Los compradores extranjeros pagan de media 548.000 euros por una vivienda en Balears frente a los 304.000 euros que desembolsan los nacionales. La diferencia, de unos 244.000 euros, equivale a un precio un 80% superior y refleja la distancia entre los dos principales perfiles de compradores en un mercado residencial que acumula un déficit estimado de 17.000 viviendas respecto al crecimiento de la población durante el último cuarto de siglo.

Así lo recoge el Observatorio de la Vivienda de Baleares (OHIB), presentado por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. El organismo constata que la población de las Islas aumentó un 46,3% entre 2000 y 2025, mientras que el parque residencial creció un 31,5%. El desajuste alcanza el 14,7%, aunque su impacto varía de manera notable entre territorios: el déficit estimado llega al 54,3% en Formentera, al 43,2% en Eivissa, al 11,4% en Mallorca y al 8,4% en Menorca.

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha matizado que estas cifras son una estimación y que “no tienen por qué coincidir con la demanda real” de vivienda en cada isla.

La diferencia entre compradores nacionales y extranjeros también se refleja en la evolución de las operaciones. Desde 2023, las compraventas realizadas por españoles han aumentado casi un 31%, mientras que las protagonizadas por extranjeros han crecido un 34,2%. Además, el perfil del comprador cambia según el territorio: en los municipios costeros predominan los compradores extranjeros, mientras que en los municipios del interior son mayoritarios los nacionales.

El dato adquiere especial relevancia en un mercado donde el precio de la vivienda anunciada en los portales inmobiliarios se sitúa muy por encima del importe efectivo de las operaciones. Según los datos presentados por la Conselleria, plataformas como Idealista situaban en 2025 el precio medio de oferta en 5.224 euros por metro cuadrado. Los registradores de la propiedad, sin embargo, calculaban un precio real de 3.988 euros, mientras que el OHIB lo situaba en 3.782 euros.

La diferencia entre el precio anunciado y el estimado por el Observatorio alcanza así el 38%. Reynés ha pedido “mucha prudencia” a la hora de utilizar los datos de los portales inmobiliarios, ya que se trata de precios de oferta y no necesariamente del importe final de las compraventas.

El desfase es todavía mayor en algunos municipios. En Formentera alcanza el 49,3%; en Palma, el 42,4%; en Maó, el 35,5%, y en Eivissa y Ciutadella supera el 31%.

La vivienda turística ocupa el 4,2% del parque residencial

El Observatorio también analiza la evolución de la vivienda destinada al alquiler turístico. Este parque creció un 132% entre 2015 y 2022, hasta alcanzar casi 26.500 viviendas. En los últimos tres años se han eliminado 349, lo que supone un descenso del 1,3% sobre el total.

Pese a esta reducción, las viviendas de uso turístico todavía representan el 4,2% del parque residencial de Baleares. A ello se suma el descenso del 12,6% en el número de anuncios de viviendas turísticas en plataformas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Las políticas públicas tienen que focalizar los esfuerzos en detectar y sancionar las viviendas turísticas ilegales, y reconducir el alquiler turístico hacia el alquiler residencial”, ha defendido Reynés.

Un parque residencial envejecido

Baleares contaba en 2025 con casi 619.000 viviendas, de las que el 66% eran plurifamiliares. Mallorca concentraba cerca de 480.000 viviendas; Eivissa, unas 75.500; Menorca, cerca de 59.000, y Formentera, alrededor de 5.000.

La superficie media de las viviendas plurifamiliares se sitúa en 128 metros cuadrados, frente a los 263 metros cuadrados de las unifamiliares. La media conjunta alcanza los 164 metros cuadrados.

El OHIB alerta asimismo del envejecimiento del parque residencial. El 56,5% de los edificios residenciales fue construido antes de la primera normativa energética. Además, de los 175.677 certificados energéticos registrados en estos edificios, el 83,4% tiene una calificación E, F o G.

Reynés ha señalado que los programas de rehabilitación energética financiados con fondos Next Generation “deben tener continuidad durante los próximos años” para actualizar un parque residencial “muy envejecido”.

El Govern descarta declarar zonas tensionadas

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) dispone de más de 10.000 viviendas con precios asequibles dentro del conjunto del parque residencial del archipiélago. Entre los demandantes, casi la mitad se decanta por la compra de vivienda pública, mientras que el 36,8% prefiere el alquiler y el 14,5% no muestra una preferencia concreta.

Menorca es la isla donde más demandantes optan por el alquiler, con un 62,1%. En el resto, esta opción se sitúa por debajo del 40%. En Mallorca, Eivissa y Formentera, la preferencia por la compra ronda el 50%, mientras que en Menorca no alcanza el 30%.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido el Observatorio como “un instrumento esencial para acertar en políticas de vivienda a corto, medio y largo plazo”. Mateo ha asegurado que el Ibavi seguirá recopilando datos para orientar las futuras decisiones del Ejecutivo autonómico.

El conseller también ha insistido en que el Govern “no adoptará” la declaración de zonas tensionadas prevista en la legislación estatal de vivienda. A su juicio, esta medida está “fracasando” en los territorios donde se ha aplicado. “No es insumisión ni desobediencia”, ha concluido.

“Vamos a generar más vivienda asequible para la gente de aquí”, ha asegurado Mateo.

Los carteles de ‘Se Vende’, ‘Se traspasa’ y ‘Se alquila’ cuelgan sobre varias rejas y ventanas de propiedades sin actividad del West End (Eivissa), identificada como la meca del ocio de excesos y de turismo hooligan de la costa sudoeste de la isla. Pasan casi desapercibidos cuando suenan tambores de medianoche y empiezan a emerger con la oscuridad vendedores ambulantes de gas de la risa que acechan a turistas jóvenes que han empezado a plagar varias horas antes las sillas de las terrazas dispuestas en los bares que quedan. 

Casi todos se extienden a lo largo de la arteria principal, la calle Santa Agnès, que fue teñida de múltiples colores hace un año y medio con una obra horizontal -sobre el suelo- del cántabro Okuda San Miguel –conocido como el artista urbano que colorea el capitalismo– persiguiendo el sueño cada vez más complicado de cumplir de que esta zona de ocio nocturno, por la que se han embriagado por lo menos dos generaciones -de locales y visitantes-, se convierta en un área comercial de tiendas, hoteles boutique y de negocios más amables. 

Salpican así la imagen, en esta vía y en la perpendicular, algunos locales de comida saludable y restaurantes –fruto de las ayudas de 80.000 euros financiadas con fondos europeos otorgadas por el Ayuntamiento de Sant Antoni para reconvertir los establecimientos– que en el momento en que se pintó el mural sobre el suelo hacían temer la gentrificación del barrio. El West End está en el corazón del pueblo –constituye también su casco histórico– y, a pesar de ser de los más baratos de la isla, se encuentra en un territorio donde el precio de la vivienda está ya por las nubes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran cómo el mercado inmobiliario en Balears acumula a día de hoy doce años de subidas trimestrales del coste habitacional.

Menos gente y control policial

Pero lejos de cumplirse estos temores, el núcleo recreativo ha vivido esta temporada turística lo que desde la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON), conformada por empresarios de la zona, califican de “el peor verano de la historia”. “Ha sido un auténtico desastre. Cada vez llega menos gente y la presencia policial es también cada vez menor”, afirman desde la Junta Directiva, que vaticina un empeoramiento de una situación ya crítica.

Los factores que han precipitado el desesperanzador escenario empezaron nada más arrancar la temporada, con la polémica por el desgaste de la obra de Okuda, cuya reparación –el desconche de la pintura y la necesidad de rehabilitar la única parte vertical del mural– requirió de vallados y precintos que permanecieron en la calzada hasta mitad de verano, causando perjuicio a los negocios, denuncian. 

Los empresarios de la zona denuncian que la reparación de la obra de Okuda requirió de vallados y precintos que permanecieron en la calzada hasta mitad de verano, causando perjuicio a los negocios

A esto se ha sumado, según los empresarios, la “irregular” presencia policial. El Consistorio contrató –no sin controversia– a una empresa de seguridad privada para reforzar el control en el municipio en los meses de mayor afluencia turística, sin que estos efectos hayan dado resultado. Tampoco la presencia de agentes cívicos contratados para el mismo propósito.

Pasear de noche por el West End aún supone esquivar a turistas ebrios, eludir los intentos de ventas piratas y sentir cierto sentimiento de decadencia general magnificado por la falta de iluminación y de limpieza en el conocido antiguamente como barrio de Sa Raval que causa cierta reminiscencia al delirante arte de El Bosco. La inseguridad es algo que también preocupa a los vecinos.

Los esfuerzos institucionales para ejecutar un lavado de cara pasaron por convocar el pasado abril un proceso participativo para cambiar su nomenclatura. Se cerró, sin embargo, sin la representatividad suficiente como para que se respaldara un cambio de la denominación popular de la zona, consideró el Ayuntamiento. Entre los errores cometidos –por el Consistorio–, la AEON valora que el primero ha sido “pretender cambiar el nombre a un sitio degradado sin solucionar los problemas que precisamente la convierten en eso”. Lo “lógico”, consideran desde la asociación, habría sido cambiar primero “el concepto y la oferta”.

A principios de julio, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, inauguró el nuevo boulevard de Vara de Rey que conecta el área conflictiva con el paseo marítimo de Café del Mar donde cada temporada se agolpan miles de turistas para ser testigos de uno de los atractivos turísticos más potentes del municipio: su puesta de sol. El proyecto, con un coste de 5,5 millones de euros, tiene el mismo objetivo de revitalizar la zona incentivando el flujo de visitantes desde la costa hasta el centro y viceversa.

De momento, la calle Santa Agnès continúa teniendo el nombre del barrio de ocio londinense por el que se le renombró en la década de los setenta, cuando empezó a cobrar vida de núcleo para el turismo de borrachera que sigue siendo ahora. De hecho, apenas un mes antes de la inauguración del boulevard, una brutal pelea a puñetazos de madrugada entre dos turistas sobre el ‘Arcoíris Infinito’ de la arteria principal puso en evidencia que siguen existiendo en ella los mismos problemas. 

“Es hasta irónico que los empresarios del West End valoren negativamente la temporada cuando tienen un servicio a la carta del tipo de turismo que han querido tener”, explica a elDiario.es Jordi Campillo. Es uno de los vecinos que durante casi tres décadas ha convivido verano tras verano con el turismo de borrachera que se repite en otras áreas de Balears como Magaluf. 

En algo sí coincide con ellos y es que el barrio está “peor que nunca”. “Lo han machacado hasta la saciedad: estéticamente, económicamente y desde un modelo turístico que atrae suciedad y vulnera el patrimonio”, sigue este vecino. “¿Y es ahora, en 2026, cuando se llega a la conclusión de que no es sostenible y se lamenta que ha sido un mal verano porque a nadie le interesa una zona tan desastrosa?”, asevera.

Han machacado el barrio hasta la saciedad: estéticamente, económicamente y desde un modelo turístico que atrae suciedad y vulnera el patrimonio

Jordi Campillo — Vecino

Campillo reside con su familia en la calle General Prim, a escasos metros de los bares más frecuentados por turistas, principalmente británicos y de una media de edad de entre 20 y 30 años. “Los vecinos llevamos tiempo avisando de que se están cargando una parte de la isla que ya no está de moda y cuya oferta se podría enfocar a un servicio más respetuoso con el entorno, siguiendo lo que se está intentando promover en toda la isla. Pero [los empresarios] no han querido”, lamenta. Añade que el vecindario, así, ha tenido que vivir una temporada más de “drogas, suciedad, ruido” y, en definitiva, “el mismo desastre de cada verano”, aunque sí han notado el “bajón”. 

Por otro lado, los residentes no eximen al equipo de gobierno municipal –que no ha respondido a las preguntas formuladas por este diario– de responsabilidades: “Teniendo sobre la mesa un proyecto de armonización del núcleo como piedra angular de su campaña, ha terminado haciendo justo lo contrario: destruirla y volverla aún más turbulenta”. Ahora, esperan que el West muera del todo por sí misma para que pueda renacer, no como una Milla de Oro ni un lugar emblemático, sino como una calle más con negocios abiertos todo el año destinados a la gente local.

Las fiestas privadas, otro factor añadido 

La localidad ha visto cómo en paralelo, este verano, se celebraban fiestas privadas en distintos lugares públicos con el beneplácito del Ayuntamiento, como en la cantera de Can Coix, donde cerca de un área natural protegida se llevó a cabo la polémica fiesta egipcia de lujo con un lago artificial que ha terminado en una investigación por parte del Govern. También se organizó un macroevento -con alrededor de 4.000 asistentes- en la playa urbana de s’Arenal durante el eclipse total del 12 de agosto.

Estos acontecimientos en un lugar donde ya existe tanta oferta de ocio nocturno sujeta a normativas y limitaciones acústicas han generado descontento entre la población y también entre los negocios de esta meca del ocio, que lamentan que se haya generado una “competencia desleal”, al haberse organizado fuera de la programación de las fiestas patronales. “Los eventos se han concedido con exención de la ordenanza de ruidos, mientras que los locales nos vemos obligados a cumplir a rajatabla la ley, muchos de nosotros además con el lastre de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)”, apuntan.

La declaración del West End como ZPAE en el año 2018 –durante el mandato del tripartito progresista formado por PSOE, Reinicia Sant Antoni y el PI– se materializó en que todos los bares (musicales o no), restaurantes, cafeterías, cafés concierto, discotecas y salas de fiestas debían echar el cerrojo a las tres de la madrugada y no a las seis como hasta entonces.

La normativa delimitó concretamente determinados tramos de Santa Agnès, Cristòfol Colom, Bartolome Vicente Ramon, Vara de Rey, Sant Antoni, Sant Mateu y General Prim. La delimitación tuvo además cierta controversia jurídica, especialmente por la exclusión inicial de la calle del Mar. 

También se reguló la retirada de terrazas y veladores en horario nocturno -desde las doce de la noche (doce y media para recoger sillas y mesas) hasta las ocho de la mañana- y la limitación del consumo de alcohol en la vía pública de toda la zona afectada. Así como cualquier tipo de emisión musical en el exterior. Además de no admitir la implantación de nuevos recintos vinculados al ocio nocturno, ni la ampliación de los ya existentes. 

Los empresarios ya denunciaron ante elDiario.es el pasado marzo, antes del arranque oficial de la temporada, que la ZPAE mantiene al West End en “desigualdad de condiciones” respecto a otros lugares de ocio del municipio, a lo que atribuyen su consiguiente pérdida de actividad y empleo. Lo hicieron después de que el equipo de gobierno municipal decidiera dilatar dos horas el horario de cierre en invierno. Una medida que consideraron “insuficiente”. 

Para Pepe Rosselló, presidente de la AEON –y fundador de la extinta discoteca Space– “nada cambiará” a no ser que se establezca una regulación de sonido y también de aforo que se aplique a las fiestas diurnas y nocturnas. Se refiere, sobre todo, a hoteles-discoteca como el Pikes, el Ibiza Rocks –propiedad ambos del británico Andy McKay– o el O Beach, en la bahía, que proliferaron en 2012 con la conocida como Ley Delgado. Así como a recintos como el 528, también explotado por McKay: “satélites” que “enturbian” el ecosistema general de un pueblo que, exceptuando la primera línea de costa, está totalmente en “crisis”, considera.

Principalmente, por la retroalimentación y el contagio de un comportamiento de discoteca que va desde primera hora de la tarde. “Ese público –al que acude estas fiestas– es el que luego acude al West en el estado en que lo hace”, determina: “Lo que queda es ese cliente residual y acabado que consume. Por lo que –de no darse esa regulación general– no veo ninguna vía de progreso o renacimiento”. Mientras tanto, los vecinos, anestesiados tras décadas aguantando la inseguridad, la suciedad y el ruido de la zona, esperan, pacientemente, a que “la burbuja explote”. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Balears subió hasta el 4,4% en agosto respecto a un año antes, según datos de este martes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 4,3%, 7 décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,9%, respecto al séptimo mes del año.

Respecto a agosto de 2025, lo que más sube en el archipiélago es la restauración y los servicios de alojamiento (8,2%), seguido del transporte (5,3%) y la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (5%).

En el octavo mes del año suben igualmente los alimentos y las bebidas no alcohólicas (3,2%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,5), los muebles y artículos del hogar (1,7%), la sanidad (1,6%), la información y las comunicaciones (2,9%), las actividades recreativas, deporte y cultura (2,3%), la enseñanza (2,5%), los seguros y los servicios financieros (3,1%) y el cuidado personal, la protección social, y bienes y servicios diversos (3,7%). Por contra, bajan el vestido y el calzado (-0,2%).

La tasa balear se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Cantabria (+5,1%), Galicia (+4,8%) y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid (+4,7%), mientras que en Canarias (+3,8%) y La Rioja y Asturias (+3,9%) fue donde menos subieron los precios.

Més per Mallorca volverá a llevar al Parlament su propuesta para limitar la compra de viviendas a personas no residentes en Balears después de que la Comisión Europea haya planteado impulsar determinadas restricciones a la adquisición de segundas residencias en zonas tensionadas. La iniciativa, que ya fue rechazada por PP y Vox el pasado mes de febrero, recupera así protagonismo en el debate político sobre la crisis habitacional de las islas.

La discusión sobre la compra de vivienda por parte de no residentes no es nueva en las islas: Balears lleva años soportando una fuerte presión inmobiliaria derivada de la escasez de territorio, la demanda turística y el atractivo del archipiélago para compradores e inversores internacionales con un elevado poder adquisitivo.

Según el Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, publicado el pasado mes de abril, el 29,8% de las compraventas de viviendas en las islas fueron protagonizadas por compradores extranjeros, la proporción más elevada de todas las comunidades autónomas y más del doble de la media nacional, situada en el 13,8%. Por su parte, el Banco de España señaló el pasado mes de junio que el 10,9% de las viviendas de Balears son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes, una cifra que triplica la media estatal.

La semana pasada, la Comisión Europea presentó su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, un paquete de medidas destinado a facilitar que las administraciones puedan actuar frente a la crisis habitacional. Entre sus planteamientos figura la posibilidad de restringir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, especialmente cuando se trate de adquisiciones por parte de personas jurídicas, así como la aplicación de medidas fiscales sobre viviendas vacías.

A raíz de esta propuesta, el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciado este lunes que su grupo volverá a presentar una proposición de ley al respecto, incorporando modificaciones tanto en la exposición de motivos como en el articulado para adaptarse a las novedades surgidas en los últimos meses, incluida la propuesta de Bruselas.

“La Comisión Europea ha vuelto a decir que existe jurisprudencia que permite esta excepción a la libre circulación de capitales”, ha defendido Apesteguia durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes. El diputado considera que el planteamiento europeo y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalan la posibilidad de establecer limitaciones en determinadas circunstancias.

La iniciativa de Més pretende restringir la compra de vivienda por parte de personas que no residan en las islas con el objetivo de contener la presión sobre el mercado inmobiliario y evitar que las viviendas se conviertan en un activo destinado principalmente a la especulación.

Bruselas abre una vía, pero no da carta blanca

La propuesta de Bruselas no establece una prohibición general de comprar vivienda ni obliga a los Estados a aplicar estas restricciones, sino que plantea un marco para aportar seguridad jurídica a las administraciones que decidan intervenir. Asimismo, exige que las medidas estén justificadas, sean proporcionadas y respondan a una necesidad real de mejorar el acceso a la vivienda. El proceso legislativo europeo todavía debe continuar en el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión también establece condiciones estrictas para declarar una zona tensionada. Las administraciones deberán demostrar que los precios de la vivienda han evolucionado de forma desfavorable respecto a los ingresos de los hogares y que existe una presión persistente sobre el acceso a la vivienda. En el caso de las restricciones a las segundas residencias, deberán acreditar además que estas adquisiciones contribuyen al deterioro de la disponibilidad de vivienda habitual.

Bruselas recuerda, además, que las restricciones deben respetar el principio de no discriminación por nacionalidad entre ciudadanos de la Unión Europea y que las medidas deben calibrarse de acuerdo con el objetivo perseguido.

La Comisión ha señalado que las autoridades pueden recurrir a distintos instrumentos antes de llegar a prohibiciones absolutas, como límites cuantitativos, incentivos fiscales o regímenes transitorios. Las restricciones, además, no tendrían carácter retroactivo.

Balears, el “monopoly” de los inversores

Apesteguia ha recordado que en 2022 viajó a Bruselas para reunirse con la jefa de gabinete de la entonces comisaria de Vivienda. En aquel encuentro, ha recordado, ya le trasladaron que podía existir margen para regular el acceso a la vivienda si se justificaba suficientemente la emergencia habitacional. A partir de entonces, Més estudió la jurisprudencia europea y elaboró la iniciativa que presentó en 2024 en el Parlament con la intención de que Balears se situara a la vanguardia de las medidas para limitar la compra de vivienda con fines especulativos por parte de empresas, fondos de inversión y compradores que no residen en las islas.

“Hemos perdido años porque la derecha, y en su momento el PSOE, no han querido encarar este problema”, ha reprochado el portavoz ecosoberanista. Apesteguia ha comparado la situación del archipiélago con “un gran tablero de Monopoly” en el que inversores internacionales compran y venden propiedades sin conocer necesariamente la realidad territorial de Mallorca.

La propuesta de Més deberá, no obstante, ajustarse al marco europeo. El propio Apesteguia ha reconocido que la iniciativa anterior incluía también a residentes en Balears dentro de las limitaciones, una cuestión que ahora deberá revisarse para evitar contradicciones con las normas comunitarias. El diputado ha advertido de que, si una ley no respeta ese principio, podría ser anulada por los tribunales.

Reacciones de PP y PSOE

El PP, por su parte, mantiene una posición contraria a restringir de forma general la compra de vivienda a los no residentes. Su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado a los ecosoberanistas y al PSIB de no haber adoptado medidas suficientes durante los ocho años en los que gobernaron las islas.

“Hasta ahora, la prohibición de venta a no residentes era solo una medida populista, porque el hecho de que la CE estudie cambiar el marco legal quiere decir que hasta ahora no lo era. Ahora que se han puesto sobre la mesa modificaciones, creo que la responsabilidad de los gobiernos es estudiar si una medida de estas características puede ser buena para los ciudadanos”, ha aseverado.

El PSIB-PSOE, mientras tanto, también ha aprovechado el giro europeo para llevar la cuestión al pleno del Parlament. Su portavoz, Iago Negueruela, ha anunciado que modificará la pregunta dirigida este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para reclamarle explicaciones sobre la posibilidad de aplicar las medidas planteadas por Bruselas. El cambio llega después de que el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se mostrara abierto a estudiar la normativa europea si esta ofrece soluciones “eficientes y eficaces” a los problemas de vivienda.

Negueruela ha cuestionado que el Govern se limite a estudiar la propuesta si no está dispuesto a aplicar medidas que ya contempla el marco europeo, como la declaración de zonas tensionadas. El socialista ha recordado que su grupo ha planteado esta posibilidad mediante una enmienda a la futura ley de capitalidad de Palma. “No entiendo que digan que lo van a estudiar si no quieren aplicar ni lo más mínimo, que es declarar zonas tensionadas”, ha reprochado.

Más de dos años después de que echase a andar el Pacto por la Sostenibilidad de Balears, presentado por el Govern de Marga Prohens como la gran hoja de ruta dirigida a transformar el modelo turístico de las islas, PP y Vox han rechazado este jueves que el Ejecutivo autonómico, a través del director general de Diálogo Social, dé explicaciones en el Parlament sobre qué queda de aquel proceso.

La petición, registrada por los diputados socialistas Llorenç Pou, Àlex Pitaluga, Malena Riudavets y Verónica Llufriu, ha sido tumbada por siete votos frente a seis: conservadores y extrema derecha se han opuesto a la iniciativa, mientras que PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca la han apoyado.

El Govern anunció el Pacto como un amplio proceso de participación para transformar el modelo económico, social y turístico de Balears, pero las discrepancias sobre la metodología, la transparencia y la representación de la sociedad civil derivó en un progresivo goteo de abandonos entre partidos políticos y organizaciones sociales.

La primera fase contó con 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con las denominadas 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de 350 páginas que recogía más de un centenar de objetivos.

Prohens llegó a entregar el informe al rey Felipe VI reivindicando que este “proceso de transformación” es “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”, a pesar de que, seis años antes, más de 60 científicos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) -biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) habían elaborado ya un diagnóstico integral de las islas para el horizonte 2030 con la participación de más de 400 personas y más de 140 propuestas de actuación.

Tras la elaboración de las 'Bases de la Agenda de Transición', la segunda fase trasladó el protagonismo hacia una estructura más reducida: el Govern reorganizó los 12 grupos de trabajo iniciales en cinco grupos más reducidos, cada uno vinculado a los grandes objetivos establecidos en el documento. El asesoramiento técnico y el desarrollo de esta dinámica quedaron nuevamente en manos del coordinador técnico del proceso, Antoni Riera.

Durante la presentación de esa segunda fase, Prohens volvió a reivindicar el compromiso del Ejecutivo con el diálogo social y anunció su intención de dotar al Pacto por la Sostenibilidad de una estructura permanente que acompañara el proceso. La líder autonómica defendió que Balears debía seguir avanzando para afrontar el cambio de rumbo del modelo turístico hacia la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía.

Precisamente por ello, los socialistas pretendían que el responsable de Diálogo Social, José Antonio Caldés, acudiera al Parlament para explicar el estado de ese proceso, qué entidades continúan participando y qué propuestas de las mesas han acabado convirtiéndose en medidas concretas. La comparecencia, sin embargo, no se producirá tras el rechazo de este jueves.

Abandono de partidos y entidades

El primero en salir de las mesas fue el Fòrum de la Societat Civil, que en noviembre de 2024 suspendió su participación al considerar que el proceso carecía de una metodología participativa, rigurosa y transparente. Poco después, el GOB también abandonó la mesa por las políticas “regresivas” del Ejecutivo, especialmente tras la aprobación de la ley de simplificación administrativa, criticada por flexibilizar la normativa urbanística y ambiental. A ellos se sumaron la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y EAPN, entre otras organizaciones.

El proceso perdió también progresivamente el respaldo de los partidos de la izquierda. El PSIB anunció en enero de 2025 su salida, alegando falta de ambición, diálogo y propuestas para combatir la saturación turística. Una semana después, Més per Mallorca comunicó su abandono al considerar que no había avances significativos y que la metodología no era “clara ni eficiente”. Finalmente, Més per Menorca abandonó el pacto en febrero, justo antes de la presentación de las conclusiones de la primera fase. De esta forma, en vísperas de esa presentación, PP y Vox eran los únicos grupos parlamentarios que continuaban formalmente en el Pacto.

El Gobierno ha retirado su oposición a la tramitación de la ley balear de cogestión aeroportuaria, lo que permitirá que la iniciativa aprobada por el Parlament autonómico pueda continuar su recorrido en el Congreso de los Diputados. La decisión supone dar marcha atrás al veto planteado la semana pasada por el Ejecutivo central, que había alegado un posible impacto sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las cuentas públicas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha celebrado la decisión y ha defendido que lo que estaba en juego no era todavía la aprobación de la ley, sino algo previo: que Balears pueda debatir en la Cámara Baja sobre el modelo de gestión de sus aeropuertos. “Hemos conseguido que se retire el veto a una ley que es fundamental para nuestro futuro y para que las instituciones de Balears puedan tener voz sobre sus aeropuertos”, ha enfatizado Vidal, que ha insistido en que la iniciativa debe ahora superar el resto de trámites parlamentarios.

Por su parte, el asesor de Més en el Congreso, Antoni Trobat, ha señalado, en declaraciones a este medio, que la iniciativa se tramitará “gracias a la presión” ejercida por su partido y, especialmente, por Vidal. Asimismo, ha destacado que la propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Fuentes socialistas señalan, mientras tanto, que ha sido la presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE en Balears, Francina Armengol, quien ha hecho efectivo que la Cámara Baja tramite finalmente la propuesta. La retirada del veto se ha producido antes de la reunión de la Mesa del Congreso, que tenía previsto esta tarde abordar este aspecto. Finalmente, este punto ha decaído del orden del día al retirar el Ejecutivo su oposición.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

La retirada del veto llega después de varios días de presión política de Més per Mallorca y en vísperas de que la Mesa del Congreso abordara el futuro de la iniciativa. El partido había reclamado al Gobierno que retirara su oposición y había situado especialmente el foco sobre los grupos con representación en la Mesa para que permitieran que la proposición pudiera ser debatida.

La formación había cuestionado desde el principio los argumentos económicos utilizados por el Gobierno para impedir la tramitación. En el escrito remitido al Congreso, el Ejecutivo sostenía que la aplicación de la norma podía afectar a las tarifas aeroportuarias y al crecimiento del tráfico aéreo y provocar una reducción de los ingresos de Aena. Según sus cálculos, mantener en 2026 el volumen de pasajeros de 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, supondría 32,5 millones de euros menos de ingresos. También calculaba una merma de 32,9 millones si se mantuvieran las tarifas medias de 2025.

Vidal había rechazado estos argumentos y acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”. El diputado había subrayado además que permitir a las instituciones de las Islas participar en las decisiones aeroportuarias no significa necesariamente que vayan a reducirse los vuelos.

La propuesta que ha llegado al Congreso pretende precisamente reforzar esa participación. El texto aprobado plantea ampliar las funciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y convertirlo en un instrumento de cogestión en el que, además de representantes del Estado y de Aena, tengan presencia la comunidad autónoma, los cuatro consells insulars, los municipios afectados, las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos.

Entre las funciones previstas figura la participación en la definición de la estrategia aeroportuaria y la posibilidad de informar sobre documentos y planes de planificación aeroportuaria, teniendo en cuenta la capacidad de carga de las diferentes islas. La iniciativa también prevé crear una comisión de coordinación específica para el aeropuerto de Menorca.

La reivindicación ha cobrado especial fuerza en los últimos años al calor del debate sobre la saturación turística y el crecimiento continuado del número de pasajeros. El aeropuerto se ha convertido así en una de las principales piezas del debate sobre los límites al crecimiento turístico, especialmente en Mallorca y Eivissa.

El precio de la vivienda ha subido de media un 13,7% en el segundo trimestre de 2026 en Balears, la octava mayor subida del país, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el IPV, el precio de la vivienda libre subió en España un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

En 2025, en el archipiélago balear la subida en el precio fue del 13,4% en vivienda nueva y del 11,8 en los inmuebles de segunda mano.

En todo el país, con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Catalunya (+10,1%) y Canarias (+11%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

El Gobierno central ha expresado su rechazo a tramitar en el Conreso la ley balear de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament autonómico al considerar que la asunción del control de los aeropuertos por parte de las islas podría provocar una reducción de los ingresos de Aena que tendría que ser compensada con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así consta en el escrito registrado en la Cámara Baja por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales, difundido este viernes por Més per Mallorca, en el que el Ejecutivo central argumenta que la norma podría tener un “efecto directo” sobre las tarifas aeroportuarias y el tráfico aéreo, con una repercusión económica “muy significativa” en la cuenta de resultados de Aena y, por tanto, en los dividendos.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

Sin embargo, frente a los argumentos esgrimidos por Balears, el Gobierno calcula que, si en 2026 los aeropuertos del archipiéago mantienen los 47,2 millones de pasajeros de 2025 en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros. Además, estima que mantener la tarifa aeroportuaria media de 2025 en lugar de aplicar la aprobada para 2026 supondría dejar de ingresar otros 32,9 millones.

Con estos mimbres, el Gobierno sostiene que la aprobación de la ley “es susceptible” de producir una disminución de ingresos que debería compensarse mediante una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que supondría un aumento de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado.

“Un veto aberrante”

Més per Mallorca ha reaccionado con dureza al escrito y lo ha calificado de “veto aberrante” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación ecosoberanista, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera que el Ejecutivo está utilizando un supuesto impacto presupuestario para impedir que el Congreso pueda siquiera debatir una iniciativa destinada a dar a Balears capacidad de decisión sobre la gestión de sus aeropuertos.

“Pedro Sánchez no solo dice que no a la cogestión: pretende impedir que se pueda debatir. Es un veto aberrante contra el autogobierno de Balears”, ha denunciado el coordinador de Més, Lluís Apesteguia.

Los ecosoberanistas cuestionan además que el veto pueda justificarse sobre la base de consecuencias futuras e hipotéticas, como una eventual reducción de los ingresos por tasas aeroportuarias o del valor de las acciones de Aena. El diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”.

Vidal ha defendido que permitir a las instituciones de Balears participar en las decisiones sobre el techo de vuelos no implica necesariamente reducir el número de operaciones. “La ley decide quién debe tener voz, no qué decisión se debe tomar”, ha argumentado.

El Govern defiende la cogestión para limitar el crecimiento

Por su parte, el Govern balear también ha defendido la ley aprobada por el Parlament, aunque su portavoz adjunta, Antònia Maria Estarellas, ha evitado valorar en profundidad el escrito del Gobierno central al asegurar que el Ejecutivo autonómico todavía no conoce su contenido con detalle. Estarellas ha insistido, no obstante, en que el Govern considera la cogestión aeroportuaria una herramienta necesaria para “poner límites al crecimiento de Aena” y alinear la gestión aeroportuaria con las políticas de contención que defiende el Ejecutivo autonómico.

“Es bien conocido que defendemos esta ley, esta cogestión, por la importancia de Aena en nuestra estrategia de contención de lo que es el crecimiento”, ha señalado. La portavoz ha confiado además en que las posibles discrepancias no se reduzcan únicamente a una cuestión económica: “No todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos”.

La decisión sobre si la proposición de ley podrá iniciar finalmente su tramitación parlamentaria está ahora en manos de la Mesa del Congreso, que abordará el asunto el próximo martes. Los dos representantes de Sumar tienen previsto votar a favor de permitir su tramitación, por lo que el desenlace dependerá de los cuatro miembros del PP y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Més ha situado precisamente a Armengol en el centro de la decisión. “Deberá decidir si defiende el derecho de Balears a debatir sobre sus aeropuertos o si se pone del lado de Aena y del Ministerio de Hacienda”, ha advertido Apesteguia. Vidal ha recalcado que su formación no reclama al PSOE ni al PP que apoyen la ley, sino simplemente que permitan que sea debatida.

La votación pondrá además a prueba los compromisos que el PP balear aseguró haber alcanzado con la dirección nacional del partido. Antes de que el Parlament aprobara la norma, a finales de abril, la presidenta del Govern, Marga Prohens, había hablado con Alberto Núñez Feijóo para pedirle el respaldo del grupo parlamentario popular cuando la iniciativa llegara al Congreso. El portavoz del Govern, Antoni Costa, aseguró entonces que la propuesta contaba con el aval de Génova. El PSIB, en cambio, ha sostenido reiteradamente que el PP no terminaría respaldando la ley en Madrid.

El Govern balear ha votado este viernes en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda y aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El modelo ha salido adelante con el voto favorable del Ejecutivo central, Catalunya y Canarias frente al rechazo del resto de comunidades presentes.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el rechazo de las Islas “con total convicción” al considerar que la propuesta no recoge “ni una sola de las reclamaciones unánimes” planteadas por Balears. Según ha señalado la Conselleria en un comunicado, el nuevo modelo no contempla adecuadamente la insularidad, la población flotante, el crecimiento demográfico ni el principio de ordinalidad.

Costa ha acusado además al Ministerio de Hacienda de haber presentado un modelo “impuesto” y sin margen real de negociación. “Nos han servido un plato de lentejas”, ha reprochado el conseller. El también portavoz del Govern ha atribuido la reforma a las necesidades políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus compromisos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas críticas que se producen en un contexto en el que el nuevo modelo parte del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central con Catalunya y cuenta con el respaldo de esta comunidad en el CPFF.

Balears reclama más peso de la insularidad

Una de las principales objeciones del Govern es el tratamiento de la insularidad. Costa ha aseverado que Balears había reclamado que esta variable tuviera un mayor peso en el cálculo de los recursos que reciben las comunidades, recriminando que la propuesta, a su juicio, “no sólo no lo hace, sino que reduce el peso de la variable”.

El Ejecutivo balear también considera insuficiente el tratamiento del crecimiento demográfico y de la llamada población flotante. Costa ha recordado que la población de las Islas ha aumentado un 50% en los últimos 20 años y ha destacado que el archipiélago recibe cada año millones de turistas y trabajadores temporales que utilizan servicios públicos sin que esta población tenga, según el Govern, un reflejo suficiente en el sistema de financiación.

Otro de los puntos de discrepancia es el principio de ordinalidad. Balears reclama que las comunidades que más aportan al sistema no terminen ocupando posiciones muy inferiores en recursos recibidos por habitante. “Nosotros somos los segundos que más dinero aportamos al sistema de financiación, pero somos los décimos a la hora de recibir recursos”, ha afirmado Costa: “Queremos ser los segundos en aportar, pero también los segundos en recibir”.

El nuevo modelo prevé precisamente una mayor financiación para el conjunto de las autonomías de régimen común. Hacienda calcula que supondrá cerca de 21.000 millones de euros adicionales a partir de 2027. La propuesta incrementa, entre otras medidas, la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de elevar los recursos aportados directamente por el Estado.

El Govern teme una pérdida de autonomía fiscal

Costa también ha expresado su rechazo a cualquier mecanismo que pueda terminar obligando a las comunidades a elevar determinados impuestos. El conseller ha advertido de que el Govern de Marga Prohens considera una “línea roja” cualquier reducción de la autonomía fiscal de Balears.

“El Govern de Marga Prohens ha bajado los impuestos y ha eliminado el impuesto de las herencias porque así lo votaron los ciudadanos de Balears y este Govern no tolerará que se reduzca su autonomía fiscal y que nos obliguen a subir los impuestos”, ha incidido.

La aprobación del CPFF no supone todavía la entrada en vigor del nuevo sistema. El proyecto deberá pasar primero por el Consejo de Ministros y posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde su tramitación se presenta incierta. Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. Además, el nuevo modelo se plantea sobre una base voluntaria: las comunidades podrán permanecer en el sistema vigente, aprobado en 2009 y caducado desde 2014, si deciden no incorporarse al nuevo esquema.

El 31 de agosto es un día de intensa movilidad en la isla de Eivissa. Las vacaciones para algunos turistas se terminan mientras que para otros están a punto de empezar, lo que lleva aparejado un ajetreo de maletas que bajan y suben de las habitaciones de los hoteles, así como taxis que entran y salen del aeropuerto con más frecuencia. Esta circunstancia también se ve reflejada en algunas zonas turísticas, como el barrio de ses Figueretes. En apariencia están más vacías estos días, pero lo que se desprende de las cifras más actualizadas es un nuevo verano de récord en la llegada de visitantes, lo que está generado malestar entre los residentes y nuevas protestas en torno a la turistificación. “Mientras haya playa, el negocio irá bien”, resume el encargado de uno de los souvenirs de la zona.

Figueretes es un barrio con una de las tres playas urbanas del municipio de Eivissa, ciudad que ya tiene 56.549 personas empadronadas –según el Ayuntamiento–, lo que la convierte en la segunda con más habitantes, solo por detrás de Palma. Hace ya cuatro años que el paseo marítimo recibió una importante inversión: 4,3 millones de euros –casi 2,6 procedentes de la tasa turística– con el objetivo de priorizar la circulación peatonal y mejorar la conexión directa con la playa.

Además, el Ayuntamiento –donde gobierna el PP con mayoría absoluta– aprobó en febrero de 2026 la declaración de este y otros barrios de la ciudad –Platja d’en Bossa, Es Viver, La Marina, Es Prat de Vila, Dalt Vila, Talamanca y ses Figueres– como “zonas turísticas saturadas y en reconversión”. Pese al discurso de los sectores institucionales –y la mayor parte de los empresariales– sobre la necesidad de aplicar políticas de “contención” en la llegada de visitantes, las Illes Balears recibieron más de dos millones y medio de turistas en el mes de julio –un incremento del 0,12% respecto a julio de 2025–, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La temporada empezó “bastante bien”

En este último día del mes de agosto, la playa está todavía tranquila a primera hora de la mañana, mientras algunos negocios empiezan a abrir sus puertas para servir los desayunos. En uno de estos locales –sirven brunch, zumos naturales y batidos– que abrió a principios de marzo, la temporada turística empezó “bastante bien”. “Vino mucha gente, sobre todo por las aperturas de las discotecas”, explica el encargado. Sin embargo, como han asegurado otros hosteleros, los meses de julio y agosto han sido más flojos. “Desde la perspectiva de la hostelería, muy flojo”, afirma y atribuye la bajada a la celebración del Mundial de fútbol en Estados Unidos. “Hasta después no empezó a venir más gente”, atestigua.

La caída en los meses fuertes de julio y agosto en la oferta complementaria no se ha visto reflejada en los datos de ocupación hotelera disponibles –julio, a falta de agosto–. La ocupación en el municipio de Eivissa ha sido del 91,15% en el mes de julio, dos puntos más que el año pasado durante el mismo mes, según datos facilitados por la patronal hotelera pitiusa (FEHIF). En la primera línea de playa –sin contar aquellos que están más adentro de la ciudad– hay casi una decena de hostales, hoteles y/o apartamentos vacacionales, así como casi una veintena de bares, cafeterías y restaurantes.

El encargado del primero de los restaurantes consultados, que lleva tres años trabajando en el barrio, describe que atraen un tipo de turista “más familiar, de gente más tranquila”. “Otros años había gente mucho más fiestera: a las ocho de la mañana pedían cócteles, alcohol, venían de after para seguir con la fiesta”, asevera. Este hostelero afirma que también atraen a gente del fitness, que “sale a correr, entra y se toma un zumo natural”. El cliente medio es el turista inglés.

Otro de los restaurantes de la zona ofrece un menú variado en su carta, con carnes, pescados, recetas con influencia oriental, así como veganos. Abrió durante los primeros días de abril, y cerrará a finales de octubre, como la mayoría. “Los primeros meses fueron muy fuertes”. “Realmente nos asustamos”, explica una trabajadora, que compara este incremento respecto a los años anteriores, que ya tuvieron un balance de incremento general, sobre todo tras el fin de la pandemia de coronavirus.

Cae el turismo de restauración

Igual que en el caso anterior, julio y agosto han sido meses con menos trabajo, aunque esta trabajadora pone contexto a esta actividad más baja. “Los restaurantes de aquí trabajamos con clientes de abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Nuestros mejores meses no son ni julio ni agosto”, aclara. El caso de este local no es particular, sino que es la panorámica general, puntualiza.

La zona de ses Figueretes están dejando atrás, poco a poco, el turismo de “masas”, explica esta trabajadora, que añade que no tienen apenas clientes de “todo incluido”. “Los meses de julio y agosto, que en general son los del ‘todo incluido’, nosotros lo notamos. Y en agosto este año ha sido realmente muy, muy heavy”, analiza. En general, la empleada apunta a que se trata de una zona “más familiar, en general”. “Pero tenemos parejas también, gente que viene a tomar cócteles. No solo padres y madres con hijos”.

Los meses de julio y agosto, que en general son los del ‘todo incluido’, nosotros lo notamos. Y en agosto este año ha sido realmente muy, muy heavy

Trabajadora de un local de Figueretes

A diferencia de otros locales del barrio, en este restaurante salvaron los muebles durante el mes de julio porque tenían una pantalla para que los clientes pudieran ver los partidos. “Eso nos favoreció”. Si no la hubieran tenido “hubiese sido peor”, reconoce. El perfil de cliente que atraen es el turista europeo con poder adquisitivo medio alto, que gasta dinero y deja propinas: alemanes, británicos, italianos, franceses y holandeses, sobre todo. Un tipo de visitante que no suele visitar esta zona durante los meses de julio y agosto.

Pese a que la mayoría de negocios son de temporada, unos pocos mantienen las puertas durante todo el año, aquellos que dan vida al barrio al margen de la llegada masiva de turistas. En uno de estos restaurantes –con una carta basada en la dieta mediterránea–, una de las trabajadoras cuenta que la mayor parte de la plantilla trabaja “todo el año” en el local. “Nosotros en verano trabajamos más de noche que de día. Ahora que llega el invierno es totalmente al revés: trabajamos más de día que de noche”, explica. Para ellos, la temporada empieza cuando termina el verano, por lo que está menos centrada en los meses de julio y agosto, y más en los meses de otoño, invierno y primavera.

La temporada de los locales empieza cuando termina el verano, por lo que está menos centrada en los meses de julio y agosto, y más en los meses de otoño, invierno y primavera

“El turismo ha cambiado, ahora hay más gente joven, antes venían más familias”, asegura esta empleada, que lleva tres años trabajando en el restaurante, y vive en la isla desde el 2017. “Vienen más a disfrutar del verano y de la noche que de los restaurantes y del servicio”. “Están menos tiempo y se van más de fiesta”, afirma. De hecho, trabajadores y empresarios de esta zona describen la llegada de un nuevo fenómeno sociológico: viajeros que cogen un vuelo de un día. Comen en cadenas de comida rápida, dejan la maleta en locker (taquilla), salen de fiesta, duermen en la playa, y se van.

Los últimos datos publicados por Ibestat reflejan que por Eivissa y Formentera han pasado 711.357 turistas en el mes de julio. Es decir, 4.592 más que en el mismo periodo de 2025. La estancia media en el mismo mes ha sido de 3,39 días respecto a los 3,17 días de julio de 2025, según el INE. Es decir, el incremento es del 6,9%. Las Illes Balears, en general, han sido el primer destino principal de los turistas en julio, con el 22,3% del total. Le siguieron Catalunya (20,6%) y Andalucía (14,6%), según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) que publica el INE.

Las Illes Balears, en general, han sido el primer destino principal de los turistas en julio, con el 22,3% del total. Le siguieron Catalunya (20,6%) y Andalucía (14,6%)

María Costa, presidenta de la patronal hotelera (FEHIF), explica que la valoración de los meses de julio y agosto es “positiva”. Esta empresaria, que regenta un hostal modesto y sobrio de la zona de Figueretes, recuerda que la isla viene de “muchos años de crecimiento, sobre todo, después del coronavirus”. Así, matiza que cualquier pequeña variación a la baja en cuanto a los beneficios de las empresas puede dar una percepción “catastrófica” de la situación económica, cuando los datos siguen mostrando una ocupación muy elevada. De hecho, el histórico de julio de 2018 a 2026 –obviando los años pandémicos 2020 y 2021– muestra que en el municipio de Eivissa la ocupación se mueve en unos márgenes de entre el 88,67 y 92,46%, lo que suponen cifras muy elevadas.

Respecto a la pérdida de turismo familiar en esta zona de Eivissa, la presidenta matiza que Figueretes “no es el lugar para valorar el turismo familiar, como lo sería Sant Joan, Santa Eulària, o zonas de Sant Josep como Cala Tarida o de Sant Antoni como Port des Torrent”. Costa matiza que con la promoción de eventos deportivos, en los últimos años, Figueretes está atrayendo a un tipo de turista –en octubre, fuera de los meses de verano– diferente, más familiar y que, en su opinión, “nos conviene”. “Es un turista que disfruta de la isla, aprovecha muchos los días y viene a competir”.

Contra el alquiler turístico ilegal

En cuanto al debate sobre la saturación, las instituciones ibicencas –todas gobernadas por el PP– consideran que el problema está en el alquiler turístico ilegal y la oferta no reglada. En la isla hay unas 100.000 plazas turísticas, mientras que la población residente se sitúa en torno a las 168.000 personas. El nuevo gerente de FEHIF, Santiago García, explica que las instituciones han trabajado en dos vías: el Consell Insular inspecciona y sanciona por la vía turística, mientras que los ayuntamientos inician procedimientos de sanción por la vía urbanística –cambio de uso sin título habilitante–.

“Las medidas están teniendo efecto y eso es positivo”. El alquiler turístico ilegal, afirma García, perjudica principalmente a la gente que vive o quiere vivir todo el año en la isla. “La vivienda está pensada para tener un uso residencial”, indica y recuerda que, además de sacar del mercado vivienda que se podría alquilar a trabajadores, amigos, parejas o familias, ocasiona molestias en los vecinos debido al ruido, entre otros problemas asociados. El alquiler turístico está prohibido en toda la isla de Eivissa en los edificios plurifamiliares, quedando relegado a las casas de campo –con licencia turística– o a los apartamentos vacacionales.

“Ibiza está reduciendo la presión turística ilegal sin atacar al turismo legal”, explica Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo en X (antes Twitter). Desde marzo de 2026, el Consell d’Eivissa ha iniciado 785 inspecciones, ha abierto 360 expedientes y ha precintado 32 viviendas que funcionaban como pisos turísticos ilegales, según Juan.

“Los recursos de la isla están dimensionados en relación a una oferta turística legal”, opina Costa y añade que la indignación que hay entre la sociedad ibicenca por la saturación tiene su origen en este problema. Sin embargo, los resultados “se ven a largo plazo, no a corto”. La presidenta de la patronal hotelera considera que hay que “seguir trabajando en esta línea”. “Al final, no saldrá a cuenta alquilar a turistas porque las multas son contundentes”, asegura. La sociedad debe hacer una reflexión sobre cuál es el modelo turístico que queremos tener, indica Costa, que en su opinión debe alcanzar “un equilibrio entre residentes y turistas”. “En la isla, muchas otras alternativas –al turismo– para vivir no tenemos”, concluye.

Precisamente, en la última semana de agosto diferentes colectivos ibicencos han ocupado espacios públicos y playas para comer, tomar algo y reivindicar que los residentes también tienen derecho a disfrutar de la isla en los meses de verano, criticando los procesos de turistificación que acaban engullendo un territorio sensible, que apenas sobrepasa los 572 kilómetros cuadrados. Un tipo de protesta que también han protagonizado los vecinos de Palma en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Un grupo de amigos ha quedado para cenar, en pleno agosto, en el casco antiguo de Sant Antoni (Eivissa), muy cerca de la zona de ocio nocturno. Durante el encuentro, se va la luz durante unos minutos, dejándolo todo a oscuras, sin que se puedan divisar los rostros de unos y otros. La camarera les dice que es momentáneo y les informa de que este tipo de cortes llevan sucediendo durante toda la temporada. Al cabo de un par de minutos, la luz vuelve.

Pero al poco rato puede ser que lo mismo suceda en otra localidad cercana a este núcleo poblacional de la costa suroeste: en Sant Rafel o un poco más lejos, en Vila o Sant Josep. Eivissa no es una excepción: el fenómeno se repite en todas y cada una de las Illes Balears. Sobre todo en las zonas turísticas, con mayor dependencia de estas fuentes energéticas.

Ciudadanos, comercios y hosteleros de distintos vecindarios y zonas turísticas del archipiélago han vivido una temporada inusual en materia de energía. Los repetitivos apagones han llevado a empresarios y ciudadanos al borde de los nervios, sobre todo en el caso de los gerentes de negocios, que se han tenido que ver en la situación de echar el cerrojo después de no recuperar la corriente eléctrica, sin posibilidad de seguir con su actividad económica.

En la isla de Eivissa, donde ha habido más problemas de suministro eléctrico ha sido en Talamanca -una bahía turística de la ciudad de Eivissa- y en Sant Antoni, señala la presidenta de la Federación Hotelera pitiusa, Maria Costa Roig. “Se han causado bastantes problemas puntuales, sobre todo en Sant Antoni porque me consta que han sido varias horas durante algunos días”, sigue la portavoz, que añade que estos incidentes no repercute solo en la imagen de los negocios, sino también en la calidad del servicio.

Un fallo en el suministro estropeó a mitades de agosto un transformador eléctrico dejando durante cuatro horas sin luz a un barrio de vecinos en el corazón de la turística localidad. El mismo término municipal registró una avería eléctrica en la zona costera de Cala Salada, Punta Galera y Cala Gracioneta, donde los técnicos trabajaron con esfuerzos para devolver el suministro a 800 abonados. La tercera semana del mismo mes -infernal para los ibicencos por la saturación turística y, por ende, de una gran carga laboral- otro corte en Santa Eulària y otro en Sant Miquel dejaron a oscuras a 600 clientes más, según publicó Periódico de Ibiza.

Preocupación por el próximo verano

La escena ya se había dado antes, durante el mes de julio, en otros puntos de la pitiusa, como en el barrio de Can Misses de Vila, donde los negocios tuvieron que cerrar temporalmente después de ver que la electricidad no volvía y que no era posible seguir atendiendo a los clientes. La preocupación surgió enseguida entre los comerciantes pitiusos que el verano que viene temen una temporada similar a esta si no se toman las medidas necesarias por parte de Endesa y de la administración.

A la vez, en Mallorca, la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE) y la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) alzaban la voz de forma conjunta ante los reiterados y graves cortes de suministro eléctrico que venían sufriendo desde hacía semanas en distintos puntos de Playa de Palma.

Señalaban también un aspecto relevante: que estos apagones se traducen en importantes pérdidas económicas. Inciden asimismo en las posibles afectaciones en materia de seguridad. A principios de agosto los cortes se repetían en la más grande de las Balears en la céntrica calle Aragón y en el barrio de Pere Garau, donde los negocios se vieron obligados a cesar sus servicios.

En Menorca el escenario no es distinto, el problema energético está tensionando la temporada turística, sobre todo en Ciutadella, donde las reiteradas averías han afectado a restaurantes del puerto, comercios del centro y hoteles y locales de varias urbanizaciones, con cortes prolongados en plena hora punta.

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, la Asociación de Restauración de Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Ciutadella Antiga denuncian pérdidas económicas y reclaman una respuesta más rápida ante las averías. Advierten, además, del coste reputacional que estos episodios pueden tener para un destino turístico en plena temporada alta.

“No creemos que sea casualidad y esperamos que se busquen soluciones para que no vuelva a pasar. Reclamamos que los responsables entiendan que esto agravia a sus empresas y que ante un problema así en temporada alta se tienen que buscar soluciones porque no pase mes o promover que el impacto sea el menor posible”, expresa con contundencia la presidenta de la patronal hotelera pitiusa.

No creemos que sea casualidad y esperamos que se busquen soluciones para que no vuelva a pasar. Reclamamos que los responsables entiendan que esto agravia a sus empresas y que ante un problema así en temporada alta se tienen que buscar soluciones porque no pase mes o promover que el impacto sea el menor posible

Maria Costa Roig — Presidenta de la Federación Hotelera pitiusa

Los consells insulares de Eivissa y de Formentera han querido saber, como han comunicado a este diario, cuáles son los planes de la suministradora eléctrica a pesar de no tener competencias en materia energética, que recaen sobre el Govern. Aún así, se reunirán coincidiendo con el inicio del curso académico con la compañía con la finalidad de conocer cuáles son las causas de estos cortes y la hoja de ruta que seguirá la eléctrica para solventar el problema ante la “preocupación” de la ciudadanía.

En cuanto al Consell de Mallorca y de Menorca quedan al margen de la situación y dejan que sea la administración autonómica, dentro de sus competencias, quien dialogue con Endesa.

Culpa del cambio climático

Desde la compañía eléctrica han señalado a elDiario.es que el estrés térmico que ha llevado al archipiélago con frecuencia al apagón ha sido provocado por las recurrentes olas de calor -transformadas en una ola de calor sostenida- sufridas por las islas este verano.

Estos periodos de temperaturas extremadamente altas son cada vez más “frecuentes, intensos, duraderos y extensos”, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). España figura entre los países más afectados. Aunque las condiciones meteorológicas han cambiado en todo Europa, especialmente en el suroeste. De hecho, el verano extremo ha costado al país más de 20.000 millones de euros, poniendo en jaque el futuro de su economía.

La mega ola de calor es una de las posibles causas de las averías registradas este verano en la red eléctrica en Balears, según señala la suministradora. De momento, se está llevando a cabo en un laboratorio un análisis detallado de las piezas que podrían estar presentando problemas, por lo que la causa general no se puede afirmar aún con rotundidad.

Sin embargo, todo apunta a un cambio en el clima. Desde la portavocía balear de la Aemet apuntan que la temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados -extremadamente cálido-, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados. Julio también fue extremadamente cálido con una temperatura media de 28 grados y una anomalía 2.9, convirtiéndose en el julio más cálido desde hace 65 años, señalan desde la Aemet.

La temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados -extremadamente cálido-, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados

En cuanto a las olas de calor, suelen durar cuatro días y registrarse dos o tres como máximo en el año. Pero este se han registrado cuatro en total: una en junio de duración tres días, dos en julio de duración 8 y 6 días y una en agosto de duración 13 días.

Las olas de calor suelen durar cuatro días y registrarse dos o tres como máximo en el año. Pero este se han registrado cuatro en total y una de ellas ha durado 13 días

Un aumento del consumo

Así, el cambio climático es de momento una de las hipótesis con más peso: las altas temperaturas -que se han mantenido durante semanas en julio y agosto- han sometido a las infraestructuras a un estrés térmico que, según apuntan desde Endesa, no habían visto “nunca”.

El fenómeno afecta especialmente a los cables eléctricos subterráneos. La corriente que circula por ellos genera calor mediante el denominado efecto Joule, que normalmente se disipa hacia el terreno, pero este verano el suelo no se ha enfriado y, por lo tanto, ese calor no se ha absorbido con normalidad, incrementando el estrés térmico de los cables conductores.

A este factor se suma el aumento de la demanda eléctrica, especialmente durante las tardes y noches, la mayoría tropicales (por encima de los 20 grados) o tórridas (por encima de los 25), lo que ha incrementado el consumo de energía. Ante posibles nuevas incidencias, en las Pitiusas, por ejemplo, desde la última semana de agosto, la suministradora previó planes de contingencia en los municipios de Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa-, Sant Rafel, Sant Antoni y la Savina, en Formentera, para resolverlas con la “mayor rapidez posible”.

El fenómeno afecta especialmente a los cables eléctricos subterráneos, que generan mucha calor. El suelo suele absorberla, pero este verano no lo ha hecho por las altas temperaturas. A este factor se suma el aumento de la demanda eléctrica

Esto es lo que piden ahora empresarios y abonados en general. Entre ellos las pequeñas y medianas empresas de las Pitiusas, cuyo representante, Alfonso Rojo, indica que se han quedado durante tardes y noches enteras sin luz. Traslada que es necesario diferenciar entre los microcortes por reparaciones de líneas y cortes realmente “perniciosos y perjudiciales”. Entre estos últimos casos, se trata, considera, de “un problema importante que ha dejado a tiendas y restaurantes sin poder atender”.

En el caso de los microcortes que afectan a particulares, comercios y restaurantes, Endesa realiza maniobras de localización y realimentación con el fin de suministrar electricidad, siempre que sea posible, a través de vías alternativas, han detallado a elDiario.es. Si se dan en cables subterráneos son más complejas de reparar -indican-, ya que requieren movilizar un laboratorio móvil para localizar el punto exacto de la incidencia. Una vez identificado, es necesario abrir una zanja submarina y desplazar una unidad de intervención técnica eléctrica realiza el empalme para reparar el cable.

En cuanto a las averías en líneas aéreas, la resolución suele ser más sencilla porque no hay que sumergirse para solucionarlas. La gestión aún así a veces se complica, como fue el caso de un corte hace dos semanas en la localidad de Sant Rafel en una finca particular a las nueve de la mañana que no se pudo solucionar hasta las tres de la mañana porque los técnicos no podían acceder al lugar. En Can Pastilla (Palma), la compañía tuvo que instalar ocho grupos electrógenos para reestablecer provisionalmente el servicio a unos 2.000 clientes afectados.

Desde PIMEEF han pedido ser partícipes en la reunión que se celebrará entre el Consell d'Eivissa y la suministradora para abarcar el problema en las Pitiusas. “La incertidumbre es bastante grande porque el problema no es puntual ni en una zona concreta. Tememos que las estructuras de generación de energías estén tensionadas, que los transformadores encargados de distribuir la electricidad estén obsoletos o que hayamos llegado a unos topes de energía inasumibles”, expresa Rojo.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Balears en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En agosto, los sectores con más parados son Servicios (18.047 con 543 más que en junio) y Construcción (3.409 con 194 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (283 y dos menos) e Industria (1.187 y 35 parados más).

En cuanto a sexos, de los 25.706 desempleados registrados en agosto, 14.588 son mujeres y 11.118, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.604 personas de los cuales 1.400 son hombres y 1.402 son mujeres.

En el octavo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.737 personas tras subir un 5% respecto a julio y un 19,4% en comparación con el año anterior.

En agosto se registraron 31.339 contratos en Balears, un 19,6% más que el año anterior. De todos ellos, 19.166 fueron contratos indefinidos y 11.742, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%), según los datos hechos públicos también este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 26.872 trabajadores respecto a agosto de 2025, un 4,03% más.

En el archipiélago, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 579.716 cotizantes, de los cuales 9.332 están registrados como trabajadores del hogar y 3.022 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.124 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.971 en el de trabajadores del mar.

Entre la maleza, en una calle cercana a la costa, en Port des Torrent (Eivissa) se divisan lonas, palés y otros materiales precarios que levantan decenas de chabolas: se trata de un asentamiento más en una isla que se ha convertido en los últimos años en escenario de miseria a pesar del enfoque turístico de alta categoría. Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a la pitiusa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet de uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores del mismo origen, en este área boscosa del municipio de Sant Josep de sa Talaia.

El terreno no es una propiedad cualquiera, sino que pertenece a la empresaria Paquita ‘Marsan’, más conocida como la ‘casera de los famosos’, quien ha visto, en los últimos años, cómo varias de sus fincas y propiedades alrededor de la isla eran ocupadas ilegalmente. En algunos casos, por trabajadores de sus empresas turísticas que presuntamente, según denunciaron a elDiario.es, habían sufrido impagos por su parte. La empresaria no ha respondido a la petición de información por parte de este periódico.

En esta parcela concreta de Cala de Bou, Francisca Sánchez Ordóñez proyecta la construcción de alrededor de veinte pisos que podrían ser destinados a la explotación turística. La iniciativa urbanística ya ha recibido la aprobación de la modificación necesaria por parte del gobierno municipal para empezar a edificar las viviendas. Paradójicamente, sobre el suelo campestre de la parcela yace precariamente la mano de obra necesaria para que el motor turístico, principal economía de las islas, siga funcionando.

Sobre la figura de Paquita ‘Marsan’ recae cierta mística: su historial de batallas contra la administración no se reduce, sino que con el tiempo engorda. A finales del pasado mes de julio, la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia desmanteló una presunta fiesta ilegal celebrada en la conocida villa de lujo 'Casa Paola', situada en es Cubells, una de las mansiones de la empresaria.

Sobre el inmueble, que lleva años protagonizando fiestas -en algunos casos con conocidas 'influencers', eventos y polémicas de todo tipo-, pesan órdenes de demolición y expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas, según el Ajuntament de Sant Josep y el Consell Insular. Ni ello ni la falta de licencia habilitante han impedido que se sigan comercializando fiestas sin la autorización de dichas administraciones.

Ahora, sobre uno de sus terrenos recaen Ahmed y sus compatriotas. El joven saharaui viene de Elche y, tras finalizar el verano, bien entrado el otoño, regresará a su tierra. Es uno de los cientos de trabajadores procedentes del Sáhara Occidental que, según cuenta, han llegado en los últimos años a la isla para ocupar puestos en la hostelería y que se encuentran, temporada tras temporada, con cómo el alojamiento se convierte en un problema cada vez más serio.

Prueba de ello es que, a poco más de un kilómetro, se ha formado otro poblado chabolista en un antiguo mercadillo hippy abandonado, bautizado como ‘El Gorila Hippy Market’ donde ahora malviven una veintena de personas de origen senegalés que pagan un alquiler por dormir a ras de suelo.

Una decena de trabajadores desalojados

Tanto ellos como los saharauis que habitan en este reducto de infraviviendas cercano a la playa de Port des Torrent se habían asentado en estos dos puntos geográficos antes de que se produjera, a finales de julio, el desalojo de una decena de trabajadores que malvivían en una estructura abandonada y grafiteada en Punta Xinxó. Forman parte del decadente paisaje de esta área turística del término municipal Sant Josep, que vivió sus mejores años en la década de los 2000 y el 2010 con el turismo familiar cada vez más en declive en la isla del lujo.

No es la primera vez que Ahmed se traslada hasta Eivissa con un propósito laboral: desde hace dos o tres años vuelve para ocupar su puesto en las proximidades de la conocida como ‘milla de oro’ de Eivissa que concentra boutiques, negocios de yates y locales de ocio centrados en un cliente de elevado poder adquisitivo.

Hace tiempo que empleados de negocios de los alrededores son testigos de que hay personas viviendo en la parcela boscosa que les sirve de casa. La encargada de un restaurante cercano asegura que no han molestado “nunca” a los vecinos y tiene la percepción, eso sí, que desde el desalojo de julio el número de personas que viven allí ha aumentado, aunque muy poco.

La encargada de un restaurante cercano asegura que los 'residentes' no han molestado 'nunca' a los vecinos

El joven saharahui confiesa que podría acceder a una de las habitaciones que le ofrecen sus contratantes por 400 euros mensuales, pero también expresa que ese importe, cuando termine la temporada, supone mucha riqueza en su lugar de origen. El resto de alojados entre pinos y sabinas, sobre todo en tiendas de campaña, sienten esa necesidad de ahorrar para, cuando vuelvan a casa, poder ayudar a sus familias.

Pisos que se pueden explotar turísticamente

Ellos desconocen -aparentemente- que el Ayuntamiento de Sant Josep aprobó el pasado 20 de septiembre de 2025 una modificación urbanística que permitirá a la casera de los famosos, Paquita ‘Marsan’, construir allí mismo unas 20 casas o apartamentos que se podrán explotar turísticamente, lo que les obligará a buscar una alternativa la próxima vez.

El proyecto fue presentado el 10 de octubre de 2018 por el arquitecto José Torres Torres, en representación de la mercantil Inversiones Hoteleras Tanit S.L., sociedad que administraba entonces la empresaria malagueña. Inversiones Hoteleras Tanit S.L. fue absorbida en 2024 por Inversiones Hoteleras Faro S.L., en una fusión aprobada el 27 de febrero de ese año e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de septiembre. La administradora única de la sociedad que sigue activa es también Sánchez Ordóñez.

El lugar donde se pretenden erigir estos pisos con licencia es este terreno boscoso de 13.400 metros cuadrados de la costa oeste de la isla que, sin embargo, no tiene calificación de suelo rústico, sino urbano. Este detalle es, precisamente, el que permitirá la construcción de una veintena de casas o apartamentos, ya que la edificación sobre el suelo rústico está muchísimo más limitada.

La 'casera de los famosos' podrá construir 20 apartamentos que podrá explotar turísticamente, lo que obligará a los trabajadores a buscarse otro lugar

Por otro lado, unos 2.200 metros cuadrados del perímetro total serán cedidos al Ayuntamiento, como marca la normativa en estos casos. Otros 1.600 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes, coincidiendo con la zona de servidumbre y protección de la delimitación marítimo-terrestre y otros 268 metros cuadrados se cederán para equipamientos públicos, en la esquina suroeste del terreno, con acceso desde la calle de Conca. Finalmente, se cederán 202 metros cuadrados para aceras y otros 119 metros cuadrados para aparcamientos públicos.

La propietaria, clave para el desalojo

El alcalde del término municipal, Vicent Roig, ha explicado a elDiario.es -en referencia a los terrenos ocupados de Sánchez Ordoñez- que es necesaria la colaboración por parte de la propietaria para desalojar, algo que no está sucediendo en el caso de Paquita, según su versión. Respecto a Casa Lola o al terreno de Port des Torrent, el edil añade que si no se interpone una denuncia ante el juzgado para que se efectúe el desmantelamiento “es muy complicado actuar” administrativamente.

“Nos consta que hay una denuncia del 2024, si no me equivoco, pero sin haber dado resultado”, ha respondido y ha insistido en que el Consistorio -gobernado por el PP- pide “más colaboración por parte de la propiedad”. También ha afirmado que en relación a la finca de Cala de Bou hay dos expedientes abiertos: uno urbanístico y otro de medio ambiente, sin aportar más detalles. Así como la misma poseedora.

En atención a elDiario.es durante el desalojo de Punta Xinxó, Roig admitió que la medida no resolvía el problema de “fondo” de la falta de vivienda para los trabajadores de temporada y apeló a los empresarios para que facilitaran “alojamiento digno” a sus empleados.

Por su parte, la polémica empresaria ha visto, en los últimos años, cómo varias de sus propiedades eran ocupadas. La conocida como ‘casera de los famosos’ tiene tres villas de lujo a través de distintas sociedades: Casa Lola, Casa Paola y Casa Rocío. En la primera de ellas, se han celebrado en la última década fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa.

La ‘casera de los famosos’ tiene tres villas de lujo donde ha celebrado fiestas con la alta sociedad de la isla y el resto de España

En total, 9.326 metros cuadrados de bungalows, piscinas y terrazas sobre los que recaía una orden de demolición municipal por ampliaciones de la casa sin licencia que tardó nada más y nada menos que doce años en cumplirse. Después de que el 9 de agosto de 2022 entraran las máquinas a la propiedad para ejecutar esta orden -justo cuando un grupo de turistas mexicanos y de otras nacionalidades descansaban en la mansión-, el proceso judicial quedó largamente suspendido.

Mientras turistas extranjeros descansaban en una de sus mansiones, y tras doce años de espera para que se ejecutara una sentencia, las administraciones demolieron 9.326 metros cuadrados de bungalows, piscinas y terrazas

Hasta que la primavera pasada -tras dos desahucios de campamentos chabolistas en la periferia de la ciudad de Eivissa- se averiguó que la extinta villa de famosos estaba ahora repleta de barracas. La situación empeoró en julio, cuando se denunció a uno de los moradores por una presunta agresión sexual. El hombre había rociado además a otro residente en la mansión ahora chabolista con gasolina y le había intentado prender fuego, causándole quemaduras de distinta consideración. A pesar del caos, la propietaria no se habría dirigido en ningún momento a la Justicia para denunciar la ocupación, según criticó el Ayuntamiento de Sant Josep. Sin ese trámite, la administración no puede ejecutar el desahucio.

La malagueña, en una entrevista concedida en el verano de 2025 a Periódico de Ibiza, ya lamentó airadamente: “¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades! Vamos a ver, tú ves como tengo la casa, me gustan las cosas bellas. Yo ahora cuando voy a Casa Lola, que voy muy poco porque me provoca ansiedad, porque se lo han cargado todo, se han llevado todo, me robaron de todo cuando entraron las máquinas. Esa casa era una belleza ¿Ahora qué? Decadencia total. Eso es lo que ha hecho la Administración”.

'Tengo okupas en casi todas mis propiedades! Vamos a ver, tú ves como tengo la casa, me gustan las cosas bellas. Yo ahora cuando voy a Casa Lola, que voy muy poco porque me provoca ansiedad, porque se lo han cargado todo, se han llevado todo, me robaron de todo cuando entraron las máquinas. Esa casa era una belleza ¿Ahora qué? Decadencia total. Eso es lo que ha hecho la Administración', dijo la empresaria hace años en la prensa local

Sánchez Ordóñez, que ha presumido en varias ocasiones de su amistad con los ex presidentes González y Aznar, no ha dudado en contar, para solucionar los problemas de ocupación, con los servicios de D&S Desokupa. Así lo hizo unos meses antes de estas polémicas declaraciones ante la prensa local, cuando 30 personas -presuntos trabajadores de la empresaria que habrían sufrido impagos- fueron desalojadas de un antiguo complejo turístico bautizado por la empresaria como ‘El Rancho’, en es Canar.

Líos judiciales interminables

Los líos de Paquita con la Justicia parecen no tener fin. El último acontecimiento en ese sentido fue hace poco más de dos meses, cuando el 18 de junio el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) anuló por un defecto de forma una multa de 200.000 euros impuesta por una fiesta celebrada en Casa Lola en julio de 2020, en plena pandemia.

Pero la polémica empresaria no ha tenido suerte con el sistema judicial y las autoridades en todas las ocasiones. En 2013, agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria fueron a buscarla a la discoteca Pacha, en el puerto de Eivissa, por defraudar a Hacienda 867.469 euros, delito fiscal por el que pasó casi un año entre rejas.

La casera de los famosos estuvo casi un año en la cárcel por un delito fiscal

La mayoría de los jaleos judiciales de Sánchez Ordoñez empezaron por infracciones urbanísticas que con el tiempo han generado una larga lista. El pasado 6 de marzo, el TSJIB confirmó finalmente la condena impuesta a la empresaria por incumplir la orden de derribo de las construcciones ilegales de Casa Lola.

Desde 2011, la empresaria había ignorado los expedientes disciplinarios abiertos por el Ajuntament de Sant Josep, con la excepción de su colaboración en la gestión del derribo de Casa Paola. Además, ella y su hija y también socia Rocío Martín fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Palma a una multa de 2.920 euros por emplear a obreros que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Primavera de 2021. Con la pandemia todavía golpeando a la economía y miles de negocios intentando sobrevivir a meses de cierres y restricciones, llega el ansiado momento de pelear los millones de euros movilizados en ayudas. Sobre el papel, las reglas parecen claras: los solicitantes deben haber desarrollado la actividad durante un periodo determinado, acreditar que han sufrido una caída de ingresos y cumplir una serie de requisitos fiscales. En la práctica, comienza a aflorar otra disputa: empresas que intentan que los cálculos jueguen a su favor, exprimiendo para ello la letra pequeña y ensanchando la factura de sus pérdidas para elevar la cuantía a percibir, como en el caso de un gran grupo empresarial que llegaría a reclamar más de 30 millones de euros frente a los 564.106 que le reconoció la Administración.

Mientras los empresarios se organizan y salen a la calle, en los balcones de las zonas más turísticas aparecen carteles de 'SOS Turismo' acompañados de un lema que resume sus demandas: “Más ayudas, menos impuestos”. Más de 700 entidades y particulares se suman a una campaña que reclama un salvavidas público para un sector prácticamente paralizado. La consigna, sin embargo, alimenta una incómoda paradoja: ¿cómo se pueden reclamar más ayudas públicas mientras se exige una menor contribución para sostenerlas?

Pero en Balears la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él? Las cifras hablan por sí solas: en 2020, las islas reciben unos tres millones de turistas frente a los más de 16,4 millones del año anterior. El hundimiento se hace extremo durante los meses centrales de la temporada: en junio llegan 58.256 visitantes, un 97,6% menos que un año antes, y en agosto, el mejor mes del verano, recalan 884.524, un 67,5% todavía por debajo de agosto de 2019. El desplome de la actividad se traslada también al consumo: el gasto turístico retrocede un 73,2% en agosto y un 89,6% en septiembre.

En Balears, la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él?

Se abre así un intenso debate sobre la necesidad de diversificar la economía, reducir la dependencia turística y avanzar hacia un modelo más resiliente. Mientras se discute el futuro -las instituciones hablando de transformación y los colectivos sociales, de caminar hacia el decrecimiento, un debate que lleva años sobre la mesa-, las empresas necesitan resolver el presente: cuánto han perdido, cuánto pueden reclamar y hasta dónde pueden llegar las ayudas públicas para mantenerse a flote.

Es en ese terreno donde, más allá de las calles y los balcones, se inicia la pelea por cada euro de las ayudas COVID. Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), consultadas por elDiario.es, permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban. Detrás de cada pleito hay una misma disputa: hasta dónde podían estirarse las reglas aprobadas en plena emergencia para encajar determinadas situaciones empresariales y quién tenía realmente derecho a cobrar. Las resoluciones judiciales han ido fijando esos límites y cerrando algunas de las vías utilizadas por quienes acudieron a los tribunales en busca de una mayor ayuda.

Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban

La letra pequeña que podía valer millones

Uno de los casos más llamativos por la cantidad en juego lleva hasta Roxa S.L., cabecera de uno de los grandes grupos empresariales de las islas, Grupo Roxa. Fundado en 1942 y con intereses en dos de los sectores más relevantes de la economía balear, la automoción y el turismo, en 2024 cifró su facturación conjunta en unos 220 millones de euros, tal como se desprende de su propia web. Durante la pandemia, la compañía llegó a reclamar 30,85 millones de euros de la Línea COVID. La Administración, sin embargo, acabó reconociéndole 564.106 tras certificar una caída del volumen de operaciones del 31,05%. La empresa acudió a los tribunales porque consideraba que el cálculo debía incluir también a seis sociedades que se habían incorporado al grupo durante 2020. La máxima instancia judicial de Balears rechazó su interpretación y confirmó la cuantía concedida.

La diferencia no era menor. Entre los 564.106 euros reconocidos por la Administración y los 30,85 millones que pretendía obtener el grupo mediaba una distancia de más de 30 millones de euros. La controversia acabó reducida a una cuestión aparentemente técnica -qué sociedades podían considerarse integrantes del grupo a efectos del cálculo-, pero con un impacto económico enorme. La Sala entendió que admitir las seis incorporaciones de 2020 habría alterado el criterio establecido por la normativa estatal y, con ello, la comparación entre los ejercicios que servía para determinar la caída de actividad.

El caso muestra cómo, en la carrera por las ayudas, la letra pequeña podía valer millones. En total, el grupo estaba formado por 28 sociedades en 2020, seis de ellas incorporadas ese mismo año. La empresa defendía que no tenía sentido dejarlas fuera cuando se calculaba la caída de facturación y, sin embargo, tenerlas en cuenta para otros aspectos del reparto. Pero el TSJIB cerró esa vía: para medir la caída de ingresos solo podían entrar en el cálculo las sociedades que hubieran formado parte del grupo en los dos ejercicios de referencia, 2019 y 2020.

Una doctrina nacida en tiempos de guerra

La pandemia también abrió otro frente: el de las empresas que intentaron reducir el impacto económico de la COVID sobre sus contratos. Es el caso del hotel El Corsario, en Eivissa, gestionado por la sociedad La Torre del Canónigo S.L., que reclamó que se le devolviera el 50% de las rentas de 2020 y 2021, por un total de 159.120 euros, invocando la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permite revisar las condiciones de un contrato cuando circunstancias extraordinarias e imprevisibles alteran de forma grave el equilibrio económico entre las partes. La empresa defendía que la pandemia había hecho inviable la explotación del establecimiento.

La fórmula a la que recurrió la hotelera tiene, sin embargo, una historia mucho más antigua. La rebus sic stantibus cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra. En una sentencia de 1945, por ejemplo, el Tribunal Supremo abordó un contrato de arrendamiento de una fábrica celebrado en 1929, antes del conflicto bélico, cuyo cumplimiento se había visto afectado por las circunstancias sobrevenidas. Con el tiempo, la doctrina quedó configurada como una vía excepcional para revisar las condiciones de un contrato cuando un cambio extraordinario e imprevisible altera gravemente el equilibrio entre las partes.

La doctrina 'rebus sic stantibus' cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra

Ocho décadas después, la pandemia volvió a poner esa vieja doctrina sobre la mesa. Pero en el caso de El Corsario había un problema añadido: las obras del propio hotel. La Audiencia Provincial de Balears constató que los trabajos habían impedido la explotación del establecimiento hasta agosto de 2020, pese a que los hoteles ya podían reabrir con restricciones desde mayo. El tribunal consideró imposible determinar qué parte de las pérdidas obedecía realmente a la pandemia y cuál a las obras.

La reclamación acabó siendo desestimada. La Audiencia añadió que el hotel había facturado 994.121 euros en 2021 y 1.369.925 euros en 2022, y que la empresa había continuado pagando las rentas, elementos que, a juicio del tribunal, debilitaban la tesis de que la pandemia hubiera frustrado el contrato.

Un hotel nuevo en el mismo hotel

En otros casos, la batalla se centró en determinar quién podía acceder a las ayudas y por qué cuantía. Es el caso de Foners Rooms S.L., la sociedad que explotaba el Hotel Foners, situado en Playa de Palma. Constituida en noviembre de 2019 por los mismos hermanos que hasta entonces gestionaban el establecimiento a través de una comunidad de bienes, la nueva mercantil firmó apenas un mes después un contrato para hacerse cargo de la explotación del hotel durante 15 años. En junio de 2021 solicitó 350.459 euros de ayudas COVID, pero el Govern solo le reconoció 4.000 euros al considerar que se trataba de una empresa de nueva creación.

La mercantil defendió que no había nacido un negocio nuevo, sino que se había producido una auténtica sucesión empresarial: mismo hotel, mismos propietarios y continuidad de la actividad. El TSJIB no lo aceptó. Los magistrados consideran que una comunidad de bienes y una sociedad limitada son sujetos jurídicos diferentes y que el hecho de que los mismos propietarios estuvieran detrás de ambas no convierte automáticamente a la segunda en sucesora de la primera. El resultado fue mantener los 4.000 euros.

Una cuestión similar se produjo en el caso relativo a una 'Osteria' de Alcúdia. El restaurante había sido explotado anteriormente por una persona física y, posteriormente, pasó a una sociedad cuyo administrador y socio mayoritario era ese mismo empresario. La mercantil reclamaba 210.052 euros frente a los 4.000 concedidos por el Ejecutivo autonómico. La Sala concluyó que realizar la misma actividad, en el mismo local y con las mismas personas no bastaba para acreditar una sucesión empresarial.

El tribunal zanja la cuestión con una conclusión clara: aunque la persona física sea posteriormente administrador y socio mayoritario de la sociedad, ambos tienen personalidad y patrimonio separados. Por eso la nueva mercantil seguía siendo una empresa de nueva creación y no podía utilizar la facturación del negocio anterior para calcular la caída exigida por las ayudas.

La sociedad que quiso heredar un negocio anterior

Otro litigio lleva esta estrategia todavía más lejos. Una sociedad constituida en febrero de 2021 intentó que se reconociera como continuación de una comunidad de bienes creada años antes. Reclamaba 74.000 euros de ayudas y sostenía que la comunidad debía considerarse una sociedad civil irregular y que, por tanto, la nueva mercantil no podía ser considerada una empresa creada después de la fecha límite.

El TSJIB rechazó el planteamiento. Aunque una comunidad de bienes que desarrolla una actividad empresarial pueda ser asimilada en determinados ámbitos a una sociedad irregular, esa consideración no permite convertirla jurídicamente en una sociedad limitada a efectos de obtener una subvención. La sentencia es tajante: la irregularidad de la comunidad de bienes no puede invocarse para obtener un beneficio económico de los poderes públicos. Al haber nacido la nueva sociedad después del 31 de marzo de 2020, no podía ser beneficiaria de la ayuda.

Cuando una partida podía cambiar miles de euros

Otra batalla se libró en las cuentas. Un empresario recibió 24.623 euros, pero reclamó una cantidad superior después de sostener que Hacienda estaba incluyendo en el volumen de operaciones una partida de 22.105 euros correspondiente a la variación de existencias. Si se eliminaba esa partida, defendía, la caída de facturación pasaba a ser del 34,5% y la ayuda podía elevarse hasta 46.875,80 euros, según sus cálculos. El Tribunal Superior rechazó la interpretación y consideró que la convocatoria obligaba a utilizar los ingresos íntegros fiscalmente computables, incluida la variación de existencias.

Otro empresario planteó prácticamente el mismo problema. Había recibido 12.001 euros, aunque solicitaba 56.916, además de reclamar que la ayuda se elevara a 45.640 euros o, subsidiariamente, a 68.972. Su estrategia consistía en excluir del cálculo tanto determinadas subvenciones como la variación de existencias. El tribunal volvió a respaldar el criterio de la Administración y confirmó que esas cantidades debían integrarse en el cálculo.

Corregir las cuentas después

La discusión llegó incluso a las declaraciones fiscales presentadas después de solicitar las ayudas. Cubic Estudi Tècnic SLP reclamó 75.373 euros después de que se le denegara la subvención porque la caída de su volumen de operaciones era, según los datos de la Administración, del 22,41%, por debajo del 30% exigido. La empresa sostenía que la cifra real de 2019 debía ser otra y que determinadas operaciones permitían elevar la caída por encima del umbral.

El tribunal acabó dando la razón al criterio administrativo: para determinar el requisito se debían utilizar los datos fiscales certificados por la Agencia Tributaria, no una reconstrucción posterior de las cuentas aportada por la empresa.

Algo parecido ocurrió con City Yoga Palma. El centro reclamaba 24.410 euros, pero Hacienda había detectado que su resultado de 2019 era negativo en 1.701, lo que impedía acceder a la ayuda. La sociedad trató de apoyarse en una declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades presentada después de la solicitud para defender que la base imponible era positiva. El TSJIB rechazó la maniobra temporal: los requisitos debían cumplirse en el momento de solicitar la subvención.

La sentencia más reciente incorporada a esta radiografía, dictada el pasado 29 de junio, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. La empresa, dedicada al alquiler de viviendas vacacionales, había solicitado 271.123 euros, pero el Govern rechazó la ayuda porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en la fecha de presentación de la solicitud, el 23 de junio de 2021.

La defensa de la empresa tenía un argumento llamativo: aportó un certificado positivo de Hacienda emitido apenas 19 días antes, el 4 de junio, y sostenía que tenía una vigencia de 12 meses. El TSJIB rechazó esa interpretación. Lo decisivo no era que hubiese existido un certificado positivo unas semanas antes, sino la situación tributaria concreta el día en que se presentó la solicitud. La AEAT certificó posteriormente que en aquella fecha existían deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo. La Sala recuerda además que el informe de un auditor aportado por la empresa para justificar la ayuda no podía sustituir la comprobación de los requisitos que correspondía realizar a la Administración.

El corazón de la zona turística de Cala de Bou, tiene, desde hace años, un halo fantasmagórico. La decadencia de este tramo del litoral suroeste de la isla de Eivissa ha sido progresivo: bares y negocios fueron echando el cerrojo cuando otro modelo turístico, menos vinculado al turismo de masas y de familias, empezó a triunfar. El antiguo terreno que albergaba el Gorila Hippy Market es un símbolo de ello. Esa sensación de declive no se deshace del barrio, que vivió hace apenas tres semanas el desalojo de una decena de trabajadores que malvivían en una estructura abandonada y grafiteada que ya forma parte del ruinoso paisaje en Punta Xinxó.

Se trata de un terreno que sirvió como morada de más de un centenar de trabajadores de la industria turística, y que se ha puesto a la venta por 35 millones de euros -a través de un portal inmobiliario digital- mientras que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga con el Ayuntamiento para obtener la licencia que le permita terminar de construir el hotel. La sociedad ha declinado hacer declaraciones sobre la situación del edificio o el proceso judicial. Por otro lado, una decena de los desalojados en Punta Xinxó han migrado ahora al espacio de 10.000 metros cuadrados que hasta hace diez años constituía una atracción turística, aunque de corta vida.

En una pegajosa mañana de agosto, dos de ellos oran sobre unas esterillas que han extendido en el suelo. No suman más de media docena, aunque a pleno mediodía probablemente la mayoría se encuentren en sus puestos de trabajo. Este diario ha intentado hablar con algunos de ellos para preguntarles por la situación en la que viven. Sin embargo, prefieren no hacer ningún comentario al respecto, alegando que se trata de una propiedad privada. Se encuentran visiblemente nerviosos y molestos por estar, una vez más, en el foco mediático, pues cada vez que se desmantela un asentamiento se erige otro debido a que la cuestión de fondo –la crisis habitacional– sigue sin resolverse.

Una vecina de la zona, que prefiere no ser identificada, explica que en el antiguo mercadillo hippie residen una veintena de personas, y que las primeras empezaron a llegar hace unos cuatro meses, antes del desalojo de Punta Xinxó. Afirma que no hay problemas de convivencia, ni de ningún otro tipo, con los moradores. El problema, señala, es que el recinto funciona desde hace años a modo de vertedero ilegal.

Los desalojados que moran en un antiguo mercadillo

“Sí, son de origen senegalés, entraron cuando desalojaron el hotel de Punta Xinxó, pero no dan problemas”, señala una trabajadora de un souvenir de los alrededores, sin ahondar mucho en la cuestión. En julio de 2013, durante apenas unos años, el recinto empezó a funcionar como un mercadillo hippie, después de que la mercantil Fifty, S.L. obtuviera los permisos municipales para explotar en la parcela un bar-restaurante, un café-concierto, una sala de fiestas sin atracciones y dos locales destinados a la venta de productos artesanales. Sin embargo, hace una década que en la propiedad se acumulan vehículos abandonados, materiales y otro tipo de objetos pesados que han conducido a los vecinos, preocupados, a denunciar la situación a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Sant Josep.

Chris Langley, quien lleva más de cuatro décadas residiendo en Cala de Bou, en Sant Josep de Sa Talaia, cree que el Ayuntamiento –para resolver la situación de Punta Xinxó y el Gorila Hippy Market– podría “adquirir ambas propiedades a precio de mercado utilizando fondos europeos y estatales”. “Así se solucionaría el problema de raíz y se podrían crear instalaciones públicas y zonas verdes”, añade a este diario. En este sentido, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros.

Chris Langley, vecino de Cala de Bou, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros

Chris Langley — Vecino de Cala de Bou

“Como medida de emergencia, se podrían instalar módulos prefabricados con habitaciones individuales, cocina comunitaria, baños y un salón común”, sostiene este vecino, que opina que el Ayuntamiento solo tendría que aportar el terreno y apoyarse en el IBAVI –Instituto Balear de la Vivienda, que depende del Govern– para costear la instalación “aprovechando los fondos europeos o los planes autonómicos que ya existen para vivienda”.

El alcalde habla de “albergue ilegal”

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaraciones a elDiario.es, que en el pasado algunos de los trabajadores pidieron ayuda económica para abandonar la isla, y que el Ayuntamiento se la proporcionó. Así responde al ser consultado sobre si Servicios Sociales del Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de prestación a los desalojados del hotel de Punta Xinxó, algunos de los cuales han terminado en el antiguo mercadillo hippie. Además, aclara que no se trata de personas sin recursos y que el Consistorio hace lo que puede en base a las competencias que tiene -y en las que no entra vivienda-. “Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene ingresos”, asevera sobre el perfil de los moradores.

Por otro lado, niega que lo que está sucediendo en el Gorila Hippy Market sea un nuevo poblado chabolista sino que se trata probablemente de un “albergue ilegal”. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda”, afirma. Roig explica que han hablado con los nuevos ocupantes del espacio, y que todos ellos les han comunicado que “están pagando un alquiler, con lo cual, creo que lo que se está haciendo es aprovechar una circunstancia”. “Si no es así, nos gustaría que la propiedad desalojara esta zona”.

No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En este sentido, argumenta que están actuando por dos vías: urbanística y de actividades. Esta última vía es la que permitiría desalojar el recinto en caso de que esté funcionando como albergue ilegal, aclara el alcalde. El propietario ha dicho que los moradores disponen incluso de duchas, así como de diferentes espacios, añade Roig, en referencia a declaraciones realizadas a Periódico de Ibiza y Formentera.

Asimismo, el alcalde opina que los propios empresarios del sector turístico, en ocasiones, intentan mitigar la crisis de vivienda ofreciendo alojamiento a sus trabajadores. “Es importante tenerlo en cuenta”, asegura y añade que algunos de estos trabajadores con los que han hablado reconocen que les han ofrecido el alquiler de habitaciones por un precio de entre los 300 y 400 euros al mes. “Quien rechaza o no quiere estas opciones creo que no tiene cabida en la isla en este momento”, zanja Roig.

Acampados en un bosque

A pocos más de un kilómetro de esta zona se ha formado un pequeño poblado chabolista, en la zona costera entre Cala de Bou y Port des Torrent. Una trabajadora de una tienda explica que en la zona viven trabajadores saharauis, pero que ello ya ocurría antes del desalojo del hotel abandonado en Punta Xinxó.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores del mismo origen, en esta área boscosa próxima a Port des Torrent.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores saharauis

Viene de Elche y en octubre, cuando termine el verano, regresará a su tierra. Es uno de los cientos de trabajadores procedentes del Sáhara Occidental que, según cuenta, llegaron durante los últimos años a la isla para trabajar principalmente en la hostelería y que ahora se encuentran con una temporada más en la que el alojamiento se ha convertido en un problema.

No es la primera vez que este joven saharaui se traslada para trabajar en la pitiusa. Desde hace unos años vuelve para ocupar su puesto de trabajo en las proximidades de la conocida como ‘milla de oro’ de Eivissa, por la concentración de negocios y urbanizaciones de lujo. En el bosque en el que se han instalado hace tiempo que los empleados de los negocios de los alrededores son testigos de que hay personas viviendo en su interior. Una encargada de un restaurante cercano asegura que viven en furgonetas y tiendas de campaña, aunque sin molestar a los vecinos.

Ahmed confiesa que podría acceder a una de las habitaciones que les ofrecen en el establecimiento hotelero donde trabaja por unos 400 euros mensuales, pero también expresa que ese importe, al final de los meses, es “mucho dinero”. Todos los alojados en esta parcela de pinos y sabinas en infraviviendas construidas a partir de lonas y tiendas de campaña tienen la necesidad de ahorrar para, cuando vuelvan a casa, ayudar a sus familiares.

Una isla sin sitio para sus trabajadores

Anteriormente, los temporeros de origen saharaui solían establecerse en unos terrenos situados en sa Carroca –cerca de Sant Jordi de ses Salines, término municipal de Sant Josep– y en el ubicado justo detrás de la ITV del Recinto Ferial, en la periferia de Vila (como se conoce a la ciudad de Eivissa). Pero las actuaciones de los equipos de gobierno para hacer desaparecer la imagen chabolista de los municipios en los que legislan ha provocado que el sector más precario de la población buscara otras alternativas. Una precariedad que les ha llevado a vivir en condiciones infames por la falta de vivienda, pese a la demanda de mano de obra en la industria turística.

Al parecer, el pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó. La ocupación de la construcción sí que generó malestar y quejas entre los vecinos y los propietarios y trabajadores de comercios contiguos por los hedores que desprendía el terreno.

El pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó

Fueron las personas que vivían allí quienes se fueron marchando hacia la propiedad privada del Gorila Hippy Market tras escuchar tambores de desalojo donde a lo largo de los años se han intentado desarrollar varios proyectos de negocio sin que ninguno llegara a cuajar.

El actual dueño del terreno ya protestaba en 2021 al no comprender las quejas de los vecinos y aseguró limpiar el terreno “una vez cada mes”, según declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera. Entre sus planes estaba construir en el perímetro un Parque Hotel para el que empezó a tramitar los permisos necesarios con el Ayuntamiento, aunque reconoció que vender el terreno también es una opción que tiene encima de la mesa. El propietario ha declinado realizar valoraciones para este reportaje.

Sobre la presencia de turismos abandonados, el empresario culpó a un antiguo empleado que se encargaba de cuidar las instalaciones, como publicaba el mismo medio local. Incluso llegó a acusar a este trabajador de cobrar dinero “a sus espaldas”, motivo por el que terminó despidiéndole y por el que algunos de los vehículos se quedaron en la propiedad. En ese momento, ya había personas viviendo en el espacio que la figura de King Kong, que daba nombre al extinto mercadillo, sigue presidiendo. Respecto a los moradores, el propietario aseguró que estaba “en pleno conocimiento” y especificó que se trataba de empleados suyos que cuidaban la zona ante posibles ocupaciones o robos.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes, según fuentes próximas a empresarios de la zona. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados, la mayoría de origen senegalés, para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto

Señala, asimismo, que “la falta de colaboración” de los propietarios de los terrenos facilita que estos asentamientos se mantengan en el tiempo. Una situación que también achaca a Paquita ‘Marsan’, la casera de los famosos, y propietaria de los terrenos boscosos de Port des Torrent a través de una de sus sociedades. Así, el alcalde valora la necesidad de que administraciones, empresas y propietarios de terrenos colaboren para evitar que las personas expulsadas de un asentamiento terminen ocupando otro. Tanto el Gorila Hippy Market como el terreno boscoso de la calle Conca son dos de los puntos donde se ha reproducido la situación. Paquita ‘Marsan’ no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cuál es la situación del terreno de la calle de Conca.

Pero más allá de las situaciones particulares de cada uno, el desalojo judicial de un asentamiento es, en muchos casos, la antesala de la ocupación de otro, porque las causas estructurales –la escasez de vivienda y los elevados precios del alquiler– que empujan a las personas a vivir en condiciones de precariedad residencial permanecen intactas. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla comparten una misma contradicción: en un lugar donde cada vez más espacios se transforman para atraer inversiones y visitantes con alto poder adquisitivo, quienes trabajan y sostienen la economía local tienen cada vez más dificultades para encontrar un lugar digno en el que vivir.

Desde 2002, Óscar Perelli del Amo dirige el área de estudios e investigaciones de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística que engloba a las principales empresas de un sector que –tanto el presidente del Gobierno como su partido, el PSOE, lo han subrayado recientemente– representa el 13% del PIB de la economía española y da trabajo a más de tres millones de personas. Sin embargo, el turismo genera debate y, de la pandemia para acá, contestación social. De las multitudinarias marchas de Canarias (20 de abril de 2024) a la manifestación que llenó las calles de Palma (26 de julio de 2026), la calle empieza a pedir límites concretos. Con ese trasfondo analizamos el presente del turismo español con Perelli, un economista convencido de que el país puede absorber “más oferta” si se aplica “una gestión responsable en todos los ámbitos: urbanístico, social y ambiental”.

¿Es sostenible el crecimiento de turistas que experimenta España?

Nosotros pensamos que, mientras sea en contribución económica y valor añadido, el crecimiento es positivo. De hecho, este año hemos revisado al alza el crecimiento del PIB turístico. Es el indicador que mejor evoluciona. 2026 se preveía con una tendencia de normalización, porque los ritmos de crecimiento estaban bajando, pero derivados del conflicto [bélico de Irán] y de ese efecto de redirección ha hecho que revisemos al alza –a principios de febrero lo empezamos a ver– la tasa de crecimiento de la actividad turística hasta el 2,7%. Por encima [de la media] de la economía española. El turismo volverá a ser motor con [aportaciones al PIB de] 228.000 millones de euros.

¿Qué consecuencia tendría superar la barrera de los cien millones de turistas?

La introducción que he hecho es muy relevante porque en Exceltur tratamos de huir del debate de los cien millones de turistas. ¿Por qué? La afluencia no es sólo de extranjeros. Los españoles hacen más de 120 millones de viajes en España. Si el número de turistas internacionales aumenta, pero están menos tiempo, las cifras caen. Pero es verdad que en algunos momentos y en algunos destinos la afluencia haya llegado probablemente a su límite. Nosotros no rehuimos esa discusión. Pero la aspiración es que la actividad económica del turismo crezca para que genere más empleo y mejor remunerado.

En Exceltur tratamos de huir del debate de los cien millones de turistas. ¿Por qué? La afluencia no es sólo de extranjeros. Los españoles hacen más de 120 millones de viajes en España. Si el número de turistas internacionales aumenta pero están menos tiempo, las cifras caen

En el caso de las Illes Balears y, concretamente, en Mallorca, esa discusión está en la calle. De forma literal. En sus informes, Exceltur apuesta por gestionar mejor para absorber la demanda, pero en ese control ¿deben incluirse límites y restricciones? Algunos destinos están colapsados a muchos niveles: ambiental, demográfico, residencial…

Hemos querido dar un paso más con la iniciativa Turismo que suma porque empatizamos con esa necesidad social. Los efectos del turismo tienen que gestionarse. Aunque el turismo tiene incidencia en alguno de esos problemas, no es el responsable total. Lo que pretendemos es trasladar un compromiso –redactado en un manifiesto– para evitar la saturación y la gentrificación. Para que no se quede en palabras, incluye ejemplos sobre cómo afrontar los problemas. Por ejemplo, las transformaciones urbanas que giran en torno a hoteles que han rehabilitado espacios, como el eje de Canalejas en Madrid; Magaluf, en Mallorca; o la Platja d’en Bossa, en Ibiza. ¿Qué es lo crucial? Lo primero, eliminar la ilegalidad. No puede ser que en España haya 65.000 anuncios de alquileres turísticos ilegales cuando el primer problema del país es la vivienda.

En varias entrevistas se ha referido a la labor del Consell d’Eivissa contra el intrusismo –especialmente, contra los pisos turísticos en edificios– como un brote verde.

Ibiza es una isla muy demandada para vivir, trabajar y disfrutar. Por eso, es un paradigma. Creo que es positivo que el Consell esté poniendo todos los medios para erradicar ese problema y otros como los taxis pirata. Nosotros somos más partidarios de esas medidas de gestión que de las limitaciones, aunque si la solución final es una limitación… habrá que asumirla. Por ejemplo, el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. No puedes entrar y disfrutarlo por todos lados. Hay un cupo, está ordenado y tienes que visitarlo en un autobús. La afluencia puede desbordar los recursos.

La gestión urbanística es otro asunto muy importante. Tradicionalmente, el sector turístico ha estado regulado. Sabías dónde se podía construir un hotel, un restaurante o un local de ocio. ¿Qué ha pasado con la irrupción de las plataformas? Puedes convertir cualquier cosa en cualquier servicio turístico. Es un gran reto porque desborda. Canarias está haciendo un gran esfuerzo para separar las zonas residenciales de las turísticas. El colapso de las infraestructuras en el caso de Balears también se debe, como muestran los índices de presión humana, a un aumento de la población residente más que a un aumento de turistas. Hay que incentivar otras formas de movilidad –como el transporte público– y dimensionar las infraestructuras.

Tradicionalmente, el sector turístico ha estado regulado. Sabías dónde se podía construir un hotel, un restaurante o un local de ocio. ¿Qué ha pasado con la irrupción de las plataformas? Puedes convertir cualquier cosa en cualquier servicio turístico. Es un gran reto porque desborda

La ampliación de los aeropuertos de Palma y Eivissa, igual que ocurrió en Barcelona, ha provocado contestación social y, en el caso ibicenco, incluso política por parte de unas instituciones gobernadas por el PP. Al hilo de esta cuestión, quería preguntarle si la España turística puede asumir más plazas hoteleras.

Si hablamos de aeropuertos, una de las señales que estamos viendo en los últimos dos años es que nuestras infraestructuras de conectividad se están empezando a tensionar. Lo hemos visto también con los trenes. Para nosotros es crucial que se invierta en la excelencia –evitar colas, habilitar espacios para descanso y espera…–, lo cual no significa que tengamos que ampliarlas, depende de cada lugar.

Vamos entonces con las plazas hoteleras: ¿si se eliminara la oferta ilegal, faltarían hoteles en nuestro país?

La capacidad de oferta alojativa es muy distinta por destinos. Barcelona la tiene limitada desde 2017. San Sebastián, desde hace año y medio. En Balears hay un banco de camas turísticas y ahora trabajan los consells insulares para determinar cuántas plazas. Es verdad que se ha hecho después de asumir un crecimiento enorme fundamentado en la vivienda turística. ¡La oferta hotelera –ni la de los apartamentos tradicionales– no ha crecido! En Exceltur comprobamos cómo desde 2010 –cuando desembarcan estas plataformas– hasta 2018 –cuando viven su punto álgido– se había doblado la capacidad alojativa de las veintidós ciudades más turísticas de España. Y, además, muchas en el centro urbano. ¿Hay más capacidad? Sin duda. El tema es dónde y cómo.

¿Cómo ordenaría usted ese crecimiento hotelero? ¿Puede asumir España más hoteles de cuatro o cinco estrellas o deben los hoteleros volver sobre sus pasos y no olvidar a una clase media que, según no pocos economistas, está menguando de forma alarmante?

Uno de los grandes cambios que hemos visto tras la pandemia es que estamos priorizando el disfrute de experiencias. Una de ellas, los viajes. Antes que renovar la lavadora o el coche, queremos viajar. Eso es bueno para el turismo. El debate es qué productos queremos traer para atraerla. Debe ser la oferta de mayor valor. ¿Cuál es? No me refiero sólo a alojamiento. Ahora se está viendo la importancia del ocio en la elección de un destino. Vienes a España a ver un concierto de Bad Bunny, por ponerte un ejemplo cercano. Madrid es una referencia en musicales, Barcelona, en cultura muy vinculada a los grandes artistas que vivieron allí. La clave está en que lo que ofrezcamos, sobre todo si sube el valor y es de mayor precio, esté bien retribuido para que todo el mundo se beneficie. Aunque es verdad que como consumidores haya cosas que no nos podamos permitir. Eso no significa elitismo ni que todo tenga que ser para ricos, pero la aspiración legítima de este sector es que vaya transitando hacia la generación de un mayor valor para aportar las soluciones que la sociedad nos reclama.

La clave está en que lo que ofrezcamos, sobre todo si sube el valor y es de mayor precio, esté bien retribuido para que todo el mundo se beneficie. Aunque es verdad que como consumidores haya cosas que no nos podamos permitir. Eso no significa elitismo ni que todo tenga que ser para ricos

Dormir en un hotel es más caro que nunca y las principales cadenas cierran los ejercicios con grandes beneficios, pero en algunos destinos no es fácil completar plantillas. Y el motivo es que los sueldos no compensan el coste de la vida en un lugar pensado para el turismo.

La atracción de talento es el principal reto del turismo, pero no es ajeno a otros sectores. Vivimos en una pirámide de población que se está invirtiendo y, lógicamente, uno de nuestros retos es mejorar nuestra propuesta como empleador. El esfuerzo empresarial ha sido importante. La tasa de temporalidad en el 19 –antes de la reforma del 22– estaba por encima del 30%, diez puntos encima de la media española, y ahora está en el 7,4%, por debajo de la media española. Se ha asimilado que hay que mejorar las condiciones: en nuestra web aparecen ejemplos de empresas que han eliminado turnos partidos o asumido subidas salariales por encima del convenio colectivo y del nivel de vida para fidelizar a los trabajadores. Algunos socios de Exceltur también proveen de vivienda a sus trabajadores. Los datos de la Seguridad Social de junio explican que tenemos a 70.000 personas más trabajando en el sector. Y a nadie le obligan trabajar en el turismo.

La atracción de talento es el principal reto del turismo, pero no es ajeno a otros sectores. Vivimos en una pirámide de población que se está invirtiendo y, lógicamente, uno de nuestros retos es mejorar nuestra propuesta como empleador

Las estadísticas también reflejan cómo el PIB per cápita se ha desplomado donde impera el monocultivo turístico. Como las Illes Balears. Los datos macroeconómicos son muchísimo mejores que los que se registraban en el 2000. Los microeconómicos, muchísimo peores. El territorio es más rico; sus habitantes, más pobres. Para medir la calidad de un destino, ¿qué dato pesa más en los informes que elabora Exceltur?

Para afrontar estos retos debemos tener más información enriquecida. Y continua. Fíjate qué paradoja: en Baleares, donde se centra ese debate, el dato de la actividad económica que genera el turismo no está actualizado, el último dato creo que es de antes de la pandemia. Para llegar a consensos sobre los que tomar decisiones hay que tener información, bien elaborada y rigurosa. Por ejemplo, para establecer niveles máximos de turismo y población. Sobre todo, en el caso de un territorio limitado como una isla. Lamentablemente, no hemos llegado hasta ese punto. Sistematizar la escucha social es clave: el Ayuntamiento de Barcelona lo hace a través de las encuestas de percepción social, donde se incorporaron preguntas sobre el turismo. El Gobierno de España lo hizo hace dos años –y esperamos que lo repita– y la percepción de la sociedad española –en un 80%– es positiva.

Volvamos al inicio de la entrevista para terminarla: ¿confirman los datos que España es un destino refugio gracias a la inseguridad que provoca el intento de invasión de Estados Unidos a Irán en el Golfo Pérsico, parada casi obligatoria cuando se viaja al Sudeste asiático?

Las cifras reflejan que, efectivamente, el atractivo de España, y de todos los productos que hemos hablado, y la imagen que ofrecemos de seguridad ha generado un efecto mayor que la inflación y la subida de precios en los combustibles provocados por el bloqueo de Ormuz. No es agradable recibir estos beneficios porque no es lo más adecuado beneficiarse de desastres ajenos. Nosotros ya lo anticipábamos porque no es la primera vez que sucede, pero lo tomamos con cautela. Seguimos con atención los precios del carburante. Los viajes en avión tienen coberturas [de tarifas de fuel] hasta final de año. Pero todo cambiaría si no se llega a un acuerdo de paz en el corto plazo: es lo que deseamos.

Las puestas de sol de Café Mambo, las fiestas de Ushuaïa o el concepto de los beach clubs de Eivissa han traspasado fronteras. Y es que cada vez más empresas nacidas al calor del turismo ibicenco desembarcan en Dubái para exportar un modelo de negocio basado en el lujo, el ocio y las experiencias exclusivas, mientras el emirato se convierte en el nuevo destino de una marca que ha dejado de ser únicamente turística para convertirse en un activo empresarial global.

Durante los últimos años, Eivissa ha sido el laboratorio en el que han nacido algunos de los negocios más rentables del turismo internacional de mano de empresarios que hoy ponen el foco en el mercado emiratí, convertido en uno de los grandes polos del turismo de lujo y en el siguiente destino para grupos vinculados al ocio, la restauración y la hostelería de lujo, mientras empresas que crecieron allí empiezan también a desembarcar en la mayor de las Pitiüses. Detrás de estos movimientos emerge un circuito empresarial que conecta algunos de los principales escaparates del turismo premium y que tiene un objetivo común: maximizar la rentabilidad de un modelo de negocio construido en torno a la exclusividad.

El fenómeno, en el caso de Eivissa, exporta –a través de restaurantes, discotecas y beach clubs– un modo de entender el ocio y la hospitalidad que la ha convertido en una marca apetecible internacionalmente. El imaginario de la pitiusa se ha transformado ya –y cada vez más– en un activo empresarial a nivel global.

El fenómeno, en el caso de Eivissa, exporta -a través de restaurantes, discotecas y beach clubs- un modo de entender el ocio y la hospitalidad que la ha convertido en una marca apetecible internacionalmente. El imaginario de la pitiusa se ha transformado ya -y cada vez más- en un activo empresarial a nivel global

Empresas vinculadas a la isla han ido acrecentando músculo y abriendo puertas fuera del territorio nacional. Uno de los últimos ejemplos es el hotel-discoteca O Beach, que en 2024 abrió un establecimiento en Dubái tras consolidarse como uno de los beach clubs de referencia de Sant Antoni. También The Night League, el grupo encabezado por Yann Pissenem y responsable de Ushuaïa, Hï Ibiza y UNVRS, desembarcó en el emirato con The Ushuaïa Dubai Harbour Experience, un proyecto desarrollado junto a un grupo hotelero que traslada al golfo Pérsico el modelo de entretenimiento nacido en Platja d’en Bossa, la otra zona enfocada al ocio más potente de Eivissa.

La tendencia alcanza a otros grupos empresariales de la isla. Grupo Mambo, convertido en uno de los principales actores del ocio y la restauración de Sant Antoni, ha reforzado en los últimos años su presencia internacional con distintos proyectos en Dubái. Por otro lado, Lío Ibiza, el cabaret situado en Marina Botafoch que prevé trasladarse al hotel Corso en 2027, también estudió implantarse en el emirato el año pasado, aunque la operación finalmente no prosperó. Ni Grupo Mambo ni The Night League han respondido a las consultas de este diario.

La expansión, que responde a una estrategia de crecimiento empresarial, refleja cómo la marca ‘Ibiza’ se ha convertido en un activo exportable. El ocio, la restauración y el estilo de vida asociados a la isla funcionan hoy como carta de presentación en algunos de los principales destinos internacionales del turismo de lujo, donde el sello insular añade valor a proyectos dirigidos a un perfil de cliente muy similar al que visita la pitiusa.

La expansión, que responde a una estrategia de crecimiento empresarial, refleja cómo la marca ‘Ibiza’ se ha convertido en un activo exportable. El ocio, la restauración y el estilo de vida asociados a la isla funcionan hoy como carta de presentación en algunos de los principales destinos internacionales del turismo de lujo

Grupo Mambo fue uno de los primeros en comprobar ese potencial en 2017, cuando llevó Café Mambo a Dubái mediante una colaboración con promotores locales en Soho Garden, uno de los principales complejos de ocio del emirato, situado cerca de la isla artificial Palm Jumeirah. El recinto, con capacidad para unas 10.000 personas, reúne restaurantes, bares, piscinas, discotecas y un espacio para conciertos en una superficie de 14.000 metros cuadrados.

“Atención, amantes de la música house: la marca de Ibiza famosa en todo el mundo, Café Mambo, llega a Dubái”, anunciaba entonces la empresa para presentar una residencia semanal que prometía un “nivel de servicio sin precedentes”. Fundado en Sant Antoni en 1994 por los hermanos Christian y Alan Anadon, Café Mambo ha convertido sus sesiones al atardecer en uno de los iconos internacionales de Eivissa. En Dubái, la marca ha mantenido ese mismo relato: una propuesta vinculada al house, la puesta de sol y una estética definida como una “mezcla única de lujo ecléctico y elegancia desenfadada”.

Un claro atractivo comercial

La creciente presencia de empresas ibicencas en Dubái no responde -únicamente- a las ventajas fiscales de Emiratos Árabes Unidos. Para José Pérez Montiel, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), detrás de esta expansión confluyen varios factores que explican por qué el emirato se ha convertido en uno de los mercados naturales para compañías nacidas o consolidadas en la isla, detalla a elDiario.es.

El primero es el propio encaje entre el modelo empresarial desarrollado en Eivissa y el turismo de ultralujo que impulsa la capital emiratí. “Las empresas ibicencas dedicadas a la restauración, el ocio nocturno, la hostelería o los beach clubs cuentan con marcas, conceptos y conocimientos que encajan muy bien en ese entorno”, explica.

La expansión, además, rara vez consiste en reproducir exactamente el mismo negocio. En muchos casos, las empresas llegan al Golfo de la mano de promotores u operadores locales, que aportan el capital, el conocimiento del mercado y la gestión diaria, mientras la compañía ibicenca pone aquello que la ha convertido en una referencia internacional: la marca, el concepto y la experiencia acumulada durante años. “Eso les permite crecer internacionalmente con una inversión propia menor y compartir parte del riesgo”, resume Pérez Montiel.

A ello se suma un entorno empresarial especialmente diseñado para atraer inversión. El economista destaca la agilidad administrativa, la seguridad jurídica, la facilidad para repatriar beneficios, las zonas francas y unas infraestructuras aeroportuarias y logísticas pensadas para convertirse en un gran nodo internacional. “El Estado no se limita a esperar la llegada de inversores, sino que construye infraestructuras, facilita suelo y promueve activamente nuevos proyectos”, señala. Esa estrecha relación entre administraciones, promotores, cadenas hoteleras y grandes grupos empresariales favorece la implantación de marcas extranjeras.

La estrategia responde también a una lógica empresarial muy concreta: reducir la dependencia de la estacionalidad. Mientras la actividad turística de Eivissa se concentra en los meses de verano, Dubái recibe el grueso de visitantes entre otoño y primavera. Esa complementariedad permite mantener activas las marcas durante gran parte del año, conservar equipos de gestión y trasladar conocimientos de un destino a otro.

Exportar el 'modelo Ibiza'

Pérez Montiel encuentra un paralelismo con la expansión que protagonizaron las grandes cadenas hoteleras mallorquinas a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa. Aquellas compañías aprovecharon la experiencia acumulada en Baleares para implantarse en destinos del Caribe cuya temporada alta coincidía, en buena medida, con la temporada baja del archipiélago.

Las empresas ibicencas parecen seguir una lógica similar, aunque exportan un producto distinto. Si los grupos hoteleros mallorquines llevaron al extranjero principalmente su conocimiento sobre construcción y gestión hotelera, comercialización internacional y turismo vacacional, las compañías nacidas en Eivissa comercializan hoy activos mucho menos tangibles: marcas, conceptos gastronómicos, beach clubs, ocio nocturno y experiencias vinculadas al estilo de vida que representa la isla.

Ahora bien, diversificar destinos no significa necesariamente diversificar la demanda. “Una empresa puede operar en Eivissa, Dubái y Tulum y seguir dependiendo del mismo tipo de cliente, de consumidores internacionales de renta alta que buscan gastronomía, ocio y experiencias exclusivas”, advierte el economista. La expansión reduce el riesgo asociado a un territorio concreto y a la estacionalidad, pero mantiene la dependencia de la movilidad internacional y de la capacidad de gasto de las clases más acomodadas.

Una empresa puede operar en Eivissa, Dubái y Tulum y seguir dependiendo del mismo tipo de cliente, de consumidores internacionales de renta alta que buscan gastronomía, ocio y experiencias exclusivas

José Pérez Montiel — Economista

Ese mismo circuito empresarial explica también el movimiento inverso: no solo las empresas ibicencas buscan crecer en otros destinos de lujo; compañías nacidas en enclaves turísticos internacionales empiezan también a instalarse en la balear.

Es el caso de Nômade Temple, una cadena impulsada por Antonio de la Rúa tras desarrollar complejos turísticos en Tulum y Holbox (México) y que ha elegido Eivissa y Madrid para iniciar su desembarco en Europa. Su propuesta va mucho más allá del alojamiento. En la capital ocupa un edificio histórico reconvertido en hotel de cinco estrellas, mientras que en el territorio insular se ha instalado en Portinatx con un establecimiento donde la experiencia gira alrededor del bienestar, la naturaleza y la espiritualidad.

Meditación, baños de hielo, sesiones de DJ, gastronomía, programas de bienestar e incluso una lista oficial de reproducción en Spotify forman parte del universo que comercializa la marca. En su propia presentación, Nômade asegura que busca que el visitante “no solo descubra un destino, sino que emprenda un viaje de transformación personal”. El discurso conecta con una filosofía turística muy similar a la que desde hace años utilizan numerosos establecimientos de alta gama en Eivissa y que pasa por vender una experiencia asociada a un estilo de vida muy concreto, vinculado a un hippismo cada vez más glamuroso. Nômade Temple no ha respondido a la consulta de elDiario.es antes de la publicación de este reportaje.

Meditación, baños de hielo, sesiones de DJ, gastronomía, programas de bienestar e incluso una lista oficial de reproducción en Spotify forman parte del universo que comercializa la marca. En su propia presentación, Nômade asegura que busca que el visitante “no solo descubra un destino, sino que emprenda un viaje de transformación personal”

Interés en el mercado del lujo

Mientras grupos vinculados al ocio y la restauración exportan sus marcas hacia otros grandes destinos turísticos, el modelo económico que las ha hecho crecer continúa transformando el territorio del que surgieron.

Para Macià Blàzquez, investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la pitiusa, Dubái, Bali o Tulum forman parte de una misma lógica económica: destinos que logran posicionarse internacionalmente y que terminan atrayendo cada vez más inversión porque ofrecen elevadas expectativas de rentabilidad. “Puede ser tanto en Eivissa como en los Emiratos o en Bali”, resume.

El investigador explica que, en los últimos años, el grupo de investigación en el que participa ha analizado cómo fenómenos como las guerras, las pandemias o las sucesivas crisis internacionales están modificando el turismo. Una de sus conclusiones es que una parte creciente de la oferta turística se orienta hacia segmentos cada vez más exclusivos, lo que termina ampliando las diferencias sociales.

“Por un lado, se encarecen los recursos y, por otro, aparece una búsqueda de refugios por parte de las rentas más altas”, señala. Un fenómeno que, recuerda, no es nuevo en Balears. “Ha ocurrido históricamente con grandes fortunas como la familia March o los Fierro, entre otras, tanto españolas como extranjeras.” Ese desplazamiento de capital no afecta únicamente a quién visita los destinos, sino también a la forma en la que evolucionan. Blàzquez recurre a la teoría del “balancín” del geógrafo Neil Smith para explicar cómo el capital entra y sale continuamente de unos territorios para maximizar su rentabilidad. “El dinero se mueve constantemente buscando dónde puede obtener mayores beneficios”, resume.

Por un lado se encarecen los recursos y, por otro, aparece una búsqueda de refugios por parte de las rentas más altas

Macià Blàzquez — Investigador

En el archipiélago balear, sostiene, ese movimiento puede observarse en la progresiva reconversión del sector turístico hacia establecimientos de mayor categoría. El objetivo ya no es atraer más visitantes, sino visitantes con mayor capacidad de gasto. “El sector turístico está buscando maximizar la rentabilidad de cada cliente”, sintetiza.

Las consecuencias de esa estrategia no son únicamente empresariales. También alteran el acceso al territorio, al mercado de la vivienda y al propio espacio turístico. Blàzquez pone como ejemplo la Ley 1/2020 de turismo responsable, que buscó intervenir en zonas asociadas al turismo de borrachera, como Magaluf. Según su análisis, determinadas áreas atraviesan procesos de degradación que posteriormente facilitan la llegada de nuevos fondos de inversión y operaciones de reposicionamiento -lo que representaría un nuevo movimiento del balancín-. Grandes inversores internacionales, como Blackstone o BlackRock, desembarcan entonces en esos espacios donde es posible incrementar de nuevo la rentabilidad.

La misma lógica, considera el investigador, ayuda a explicar por qué los grandes fondos muestran hoy interés por los mismos destinos que compiten en un mercado internacional donde el lujo se ha convertido en una estrategia para aumentar beneficios. Lo que cambia no es únicamente el lugar donde operan las empresas, sino también el tipo de turismo que terminan construyendo en detrimento de la vida local de sus habitantes.

La mayor promoción de vivienda pública anunciada hasta ahora en Mallorca no estará disponible hasta la próxima legislatura y solo podrán optar a ella quienes acrediten al menos 15 años de residencia legal en Balears. Las islas siguen así la senda de Canarias, donde los demandantes de vivienda social deberán demostrar que llevan viviendo en el archipiélago desde hace 12 años, una medida que ha generado malestar entre las organizaciones ciudadanas y sociales por considerarla “discriminatoria e ineficaz”.

El Ejecutivo balear, en manos del PP, ha formalizado este lunes con el Consell de Mallorca la cesión gratuita de unos terrenos junto al Velòdrom Illes Balears -antes Palma Arena- de Palma donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) proyecta construir 323 viviendas de protección oficial (VPO).

El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear, donde la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros continúa marcando máximos históricos y los precios de compraventa y alquiler continúan entre los más elevados de España, convirtiendo el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para una buena parte de la población.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este lunes el convenio de cesión de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados, una actuación que el Ejecutivo presenta como la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca y para la que prevé una inversión inicial de 3,4 millones de euros.

Sin embargo, las viviendas no estarán disponibles a corto plazo. La líder balear ha explicado que la tramitación del proyecto comenzará durante la actual legislatura y que, gracias a su declaración como proyecto residencial estratégico e inversión de interés autonómico, los plazos administrativos podrán reducirse hasta alrededor de un año y medio, frente a los cerca de diez años que, según el Govern, supondría una tramitación ordinaria. Aun así, la previsión del Ejecutivo es que las viviendas se entreguen durante la próxima legislatura.

Además del calendario, el acceso a la promoción volverá a estar condicionado por uno de los requisitos incorporados por el Govern a las nuevas promociones públicas: acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en Balears. Esta exigencia deja fuera a residentes que, pese a vivir y trabajar en las Islas, no alcanzan ese periodo de permanencia.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que antes del inicio de las obras será necesario urbanizar los terrenos, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la tramitación administrativa. También ha avanzado que el diseño de la promoción se decidirá previsiblemente mediante un concurso de ideas.

Las 323 viviendas se incorporarán al plan con el que el Govern asegura impulsar cerca de 1.200 viviendas públicas a través del Ibavi.

El convenio firmado este lunes incluye también la cesión por parte del Ibavi al Consell de 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, un local de unos 400 metros cuadrados para un espacio de ensayo de grupos musicales y un solar de aproximadamente 3.000 metros cuadrados reservado para futuros equipamientos insulares.

Durante el acto, Galmés ha defendido la cesión gratuita de unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros pese a que el Consell carece de competencias en materia de vivienda. Según ha señalado, la operación busca contribuir a facilitar el acceso a una vivienda asequible para los mallorquines.

Balears ha recibido 6,5 millones de turistas internacionales durante el primer semestre del año, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto en el que el gasto continúa creciendo por encima de la llegada de visitantes. Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que entre enero y junio el archipiélago consolidó su crecimiento turístico al superar los 8.156 millones de euros de gasto, un 4,5% más que hace un año.

Solo durante el mes de junio llegaron a las Islas 2,27 millones de viajeros internacionales, un incremento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera (Frontur). A esta cifra se suman 441.409 turistas nacionales, de acuerdo con los datos difundidos por el Ibestat.

Mallorca concentró, un mes más, el mayor volumen de visitantes, con 1,8 millones de turistas, de los que 1,6 millones procedían del extranjero. Menorca recibió 288.446 viajeros, incluidos 183.884 internacionales, mientras que las Pitiüses contabilizaron 560.121 turistas, de los que 431.677 llegaron desde otros países.

Los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicada también por el INE, reflejan que el desembolso de los visitantes internacionales mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las llegadas. En junio, los turistas gastaron 2.954 millones de euros, un 4,2% más que un año antes, mientras que en el acumulado del primer semestre el gasto alcanzó los 8.156 millones de euros, con un incremento del 4,5%.

El gasto medio por turista se situó en 1.298 euros, un 3,7% más que en junio de 2025. También aumentó el desembolso diario, hasta los 230 euros por persona, lo que supone un crecimiento del 5,4%.

En cambio, la duración de las estancias continuó reduciéndose. Los visitantes internacionales permanecieron una media de 5,65 días en Balears durante junio, un 1,7% menos que hace un año, una tendencia que apunta a viajes más cortos pero con un mayor gasto diario.

Un hombre –canoso– y un niño –rubio– elevan la mirada al cielo. Unas gafas –cuadradas, plateadas, futuristas– les protegen los ojos. Es fácil tropezar con esta simulación de padre e hijo paseando por las calles de Palma. La pareja está enmarcada en un mupi, esos rectángulos que brotan en el centro de las ciudades para colocar publicidad. En el cartel se lee: Eclipsi segur. Evita els riscos greus d’observar l’eclipsi solar, eclipse seguro, evita los riesgos graves de observar el eclipse solar. Debajo, una lista de recordatorios; entre los que figura el si bebes no conduzcas –ni pilotes un barco– o la prohibición de encender hogueras en verano. Abajo del todo, dos escudos: el del Govern y el del Ajuntament de Palma.

Es un llamamiento a la responsabilidad colectiva de cara al –insólito– acontecimiento que también podrá contemplarse desde Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera. Las cuatro islas se sitúan justo en el límite de la franja de observación de un eclipse total que cae en la semana más caliente del verano. El 12 de agosto ejemplifica el síncope demográfico de uno de los archipiélagos más turistificados del planeta. La causa es la población flotante. Según los datos publicados en el índice de presión humana del Institut Balear d’Estadística (Ibestat), más de dos millones de personas coincidieron desde el 18 de julio hasta el 23 de agosto de 2025 en unos territorios que rozan los 5.000 kilómetros cuadrados y cuentan con un censo de 1,2 millones de habitantes.

Esta anomalía demográfica fue una de las fuerzas invisibles que movieron la manifestación –25.000 personas, según la Policía Nacional; 70.000, según los convocantes– que recorrió la capital balear el pasado domingo. Irónicamente, la marcha pasó junto a varios de los carteles que piden sentido común ante un eclipse que –casi– todas las instituciones públicas de la comunidad autónoma decidieron durante los últimos meses no promocionar como un reclamo extra.

Por contra, los gobiernos –autonómico e insulares, todos bajo el mando del Partido Popular– se están volcando en delimitar 26 zonas seguras de observación, aplicar cortes de carretera (desde las tres de la tarde a las nueve de la noche, y podrían adelantarse) en los accesos a espacios de alto valor natural y preparar un gran operativo antiincendios: 161 bomberos forestales. “Un dispositivo sin precedentes”, en palabras de Joan Simonet, conseller de Medi Natural. Incluso, el Govern ha convertido en oficial una aplicación desarrollada por la asociación AstroMallorca para divulgar todos los detalles a tener en cuenta sobre el fenómeno. Unas medidas que, según el GOB, son “muy parecidas” a las que esta organización ambientalista –con una influencia que se remonta a la década de los setenta– “hubiera exigido” en caso de no haberse anunciado. El temor a un colapso es palpable.

El Govern apuesta por la prudencia

–El 12 de agosto ya tenemos un nivel de saturación… estamos en los niveles máximos de ocupación de las islas. Igual en otras zonas de España, el eclipse es un elemento de tracción para economías rurales (pienso en algunas comarcas de Galicia, en Castilla y León, Guadalajara…), pero, para nosotros, no. A Baleares la gente viene con eclipse o sin eclipse; es un elemento colateral y, teniendo en cuenta el estrés de nuestro sistema, se decidió no promocionarlo.

Al otro lado del teléfono no está el arquitecto de las políticas turísticas del Govern, sino su mayor experto en cuestiones de seguridad ciudadana. Pablo Gárriz Galván se doctoró en Seguridad Ciudadana y Derecho Global por la Autònoma de Barcelona –cum laude– durante su última etapa al frente del 112, el Servei Balear d’Emergències, en Eivissa, donde trabajó entre 2004 y 2023. Entonces, se marchó un año a Madrid para asesorar al Ministerio de Defensa –es militar de carrera– antes de regresar a las Illes Balears: Marga Prohens lo nombró director general d’Emergències. Un cargo que lo ha convertido en un rostro habitual en la prensa durante las últimas semanas. Gárriz no ha dejado de reunirse con alcaldes, consellers o representantes de patronales y entidades ecologistas en busca de colaboración para vivir –como solicitan los carteles– un eclipse seguro.

–¿La población flotante es un elemento de riesgo, director? El 12 de agosto podría haber un 40% más de la población censada en las Illes Balears.

–Ese hecho nos genera la misma situación de tensión que vivimos cada año en el pico de la temporada. La estacionalidad condiciona el funcionamiento de nuestros servicios y la gestión de los riesgos. El sistema ya está tensionado. El añadido está en la incertidumbre de no saber dónde va a ir la gente. La realidad que tenemos es que hay muchos puntos desde donde ver el eclipse. ¿Por qué no hay puntos de observación oficiales en la Serra de Tramuntana? Porque, con el riesgo evidente de incendio que sufrimos, tener bolsas de concentración de personas con rutas de difícil acceso y evacuación es lo que queremos evitar a toda costa.

El sistema ya está tensionado. El añadido está en la incertidumbre de no saber dónde va a ir la gente. ¿Por qué no hay puntos de observación oficiales en la Serra de Tramuntana? Porque, con el riesgo evidente de incendio que sufrimos, tener bolsas de concentración de personas con rutas de difícil acceso y evacuación es lo que queremos evitar a toda costa

Pablo Gárriz — Director general d’Emergències del Govern

–¿Y podemos estar tranquilos?

–Lo que estamos haciendo es aplicar los protocolos y normativas en seguridad pública y protección civil que ya existen. No hemos creado estructuras paralelas o nuevas, sino que estamos utilizando los centros de coordinación operativa desde que los que gestionamos, por ejemplo, los riesgos que son previsibles. Como una DANA, por ejemplo. Y estamos trabajando codo con codo junto a otras administraciones con las que hay competencias cruzadas; como la Delegación del Gobierno. Se trata de encontrar un equilibrio entre las libertades individuales y la seguridad colectiva. Creo que la única clave es informar, informar, informar…

La prudencia se ha convertido en un mantra para los altos cargos del PP. Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell d’Eivissa –una isla que duplica su presión humana en el meollo de la temporada: de 160.000 a 320.000 personas– insiste en la misma idea: “No podemos controlar ni el número de vuelos ni lo cargados que irán, pero creo que no hacer promoción algo aportará. Si hubiera caído en otras fechas, sí que se habría promocionado de forma específica por la voluntad que tenemos de repartir el turismo a lo largo del año, pero, a mediados de agosto, juntándose la gente que quiera ver el eclipse con la que esté viendo la puesta de sol… lo más sensato es que todo lo que ocurra sea en espacios controlados”.

Si hubiera caído en otras fechas, sí que se habría promocionado de forma específica por la voluntad que tenemos de repartir el turismo a lo largo del año, pero, a mediados de agosto, juntándose la gente que quiera ver el eclipse con la que esté viendo la puesta de sol… lo más sensato es que todo lo que ocurra sea en espacios controlados

Juan Miguel Costa — Director insular de Turisme del Consell d’Eivissa

Más turistas, más pobreza

Las Illes Balears concentran en la actualidad la quinta parte del turismo español. 19 millones de visitantes en 2025. Ocho millones más de los que recibieron en 2015. Cifras que algunos expertos relacionan directamente con la caída del PIB per cápita y, por tanto, con el hartazgo de una parte de la población. Una de estas voces es la de Guillem López Casasnovas: menorquín, veterano economista y asesor en diferentes organismos locales, nacionales e internacionales. Su última llamada de atención es el Informe Fènix, un estudio en el que López Casasnovas y otros cinco autores alertan de que el crecimiento económico de las islas empobrece a la mayoría de los isleños.

La imagen más cruda de esa doble realidad puede verse esta semana en la Plaça de l’Hospital de Palma. En el patio de La Misericòrdia se celebran conciertos y se proyectan películas durante el Atlàntida, el festival de cine que organiza Filmin. A las puertas de este complejo –que, como su nombre indica, antes de centro cultural fue casa de beneficencia– decenas de personas se cubrían con cartones y plásticos para pasar la noche. Su cama, el muro de piedra de La Misericòrdia. El martes, al otro lado de unos muros construidos por los jesuitas entre los siglos XVI y XIX, Nacho Vegas hizo una pausa entre canción y canción. Terminó Fíu y, mientras sonaban los primeros acordes de Cómo hacer crac, el asturiano condenó las “agresiones” de los antidisturbios de la Policía Nacional contra algunos participantes de la marcha que pidió el fin de la masificación. Buena parte del público aplaudió con ganas. Algunos, hasta levantaron el puño. En las Illes Balears, el turismo ha dejado de ser un ídolo sagrado.

–Creo que el eclipse –reflexiona por teléfono López Casasnovas, que vive en Barcelona, pero está de visita en su Ciutadella natal– es otra burbuja que hemos inflado entre todos. Parece que quien no lo vea será un desgraciado. O, incluso [en el caso del poniente menorquín], si no lo puedes ver desde el Pont d’en Gil y tienes que ir a Cala Blanca, serás un desgraciado igual. Ese pensamiento colectivo nos hace perder el oremus porque conduce a la exclusividad, a quien lo pueda pagar, cuando el eclipse, salvo que seas amante, de verdad, de la astrofísica, te tendría que dar casi lo mismo.

–¿Y qué le parece, profesor, la decisión de los consells insulares de no hacer promoción turística del eclipse?

–Creo que es, simplemente, una limpieza de imagen, que forma parte de un paquete [de medidas de contención] que empezaba a flaquear. El eclipse le ha dado una vida nueva y ha servido como excusa para incluir en la cesta pública (que va a cargo del contribuyente) una necesidad nueva.

Observar el eclipse: el privilegio de una élite

Desde la Federación Empresarial y Hotelera de Mallorca no consideran que el eclipse atraiga “más turismo” a la isla en unas fechas donde la afluencia ya es máxima. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, la promoción era “superflua”, aplauden la decisión de no hacerla y, aunque entienden que algunos negocios pueden aprovecharse de “su renta de situación” (es decir, su ventaja geográfica: estar en el lugar y momento indicados), piden que el eclipse se viva “ateniéndose a la legalidad y sin grandes escandaleras”.

Algo de runrún sí existe. Fiestas en discotecas –y party boats– con temática solar o paquetes de noches de hotel con vistas a poniente. En internet es fácil rastrear los anuncios que invitan a celebrar –en el sentido literal de la palabra– un acontecimiento que no se podía observar en las Illes Balears desde 1905. Cuando las vacaciones no eran un derecho constitucional, sino el privilegio de una clase privilegiada. En el manual del buen burgués, el veraneo era un must. Para los proletarios, una promesa irrealizable. Esa es la melodía que resuena en la cabeza de Macià Blázquez Salom –catedrático de Geografía y uno de los analistas más incisivos a la hora de interpretar la masificación que sufren las Illes Balears– cuando valora la gestión del eclipse: “La contención que proponen las instituciones, comenzando por el Govern, liga con la deriva hacia la elitización del turismo balear; casa muy bien, por tanto, con la escalada de precios”.

La contención que proponen las instituciones, comenzando por el Govern, liga con la deriva hacia la elitización del turismo balear; casa muy bien, por tanto, con la escalada de precios

Macià Blázquez Salom — Catedrático de Geografía

El geógrafo Blázquez no niega lo evidente: la estacionalidad “es un sobrecoste” en muchos frentes: “Tamaño de los aeropuertos, provisión eléctrica e hídrica, recogida e incineración de basuras…” Porque, “cOmo subrayó” recientemente la asociación “Terraferida, la presión humana que soportaban las Illes Balears en verano de 1997, cuando empezaron a recogerse estos datos, es la misma que tenemos actualmente en invierno; es decir, el agosto de hace casi treinta años fue como el enero de 2025”. Una curva que, en versión animada, va haciéndose más alta año tras año. Con la excepción de la pandemia (2020 y 2021), claro. Entre los especialistas que la estudian es común referirse a ella como “el gráfico del suflé”.

El tope está en 2.080.731 personas, 8 de agosto de 2025. Aunque Blázquez entiende que el eclipse puede suponer un nuevo “récord histórico” insiste en que “es un momento perfecto para observar cómo las clases dirigentes asumen que las islas tienen que ser más exclusivas”. Un punto que le lleva a chocar “con algunos colegas biólogos”: “El decrecimiento que se propone es injusto porque sólo afecta a quien no pueda pagarlo. Si puedes gastarte miles de euros podrás disfrutar del fenómeno desde un hotel de cinco estrellas o una mansión del Port de Sóller, pero si eres un simple residente no podrás subir a la Serra de Tramuntana porque las carreteras estarán cortadas. Es la misma lógica que ha llevado a las familias Entrecanales o March a cerrar los caminos que pasan por sus fincas. El cabrum, como llamamos en Mallorca a la masa, estorba. Quien llega en jet privado o navega en un yate de lujo, no”.

Como explica Raquel Vaquer-Sunyer –de Felanitx, en el Llevant de Mallorca, la zona de la isla desde donde no será posible ver el eclipse sobre el Mediterráneo, doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear–, el turista VIP podría causar “graves daños a las praderas de posidonia” el 12 de agosto: “El fondeo masivo de embarcaciones provocará el desprendimiento de sedimentos por los anclajes masivos y aumentará el riesgo de vertidos de aguas negras, aceites, combustible… Muchas embarcaciones de chárter no tienen sus sentinas como toca y se vierten directamente al mar. Tampoco podemos olvidarnos de la contaminación acústica o del riesgo –que aumentará– de accidentes: las Pitiüses son un ejemplo de los incendios que se producen a bordo como consecuencia del tráfico masivo de barcos entre las dos islas. La mayor parte de problemas que afrontan los ecosistemas terrestres y marítimos se deben a la extraordinaria presión humana que recibimos. Veremos cómo responden ante un acontecimiento extraordinario como el eclipse”.

El fondeo masivo de embarcaciones provocará el desprendimiento de sedimentos por los anclajes masivos y aumentará el riesgo de vertidos de aguas negras, aceites, combustible… Veremos cómo responden los ecosistemas ante un acontecimiento extraordinario como el eclipse

Raquel Vaquer-Sunyer — Doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear

Formentera, destino astronómico

Y, luego, está Formentera. La más pequeña del archipiélago –como en tantas otras cosas– juega aparte. Su Consell Insular sí decidió ofrecerse como el escenario ideal para observar el eclipse. Poca contaminación lumínica y –si la calima lo permite– cielo despejado en mitad del mar de lágrimas de San Lorenzo. “La campaña Formentera mira al cel es una apuesta clara por diversificar nuestra oferta turística desde el respeto al territorio y aprovechando un recurso natural único como es la calidad de nuestro cielo nocturno”, argumentó Artal Mayans en la pasada edición de Fitur. El conseller de Turisme presumía del certificado que la Fundación Starlight concedió a Formentera en 2023. Un reconocimiento que puede impulsar el astroturismo en la isla.

“Nos sentimos muy orgullosos de estar en la única isla que ha hecho promoción porque creemos que puede ser un buen impulso para la divulgación que hacemos los aficionados a la astronomía que vivimos aquí. Formentera es ideal para la observación astronómica. En octubre ya tuvimos la primera reunión con los políticos y les avisamos: preparaos porque va a ser histórico. Creo que lo han hecho. Nos han escuchado, han comprado gafas homologadas para repartirlas, y pienso que la zona de observación que han habilitado, en es Cap, con capacidad sólo para quinientas personas, va a funcionar muy bien: en una isla tan pequeña es fácil regular el tráfico de personas porque sólo hay dos carreteras. En su momento hubo un proyecto para habilitar un observatorio en una casa abandonada de la Mola y soñamos con recuperarlo”, dice Jordi Alemany, presidente de la Associació Astronòmica de Formentera.

Nos sentimos muy orgullosos de estar en la única isla que ha hecho promoción porque creemos que puede ser un buen impulso para la divulgación que hacemos los aficionados a la astronomía que vivimos aquí. Formentera es ideal para la observación astronómica

Jordi Alemany — Presidente de la Associació Astronòmica de Formentera

Este arquitecto catalán fue uno de los socios que montaron, en 2019, un colectivo donde lo más parecido a un experto en satélites, planetas y estrellas era Carles Batlle: el actual vicepresidente de la asociación imparte clases de Física en el instituto público de la isla. Dentro de dos semanas, plantarán sus telescopios –“autofinanciados”– junto al faro de Barbaria y disfrutarán del desorden cósmico. Anochecerá antes del atardecer cuando la Luna –a 384.000 kilómetros de distancia– tape al Sol –a 150 millones de kilómetros de distancia–: mucho más cerca –entre el sur de Formentera y Marratxí, en la periferia de Palma, donde está el puesto de mando del 112 hay 184 kilómetros en línea recta– comenzarán unas horas muy largas para Pablo Gárriz, el director general de Emergències:

–No sé si soy la persona que más ganas tiene en Baleares de que llegue el 13 de agosto, pero sí una de las más preocupadas en que salga todo bien, de que demos una buena respuesta como sociedad para que todo el mundo disfrute del eclipse. Yo, claro, no podré verlo.