La mayor promoción de vivienda pública anunciada hasta ahora en Mallorca no estará disponible hasta la próxima legislatura y solo podrán optar a ella quienes acrediten al menos 15 años de residencia legal en Balears. Las islas siguen así la senda de Canarias, donde los demandantes de vivienda social deberán demostrar que llevan viviendo en el archipiélago desde hace 12 años, una medida que ha generado malestar entre las organizaciones ciudadanas y sociales por considerarla “discriminatoria e ineficaz”.

El Ejecutivo balear, en manos del PP, ha formalizado este lunes con el Consell de Mallorca la cesión gratuita de unos terrenos junto al Velòdrom Illes Balears -antes Palma Arena- de Palma donde el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) proyecta construir 323 viviendas de protección oficial (VPO).

El anuncio llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario balear, donde la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros continúa marcando máximos históricos y los precios de compraventa y alquiler continúan entre los más elevados de España, convirtiendo el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para una buena parte de la población.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este lunes el convenio de cesión de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados, una actuación que el Ejecutivo presenta como la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca y para la que prevé una inversión inicial de 3,4 millones de euros.

Sin embargo, las viviendas no estarán disponibles a corto plazo. La líder balear ha explicado que la tramitación del proyecto comenzará durante la actual legislatura y que, gracias a su declaración como proyecto residencial estratégico e inversión de interés autonómico, los plazos administrativos podrán reducirse hasta alrededor de un año y medio, frente a los cerca de diez años que, según el Govern, supondría una tramitación ordinaria. Aun así, la previsión del Ejecutivo es que las viviendas se entreguen durante la próxima legislatura.

Además del calendario, el acceso a la promoción volverá a estar condicionado por uno de los requisitos incorporados por el Govern a las nuevas promociones públicas: acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en Balears. Esta exigencia deja fuera a residentes que, pese a vivir y trabajar en las Islas, no alcanzan ese periodo de permanencia.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha explicado que antes del inicio de las obras será necesario urbanizar los terrenos, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la tramitación administrativa. También ha avanzado que el diseño de la promoción se decidirá previsiblemente mediante un concurso de ideas.

Las 323 viviendas se incorporarán al plan con el que el Govern asegura impulsar cerca de 1.200 viviendas públicas a través del Ibavi.

El convenio firmado este lunes incluye también la cesión por parte del Ibavi al Consell de 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, un local de unos 400 metros cuadrados para un espacio de ensayo de grupos musicales y un solar de aproximadamente 3.000 metros cuadrados reservado para futuros equipamientos insulares.

Durante el acto, Galmés ha defendido la cesión gratuita de unos terrenos valorados en 4,6 millones de euros pese a que el Consell carece de competencias en materia de vivienda. Según ha señalado, la operación busca contribuir a facilitar el acceso a una vivienda asequible para los mallorquines.

Balears ha recibido 6,5 millones de turistas internacionales durante el primer semestre del año, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto en el que el gasto continúa creciendo por encima de la llegada de visitantes. Los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que entre enero y junio el archipiélago consolidó su crecimiento turístico al superar los 8.156 millones de euros de gasto, un 4,5% más que hace un año.

Solo durante el mes de junio llegaron a las Islas 2,27 millones de viajeros internacionales, un incremento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera (Frontur). A esta cifra se suman 441.409 turistas nacionales, de acuerdo con los datos difundidos por el Ibestat.

Mallorca concentró, un mes más, el mayor volumen de visitantes, con 1,8 millones de turistas, de los que 1,6 millones procedían del extranjero. Menorca recibió 288.446 viajeros, incluidos 183.884 internacionales, mientras que las Pitiüses contabilizaron 560.121 turistas, de los que 431.677 llegaron desde otros países.

Los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicada también por el INE, reflejan que el desembolso de los visitantes internacionales mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las llegadas. En junio, los turistas gastaron 2.954 millones de euros, un 4,2% más que un año antes, mientras que en el acumulado del primer semestre el gasto alcanzó los 8.156 millones de euros, con un incremento del 4,5%.

El gasto medio por turista se situó en 1.298 euros, un 3,7% más que en junio de 2025. También aumentó el desembolso diario, hasta los 230 euros por persona, lo que supone un crecimiento del 5,4%.

En cambio, la duración de las estancias continuó reduciéndose. Los visitantes internacionales permanecieron una media de 5,65 días en Balears durante junio, un 1,7% menos que hace un año, una tendencia que apunta a viajes más cortos pero con un mayor gasto diario.

Un hombre –canoso– y un niño –rubio– elevan la mirada al cielo. Unas gafas –cuadradas, plateadas, futuristas– les protegen los ojos. Es fácil tropezar con esta simulación de padre e hijo paseando por las calles de Palma. La pareja está enmarcada en un mupi, esos rectángulos que brotan en el centro de las ciudades para colocar publicidad. En el cartel se lee: Eclipsi segur. Evita els riscos greus d’observar l’eclipsi solar, eclipse seguro, evita los riesgos graves de observar el eclipse solar. Debajo, una lista de recordatorios; entre los que figura el si bebes no conduzcas –ni pilotes un barco– o la prohibición de encender hogueras en verano. Abajo del todo, dos escudos: el del Govern y el del Ajuntament de Palma.

Es un llamamiento a la responsabilidad colectiva de cara al –insólito– acontecimiento que también podrá contemplarse desde Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera. Las cuatro islas se sitúan justo en el límite de la franja de observación de un eclipse total que cae en la semana más caliente del verano. El 12 de agosto ejemplifica el síncope demográfico de uno de los archipiélagos más turistificados del planeta. La causa es la población flotante. Según los datos publicados en el índice de presión humana del Institut Balear d’Estadística (Ibestat), más de dos millones de personas coincidieron desde el 18 de julio hasta el 23 de agosto de 2025 en unos territorios que rozan los 5.000 kilómetros cuadrados y cuentan con un censo de 1,2 millones de habitantes.

Esta anomalía demográfica fue una de las fuerzas invisibles que movieron la manifestación –25.000 personas, según la Policía Nacional; 70.000, según los convocantes– que recorrió la capital balear el pasado domingo. Irónicamente, la marcha pasó junto a varios de los carteles que piden sentido común ante un eclipse que –casi– todas las instituciones públicas de la comunidad autónoma decidieron durante los últimos meses no promocionar como un reclamo extra.

Por contra, los gobiernos –autonómico e insulares, todos bajo el mando del Partido Popular– se están volcando en delimitar 26 zonas seguras de observación, aplicar cortes de carretera (desde las tres de la tarde a las nueve de la noche, y podrían adelantarse) en los accesos a espacios de alto valor natural y preparar un gran operativo antiincendios: 161 bomberos forestales. “Un dispositivo sin precedentes”, en palabras de Joan Simonet, conseller de Medi Natural. Incluso, el Govern ha convertido en oficial una aplicación desarrollada por la asociación AstroMallorca para divulgar todos los detalles a tener en cuenta sobre el fenómeno. Unas medidas que, según el GOB, son “muy parecidas” a las que esta organización ambientalista –con una influencia que se remonta a la década de los setenta– “hubiera exigido” en caso de no haberse anunciado. El temor a un colapso es palpable.

El Govern apuesta por la prudencia

–El 12 de agosto ya tenemos un nivel de saturación… estamos en los niveles máximos de ocupación de las islas. Igual en otras zonas de España, el eclipse es un elemento de tracción para economías rurales (pienso en algunas comarcas de Galicia, en Castilla y León, Guadalajara…), pero, para nosotros, no. A Baleares la gente viene con eclipse o sin eclipse; es un elemento colateral y, teniendo en cuenta el estrés de nuestro sistema, se decidió no promocionarlo.

Al otro lado del teléfono no está el arquitecto de las políticas turísticas del Govern, sino su mayor experto en cuestiones de seguridad ciudadana. Pablo Gárriz Galván se doctoró en Seguridad Ciudadana y Derecho Global por la Autònoma de Barcelona –cum laude– durante su última etapa al frente del 112, el Servei Balear d’Emergències, en Eivissa, donde trabajó entre 2004 y 2023. Entonces, se marchó un año a Madrid para asesorar al Ministerio de Defensa –es militar de carrera– antes de regresar a las Illes Balears: Marga Prohens lo nombró director general d’Emergències. Un cargo que lo ha convertido en un rostro habitual en la prensa durante las últimas semanas. Gárriz no ha dejado de reunirse con alcaldes, consellers o representantes de patronales y entidades ecologistas en busca de colaboración para vivir –como solicitan los carteles– un eclipse seguro.

–¿La población flotante es un elemento de riesgo, director? El 12 de agosto podría haber un 40% más de la población censada en las Illes Balears.

–Ese hecho nos genera la misma situación de tensión que vivimos cada año en el pico de la temporada. La estacionalidad condiciona el funcionamiento de nuestros servicios y la gestión de los riesgos. El sistema ya está tensionado. El añadido está en la incertidumbre de no saber dónde va a ir la gente. La realidad que tenemos es que hay muchos puntos desde donde ver el eclipse. ¿Por qué no hay puntos de observación oficiales en la Serra de Tramuntana? Porque, con el riesgo evidente de incendio que sufrimos, tener bolsas de concentración de personas con rutas de difícil acceso y evacuación es lo que queremos evitar a toda costa.

El sistema ya está tensionado. El añadido está en la incertidumbre de no saber dónde va a ir la gente. ¿Por qué no hay puntos de observación oficiales en la Serra de Tramuntana? Porque, con el riesgo evidente de incendio que sufrimos, tener bolsas de concentración de personas con rutas de difícil acceso y evacuación es lo que queremos evitar a toda costa

Pablo Gárriz — Director general d’Emergències del Govern

–¿Y podemos estar tranquilos?

–Lo que estamos haciendo es aplicar los protocolos y normativas en seguridad pública y protección civil que ya existen. No hemos creado estructuras paralelas o nuevas, sino que estamos utilizando los centros de coordinación operativa desde que los que gestionamos, por ejemplo, los riesgos que son previsibles. Como una DANA, por ejemplo. Y estamos trabajando codo con codo junto a otras administraciones con las que hay competencias cruzadas; como la Delegación del Gobierno. Se trata de encontrar un equilibrio entre las libertades individuales y la seguridad colectiva. Creo que la única clave es informar, informar, informar…

La prudencia se ha convertido en un mantra para los altos cargos del PP. Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell d’Eivissa –una isla que duplica su presión humana en el meollo de la temporada: de 160.000 a 320.000 personas– insiste en la misma idea: “No podemos controlar ni el número de vuelos ni lo cargados que irán, pero creo que no hacer promoción algo aportará. Si hubiera caído en otras fechas, sí que se habría promocionado de forma específica por la voluntad que tenemos de repartir el turismo a lo largo del año, pero, a mediados de agosto, juntándose la gente que quiera ver el eclipse con la que esté viendo la puesta de sol… lo más sensato es que todo lo que ocurra sea en espacios controlados”.

Si hubiera caído en otras fechas, sí que se habría promocionado de forma específica por la voluntad que tenemos de repartir el turismo a lo largo del año, pero, a mediados de agosto, juntándose la gente que quiera ver el eclipse con la que esté viendo la puesta de sol… lo más sensato es que todo lo que ocurra sea en espacios controlados

Juan Miguel Costa — Director insular de Turisme del Consell d’Eivissa

Más turistas, más pobreza

Las Illes Balears concentran en la actualidad la quinta parte del turismo español. 19 millones de visitantes en 2025. Ocho millones más de los que recibieron en 2015. Cifras que algunos expertos relacionan directamente con la caída del PIB per cápita y, por tanto, con el hartazgo de una parte de la población. Una de estas voces es la de Guillem López Casasnovas: menorquín, veterano economista y asesor en diferentes organismos locales, nacionales e internacionales. Su última llamada de atención es el Informe Fènix, un estudio en el que López Casasnovas y otros cinco autores alertan de que el crecimiento económico de las islas empobrece a la mayoría de los isleños.

La imagen más cruda de esa doble realidad puede verse esta semana en la Plaça de l’Hospital de Palma. En el patio de La Misericòrdia se celebran conciertos y se proyectan películas durante el Atlàntida, el festival de cine que organiza Filmin. A las puertas de este complejo –que, como su nombre indica, antes de centro cultural fue casa de beneficencia– decenas de personas se cubrían con cartones y plásticos para pasar la noche. Su cama, el muro de piedra de La Misericòrdia. El martes, al otro lado de unos muros construidos por los jesuitas entre los siglos XVI y XIX, Nacho Vegas hizo una pausa entre canción y canción. Terminó Fíu y, mientras sonaban los primeros acordes de Cómo hacer crac, el asturiano condenó las “agresiones” de los antidisturbios de la Policía Nacional contra algunos participantes de la marcha que pidió el fin de la masificación. Buena parte del público aplaudió con ganas. Algunos, hasta levantaron el puño. En las Illes Balears, el turismo ha dejado de ser un ídolo sagrado.

–Creo que el eclipse –reflexiona por teléfono López Casasnovas, que vive en Barcelona, pero está de visita en su Ciutadella natal– es otra burbuja que hemos inflado entre todos. Parece que quien no lo vea será un desgraciado. O, incluso [en el caso del poniente menorquín], si no lo puedes ver desde el Pont d’en Gil y tienes que ir a Cala Blanca, serás un desgraciado igual. Ese pensamiento colectivo nos hace perder el oremus porque conduce a la exclusividad, a quien lo pueda pagar, cuando el eclipse, salvo que seas amante, de verdad, de la astrofísica, te tendría que dar casi lo mismo.

–¿Y qué le parece, profesor, la decisión de los consells insulares de no hacer promoción turística del eclipse?

–Creo que es, simplemente, una limpieza de imagen, que forma parte de un paquete [de medidas de contención] que empezaba a flaquear. El eclipse le ha dado una vida nueva y ha servido como excusa para incluir en la cesta pública (que va a cargo del contribuyente) una necesidad nueva.

Observar el eclipse: el privilegio de una élite

Desde la Federación Empresarial y Hotelera de Mallorca no consideran que el eclipse atraiga “más turismo” a la isla en unas fechas donde la afluencia ya es máxima. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, la promoción era “superflua”, aplauden la decisión de no hacerla y, aunque entienden que algunos negocios pueden aprovecharse de “su renta de situación” (es decir, su ventaja geográfica: estar en el lugar y momento indicados), piden que el eclipse se viva “ateniéndose a la legalidad y sin grandes escandaleras”.

Algo de runrún sí existe. Fiestas en discotecas –y party boats– con temática solar o paquetes de noches de hotel con vistas a poniente. En internet es fácil rastrear los anuncios que invitan a celebrar –en el sentido literal de la palabra– un acontecimiento que no se podía observar en las Illes Balears desde 1905. Cuando las vacaciones no eran un derecho constitucional, sino el privilegio de una clase privilegiada. En el manual del buen burgués, el veraneo era un must. Para los proletarios, una promesa irrealizable. Esa es la melodía que resuena en la cabeza de Macià Blázquez Salom –catedrático de Geografía y uno de los analistas más incisivos a la hora de interpretar la masificación que sufren las Illes Balears– cuando valora la gestión del eclipse: “La contención que proponen las instituciones, comenzando por el Govern, liga con la deriva hacia la elitización del turismo balear; casa muy bien, por tanto, con la escalada de precios”.

La contención que proponen las instituciones, comenzando por el Govern, liga con la deriva hacia la elitización del turismo balear; casa muy bien, por tanto, con la escalada de precios

Macià Blázquez Salom — Catedrático de Geografía

El geógrafo Blázquez no niega lo evidente: la estacionalidad “es un sobrecoste” en muchos frentes: “Tamaño de los aeropuertos, provisión eléctrica e hídrica, recogida e incineración de basuras…” Porque, “cOmo subrayó” recientemente la asociación “Terraferida, la presión humana que soportaban las Illes Balears en verano de 1997, cuando empezaron a recogerse estos datos, es la misma que tenemos actualmente en invierno; es decir, el agosto de hace casi treinta años fue como el enero de 2025”. Una curva que, en versión animada, va haciéndose más alta año tras año. Con la excepción de la pandemia (2020 y 2021), claro. Entre los especialistas que la estudian es común referirse a ella como “el gráfico del suflé”.

El tope está en 2.080.731 personas, 8 de agosto de 2025. Aunque Blázquez entiende que el eclipse puede suponer un nuevo “récord histórico” insiste en que “es un momento perfecto para observar cómo las clases dirigentes asumen que las islas tienen que ser más exclusivas”. Un punto que le lleva a chocar “con algunos colegas biólogos”: “El decrecimiento que se propone es injusto porque sólo afecta a quien no pueda pagarlo. Si puedes gastarte miles de euros podrás disfrutar del fenómeno desde un hotel de cinco estrellas o una mansión del Port de Sóller, pero si eres un simple residente no podrás subir a la Serra de Tramuntana porque las carreteras estarán cortadas. Es la misma lógica que ha llevado a las familias Entrecanales o March a cerrar los caminos que pasan por sus fincas. El cabrum, como llamamos en Mallorca a la masa, estorba. Quien llega en jet privado o navega en un yate de lujo, no”.

Como explica Raquel Vaquer-Sunyer –de Felanitx, en el Llevant de Mallorca, la zona de la isla desde donde no será posible ver el eclipse sobre el Mediterráneo, doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear–, el turista VIP podría causar “graves daños a las praderas de posidonia” el 12 de agosto: “El fondeo masivo de embarcaciones provocará el desprendimiento de sedimentos por los anclajes masivos y aumentará el riesgo de vertidos de aguas negras, aceites, combustible… Muchas embarcaciones de chárter no tienen sus sentinas como toca y se vierten directamente al mar. Tampoco podemos olvidarnos de la contaminación acústica o del riesgo –que aumentará– de accidentes: las Pitiüses son un ejemplo de los incendios que se producen a bordo como consecuencia del tráfico masivo de barcos entre las dos islas. La mayor parte de problemas que afrontan los ecosistemas terrestres y marítimos se deben a la extraordinaria presión humana que recibimos. Veremos cómo responden ante un acontecimiento extraordinario como el eclipse”.

El fondeo masivo de embarcaciones provocará el desprendimiento de sedimentos por los anclajes masivos y aumentará el riesgo de vertidos de aguas negras, aceites, combustible… Veremos cómo responden los ecosistemas ante un acontecimiento extraordinario como el eclipse

Raquel Vaquer-Sunyer — Doctora en Ciencias del Mar y coordinadora del Informe Mar Balear

Formentera, destino astronómico

Y, luego, está Formentera. La más pequeña del archipiélago –como en tantas otras cosas– juega aparte. Su Consell Insular sí decidió ofrecerse como el escenario ideal para observar el eclipse. Poca contaminación lumínica y –si la calima lo permite– cielo despejado en mitad del mar de lágrimas de San Lorenzo. “La campaña Formentera mira al cel es una apuesta clara por diversificar nuestra oferta turística desde el respeto al territorio y aprovechando un recurso natural único como es la calidad de nuestro cielo nocturno”, argumentó Artal Mayans en la pasada edición de Fitur. El conseller de Turisme presumía del certificado que la Fundación Starlight concedió a Formentera en 2023. Un reconocimiento que puede impulsar el astroturismo en la isla.

“Nos sentimos muy orgullosos de estar en la única isla que ha hecho promoción porque creemos que puede ser un buen impulso para la divulgación que hacemos los aficionados a la astronomía que vivimos aquí. Formentera es ideal para la observación astronómica. En octubre ya tuvimos la primera reunión con los políticos y les avisamos: preparaos porque va a ser histórico. Creo que lo han hecho. Nos han escuchado, han comprado gafas homologadas para repartirlas, y pienso que la zona de observación que han habilitado, en es Cap, con capacidad sólo para quinientas personas, va a funcionar muy bien: en una isla tan pequeña es fácil regular el tráfico de personas porque sólo hay dos carreteras. En su momento hubo un proyecto para habilitar un observatorio en una casa abandonada de la Mola y soñamos con recuperarlo”, dice Jordi Alemany, presidente de la Associació Astronòmica de Formentera.

Nos sentimos muy orgullosos de estar en la única isla que ha hecho promoción porque creemos que puede ser un buen impulso para la divulgación que hacemos los aficionados a la astronomía que vivimos aquí. Formentera es ideal para la observación astronómica

Jordi Alemany — Presidente de la Associació Astronòmica de Formentera

Este arquitecto catalán fue uno de los socios que montaron, en 2019, un colectivo donde lo más parecido a un experto en satélites, planetas y estrellas era Carles Batlle: el actual vicepresidente de la asociación imparte clases de Física en el instituto público de la isla. Dentro de dos semanas, plantarán sus telescopios –“autofinanciados”– junto al faro de Barbaria y disfrutarán del desorden cósmico. Anochecerá antes del atardecer cuando la Luna –a 384.000 kilómetros de distancia– tape al Sol –a 150 millones de kilómetros de distancia–: mucho más cerca –entre el sur de Formentera y Marratxí, en la periferia de Palma, donde está el puesto de mando del 112 hay 184 kilómetros en línea recta– comenzarán unas horas muy largas para Pablo Gárriz, el director general de Emergències:

–No sé si soy la persona que más ganas tiene en Baleares de que llegue el 13 de agosto, pero sí una de las más preocupadas en que salga todo bien, de que demos una buena respuesta como sociedad para que todo el mundo disfrute del eclipse. Yo, claro, no podré verlo.

El Govern mantiene su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha valorado positivamente que se haya aplazado al mes de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir este acuerdo.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha considerado que el retraso de la convocatoria, tras la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, “abre una nueva línea” y es “una buena noticia”.

El Govern, ha continuado, formulará propuestas para mejorar la reforma del sistema y que tenga en cuenta las principales reivindicaciones de Baleares aunque, según el portavoz, sigue siendo “pesimista”.

La apuesta del archipiélago balear hacia el segmento del lujo no solo ha elevado la categoría de los establecimientos turísticos, sino que también ha intensificado procesos de diversificación empresarial que en algunos casos ya venían produciéndose en islas como Eivissa. Algunos de los principales grupos hoteleros han ampliado e integrado bajo una misma estructura actividades como el alojamiento, la restauración, el ocio, la música, el comercio, la náutica, el bienestar o la organización de eventos y, en algunos casos, han incorporado nuevas líneas de negocio vinculadas a la promoción inmobiliaria o a la gestión de activos.

En este contexto se sitúa NCalma Group, de la familia Torres. El grupo empresarial inauguró a finales de marzo de 2009 el Aguas de Ibiza Grand Luxe. Ubicado en Santa Eulària des Riu, es uno de los primeros hoteles de la nueva generación de establecimientos orientados al segmento del lujo surgidos tras la crisis financiera. En 2021, incorporó Nativo Hotel Ibiza y, en 2025, Bonito Ibiza, comercializado bajo el concepto de “eco-lujo”.

A diferencia de otros grupos cuya diversificación se ha orientado principalmente hacia el ocio, la restauración o la creación de marcas, NCalma ha ampliado su actividad mediante una división inmobiliaria que desarrolla dos promociones residenciales de alta gama junto al puerto deportivo de Santa Eulària, con viviendas cuyos precios oscilan entre los 790.000 y los 2,8 millones de euros.

La primera comprende 32 viviendas de entre 87 y 138 metros cuadrados, mientras que la segunda añadirá otras 95, cuya finalización está prevista para finales de 2027. Ambas incorporan servicios propios del segmento residencial de lujo, como piscinas, spa, gimnasio, zonas comunes, seguridad privada y conserjería, además de la posibilidad de adquirir plazas de aparcamiento y trasteros.

elDiario.es se ha puesto en contacto con NCalma Group, que ha respondido a todas las cuestiones planteadas por este diario. “La gestión hotelera y la promoción residencial están profundamente conectadas: en ambos casos, nuestro objetivo es crear espacios donde las personas puedan vivir y disfrutar de la isla, ya sea de forma temporal, como huéspedes de nuestros hoteles, o de forma permanente, como propietarios de una vivienda”, explican. Así, detallan que se trata de “una evolución coherente con nuestra filosofía como grupo, no un cambio de rumbo”.

Respecto al perfil de los compradores, afirman que hay tanto internacionales, como residentes de la isla. “En otras promociones, como Tarida, la presencia de residentes es aún mayor, gracias a precios de vivienda unifamiliar entre los más accesibles de la isla”, añaden. En cuanto al debate sobre la posible relación entre el turismo de lujo y el incremento de los precios de la vivienda, no creen que sean fenómenos “completamente independientes”.

“El atractivo de Ibiza como destino de alto standing influye en la demanda de vivienda, igual que lo hacen la escasez de suelo urbanizable, la limitada oferta de vivienda pública y la fuerte presión demográfica estacional”, responden. Añaden que es un fenómeno con “múltiples causas” y que no se puede reducir a un único factor, ya que se trata de “un problema mucho más estructural”. Además, afirman que entienden el núcleo del debate. “El precio del alquiler en Ibiza afecta a nuestros propios trabajadores, y por eso destinamos viviendas en alquiler para quienes trabajan con nosotros”.

Finalmente, señalan que como promotora privada construyen sobre suelo adquirido a precio de mercado –por las nubes, añaden– y cumpliendo la normativa vigente. “La creación de vivienda asequible y las políticas de acceso a la vivienda son competencias públicas; desde el sector privado aportamos empleo, actividad económica y, en nuestro caso, soluciones habitacionales directas para nuestra plantilla”, concluyen.

En la década de 2010 cambia todo

Sin embargo, el mayor imperio turístico sigue siendo el Grupo Empresas Matutes, que articula buena parte de su actividad a través de su brazo hotelero, Palladium Hotel Group. El primer gran salto de los Matutes hacia el segmento de lujo fue Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, en 2011, y Ushuaïa Tower, en 2012 –actualmente The Unexpected Hotel Ibiza–, un modelo impulsado por Abel Matutes Prats que integra alojamiento, restauración, música electrónica y experiencias premium bajo una misma marca y que ha transformado la oferta turística de la isla desde entonces. Cuando finaliza el contrato de arrendamiento que tenía Pepe Roselló para explotar la discoteca Space, los Matutes abren en 2017 Hï, también en el entorno de Platja d’en Bossa.

La consolidación de este modelo –hoteles que funcionan también como discotecas– coincidió con la modificación de la ley turística en 2011, aprobada por el Govern conservador de José Ramón Bauzá. La reforma, promovida por el entonces conseller de Turismo, Carlos Delgado, permitió a hoteles y restaurantes –como los beach clubs– desarrollar “actividades y servicios complementarios”. Este cambio normativo facilitó la expansión de los hoteles-discoteca y posteriormente será aprovechada por otros establecimientos de la isla.

En 2014, inauguran Hard Rock Hotel Ibiza, después de alcanzar un acuerdo con Hard Rock Internacional. En cuanto a la marca Palladium, el grupo gestiona establecimientos como Palladium Hotel Cala Llonga, Only You –antiguo Palladium Hotel Palmyra– Grand Palladium Select Palace Ibiza, Grand Palladium White Island Resort & Spa y Grand Hotel Palladium. En los últimos años ha reforzado la apuesta por los hoteles de alta gama con Bless Ibiza The Site y TRS Ibiza Hotel.

Más allá de la explotación hotelera, el imperio de los Matutes se apoya en un conjunto de sociedades dedicadas a la gestión patrimonial, la promoción inmobiliaria y la construcción. Entre ellas figuran Inversiones Ibiza, S.L. y Residencial Marina, S.L., orientadas a la tenencia, administración y desarrollo de activos inmobiliarios; Urcoisa Obras y Servicios, S.L. y Constrivesta, especializadas en la ejecución de obras, promoción y construcción de proyectos vinculados al grupo; y Zumos Naturales, S.L., sociedad dedicada a actividades del sector de la alimentación y la restauración.

El imperio de los Matutes se apoya en un conjunto de sociedades dedicadas a la gestión patrimonial, la promoción inmobiliaria y la construcción

Esta estructura empresarial permite a la familia Matutes integrar buena parte de la cadena de valor de sus inversiones –desde la adquisición y urbanización de suelo hasta la construcción, explotación hotelera y gestión patrimonial de los activos– y diversificar su actividad más allá del negocio estrictamente turístico. La última apuesta de los Matutes ha sido la apertura de la discoteca UNVRS –en el antiguo Privilege, otrora Ku– de la mano de su socio y hombre de confianza en el ocio, Yann Pissenem.

Pisos y mansiones exclusivas

Otro de los grupos que ha diversificado progresivamente su actividad es Grupo Ramat, vinculado al empresario ibicenco Marc Rahola Matutes. A través de OD Group, el conglomerado ha desarrollado su propio modelo de hoteles boutique impulsando marcas como Ocean Drive, Ryans y Coral Star. En este último caso, se trata de un hotel de dos estrellas, con precios más asequibles, que ha abierto este verano en Cala de Bou. Está dirigido a familias con niños, un turismo en declive desde que la isla se empezó a orientar al lujo.

En septiembre de 2021, OD Group entró con un 25% en el accionariado de Concept Hotel Group, fundado por Diego Calvo. Rahola es el presidente del Consejo de Administración, mientras que Calvo es el vicepresidente. Bajo este grupo se agrupan hoteles de cuatro estrellas como el Santos Ibiza Suites; Tropicana Ibiza Suites; Dorado Ibiza Suites; Paradiso Ibiza Art Hotel; Romeo's Ibiza; Cubanito Ibiza Suites; Grand Paradiso Ibiza y Los Felices Ibiza.

Este grupo ha construido una identidad basada en hoteles temáticos donde la arquitectura, el diseño de interiores y la ambientación forman parte del producto turístico. Sus establecimientos recurren a referencias procedentes de la cultura popular, el cine, la música, el arte o determinados imaginarios históricos para crear espacios altamente reconocibles y diferenciados.

En el caso de Mongibello, es un hotel de cinco estrellas gestionado por Concept Hotel Group como una marca asociada. El Grupo Ramat, de Rahola, adquirió recientemente el negocio a los fondos de inversión Bain Capital y Stoneweg por unos 60 millones de euros, según informó Cinco Días. Este establecimiento de lujo fue reformado en 2022 inspirándose en la costa Amalfitana –región de la Campania– y la Italia de los años sesenta, especialmente en el universo visual de La dolce vita. Los fondos de inversión y capital riesgo compraron, a su vez, el hotel a los Matutes, que lo gestionaban bajo el nombre de Palladium Hotel Don Carlos.

Más allá del negocio hotelero, el Grupo Ramat mantiene otras líneas de negocio vinculadas a la promoción inmobiliaria, entre ellas A:B:C Can Misses; A:B:C S’Olivera; A:B:C Sa Serra y una más exclusiva, The White Angel, en Cala Comte y Talamanca. En el caso de las primeras, se trata de pisos de entre 40 y 50 metros cuadrados, de una o dos habitaciones, que se comercializan entre los 347.000 y los 450.000 euros, según aparece en un portal inmobiliario digital.

En el caso de las promociones de lujo, The White Angel Talamanca es una urbanización de 54 apartamentos distribuidos en diferentes edificios de las zonas de Marina Botafoch; Cap Martinet y Talamanca. Un piso de segunda mano de unos 200 metros cuadrados con cuatro habitaciones, cuatro baños, terraza, plaza de aparcamiento, trastero, piscina y jardín se comercializa por 2,7 millones de euros en un portal inmobiliario digital. En cuanto a la promoción de Cala Comte, se trata de 15 villas de lujo con piscina y terreno privado que se han vendido a través de una agencia inmobiliaria de lujo a partir de 2,75 millones de euros.

La promoción de Cala Comte, 15 villas de lujo con piscina y terreno privado, se ha vendido a través de una agencia inmobiliaria de lujo a partir de 2,75 millones de euros

Cada una de estas mansiones dispone de cinco dormitorios, una superficie construida de 394 metros cuadrados, piscina, terraza con suelo de bambú natural y zonas ajardinadas con pérgolas. En las zonas comunitarias del complejo, hay un sistema de videovigilancia las 24 horas del día, además de una oficina de seguridad central situada en la entrada de la promoción, y servicio de conserjería que ofrece servicios personalizados para uso y disfrute de los residentes.

Viviendas de lujo junto a Pacha

El mítico Grupo Pacha tampoco se ha quedado parado en la carrera por trasladar parte de su estrategia de inversión hacia el mercado inmobiliario. Pese a todo, su principal activo continúa siendo la histórica discoteca Pacha Ibiza, convertida desde su apertura por Ricardo Urgell en 1973 en uno de los principales referentes internacionales de la música electrónica y el ocio nocturno. En torno a esa marca, la compañía ha construido un ecosistema empresarial que integra Destino Five Ibiza, un hotel de cinco estrellas gran lujo en Cap Martinet y el Hotel Pacha, situado muy cerca de la discoteca.

La evolución del grupo ha estado marcada por distintas operaciones corporativas. Tras pertenecer durante décadas a la familia Urgell, fue adquirido en 2017 por el fondo Trilantic Capital Partners y, desde 2023, forma parte del grupo dubaití FIVE Holdings, dirigido por Kabir Mulchandani, propietario de la discoteca Pacha Ibiza, de Destino Five Ibiza, del Hotel Pacha y de las sociedades que articulan la actividad del grupo en España. La operación reforzó la apuesta por el segmento del lujo, integrando estos activos en una estrategia empresarial de alcance internacional.

En esa misma línea, FIVE Holdings ha impulsado Casa Pacha Residences, una promoción de viviendas de lujo situada junto a la discoteca Pacha, en la denominada “milla de oro” de Eivissa. El complejo comercializa apartamentos y áticos de dos y tres habitaciones, con superficies superiores a los 120 metros cuadrados y precios que oscilan entre 2,27 y 9 millones de euros, según un portal inmobiliario digital. La promoción incorpora spa, piscina, gimnasio, servicio de habitaciones, seguridad privada y club exclusivo, además de ventajas vinculadas a la propia marca, como accesos VIP ilimitados a Pacha Ibiza, reservas preferentes y otros beneficios en los establecimientos del grupo.

La promoción incorpora spa, piscina, gimnasio, servicio de habitaciones, seguridad privada y club exclusivo, además de ventajas vinculadas a la propia marca, como accesos VIP ilimitados a Pacha Ibiza, reservas preferentes y otros beneficios en los establecimientos del grupo

La evolución del Grupo Pacha refleja una tendencia cada vez más presente en el turismo de lujo: la expansión de empresas nacidas en el ocio y la hotelería hacia el mercado residencial mediante las denominadas branded residences, donde la vivienda deja de comercializarse únicamente por su ubicación o sus características constructivas para asociarse también a una marca, un conjunto de servicios y un determinado estilo de vida. En algunos casos, en este modelo el capital acumulado por una empresa turística se acaba convirtiendo en un activo inmobiliario.

Ni Palladium Hotel Group, OD Group/Grupo Ramat, Concept Hotel Group ni Grupo Pacha han contestado a las preguntas de este diario en el momento de publicación del reportaje.

Turismo de lujo y gentrificación

El abogado y experto inmobiliario Eduard Vila explica a elDiario.es que cree que puede haber una relación entre el turismo de lujo y la gentrificación urbanística. “Está muy vinculada a la conectividad aérea”, asegura, consultado sobre estas dos promociones. Vila sostiene que, cuanto mayor es el número de conexiones internacionales, mayor es también la competencia por atraer a compradores con un elevado poder adquisitivo. “Ya no se compite con los salarios más altos de los residentes, sino con las rentas más altas de los países de origen de quienes llegan en esos vuelos”, afirma.

Es la misma tesis que sostiene el periodista y escritor Jorge Dioni, experto en políticas urbanísticas y su impacto sociopolítico en España. En conversaciones con este diario, afirma que, desde los inicios del turismo de masas, la idea es que “los que vengan se queden; es decir, que compren una casa en propiedad y regresen todos los años”. En este sentido, coincide en señalar que existe una relación entre el turismo de lujo y la gentrificación urbanística.

“El hecho de que las promociones urbanísticas se dirijan exclusivamente a un público de alto poder adquisitivo desplaza a la población local”, afirma Neus Prats, vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB, y responsable del área de Territorio. “Es el grado máximo de especulación”. “Ofrecer pisos con márgenes de beneficios altísimos, aptos solo para clientes de alto poder adquisitivo que se creen que invierten, pero en realidad están pagando un sobreprecio desorbitado”, añade Prats.

El hecho de que las promociones urbanísticas se dirijan exclusivamente a un público de alto poder adquisitivo desplaza a la población local. Es el grado máximo de especulación

Neus Prats — Vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB

“En Balears teníamos una ley que obligaba a todas las promociones a construir un porcentaje de viviendas de protección oficial o similar”, recuerda la portavoz ecologista Prats. Estos cambios en el valor del suelo pueden ir aparejados de procesos de gentrificación urbanística, que transforman también el tejido empresarial. “Los negocios tradicionales pueden ser sustituidos por establecimientos orientados a clientes con más capacidad de gasto, como las boutique, spa o restaurantes de alta gama”, afirma Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra.

Mientras algunas empresas de la industria turística amplían su actividad desde la hotelería hacia la promoción inmobiliaria de lujo pasando por todo tipo de negocios destinados a los turistas, el debate sobre el acceso a la vivienda continúa abierto en Eivissa. La convivencia entre urbanizaciones dirigidas a compradores de alto poder adquisitivo –en un mercado con una elevada presencia de demanda extranjera– y las crecientes dificultades de una parte de la población para acceder a una vivienda digna resume una de las principales tensiones del modelo turístico de la isla.

Más allá de la oferta hotelera, las inversiones de estas empresas turísticas reflejan un cambio de escala en el modelo de negocio. La evolución de grupos hoteleros como NCalma Group, Grupo Ramat o Grupo Pacha ilustra otra de las transformaciones del modelo turístico ibicenco. El objetivo ya no es únicamente atraer visitantes, sino intervenir sobre los propios activos inmobiliarios y sobre la experiencia de consumo asociada a ellos para incrementar su rentabilidad. Los hoteles pasan a convertirse también en el eje de una estrategia que integra diferentes líneas de negocio, entre ellas restauración, ocio y promociones inmobiliarias, bajo una misma estructura empresarial.

Casi 15.000 plazas turísticas irregulares -concretamente, 14.532- han desaparecido de las principales plataformas digitales en Eivissa entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2026, según datos del Consell, la máxima institución insular. La oferta habitacional ilegal con fines turísticos es uno de los principales escollos de la pitiusa, sobre todo, desde el dificilísimo acceso a la vivienda por los precios desorbitados que se achacan, en parte, a la existencia de estos recursos para turistas y al intrusismo en el sector, muy regulado en las islas.

Detrás de esa cifra no hay necesariamente un aumento del fraude respecto a ejercicios anteriores, sino un cambio en la estrategia basada en detectar y bloquear los anuncios prácticamente en tiempo real para impedir que la oferta ilegal llegue a consolidarse en Internet. Solo este año se han bloqueado más de 4.000 anuncios asociados a oferta ilegal en la isla, según datos aportados por el Consell.

La presión del alquiler turístico ilegal sobre la isla continúa siendo elevada. Para reforzar la detección de estas viviendas, el Consell mantiene abierto un formulario de denuncias confidenciales dirigido tanto a vecinos afectados como a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una actividad irregular.

“¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?”, formula la institución, dirigiéndose a cualquier ciudadano que pueda comunicar casos de alquiler vacacional ilegal.

El formulario anónimo del Consell Insular pregunta a los residentes: '¿Vives en un edificio residencial donde se alquilan pisos turísticos de forma ilegal?, ¿Estás harto de las molestias de los turistas en tu edificio?, ¿Quieres denunciar alguna casa donde alquilan a turistas sin licencia?'

En el mismo apartado sobre Intrusismo de su portal web, el Consell recoge información acerca del marco normativo que prohíbe el alquiler turístico ilegal en edificios residenciales plurifamiliares de la isla. Esto es, La Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, que prevé, además, sanciones para los que pueden alcanzar los 400.000 euros. Aunque ahora ya no se persigue solo al infractor, sino que se intenta prevenir para que el anuncio ni siquiera llegue a materializarse rastreando quién está detrás de la oferta.

Oferta escasa y elitista

Si uno ojea Airbnb en plena temporada alta en búsqueda de alojamiento vacacional para dos personas, por ejemplo, a finales de julio, la oferta es limitada: algunos hospedajes en Sant Joan -que rondan los 2.000 euros por tres noches- y en otras zonas turísticas del norte de la isla, como Cala Llenya, Sa Trenca o es Canar. Uno de ellos es una tienda de campaña que se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en “primera línea de mar”, en el reconocido camping La Playa, cerca de Cala Martina.

En Airbnb, una tienda de campaña se alquila por casi 500 euros del 23 al 26 de julio en 'primera línea de mar'

También hay alojamientos en Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa- y en pueblos de alrededores como Sant Jordi, donde la media de precio es 1.500 euros, así como en núcleos poblacionales de interés turístico como Sant Antoni y Sant Josep. La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto. Eso sí, con capacidad para entre seis y ocho personas.

La oferta comprende un abanico que va desde pequeños estudios o apartamentos cerca de la playa propiedad de particulares a apartahoteles, hoteles y villas de lujo que en algunos casos rozan los 15.000 euros por un fin de semana largo en agosto

Los datos del sistema SIT Eivissa, la herramienta del Consell encargada de gestionar la información estadística generada en torno al turismo en la isla y del conocimiento y la inteligencia de los distintos mercados, muestran que la oferta de viviendas de Eivissa anunciadas en Airbnb se ha reducido un 36,5% en el último año, al pasar de 3.171 anuncios en junio de 2025 a 2.014 en el mismo mes de 2026. Sin embargo, la caída se explica casi exclusivamente por la desaparición de los alojamientos sin licencia. Hace un año, el 35,8% de los anuncios publicados en la plataforma correspondían a viviendas irregulares (1.135 en total), mientras que desde diciembre Airbnb ya no registra ninguna oferta sin número de registro turístico válido.

En la práctica, el volumen de alojamientos legales apenas ha variado: los anuncios con licencia han pasado de 2.036 a 2.014 en el periodo de un año. Paralelamente, la oferta que permanece en la plataforma corresponde cada vez más a viviendas de mayor capacidad y precio, mientras que disminuyen especialmente los anuncios de habitaciones privadas y otros alojamientos de menor tamaño.

Alianza con Airbnb

La retirada de los anuncios responde primordialmente a la colaboración con las plataformas de alquiler turístico. Airbnb anunció en septiembre de 2025 que eliminará todos los anuncios de viviendas que no dispongan de un número de registro válido, una medida que presentó durante la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Eivissa.

El acuerdo que Airbnb mantiene con el Consell de Ibiza para combatir el alquiler turístico ilegal se remonta a 2020, explican a elDiario.es desde la plataforma. La colaboración se reforzó en 2025 con la implantación del registro obligatorio para los anuncios, campañas informativas dirigidas a los anfitriones, un nuevo protocolo de colaboración con la institución insular y la incorporación de la plataforma a la Mesa de Lucha contra el Intrusismo. Ese refuerzo fructificó, el otoño pasado, cuando se retiraron todos los anuncios de alquiler de corta duración que no habían incorporado un número de registro turístico válido.

La decisión culminaba un proceso de colaboración iniciado en 2019 entre la plataforma y el Consell que se reforzó en 2024 con un memorándum que permitió agilizar la detección y retirada de la oferta irregular. En junio del año siguiente [2025], la institución y la plataforma habitacional volvían a consolidar su acuerdo para combatir la oferta de alojamiento turístico no reglado.

Avisaban: “En virtud de este acuerdo voluntario, cualquier alojamiento catalogado como alquiler de corta duración que se anuncie en Eivissa a través de Airbnb y no muestre su número de registro -ahora, número de alquiler de corta duración- será dado de baja de la plataforma”. Eivissa se convirtió así en un territorio “pionero” -en palabras del presidente del Consell, Vicent Marí- en la lucha contra las actividades turísticas ilegales, al ser uno de los primeros territorios en instaurar este tipo de iniciativas.

Las medidas, por otro lado, responden en parte a la entrada en vigor del nuevo marco regulador europeo y español -el reglamento sirve para que los Estados miembros tengan acceso a todos los datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en las plataformas-, que refuerza el control sobre las viviendas comercializadas a través de plataformas digitales y exige una mayor trazabilidad de la oferta turística. En el caso de España, la competencia en ordenación turística corresponde a las comunidades autónomas.

Redes organizadas

La vía sancionadora para los infractores es uno de los aspectos que ha cambiado de forma significativa. Desde el segundo semestre de 2025, el Consell inicia los expedientes por una sanción media de 275.000 euros, junto con la orden de cese de la actividad y la clausura del inmueble, en lugar de partir de la multa mínima de 40.000 euros, como ocurría antes de la reforma legal.

El cambio permite además dirigir los expedientes directamente contra los propietarios de las viviendas, sin depender de los datos facilitados por las plataformas digitales. De momento, la recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025. En cuanto a este año, a fecha de 17 de julio de 2026, la recaudación acumulada supera ya los 604.000 euros, según datos oficiales.

La recaudación derivada de sanciones por alquiler turístico ilegal ha pasado de 77.672 euros en 2016 a 1,37 millones de euros en 2025

La mitad de las infracciones corresponden a propietarios que comercializan directamente sus viviendas sin autorización y el resto se reparte entre inquilinos que subarriendan los inmuebles —con o sin conocimiento del propietario—, intermediarios profesionales y otras fórmulas.

Además, se han detectado patrones propios de redes organizadas, con anuncios que reutilizan las mismas fotografías, descripciones o números de registro, e incluso cuentas que llegan a publicar decenas de anuncios en pocos minutos en distintos puntos del sur de Europa, algo que apunta más a una posible estafa, pero que también se daba cabida en las plataformas que se utilizan para el alquiler turístico.

Desaparición de anuncios

La caída de la oferta -según muestra el SIT- no ha sido uniforme en toda la isla: el descenso más acusado se ha registrado en el término municipal de Vila, donde el número de anuncios publicados en Airbnb se ha reducido un 67% entre junio de 2025 y junio de 2026. La cifra asciende a un 78% en el caso de las casas ofertadas enteras. Esto deja solo 136 inmuebles disponibles.

Las infracciones, sin embargo, no cesan: en una de las últimas actuaciones, la Policía Local de Eivissa detectó un inmueble que, según la investigación municipal, funcionaba como un establecimiento hotelero encubierto, con cuatro apartamentos comercializados a través de una plataforma digital. La intervención dio lugar a una nueva denuncia, la décima de este tipo en lo que va de 2026.

Apenas un mes antes, en junio, el Ayuntamiento de Vila confirmaba una multa de 793.443 euros por transformar una vivienda residencial en alojamiento turístico sin autorización, una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora por este tipo de infracciones urbanísticas.

Después de Vila, el mayor descenso se registra en Sant Josep, donde el número de anuncios en Airbnb se ha reducido un 36% en el último año. En Santa Eulària y Sant Joan la caída alcanza el 32%, mientras que Sant Antoni presenta el retroceso más moderado, con un 22%, en datos del SIT.

Alquilar una vivienda junto al mar cuesta hoy hasta el doble que hace cinco años. La escalada de precios ha situado a Baleares como el principal exponente de la tensión del mercado residencial en la costa española: Sant Josep de sa Talaia, Calvià y Santa Eulària des Riu ocupan los tres primeros puestos del ranking nacional de municipios con el alquiler de playa más caro, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondiente a junio de 2026.

El municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Calvià (24,64 euros) y Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Tras ellos figuran Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) y Badalona (19,32 euros).

Según el portal inmobiliario, cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes. El informe atribuye esta evolución al creciente atractivo de las zonas litorales no solo como destino vacacional, sino también como lugar de residencia permanente, en un contexto marcado por una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sostiene que el mercado del alquiler en la costa atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia”. A su juicio, la combinación entre el auge del turismo residencial, el creciente interés por vivir junto al mar durante todo el año y la escasez de vivienda disponible ha convertido estos municipios en algunos de los mercados más tensionados del país.

“Este aumento del precio no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente”, señala Matos.

Los datos refuerzan la presión que desde hace años soporta el mercado residencial balear, donde el incremento de los alquileres se ha convertido en uno de los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda para trabajadores y residentes, especialmente en los municipios con mayor atractivo turístico.

Mientras los residentes y los agentes sociales debaten sobre cómo hacer frente a la saturación y al consumo de recursos que provoca el turismo masivo en el archipiélago balear, la industria turística, gracias a diferentes leyes aprobadas por gobiernos de distintos colores políticos, ha hecho una apuesta clara por el turismo de calidad y de alto nivel adquisitivo, que desplaza a la clase media, pero que permite contener la llegada de más visitantes. Una alternativa que no convence a las entidades ecologistas y del tercer sector, que apuestan por un progresivo “decrecimiento”, así como por una economía menos dependiente del turismo, pero que es toda una realidad.

Eivissa y Formentera son dos ejemplos claros de cómo las Islas han orientado su modelo turístico hacia el lujo. En el caso de la mayor de las Pitiüses, el sector hotelero se ha orientado mayoritariamente hacia la subida de categoría de los establecimientos, que ya suma veinticuatro de cinco estrellas y otros ocho de cinco estrellas gran lujo, según datos del Consell d'Eivissa. En el año 2024, según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT), 46 de los 129 hoteles de la isla eran de cuatro estrellas o cuatro estrellas superior, casi un 38% de la planta hotelera. Formentera, por su parte, ha triplicado el número de hoteles desde 2004 a 2024 y un tercio de ellos son de cuatro estrellas, según el IBESTAT.

Tras la crisis económica de 2008, tanto gobiernos autonómicos progresistas como conservadores aprobaron decretos o modificaciones legislativas que promovieron la subida de categoría de los establecimientos, que se fueron orientando hacia el lujo. El pistoletazo de salida lo dieron el Aguas de Ibiza e Ibiza Gran Hotel en 2008. Más tarde, en 2011, Ushuaïa, la joya de la corona del imperio de los Matutes.

Bajo el Govern progresista de Francesc Antich (2003-2011), se aprobó el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears. El conseller de Turismo era el conservador Miquel Nadal, de la extinta Unió Mallorquina. En la siguiente legislatura, con el Govern conservador de José Ramón Bauzá (2011-2015), se hizo una modificación de la ley turística balear siendo Carlos Delgado el conseller del ramo. La salida escogida a la recesión económica en Balears fue una apuesta por la subida de categoría de los hoteles, así como por el lujo. En palabras de Macià Blázquez, catedrático en Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), hubo una “una reconversión”. “Una mejora de la calidad de la oferta que tiende a la elitización” con el objetivo de “atraer capitales y dar mayores tasas de beneficio a los inversores”.

“Lo que está pasando es que Eivissa se está equiparando a otras zonas turísticas de España”, valora Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF). Costa reconoce que antes había más hoteles de dos y tres estrellas y que ahora el sector se ha orientado hacia la calidad y los establecimientos de cuatro y cinco. Esta transformación ha conllevado un cambio en zonas turísticas tradicionalmente orientadas al turismo familiar, con precios asequibles.

Es Canar, ejemplo paradigmático

Es el caso, por ejemplo, de Es Canar (un antiguo diseminado reconvertido en núcleo turístico), que también está virando hacia el lujo. “Era una zona bastante normalita, con souvenirs, bares, restaurantes, servicios de playa, hoteles, hostales y apartamentos”, explica Maurici Cuesta, geógrafo y experto en turismo de las Pitiüses. “Ahora ha cambiado de escala, con muchos establecimientos reconvertidos o con nuevos nombres para adaptarse a otros tipos de turismo”, añade. La presidenta de la patronal hotelera de las Pitiüses, en cambio, considera que “sigue habiendo espacio para las familias en Eivissa”. “Aunque sí es verdad que se ha reducido porque ha crecido la otra parte del sector, de cuatro y cinco estrellas”, añade.

En esta primera fase de la temporada turística, la valoración que hace la patronal es “positiva”. Sitúa la ocupación media en las Pitiüses en el mes de junio en el 85,5%, con una mejora de algo más de medio punto porcentual respecto al mismo mes del año pasado. Además, las previsiones para el resto del mes de julio, así como agosto, septiembre y octubre son también “positivas”. La presidenta de FEHIF, no obstante, prefiere ser prudente debido a los “posibles cambios en los mercados emisores y al contexto económico general”. El último hotel de cinco estrellas se inauguró en junio de este año, frente a Platja d’en Bossa. Es el Bless The Site Ibiza, también creado por Palladium Hotel Group, de los Matutes. Platja d’en Bossa es también uno de los epicentros del ocio de la isla, donde se ubican varias de las discotecas más importantes.

El Bless The Site Ibiza, de la familia Matutes, es el último hotel de cinco estrellas, inaugurado en junio de este año

En la misma línea, la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) coincide en que la temporada ha empezado “francamente bien”. José Antonio Roselló, vicepresidente de la patronal en Eivissa y Formentera, reconoce que al principio hubo “una situación dispar como consecuencia de la fecha de la Semana Santa”. “Pero, aparte de esto, las sensaciones han sido buenas”, aclara. Consultado sobre la evolución turística de las Pitiüses, en relación al aumento de la categoría de los hoteles, argumenta que “se corresponde con la política que ya se inició años atrás en el conjunto de Baleares, cuyo objetivo era y es aumentar la calidad”. El vicepresidente de la CAEB analiza que se trata de un fenómeno “que se corresponde con el cambio de la demanda y la sociedad”.

“Conforme las nuevas generaciones han ido entrando en el mercado como demandantes, la exigencia de mayores estándares de calidad ha sido frecuente”, insiste. Roselló cree que también tiene que ver con el fenómeno –estamos inmersos en la era de Instagram y TikTok– de la imagen, cada vez “más presente en nuestras sociedades”. En definitiva, según el vicepresidente de la patronal balear, el aumento de la calidad “ha ido en consonancia con las exigencias de la demanda”.

“Los hoteleros son los beneficiados”

Otras voces, en cambio, son más críticas con este modelo, como es el caso de las entidades ecologistas. “Los legisladores sabían lo que estaba haciendo y creo que fue una estrategia diseñada para cambiar el modelo que tuvimos antes”, explica Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa. La portavoz de los ecologistas cree que la conversión hacia un modelo más orientado hacia el lujo beneficia “directamente a los hoteleros”. En su opinión, esta transformación se hizo sin que hubiera un debate social en torno al cambio de modelo.

Morgan cree que la elitización del sector hotelero ha afectado también a otras empresas turísticas, como los bares y restaurantes, que en algunos casos se han adaptado a la conversión. “Si fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir”, valora. Así, los ecologistas apuestan por un modelo “respetuoso, independientemente de su aportación económica a la isla”. A su juicio, el actual es “totalmente insostenible” debido a que se pondría en peligro la capacidad de carga y las infraestructuras públicas, además de que hay mucha presión sobre los espacios naturales terrestres y marinos, así como sobre los recursos naturales. “Afecta a los costes de vida, a nuestros hábitos, costumbres y comunidades”, apunta.

Si [subir la categoría de los hoteles] fue una apuesta para recibir menos turismo de masas y borrachera, puede haber parecido positivo, pero los impactos colaterales no los vimos venir

Hazel Morgan — Presidenta de Amics de la Terra en Eivissa

Roselló, vicepresidente de CAEB en las Pitiüses, cree que las clases medias y trabajadoras siguen considerando las islas un destino atractivo. Dos tercios de la planta hotelera son de tres y cuatro estrellas en Eivissa, aunque las diferencias entre estas categorías, señala, pueden ser “una cuestión de grado más que de fondo”. “Las tres estrellas también se mueven dentro de la calidad y también han evolucionado y mejorado mucho”, asegura. El vicepresidente de la patronal balear considera que hay suficiente oferta para todos y que no hay constancia de que “nadie se quede sin vacaciones por no tener una oferta determinada”. “Esta caída del número de los establecimientos de tres estrellas está en la evolución natural de las cosas”, argumenta.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares considera que las clases medias y trabajadoras siguen teniendo cabida en la isla: 'Nadie se queda sin vacaciones por no tener una oferta determinada'

En la misma línea, Costa afirma que la forma de viajar de las familias “ha cambiado porque los modelos también lo han hecho en estos 20 años”. Por ello, la patronal hotelera valora “muy positivamente la apuesta por la calidad y la excelencia” que ha guiado la inversión en muchos proyectos hoteleros de Eivissa y Formentera porque “contribuye a reforzar la competitividad del destino y a mejorar la experiencia de nuestros visitantes”.

Las grandes aperturas de hoteles

A partir del año 2015 la isla avanza en el proceso de elitización hotelera. Si años atrás se había inaugurado Ushuaïa, así como dos Grand Palladium en 2014, los Matutes abren otro Grand Hotel Palladium en 2015. Al siguiente lo hacen el One Ibiza Suites y el Gran Hotel Montesol; en 2017, el Insotel Tarida y Nobu Hotel en 2018, el 7Pines Resort en 2018 y el Bless en 2019. En Formentera, el primer hotel cinco estrellas se inauguró en 2019 bajo el nombre de Five Flowers Hotel. Desde 2025, está integrado en el grupo Meliá. Esta reorientación del sector hacia el segmento del lujo seguirá en los años siguientes, siendo clave el 2020, año especialmente sensible para el sector debido a la pandemia de coronavirus.

El segundo Ejecutivo progresista de Francina Armengol aprobó en ese contexto la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa. La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores era Rosario Sánchez. En su artículo 7, de incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos, la ley impulsaba que los establecimientos pudieran presentar proyectos para subir su calidad y categoría.

Estos proyectos quedaban excepcionalmente excluidos del cumplimiento de parámetros de planeamiento territorial y urbanístico que normalmente impedirían su ejecución. Además, el artículo preveía expresamente que las obras de modernización tuvieran por objeto el aumento de categoría del establecimiento. Para ello, solo se exigía presentar una autoevaluación acreditativa de que el hotel resultante alcanzaría la nueva categoría superior. Por tanto, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles.

Con el Ejecutivo de Francina Armengol, la ley proporcionó un marco legal excepcional que permitió a los hoteleros elevar la categoría de sus establecimientos superando restricciones urbanísticas previas y con trámites administrativos mucho más ágiles

En estos años hubo varios proyectos de reforma y nuevas aperturas de hoteles cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo. Mongibello, en 2020; OKU Ibiza, OKU Ibiza (II), Six Senses, The Standard (I) y The Standard (II), en 2021, y TRS Hotel Ibiza (I) y TRS Hotel Ibiza (II), en 2022. En los últimos tres años el proceso ha continuado con otros diez establecimientos hoteleros de lujo en Eivissa.

Por último, se aprobó la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular, impulsada por la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. El conseller era Iago Negueruela. Entre las medidas positivas, incluye la obligación de los hoteles de instalar camas elevables para facilitar el trabajo de las camareras de piso; establece la obligación de que los establecimientos turísticos consuman un porcentaje mínimo –entre el 3 y el 5%, según la categoría– de producto local y fomenta la descarbonización al exigir la sustitución de instalaciones de calefacción de fueloil o gasóleo por alternativas más limpias. Además, introduce planes de circularidad para reducir el desperdicio de alimentos y el consumo de recursos naturales. Desde una perspectiva más crítica, Blázquez observa que no hay un decrecimiento real tras la implementación de esta normativa.

El reto de las instituciones de las Islas en los próximos años está, precisamente, en fijar cuál será su política turística teniendo en cuenta la capacidad de carga real de cada territorio –en función de su tamaño y de la presión sobre sus recursos naturales e hídricos–; la relación entre la gentrificación turística y la especulación inmobiliaria, y en cómo equilibrar la economía turística –sustento principal y mayoritario de la ciudadanía balear– con el impacto social y territorial, en unas islas en las que cada día es más difícil vivir debido a que los precios de la vivienda –y de la vida– son cada vez más caros.

El calendario de fiestas de Eivissa comienza el 1 de junio y termina a finales de octubre. En esa horquilla temporal, es fácil encontrar en la isla cualquier tipo de evento donde ingerir alcohol mientras en los oídos retumba música electrónica. No solo en las discotecas tradicionales, sino también en alta mar, donde las party boats llevan por lo menos una década irrumpiendo en la calma mediterránea a pesar de las críticas de vecinos y las denuncias del sector del ocio nocturno. Los empresarios han protestado por un trato desigual respecto a las discotecas convencionales y reclaman a las administraciones, una vez más, que pongan coto.

La página que oferta actividades en las Pitiusas Ibiza Spotlight, una de las más consolidadas que recoge este tipo de servicios, ofrece todos los días de la semana viajes en este tipo de catamaranes, a lo largo de toda la temporada turística, a la hora de la puesta de sol. Los puntos para embarcar, acicalados, a uno de estos barcos que prometen cuatro horas de experiencia idílica son el puerto de Sant Antoni y Platja d’en Bossa, con opción de elegir entre varias compañías.

“Primero por tierra (en una fiesta previa junto a la piscina) y más tarde por mar, mézclate con otros fiesteros afines todos los lunes, viernes y domingos desde Playa d’en Bossa”, vende uno de los anuncios. Y añade: “Tú y el resto de asistentes crearéis vínculos mientras compartís una pista de baile flotante sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo”. A todo esto, le acompaña una barra libre de cerveza, sangría y otras bebidas durante las tres horas de navegación.

Una de estas empresas, que opera desde la primera de estas dos zonas, da además la posibilidad de añadir, como extra, una entrada abierta para ir al O Beach -un híbrido entre discoteca y beach club con espectáculos incluidos ubicado en la bahía de Sant Antoni-, que la iniciativa ecologista Salvem Sa Badia ha denunciado recientemente al Ayuntamiento por contaminar con plásticos y serpentinas la playa vecina de s’Arenal. Desde O Beach rechazan dar declaraciones al respecto a elDiario.es.

El pack también incluye el acceso cualquier noche a elegir por el visitante a Amnesia, ubicada en el mismo término municipal. El abanico es aún más amplio: otra compañía ofrece una excursión para llegar hasta la paradisíaca Formentera sin necesidad de desaprovechar cualquier momento de fiesta por 180 euros en una excursión que dura desde las diez y media de la mañana a las nueve de la noche. El resto de tickets van desde los 50 hasta los 90 euros por un paseo marítimo de cuatro horas, en función de la experiencia.

Uno de los anuncios, que ofrece barra libre durante las tres horas de navegación, asegura: 'Primero por tierra (en una fiesta previa junto a la piscina) y más tarde por mar, mézclate con otros fiesteros afines todos los lunes, viernes y domingos desde Playa d’en Bossa. Tú y el resto de asistentes crearéis vínculos mientras compartís una pista de baile flotante sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo'

Una batalla institucional

El alcalde de la ciudad de Eivissa, Rafael Triguero, trasladó su preocupación por la situación de las party boats el pasado octubre durante una reunión mantenida con la Marina Mercante -con competencias sobre seguridad, navegación y ordenación del tráfico marítimo- para intentar limitar la actividad de estas embarcaciones. El primer edil puntualizó que se trata de barcas autorizadas para hacer excursiones marítimas, pero no “fiestas en su interior”.

Por lo tanto, no existe una licencia específica para esta actividad, sino que los barcos dedicados a ella deben estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell d'Eivissa; un registro público que puede consultarse en la web oficial de la institución y donde actualmente solo aparecen once embarcaciones. La Conselleria de Turismo del Govern también tiene potestad para conceder estas licencias.

De los cinco ayuntamientos de la isla, tan solo el Consistorio de Sant Antoni tendría competencias para sancionar este tipo de actividades a través del Decreto de Excesos (ahora, Decreto por el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas, desde la modificación de 2024), al tratarse del único término municipal de Eivissa que se encuentra dentro de esta normativa.

Por medio de esta modificación quedó prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios; así como la venta de alcohol a bordo. Sin embargo, este tipo de servicios se siguen promocionando.

Únicamente el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene competencias para sancionar este tipo de actividades a través del Decreto de Excesos. Los barcos deben estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell d'Eivissa, donde solo aparecen once embarcaciones

Modelo turístico de excesos

El desarrollo de estas experiencias en el litoral ibicenco forma parte de un turismo de excesos que se está intentando dejar de lado sin conseguirlo. De hecho, los dos puntos principales de partida de este tipo de barcos -Sant Antoni y Platja d’en Bossa- son los más entregados desde hace décadas a este modelo turístico.

En el caso de Platja d’en Bossa -donde están las discotecas Hï y Ushuaïa-, la primera línea de playa está cada vez más plagada de beach clubs elitistas para pasar el día. El crecimiento de la zona despegó, aún más, con la apertura de la discoteca diurna y al aire libre propiedad de la familia Matutes. Su escenario acoge verano tras verano a artistas internacionales como Ozuna, Martin Garrix o Dimitri Vegas & Like Mike y las entradas superan en temporada alta los cien euros por persona.

El nuevo formato hotel-discoteca que supone Ushuaïa (inaugurado en 2011) significó una revolución del ocio en Eivissa y durante unos años este nuevo modelo convivió con sesiones de dj’s al atardecer en la playa, en chiringuitos como Bora Bora. A pesar de no ser un entorno protegido, sí es una de las zonas recreativas más cercanas al aeropuerto y al Parque Natural de ses Salines, ubicado solo a seis kilómetros y diez minutos en coche, aunque no por eso ha dejado de explotarse.

El problema de las party boats no es nuevo ni en esta parte del litoral ni tampoco en Sant Antoni, donde recién estrenada la tarde el paisaje empieza a incorporar grupos de turistas, la mayoría británicos, vestidos al estilo resort wear y preparados para subirse a uno de los barcos de las infinitas compañías que ofrecen este servicio.

La demanda de este tipo de turismo impide en horario nocturno el descanso de los vecinos del casco antiguo y sus alrededores, porque cuando bajan del barco la fiesta no cesa, sino que continúa en los bares de la bahía o en el histórico West End, una especie de meca del ocio nocturno del pueblo. El edil del municipio, Marcos Serra, intentó en vano reformular esta arteria principal con la obra de arte horizontal de Okuda bautizada como ‘Arcoíris Infinito’, sin que por el momento la acción política haya dado resultados.

La demanda de este tipo de turismo impide en horario nocturno el descanso de los vecinos del casco antiguo y sus alrededores, porque cuando bajan del barco la fiesta no cesa, sino que continúa en los bares de la bahía o en el histórico West End

Un ocio descontrolado

Las party boats en Sant Antoni las promocionan relaciones públicas que reparten flyers en el paseo marítimo. Aún así, los puntos de venta de tickets ocupan buena parte del puerto. Del mismo salen otras embarcaciones hacia las calas más populares de Sant Josep -municipio fronterizo-, como Cala Bassa, Cala Tarida o Cala Comte, todas ellas masificadas en temporada alta.

La Conselleria de la Mar ha aclarado que en el caso de las party boats, para poder comercializarse, deben contar con una autorización, ya que no se trata de una actividad libre ni que pueda desarrollarse al margen de los permisos sectoriales exigidos. Respecto a la venta de comida y bebida a bordo sólo puede autorizarse en embarcaciones habilitadas para ello, como las llamadas golondrinas de lista segunda.

Además, cuando la actividad incluye entretenimiento a bordo, debe contar con la autorización o etiqueta específica de ‘Excursión con Entretenimiento’, cuya expedición corresponde al Consell competente. Es decir, el servicio debe disponer de la autorización turística correspondiente y, además, cumplir con los permisos vinculados a la actividad que desarrollan a bordo, especialmente si incluyen estos servicios de ocio.

Las party boats no están prohibidas, pero deben contar con distintas autorizaciones, entre ellas, para vender comida y bebida a bordo

“Discotecas flotantes”

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno de Ibiza (AEON) ha reclamado recientemente al Govern, al Consell d'Eivissa y a los diferentes ayuntamientos que regulen estas “discotecas flotantes” a las que acusa de operar sin estar sometidas a las mismas exigencias legales que los locales de ocio.

La patronal sostiene que estas embarcaciones generan una competencia desleal al ofrecer música, barra, restauración y fiestas a bordo sin cumplir, según denuncia, con las mismas obligaciones en materia de licencias, seguridad, aforos, fiscalidad o inspecciones.

La AEON -conformada para actuar en contra de este nuevo modelo de ocio que nació y creció al amparo de la Ley Turística de 2012, que piden que se modifique- también ha reprochado a las administraciones que no se haya desarrollado la regulación que se comprometieron a impulsar.

Además, ha recordado el impacto de estas fiestas sobre la convivencia vecinal, la contaminación acústica, la seguridad y el medio ambiente. En el caso de Platja d’en Bossa, Hazel Morgan, portavoz de Amics de la Terra, reconoce que en el área externa al Parque Natural “ya no queda mucho rastro de vida”, mientras que en el caso de la bahía de Portmany, donde sí queda posidonia viva, el fondeo es lo que más preocupa.

Pero el problema es que estas embarcaciones llegan, desde allí, hasta zonas protegidas como es Vedrà, donde se han percibido restos de basura derivada de la actividad de estos barcos, como vasos de plástico, esto es lo que tiene “más impacto”, lamenta.

Grupos de personas acicaladas, jóvenes, prácticamente escalan, a pie, por un camino de tierra que les conduce a una villa recóndita: algunos han pagado más de cien euros para acceder. Buenos djs, altavoces con potencia, servicio de bus lanzadera desde varios puntos de la isla y un fin de noche (y comienzo de día) prometedores. En Eivissa, la fiesta no tiene que terminar con el amanecer. Al delirio vivido en los principales clubes nocturnos lo sigue, si se quiere, el de cualquier evento privado de las mismas características que ofrecen promotores de forma ilegal en mansiones que llevan, en algunos casos, funcionando así durante años.

Esta oferta, molesta para los vecinos que sufren las consecuencias de ruidos y masificación desordenada, se ha colado esta temporada con urgencia en la agenda política insular. El desmantelamiento de una macrofiesta de más de mil personas en Sant Mateu -con tiovivo y servicio de ambulancias incluido- en una vivienda situada en suelo rústico hizo saltar las alarmas de los representantes institucionales.

El problema, era evidente, no se había remitido como prometía el Consell d'Eivissa, que cesó de cara a este verano el servicio de detectives privados que había contratado los años posteriores a la pandemia, cuando el despliegue de este tipo de fiestas -ante el cierre de las discotecas y para terror del sector del ocio nocturno- empezó a crecer como un monstruo.

La institución insular había decidido contratar a estos profesionales, de fuera de la isla, para averiguar el modus operandi de los promotores e infiltrarse en los eventos para recabar información y terminar con ellos. Pero la competencia de mantener a rajatabla las fiestas ilegales ha pasado este año a los ayuntamientos después de que el Consell haya decidido este 2026 destinar el servicio a otras prioridades como el intrusismo en el sector del transporte privado por carretera.

Santa Gertrudis: un punto caliente

Uno de los puntos calientes ahora mismo está en el término municipal de Santa Eulària. Las quejas vecinales se acumulan especialmente en Santa Gertrudis, una parroquia con un núcleo poblacional reducido: una iglesia y alrededor varias casas y bares que, sin embargo, más allá, en el campo, no tiene nada de calmado.

Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera, con recogida en dos aparcamientos de distintos pueblos -Sant Rafel y el tranquilo centro de Santa Gertrudis-.

Los vecinos están preocupados porque las fiestas clandestinas se han convertido en el principal foco de conflicto este verano: unas 200 personas salían el 1 de julio de una casa a la que habían llegado con buses lanzadera

El despliegue de un dispositivo formado por tres patrullas de la Policía Local, tres agentes de la Unidad de Atestados, una unidad del Grupo de Acción Preventiva (GAP) -que ha recibido recursos este año viendo que el problema “se mantendrá”- y el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil se cerró con la retirada de seis vehículos y levantó 15 actas por tenencia de drogas. Además, cuatro conductores dieron positivo en el control por consumo de sustancias.

Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas, explica el concejal de Seguridad de Santa Eulària, Juan Carlos Rosselló. El primer signo -para darse cuenta de que se está germinando- son los problemas de convivencia, a través del aparcamiento, la perturbación de cultivos o el ruido.

Demostrar que una fiesta es ilegal es complicado: tiene que ser de pública concurrencia y ofrecer venta de comida y bebidas o catering, entre otras cosas

La proliferación ha conducido a plantear por parte del Ayuntamiento redadas preventivas en Santa Gertrudis que está previsto que se mantengan todo el verano después de que así lo solicitara a la alcaldesa, Carmen Ferrer, la Asociación de Vecinos. La presidencia de la asociación entregó más de 300 firmas en señal de protesta para exigir que se tomaran medidas que garanticen la convivencia y el derecho al descanso y han recibido respuesta.

El primer control se realizó a finales de junio en Santa Gertrudis, en coordinación con el Equipo ROCA -especializado en robos en el campo- y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil. Los agentes vigilaron zonas sensibles por la mañana y por la tarde-noche con el objetivo de frenar cualquier evento de este tipo antes de su celebración.

Una mansión problemática desde 2017

A finales de junio, en es Puig de sa Creu, entre Jesús y Cala Llonga (en el mismo municipio de Santa Eulària), se detectó otro macro evento similar en una mansión a la que se accede por un camino estrecho, con pendiente y lleno de curvas, según informó Diario de Ibiza. La desafiante vereda hasta el delirio de un after ibicenco tras una larga noche entregada a la música electrónica fue escenario de un accidente de tráfico entre dos vehículos.

Uno de ellos iba a toda velocidad en dirección contraria y terminó colisionando con el que circulaba en el sentido correcto. Hacía apenas cuatro días habían vivido la misma situación, con coches y furgonetas llegando en masa a las cuatro de la madrugada y gente armando jaleo.

No es la primera aglomeración de este tipo que sufre el vecindario, que lleva años viendo cómo llega y se marcha gente, la mayoría turistas, en estado de ebriedad -o bajo el efecto de las drogas- y dejando residuos en las zonas boscosas de los alrededores.

A finales de junio, tras una fiesta ilegal en una mansión, hubo un accidente de tráfico: uno de los vehículos circulaba a toda velocidad en dirección contraria

De hecho, los residentes han ingeniado incluso un sistema de vigilancia propio para avisar unos a otros cuando el ambiente se empieza a desmadrar. No solo por el ruido, también por los residuos que dejan en el campo y el orín y los excrementos que a veces se encuentran en lugares de paso.

En agosto de 2017, la vivienda ya apareció en el radar de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil instaló allí, en esa vivienda en concreto, un control antidroga tras recibir el aviso de que se estaba desarrollando una de estas fiestas clandestinas en un recinto compuesto por cuatro chalés.

Al parecer, estos eventos están organizados por una promotora israelí, según publicaciones de Diario de Ibiza, y han contado con djs tan renombrados como Solomun, así como con ‘transfers’ para trasladar a los clientes hasta la villa. Durante el control, los agentes requisaron distintas sustancias, entre ellas, pastillas y varias bolsas con cocaína.

A pesar de la versión de las instituciones, vecinos han denunciado que esta temporada es un “desmadre” y el PSOE de Sant Joan ha reclamado “mano dura” contra las fiestas ilegales en el norte ante el aumento de las quejas vecinales por ruido, problemas en la movilidad y un claro impacto medioambiental negativo.

Mil asistentes a una fiesta ilegal

El problema no se limita solo a esta parte del litoral, sino que se extiende a zonas diseminadas del municipio de Sant Antoni. De hecho, la fiesta de mayores dimensiones se ha dado esta temporada en este término municipal cuyo casco histórico se entregó -ya en los 60- al turismo hooligan de Reino Unido.

La Policía desmanteló el 10 de junio una macrofiesta con más de mil asistentes y una sofisticada organización, aunque las autoridades de la localidad aseguran tener el fenómeno “muy controlado” que ha ido disminuyendo desde su apogeo, tras la crisis sanitaria de 2020.

Sobre la finca del evento, ubicada en el camí Vell de Sant Mateu, se habían diferenciado espacios según el propósito: zona de comida, lavabos, un área sanitaria con ambulancias incluidas y hasta un tiovivo portátil. Contaba además con medios de transporte organizados para llegar hasta el terreno y en el cartel promocional se incluía a hasta 15 djs. Algunos de ellos aparecen también en los lineups de las discotecas más potentes de la isla.

La oposición denunció durante el pleno municipal de ese mes que el consistorio “actuó tarde” para frenar la macrofiesta ilegal en la que la Policía Local desalojó a más de un millar de personas que se encontraban en el interior de la finca.

La Policía Local de Sant Antoni desalojó a más de un millar de personas de una fiesta ilegal en junio que reunió a los lineups de las discotecas más potentes de la isla

Ahora, el Ayuntamiento ya ha tramitado un expediente sancionador de 300.000 euros de multa para los promotores, el máximo según el Decreto-Ley 5/2022, de 16 de mayo, la organización de fiestas que incluyan cobro de entradas, transporte de pasajeros y publicidad.

‘Piratas’ con ventaja sobre la Policía

La patronal del ocio nocturno ha denunciado, por su parte, que los organizadores se trata de mafias organizadas, “piratas” que van varios “pasos por delante de la Policía”, con competencias limitadas. “Naturalmente estamos en contra y pedimos más medidas para que dejen de realizarse estas fiestas”, defiende José Luis Benítez, portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza, al ser preguntado por elDiario.es.

“No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco”, lamenta. Se trata de una actividad no regulada y penalizada a través del Decreto Ley de Fiestas impulsado por el Consell y aprobado por el Govern, que endureció las sanciones y las tipificó mejor en un contexto sensible post confinamiento con medidas muy estrictas para las discotecas.

No es la imagen que queremos para Eivissa ni para el sector, porque al final a todos nos meten en el mismo saco

José Luis Benítez — portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza

La norma distingue si la actividad ilegal se desarrolla en un espacio protegido y, sobre todo, amplía la responsabilidad a todos los implicados: no solo el organizador, sino también suministradores de alcohol, equipos de sonido, djs, porteros e, incluso, los participantes.

Con este cambio, la Policía podía activar el protocolo una vez detectada la fiesta ilegal. Sin embargo, surgían desde el principio dos inconvenientes para aplicar la nueva normativa. Uno estructural -el déficit en los cuerpos policiales en la isla y la consecuente sobrecarga laboral- y otro jurídico -el temor de los agentes a acceder a propiedades privadas sin autorización o sin orden judicial-.

Un problema estancado

La percepción de la patronal es que, a pesar de todo, este verano la presión quizá no es tan fuerte como otros años, aunque para hacerle frente, los ayuntamientos están “colapsados” y no cuentan con los suficientes recursos.

Por su parte, desde el Consell han explicado que la contratación de detectives fue una “medida puntual” adoptada en un contexto “muy concreto” y que no está previsto recuperarla. De momento, siguen apoyando a los consistorios en la lucha contra el intrusismo con financiación y coordinación permanente, dentro del ámbito de sus competencias, pero no han especificado a elDiario.es de qué manera.

Los cuerpos de seguridad ya reconocieron hace alrededor de una década la dificultad para actuar dentro de fincas privadas, clave para perseguir un fenómeno que se mueve por el boca a boca y cuya persecución resulta compleja si no puede demostrarse el cobro de entradas o la venta de alcohol. “La implicación de los vecinos es fundamental”, señala Rosselló.

Los avisos vecinales han sido hasta ahora la némesis de esta actividad. Aun así, diez años más tarde, las fiestas ilegales siguen adaptándose a los controles mientras vecinos y administraciones siguen en busca de una fórmula para contener el problema, que vuelve a ganar intensidad.

El mes de julio empezó en Casa Lola con la denuncia de una agresión sexual. El presunto agresor también roció con gasolina a otra persona, le prendió fuego y le causó varias quemaduras, según el testimonio de una testigo. La Policía Local de Sant Josep de sa Talaia envió una patrulla el pasado miércoles por la noche para poner orden y aclarar qué había sucedido en una propiedad más que conocida para cualquier ibicenco. Casa Lola es un neotopónimo que lleva mucho tiempo apareciendo en la prensa, también en la nacional e internacional. Durante una época alternó las páginas de sociedad con las que informaban sobre la política local. La mansión donde se celebraban las fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa era ilegal. Nadie pidió una licencia para construirla.

Sobre aquellos 9.326 metros cuadrados –bungalows, piscinas, terrazas– pendía una orden de demolición municipal que tardó doce años en cumplirse. Cuando, al fin, entraron las máquinas –9 de agosto de 2022–, la parcela entró en una especie de letargo. Hasta la última primavera. En abril, tras dos desahucios de campamentos chabolistas en la periferia de la capital de la isla, Periódico de Ibiza publicó unas fotos que evidenciaban una realidad: Casa Lola estaba llena de barracas. Fue una villa de lujo. Ahora es una villa miseria.

El Ajuntament de Sant Josep lamenta que la propietaria de la finca no haya denunciado su okupación a la Justicia. Sin ese trámite, no se podría iniciar el enésimo desahucio de infraviviendas en Eivissa. En los últimos dos años, se han producido más de media docena. El próximo ya tiene fecha y lugar: 24 de julio, hotel en ruinas de Punta d’en Xinxó, también en el municipio de Sant Josep. Pero la dueña de Casa Lola parece practicar otro juego: Francisca Sánchez Ordóñez ya ha sufrido el mismo problema y, varias veces, ha contratado los servicios de D&S Desokupa para vaciar sus posesiones.

Una promotora asidua a los tribunales

“¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades! Vamos a ver, tú ves como tengo la casa, me gustan las cosas bellas. Yo ahora cuando voy a Casa Lola, que voy muy poco porque me provoca ansiedad, porque se lo han cargado todo, se han llevado todo, me robaron de todo cuando entraron las máquinas. Esa casa era una belleza ¿Ahora qué? Decadencia total. Eso es lo que ha hecho la Administración. Decadencia, porque es lo que quiere la Administración. Porque el ser humano es vanidoso, tengo el mejor coche, la mejor casa. Pero gracias también a esas vanidades la Administración vive de nosotros. Porque nosotros mantenemos a la Administración. Si no hubiera ilusión estaría todo muerto, como pasa en Venezuela”.

La cita corresponde a una entrevista –doble– que Paquita Marsan –el apodo por el que conocen a esta mujer, malagueña del 49, promotora inmobiliaria en los años salvajes de Marbella durante la alcaldía de Jesús Gil y Gil– concedió a Periódico de Ibiza. Era agosto de 2025 y se quedó a gusto. Pese a presumir de amigos como los ex presidentes González y Aznar, cargó contra las instituciones democráticas: “Tenemos que vivir de la gente que viene a Ibiza (...) ¡Que se dejen ya de tanta pluma y que dejen a los sitios abrir pronto y rápido, que eso trae dinero y no hacen nada más que poner impedimentos!”. Responsabilizó de todos sus problemas judiciales a un abogado que la engañó: “Me sacó un millón de euros, pero no lo he denunciado. Yo le he perdonado porque no te puedes quedar en la vida con el resentimiento”. Y como ya había hecho en otras ocasiones en el mismo medio de comunicación, se excusó:

–No soy una mafiosa.

Un currículo judicial interminable

El currículo judicial de Paquita Marsan es interminable y no deja de crecer. Hace menos de un mes, el 18 de junio, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) anuló por un defecto de forma una multa de 200.000 euros por una fiesta que se celebró en Casa Lola en julio de 2020, plena pandemia. La empresaria, sin embargo, no siempre ha tenido tanta suerte. Resultó mediática su entrada en prisión por defraudar al fisco 867.469 euros. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria fueron a buscarla a Pacha una noche ibicenca de agosto de 2013. Vivió entre rejas unos meses hasta que obtuvo el tercer grado en junio de 2014.

La mayoría de los problemas judiciales de Francisca Sánchez Ordóñez empezaron siendo, sin embargo, infracciones urbanísticas. El pasado 6 de marzo, el TSJB confirmó la condena que se le impuso a la empresaria por no cumplir la orden de derribar las construcciones ilegales de Casa Lola. Aquel 9 de agosto de 2022, el equipo de gobierno –entonces, una coalición entre PSOE y fuerzas de izquierda– inició el derrumbe por su cuenta, pero ajustándose a la ley. En tiempo y en forma, según un tribunal que desestimó las apelaciones. La condena obliga a la promotora a pagar el medio millón de euros que salió de las arcas públicas para costear la demolición. La escena pilló por sorpresa a los sesenta inquilinos que habían dormido allí la noche anterior. La última de Casa Lola como agroturismo sin papeles. Terminaba una historia que venía de lejos.

Desde 2011, la empresaria ignoró los expedientes disciplinarios que se le abrieron en el Ajuntament de Sant Josep. Entre medias –noviembre de 2018–, la Audiencia Provincial de Palma había condenado a Paquita Marsan y Rocío Martín –su hija y socia– a una multa de apenas 2.920 euros. ¿El delito? Emplear a obreros que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. La Fiscalía pidió sin éxito dos años de cárcel. Otro proceso lento. La inspección que destapó el pastel se había realizado cinco años y medio antes, en febrero de 2013. En octubre de 2025, las dos mujeres volvieron a declarar en la Audiencia Provincial acusadas por la misma práctica. Con el matiz de que los trabajadores no tenían permiso de residencia. La Fiscalía volvió a solicitar dos años de prisión. No hay sentencia de momento.

Paquita Marsan sí colaboró en el derribo de Casa Paola, otro hotel encubierto. En febrero de 2025, ya con el PP al frente del Ajuntament de Sant Josep, cumplió una orden de demolición dictada en septiembre de 2022, todavía con las fuerzas progresistas al frente del Consistorio. Esta villa de lujo no se podía acoger a ninguna amnistía al levantarse sobre suelo protegido. Cayó. Meses después, en cuanto llegó el verano, regresaron los saraos a aquella finca. Vicent Roig Tur, el alcalde de un municipio entregado al crecimiento sin límite, reconoció que se había reconstruido la superficie demolida de Casa Paola.

Para comentar todas estas cuestiones, elDiario.es intentó contactar con la empresaria malagueña por teléfono. También con su empresa –Inversiones Hoteleras Faro SL– a través de correo electrónico. No obtuvo respuesta.

La vida se abre camino en las barracas

La villa miseria no es muy diferente a otras que surgieron antes en Eivissa. Tiendas de campaña unidas a roulottes; ocho maderos y un par de chapas para poner firme algo que se parezca a una caseta; coches y furgonetas aparcados; bombonas de butano, mancuernas, macetas, materiales de construcción, basura, ropa tendida; carritos de bebé y juguetes infantiles; mesas y sillas de plástico; barbacoas y fogones humeantes, respuestas esquivas, pero dulces –“lo siento, corazón, pero no te puedo decir nada”–; historias de inmigrantes que no tienen papeles aunque tengan trabajo. Pero, al levantarse sobre la cuadrícula de una antigua villa de lujo en vez de sobre un descampado, no tiene nada que ver.

Es como si el fotograma de Mad Max se hubiera pintado de verde jurásico. Ante el silencio de la dueña, en Casa Lola la vida se abre camino. Hay caminos pavimentados, un vallado que otorga intimidad, árboles que dan sombra, palmeras que quieren crecer, matorrales selváticos y una cierta lógica para que los habitantes que han ido llegando encuentren su lugar, como en los campings donde aquellas viejas caravanas –matrículas holandesas, alemanas, francesas– debieron pasar sus días de gloria, a inicios de los noventa. Hay, incluso, alguna vivienda de hormigón y cemento que sobrevivió al derrumbe –o que se reconstruyó sin permiso después– y tiene nuevos inquilinos. Hay tarifas de alquiler, o, al menos eso dicen alguno de los moradores. Así en Casa Lola como en Can Rova, quizás, el kilómetro 0 del chabolismo ibicenco.

¿Alguien se está lucrando en Casa Lola?

“Una pareja vive en esta casa. Parece que pagan 700 euros, de ahí y de acá, las dos juntas”, explica Julia. “Ahí” es una tienda de campaña que se entrevé en la maleza. “Acá”, una casa rectangular de unos cuarenta o cincuenta metros cuadrados. Pladur, listones, el techo reforzado por una malla verde. En muchos pueblos de España sería un corral para las gallinas. Dentro, sin embargo, se alojan tres personas. Entre ellas, esta mujer de aspecto maduro que acaba de llegar a Eivissa.

–A mí me están hospedando, no más. Puede que sea más allá quien entiende la cosa de aquí, yo ni idea porque recién llegué de Paraguay, no te puedo decir nada.

–¿Y a quién le pagan el alquiler?

–Ahí de arriba está el encargado. Escuché que es colombiano.

Una residente asegura que una pareja paga 700 euros por una 'casa' más similar a un corral para gallinas que a una vivienda

Los primeros okupas duermen bajo techo

Baudi y Renato charlan en portugués. Son de Goiás, puro interior brasileño, la transición entre los ricos valles de Minas Gerais y el Mato Grosso, la entrada a la Amazonia. “Un estado sin favelas porque a diferencia de otros lugares de Brasil, quizás más ricos, allí los gobernantes no permiten la delincuencia”, dice Bai. “Por eso nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero”, continúa Renato. Una furgoneta aparcada a pocos metros de distancia confirma que trabajo no les falta a los brasileños. Está llena de herramientas y cubos de pintura. Ellos, “sobre todo en invierno”, “ponen a punto villas”, dice Bai. Desde encalar una pared a colocar unas baldosas a reconstruir estructuras. “Mantenimiento general”, resume Renato.

Nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero

Renato — Residente en Casa Lola

–¿Vosotros pagáis alquiler por vivir en Casa Lola?

–No, nosotros no –responde Baudi.

–¿Pero vivís en la casa que tenemos detrás?

–Sí, tenemos unas habitaciones. En esta parte vive gente desde hace mucho tiempo –contesta su compañero.

–¿Y cómo pudisteis entrar?

–El portón estaba abierto –sigue Baudi– y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Desde entonces no hemos vuelto a casa. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas]... muchos problemas. Nosotros no pagamos nada, pero allí arriba sí. Hay alguien que está haciendo negocio. Hay una puerta en la parte de atrás de la finca por donde les dejan entrar y salir.

–¿Quién está cobrando allí arriba?

–No lo sé, pero nos van a crear un problema.

El portón estaba abierto y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas] hay muchos problemas

Baudi — Residente en Casa Lola

Sin luz

El nombre de la zona no engaña: Davall sa Serra, debajo de la sierra. Casa Lola se construyó en la falda de un agujero delimitado por montañas bajas a la que le han brotado los pinos –la Serra d’en Calaveres– y varios cerros: Pujol d’en Puvil, Puig Redó, Puig d’en Camarles. Varios torrentes –des Jondal, de Can Berris– atraviesan un pequeño territorio que debió ser muy fértil en el pasado (en el Mediterráneo, donde hubo agua, hubo alegría). Hoy, los nombres de las antiguas fincas agrícolas –Can Cantó, Can Forn, Ca na Pepa d’en Xic, Can Miquel Francesc– se mezclan con casoplones dotados de piscinas del tamaño de un apartamento. Un vecindario diseminado que ha levantado la voz en las últimas semanas por lo que está sucediendo en la finca de Paquita Marsan. Desde el anonimato, una persona denunciaba en Periódico de Ibiza “la okupación de una vivienda” para abastecer de electricidad a la villa miseria “con un tendido eléctrico ilegal”.

Al chamizo de Daniel no llega la luz. Por eso, fríe a gas unos trozos de pollo rebozado. Cuando los saque de la sartén y los seque en papel de cocina, se los llevará a su madre y a su hermana pequeña, una niña que corretea frente a la roulotte donde duerme este paraguayo –“de Asunción”– que lleva un año en la isla: “Vine porque ellas ya estaban acá. Mi madre y la niña pudieron encontrar un alquiler en otro lado, lo que pasa es que yo no lo encontré”. Daniel trabaja “en villas”. “Albañilería y reparaciones”. Para aliviarse del calor, bebe tereré. El mate en frío de los guaraníes. Compartirlo para divagar es todo un rito social.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF el aumento de la indemnización por residencia del personal de la Administración del Estado destinado en las Illes Balears, que alcanzará desde los 105 euros a 697 euros al mes, según el caso, recoge el acuerdo alcanzado este lunes al que ha accedido elDiario.es.

El alza, que no ha suscrito CCOO, tendrá efectos desde el 1 de julio, aunque aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La subida afecta a “aproximadamente 11.200 empleados públicos” de la Administración central destinados en Balears, cifran en UGT.

El Ministerio de Óscar López ha celebrado el acuerdo, por el que se elevan “las indemnizaciones por residencia un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas de Baleares”, han subrayado desde su departamento.

El aumento de esta indemnización por residencia busca facilitar la ocupación de los puestos públicos estatales en Balears y compensar a los empleados destinados en la región, una de las que afronta un mayor tensionamiento de los precios de la vivienda.

“La Administración se compromete, previa negociación colectiva en el plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad que formen parte del mismo”, destacan en CSIF.

CCOO ha valorado el incremento de la cuantía para Balears, pero ha considerado el paso como “insuficiente”, por lo que se abstuvo en la votación.

Entre 56 y 570 euros más al mes respecto a ahora

El incremento supone “entre 56 y 100 euros” más al mes para el personal destinado en Mallorca, según su grupo o categoría profesional, y “entre 195 y 570 euros” más al mes para quienes prestan servicio en Menorca, Ibiza y Formentera, destaca UGT.

Así, en la actualidad la menor indemnización (del agrupaciones profesionales grupo E) se sitúa en casi 59 euros en Mallorca y se ha acordado que se sitúe en 105 euros.

En el caso del plus en Menorca, Ibiza y Formentera de trabajadores y trabajadoras de la categoría A1, ahora situado en 127 euros, subirá hasta los 697 euros al mes.

El Ministerio de Función Pública ha explicado que “en dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica”.

El sindicato CSIF ha difundido una tabla donde recoge las cuantías actuales y pactadas, por regiones y categorías profesionales.

Negociación para Canarias, Ceuta y Melilla

UGT y CSIF han coincidido en situar este acuerpo como un primer paso, de una negociación que continúa y que debe alcanzar a más territorios.

El pacto recoge el compromiso de negociar en “el último cuatrimestre” de este año, tras el verano, las indemnización por razón de destino de otras regiones particulares, como Canarias, Ceuta y Melilla, subrayan los sindicatos.

El acuerdo recoge el objetivo de aprobar estas cuantías se aprueben “en el primer trimestre de 2027”.

“La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento”, recuerdan desde CSIF.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado el despido de un camarero de un hotel de Eivissa que publicó un vídeo en TikTok en el que criticaba el margen de beneficios de la empresa -aseguraba que un café cuyo coste era de 20 céntimos se vendía por cinco euros- y denunciaba que los trabajadores estaban “mal pagados”.

La resolución, que confirma íntegramente la sentencia que en primera instancia declaró procedente el despido disciplinario, asevera que las manifestaciones del extrabajador suponen un “importante daño reputacional” para la empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propiedad de los Matutes y uno de los mayores conglomerados turísticos de Balears.

La misma empresa ya protagonizó otro episodio relevante en 2023, cuando tuvo que abonar 38,9 millones de euros a Hacienda tras una inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2016 a 2019.

En el caso del camarero despedido, los magistrados consideran acreditado que el entonces empleado grabó el vídeo desde su puesto de trabajo y durante su horario laboral utilizando su teléfono móvil personal. En las imágenes aparecía el sistema interno de gestión y cobro (TPV Room Service) de la empresa, lo que, a juicio del tribunal, permitía identificar al establecimiento, un extremo que negaba el extrabajador. El camarero denunciaba que el coste de un café era de apenas 20 céntimos mientras se vendía por cinco euros, mientras que los empleados cobraban únicamente 1.400 euros.

El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la empresa. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la mercantil obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la compañía señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Sala considera que no es necesario demostrar un daño económico efectivo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta del trabajador compromete la confianza y la reputación de la empresa.

Según el tribunal, la difusión en TikTok de información sobre el funcionamiento interno de la empresa y las críticas públicas a su política de precios y salarios constituyen “un ataque directo a la reputación y crédito profesional” de la mercantil. Los magistrados añaden que basta con que la conducta sea objetivamente apta para quebrar la buena fe contractual y la lealtad debida al empleador.

La resolución también rechaza que la sanción fuera desproporcionada pese a que el trabajador alegó carecer de antecedentes disciplinarios y llevar casi cinco años en la empresa. Para la Sala, el hecho de difundir en redes sociales, durante la jornada laboral, un vídeo que exhibía sistemas internos de la compañía y contenía manifestaciones despectivas constituye una infracción suficientemente grave como para justificar la máxima sanción prevista por la normativa laboral.

Asimismo, el TSJIB descarta las alegaciones del empleado sobre supuestos defectos formales en la comunicación del despido. La sentencia concluye que la empresa entregó correctamente la carta de despido y que esa circunstancia quedó acreditada durante el procedimiento, por lo que no aprecia vulneración alguna de las garantías legales. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se renueva al catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera como miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Según ha informado el Banco de España a través de un comunicado, Carles Manera fue nombrado inicialmente para el cargo en julio de 2020. Desde 2023 ha presidido la comisión de Auditoría del Banco de España.

Ahora, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha aprobado su renovación como consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Nacido en 1957 en Palma, Manera es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y en Historia por la Universitat de les Illes Balears, de la que fue vicerrector de Planificación Económica y Administrativa.

Entre 2007 y 2011 fue consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear y presidió el Consell Economic i Social de les Illes Balears entre 2017 y 2020.

Es autor de 11 libros y ha publicado más de 255 trabajos especializados en economía e historia económica. Ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, el Premio Catalunya de Economía y el Premio Ciudad de Palma de Investigación.

El empresario Matthias Kühn sigue en la lista de deudores de Hacienda: lo hace a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros. El magnate es conocido en el archipiélago balear, principalmente, por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

El empresario alemán está siendo paralelamente investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros al fisco. Según su versión, Hacienda actúa contra él de forma “sesgada”, pretende “pervertir el proceso penal” y e instrumentaliza el procedimiento judicial “con fines puramente recaudatorios”. En concreto, sobre el empresario pesan delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Tanto Hacienda como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos entre las distintas sociedades del entramado empresarial de Kühn con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los investigadores señalan así a una red de empresas que habrían sido constituidas con el único fin de camuflar los beneficios procedentes de las operaciones inmobiliarias del magnate y poder así eludir sus obligaciones tributarias. 

Cuando fue a declarar, el magnate ha justificó su silencio ante el juez en el hecho de haber aportado, a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, defendía, evidencian el carácter “sesgado, por unidireccional y parcial”, de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Bajo su punto de vista, no habría nada más que pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario insistió en que el supuesto fraude fiscal cometido a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda dejada por las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y de las que, aseguró, cesó como administrador. Kühn insistió en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización de 96 millones de euros que la entidad Birdie Son Vida SL tenía pendiente de recibir del Govern a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de sus propiedades, conocida como Muleta.

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un inmueble en Palma dirigido a “satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio de uno de sus pisos, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio de siete apartamentos situado en la zona de la calle Aragón. Todos ellos, señala la publicación, “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

Cada vez más jóvenes con empleo estable descubren que el salario ya no es suficiente para acceder a una vivienda. La imposibilidad de ahorrar para la entrada de un piso, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para obtener financiación están retrasando la emancipación y desplazando el acceso a la propiedad hacia fórmulas cada vez más dependientes del patrimonio familiar, las herencias o el endeudamiento a largo plazo.

“La única manera que encuentro ahora mismo de independizarme es echando de casa a mi madre”, expresa con humor Lucía, de Eivissa. Tiene 25 años, trabaja como enfermera en el Hospital de la isla y, a pesar de que lleva un tiempo barajando la posibilidad de comprarse una casa, sigue viviendo en el domicilio familiar porque, de momento, no puede permitírselo. 

Durante el último año ha seguido viendo anuncios inmobiliarios y ha explorado distintas opciones para comprar. Sin embargo, pese a contar con un empleo estable, no ha conseguido ahorrar lo suficiente para afrontar la entrada que exigen la mayoría de las operaciones. “Sería para comprar, pero obviamente es imposible”, resume.

La opción del alquiler tampoco entra en sus planes. Consciente de los precios que se manejan actualmente en la isla, considera que destinar una parte tan importante de su salario a la renta supondría una pérdida de poder adquisitivo difícil de asumir. Así que, por ahora, como tantos otros jóvenes ibicencos, sigue aplazando la emancipación a la espera de que el mercado ofrezca alguna oportunidad que encaje con sus posibilidades económicas.

La crisis de la vivienda está hundiendo la tasa de emancipación a mínimos históricos desde el año 2006, cuando se tienen los primeros registros. Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse aunque trabajan porque no pueden permitirse los precios ni de compra ni de alquiler, según datos recientes del Consejo de la Juventud de España.

El nivel educativo, fuera de la ecuación

El informe donde se recoge el análisis resalta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan ni la emancipación ni la estabilidad y plasma que la edad media de emancipación a nivel nacional es de 30 años. De hecho, solo uno de cada cuatro jóvenes con trabajo está independizado, es decir, un 14,5%. 

Otro de los datos impactantes del documento es que la oferta de alquiler de habitaciones ha crecido en cuatro años un 85% porque a los arrendadores les sale más rentable, lo que ha transformado considerablemente el mercado residencial.

La baja tasa de emancipación se produce a pesar de una mejora general de los indicadores laborales. Sin embargo, mientras el salario de la juventud se situó en 2025 en los 1.191 euros al mes (14.292,22 euros anuales), a finales del mismo año, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.176 euros mensuales, el precio más alto de las últimas dos décadas.

Este es el panorama a nivel nacional y aún empeora en Balears, donde hacen falta alrededor de siete años de salario íntegro para empezar a soñar con tener una casa propia. Según datos de 2024 del Observatorio de Juventud de les Illes Balears, si en España los jóvenes necesitaban cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitaban una serie de años más, en concreto 7,1 años. En cuanto a la hipoteca, supondría —en caso de haber podido adelantar la entrada— un 111% del salario medio neto. Así es que solo el 10,9% de los jóvenes ocupados en Balears vivían en el segundo semestre de 2024 fuera del hogar familiar. O, dicho de otra forma, nueve de cada diez jóvenes con trabajo no se pudieron emancipar a pesar de tener ingresos. 

Si en España los jóvenes necesitan cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitan 7,1 años más

La situación, en el último año, solo ha ido a peor, porque el precio de la vivienda no ha dejado de aumentar: el precio medio se sitúa en el segundo trimestre de 2026 en 4.173 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 10,3% y nuevos máximos históricos, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. Dentro del archipiélago, Eivissa concentra los precios más elevados.

“Esclavizarse” con dos trabajos

“No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa”, cuenta José Vingut, ibicenco de 26 años. “Si quieres independizarte te cuesta eso, duplicar la jornada laboral para —no conseguir, sino intentar— tener una vida independiente”, sigue. De momento, continúa viviendo con su madre.

No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa

José Vingut — Ibicenco de 26 años

Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes, en Eivissa, de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde y cinco días a la semana. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche. Aunque su horario varía dependiendo, entre otros factores, de los vuelos programados por Aena.

Desde el año pasado ojea pisos para comprar, pero desde finales del año pasado busca desde una perspectiva “realista” [solo mirando inmuebles que se ajusten a sus posibilidades pecuniarias]. “He visto estudios de 35 metros cuadrados por más de 275.000 euros, me parece súper desorbitado. Pisos hechos una pena. Los de una habitación que están en verdaderas condiciones ya llegan a los 300.000”, explica el ibicenco.

José Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche

Este punto de vista “realista” involucra, por otro lado, una visión a futuro que pasa por formar una familia muy difícil de materializar y que entra en conflicto con las características de los inmuebles que se puede permitir.

Ayudas con condiciones imposibles

Una de las opciones de Vingut es lograr beneficiarse de los avales ICO para primeras viviendas que ha sacado el Gobierno para jóvenes de hasta 35 años. Se trata de una garantía pública ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial español que respalda parte de la hipoteca concedida por el banco y que permite hasta el 100% del valor del inmueble en algunos casos. Esto permite a los bancos, en algunos casos, conceder hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble en lugar del habitual 80%.

La ayuda tiene un pero porque está sujeta a varias condiciones. Entre ellas, un tope máximo en el precio de la vivienda que se quiere comprar que fija cada comunidad autónoma, a pesar de que la prestación sea estatal. En el caso de Balears, este precio límite es de unos 275.000 euros. “Es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo”, lamenta Vingut.

El precio límite para acogerse a un aval ICO para primeras viviendas es en Balears de 275.000, un precio que 'es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo', comenta José Vingut

“Por otro lado, los alquileres no bajan de los mil y pico, que es la letra de una hipoteca. Por eso muchos residentes de las islas preferimos destinar en el momento en que sea posible ese dinero a una hipoteca para una casa que por lo menos vaya a ser suya. Pero no es fácil”, valora. Cuando le comentó a su padre que se quería independizar, la respuesta de su progenitor fue franca, directa: “Me dijo: no digas tonterías porque eso es imposible”. Acto seguido, le explicó que cuando pudieran heredar el piso de su abuela materna, sería para él.

Lo que ha hecho es meterse en esa agridulce espera de un fallecimiento en su familia para poder independizarse y llegar a esta firme conclusión: hay que tirar de herencias, ya sea en vida o post mortem. Maria Antonia, de la misma edad y nacida en Mallorca, explica que la mayor parte de sus amigos están en ese mismo escenario: o están en casas de sus familias o han heredado viviendas de sus abuelos donde tienen previsto mudarse.

“Echaba de menos la isla”

María Peña (Eivissa, 30 años) se considera, dentro de lo que cabe, una de las afortunadas de su generación, aunque no corre esa suerte de la posible transmisión de un patrimonio familiar. Profesora de Primaria, pasó varios años viviendo en Madrid, donde asegura que podía pagar el alquiler con su sueldo e incluso ahorrar parte de sus ingresos. Sin embargo, cuando regresó a Eivissa para incorporarse al curso escolar 2025-2026 se encontró con una realidad conocida que ahora le afecta de lleno. Acceder a una vivienda en propiedad es casi ilusorio.

“No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola”, explica. Aunque podría asumir el coste de un alquiler, la compra de un inmueble está totalmente fuera de su alcance. “He estado mirando pisos, pero si vas sola al banco, no te conceden hipotecas tan altas y al final te quedas igual”, resume.

No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola

María Peña — Ibicenca de 30 años

Peña decidió volver a la isla porque la echaba de menos y porque las condiciones laborales de los docentes son mejores que en la capital. Su intención era establecerse cerca de los lugares donde ha crecido, en la zona de Sant Antoni y Cala de Bou, pero la búsqueda ha terminado chocando con los precios del mercado: “He intentado mirar algo por allí y es imposible”.

Hipotecas que llegan a los 40

Rebeca, de Palma, empezó a trabajar a los 16 años -“súper joven”- con una autorización de sus padres y cuando tenía casi 18 se mudó a Madrid, a un piso compartido y empezó a pagar alquiler. Ahora, a sus 41, recuerda cómo estudiando Sociología tenía que compaginar dos trabajos para poder pagar la renta, cubrir sus gastos y que le quedara margen suficiente para ahorrar. “Vamos, lo que hemos tenido que hacer alguna vez todos para sobrevivir”, observa.

Era ‘sabadera’ en el Sfera —así se conocía en la tienda textil a los empleados que trabajaban el fin de semana— de la calle Preciados, cerca de Sol, y algunos días llegaba a echar jornadas de diez horas seguidas. Luego, por la noche, trabajaba sirviendo copas: “Me sacaba mil euros de un lado y mil del otro”. Fue a los 29, con tres trabajos, cuando “por fin” pudo empezar a ahorrar; luego consiguió un buen puesto en un canal de televisión y con él se terminó el pluriempleo, a los 31. “Entonces vivía con mi pareja y aunque seguía pagando alquiler, entre los dos era más fácil”.

Fue después de separarse de él cuando empezó a mirar opciones, mientras vivía en casa de sus padres, y a los 39, justo antes de cumplir los 40, se lanzó a la hipoteca. Entonces era 2024 y ser propietario en Balears ya era muy difícil, aunque en el último par de años los precios han vuelto a subir vertiginosamente. 

En el proceso de compra se encontró con un montón de cosas: pisos destrozados, edificios enteros ocupados… pero, si subía el precio de compra -a alrededor de 300.000 euros-, la hipoteca ascendía a más de mil. “Una letra tan alta, habiendo dado un 20% de entrada, era una locura. Miré varios que me gustaban y le di muchas vueltas, pero al final los descarté porque tenía que asumirlo sola y si algo salía mal no quería verme en escenarios complicados”.

Finalmente encontró una opción más económica y la reformó de manera casi integral, para lo que se vio obligada a ahorrar otros años después de una década de empleos precarios: “Me he pegado unas buenas palizas trabajando”, asegura la trabajadora. 

Ahora, el esfuerzo laboral se ha desligado por completo de la capacidad de adquisición porque con la subida continuada de los precios, la emancipación se retrasa y despedirse del hogar familiar sólo es factible para aquellos que poseen patrimonio familiar. “Es lo que está sucediendo -dice Vingut- en Eivissa. Si no, emanciparse es prácticamente imposible”.

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, impulsor del polémico cartel publicitario instalado hace varios días en el aeropuerto de Palma, ha anunciado que retirará la lona y ha pedido disculpas después de que el Govern balear denunciara que el mensaje “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen” (“Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca”) proyecta una imagen “denigrante” de Mallorca asociada al turismo de excesos.

La controversia se desató a raíz del lenguaje utilizado por la campaña: “Malle” es la forma coloquial con la que muchos turistas alemanes se refieren a Mallorca y forma parte del conocido eslogan “Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle” (“Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca”), integrado desde hace años en el imaginario festivo alemán asociado a la isla. La frase, inspirada a su vez en el célebre lema estadounidense “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, aparece de hecho en pegatinas, artículos de merchandising e incluso en canciones y vídeos vinculados a la cultura del 'Ballermann', el turismo de fiesta y los excesos nocturnos en zonas turísticas de Mallorca.

“Lamentamos profundamente que el mensaje que pretendíamos transmitir no haya tenido éxito y se haya percibido en Mallorca como una falta de respeto”, ha señalado la entidad financiera en un comunicado, en el que pde disculpas por ello y atribuye la polémica a que determinados matices humorísticos pueden interpretarse de manera diferente según el idioma y generar “percepciones no deseadas”. El anuncio promocionaba Wero, una nueva plataforma europea de pagos digitales impulsada por bancos y entidades financieras para competir con sistemas como PayPal o Bizum.

La campaña provocó la inmediata reacción del Govern. En la mañana del pasado jueves, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes anunció que su titular, Jaume Bauzà, había remitido una carta al presidente de AENA, Maurici Lucena, en la que reclamaba la retirada inmediata de la publicidad por considerar que proyectaba una imagen “denigrante” de la isla y contribuía a reforzar estereotipos vinculados al turismo de excesos. El Ejecutivo autonómico sostiene que resulta “absolutamente inaceptable” que la principal puerta de entrada a Balears difunda mensajes que contradicen los esfuerzos institucionales para combatir este fenómeno.

Por la tarde, el organismo aeroportuario difundió su reacción a los medios: “Ante las informaciones publicadas referentes a un cartel publicitario localizado en el edificio parking del Aeropuerto de Palma de Mallorca, en las que se afirma que dicha campaña incentiva el turismo de excesos en Mallorca, Aena quiere aclarar que el anuncio al que se hace referencia -cuya traducción seria ”lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca, envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida“- forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana. La entidad está promocionando el uso de wero (plataforma de pago digital similar a bizum). Por tanto, no se trata de ninguna campaña que incentive el turismo de excesos en la isla. El aeropuerto no es generador de la demanda turística, es decir, la afluencia de visitantes depehabía rnde fundamentalmente del destino y de la oferta turística de la isla”, remarcaban desde Aena.

Desde hace décadas, espacios como la Playa de Palma constituyen uno de los principales destinos del turismo alemán en el Mediterráneo y uno de los símbolos históricos del modelo de sol y playa de Balears. Precisamente por ello, las instituciones autonómicas e insulares han impulsado durante los últimos años diversas medidas para combatir el turismo de excesos, entre ellas restricciones a las promociones de alcohol, la prohibición de determinadas ofertas de barra libre y sanciones más severas para conductas incívicas.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

La apuesta institucional y empresarial por atraer a un turismo de mayor poder adquisitivo ha situado a Balears en el radar de nuevos perfiles internacionales, especialmente estadounidenses, interesados no solo en las islas como destino vacacional, sino también como lugar de residencia e inversión. Un fenómeno que conecta el auge del turismo de lujo con la presión inmobiliaria y el encarecimiento del acceso a la vivienda en el archipiélago.

Desde la inauguración en 2022 de la conexión aérea directa entre Palma y Nueva York, el mercado estadounidense ha reforzado su presencia en las islas tanto en gasto turístico como en operaciones inmobiliarias, en un contexto en el que las políticas turísticas buscan atraer visitantes con mayor capacidad adquisitiva.

El interés norteamericano por Balears va más allá del turismo: en muchos casos actúa como puerta de entrada a procesos de inversión o adquisición de vivienda con fines de rentabilidad. “El turismo funciona como un goteo de gente que viene a las islas para ver si puede fijar sus ahorros”, señala Macià Blázquez, investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a elDiario.es.

La estrategia institucional que busca un viraje estratégico hacia el turista de alto poder adquisitivo bajo la idea de “menos cantidad, más calidad”, plantea el impacto consecuencias sociales y territoriales en un contexto en el que el acceso a la vivienda, el encarecimiento del suelo y la presión sobre los recursos -sobre todo los hídricos- son, desde hace tiempo, problemas centrales.

Objetivo: el turista con perfil premium

El mercado estadounidense ha ganado peso en Balears en los últimos años, en volumen y, sobre todo, en gasto. Según estimaciones del Instituto de Turismo de España (Turespaña) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), EEUU cerró 2025 como noveno país emisor, con 333.562 visitantes —un 19,7% más que el año anterior—, superando a mercados como Bélgica y Suecia y acercándose a Polonia. 

Pero donde más se nota el avance es en el impacto económico –en 2024 el gasto de los estadounidenses ya hizo el sorpasso al de los británicos–: en total, se alcanzaron los 844 millones de euros, un 21,6% más, lo que sitúa al país como sexto mercado para las islas en ingresos turísticos, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. 

Los visitantes norteamericanos dejaron el año pasado en la comunidad autónoma 150 millones más que en 2024, cuando ya se habían convertido en el primer mercado del archipiélago fuera de Europa. Balears se convertía así -solo por detrás de Catalunya- en el segundo destino de España preferido de los ciudadanos de la tierra de Donald Trump.

En cuanto a las inversiones, han crecido a la par. El pico máximo de las mismas se produjo en 2023, cuando se rozaron los 40 millones de euros de inversión estadounidense en activos físicos en el archipiélago, según datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El otro pico -de los últimos 30 años- se alcanzó en 2016, un año récord para el mercado turístico balear y en el que se experimentó una explosión en el sector inmobiliario de lujo. De hecho, Baleares lideró en 2016 la inversión extranjera en la compra de inmuebles, como publicó Última Hora en ese momento.

Un destino con “atractivo”

En este interés por las islas pesa también el componente cultural: parte del público estadounidense asocia territorios mediterráneos a una mayor calidad de vida. Entre los factores de peso están la percepción de seguridad -en comparación con América en general- y una mayor cohesión social. Así como una manera de ser de la gente [más abierta] que refuerza tanto el atractivo turístico como el residencial, valora Blàzquez.

“En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad”, detalla el investigador. “Son cosas que nosotros -los isleños- no valoramos, pero ellos sí”. 

En España existe un estado de bienestar y más libertad: es un país sólido, no un estado fallido como por ejemplo Costa Rica, un territorio que [cerca de Estados Unidos] podría ser equiparable a Suiza, sin tener claramente la misma seguridad

Macià Blazquez — Investigador de la UIB

En un estudio que realizó en 2013 junto a la investigadora Angela Hof, ambos concluyeron que existe una vinculación muy estrecha entre la actividad turística y el mercado inmobiliario. Es una de las perspectivas desde las que ahora, en una de las asignaturas que imparte como docente universitario, se aproxima y analiza el turismo. “Si una persona [con capital acumulado] visita las islas griegas, a Bahamas o a Mallorca y encima ve que hay un atractivo inversor, pondrá su dinero”, asegura Blàzquez.

El “juego psicológico” 

En octubre de 2024, el escaparate de una agencia inmobiliaria del carrer Bonaire, en el barrio de Sant Jaume de Palma, ofrecía mansiones a precios exageradísimos: entre el millón y medio y los siete millones. Pero el elevado precio por el que se vendía un piso de 200 metros cuadrados en Mallorca no era lo que más llamaba la atención, sino la información, justo al lado, de lo que valdría el condominio de un inmueble de las mismas características en Nueva York: un tipo de propiedad muy común en Estados Unidos donde compras una vivienda individual, pero compartes áreas comunes con otros propietarios. 

Evidentemente los anuncios de la inmobiliaria estaban en inglés, no en español. “La intención era que cada turista norteamericano que pasase por allí vinculase de inmediato una inversión de lujo a 25 años permanente en Mallorca o un condominio -por el mismo precio, pero distinto valor- en EEUU”, argumenta Eduard Vila, abogado y experto inmobiliario.

Hacía apenas dos años desde la inauguración de la ruta directa entre la capital balear y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, la alternativa a la terminal [más cara] de JFK para llegar a Nueva York. Desde su inauguración, la conexión no ha hecho más que fortalecerse. 

La temporada pasada, United Airlines, compañía responsable de la conectividad, aumentó un 50% la oferta de asientos para verano y prolongó los trayectos durante un mes más que el año anterior. Además, existe la línea directa Barcelona-Boston: saltar de la capital catalana a las islas es solo cuestión de 40 minutos. También la aerolínea Air France anunció en febrero que este 2026 conectaría Nueva York desde Palma y Eivissa (y otros siete aeropuertos españoles) con tan solo una escala intermedia en el aeródromo París-Charles de Gaulle.

Inversión extranjera en vivienda

Bajo esta lógica -la de atraer a un visitante que, además de su capacidad de gasto, es visto como potencial inversor o futuro residente-, el sector turístico ha orientado cada vez más el modelo turístico hacia este perfil. Por otro lado, en el sector inmobiliario de Balears tienen un gran peso los capitales internacionales, incluidos los estadounidenses.

El proceso se enmarca -detalla Blàzquez- en una lógica global: inversores con alta capacidad adquisitiva buscan nuevos espacios donde obtener rentabilidad, ya sea a través del uso turístico, el alquiler o la revalorización de la propiedad. Es un fenómeno que no se limita a Balears. sino que se repite en todo el territorio español. 

En Madrid, entre los inversores de mayor perfil -los que compran y venden pisos por encima del millón de euros, en barrios como Chamberí, Salamanca o el Retiro-, hay muchos extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela, Argentina y México. 

Pero el Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza. Los estadounidenses de regiones como California, por ejemplo, se sienten más atraídos y más cercanos a este ecosistema y a la población mediterránea que a la de las capitales o el norte de Europa, señala el investigador.

El Mediterráneo es un destino todavía más atractivo, si cabe, por su buen clima, su cercanía al mar y su estilo de vida distendido y más conectado con la naturaleza

En Balears, la guerra de Irán incluso ha aumentado el interés por la inversión, lo que podría derivar en un encarecimiento aún más significativo de la vivienda, indica por su parte Vila. Inversores que tenían en el punto de mira ciudades de Oriente Próximo, como Dubái, para meter su dinero han encontrado en las islas una alternativa factible. “La Unión Europea (UE), en general, tiene ventajas: seguridad jurídica, territorial y una seguridad general que no existe en otros países”.

Un decrecimiento “falso”

El interés de los turistas en fijar sus ahorros en territorio balear es -considera Blàzquez- una especie de land grabbing. Este fenómeno supone la apropiación privada y acumulación del control de grandes extensiones de terrenos, incluidos sus recursos naturales y agua. “En Balears -señala el experto- pasa con los usos turísticos, residenciales y en definitiva, especulativos. Da igual que sea suelo rústico, un espacio natural o que estén al lado del mar”, lamenta. 

En otra de sus investigaciones Blàzquez analizó el incremento de categoría de los establecimientos hoteleros en el archipiélago desde la aprobación del Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears, tras la crisis económica de 2008. Además de la regularización de plazas turísticas, el decreto incluía un mecanismo específico para subir categoría de establecimientos turísticos a partir de relajar ciertos requisitos turísticos y urbanísticos. 

También se aprobó, en 2022, la Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo, para implementar la economía circular. “Todo esto va vinculado a un falso decrecimiento”, observa Blàzquez. 

Este enfoque turístico, hacia un perfil premium, esconde, según el antropólogo urbano José Manilla, rasgos “discriminatorios”. Contribuye, así, en una desigualdad social ya muy presente en las islas. Aunque Balears tiene uno de los PIB más altos del territorio español y una alta tasa de empleo, el 15,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del INE.

Por lo que, mientras se consolida su atractivo para visitantes con alto potencial inversor, lo hacen también las dudas sobre el impacto social y territorial del modelo turístico. El encarecimiento de la vivienda, la presión sobre el territorio y la pérdida progresiva de espacios accesibles para la población residente -sobre todo en Eivissa y Formentera, con doble y triple insularidad- parecen algunas de las principales consecuencias.