a la isla donde años después nacerían sus hijas. Pissenem ha contado alguna vez que en su nueva vida quería dedicarse a servir zumos y tostadas con aguacate, pero, por lo que sea, en aquel negocio playero se dedicó a imitar lo que ya ocurría en otros chiringuitos de la costa: bafles, beats, copazos; una farra sobre la arena. Sus caseros eran los portadores del apellido más poderoso en el microcosmos ibicenco.

–¿Tu socio era la familia Matutes?

Le pregunta Pete Tong.

–Exacto. Yo les alquilaba el beach club.

Responde Yann Pissenem.

–¿Ya se llamaba Ushuaïa?

–Sí, porque aquel rincón de la playa era como el fin del mundo, por eso lo llamé Ushuaïa.

–¿Cómo te diste cuenta de que aquello tan especial se podía convertir en algo más grande?

–Antes de ver al DJ a las tres o cuatro de la mañana dentro de una discoteca, la gente quería disfrutar de una fiesta al aire libre después de comer. Cuando la cola que se formaba era muy larga, larguísima; la playa se empezó a colapsar algunos días y empezó a haber jaleo. Tuve problemas con mi socio: había un hotel detrás, un dos estrellas, de los de todo incluido. Sufrí presiones.

Yann Pissenem no se dejó aplastar. Se reunió con los Matutes, hubo “buenas conversaciones”, “cooperación” y una mudanza para evitar “problemas legales”.

El 28 de mayo de 2011, el hotel Fiesta Club Playa d’en Bossa –un complejo de bungalows– reabrió transformado en una discoteca diurna al aire libre con capacidad de pabellón deportivo: aforo de 7.886 personas. El recinto –rebautizado como Ushuaïa Ibiza Beach Hotel– seguía vendiendo habitaciones, pero en vez de alojar a familias hospedaba a clubbers. Los balcones se habían reconvertido en palcos VIP para disfrutar del sarao desde una atalaya. “Swedish House Mafia y Avicii fueron dos de los primeros grandes nombres que se atrevieron a pinchar por la tarde”, le explicó Pissenem a Pete Tong cuando le preguntó en el IMS por aquellos comienzos. El éxito fue rotundo; los cambios en la manera de entender la fiesta ibicenca, profundos; los beneficios, pingües. Hace dos años, según El Confidencial, los Matutes recibieron otros 40 millones como beneficio de la actividad de Ushuaïa Entertainment, la sociedad que tienen a pachas con The Night League. La familia Matutes ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

A la alianza no le faltaron detractores desde el primer momento. Dos ejemplos claros son los Farré, dueños de Amnesia, o la Asociación Noches de Ibiza, dirigida por Pepe Roselló, antiguo gestor de Space, antiguo inquilino de los Matutes: desde que apareció Yann Pissenem, un rey destronado. Amnesia ha acabado abandonando la patronal Ocio de Ibiza por la entrada de UNVRS, una competencia situada a apenas un kilómetro de distancia. Roselló ha sido más incisivo: según su punto de vista, sin la ascendencia política de Abel Matutes Juan –antiguo comisario europeo y ministro de Exteriores con Aznar–, las ambiciones de Abel Matutes Prats –su único hijo varón y principal valedor del francés ante el emporio hotelero– no se hubieran cumplido. Según una carta publicada por Roselló en el digital Noudiari, las influencias de los Matutes que beneficiaron sus proyectos con Pissenem se extendían tanto a derecha como izquierda.

Cuando abrió, Ushuaïa Beach Club Hotel lo hizo sin licencia de sala de fiestas, tal y como reconoció en la prensa local el alcalde de la época, Josep Marí Ribas, Agustinet. Así funcionó durante toda su primera temporada sin que la Administración tomase cartas en el asunto. El equipo de sonido sólo se apagó una tarde. La del 4 de septiembre de 2011. Fue en señal de luto por Abel Ureña, un temporero de veintiocho años que murió tras quedar en coma durante dos semanas después de que José Pereira Sousa, uno de los empleados de seguridad de la discoteca, le diera un puñetazo. El agresor resultó ser un prófugo de la justicia portuguesa que había entrado en la isla con identidad falsa: se llamaba realmente Paulo César Martins Baptista y le cayeron cinco años de condena por homicidio intencionado con la atenuante de “arrebato”. Supuestamente, golpeó a la víctima porque estaba flirteando con su novia.

Ni siquiera ante aquellos hechos violentos, el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia –gobernado por una coalición progresista que encabezaba Josep Marí Ribas, Agustinet, diez años más tarde, conseller de Territori con Francina Armengol en el Govern balear– decretó el cierre. En 2012, el mallorquín Carlos Delgado, conseller de Turisme con José Ramón Bauzá, aprobó una ley que sirvió como paraguas a las actividades complementarias de los hoteles. Es decir, a las fiestas junto a la piscina como las que ya celebraba Ushuaïa.

Lo que ocurrió durante el verano de 2011 fue la semilla de la que creció el imperio que gestiona actualmente Pissenem. En las temporadas sucesivas, ficharía a su compatriota David Guetta dejando tocado al grupo Pacha; finiquitaría la historia de Space para alumbrar en el mismo lugar la discoteca Hï; invertiría 8 millones de euros en “excavar y reformar desde los cimientos” el viejo Privilege; convencería a Will Smith para promocionar su nuevo juguete: la macrodiscoteca UNVRS.

Ushuaïa Beach Club Hotel abrió sin licencias, pero se vio beneficiado por la ley de turismo del PP de 2012 que sirvió como paraguas para las fiestas junto a la piscina como las que ya celebraba el recinto

Entrar este fin de semana al club nocturno más grande de Europa –aforo legal, 10.000 personas– son 160 euros. La tarifa incluye viaje en bus, pero no consumición. “Los costes son mucho más elevados ahora que hace veinte años, cuando empezamos a hacer las primeras fiestas. Intentamos lanzar 4.000 o 5.000 entradas a 60 euros, un precio asequible, y luego vamos ajustando: escalamos precios, optimizamos... Utilizamos muchas herramientas para calcular el precio de las entradas”, se justificó Pissenem en la charla del IMS.

‘Selfies’ con “el pez gordo”

Yann Pissenem suelta el micrófono y se levanta de la silla. Como suele ocurrir en el IMS, la charla ha sido a favor de obra. Pete Tong sólo le buscó las cosquillas cuando le preguntó por “el elefante en la habitación” de “las caravanas acampando ilegalmente en Ibiza: ”¿Cómo estáis lidiando con el hecho de encontrar personal, traerlo a la isla, darles visados...? ¿Has pensado en construir vivienda para los trabajadores?“. ”Sí. Pero tengo que ser mucho más rico para poder hacer eso“, contestó Pissenem antes de exhalar una carcajada.

Escapar del hall en el que se celebra el congreso de música electrónica –dentro del hotel de lujo que Mondrian tiene en la isla– es más complicado para el padre de Ushuaïa. Los admiradores bloquean la salida y el ídolo no rehuye el tête-à-tête: autorretratos, tarjetas de visita, manos que quieren tocar la camiseta negra que –como los genios de Silicon Valley– viste el francés.

“Yann Pissenem es el Steve Jobs del ocio nocturno”, sentencia Deniz Reno. Podría decirse que esta DJ y productora canadiense ha volado desde Toronto a Eivissa sólo para presentarse al empresario. Y no es una cualquiera: su música acumula cientos de miles de reproducciones en Spotify y, el verano pasado, el sudafricano Black Coffee –uno de los rostros que aparecen en los carteles con los que The Night League empapela media isla cuando se acercan las aperturas de las discotecas– pinchó uno de sus temas. Acercarse a Pissenem le ha permitido, de rebote, conocer a un abogado de Los Ángeles. Se llama Dorsey E. Hairston, está especializado en “representar a profesionales música dance” y ha viajado por primera vez a la isla con un objetivo entre ceja y ceja:

–Mi bufete se llama Safari porque este mundillo es una jungla. Un puñado de personas manejan todo el negocio, ¡es lo que hay! Para tratar con mis clientes tengo que tratar de entender qué es lo que hacen los tipos más exitosos de la industria. Cada día miles de profesionales envían correos para conseguir lo que he conseguido ahora: darle la mano y mi contacto a un tipo como él. Para eso he venido aquí. Ibiza es algo que se escapa de lo común, no hay otra escena de electrónica como la de esta isla.

–¿Ni siquiera en Las Vegas?

–Ni siquiera en Las Vegas.

“Siempre me han interesado menos las celebrities que se ponen delante de los focos”, añade Deniz Reno, “que los personajes que mueven los hilos en el backstage: ellos levantan la estructura para que todo el negocio funcione. Son constructores, los arquitectos de esta industria. De sus decisiones dependen cientos, miles de empleos. Yann Pissenem es como un big kahuna; el pez gordo. ¿Te has fijado que estaba todo su equipo aquí con él? Son los peces que nadan alrededor de la ballena”.

El aterrizaje del turismo estadounidense en Balears empezó siendo una promesa y es cada vez más una realidad que se impone. El perfil del turista de esta nacionalidad, muy atractivo para el sector por sus estancias largas y mayor capacidad de gasto, ha hecho que el archipiélago vire hacia una estrategia turística para captar a este visitante. La expresión de esta intención –que coincidía con un mercado cada vez más consolidado– tuvo lugar en el año 2022, con la apertura de una ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, para llegar a la ciudad que nunca duerme: Nueva York. 

Poco a poco, la nacionalidad ha ido acaparando un lugar cada vez más central en la promoción turística de las islas, en un momento en que la comunidad busca diversificar su tradicional dependencia del mercado europeo y parte de la ciudadanía estadounidense vive, simultáneamente, un desencanto con el panorama político de Donald Trump. Escenario que también ha provocado una regresión del turismo a la inversa: cada vez menos ciudadanos baleares tienen interés en pasar sus vacaciones en territorio estadounidense debido a las dificultades burocráticas que supone.

En datos, el mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en volumen pero, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del INE, EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. Sin embargo, donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 ya hizo el sorpasso al gasto británico–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa a Estados Unidos como sexto mercado en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. En términos absolutos, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. Por su parte, la comunidad autónoma en el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos, solo por detrás de Catalunya (especialmente por el tirón de Barcelona como puerta de entrada y destino urbano).

En 2025, los turistas estadounidenses dejaron 150 millones más que en 2024, cuando los norteamericanos ya se habían convertido en el primer mercado de Balears de fuera de Europa. El archipiélago es el segundo destino español preferido para los ciudadanos de Estados Unidos

La creciente demanda en la ruta Palma-Nueva York –el año pasado incrementó en un 30% sus plazas, en datos de Turespaña– ha hecho que la compañía aérea United Airlines haya decidido reforzar su apuesta por la conexión con aviones de mayor capacidad, más frecuencias -ahora hay entre tres y cuatro vuelos semanales- y un calendario de vuelos que abarca ampliamente la temporada (del 22 de mayo al 24 de octubre) y que se mantendrá este 2026, como adelantó Última Hora. 

Un mercado que se extiende a Eivissa

En cuanto a Eivissa –junto a Mallorca experimenta una demanda in crescendo desde Estados Unidos–, la temporada pasada el sector del lujo de la isla sufrió una tendencia de decrecimiento inesperada –en parte provocada por el aumento exagerado de precios y por la realización de reservas a última hora que impidieron una planificación–. Este sector del lujo se salvó por el gasto de turistas extranjeros, principalmente norteamericanos, que sí podían permitirse lo que se pedía por ciertos productos. 

Una trabajadora de la empresa de alquiler de yates Ibiza Boat Charters explicó a elDiario.es para este reportaje de 2025 que, a pesar del interés de los turistas en seguir viviendo experiencias, la carestía de los servicios en la pitiusa ya no estaban al alcance del turista medio (entre ellos, se encuentra el español), que había prácticamente desaparecido ya el año pasado en favor de otros con un poder adquisitivo más elevado. Especialmente el estadounidense, con muy buena fama entre los empresarios por sus propinas generosas, su fidelidad –cuatro de cada diez visitantes repiten– y una estancia generalmente superior a los siete días. 

El sector del lujo se salvó en Eivissa la temporada pasada gracias, en parte, al turista estadounidense

Eso no elimina, explica el investigador y profesor de turismo de la Universidad de les Illes Balears (UIB), Macià Blàzquez, el mercado europeo, que sigue siendo el principal músculo turístico de las islas: alemanes, italianos, franceses, holandeses, belgas y británicos, entre otros. En el caso de la pitiusa, los estadounidenses no pueden volar directamente, sino que lo hacen hasta Mallorca –a veces antes han volado a Barcelona– y luego cogen un vuelo interislas (de una duración de tan solo media hora) para saltar a Eivissa. 

“Menos cantidad, más calidad” turística

El intercambio hizo que el balance económico del sector se mantuviera el verano de 2025 casi en equilibrio: el pequeño porcentaje de turistas con alto poder adquisitivo estaba dispuesto a pagar los precios desorbitados de la isla y compensaba una bajada de demanda. En una estrategia por la que ya lleva apostando unos años el principal motor económico del archipiélago. Este interés se resume en la frase de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del Partido Popular (PP), en una entrevista reciente concedida a Forbes Woman: “Debemos crecer en valor y no en volumen para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos”.

La apuesta aparentemente transformadora por un turismo de mayor capacidad económica bajo esta premisa de “menos cantidad, más calidad” plantea interrogantes sobre sus efectos sociales y territoriales, en un contexto y un territorio donde el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo o la presión sobre los recursos son ya cuestiones centrales.

“Es un simple lavado de cara”, considera José Manilla, antropólogo urbano y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). El experto valora, además, que enfocarse tan solo a un cliente de alto poder adquisitivo tiene rasgos “discriminatorios” y contribuye a la desigualdad social. Otro factor para lo que es importante el mercado estadounidense es la desestacionalización. “Es interesante por eso y por su contribución al aumento en el gasto turístico”, subraya José Antonio Rosselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

La puerta a la inversión inmobiliaria

Pero el creciente interés en este nicho no puede entenderse solo desde el turismo, sino también desde la inversión y la atracción residencial, asegura Blàzquez. Ambos fenómenos están estrechamente conectados: el turismo actúa, en muchos casos, como puerta de entrada a procesos posteriores de compra de vivienda o inversión inmobiliaria. 

A esta conclusión llega tras un estudio realizado en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, en el que analizaron la relación entre actividad turística y mercado inmobiliario de las islas, especialmente a partir de la expansión de los alquileres turísticos desde mediados de los 2000.

A ello se suma el papel de la inversión extranjera directa en el sector inmobiliario, con un gran peso de capitales internacionales, incluidos los estadounidenses, en la adquisición de propiedades en Balears. El fenómeno se puede ver sobre el terreno, con las vistosas mansiones de famosos como Michael Douglas, Claudia Schiffer o la del entrenador Lionel Scaloni, en el Toro, en el municipio de Calviá. 

Este proceso se enmarca –detalla Blàzquez– en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. 

Otro factor clave: el cultural

Por otro lado, Balears aparece como un enclave especialmente atractivo, tanto por sus condiciones ambientales como sociales. El factor cultural influye mucho en esta atracción: los estadounidenses perciben en territorios mediterráneos como Balears una calidad de vida asociada a mayor seguridad, cohesión social y formas de vida más flexibles, lo que refuerza tanto el interés turístico como el residencial. 

“España es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, que podría ser equiparable a Suiza cerca de los Estados Unidos, sin tener la misma seguridad”, pormenoriza Blàzquez. Respondiendo a esta lógica –el interés por un visitante que, además de su gasto, interesa por su potencial como inversor o residente futuro–, el sector turístico se ha ido interesando, cada vez más, hacia este perfil de visitante. 

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

Se trata del mayor núcleo chabolista que se ha ido configurando en los alrededores de la urbe y también en la isla. Exceptuando el desahucio masivo de mil personas en un terreno privado de Can Rova el verano de 2024, muchas de ellas estafadas por un caseo pirata que les alquilaba parcelas por precios desorbitados para que instalaran sus caravanas, chabolas o incluso embarcaciones.

La escena se repite desde hace por lo menos un año y medio: residentes y empleados, algunos fijos y otros de temporada, se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas con sus propias manos por la falta de alternativas que deja la carencia habitacional en espacios abiertos del territorio insular. Se escurren entre las manos de instituciones y autoridades en la misma dinámica que siguen el ratón y el gato.

La mayoría de personas que hasta hoy han residido en sa Joveria, de origen saharaui, vivían antes en el antiguo asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, de donde también les echaron, en otoño de 2024, tras el abandono del fondo de inversión que lo poseía y después de que las autoridades municipales alegasen “suciedad” y el alquiler de chabolas en Airbnb para intervenir.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han irrumpido esta mañana en el terreno de sa Joveria a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial. Desde allí, se ve el castillo, símbolo de promoción turística en una isla -antes tierra de oportunidad laboral- cada vez más carcomida por las desigualdades sociales y económicas. 

“Cuando han entrado -los policías nacionales- parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed, trabajador del sector de la construcción, mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran: “El alquiler es muy caro: una habitación para una persona vale 750 euros al mes”. Su fuente de ingresos está ligado a factores variables que no dependen de la decisión propia, como la lluvia o los días festivos, cuando no se trabaja y por lo tanto, no se cobra. 

Llevan consigo tan solo su DNI -son de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias, continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida. 

Antes, habían estado viviendo en otro solar detrás de la central eléctrica de Gesa hasta que los echaron. Ahora se plantean medio en serio medio en broma buscar un trabajo de noche porque de momento dormirán en la calle: “¿Dónde vamos si no?”, se preguntan.

Una intervención pacífica

La intervención se ha desarrollado de manera pacífica, tal y como estaba previsto, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos. De las cerca de 400 personas que había inicialmente, quedaban unas 60 que han ido saliendo a cuentagotas. Sí se ha percibido el descontento de los ocupantes, que lamentan ser el foco de atención de responsables políticos y medios de comunicación solo “cuando son el problema, sin que nadie ofrezca una solución”.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora de la mañana a las oficinas municipales para gestionar el certificado de vulnerabilidad. Los agentes, a su llegada, han asegurado el perímetro y controlado los accesos a la finca para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas presentes, que debían retirarse y dirigirse a la carpa habilitada para los medios en la zona del aparcamiento, junto al acceso próximo al recinto ferial. Un punto que, por otro lado, carecía de visibilidad sobre el terreno público donde se encuentran una treintena de caravanas y autocaravanas -más cerca del colegio Can Misses- y que, como ha explicado el alcalde Rafael Triguero durante una comparecencia, se desalojará en los próximos días por incumplimiento de las ordenanzas, aunque no ha especificado cuándo.

El Ayuntamiento de Eivissa intenta desalojar el solar desde finales de 2024, cuando comenzaron a asentarse los primeros trabajadores -una de ellas, María, trabaja como limpiadora en el hospital, situado justo al lado-, mediante medidas disuasorias. Entre ellas, la instalación de un gálibo para impedir el paso de vehículos de más de cierta altura, que durante la jornada de hoy permanece abierto para facilitar la salida voluntaria, y la presión constante mediante la amenaza de multas. 

Al menos dos menores de edad

Cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras en la zona, comienza a respirarse cierta tensión, en torno a las once de la mañana. Un grupo de unas quince personas —una de ellas con un bebé en brazos— se reúne en un cercado dentro del terreno cuando dos policías se acercan y les comunican una noticia positiva, aunque temporal: por el momento, podrán seguir pernoctando en el lugar. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos para poder echarnos”, detalla Sara a elDiario.es.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En esta área, acordonada con grandes piedras, hay al menos dos menores, alguno de ellos adolescente. Los servicios sociales, presentes durante toda la mañana, no han podido concretar una cifra exacta.

El punto donde se encuentran las caravanas —que por ahora se han librado del desalojo— está separado por una valla del resto del terreno, de propiedad privada, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui. De allí han salido esta mañana tan solo siete personas. Una de ellas, un hombre marroquí que, mientras abandonaba el lugar, no podía contener las lágrimas ante la situación de precariedad en la que se encuentra.

Parte del asentamiento, en un solar privado

El desalojo de esta propiedad se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ayuntamiento a entrar, desmontar y limpiar el asentamiento, dado que la propiedad no disponía de medios para hacerlo. La actuación —establecía el juez— debía finalizar antes del 26 de mayo.

Ahora, el alcalde —que ha asegurado que ha sido uno de los momentos más difíciles de su mandato— ha detallado que el propietario deberá encargarse de retirar los enseres y escombros que han quedado en el solar (como palés y restos de chabolas), uno de los motivos que ha llevado a la intervención.

“Era una bomba de relojería”, ha añadido el edil, recordando un trágico suceso ocurrido hace años en el asentamiento: dos incendios simultáneos que acabaron con la vida de una persona. No ha sido el único episodio de este tipo en núcleos chabolistas de la isla, ya que en Can Rova 2 ocurrió algo similar.

Por ello, técnicos municipales de medio ambiente han accedido a la parcela para controlar la gestión de los residuos. Han encontrado electrodomésticos, placas solares, baterías, partes de cocinas y otros objetos peligrosos que suponían un riesgo tanto para el entorno como para las personas que residían en el lugar.

Ante la pregunta al equipo municipal —con la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, presente— sobre si se había valorado habilitar otro solar para ofrecer una alternativa habitacional a los desalojados, la respuesta ha sido afirmativa, aunque sin éxito: “La vivienda pública no se construye de la noche a la mañana”, ha señalado Triguero.

Por otra parte, ha asegurado que en el interior del ya desmantelado asentamiento de sa Joveria —donde hacia las 13.30 horas dos retroexcavadoras trabajaban en la demolición de cerca de un centenar de infraviviendas— había personas que cobraban entre 200 y 500 euros a otras en situación de necesidad. Unos hechos que la Policía Local prevé sancionar y para los que ya tiene identificados a los responsables.

Siete ubicaciones temporales de alojamiento

De momento, se han habilitado alojamientos de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares. Además, el Ayuntamiento ha detallado que existen actualmente diez expedientes abiertos en servicios sociales relacionados con personas que residían en estos asentamientos.

A lo largo de la mañana, técnicos de la UTS Eixample también estaban disponibles para atender a las personas derivadas desde el punto de atención y tramitar prestaciones en los casos necesarios, es decir, en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas trabajadoras con ingresos superiores —aunque insuficientes para acceder a una vivienda digna— deberán buscar alternativas por su cuenta.

A media mañana, una pareja abandona el lugar con varias maletas, mirando con el ceño fruncido a quienes fotografían su situación. Mientras la mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, procedente de la península, llegó a Eivissa con una vivienda. Entre tristeza e incredulidad por el cambio de la isla, se adentra de nuevo en el bosque, hacia un lugar ya vacío.

Adrián Amaya es uno de los residentes del otro lado que, por ahora, podrá quedarse. En su momento ya fue desalojado del problemático bloque de los Don Pepe, en Sant Josep, y ahora teme volver a verse en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado parcialmente el currículo de Educación Primaria aprobado por el anterior Govern de izquierdas. Aunque aquel texto ha sido sustituido por nuevas normativas, la sentencia fija un límite claro al margen autonómico: la asignatura de religión debe mantenerse como materia integrada en el currículo conforme a la normativa estatal.

El fallo, que estima parcialmente el recurso presentado por Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa, invalida el artículo 8 del decreto curricular -que no incluía la religión entre la relación de materias a cursar en la etapa de Primaria, quedando aquella regulada en una disposición adicional- y fuerza a la Administración a revisar cómo se configura la asignatura en los centros educativos. La resolución exige que su encaje normativo respete las condiciones fijadas por la legislación básica, lo que puede tener efectos en su organización dentro del horario escolar o en su tratamiento como asignatura.

Con todo, Escuela Católica ha anunciado que nuevas impugnaciones contra los textos educativos impulsados por el actual Ejecutivo del PP, al considerar que las modificaciones introducidas continúan sin ajustarse plenamente a la legislación vigente, tal como señala en un comunicado.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente en los centros y ser de elección voluntaria para el alumnado, en desarrollo del derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa conforme a sus convicciones. Este marco se apoya, en el caso de la religión católica, en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, y se extiende a otras confesiones -como la islámica, la judía o la evangélica- a través de otros acuerdos. En todos los casos, la Administración educativa está obligada a facilitar su enseñanza cuando exista demanda suficiente, lo que refuerza el carácter garantizado -aunque no obligatorio- de estas materias dentro del sistema educativo.

Un precedente reciente en Secundaria

En Balears, la resolución del TSJIB no es un hecho aislado. Llega después de que la misma Sala ya cuestionara el currículo de Secundaria balear por motivos similares. En aquella sentencia, dictada en abril de 2025, la máxima instancia judicial de las islas concluía que la asignatura había quedado fuera del currículo real: aunque el texto la mencionaba en una disposición adicional, no la incluía entre las materias que el alumnado podía cursar.

Para los magistrados, no se trata de un detalle técnico, sino de una vulneración del marco legal. La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su redacción vigente tras la LOMLOE, establece que la religión debe incluirse como área o materia, ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. Esta previsión se remite, además, al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, que exige que la asignatura se imparta en condiciones equiparables al resto de disciplinas fundamentales.

La doctrina del Supremo y el Constitucional

La sentencia del TSJIB se apoya en varias resoluciones del Tribunal Supremo en las que avala el modelo educativo derivado de la LOMLOE, estableciendo que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente como materia, aunque su elección sea voluntaria y sin necesidad de una alternativa evaluable. En la misma línea, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 34/2023, confirmó la constitucionalidad del sistema actual y subrayó que el marco legal garantiza tanto el derecho de las familias a la formación religiosa como el carácter no obligatorio de la asignatura. Esta jurisprudencia fija un equilibrio claro: permite a las administraciones educativas modular el tratamiento de la religión, pero no hasta el punto de eliminarla o vaciarla de su condición de materia dentro del currículo.

Según el TSJIB, el decreto balear incumplía estos requisitos al no integrarla como materia propiamente dicha, sino relegarla a una regulación secundaria que no garantiza su estatus académico. Aunque la sentencia se centra en un punto concreto del decreto, el conflicto es de fondo. Las entidades religiosas sostienen que la Administración ha tratado de reducir el peso de la asignatura en el sistema educativo, mientras que el Govern defendía que el decreto no excluía en ningún caso la enseñanza de la religión del sistema educativo. No en vano, la asignatura sí estaba contemplada en la norma a través de su inclusión en una disposición adicional -la cuarta-, en la que se regulaba su oferta y se preveía, además, una actividad alternativa para el alumnado que no optara por cursarla.

En esa línea, la Administración autonómica alegaba que la regulación impugnada no solo respetaba la legislación estatal, sino que prácticamente la reproducía. En concreto, defendía que el decreto se ajustaba tanto a la LOE como al Real Decreto 217/2022, que fija las enseñanzas mínimas de la ESO, incluyendo el modelo de oferta obligatoria de la asignatura y la organización de una atención educativa alternativa. El Ejecutivo también argumentaba que el diseño del currículo garantizaba el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, al establecer que el alumnado debía cursar obligatoriamente una de las dos opciones: Religión o atención educativa. De este modo, según el Govern, se evitaba cualquier situación de discriminación y se aseguraba el equilibrio entre quienes elegían la asignatura y quienes no.

El Govern defiende su modelo

Además, el Ejecutivo autonómico defendía que el modelo adoptado respetaba los principios de igualdad y seguridad jurídica, al alinearse con resoluciones previas y con la normativa básica estatal. En este sentido, invocó la necesidad de mantener una interpretación coherente con otros pronunciamientos judiciales y con el marco educativo vigente, insistiendo en que el decreto no vaciaba de contenido la asignatura, sino que la integraba conforme a los criterios establecidos por la legislación.

El TSJIB rechaza de forma clara la tesis del Govern y considera insuficiente que la Religión aparezca únicamente en una disposición adicional. Para los magistrados, esa forma de regulación no garantiza que la asignatura tenga el estatus de materia dentro del currículo, tal y como exige la legislación estatal. La sentencia subraya que no basta con reconocer formalmente su existencia: debe figurar de manera expresa entre las asignaturas que el alumnado puede cursar.

Lejos de ser un caso aislado, el conflicto en Balears se inscribe en una oleada de litigios en distintas comunidades autónomas sobre el encaje de la asignatura de religión en el sistema educativo tras la LOMLOE. En territorios como Catalunya, Cantabria o Asturias, los tribunales han avalado modelos que reducen su peso académico -por ejemplo, evitando que compute en determinados procesos o estableciendo alternativas no evaluables-, al considerar que no vulneran la normativa estatal siempre que la materia siga existiendo como tal dentro del currículo.

La diferencia en el caso balear, según el TSJIB, es cualitativa: no se trata solo de una reducción de su relevancia, sino de una configuración que la deja sin encaje real como asignatura. Al no figurar en el listado de materias que el alumnado puede cursar, la religión queda, en la práctica, fuera del sistema de asignaturas, lo que -a juicio del tribunal- desborda el margen autonómico y vulnera la obligación legal de incluirla como área en condiciones equiparables al resto.

El precio de la vivienda en Balears continúa desbocado. En marzo, el coste medio -tanto de obra nueva como de segunda mano- se disparó un 20,3% interanual, muy por encima de la media estatal (+14,7%), según los últimos datos publicados por Tinsa.

El archipiélago se consolida así como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. En términos mensuales, los precios también continúan al alza: en marzo subieron un 1% respecto a febrero, en línea con Canarias, dos mercados tradicionalmente influidos por la demanda extranjera.

A nivel estatal, el incremento fue incluso ligeramente superior, con una subida del 1,1% mensual, acelerándose respecto al 0,8% registrado el mes anterior. Este repunte se produce en un escenario marcado por el aumento de la inflación, vinculado en parte a la inestabilidad internacional y la guerra en Oriente Medio.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda acumula un incremento del 14,7% en el último año, situándose 11,1 puntos por encima de la inflación, lo que evidencia una creciente desconexión entre el mercado inmobiliario y la evolución de los salarios y el coste de la vida.

En Balears, la combinación de la presión turística, la expansión del alquiler vacacional, la escasez de vivienda pública y el peso de la inversión extranjera continúa reduciendo la oferta disponible para residentes, lo que está expulsando progresivamente a población local del mercado, dificultando tanto el acceso a la compra como al alquiler y agravando la brecha entre quienes pueden asumir los precios y quienes quedan fuera.

Bartolo Torres, ibicenco de 61 años, recuerda cuando Ku no solo era su discoteca favorita, sino también la de todos sus amigos: “Era la que más me gustaba, la más bonita de todas”. Corrían los ochenta y una casa payesa en el corazón de una urbanización, la del Club Sant Rafel, construida sobre una ladera, iba camino de convertirse en una de las discotecas –a techo descubierto con jardín, terraza y piscina– más cotizadas a nivel mundial. 

Pronto se convirtió en ambiente de rostros conocidos, desde Sara Montiel a Roman Polanski, pasando por el diseñador Jean Paul Gaultier. Su peak fue cuando, en el 87, Freddy Mercury y Montserrat Caballé tocaron el ‘Barcelona’ que después representaría las Olimpiadas. La fiebre por acudir al irrepetible espectáculo terminó colapsando la carretera principal de la isla.

Los ibicencos adoraban aquel local donde se mezclaban con el nuevo mundo que ya hacía décadas había empezado a aparecer en Eivissa y ahora empezaba a sufrir una transformación: el ocio nocturno cogía fuerza como principal motor económico y se profesionalizaba. Cada vez llegaba más gente a la pitiusa con ese propósito; el de liberarse en casas tradicionales convertidas en templos de la música disco y, cada vez más, de la electrónica. 

Ese era el escenario cuando los vecinos, no solo del núcleo de viviendas que albergaba Ku, sino de toda la isla, protestaron. No podían seguir soportando el ruido y la administración local tomó una decisión: había que cubrir e insonorizar todos los establecimientos. Esa misma norma cambió casi una década más tarde, en 2012, con la Ley Turística que la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) –agrupación de empresarios del West End, núcleo del turismo de borrachera en el municipio de Sant Antoni– pide ahora reformar al Govern, al Consell d’Eivissa y a los ayuntamientos insulares. 

La intención: frenar el intrusismo y la desregulación que, a su juicio, existe entre el ocio diurno y nocturno desde la proliferación de beach clubs y hoteles en zonas turísticas como Platja d’en Bossa o Sant Antoni que operan como espacios festivos, en ocasiones sin las mismas condiciones de control que las discotecas tradicionales. Incluso dentro de espacios naturales protegidos y a plena luz del día.

Estos establecimientos, exentos de cumplir las mismas condiciones de horarios, aforos o licencias que las discotecas tradicionales, alimentan a su juicio la masificación y generan una competencia desleal creciente en el territorio insular. Por ello, piden ahora un marco normativo “claro y equitativo” que diferencie las actividades y garantice igualdad de condiciones para los negocios que operan con licencia. 

La fiesta diurna: una guerra perpetua

La evolución de los saraos en Eivissa ha sido vertiginosa. No hacía mucho –antes de la llegada de los 2000– que el sector del ocio nocturno había empezado la guerra contra los after cuando inaugurado el milenio empezaron a consolidarse en la isla los primeros beach clubs, como el ya extinto Bora Bora. En ese contexto, y con la aprobación de la polémica ley de Actividades, nació en 2011, en este vértice de la isla junto al local con nombre de isla polinesia, Ushuaïa. 

En otro vértice, más al oeste –de la mano de la misma normativa– el británico Andy McKay daba forma a su propio proyecto, el Ibiza Rocks Hotel: un hotel-discoteca en cuyo escenario se empezaron a subir artistas del panorama anglosajón Ed Sheeran o The Kooks y que después tuvo su gemelo mallorquín, que terminó por claudicar. Poco después aparecieron a poca distancia, en la bahía de Portmany, negocios de carácter similar más centrados en el espectáculo.

Inaugurado Ushuaïa, impulsado por Yann Pissenem -también creador de UNVRS-, el modelo de ocio de la isla con grandes eventos musicales al aire libre ya había hecho click. La propuesta se consolidó rápido, al trasladar al horario diurno una oferta hasta entonces ligada casi exclusivamente a la noche. En 2013, con la inauguración de Ushuaïa Tower, la marca de Matutes reforzó su posicionamiento como marca global a la vez que cogía fama por su acogida de una ristra de los mejores dj’s del circuito internacional. 

David Guetta, Martin Garrix o Solomun, entre otros, han pinchado entre el humo, los acróbatas y el espectáculo de luces del recinto. A todo esto se sumaba otra novedad: los huéspedes del hotel accedían a las fiestas sin coste adicional, pero además se vendían –y siguen vendiendo– entradas para el público general que oscilan habitualmente entre los 40 y los 50 euros y, en meses como agosto, el pico de la temporada, llegan a superarlos.

El origen, los clubs al aire libre

Bartolo conoció el ocio nocturno cuando empezó a emerger sobre todo en su zona, en la de Sant Antoni, donde al principio tenía marcado el carácter local, pero empezaba a ser, a finales de los ochenta, mucho más heterogéneo. Espacios como el antiguo Star Club, más tarde reconvertido en Kaos y finalmente en el actual Eden, formaban parte de un circuito al aire libre frecuentado tanto por residentes como por turistas europeos. 

Los jóvenes de la isla, como él y su grupo, alternaban entre locales sin demasiadas distinciones, mientras que algunos operadores turísticos internacionales como Air Tours o el Club 18-30, que gestionó durante años el turismo británico –y donde se esconden los orígenes del turismo de borrachera que predomina hoy en el West End– comenzaban a canalizar a visitantes extranjeros hacia grandes discotecas. 

Entre ellas Ku (luego Privilege, ahora UNVRS) y Amnesia, bautizada por su fundador, el madrileño Antonio Escohotado, como Taller del Olvido, que empezaban a despuntar. Todas ellas seguían la arquitectura tradicional ibicenca y el perfil del público variaba según el local: británicos en estos tours nocturnos organizados, escandinavos en salas como Chuck Mule, o franceses, alemanes y holandeses en espacios como Es Paradís.

Aquel ecosistema encerraba propuestas más icónicas y otras más informales, como una discoteca en Cala de Bou con parrilla al aire libre por la que, recuerda Bartolo, si no pagabas entrada para el club no podías comer en el restaurante. “Luego también íbamos a las discotecas de los hoteles, todos tenían pista de baile, dj y hasta dos barras para retener a sus clientes”. Con el tiempo esos espacios fueron abandonados por los jóvenes y los aprovechaba la gente más mayor.

Algunas iniciativas, como el Éxtasis -otra casa payesa reconvertida en sala a la entrada de Sant Antoni- cerraron a finales de los 80 en un contexto de transformación y modernización. Con la profesionalización del sector en los años 90 y la irrupción de una nueva industria del ocio, muchos de estos espacios fueron desapareciendo o quedaron relegados. A mitades de la década, además, se consolidó el modelo de música electrónica junto al amanecer y empezaron a ganar popularidad negocios como Café del Mar, con música chill out y después más hard.

La fiebre por los ‘beach clubs’

El pasado y el presente se funden todavía a través de algunos locales que sobreviven pero han tenido que reconvertirse desde que la masificación es inminente. Fundado en la década de los 70 y convertido con el paso del tiempo en uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza, Sa Trinxa dejó de acoger el verano pasado sesiones de DJ en su ubicación de ses Salines para cumplir con la normativa del Parque Natural, como publicó El Periódico de Ibiza.

Sa Trinxa, uno de los chiringuitos más emblemáticos, dejó de acoger el verano pasado sesiones de DJ para cumplir con la normativa del Parque Natural de Ses Salines. La clientela organizó una campaña en Change.org que superó las 2.000 firmas en pocas horas en defensa de lo que consideraban un símbolo de la “diversidad cultural” y del “espíritu” de la isla

Esto provocó una rápida reacción entre parte de su clientela habitual: en apenas unas horas, una campaña en Change.org superó las 2.000 firmas en defensa de lo que consideran un símbolo de la “diversidad cultural” y del “espíritu” de la isla. “Dentro de un lugar como Ses Salines sólo debería haber naturaleza”, valora Naor Shaharabani, guía de senderismo y educador ambiental. “Se debería tener más conciencia acerca de cómo interferimos en estos espacios. Cada vez más se intentan instaurar limitaciones que protejan mínimamente nuestros entornos y a la gran mayoría esto les suena extremo”, añade.

El alto volumen de la música, igual que las luces por la noche, el ruido de los vehículos a motor, los humos y más factores impactan directamente en el comportamiento y salud de las especies que allí habitan. “Las medidas de protección no deberían verse como una pérdida, sino como una forma de preservar aquello que, precisamente, atrae de la isla”, añade el experto.

Desde el Govern recordaron que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de ses Salines —vigente desde 2005 y pendiente de actualización— prohíbe la celebración de fiestas, conciertos o eventos en este entorno protegido, incluso en establecimientos ubicados en suelo rústico o dominio público, salvo en casos muy concretos vinculados a actividades tradicionales o institucionales. No era el caso.

Una situación extendida a Formentera

Esto sucedía en junio y lo mismo ocurrió, en agosto, con el supuesto restaurante de Formentera Cala Dúo, que era más un chiringuito donde se organizaban fiestas que superaban los decibelios luego plagaban stories en Instagram. Por incumplimiento de la normativa, el Consell impuso a los propietarios una sanción de 150.000 euros: se cobraba entrada y, además, el aforo superaba las 50 personas, el máximo permitido, como pudieron comprobar los técnicos de la institución insular, los agentes medioambientales del Govern y la Policía Local de Formentera durante una inspección. 

Los socios son los que fundaron en 2012, en la zona de Ses Illetes (a solo un kilómetro, también dentro del Parque Natural de ses Salines), el famosísimo Beso Beach, que tardó poco en contar con un homólogo en Eivissa, en Cala Jondal [allí donde brotaron los primeros beach clubs, como Blue Marlin]. En ese mismo enclave se ve, verano tras verano, aparecer en las zodiacs procedentes de los yates a rostros tan conocidos como Jeff Bezos o Leonardo DiCaprio.

La asociación de Eivissa ha puesto como modelo a seguir esta actuación del Consell de Formentera y reclaman lo mismo para Eivissa: “Supondría una cascada de sanciones a establecimientos que incurren en irregularidades similares”. Para ello es necesario reforzar las inspecciones, establecer horarios diferenciados —regular el ocio nocturno entre las 22 y las 6 horas y limitar la actividad diurna hasta las 20 horas— y aprobar un plan específico contra el intrusismo. ¿El objetivo? Combatir las 25.000 nuevas plazas diarias aproximadas, parte de una oferta descontrolada con efectos en el mercado laboral, la vivienda o el medio ambiente.

“Parte del rechazo –de los turistas a las limitaciones– viene de una idea romántica de la Eivissa de ‘antes’ asociada a estos beach clubs y a una supuesta libertad sin límites. Es cierto que la isla ha cambiado (hemos virado a un lujo extravagante), pero por eso más que nunca es hora de establecer márgenes y dar prioridad a algunos aspectos que antes pasaban por alto, sobre todo habiendo un impacto demográfico y turístico mucho mayor que en el pasado”, observa Shaharabani.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 ha comenzado este miércoles, 8 de abril, y se prolongará hasta el 30 de junio. En el caso de Balears, los contribuyentes podrán aplicar hasta 24 deducciones autonómicas, un paquete fiscal que incorpora nuevas medidas y ajustes con especial foco en la vivienda -como la deducción por gastos asociados a viviendas okupadas-, el refuerzo de los incentivos al trabajo autónomo y la ampliación de los límites de renta en determinados supuestos, como familias numerosas o monoparentales, con el objetivo de extender el acceso a estos beneficios.

En concreto, los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas se mantienen, con carácter general, en los 33.000 euros en tributación individual y en los 52.800 de forma conjunta, mientras que en el caso de las familias numerosas y monoparentales los umbrales se elevan hasta los 39.600 y los 63.360 euros, respectivamente.

En estos momentos ya es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, mientras que el 6 de mayo se abrirá la opción de tramitar la declaración por teléfono y, desde el 1 de junio, de forma presencial, para las cuales deberá solicitarse cita previa. Estas son las deducciones que los contribuyentes pueden aplicarse en Balears:

Vivienda

En materia de vivienda, los contribuyentes pueden deducirse el 15% del alquiler de la vivienda habitual, con un límite máximo de 530 euros anuales, porcentaje que se eleva al 20% con un máximo de 650 euros en determinados colectivos, como jóvenes, personas con discapacidad o familias con cargas. Para los propietarios que alquilan, se permite deducir hasta el 75% de determinados gastos asociados al arrendamiento, con un límite de 1.500 euros, mientras que las inversiones en mejora de la sostenibilidad de la vivienda pueden beneficiarse de deducciones que alcanzan hasta el 50% del gasto realizado, dentro de los límites establecidos.

La principal novedad de esta campaña es la creación de una deducción específica para propietarios afectados por la ocupación de viviendas o por la suspensión judicial de desahucios por vulnerabilidad. Esta medida permite deducir hasta el 40% de los gastos asociados al inmueble, con un máximo de 500 euros, incluyendo costes como tributos, suministros, gastos comunitarios o procedimientos judiciales siempre que estén debidamente acreditados.

Educación y familia

El bloque de educación incluye deducciones por libros de texto -que pueden alcanzar el 100% del gasto con límites por hijo-, por clases extraescolares de idiomas -con porcentajes en torno al 15% y topes específicos- y por estudios superiores fuera de la isla de residencia, con deducciones que pueden llegar hasta los 1.800 euros anuales en determinados supuestos.

En el ámbito de la familia y la conciliación, las deducciones por nacimiento o adopción alcanzan los 800 euros por hijo, cifra que puede incrementarse en casos de discapacidad. Los gastos de guardería o cuidado de menores permiten deducir el 40% del coste, con un máximo de 660 euros anuales. Las familias numerosas pueden aplicar deducciones de entre 400 y 800 euros, según categoría, mientras que las monoparentales cuentan con beneficios similares. Además, los contribuyentes con discapacidad pueden acceder a deducciones de hasta 150 euros, que aumentan en función del grado reconocido.

Empleo y actividad económica

El tercer gran bloque es el de empleo y actividad económica, donde Balears ha reforzado los incentivos al autoempleo. Se mantiene la deducción de hasta 1.000 euros por inicio de actividad para nuevos autónomos, así como una deducción del 30% de la inversión en empresas de nueva creación, con un límite de 6.000 euros. También existen beneficios para quienes ocupan puestos de difícil cobertura, con deducciones que pueden alcanzar los 2.000 euros en función de las circunstancias.

Junto a estos ejes principales, el sistema autonómico incluye otras deducciones más específicas, como las vinculadas al mecenazgo, que permiten deducir entre el 15% y el 25% de las donaciones, o las relacionadas con situaciones de emergencia, que contemplan deducciones variables según el tipo de ayuda percibida.

En conjunto, el diseño de las deducciones en Balears refleja una doble lógica: por un lado, aliviar la carga fiscal en ámbitos sensibles como la vivienda o la crianza; por otro, utilizar el IRPF como herramienta para incentivar determinadas políticas públicas, desde el acceso al alquiler hasta el impulso del trabajo autónomo o la fijación de población en el territorio.

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos que reciban anualidades por alimentos. Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad a nivel estatal, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Pago por Bizum o fraccionado

Si la declaración es a pagar, se podrá domiciliar el abono, hacerlo por tarjeta o a través de Bizum. Se podrá fraccionar en dos pagos: el primero del 60% del importe al presentar la declaración y el segundo del 40% que si también se domicilia se pagará el 5 de noviembre.

En el caso de que salga a devolver, la Agencia Tributaria tiene de margen hasta el 31 de diciembre para efectuar los reintegros sin intereses.

Siete años de trámites burocráticos, quejas de la ciudadanía y las necesidades de una isla con una red de transporte público deficiente han llegado, este 1 de abril, a su fin. La nueva flota de autobuses para Eivissa circula desde entonces por las carreteras insulares, con 62 líneas nuevas y más de 60 vehículos —entre eléctricos e híbridos— de la marca china Yutong, que prometen recorrer más kilómetros, reforzar las conexiones entre núcleos urbanos y mejorar el servicio durante todo el año, y no solo durante los meses de verano con el pico de la temporada turística, como hasta ahora.

Paralelamente, y a la espera de ver consolidado el nuevo sistema, los pasajeros recuerdan los años de deficiencias: asientos rotos, sistemas de climatización averiados y, sobre todo, suciedad, problemas que han generalizado una sensación de malestar durante los trayectos. “La falta de higiene es evidente, incluso a primera hora de la mañana, y la flota está generalmente en muy mal estado”, denuncia Nieves, una residente. “Me fastidia mucho la conexión —por lo menos la que había hasta ahora— entre Sant Antoni y Santa Eulària; ya no te digo a es Canar”, donde vive su hija y es casi imposible llegar, lamenta. La renovación, añade, era “necesaria”.

“Yo ahora hace tiempo que no cojo el bus, pero los últimos que he cogido ya eran nuevos y desde Vila salían muy puntuales”, asegura Conchi, otra ciudadana de 60 años que cuenta con la tarjeta gratuita. La primera jornada de estreno de los vehículos se desarrolló con un caos que, se espera, no sea muy duradero. Sobre todo, por la supresión de la línea que conectaba es Cubells con Cala d’Hort y que ha dejado desprovistos a varios usuarios.

Una titánica inversión de 88,8 millones

La “transformación integral” —como la ha calificado el Consell— se produce después de que la institución insular haya hecho una inversión de 88,8 millones de euros en el servicio, adjudicado a la empresa de transportes ALSA por un periodo de diez años. La nueva red de autobuses se estructurará en dos grandes áreas. La primera —correspondiente al primer lote de la adjudicación— abarca el entorno metropolitano de Vila, con 17 líneas urbanas gestionadas por 38 autobuses eléctricos, que podrán recorrer más de 1,8 millones de kilómetros al año y dar servicio a casi 1,9 millones de pasajeros, según las estimaciones del Consell.

La segunda área (el Lote 2) cubrirá el resto de la isla, con 44 líneas y 62 vehículos que, en conjunto, sumarán más de cuatro millones de kilómetros anuales y atenderán a cerca de cuatro millones de viajeros, ampliando así la cobertura y la conectividad de un sistema hasta ahora limitado en invierno y en las zonas periféricas. 

La renovación implica la desaparición total del sistema anterior, con cambios en nombres, rutas y horarios. Lo que, de momento, solo ha generado confusión entre los usuarios que para facilitar la adaptación [dice el Consell] pueden consultar la información a través de la aplicación Alsa Mobi4U o mediante la web del servicio, que permiten conocer en tiempo real la llegada de los autobuses. Aunque ciertos sectores poblacionales, como la gente de avanzada edad, desconocen del uso de estas herramientas. Además, los nuevos vehículos serán accesibles, dispondrán de wifi, puntos de carga USB y sistemas de información a bordo, presume el Consell.

En esta línea de transformación 2.0 también se puede, desde el pasado 1 de abril, pagar con tarjeta y adquirir los billetes en máquinas y canales digitales. Una reclamación que sí habían hecho los ciudadanos y que ya se incorporó hace unos meses en la línea del aeropuerto con Sant Jordi y la ciudad de Eivissa.

Quejas por “insalubridad”

Usuarios y trabajadores que pusieron a finales del pasado verano el foco sobre la “insalubridad” de los autobuses, como publicó El Periódico de Ibiza, esperan ahora que con la reforma también se dé una transformación en los hábitos de higiene. Sobre todo, en la línea 8, que conecta Vila, Sant Josep y Sant Antoni y es una de las más frecuentadas de la isla. 

Los pasajeros llevan años denunciando la precariedad de los vehículos, con sistemas de climatización averiados, filtraciones de humedad y acumulación de basura, entre otros. A estas deficiencias se suman (o sumaban) retrasos constantes en las rutas, marquesinas en mal estado que en los meses más calurosos hacen tortuosas las esperas o aglomeraciones [debido a estos retrasos] que hacen incómodos los desplazamientos, especialmente en hora punta.

En el momento pico de las quejas estaba previsto que la nueva concesión se pusiera en marcha el pasado 1 de noviembre, cuando -prometía la administración- se produciría un “cambio radical” en el servicio. Al confirmarse en otoño el retraso de la modernización de los autobuses -que se llevaba años postergando- el PSIB criticó que el Consell había prometido el nuevo servicio por primera vez en 2022. 

La institución, en respuesta, aclaró que había habido dos paralizaciones en el procedimiento de adjudicación debido a la presentación de dos recursos. “Los contratos estaban caducados desde hace 15 años y ahora que hemos conseguido materializar la adjudicación, la renovación es importante”, señala el conseller de Movilidad, Mariano Juan. 

La más importante es la electrificación, añade ante elDiario.es. El nuevo servicio de transporte público forma parte -señala el conseller- de un proyecto mucho más amplio: “Un plan de adecuación de la capacidad de carga de los servicios insulares para la población residente y la visitante”. Desde el Consell reconocen que hasta ahora la red de transporte “no estaba a la altura de una isla como Eivissa” y por eso impulsaron -antes de lanzar la nueva flota- un paquete con 20 mejoras en las líneas para una mayor cobertura y frecuencia.

Un incendio a finales de 2023

A las críticas generales, en 2023, se sumó la presentación de unos vehículos que el Ayuntamiento de Almeida, en Madrid, había descartado por contaminantes. Así como la instalación de 190 tótems inteligentes en varias paradas —con un código QR que debía enlazar con la página informativa de movilidad— y que presentaron desde el primer día problemas de conectividad. 

De hecho, actualmente continúan inoperativos. Esta última medida estaba incluida en el proyecto Ibiza Smart Land, contratado a través del organismo estatal Red.es, y prometía ser el inicio de la modernización del sistema.

En diciembre del mismo año, un incendio de un autobús de transporte público que cubría la línea 3, entre Sant Antoni y Vila, obligó a evacuar a todos los pasajeros a bordo. Afortunadamente, no hubo daños personales, pero el suceso se enmarcó inevitablemente en un contexto de vehículos envejecidos y fallos de mantenimiento y actuó como detonante de la necesidad urgente de renovar la flota. 

Pese a que autoridades y empresas insistieron en su carácter fortuito. Según el informe encargado por el Consell, el vehículo afectado, de la compañía ALSA y matriculado en 2004, se incendió por una causa “difícilmente detectable”, publicó Diario de Ibiza. 

Tarifas “demasiado elevadas”

El transporte público en Eivissa, además, no ha tenido nunca tarifas baratas —hasta la implementación del bono gratuito en 2022—. El billete estándar para hacer el trayecto de Sant Antoni a la ciudad de Vila cuesta, por ejemplo, 2,20 euros. En verano, en caso de tener que cogerlo más tarde de medianoche o antes de las seis de la mañana, el único servicio disponible es el denominado Discobus —porque realiza paradas en las principales discotecas— y la tarifa es aún más elevada: entre tres y cinco euros dependiendo de la ruta. Si es necesario hacer transbordo, el coste del trayecto de ida puede superar los cuatro euros.

De hecho, desde que entró en vigor la gratuidad impulsada por el Consell, el número de pasajeros creció un 45%, con picos diarios que superaron los 23.000 usuarios, según datos de la institución. Tres años más tarde, se ha excluido de esta medida, a la que podían acceder todos los residentes en la isla, a las personas migrantes sin una situación regularizada en España, pero que sí contaban con el padrón. La medida, defendida como un ajuste para prevenir fraudes, ha sido calificada por asociaciones y partidos de la oposición como discriminatoria hacia quienes viven y trabajan en Eivissa sin contar todavía con DNI o NIE.

Los residentes siguen expectantes -pero incrédulos- ante la promesa de un transporte más moderno en la isla aún días después de que haya arrancado el nuevo servicio. Los técnicos competentes ya advirtieron que durante las primeras jornadas podrían producirse “ajustes puntuales” y pedían paciencia a los usuarios para un cambio de “gran envergadura”.

Roberto (nombre ficticio para este reportaje a petición propia) no pensaba la temporada pasada, cuando se marchó de Eivissa para volver a Madrid, su ciudad, que el próximo verano no iba a poder volver. Tras dos años residiendo en la isla decidió trasladarse de nuevo a la capital para profesionalizarse en su sector, el de la carpintería, con un grado de Formación Profesional (FP). Una formación, además, complementaria para el puesto de trabajo que llevaba desempeñando desde marzo de 2025 en uno de los hoteles más lujosos de la pitiusa. 

Tras firmar un contrato de fijo indefinido, en octubre se marchó para emprender su formación académica, dejando el piso de alquiler de Sant Antoni en el que vivía y con el plan de residir, al año siguiente, en un domicilio familiar de su pareja con el que finalmente no puede contar. Tras ponerse en contacto con el hotel, cada vez ve más difícil la posibilidad de mantener su contrato: no hay vivienda, no hay trabajo. Y, en su caso, tampoco paro para poder seguir estudiando sin tirar de sus ahorros el curso que viene.

La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en una de las principales amenazas para el funcionamiento del sector turístico balear. Encontrar un techo o un lugar de residencia a precios asequibles es la primera dificultad con la que los trabajadores y también para los empresarios para mantener plantillas año tras año de cara a la temporada, lo que afecta también a la calidad del servicio. No es ninguna novedad. “Es un problema general que en el archipiélago se agrava por la limitación del territorio”, observa Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera. La problemática –continúa– está enquistada desde hace tiempo. Tanto, que los hoteleros han aprendido a lidiar con ella temporada tras temporada “con esfuerzo y cabeza”.

Este escenario ha obligado al sector a improvisar soluciones para mantener su personal que van desde el ofrecimiento de habitaciones a cambio de que los empleados trabajen parte de sus días libres, descuentos en nómina a cambio de una vivienda o el alquiler de camas en habitaciones compartidas (dentro de pisos compartidos también) por las que la cadena hotelera que contrató a Roberto cobra unos 480 euros mensuales. 

La cadena que contrató a Roberto alquila camas en una habitación compartida por unos 480 euros mensuales

La empresa dispone de varios pisos destinados a este fin entre los municipios más cercanos a la ubicación del hotel de cinco estrellas, Santa Eulària y Sant Joan. Aunque, de momento, desde el departamento de Recursos Humanos, con el que se ha puesto en contacto en las últimas semanas, no le han ofrecido ninguna solución, menos, una que incluya también a su pareja. “Les he explicado la situación, pero dicen que no me pueden ayudar”, lamenta Roberto. Mientras tanto, tendría que seguir pagando su alquiler en Madrid (la mitad de 850 euros más gastos) , donde es casi tan difícil conseguir una vivienda como en la isla. Aunque quisiera, no le darían las cuentas.

Otro de los empleados de este hotel de Portinatx explica que todavía están a la espera de incorporar a más personal y que, por ahora, no pueden concretar cómo se organizará el alojamiento este año. Sí recuerda que en temporadas anteriores el establecimiento disponía de apartamentos destinados a personal en prácticas –mayoritariamente, alumnos de escuelas turísticas suizas–, pero desconoce el número exacto de plazas disponibles. ElDiario.es se ha intentado poner en contacto en dos ocasiones con la empresa a través de correo electrónico, sin obtener ningún tipo de respuesta por su parte.

Habitaciones gratuitas dentro del hotel

El Parador de Ibiza, que ha abierto este mes sus puertas al público, lo ha hecho con 25 de las 66 habitaciones de las que dispone en total no disponibles. Las estancias se han destinado a los trabajadores del establecimiento, una medida que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ya señaló en la presentación que se contemplaba “desde el primer momento” en que se puso en marcha el parador, el “buque insignia” de la cadena hotelera estatal, ubicado en Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La misma medida se adopta en el aparthotel de cuatro estrellas de Cala de Bou (Sant Josep) donde Tomeu, de 26 años, ha trabajado como recepcionista las últimas seis temporadas y que es parte de una cadena con presencia en otros puntos turísticos de España como Madrid, Valencia o Maspalomas. El alojamiento para empleados es gratuito en la mayoría de los casos. En algunos sí se descuenta una parte de la nómina para cubrir este gasto, pero no era lo habitual. Esta fórmula permite a muchos camareros, vigilantes y personal de recepción, entre otros, asumir la temporada turística sin el peso añadido del alquiler y con la capacidad de ahorro que había atraído, hasta el momento en que las rentas empezaron a rozar precios inasumibles, a los temporeros a Eivissa. 

En la otra punta de la bahía de Portmany, en uno de los hoteles más grandes de Sant Antoni, ubicado frente al mítico monumento del huevo en honor a Cristóbal Colón, trabaja Marta –persona que tampoco quiere identificarse– como administrativa. El casi mastodóntico complejo turístico cogió fama, hace alrededor de una década, por tratarse –o esa voz se corrió– de uno de los lugares donde se había originado el famoso y terrorífico balconing. Su público mayoritario, al igual que en la mayoría de hospedajes de Sant Antoni, es el turismo joven británico. 

Para captar plantilla (ahora mismo buscan dos recepcionistas) la cadena ofrece habitaciones. El trato es renunciar a parte de los dos días libres establecidos por el convenio de Hostelería, aunque en función de la necesidad de la empresa, se ofrecen de manera gratuita. El perfil que persiguen para ciertos puestos, además, es el de un trabajador medianamente cualificado, con conocimiento de idiomas –como mínimo, inglés– y cierta experiencia de cara al público.

En un hotel en la bahía de Portmany ofrecen habitaciones para trabajadores a cambio de renunciar a parte de los dos días libres

Los empleados que residen en el hotel cuentan también con manutención completa, lo que, según explican desde el sector, facilita cierto ahorro y contribuye a retener plantilla en un contexto marcado por la falta de vivienda y la dificultad para cubrir puestos durante la temporada alta.

En otro alojamiento turístico en el corazón del mismo pueblo, destino del turismo de borrachera por excelencia en Eivissa, Maria –una trabajadora que prefiere no dar su nombre real– detalla que no se suele dar vivienda, pero la situación, añade, depende de la trayectoria profesional dentro de la empresa. Hay a fijos a los que se les ayuda, con precios asequibles. Uno de ellos explica a elDiario.es que, en un punto determinado de su vida, cuando necesitó una vivienda, le alquilaron una habitación por la que pagaba 500 euros mensuales, aunque no es la tónica habitual para todos los empleados que necesiten este recurso. Tampoco es el caso de los extras, muchos provenientes de Reino Unido. 

El efecto de la lucha contra el intrusismo

La presidenta de la Federación Hotelera sitúa el problema de la vivienda para trabajadores en un plano estructural que va más allá del propio sector turístico. Aunque reconoce que muchos establecimientos llevan años ofreciendo casa a sus empleados “en la medida en que pueden”, insiste en que no se trata de una responsabilidad [la de proporcionar alojamiento a los empleados] que deba recaer exclusivamente sobre los hoteles. 

Desde la Federación defienden que el sector ya viene haciendo esfuerzos sostenidos en el tiempo, pero advierten de que estos tienen un límite. “No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible”, señala Costa. En su opinión, el reto pasa por encontrar un equilibrio entre garantizar recursos para los trabajadores y mantener la capacidad operativa de los establecimientos, algo clave para poder ofrecer los servicios que demanda la temporada turística.

No es nuestra obligación, pero sí tratamos de facilitar habitaciones o soluciones habitacionales siempre que es posible

Maria Costa — Presidenta de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera

La dirigente hotelera confía en que las medidas impulsadas desde las instituciones empiecen a tener efecto. Apunta, en concreto, a la lucha del Consell contra el alquiler turístico ilegal como una de las vías que podrían contribuir a aliviar la tensión sobre la vivienda. “Confiamos en que poco a poco eso permita que el acceso sea más asequible”, sostiene, al tiempo que defiende, por ahora, una actuación coordinada entre administraciones y sector privado.

Por otro lado, subraya que no todas las empresas parten de la misma situación. Mientras las grandes cadenas hoteleras cuentan con más recursos y margen de maniobra para facilitar alojamiento a sus plantillas, los pequeños establecimientos, como hostales o pymes, disponen de menos herramientas para hacerlo, aunque también manejan equipos más reducidos y menos especializados. “No tendrán tantos recursos para garantizar el acceso a la vivienda a sus posibles trabajadores, pero tampoco plantillas tan grandes”, señala Costa.

Una Semana Santa muy prematura, junto al escenario bélico en Oriente Medio, preocupan esta primavera a los empresarios pitiusos. De hecho, el sector se prepara para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Para el periodo festivo abrirán sus puertas alrededor de 170 alojamientos turísticos, entre hoteles, apartamentos turísticos con licencia y agroturismos. Luego irán abriendo progresivamente hasta las primeras semanas de mayo, cuando se prevé que ya estén todos en funcionamiento. En cuanto a los trabajadores, cada compañía hace la estimación de los que necesita para dar un buen servicio, teniendo en cuenta sus características y la cantidad de reservas realizadas o que estiman hacer. Roberto, de momento, ha decidido que no volverá a su rutina en el hotel: “Estoy alargando lo máximo para volver a contactar con ellos, pero, si no me ofrecen una solución, no puedo volver”.

Suenan dos chasquidos. Manuel y José acaban de abrirse unas latas de cerveza. Empiezan a beberlas mientras cuentan que una madrugada escucharon golpes en la puerta de la caravana. La misma puerta sobre la que uno de ellos se apoya ahora mientras el otro, sentado en una silla, fuma y mira el móvil. “¡Sabemos que estáis ahí!”, dicen que les gritaron para amedrentarlos. La pantalla y la bombilla que hay dentro del remolque son los dos únicos puntos de luz que iluminan a estos dos hombres. No se les distinguen las facciones de la cara. Así lo quieren. De alguna manera, están señalados. El 29 de abril –si no se han ido antes– tendrán que marcharse del solar en el que llevan meses viviendo junto a varias decenas de personas. Muchos son migrantes y tienen trabajo. Como Manuel y José: colombianos y albañiles. Algunos de sus vecinos también tienen hijos.

Ya hay orden judicial para desalojar una parcela situada en el municipio de Eivissa: casi dos hectáreas y media en la periferia burguesa de la ciudad. En julio, este terreno de forma rectangular empezó a llenarse de caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y alguna barraca. Otros desahucios –Can Rova, Can Raspalls, es Gorg o Cas Bunets– empujaron a estos ibicencos sin hogar hacia otro sitio donde plantar su campamento. Entonces encontraron estas feixes, antiguas tierras de cultivo, un pedazo del barrio de Can Misses todavía por construir. 

Allí terminaron el verano, pasaron el otoño y resistieron el invierno: con la llegada de la primavera tienen las horas contadas. Los propietarios –entre los que se encuentra Inmo Sirenis, una empresa hotelera que también posee el Teatro Pereyra– han solicitado la expulsión y el Tribunal de Primera Instancia número 5 de la isla se lo ha concedido. “Pusimos la demanda hace un año. Ya había gente allí dentro. Imagino que después, durante el verano, entraron más. El riesgo de incendio al okupar un terreno con masa boscosa en el que se hacen conexiones, se cocina y se fuma es inevitable”, dice Mariano Ramón. Este abogado representa a Inmo Sirenis como ya hiciera con los dueños de Can Rova o Cas Bunets. En apenas dos años, tres desalojos multitudinarios.

“Desde el primer momento en que se detecta cualquier asentamiento, el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, interviene para abordar la situación y tratar de reconducirla ofreciendo acompañamiento, orientación e intervención. Asimismo, los equipos municipales estarán presentes antes y durante el desalojo para informar, valorar cada caso y tramitar las prestaciones o recursos sociales que puedan corresponder a las personas afectadas”, explican desde el Ajuntament d’Eivissa, que en los últimos años ha cerrado –con gálibos– la entrada a vehículos altos para evitar que aparcamientos y descampados se llenen de furgonetas y roulottes.

Almuerzo entre colombianos

“¡Sombra, dentro!”. Una voz recoge a una hembra de american stanford que ha salido tras unos matojos para recibir a los extraños. Olisquea botas y zapatos, ofrece el lomo a manos desconocidas y vuelve junto a su amo, un joven que remueve un cazo recibiendo el calor de un hornillo. Dos planchas de metal evitan que la llama del gas prenda algo inapropiado. Dentro del guiso hay cachos de patata y bolas de carne picada. El cocinero añade a la salsa un chorro de ketchup. Tras el culo de la caravana que el cocinero tiene a sus espaldas aparecen los comensales. Son otros dos veinteañeros subidos a patinetes eléctricos. Desmontan, se sientan en círculo, van pasándose el cazo y comen todos de él. En silencio. Son las siete de la tarde: podría ser una cena temprana o, quizás, un almuerzo a destiempo.

–Mis vecinos son colombianos, como yo. El día que vuelva p’allá seguro que me recochan [fastidian] porque voy a tener palabras de acá. Como el ¡venga!: al principio lo decía para joder y ya se me pegó. Pero el acento colombiano no lo voy a perder: los más fuertes son el paisa, de Medellín, y el nuestro: yo soy de Cali Valle, la sucursal de la salsa: allá hablamos muy pesado, muy remarcado.

Dice Jonathan. Su caravana está a sólo unos metros de la caravana de los tres jóvenes que están comiendo. Invirtió “3.000 euros” para comprar un cubículo de unos pocos metros cuadrados al que en la mayoría de países de América Latina llaman casa-rodante, remarcando el sentido que tiene la palabra en francés: roulotte. En el caso de este hombre de treinta y dos años, su casa-rodante es –literalmente– un domicilio nómada. Y Can Misses, la tercera parcela en la que aparca, siempre “expulsado” por las circunstancias. 

“Llegué hace dos años y medio porque mi ex pareja ya estaba acá”, cuenta Jonathan. “Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas”.

Primero viví en un piso, pero te suben la renta y no lo puedes pagar. Luego alquilé la caravana. 300 al mes pagaba. Me ofrecieron comprarla, reuní la plata y la pagué. El problema es que no tengo sitio donde parquear. ¡Ya me sacaron de dos lugares! ¡Y en esta isla no hay campings! Me dijeron de un lugar, en San Antonio, y fui a chequearlo: me encontré un camping, sí, pero de lujo; sin espacio para caravanas

Jonathan — Resiente en una caravana

–¿Y tú tienes trabajo todo el año, Jonathan?

–No, por temporadas, lo que va saliendo.

–¿En invierno se pone dura la cosa?

–Lo que se activa en la época, pero poco más. En verano sí hay más trabajo de mantenimiento y jardinería. Los que tengan papeles trabajan con contrato, y los que no… al negro me imagino. Por lo regular, todo funciona por conexiones. Yo te conozco, tú me conoces y me dices que allí necesitan a uno que sepa hacer algo. P’allá que vamos. En Colombia tenía otra vida totalmente diferente: trabajé como operario en una imprenta, pero lo mío eran las ventas: yo te vendo eso [señala una bici oxidada en el suelo] si hace falta. A la construcción siempre le tuve mucho respeto, pero aquí he tenido que trabajarla.

–¿Aguantarás aquí hasta el 29 de abril?

–Espero que no, pero si no encuentro otra cosa… A mí no me notificaron nada oficialmente, pero sé que nos van a sacar. Y sé cómo funciona. Al final uno conoce gente que vivió lo de Can Rova.

Hasta que lo desahucien, Jonathan seguirá dando de comer a Cati –una mezcla muy curiosa: malinois con podenco–; vaciando la sentina en un punto limpio; duchándose con cazos de agua caliente; viendo la silueta de la catedral de Eivissa recortada en el horizonte cada vez que entra a casa; escuchando salsa y cumbia los sábados por la tarde y los domingos al mediodía, cuando se encienden parrillas, se torra carne y los habitantes de la parcela celebran el fin de semana. Como las urbanizaciones de adosados con piscina que los rodean. Al fin y al cabo, todos forman parte del mismo vecindario. Igual que los residentes censados, los nómadas de Can Misses viven en tiempo real los goles de la Unión Deportiva Ibiza. El estadio de fútbol municipal está en la acera de enfrente.

La niñez dentro de una ‘roulotte’

Elena está sentada al volante de su cochecito de baterías como quien se para en un área de servicio a escuchar la radio. Del altavoz del cochecito suena una canción infantil –en castellano con acento argentino– que repasa los nombres de los dedos de la mano. Elena se baja del cochecito y señala la carrocería de plástico. Señala después su bicicleta y un muñeco tirado por el suelo. Señala también su propia ropa y dice una palabra: “Rosa”. Las pertenencias más preciadas de esta niña que en unos días cumplirá tres años son todas del mismo color. Hecha la aclaración, Elena corretea junto a la caravana en la que vive desde que tiene memoria. “Uno podría pensarse”, dice su padre, “que para ella esto es pura vida. Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato”.

'Uno podría pensarse', dice el padre de Elena, de tres años, 'que para ella esto es pura vida'. 'Y lo es, claro que lo es. ¿Pero qué futuro podemos darle a la niña si no encontramos una casa? No estamos aquí de acampada y tenemos a los servicios sociales acá [se señala al cogote], haciéndonos preguntas todo el rato'

El padre de Elena –que no se llama así– es también colombiano, pero no tuvo que regularizar sus papeles cuando llegó hace siete años a Eivissa. Con doce emigró junto a su familia en busca de la prosperidad que prometía la Unión Europea. Elena tiene a sus abuelos en Milán y su padre guarda en el bolsillo un pasaporte con una estrella de cinco puntas: el de la República de Italia. “En la isla no nos fueron mal las cosas al principio”, prosigue el hombre, con un castellano en el que se cruzan dejes latinos e itálicos. “Acá, mi mujer y yo pudimos alquilar, pero después de la pandemia se puso todo muy caro. Tuvimos que salir de la ciudad e irnos a Isla Blanca, una urbanización que queda bastante lejos, en el norte de la isla. Allí vivíamos cuando vino Elena (que nació en el hospital que tenemos acá, muy cerca), subieron el precio y salimos otra vez. No encontramos nada. Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco”.

Con niños, no te alquilan. Y con perros –tenemos uno, ¿qué tengo que hacer: abandonarlo, llevarlo a la perrera?–, tampoco

Padre de Elena — Residente en una caravana

Entonces, como Jonathan, como muchos de sus vecinos, los padres de Elena soltaron un puñado de miles de euros para comprar una casa rodante. Pasear por la parcela de Can Misses es recorrer un museo del caravanismo. Lord Münsterland, Lunar Premiere 51, Senator, Hymer, Knaus… Marcas y modelos míticos de fabricación británica o alemana. Algún remolque conserva la matrícula extranjera. ¿A qué vehículos estuvieron enganchadas? ¿Durante cuántos veranos recorrieron las carreteras europeas? ¿En qué campings de postal pernoctaron? ¿Por cuántos propietarios pasaron? ¿Cómo y cuándo llegaron a Eivissa, el territorio insular donde estacionar una roulotte en una zona no autorizada puede suponer 30.000 euros de multa? El torrente de preguntas es inevitable. Lo interrumpe el padre de Elena con una afirmación categórica:

–Al final, tendremos que irnos de Ibiza.

–¿Pero usted y su mujer tienen trabajo aquí, verdad?

–Sí, todo el año. Pero no nos da. Encontrar una vivienda por menos de 2.500 ó 3.000 euros al mes es imposible. Y súmele luego todos los gastos. Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos.

–¿Han buscado algún abogado?

–No. ¿Para qué? Sé que en otros lugares consiguieron retrasar el desahucio pero, al final, terminaron saliendo.

Acá somos todos trabajadores. Todos. Los paraguayos, en la obra. Los colombianos, por lo general, jardinería y mantenimiento. Las señoras cuidan. No somos gente mala y los comentarios duelen. Aunque queramos irnos de acá, no podemos

Padre de Elena — Residente de una caravana

Una intimidad minúscula

El padre de Elena –como Manolo y José, como Jonathan y sus vecinos– no quiere aparecer en las fotos a cara descubierta, pero permite al fotógrafo entrar en la caravana para retratar un rincón de su casa. Sobre la mesa, un barreño, un vaso con una cola por terminar, una flor rojiza encima de un plato blanco lleno de piñas. Es un adorno de las Navidades pasadas, como los adhesivos de nieve en el cristal de una ventana que cruza una cuerda de la que cuelgan pinzas de colores. En los espacios minúsculos la intimidad se mide en milímetros. A esta familia sólo le resta un consuelo: cuando se vayan rodando a otro sitio no perderán euros ni horas invertidas en levantar una barraca –listones, chapa, pladur–: en Can Misses son muchas menos que las que hubo en Can Rova o Cas Bunets. Alguna hay, sin embargo. La chabola que más destaca recicla los despojos de las discotecas: las lonas de Cocoon, una fiesta que lleva un cuarto de siglo celebrándose en la isla, cubre de punta a punta el tejado.

“Salutati, dai”. Despídete, venga. Elena escucha la orden y mueve una mano en el aire. Su padre la mete en casa agarrándola con dulzura por las axilas. El sol ya se ha ocultado. Mañana, la niña se despertará, se pondrá una mochila (rosa), la montarán en el portabebés de una bicicleta de paseo y la bajarán a la escuela. Hay dos colegios públicos a menos de un kilómetro de distancia.

Hace ya cinco veranos, el sector del ocio nocturno y las instituciones ibicencas empezaron a detectar algo sospechoso en las Pitiusas. Las quejas vecinales y el boca a boca apuntaban en una misma dirección: el contexto de pandemia —sin oferta de discotecas, con amplias restricciones y en plena temporada turística— había propiciado la aparición de una nueva oferta. Se trataba de fiestas privadas en espacios generalmente cerrados, aunque en ocasiones el despliegue llegaba a parajes naturales paradisíacos como ses Illetes.

Estas celebraciones escapaban al control de las autoridades por varios motivos. En primer lugar, por una legislación laxa. En segundo lugar, porque la Policía no podía irrumpir en una propiedad privada sin orden judicial o sin permiso del propietario. Y, por último, porque la presencia de estos promotores en la isla apenas se había detectado hasta que el fenómeno se convirtió en un elefante en la habitación.

El Consell Insular lleva ahora un lustro combatiendo estas actividades ilegales, impulsadas por empresarios piratas de fuera de la isla que aprovecharon que, en un contexto de emergencia sanitaria, había surgido una nueva demanda. Y, como suele ocurrir, a esa demanda le siguió rápidamente una oferta. Los ayuntamientos, que son los competentes para otorgar licencias de actividades de pública concurrencia —es decir, eventos abiertos al público general, sin lista cerrada de invitados—, recurrieron al Consell, que hoy da por erradicada esta actividad.

Las fiestas ilegales, recuerda el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, “siempre han existido y siempre las ha combatido la Policía Local”, en buena medida porque se celebran en horarios en los que los funcionarios de actividades no están trabajando. Sin embargo, durante la pandemia la situación se desbordó: el cierre de las discotecas en las Pitiusas como medida de contención dio lugar a una industria profesional, clandestina y paralela.

El perfil del organizador se definió pronto: personas de fuera de las islas que no arriesgan su patrimonio porque están de paso. Estas impulsaban actividades lúdicas —reguladas por la Ley de Actividades— en viviendas turísticas en algunos casos, pero sobre todo en construcciones como garajes o locales sin licencia de vivienda que funcionaban como auténticos espacios de ocio nocturno.

La mayoría de organizadores eran personas de fuera de las islas que no arriesgaban su patrimonio porque estaban de paso y que hacían las fiestas en garajes o locales sin licencia

La situación empezó a generar molestias entre los vecinos, que recurrieron a las instituciones cuando las fiestas alcanzaron su auge, durante el segundo verano tras el confinamiento. Un momento en el que los clubes no tenían prohibido abrir, pero optaron por no hacerlo ante la dificultad de controlar posibles brotes en espacios de gran capacidad.

Una nueva demanda, una nueva oferta

“Había turistas que llegaban y ni siquiera se habían preocupado de averiguar si había ocio o no, y cuando ya estaban aquí, lo buscaban”, detalla el conseller. Ante la llamada de auxilio de los ayuntamientos —no formal, pero convertida ya en vox populi— se adoptaron dos vías de actuación: una política y otra administrativa.

En el plano político, se recurrió al Govern al considerar que la legislación era insuficiente. De ahí surgió un Decreto Ley de Fiestas que endureció las sanciones y las tipificó mejor. La norma distingue, por ejemplo, si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, DJs, porteros e, incluso, los participantes.

Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgieron dos problemas. Uno estructural —el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral— y otro jurídico —el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial—-

Para salvar este obstáculo, se puso en marcha una medida administrativa inédita: la contratación de detectives privados de fuera de Eivissa, para evitar que fueran reconocidos en un territorio pequeño. El servicio, licitado y adjudicado cada año a una empresa distinta, comenzó como un proyecto piloto cuyo anuncio provocó la llegada de currículums incluso desde Argentina. El trabajo de estos detectives —unos cuatro, que se turnaban para pasar desapercibidos— consistía en localizar estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros, especialmente en zonas como el puerto de Vila y Sant Antoni, que sí estaban abiertas en ese momento.

Los detectives, que venían de la Península, se turnaban para pasar desapercibidos y localizaban estos eventos a través de redes sociales, WhatsApp y de unos interesados a otros

Sanciones de hasta 300.000 euros

Cuando detectaban las fiestas con antelación, se coordinaban con la Policía Local para “reventarlas” antes de que comenzaran. Sin embargo, lo habitual era que los organizadores facilitaran la ubicación y los detalles poco antes del inicio, por lo que los detectives tenían que infiltrarse, recabar imágenes e información y dejar el expediente listo para que el cuerpo de seguridad pudiera actuar e imponer las sanciones correspondientes.

Entre los casos más llamativos figura el de un okupa que utilizaba una vivienda propiedad del Ayuntamiento de Sant Antoni para organizar fiestas ilegales; otro en el que la infiltración permitió desmantelar una organización criminal; y un tercero en un agroturismo de Sant Joan que acogía eventos neohippies sin licencia. Los organizadores no eran, en ningún caso, empresarios locales. Se trataba de empresas de fuera de Eivissa que incluso traían sus propios equipos de sonido para organizar eventos con un alto grado de profesionalización. “Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la ‘Ibiza privada’”, explica José Luis Benítez, de la Asociación Ocio de Ibiza.

Empezaron a desembarcar en la isla mafias —porque son mafias— que vendían el concepto de la 'Ibiza privada'

José Luis Benítez — Asociación Ocio de Ibiza

Habitualmente, quienes promocionan esta idea —al margen de la pandemia— son multimillonarios o marcas que buscan lanzar productos. En ese sentido, en junio de 2024, el Govern sancionó con 6.001 euros a la empresa propietaria de un espacio privatizado en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera donde la marca Loewe celebró un acto promocional. “De pronto empezaron a proliferar fiestas clandestinas por las que se cobraba entrada y que suponían una competencia emergente brutal para todos los negocios”, añade Benítez. El representante señala, además, el riesgo para la seguridad de asistentes y trabajadores que, en un entorno sin control, supone el consumo de estupefacientes, como posibles abusos o problemas de salud.

El entramado iba más allá: incluía redes de transporte ilegal —los llamados taxis pirata— que trasladaban a los clientes hasta villas privadas, casi siempre el escenario de estas fiestas, y una cadena de suministro completa. En muchos casos, los propietarios de las viviendas desconocían lo que ocurría en su interior, donde podían concentrarse incluso más de mil personas.

Uno de los últimos casos se dio en junio de 2025, cuando la Policía Local de Santa Eulària destapó una fiesta ilegal en una villa de Cala Olivera. La intervención comenzó tras detectar un punto de encuentro en Jesús, desde donde varios vehículos trasladaban a los asistentes. Nueve agentes se desplazaron al lugar y utilizaron un dron para recabar pruebas de una celebración que se desarrollaba en el sótano del inmueble, aparentemente acondicionado para evitar que la música trascendiera al exterior, según informó Nou Diari.

Algunos asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística. El Ayuntamiento abrió entonces un expediente sancionador por actividad con ánimo de lucro sin autorización, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y trasladó el caso al Consell por una posible infracción turística.

En una fiesta ilegal, los asistentes confirmaron que habían pagado hasta 130 euros por una pulsera que incluía acceso y dos consumiciones. En total, se estimó la presencia de unas 100 personas en una vivienda sin licencia turística

Benítez también lamenta que el intrusismo dañe la imagen de los empresarios que operan dentro de la legalidad, lo que refuerza la necesidad de una actuación institucional coordinada. Los informes de los detectives, aunque no tienen el mismo valor que los de un cuerpo policial, se han utilizado como peritajes cualificados ante los juzgados y como base para imponer sanciones.

Temor a la consolidación

Uno de los principales temores de las instituciones era que este fenómeno, surgido durante la pandemia, se consolidara una vez finalizada. Sin embargo, tras varios años de trabajo, constataron una reducción tanto en número como en calidad de estas fiestas. “Nos dimos cuenta de que habían ido a menos”, señala Juan. La reapertura del ocio nocturno y la disminución de las quejas vecinales contribuyeron a este descenso.

A partir de ese momento, el Consell decidió redirigir el servicio de detectives hacia otro ámbito: el intrusismo en el transporte, una competencia también municipal. Para ello, se infiltran en canales de Telegram con el objetivo de detectar conversaciones y denunciar estas prácticas. Paralelamente, los ayuntamientos también emplean detectives para combatir el alquiler turístico ilegal.

La institución insular aumentó el verano pasado las sanciones contra los taxistas ilegales, con multas de hasta 15.000 euros para quienes operen sin licencia desde el aeropuerto u otros puntos de la isla. Además, cuenta con un equipo de 14 inspectores —entre instructores y auxiliares— desplegados en el aeropuerto para detectar estas actividades, como ya publicó elDiario.es.

En la actualidad, la proliferación de fiestas ilegales no se percibe como un problema especialmente extendido, por lo menos en el municipio de Vila. Desde el Ayuntamiento señalan que, cuando se detectan, la respuesta sigue recayendo en la Policía Local y que este tipo de eventos se concentra sobre todo en villas aisladas, menos frecuentes en un entorno urbano. El foco municipal está ahora en el alquiler turístico ilegal, con cinco expedientes sancionadores ya tramitados y actuaciones conjuntas con el Govern en viviendas de protección oficial.

El hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata

El escenario cambia ligeramente en Santa Eulària, donde el Ayuntamiento no descarta recurrir a detectives privados y ha abierto dos expedientes sancionadores en 2025. Aun así, reconoce las limitaciones legales: el hecho de que la Policía no pueda acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial dificulta la intervención inmediata. En Sant Joan, la estrategia se mantendrá sin cambios. El municipio ha explicado a este diario que continuará abordando estos casos a través de la actuación policial, en línea con otros puntos de la isla donde el fenómeno, aunque presente, es ya más puntual.

El plan anticrisis aprobado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a los 70 millones de euros en Balears, tal como ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con agentes sociales y económicos de las Islas.

Según ha explicado, esta cifra deriva principalmente de la rebaja fiscal sobre la electricidad y de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o el transporte, incluidas en el plan estatal de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros.

El alcance del paquete no se limita al tejido productivo. Sánchez ha destacado también el impacto de medidas como la ampliación del bono eléctrico y térmico, así como la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años, que se prevé que beneficie a unas 24.000 viviendas en Balears.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el Ejecutivo central ha instado al Govern a adoptar medidas propias. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe “cuanto antes” con iniciativas “complementaria para proteger el sector productivo y de las familias”.

En la misma línea, ha pedido a PP y Vox que respalden en el Congreso los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno, cuya convalidación considera “urgente y necesaria”. El primero incluye reducciones fiscales y ayudas a los carburantes, mientras que el segundo recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler. Según ha señalado, las comunidades autónomas deben desarrollar también medidas propias “que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Balears”.

Rechazo empresarial y amenaza de movilizaciones

Frente al respaldo institucional, el plan ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones empresariales, especialmente del sector del transporte. La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem) ha calificado las ayudas al combustible de “decepcionantes y perjudiciales” y ha advertido de movilizaciones “si no hay una reacción” por parte del Ejecutivo antes de que acabe marzo.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha ido más allá al considerar “falso” que las medidas estén orientadas a apoyar a los sectores profesionales. Según ha denunciado, las ayudas “premian más a los vehículos privados que a los profesionales” y apenas compensarán el 50% del sobrecoste real que afronta el sector.

“La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, en la práctica se verá reducida en un 25 por ciento al eliminar del Decreto la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007”, ha señalado la asociación. En este contexto, Pimem ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si no se modifican las medidas. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, ha concluido Valcaneras.

También el presidente de la Agrupación empresarial de transporte de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerado “insuficientes” las medidas para el tejido empresarial y ha augurado una evolución “complicada” del sector.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), su vicepresidente José Antonio Roselló ha señalado que existe consenso en que el paquete está enfocado principalmente a los ciudadanos y no a las empresas. “En las empresas la situación es más diversa y estamos ante una primera toma de contacto de posibles futuras medidas que dependerá si la situación se complica o no”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineras de Pimem, Rafael Matas, ha reclamado que se tenga en cuenta la insularidad en los costes del transporte y en los periodos de liquidación.

En el sector primario, el secretario general de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertido de que las ayudas no devolverán el precio del combustible a niveles previos a la guerra y ha reclamado un acuerdo estable para reducir la “incertidumbre”.

A diferencia de las patronales, CCOO ha mostrado su respaldo al paquete de medidas y ha defendido especialmente el decreto sobre vivienda. “La vivienda es un factor determinante en el empobrecimiento de la parte trabajadora de este país”, han subrayado.

El sindicato ha reclamado además que las medidas vayan acompañadas de mecanismos de control de precios para evitar que el impacto de las ayudas acabe “engrosando los márgenes de ninguna empresa”.

Nueva reunión con el sector turístico

En paralelo, la secretaria de Estado de Turismo ha anunciado una nueva reunión con el sector turístico tras Semana Santa, en la que participarán representantes de Exteriores, Economía, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Sánchez ha recomendado a las empresas que “no suban precios” hasta comprobar la evolución del conflicto en las próximas semanas. Según ha defendido, el paquete de medidas permitirá amortiguar tanto el impacto sobre “la ciudadanía de a pie” como sobre los costes empresariales.

“El sector turístico se va a adaptar a esta nueva situación, con la esperanza de que la gente no perciba un incremento del coste de la vida, además de favorecer que nuestras empresas puedan operar con normalidad”, ha concluido.

Manu es un joven de 29 años que trabaja como profesor de alemán en Eivissa. Llegó a la isla desde Cartagena, después de haber vivido cinco años en Múnich, donde trabajó como auxiliar educativo en un colegio de educación especial. Después de haber terminado el máster de profesorado –que da acceso a trabajar en colegios públicos y concertados de la ESO, Bachillerato y FP– en julio de 2025, le ofrecieron una plaza como interino de profesor de alemán: dos medias jornadas. Una en el IES Quartó des Rei (Santa Eulària des Riu) y otra en la Escuela Oficial de Idiomas.

“Juntaron dos medias jornadas para hacer una completa, aunque en dos sitios distintos”, explica. Aterrizó en la isla en octubre, apenas un día antes de empezar a trabajar. “Llegué un domingo y empecé un lunes”, afirma. No tenía dónde quedarse, así que pasó sus primeras noches en un hotel hasta que, en cuestión de días, encontró una habitación en un piso cerca de Can Misses. “Estuve en un hotel cuatro días y luego encontré una habitación”, recuerda. Pagaba 850 euros por un piso que compartía con dos personas más y que costaba en total 1.200 euros. Es decir, las otras dos personas pagaban 350 euros entre las dos y le subarrendaban la otra habitación a él. El casero desconocía la situación.

El trilerismo inmobiliario de la isla tiene muchas aristas. Están los propietarios que al socaire del mercado tensionado que hay ponen alquileres a precios desbocados, pero también quienes sufren la entrada y salida de personas de sus inmuebles mientras sus otros inquilinos se aprovechan y acaban pagando mucho menos del precio estipulado en el contrato. En un conocido portal inmobiliario digital, en estos momentos los dos pisos más baratos que se alquilan por la zona del ensanche de Can Misses están a 1.470 y 1.500 euros, respectivamente.

El primer piso que se oferta consta de tres habitaciones (una doble y dos individuales). Son 93 metros cuadrados con balcón. En la oferta se especifica que el inquilino debe pagar tasa de la basura y gastos de la comunidad, pese a que son gastos que deben correr a cargo del casero. Esta oferta está incluida en el programa de Alquiler Seguro del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), que consiste en que la administración autonómica hace de intermediaria para facilitar que los pisos salgan al mercado inmobiliario y los propietarios tengan garantía de pago en caso de que hubiera problemas. Una fórmula público-privada que puede terminar por sufragar con dinero público intereses privados.

El segundo piso, de 135 metros cuadrados, se alquila solo de temporada: del 1 de noviembre al 30 de abril. Consta de tres habitaciones dobles, un baño, una cocina independiente y un balcón con vistas a la ciudad. Piden un mes de fianza y otro de agencia más IVA. “Ideal para empresas o particulares con temporalidad justificada”, detalla el anuncio. El anuncio, por cierto, prohíbe fumar en el interior. El incumplimiento de esta restricción conlleva “al pago de la pintura total de la propiedad y limpieza extra”. La limpieza final también se cobra cuando se abandona la vivienda: 484 euros.

Le realquilaban la habitación

Éste es, precisamente, el problema con el que Manu se ha encontrado tres veces. Todos los pisos en los que ha estado han sido temporales. En el primero, donde pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación, duró apenas dos meses. Aunque en un principio podía quedarse hasta abril, se marchó en diciembre debido a la situación en la que se encontró. “Tuve que hacer yo el contrato porque los que subarrendaban no querían”, explica.

Tampoco pudo empadronarse. “Decían que tenía que vivir un año allí, pero es mentira”. En realidad, añade, el problema era otro: “Era un subarriendo y no querían que el propietario lo supiera”. Esos 850 euros que pagaba durante los meses de otoño e invierno, ascendían a 1.100 euros para quienes alquilaban en primavera y verano. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, una persona paga prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística.

En su primer piso, donde no le dejaban empadronarse, Manu pagaba 850 euros por compartir con dos personas más que le subarrendaban la habitación. El piso entero se alquilaba por 1.200 euros. Es decir, él pagaba prácticamente el alquiler a las otras dos durante la temporada turística

No tardó mucho en encontrar piso una vez abandonó el anterior, pero no duró ni dos semanas. También estaba situado cerca de Can Misses. “Al principio bien, pero no me hicieron contrato”, explica. Trece días después de instalarse, le pidieron que abandonara la vivienda. Iba a pagar 750 euros al mes. “Me lo dijeron la noche antes de irme de vacaciones de Navidad”, lamenta. En este caso, el piso era de la hermana de quien vivía en el piso con él. La situación le sobrepasó. 

“Mi idea era volver en enero, recoger mis cosas y marcharme a Cartagena”, reconoce. La gincana habitacional le estaba pesando demasiado, así que estuvo a punto de renunciar a su trabajo. Su familia le pidió que lo intentara, así que se dio cuatro días de margen, mientras vivía en un hotel (cuyo coste era, asegura, unos 100 euros la noche). “Es muchísimo estrés y dinero”, se queja. El problema no es solamente “buscar el piso”. “Es que el trabajo sigue adelante, tengo que seguir preparando las clases, hacer exámenes, etc.”, añade.

A los pocos días de regresar a la isla, encontró un nuevo alquiler en la zona de la milla de oro, una de las más caras de Eivissa, cerca de Pachá. Hay promociones de viviendas de pisos que se venden entre 2 y 10 millones de euros. “Volví el 5 de enero y el 10 o el 11 ya tenía piso”, asegura. Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. En esa zona no hay ningún piso ofertado por debajo de 2.200 euros. El doble. También es un alquiler de temporada. “Estoy hasta junio”, señala. En verano no lo alquilan porque los caseros, que viven fuera, quieren disfrutar del piso en verano. Como profesor interino no cobra durante los meses de verano, así que tampoco tenía otra solución que la de marcharse a Cartagena en julio y agosto. “Les viene genial a los caseros porque saben que pueden alquilar su piso de septiembre a junio”, reconoce.

Ahora vive solo en un apartamento de dos habitaciones por el que paga 1.100 euros al mes. Es un alquiler de temporada y estará hasta junio

Lamenta la falta de “movimiento por la vivienda”

Manu no sabe si volverá a Eivissa en septiembre. “En teoría sí [me vuelven a contratar], pero no sé cuántas horas serían, ni qué plaza. Empezaría de cero”, lamenta. Cuando decidió aceptar la plaza, pensó incluso que le resultaría más difícil alquilar. “Pensaba que sería más caro, pero no que no hubiera viviendas”, admite. Comparado con la península, le sorprendió que “aquí directamente no hay pisos que se alquilen”. “No hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar”, atestigua.

[En comparación con la Península] Aquí no hay habitaciones, no hay nada, todo el mundo espera a la temporada turística para alquilar

Manu — Profesor

Más allá del alquiler, considera que el coste de la vida es más caro que en la península. “Hacer la compra es igual, pero bares y restaurantes, transporte y menús son más caros”. El transporte público, por ejemplo, le costaba más de cuatro euros al día. “Pago 4,20 euros diarios”, detalla, los lunes y los miércoles, cuando se desplaza de Vila a Santa Eulària. En realidad, el transporte público es gratuito para la población residente. Pero hace falta un requisito para conseguir esa tarjeta de transporte: el empadronamiento. Y a Manu no se lo hacían.

Para moverse hacia la Escuela Oficial de Idiomas, opta por una alternativa más económica y sostenible: “Voy en patinete”. Lo que más le sorprende, sin embargo, no es solo la dificultad para encontrar vivienda, sino la ausencia de movimientos sociales y asociativos. “No hay un movimiento fuerte pese a la situación”, concluye.

“La base de operaciones se encuentra en España y, siendo residente fiscal español, deberá tributar a la Hacienda española por la totalidad de sus rentas”. Se trata de una de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en relación a un piloto de Ryanair que reclamaba quedar exento del pago del IRPF al alegar que trabaja para una empresa con sede en Irlanda y realiza su actividad, en gran medida, en vuelos internacionales. La Justicia, sin embargo, desestima su petición y avala el criterio defendido por la Agencia Tributaria, cada vez más extendido en este tipo de resoluciones: aunque la actividad se proyecte fuera de España, su centro de trabajo sigue estando en el aeropuerto de Palma y, en consecuencia, dentro del territorio nacional.

Lejos de ser un litigio aislado, el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se inserta en una línea cada vez más asentada que busca garantizar que los contribuyentes con arraigo laboral en España tributen por el conjunto de sus rentas, incluso cuando su actividad tenga una dimensión claramente internacional. El conflicto, además, no solo afecta a los trabajadores que operan fuera de España, pero cuya estructura laboral o retributiva permanece anclada al país. Tal como se desprende de las distintas resoluciones dictadas en esta materia, consultadas por este medio, en los últimos años -especialmente entre 2024 y 2025-, el Tribunal Supremo (TS) ha estudiado casos relativos a tripulantes de buques de la Armada desplegados en misiones en el extranjero -como operaciones de la OTAN- en los que la Justicia ha rechazado la aplicación de la exención pese a que el trabajo se desarrollaba en aguas internacionales.

La razón es similar a la que se aplica en el caso de los pilotos: Hacienda sostiene que el buque no supone un verdadero desplazamiento fiscal al extranjero, al considerarse bajo jurisdicción española, y que no existe un beneficiario real no residente de los servicios. En la práctica, el tribunal traslada la misma lógica: no basta con trabajar fuera de España si la estructura en la que se integra esa actividad sigue radicada en el país.

La controversia pivota en torno al artículo 7.p de la Ley del IRPF, que permite dejar exentos de impuestos hasta 60.100 euros anuales cuando el trabajo se realiza efectivamente en el extranjero. Pero la norma no es automática: exige que concurran tres requisitos fundamentales –que la actividad se desarrolle fuera de España, que el destinatario de los servicios sea una entidad no residente y que el país de destino cumpla determinadas condiciones fiscales–. La clave, en la práctica, está en acreditarlos.

En el caso del piloto de Ryanair, la disputa giraba precisamente en torno a esa interpretación. El trabajador defendía que debía aplicarse la exención por los servicios prestados en el extranjero en 2018, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales. Pero tanto la Agencia Tributaria como el tribunal rechazan esta lectura y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada con España.

El piloto de Ryanair reclamaba que se le aplicara la exención por los servicios prestados en el extranjero, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales fuera de España. La Agencia Tributaria y el tribunal rechazan y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada a territorio nacional

El elemento decisivo fue la base de operaciones, el lugar desde donde empieza y termina la jornada, se organizan los turnos y se asignan los vuelos. El piloto la tenía fijada en el aeropuerto de Palma, lo que lleva al tribunal a considerar que su centro de trabajo se encontraba en España, aunque parte de su actividad se desarrollara en vuelos internacionales. A falta de pruebas que acreditaran un traslado efectivo de esa base o que los servicios se prestaban directamente para la matriz extranjera –y no para su estructura en España–, la Justicia concluye que debe tributar íntegramente en el país.

No en vano, durante años, Ryanair defendió que los conflictos laborales debían resolverse en Irlanda, donde cuenta con su sede formal. Sin embargo, esta estrategia quedó en gran parte desactivada tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente las dictadas en 2017, en las que el alto tribunal estableció que el elemento determinante no es la ubicación jurídica de la empresa, sino el lugar desde el que el trabajador desempeña habitualmente su actividad. En el caso de los tripulantes aéreos, ese criterio se identifica con la base de operaciones. Esta doctrina permitió a pilotos y personal de cabina reclamar sus derechos ante los tribunales de los países en los que están destinados, consolidando un enfoque que pone el acento en la realidad laboral por encima de las estructuras societarias.

Yates de lujo y paraísos fiscales

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles, desde tripulaciones aéreas hasta trabajadores del sector náutico. Palma es, además, una de las principales bases operativas de varias aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, lo que implica la presencia de numerosas tripulaciones residentes fiscales en España pero con actividad internacional. En este contexto, la jurisprudencia insiste en la necesidad de acreditar de forma rigurosa tanto dónde se realiza efectivamente el trabajo como quién es el beneficiario de los servicios.

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles

No en vano, en una sentencia de 2022, el TSJIB analizó la situación de un capitán de yate que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: la embarcación se dedicaba al chárter para clientes privados en destinos como Francia, Italia o Grecia, una operativa habitual en un segmento, el de los yates de lujo, ampliamente presente en el archipiélago y dirigido a clientes de alto poder adquisitivo. De hecho, el barco estaba vinculado a sociedades domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales, lo que refuerza el carácter globalizado -y fiscalmente complejo- de este tipo de actividad.

En su sentencia, el tribunal concluía que, pese a esa aparente proyección exterior, el capitán, que contaba con unos ingresos mensuales de 7.000 euros, debía tributar en España la totalidad de sus ingresos al considerar acreditada su residencia fiscal en las islas. El criterio determinante, por tanto, no residía tanto en dónde navegaba el barco como en los vínculos del contribuyente con España: el propio interesado reconoció que, cuando no estaba embarcado, vivía en España, donde además tenía una vivienda en propiedad y su puerto base se encontraba en Palma.

Con estos mimbres, la Sala entiende que concurrían los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF, que establece que una persona es residente fiscal en España en función de dos ejes principales. El primero es la permanencia, que se considera acreditada si el contribuyente permanece más de 183 días durante el año natural en territorio español, computándose también las ausencias esporádicas salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país. El segundo es el del centro de intereses económicos, que atiende a dónde se concentra la base principal o el núcleo de las actividades económicas o profesionales del contribuyente, directa o indirectamente. En la práctica, basta con que se cumpla uno de estos dos elementos para que Hacienda entienda que existe residencia fiscal en España y, por tanto, la obligación de tributar por la totalidad de las rentas obtenidas en todo el mundo.

La Justicia balear rechazó aplicar la exención en el caso de un capitán de yate residente en Palma que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: alquilaba el barco a clientes con elevado poder adquisitivo para desplazarse por Francia, Italia y Grecia

Militares desplegados en Líbano

La evolución de la jurisprudencia del TS en este sentido apunta a una aplicación algo más flexible de la exención con la finalidad de favorecer la movilidad internacional de los trabajadores, aunque sigue manteniendo límites bastante claros. En febrero de 2021, el Alto Tribunal estableció que el artículo 7.p puede aplicarse incluso cuando los desplazamientos al extranjero sean breves o no continuados, descartando la necesidad de una estancia prolongada fuera de España. Un criterio que los magistrados han reforzado en resoluciones posteriores, en las que el Supremo ha extendido la exención a perfiles como directivos o empleados desplazados a organismos internacionales e incluso a trabajos de coordinación o supervisión.

Mientras tanto, en dos sentencias de febrero de 2026, el TS analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa y no por una entidad no residente.

En dos recientes sentencias, el Supremo analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa

No solo eso. En sendas resoluciones, los magistrados de la Sala de lo Contencioso–Administrativo recuerdan que la República Libanesa se encontraba, en los ejercicios analizados, dentro de la relación de países y territorios calificados como paraísos fiscales, lo que excluye automáticamente la aplicación de la exención. Se trata de una lista determinada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, que identifica aquellas jurisdicciones que, a efectos fiscales, presentan una baja o nula tributación, falta de transparencia o ausencia de mecanismos efectivos de intercambio de información con la Administración española. La inclusión en este listado -que históricamente ha incorporado territorios como Gibraltar, Islas Caimán o Guernsey- conlleva un tratamiento fiscal más restrictivo y limita el acceso a beneficios como la exención por trabajos realizados en el extranjero prevista en el IRPF.

En paralelo, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos están aplicando estos criterios con matices en distintos sectores. En otra reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia analiza el caso de un trabajador embarcado en un buque de la Armada en misiones internacionales y rechaza la exención al no acreditarse que los servicios generasen una utilidad real para una entidad extranjera distinta de la mera participación en una organización internacional. El tribunal insiste en que no basta con trabajar fuera de España: es necesario probar que el trabajo se realiza para un destinatario extranjero concreto y que produce una ventaja efectiva para este.

Empleados del Banco de España

En cambio, otras resoluciones muestran una aplicación más flexible cuando se cumplen esos requisitos. En una sentencia dictada el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia la pretensión de varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo en el marco de diversos proyectos y tareas de coordinación técnica. En este supuesto, los trabajadores mantenían su vínculo laboral con la institución española, pero desarrollaban parte de su actividad en el extranjero, participando en funciones que beneficiaban directamente a un organismo internacional.

Otras resoluciones muestran una aplicación más flexible. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó la exención a varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo al considerar que sus proyectos generan una utilidad real para una entidad no residente

La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo y concluye que la exención prevista en el artículo 7.p del IRPF puede aplicarse en estos casos, incluso aunque los desplazamientos no sean permanentes o se combinen con trabajo en España. El elemento clave, según el tribunal, es que los servicios se presten materialmente fuera del país y generen una utilidad real para una entidad no residente, en este caso el Banco Central Europeo, con independencia de que también exista un beneficio indirecto para el empleador español. La resolución refuerza así la idea de que la exención no queda descartada por la mera existencia de vínculos con España, siempre que se acredite de forma suficiente la dimensión internacional efectiva del trabajo.

El mismo tribunal aplicó en otro procedimiento judicial un matiz relevante: incluso cuando se cumplen los requisitos para aplicar la exención, ésta no opera de forma automática ni total, sino que debe calcularse de manera proporcional en función del tiempo real de trabajo en el extranjero. Lo hizo constar en una sentencia del pasado mes de diciembre, relativa a un tripulante que trabajaba como capitán y primer oficial en un yate con base en el extranjero y que reclamó la aplicación de la exención del artículo 7.p del IRPF por trabajos realizados fuera de España.

Según consta en la resolución, el trabajador prestó servicios durante 152 días en aguas internacionales y en distintos países europeos, percibiendo unos ingresos anuales superiores a 82.000 euros. En este caso, el tribunal no cuestiona que el trabajo se realizara efectivamente en el extranjero ni que la empresa empleadora fuera no residente, sino que centra el debate en el alcance de la exención: por ello, rechaza que pueda aplicarse a la totalidad de los ingresos y confirma el criterio de la Agencia Tributaria, que limitó su aplicación únicamente a los días efectivamente trabajados fuera de España y determinó que solo quedaban exentos unos 34.168 euros de los más de 82.000 percibidos. El resto debía tributar en España.

El mercado turístico de las Balears observa con preocupación la escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El encarecimiento del petróleo —con el barril Brent, de referencia internacional, alcanzando la semana pasada los 120 dólares, su máximo— amenaza con elevar los costes de las cadenas de suministro de las que dependen restaurantes, hoteles y otros establecimientos. Un factor especialmente sensible en un territorio insular, donde gran parte de los productos llegan por vía marítima o aérea y donde muchos negocios prevén abrir sus puertas en abril, en una temporada que este año arranca más tarde debido a que la Semana Santa cae en fechas muy tempranas. Para este periodo vacacional, cuando muchos turistas ya optan por viajar a las islas, tan solo los hoteleros más “valientes” y con mayor capacidad logística o estructuras más flexibles han decidido abrir sus puertas, arriesgándose a que la jugada les salga rentable. La apuesta es aún más incierta si se tiene en cuenta el escenario global.

De hecho, los empresarios ya se preparan para afrontar el encarecimiento del combustible y no descartan que este aumento termine repercutiendo en el precio final de los productos y servicios que consumen los turistas. El factor precio ya generó tensiones durante la pasada temporada, especialmente en algunos segmentos como el del lujo, donde el sector reconoce que se produjo un desequilibrio entre calidad y precio que acabó afectando a parte de la demanda. Las patronales siguen ahora con atención la evolución del contexto internacional y advierten de que el impacto real sobre la temporada turística dependerá, sobre todo, de la duración del conflicto, que por el momento resulta imposible de prever.

Si el conflicto se prolonga, es probable que los destinos más próximos a la zona de guerra tengan mayores dificultades para recibir turistas y se produzca un trasvase hacia lugares considerados más seguros. Países como Egipto o Turquía podrían verse especialmente afectados por este cambio de tendencia. De hecho, los operadores turísticos ya registran las primeras cancelaciones de viajes en la región, según informaciones de El País, y se estima que a corto plazo parte de la demanda podría desplazarse hacia destinos del Mediterráneo que compiten directamente con estos mercados.

Las Pitiusas: un destino seguro

En ese contexto, la situación podría beneficiar a enclaves percibidos como especialmente seguros, como Eivissa. Así lo señala la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera, Maria Costa, quien destaca que “España —igual que Italia o Portugal— aparece como un lugar seguro, está muy alejada [del conflicto] y para los turistas europeos es muy accesible”.

Aun así, el sector insiste en que no se trata de una circunstancia que deseen aprovechar. El presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF), Alfonso Rojo, subraya que la industria turística de Baleares es “muy madura y está saneada”, por lo que no necesita “desgracias” de este tipo para atraer visitantes. Con todo, reconoce que la experiencia de crisis anteriores demuestra que algunos viajeros terminan optando por destinos percibidos como más estables, aunque recuerda que no se trata de destinos fácilmente intercambiables.

Los empresarios afirman que algunos viajeros terminan optando por destinos percibidos como más estables, aunque no se trata de destinos fácilmente intercambiables

Todavía es pronto para confirmar esta tendencia. El último informe de Mabrian, empresa española especializada en el análisis del rastro digital de millones de turistas en tiempo real, apunta a que la escalada del conflicto ya empieza a alterar los flujos de viajeros. La percepción de inseguridad en los países del Golfo y en destinos cercanos está provocando cambios en la demanda procedente de Estados Unidos y de algunos de los principales mercados europeos, entre ellos Alemania y Reino Unido, especialmente relevantes para el turismo pitiuso.

En Eivissa, de hecho, ya se ha detectado un aumento del 4% en las búsquedas de vuelos desde el inicio del conflicto, según datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) puesto en marcha recientemente por el Consell Insular. Con todo, el sector prefiere mostrarse prudente. “Aún es pronto para saber si esto tendrá un impacto significativo en los flujos turísticos de Balears”, señala el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en las Pitiusas, José Antonio Rosselló, a elDiario.es.

En Eivissa ya se ha detectado un aumento del 4% en las búsquedas de vuelos desde el inicio del conflicto, pero el sector prefiere mostrarse prudente

En paralelo, el conflicto también está teniendo efectos inmediatos en el transporte aéreo internacional. El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras los ataques a Irán ha generado caos en el tráfico aéreo mundial y ha afectado a más de un centenar de residentes baleares que tenían vuelos de regreso a España. Aeropuertos estratégicos como los de Dubai, Abu Dabi, Doha o Kuwait permanecen cerrados, lo que ha obligado a numerosos viajeros a asumir estancias adicionales en hoteles y buscar alternativas para regresar a las islas.

Entre los afectados ha habido turistas ibicencos bloqueados en Tailandia, Sudáfrica o Emiratos Árabes Unidos por la cancelación de vuelos y la pérdida de conexiones aéreas para llegar a territorio insular. Estos problemas logísticos en el transporte –si los bombardeos se prolongan– también podrían limitar la llegada de visitantes en sentido contrario, hacia las islas, aunque el flujo de turistas es menor desde el hemisferio Oriental.

Posible subida de los billetes aéreos

De darse este supuesto de que el conflicto se prolongue, el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, explica que las agencias deberán notificar a sus clientes posibles recargos por combustible en algunos billetes de avión. Un suplemento que afectaría tan sólo a las reservas que aún no se han emitido —es decir, aquellas que siguen en estado de reserva—, y a las que las aerolíneas pueden aplicar el incremento del carburante hasta 21 días antes de la fecha del vuelo.

Más allá de estos ajustes en el transporte, el sector da por seguro un primer impacto económico derivado del aumento del precio de la energía, provocado por el encarecimiento del petróleo y del gas natural. “Esto afectará [y ya está afectando] a la operativa interna de las empresas”, señala el vicepresidente de la CAEB. El encarecimiento energético puede trasladarse al conjunto de la economía a través de la inflación, incrementando los costes de producción en distintos sectores. En el caso del turismo, los más expuestos serían hoteles, transporte, restauración y comercio. “Pase lo que pase, este impacto ya se ha producido y, si no se detiene, irá a más”, advierte Rosselló.

El encarecimiento energético puede trasladarse al conjunto de la economía a través de la inflación, incrementando los costes de producción en distintos sectores. En el caso del turismo, los más expuestos serían hoteles, transporte, restauración y comercio

El aumento del precio del combustible ya se está trasladando a los costes del transporte, un factor crítico para las Pitiusas, especialmente para Formentera, donde la insularidad triple hace que la dependencia logística sea mayor. Según la naviera Baleària, llenar los camiones que llegan a los puertos baleares supondrá entre 80 y 100 euros más por trayecto, mientras que Trasmed ha confirmado a elDiario.es un incremento del 10 al 15% en el transporte de mercancías, que podría trasladarse a los precios finales si la tendencia alcista se mantiene.

Según la naviera Baleària, llenar los camiones que llegan a los puertos baleares supondrá entre 80 y 100 euros más por trayecto, mientras que Trasmed confirma un incremento del 10 al 15% en el transporte de mercancías, que podría trasladarse a los precios finales

Menor beneficio que otras temporadas

“Las empresas isleñas somos muy sensibles a esto, porque prácticamente todo llega por vía aérea o marítima”, apunta Rojo. El aumento de los carburantes también preocupa al sector hotelero, aunque por el momento mantiene una actitud optimista. “Está subiendo mucho, pero podría favorecer los viajes de proximidad”, añade por su parte la presidenta de la Federación Hotelera de las Pitiusas.

Está subiendo mucho [el precio del carburante], pero podría favorecer los viajes de proximidad

Maria Costa — Presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera

El incremento de costes ya está afectando la rentabilidad de muchas empresas en las Pitiusas. Algunas patronales apuntan que, en comparación con años anteriores, los beneficios podrían ser menores, e incluso existe la duda de si será posible “empatar” económicamente con otras temporadas. La opción de repercutir estos costes al precio final aún no se ha planteado de forma generalizada, debido al riesgo de afectar la demanda: “En destinos como Eivissa, donde los precios ya son elevados, el margen de maniobra es limitado. Muchas veces no queda otra que asumir parte de los costes”, explica Rosselló.

Además, las pymes muestran especial preocupación por el posible impacto económico del conflicto internacional y la llegada de una recesión de gran magnitud, que podría afectar a España y a la Unión Europea (UE). No obstante, recuerdan que el turismo suele resentirse menos que otros sectores y que las vacaciones continúan siendo una prioridad para muchas familias, aunque podrían ajustarse los días de estancia o buscar opciones más económicas. La principal inquietud es que la situación genere incertidumbre entre los viajeros europeos, lo que podría retraer la demanda incluso dentro del continente.

En destinos como Eivissa, donde los precios ya son elevados, el margen de maniobra es limitado. Muchas veces no queda otra que asumir parte de los costes”, explica .

José Antonio Rosselló — Vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en las Pitiusas

Ayudas del Gobierno

Las principales patronales del sector, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), han solicitado al Gobierno un paquete urgente de ayudas de unos 400 millones de euros para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Las organizaciones, que agrupan más de 5.000 puntos de venta en toda España, plantean medidas como una línea extraordinaria de financiación del ICO de 250 millones de euros a tipo preferente, un fondo de compensación de 120 millones para cubrir pérdidas derivadas de cancelaciones y reembolsos, así como ERTE específicos y ajustes fiscales para las agencias afectadas. Según explican, la crisis no solo afecta a los destinos directamente implicados en el conflicto, sino que también está alterando la conectividad aérea hacia Asia, África y Oceanía.

Por su parte, el Gobierno ha comunicado que este viernes aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario un plan de respuesta integral ante la guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales destinadas a proteger a los sectores más afectados por la subida de precios y a los colectivos más vulnerables. El Ejecutivo mantiene además contactos con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores expuestos a las consecuencias económicas del conflicto.

Un escenario muy inestable

Las patronales coinciden en que todo dependerá de la evolución del conflicto y de la recuperación del tráfico internacional. “Ahora mismo una parte importante de la flota aérea mundial no está operando con normalidad, especialmente las compañías que conectan con Asia desde Oriente Medio”, señalan, por lo que el impacto final todavía es difícil de prever. Desde el sector hotelero reconocen que la situación es “muy cambiante” y que, por el momento, más que preocupación hay “expectación”: “Una parte importante de nuestras reservas se suele hacer más adelante, así que quizás esto también nos beneficie. En las próximas semanas tendremos más información sobre qué pasa, porque ahora mismo está todo en el aire”, añaden.

De momento, los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la temporada turística todavía son una incógnita, añade en la misma línea Rosselló: “Siendo realistas, en este momento cualquier valoración es muy incierta, porque esto no ha hecho más que empezar”. A esta incertidumbre se suma otro factor: la Semana Santa temprana de este año y muchos establecimientos están demorando la apertura, lo que dificulta por ahora tener datos claros sobre el comportamiento del inicio de temporada.

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, quiso trasladar durante la feria turística ITB Berlín, la primera semana de marzo, un mensaje de “tranquilidad” al sector turístico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio y aseguró que la situación no estaba afectando a las expectativas de negocio para la isla. Sin embargo, la guerra se ha intensificado en los últimos días y es muy difícil determinar cuánto se prolongará. 

6 de diciembre de 2024. La mañana se presenta como otra más en este hotel de cinco estrellas de Portals Nous, considerada la zona turística más exclusiva de Mallorca. Sin embargo, al acudir a su puesto de trabajo en el restaurante del establecimiento, los empleados se encuentran una escena inesperada: la sociedad que explota el negocio lo ha cerrado y su interior ha sido prácticamente vaciado. Al cabo de un momento, la plantilla, unas 50 personas entre camareros, cocineros y personal de servicio, recibe un mensaje del consejero delegado de la empresa que los tenía contratados: “Hola, equipo. Escribo esto con mucho pesar para informaros de que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cesar las operaciones [...] con efecto inmediato”. Y añade: “Con los problemas de flujo de caja actuales, simplemente no es viable seguir adelante”. La plantilla acaba de descubrir que la mercantil, Merchants by Five, ha cerrado de forma abrupta el restaurante y que su trabajo ha desaparecido.

“Fue una locura, nadie sabía nada. Todo el mundo se enteró ese mismo día”, relata Óscar, uno de los empleados del hotel que vivió el episodio desde dentro. A las afueras del espacio que antes ocupaba The Merchants by the Sea -como se llamaba el restaurante-, el trabajador recuerda que una clienta bajó a desayunar como cualquier otro día y se dirigió a recepción: “Preguntó por el desayuno y le dijeron que no había, que ya no se servía porque el restaurante había cerrado”. Fue la espita que hizo saltar las primeras alarmas. El restaurante, que gestionaba el servicio de desayunos del hotel, dejó de funcionar de un día para otro y obligó al establecimiento a reorganizar sobre la marcha el servicio de restauración para los huéspedes alojados en él.

“De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés”, recuerda Óscar, entonces presidente del comité de empresa. Algunos días, añade, el establecimiento hotelero optó incluso por trasladar a sus huéspedes a desayunar a un club de pádel próximo. La situación se volvió aún más tensa cuando los responsables de Merchants by Five, vinculada al proyecto gastronómico Five Senses Hospitality, comenzaron a llevarse los materiales. “Ese mismo día empezaron a sacar cosas de allí. Mercancía, equipamiento… parecía que lo estaban desvalijando”, relata el trabajador. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés"

Óscar — Presidente el comité de empresa en el momento de los hechos

La Justicia da la razón a la plantilla

Un año y un mes después, la Justicia ha dado la razón a la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los despidos al concluir que la empresa Merchants by Five extinguió de facto los contratos de todos los trabajadores sin seguir el procedimiento legal previsto para un despido colectivo contemplado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cerró el negocio y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. La empresa tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre del restaurante. Simplemente echó la persiana, extinguió los contratos de los empleados y los dio de baja de la seguridad social.

La empresa cerró el restaurante y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. Tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre

No solo eso. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un “grupo patológico de empresas”: aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial. En este caso, los trabajadores prestaban servicios para distintas mercantiles del grupo, elaboraban en la misma cocina productos para vender, servir o ser utilizados en otros centros de ocio y restauración del conglomerado y contaban con una dirección empresarial común, además de mantener relaciones económicas entre las distintas sociedades, elementos que llevan a los magistrados a extender la responsabilidad laboral a varias empresas vinculadas a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. y Five Senses Catering & Events SL.

“Todo lo anterior nos permite apreciar que estamos ante un uso abusivo de la dirección unitaria, pues sin forma definida se instrumentaliza este entramado societario para deslindar responsabilidades en el uso abusivo de la contratación de los trabajadores, y bajo una dirección unitaria indescifrable y confusa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo, con modificaciones impuestas del lugar de prestación de servicios, horarios, identificación del verdadero empleador, impidiendo recibir la formación adecuada -tanto para la correcta prestación de servicios, como efectos de prevención de riesgos para cada centro de trabajo. Y, finalmente, incluso para eludir responsabilidades como en caso de un despido colectivo”, subraya la sentencia dictada por la Sala de lo Social.

La sentencia subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un "grupo patológico de empresas": aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial

El tribunal se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que un grupo deja de ser una organización empresarial neutra o legítima cuando sus sociedades funcionan en la práctica como una sola estructura para eludir responsabilidades laborales, pasando a convertirse en un instrumento para cometer fraude o abuso de derecho.

De Londres a Mallorca

Tras el grupo Five Senses se encuentran los empresarios Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas y Mariusz Szymecki, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en el sector de la restauración de lujo en Londres antes de trasladar su proyecto a Mallorca. Allí trabajaron en restaurantes y clubes privados de alto nivel vinculados al ocio y la hostelería de gama alta, un entorno que en la última década ha servido de escuela para numerosos empresarios del sector gastronómico internacional. Tras esa etapa en Reino Unido, los tres socios impulsaron en Palma un proyecto orientado a crear conceptos gastronómicos vinculados al turismo premium y a hoteles boutique, abriendo en 2020 el restaurante The Merchants–Steak & Grill, situado en el hotel Palacio Can Marqués, en el casco histórico de Palma, y dirigido al turismo internacional y a una clientela de alto poder adquisitivo. También cuentan con el restaurante Canela, el asiático KOH Palma, el espacio gastronómico Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros y wagyu a 180

En Portals Nous, Five Sense presentó The Merchants by the Sea como la versión costera de The Merchants. Abrió sus puertas en 2024 con una carta que reflejaba su apuesta por un público con alto poder adquisitivo: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonés por 180, torres de marisco por 140 euros y botellas de champán que superaban los 500 euros. La apuesta respondía a una tendencia creciente en destinos turísticos como Mallorca, donde hoteles y empresas gastronómicas externalizan su restauración a grupos que suelen crear sociedades distintas para cada proyecto o establecimiento, lo que permite separar la gestión de cada negocio y limitar riesgos empresariales. Apenas unos meses después, The Merchants by the Sea cesaba por completo su actividad sin más explicación que un mensaje de texto. Pese al conflicto laboral y el cese de la actividad, la web del establecimiento sigue activa y en ella puede leerle: “Cerrado por temporada”.

Rafa Huete, representante de UGT que participó en el caso, recuerda que el sindicato se enteró de lo ocurrido cuando recibió una llamada de Óscar. “Me llamó y me dijo: 'Vente para acá, que tenemos un problema con los trabajadores'”, relata. Cuando llegó al establecimiento se encontró con decenas de empleados del restaurante sentados en las escaleras del hotel. “Había unas 35 personas allí porque les habían cerrado las puertas y no podían entrar a trabajar”. Sin embargo, los trabajadores ya sospechaban que algo estaba pasando: en recepción habían visto entrar a primera hora a varias personas que cargaban cajas en una furgoneta: “Estaban sacando todo: la vajilla, el material… hasta la lechuga de las neveras”.

“Los dejaron a su suerte sin ningún tipo de explicación”, lamenta Huete, responsable del departamento de Servicios, Movilidad y Consumo (SMC) de UGT en Calvià. Tras aquel episodio, el sindicato mantuvo una reunión con los trabajadores para decidir cómo actuar y decidieron denunciar. Para el representante sindical, el cierre del negocio y el despido de la plantilla se produjeron sin transparencia por parte de la empresa y dejaron a los trabajadores en una situación de gran incertidumbre. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado la situación de muchos afectados. Algunos de ellos comenzaron a trabajar en otros lugares y, ahora, el propio hotel que subcontrató los servicios del restaurante, The Donna Portals, se encuentra conversando en la actualidad con algunos de los antiguos trabajadores para que puedan cubrir el servicio de restauración tras la desaparición del restaurante externalizado.