La VI Jornada de Salud retomó la sesión tras un breve receso abordando un reto clave para la sanidad pública: Democratizar la vanguardia en la medicina de precisión. En los últimos años, los avances científicos han transformado la forma de abordar las enfermedades complejas. Diagnósticos precoces basados en perfiles genéticos, terapias dirigidas y personalizadas que prolongan la esperanza de vida son ya una realidad. Sin embargo, la alta tecnología médica tiene un coste elevado. La cuestión clave reside en hallar las vías de financiación y distribución idóneas para que estos fármacos de última generación desembarquen en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de forma ágil y sin que el código postal de los pacientes condicione sus oportunidades de recibirlo.

César Hernández, Director General de Cartera Común del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, abrió el debate analizando los plazos de implementación de las innovaciones en el mercado. El directivo comenzó subrayando la solidez asistencial del país: “tenemos un nivel de excelencia clínico muy alto, pero es cierto que los tiempos desde que una terapia innovadora se aprueba en Europa hasta que llega al SNS suelen ser elevados porque no depende de una sola administración”.

Se trata de un entramado complejo en el que intervienen múltiples actores. Daniele Candini, Director Médico de Oncología en España de Daiichi Sankyo, enfatizó que más allá de la colaboración entre farmacéuticas, agencias regulatorias, el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos, “existen otros factores muy determinantes como son el impacto presupuestario y el beneficio del valor clínico del fármaco, que pueden hacer que se alargue más o menos el proceso final”.

La financiación es, precisamente, uno de los grandes escollos. Pilar Garrido, Jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, intervino para remarcar la necesidad de profundizar en la transparencia institucional: “Pese a que la transparencia y la tendencia ha mejorado mucho, aún se debe seguir mejorando en este aspecto”. A su juicio, el proceso adolece de una gran heterogeneidad, pues la decisión final recae en las Comunidades Autónomas —tanto en la partida presupuestaria como en la ejecución—, lo que en ocasiones genera desacuerdos con las directrices marcadas por el Ministerio.

Esta suma de condicionantes provoca que la llegada efectiva de los tratamientos al enfermo sufra demoras excesivas. No obstante, Hernández descartó que exista un problema estructural de discriminación: “El sistema actualmente es equitativo y llega a todos. No obstante existe margen de mejora y el Ministerio busca una estructura general reforzada y estable que acoja a todos, para que las Comunidades vayan de la mano y trabajen juntas en una misma dirección”.

Por su parte, Candini coincidió en fortalecer la cohesión territorial y sugirió revisar las fases de negociación: “las decisiones centralizadas que llegan desde el Ministerio deben ser más vinculantes a nivel autonómico, ya que aceleraría los tiempos y agilizaría los procesos actuales para que los fármacos lleguen a los pacientes”. Asimismo, defendió que “igualmente las negociaciones y los trámites de estos medicamentos deberían iniciarse durante la fase de estudios y no cuando ya está listo para salir al mercado”.

En el plano financiero, César Hernández aportó datos concretos sobre el esfuerzo público realizado: “el Ministerio de Sanidad ha invertido 100 millones para democratizar la medicina de precisión en las Comunidades Autónomas, pero los costes han seguido aumentando debido a diversos factores como los diagnósticos mejorados o el seguimiento individual en los hospitales. Por lo tanto, hay que llegar a un equilibrio entre invertir y tener controlado el mercado y las necesidades generales. Esto no va de tratar solo al 1% de pacientes con un tipo particular de cáncer si no a todos los que sufren cáncer, independientemente del tipo que sea o su condición social. El objetivo es no dejar a nadie atrás”.

En el tramo final, los ponentes debatieron sobre un logro sin precedentes: el incremento ininterrumpido de la supervivencia. Pilar Garrido recordó cómo ha cambiado el paradigma oncológico: “Se está logrando. Hace años la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ya se planteó este panorama y los tratamientos de pacientes de larga duración, aunque en aquel momento estaba casi todo centrado en el cáncer de mama porque era en el que se sabía que había más supervivientes de larga duración. Ahora, por suerte, la realidad ha cambiado. Muchos tumores, como el de pulmón, son tratables a largo plazo y permite a los pacientes volver a tener una vida digna”. Con todo, la especialista puso el acento en la dimensión humana de los cuidados al matizar que “también es verdad que no todas las enfermedades crónicas son iguales y, al final, lo importante es vivir bien, no simplemente más”.

El debate concluyó con una reflexión transversal: a pesar de los obstáculos burocráticos, los plazos de aprobación y las asimetrías de financiación autonómica, el acceso a una sanidad de vanguardia debe ser universal y garantizado en todas las etapas de la vida.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este jueves que la dificultad para el acceso a una vivienda es uno de los principales problemas de salud de la población. “Las personas enferman por las condiciones de vida. Y lo hemos visto de manera dramática con el caso de Maricarmen y lo vimos también con el caso de Olga –la mujer que se suicidó tras un desahucio–, gente a la que se le desahucia, gente a la que se le despoja de uno de los valores que no solamente está recogido en la Constitución, que es la certeza de poder tener un techo. Eso enferma y tenemos una sociedad que enferma a la gente”.

García ha intervenido en la inauguración de la V Jornada de Salud 'El código del bienestar: claves para una sanidad más humana y de vanguardia', organizada por elDiario.es, donde ha destacado que España tiene “un sistema sanitario profundamente justo, profundamente envidiable, basado en dos pilares fundamentales, que son la universalidad, el acceso justo, y el acceso equitativo”. Pero ha puesto el acento en que son las condiciones de vida las que están afectando a la salud y provocando profundas diferencias: “Sabemos que el código postal afecta la esperanza de vida y lo hemos contado muchas veces. La diferencia entre el norte y el sur, solamente de la Comunidad de Madrid, es en torno a unos seis ocho años de esperanza de vida”.

“El 40 % de las familias describe el acceso a la vivienda en términos patológicos: ansiedad, insomnio, depresión, incertidumbre. No hay nada más patológico que no saber dónde vas a vivir. No hay nada más patológico que de pensar que dentro de cinco años te van a echar de tu casa, que te vas a tener que cambiar a los niños del colegio”, ha dicho García, que ha definido el mercado inmobiliario como “ludópata” porque “juega con los proyectos de vida de los jóvenes, de la gente, y ha jugado con el proyecto de vida de Maricarmen”.

“No vamos a estar a salvo ninguno si no estamos a salvo todos. Y nuestra salud depende de la salud del vecino. Y la salud del vecino depende de que tenga un centro de salud, pero también depende de que sus hijos puedan ir a un buen colegio. Y también depende de que sus hijos se puedan pagar la universidad. Y también depende de que sus hijos puedan tener derecho a la vivienda”, ha afirmado.

La ministra de Sanidad ha hecho una defensa de la Sanidad como pilar básico del Estado del Bienestar frente a países como Estados Unidos, donde “el 65% de las familias está en bancarrota por problemas de salud”. En ese punto ha aprovechado para referirse a la propuesta de Vox de rebajar impuestos: “Así de una atacada, nos quedamos sin la mitad de los ingresos que tiene el Estado para cuidar a las personas, para abrir los hospitales, para abrir las escuelas, para abrir las universidades”.

“Eso es profundamente antidemocrático y profundamente antipatriota. Siempre va hacia lo mismo, hacia que unos pocos, en un sistema profundamente feudal, se queden con los derechos de toda la ciudadanía”, ha añadido.

La ministra ha dedicado también parte de su intervención a glosar algunas de las actuaciones de Sanidad durante estos años, como el programa para financiar gafas a menores de edad o la ampliación de la cartera de servicios bucodentales: “Hemos hecho la Sanidad más ancha”. Además, ha anunciado que este viernes se discutirá en el Consejo Interterritorial la propuesta para hacer más transparente las listas de espera, aunque ha apuntado: “No va a salir, lamentablemente, no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino que sea una herramienta de confrontación política”.

García también se ha referido durante su intervención la actual huelga indefinida de profesores en la Comunidad de Madrid: “Es profundamente injusto y profundamente inequitativo que la educación, las oportunidades, también estén en el mercado de la especulación”.

Los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral. Las organizaciones se habían coordinado para protestar por el Estatuto Marco, como llevan haciendo desde este mes de enero, que estaba en trámite parlamentario y que decaerá ante la llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre.

Tanto la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por un lado, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi, por otro, han anuncido este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida, aunque han aclarado que esta decisión no supone “una renuncia” a sus reivindicaciones.

“La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, indica en un comunicado el Comité de Huelga integrado por Cesm, SMA y y el SME. En concreto, reclaman “un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozc la cualificación y la responsabilidad del colectivo”.

Desde la UMYF, por su parte, señalan que continuarán con la movilización, mediante “actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político”. Levantan la huelga, no obstante, porque “con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos que permitan avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio”.

Esta organización emplaza también “el inicio de la huelga indefinida hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar”. “En el actual escenario político”, consideran, “es más útil mantener la movilización y trasladar las reivindicaciones al debate electoral”.

En plena crisis por los problemas de suministro de terapias hormonales para las mujeres que padecen síntomas asociados a la menopausia, las empresas que ofrecen alternativas a esos fármacos no han solicitado su inclusión en el sistema de financiación pública, pese a los intentos de Sanidad. Según una nota difundida este viernes por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el Ministerio “ha mantenido contactos” con estas compañías “con objeto de explorar su posible incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”, que todavía no se ha producido.

Desde la Aemps señalaban esta semana que estas empresas habían trasladado al Ministerio que “no estaban interesadas” en la financiación pública, aunque desde el departamento que dirige Mónica García continúan “explorando las distintas posibilidades que puedan contribuir a garantizar una oferta suficiente de alternativas terapéuticas”.

La incorporación de un fármaco en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud tiene varias implicaciones. La principal es que es el Estado quien financia ese tratamiento, totalmente o en parte. Pero, previamente, debe haber un acuerdo de fijación de precio mientras, si no está financiado, pueden poner el que quieran. Además, esta inclusión podría implicar un aumento de la demanda que, a su vez, requeriría de mayor capacidad de producción, algo para lo que la industria farmacéutica no siempre está dispuesta, preparada ni, en caso de que quisiera, es inmediata.

“El Ministerio continúa, por tanto, explorando las distintas posibilidades que puedan contribuir a garantizar una oferta suficiente de alternativas terapéuticas. En este contexto, cabe recordar que el precio de Lenzetto ya fue revisado al alza con anterioridad, precisamente con el objetivo de favorecer su permanencia en el mercado español”, aclaran desde la Aemps.

Los problemas de suministros, que han interrumpido o dejado sin tratamiento a decenas de miles de mujeres, se remontan a marzo, cuando comenzó a haber dificultades con el pulverizador de estradiol Lenzetto, indicado como terapia hormonal sustitutiva para aliviar síntomas de la menopausia, como los sofocos, los dolores articulares y de cabeza, el cansancio o los problemas para dormir, y también para mujeres trans.

Ante la ausencia de Lenzetto, muchas mujeres optaron por recurrir al estradiol en formas orales, parches transdérmicos o geles. Al margen del trastorno que supone el cambio de tratamiento —y que los protocolos recomiendan habitualmente la vía dérmica, porque tiene menos riesgo de efectos secundarios—, algunos de esos fármacos no están financiados, por lo que las usuarias deben pagarlos de su bolsillo.

Ese trasvase ha provocado, dicen desde la AEMPS, “desabastecimientos puntuales en cascada” y “problemas de stock intermitentes en algunas de las presentaciones de parches transdérmicos”. Ha ocurrido con Evopad, que sí están financiados y que Sanidad espera que vuelva a estar disponibles en octubre y ya en noviembre de manera regular.

“El laboratorio responsable de parches Estradot, con una cuota de mercado muy pequeña en España, ha anunciado el cese de comercialización”, indican. En el caso de Estraderm, la Agencia prevé “un suministro suficiente para su cuota de mercado”.

La empresa responsable de la comercialización de Lenzetto, Gedeon Richter, habría trasladado al Ministerio que “reanudaría progresivamente el suministro desde noviembre y en 2027”. Pero desde la Agencia Española de Medicamentos son escépticos: “Es una información suministrada por la compañía, que no siempre ha sido exacta”. De hecho, desde la Aemps señalan que el laboratorio “incumplió su obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con la obligación de mantener un suministro continuado del medicamento”.

Mientras tanto, Sanidad recuerda que hay alternativas, como parches o el gel por vía transdérmica Oestraclin Gel, “que no tiene problemas de suministro y ha aumentado su producción para poder afrontar un aumento de la demanda”. Son estos tratamientos los que el Ministerio que dirige Mónica García ha intentado, sin éxito ante la negativa de las empresas, incorporar a la financiación pública.

Los problemas de suministro, recuerdan desde este departamento, no ocurren solo en España. “Actualmente, existen problemas de suministro de Lenzetto, con distinto impacto y duración, identificados por las agencias reguladoras de medicamentos nacionales al menos en Francia, Italia, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Grecia o Finlandia. Por eso la AEMPS también lo ha llevado a los diferentes grupos de trabajo europeos, coordinados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para explorar la posibilidad de una actuación coordinada”, indica la Agencia.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado un recurso de la formación política Iustitia-Europa en contra de la gestión del Ministerio de Sanidad en la crisis del hantavirus al considerarlo “inadmisible”.

El partido cuestionaba la actuación de los responsables de permitir el atraque en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, y coordinar o facilitar el traslado y repatriación de los tripulantes del buque Mv Hondius desde Canarias y de ahí su pretensión de que la Justicia la reprobara.

Iustitia-Europa quería impugnar “los actos administrativos expresos o presuntos, las actuaciones materiales y, subsidiariamente, la vía de hecho en que pudiera incurrir la Administración”.

El Abogado del Estado presentó escrito en el que pedía la inadmisión por carecer la entidad recurrente de legitimación con el objeto del proceso ya que la jurisprudencia exige una relación directa.

Sin embargo, en este caso tan solo se apela a la defensa de la salud pública, el principio de precaución y la legalidad de la actuación administrativa en materia sanitaria.

“Es decir, se invocan intereses de carácter general y difuso, cuya titularidad corresponde a la colectividad en su conjunto, sin que la recurrente identifique ni justifique una afectación singularizada, directa o indirecta, de su propia esfera jurídica o de la de sus miembros”, señala la Audiencia Nacional.

El fallo recuerda que el Tribunal Supremo (TS) considera que los partidos políticos “tienen una naturaleza singular que les atribuye una función política de carácter general que, no obstante, no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier disposición o acto administrativo”.

Por lo tanto se descarta que el ordenamiento jurídico le otorgue “una suerte de acción popular de manera que su legitimación ha de limitarse a que la actividad administrativa impugnada les afecte o un precepto legal les habilite” para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que trabaja en un Real Decreto para actualizar la forma en la que se registran las listas de esperas, para “evitar el maquillaje” y “garantizar su transparencia y trazabilidad”. Desde el departamento que dirige Mónica García llevan meses intentando impulsar una reforma de estos registros, que realizan las comunidades autónomas, y que ha tenido algunos reveses. El último, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este verano, donde, según la propia ministra, los nuevos criterios “no fueron aprobados” por las consejerías.

En este nuevo intento, el Ministerio prepara un Real Decreto, que entra en vigor tras ser aprobado en Consejo de Ministros, pero que requiere de su convalidación en el Congreso en un plazo de 30 días.

Según explican desde este departamento en un comunicado, el texto en el que trabajan establece que los pacientes “entrarán en lista de espera desde la indicación médica” y los datos “se desagregará por prioridad clínica y gravedad”. Además, “la norma prohibirá expresamente la existencia de listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de una consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica”.

Es decir, la norma prohibirá prácticas como mantener listas 'b' de espera, fuera de los registros, o mantener a pacientes fuera de estos conteos hasta que realizan determinadas pruebas, aunque ya les haya sido indicada la operación. Y abarcará también pruebas diagnósticas y terapéuticas.

El anuncio de este Real Decreto, todavía sin fecha de aprobación, se produce una semana después de que se conociera que desde el servicio de traumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid modificaron la prioridad de 57 pacientes para pasar de un máximo de 90 a 120 días y así cumplir con el tope exigido.

La nueva norma incorpora otras novedades, como que los pacientes derivados a centros concertados sigan permaneciendo en la lista “hasta que se confirme que han recibido la atención indicada”, incluso cuando rechacen acudir a centros privados porque prefieran la atención pública, o que se incluya en las estadísticas el tiempo que se espera por una consulta de Atención Primaria, tanto a medicina de familia y pediatría como a enfermería.

Además, “en las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas se publicará también el número y porcentaje de pacientes que están en lista de espera pero todavía no tienen una cita asignada”. El objetivo es “avanzar hacia el cálculo del tiempo que trascurre desde la indicación de la primera consulta, hasta la obtención de un diagnóstico, lo que permitirá conocer mejor el recorrido asistencial del paciente”, apuntan.

Desde el Ejecutivo quieren reforzar también el derecho a la información de los pacientes, que “podrán conocer su situación en la lista, cuánto tiempo llevan esperando y la demora estimada para su proceso”. En concreto, habrá que hacer un registro exhaustivo de una quincena de pruebas diagnósticas y terapéuticas y se ampliará de 15 a 20 las intervenciones quirúrgicas sometidas a seguimiento.

“La nueva norma permitirá modernizar los criterios utilizados para medir las listas de espera y disponer de datos más completos, homogéneos y comparables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, indican desde Sanidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la ampliación presupuestaria del 'Plan Veo', la estrategia para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. En concreto, Sánchez ha avanzado 23 millones de euros más, que elevan la partida total a los 73 millones. “No es una medida puntual o aislada, forma parte de algo mucho más amplio, la salud de los menores”, ha defendido.

Desde la puesta en marcha de este plan, en el último trimestre de 2025, ya se han beneficiado de las ayudas directas, de hasta 100 euros, “casi medio millón” de niños, niñas y adolescentes, ha cuantificado Sánchez. En concreto, se han tramitado 454.650 ayudas.

Esa ayuda se gestiona a través del Colegio de Ópticos y Optometristas, que transfiere el presupuesto dedicado a esta medida. Las familias podrán descontar ese montante de la factura de los productos que adquieran en los centros ópticos. Por el momento, estará disponible hasta el 31 de diciembre.

La segunda fase del plan, presentada este lunes, dota con 23 millones de euros más esta estrategia, con la que el Gobierno quiere cubrir una brecha en salud. “Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien”, ha defendido Sánchez, que ha reclamado que “ningún niño o niña de nuestro país tenga que vivir sin ver bien porque no puede permitirse corregir su problema de visión”.

En España, según los datos del Gobierno, más de 700.000 menores sufren pobreza visual. Esto tiene repercusiones en todos los ámbitos. “Se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado”, ha ejemplificado Sánchez.

La Sindicatura de Comptes cifra en 1.172 millones la deuda a favor de la Comunitat Valenciana por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en el período 2013-2024: “No se cumplen los principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con especial perjuicio a la Comunitat Valenciana”.

Esta es la conclusión general de la auditoría operativa realizada por la Sindicatura de Comptes sobre la compensación de los gastos ocasionados por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en la Comunitat Valenciana para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema vigente de compensación.

Esta compensación se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras CCAA y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras CCAA).

Al respecto, explica en su informe que esta conclusión general está fundamentada en las siguientes conclusiones parciales que apuntan a que “no resultan eficaces ni eficientes los procedimientos de compensación establecidos en la normativa de estos fondos ni en los reglamentos europeos”.

Así, señala que el sistema “depende de la voluntad de pago” de las comunidades autónomas y países deudores, y “no existe un mecanismo coercitivo como la obligatoriedad del pago de intereses de demora” y que el Ministerio de Hacienda “no ha efectuado anualmente las preceptivas deducciones del sistema de financiación autonómica y del régimen foral a las comunidades deudoras, al no establecer las LPGE el procedimiento necesario hasta la LPGE para 2023”. De hecho, señala que en julio de 2025 ha compensado con “notable retraso” las del periodo 2013-2023 “si bien quedan 19,4 millones de euros pendientes de pago a la CV de las liquidaciones de 2013-2024”.

Además, apunta a que “la falta de desarrollo reglamentario del FOGA desde 2012 supone que no se hayan compensado todos los gastos sanitarios --798,9 millones de euros no compensados a la Comunitat Valenciana-- y que ”no se ha compensado a la Comunitat Valenciana por todos los gastos sanitarios de personas desplazadas de otras comunidades autónomas“. Advierte también de que ”no se incluye la atención especializada no programada ni las urgencias“.

La Sindicatura apunta que la Comunitat Valenciana es “la de mayor saldo a cobrar en atención primaria de todas las CCAA”: “No se han compensado a la CV 23,1 millones de julio de 2012 a diciembre de 2013 y además, en los gastos compensados se aplican unas tarifas desactualizadas desde 2014”.

Constata además que el Ministerio de Sanidad “deduce, respectivamente, el 20% y el 40% de las asistencias entre las CCAA en el FCS y el FOGA, excepto gasto farmacéutico, sin justificación técnica acreditada, tal como ya informó el Tribunal de Cuentas (5,7 millones y 67,8 millones, respectivamente, no compensados a la Comunitat)”.

También detecta que en los centros, unidades y servicios de referencia del SNS (CSUR) “no se cubren todos los tratamientos y pruebas, sino que solo son facturables los previstos en la normativa para los centros debidamente acreditados” y que la compensación de gastos sanitarios de pacientes extranjeros “no es eficaz ni eficiente siendo la Comunitat Valenciana es la más perjudicada”.

Del mismo modo, subraya que la Comunitat acoge a más de un tercio de los residentes extranjeros y es la comunidad con mayor facturación a los no residentes. No obstante, la efectividad de la compensación entre países europeos “depende de la eficacia de las gestiones de cobro del INSS y la voluntad de pago de los países deudores: el devengo de intereses de demora es opcional y en supuestos restrictivos, y no son obligatorios los acuerdos de agilización de pagos”. Además, ve “muy largos” los plazos de pago previstos en la normativa europea.

Remarca también que existen saldos pendientes de cobro “significativos” a favor de España del periodo 2013-2024 de países europeos, 700 millones (resaltan Reino Unido, Francia, Alemania y significativamente Portugal), y de los países con convenios bilaterales, 28,7 millones (Andorra, Chile, Marruecos, Brasil, Ecuador y Perú), varios de ellos con “incumplimiento de los plazos legales de pago y sin requerirse intereses de demora”. De estos saldos, apunta que corresponderían a la Comunitat 257,1 millones que no se le han compensado.

Además, indica que la cuota global de España “no incluye todos los gastos en dependencia y la repercutida al Reino Unido es inferior al resto de países porque no incluye ningún gasto en dependencia” y que el INSS aplica un criterio de reparto de los cobros por gasto real que “no es coherente porque mezcla el criterio de caja con el de devengo”.

En esta línea, puntualiza además que la Generalitat Valenciana factura por gasto real a extranjeros no residentes según sus tasas sanitarias, que, en determinados procesos, están “desactualizadas y son inferiores a otras CCAA que utilizan la figura jurídica de precios públicos”.

La Sindicatura recoge en su informe que la Conselleria de Sanidad, con la autorización del Consell, así como el president de la Generalitat, “reclaman anualmente la falta de compensación”, si bien recomienda “una acción que pueda resultar más eficaz” y recuerda que la última contestación del Estado es del año 2022. También considera que “se debe mejorar” el control de la Conselleria de Sanidad de los costes sanitarios para el acceso a los servicios sanitarios de personas no acreditadas.

El informe también concluye que la Comunitat Valenciana ha asumido “inadecuadamente” 80,6 millones que no se han llegado a facturar entre 2012 y 2024 y que no se compensan por el FCS y el FOGA y que se ha facturado a pacientes privados 67,1 millones entre 2012 y 2024, si bien está pendiente de cobro un 56,1%.

Ante estas conclusiones, la Sindicatura formula 15 recomendaciones dirigidas al Consell y a la Conselleria de Sanidad, al Gobierno de España, a los ministerios de Sanidad, Hacienda y Seguridad Social, y al INSS con el objetivo “del cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, universalidad, equidad y cohesión del SNS aplicables en el procedimiento de compensación de los costes sanitarios de las personas derivadas o desplazadas”.

Sindicatos médicos de todo el país han acordado la convocatoria de una huelga indefinida estatal, que comenzará el próximo miércoles 28 de octubre, en protesta por el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación —CCOO, UGT, CSIF y Satse— y que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros.

Según ha avanzado este viernes la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un breve comunicado, la decisión la tomaron durante la tarde del jueves los actuales integrantes del Comité de Huelga. La decisión se enmarca en la estrategia de paros que vienen realizando desde principios de año y que les llevó a protagonizar un paro semanal cada mes, de febrero a junio.

Aunque había dudas sobre la nueva convocatoria, tras los acuerdos alcanzados por los sindicatos en algunas comunidades, finalmente se ha convocado una huelga indefinida para el 28 de octubre, aunque “queda pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que forman parte de la movilización frente al Estatuto Marco”, indican desde CESM.

En el Comité de Huelga están presentes CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi y el de Facultativos de Galicia Independientes (O'mega).

Desde la Unión Médica y Facultativa, indican que “la movilización persigue que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación”.

El conflicto, encallado durante meses, tiene su origen varias reivindicaciones de los profesionales médicos. Por un lado, exigen un Estatuto propio y un ámbito de negociación donde abordar sus condiciones laborales al margen del resto de trabajadores del sistema. Por otro, mejoras en esas condiciones, como la jornada semanal de 35 horas o que las horas de guardia se remunere por encima de la ordinaria, que se reduzcan y que sumen para adelantar la jubilación —en España, para este supuesto, se cotiza por día trabajado, no por cantidad de horas—.

El texto, pactado entre Sanidad y los sindicatos del ámbito, incluye algunas mejoras, como la reducción de las guardias obligatorias de 24 a 17 horas o la jornada laboral máxima de 45 horas semanales, insuficiente para las organizaciones sindicales médicas.

El argumento que esgrimen desde Sanidad para no atender a esas demandas es que muchas de ellas escapan de sus competencias y que, incluso, supondrían incumplir la ley. Por ejemplo, los cambios en la jubilación corresponderían al Ministerio de Seguridad Social —aunque desde el departamento que dirige Mónica García se habrían abierto a negociar para que se tuviera en cuenta la penosidad de las guardias en los coeficientes reductores— y el grueso de las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas, que también han pedido que se reinicie la negociación.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, la ministra Mónica García ha defedido que llevar el Estatuto Marco al Congreso “no puede ser una ofensa para nadie, excepto para quienes quieren eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio”. En ese sentido, ha insistido en que “las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponde a las comunidades autónomas”.

Pese al malestar generado entre los médicos, desde el Ministerio nunca han dado muestras de plantearse retirar el texto, que enfila ya su trámite parlamentario. “Las leyes se aprueban, se rechazan o se enmiendan en el poder legislativo, no en un despacho”, ha escrito García. De hecho, desde CESM avisaban este miércoles de que la estrategia debía pasar también por un “conflicto permanente” y avanzaban su intención de realizar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que deben aprobar o tumbar esa medida.

En 2025, cada día, de media, 10 personas intentaron quitarse la vida y lo consiguieron. En total, el año pasado se registraron 3.808 fallecimientos por esta causa, según los datos que ha presentado este jueves el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es el tercer año que la cifra global desciende en España.

En 2024, se quitaron la vida en España 3.953 personas y en 2023 y 2022 más de 4.000. Se trata de una reducción acumulada cercana al 10%, que la Comisionada de Salud Mental, Belén González, atribuye a causas “multifactoriales”, como lo son las que llevan a una persona a tomar esta decisión con el fin último de dejar de sufrir, pero que vincula con “variables socioeconómicas” y los planes de prevención y las políticas en salud mental “forman parte del aumento de la conciencia” social.

El Ministerio de Sanidad asegura “haber hecho un esfuerzo por posicionar la salud mental donde se merece”. Esto es, con una “respuesta pública, con más recursos y para más personas”.

Por ello, la ministra Mónica García ha anunciado un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental. Este tendrá el objetivo de homogeneizar la información, para que pueda ser comparable, así como establecer procedimientos comunes y establecer un registro estatal del suicidio. Pese a que “suene muy técnico”, ha admitido, “consiste en saber qué está ocurriendo”.

En referencia al registro, García explica que permitirá “establecer una alerta y anticiparnos, conocer mejor la incidencia del suicidio y reforzar la asistencia y el apoyo”. La ministra insiste en que “la prevención del suicidio no cabe en una sola sala de consulta” y considera necesaria una infraestructura de cooperación entre comunidades, instituciones y sociedad civil: “Sacar la salud mental de los márgenes y establecerla en las políticas”

Proyectos y planes de acción

La Comisionada de Salud Mental ha expuesto tres ejemplos de los 122 proyectos puestos en marcha, a los que significa como “maneras concretas de prevenir, acompañar y ayudar”. Todos ellos se enmarcan en el Plan de Acción del Suicidio 2025-2027, al que el Gobierno ha destinado cerca de 18 millones de euros.

En Castilla-La Mancha se desarrolla uno basado en los puntos críticos, según explica González, que consiste en “poner barreras físicas e información” en los espacios e infraestructuras donde se localizan mayores suicidios o intentos.

Otro de ellos consiste en garantizar atención domiciliaria para jóvenes y adolescentes con tendencias suicidas, para “evitar que estén en hospitales”. “No sé si han estado en una planta de psiquiatría, pero a veces no es un espacio ideal para los que sienten desesperanza”, indica González.

Ante el último ejemplo expuesto, defiende que “las intervenciones más eficaces sobre el suicidio son aquellas que tienen propósito”. El proyecto recibe el nombre de 'aloumiño' —caricia o mimo en gallego— y consiste en formar grupos de paseo para tratar la soledad no deseada. “Tras el primer año de funcionamiento muchos de los grupos se está autogestionando, este es el objetivo que perdemos: construir comunidad, que se expande más allá de los límites sanitarios”.

La ministra también recuerda otras medidas establecidas durante la presente legislatura como el Observatorio del Suicidio y la línea de atención directa (024). “Es un recurso público, gratuito y confidencial”, matiza respecto a las llamadas telefónicas, que han prestado servicio a 6.670 personas desde 2022.

Hablar salva

Minutos antes de la comparecencia del ministerio, la organización Hablar Salva se ha reunido frente al Congreso de los Diputados. Allí han colocado 3.953 flores, una por cada fallecimiento este año, y una lona, “¿Hablamos de ello?”, indicaba.

La asociación, que reúne a familiares y compañeros de personas fallecidas por esta causa, incide en que el “el silencio mata” y hablar de ello “salva vidas”.

Con motivo del Día de la Prevención del Suicidio, Vicky Nieto, una madre perteneciente a la organización ha lanzado una campaña llamada 'La última foto', que reúne historias, reales, fotografías y vídeos de personas que se han suicidado.

Nieto perdió a su hijo de 24 años por suicidio, por ello reclamó al Ministerio de Sanidad una campaña estatal dirigida al conjunto de la sociedad. “Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros, sin el presupuesto institucional, pero con el apoyo de muchas personas que han entendido que este país tiene una conversación pendiente y que hay que hablar del suicidio”, concluye.

El Ministerio de Sanidad sacó a subasta pública 158 lotes de joyas procedentes de operaciones contra el narcotráfico, con precios de salida que en algunos casos arrancan en 10 euros. La convocatoria reúne más de 200 piezas, en su inmensa mayoría de oro de 18 quilates, entre ellas anillos, cadenas, pulseras, broches y pendientes, además de algunas joyas con diamantes y esmeraldas. La operación se realiza a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y los ingresos obtenidos se destinarán a financiar actuaciones frente a las adicciones.

La convocatoria corresponde a la Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el 28 de agosto y admite ofertas hasta el próximo 17 de septiembre. Sus detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto y todo el procedimiento se desarrolla por vía electrónica a través de la plataforma especializada Escrapalia. Los precios de salida parten de los 10 euros y Sanidad señala como potenciales interesados tanto a particulares como a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres e inversores privados.

Más de 200 piezas de oro y piedras preciosas

El catálogo está formado por más de 200 piezas repartidas en 158 lotes y predominan las confeccionadas en oro de 18 quilates. Entre los artículos descritos por Sanidad figuran pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes, algunos de ellos con piedras preciosas como esmeraldas y diamantes. La variedad de precios permite que determinados lotes comiencen en apenas 10 euros, aunque esa cantidad representa el mínimo de salida de la subasta y no el precio general de las joyas.

Las piezas pueden tener además distintos usos una vez adquiridas. Sanidad destaca la posibilidad de reintroducirlas directamente en el mercado minorista de segunda mano o de aprovechar el metal precioso por su valor al peso. Para participar, los interesados deben registrarse previamente en Escrapalia, aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria y depositar una fianza de garantía de 1.000 euros.

Qué ocurre con el dinero recaudado

Las joyas proceden del Fondo de Bienes Decomisados, encargado de gestionar este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El dinero conseguido con su venta se incorporará al propio Fondo para financiar actuaciones frente a las adicciones. Según explica Sanidad, el propósito es que la recaudación contribuya a revertir en la sociedad los daños provocados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías, la asistencia a personas con problemas de drogodependencia y las iniciativas para favorecer su inserción social y laboral. En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha dedicado a medidas de reducción de la demanda. El 40% restante ha servido para reducir la oferta de drogas mediante la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras.

La cantidad que mueve este mecanismo supera ampliamente el alcance de esta subasta concreta. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La cifra permite dimensionar el volumen de recursos que se destina tanto a programas de prevención y asistencia como a medidas dirigidas a combatir la oferta de drogas.

La subasta actual ofrece así dos posibilidades señaladas por el propio Ministerio: la venta de las piezas en el mercado de segunda mano o el reaprovechamiento del oro por su valor al peso. Quienes quieran optar a alguno de los 158 lotes deberán hacerlo a través de Escrapalia, donde se encuentran las condiciones de participación y el catálogo de los bienes puestos a la venta. Para poder pujar será necesario haberse registrado en la plataforma y haber depositado la fianza de 1.000 euros exigida por la convocatoria.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido al paso de las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista pedía decretar el confinamiento de los migrantes llegados a Ceuta de forma irregular a finales de julio por un supuesto “riesgo sanitario” por sarna y tuberculosis, negando la existencia de este “riesgo” y apuntando a la necesidad de alojar a los migrantes en condiciones de higiene y salubridad para evitar brotes de enfermedades.

García ha respondido a Feijóo en un extenso mensaje en sus redes sociales en el que, tras recordar que las competencias en materia de salud pública corresponden al Gobierno de la ciudad autónoma, ha repasado la situación en la ciudad de las cuatro enfermedades a las que el popular hacía referencia: tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis.

En el caso de las dos primeras dolencias, la tuberculosis y la varicela, la ministra de Sanidad ha destacado que han sido detectados tres casos de cada una. De la primera, dos de ellos en migrantes, ninguno de ellos contagioso: uno por encontrarse bajo tratamiento previo y otro por tratarse de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa. De varicela existen tres casos sospechosos, aunque ninguno de ellos relacionado con la llegada irregular de migrantes de finales de julio: uno fue detectado en la operación Paso del Estrecho, y que fue descartado, y otros dos ingresados pendientes de confirmación diagnóstica, pero sin relación con la población migrante.

Sobre los casos de sarna, de los que la ministra ha asegurado que el Gobierno de la ciudad de Ceuta se está encargando, no ha ofrecido datos concretos, aunque sí ha apuntado que no precisan de ingreso hospitalario ni confinamiento, y ha instado a Feijóo a que ayude “a los equipos de salud pública de la ciudad a reforzarse y así facilitar su trabajo en el ejercicio de sus competencias”.

En cuanto a la gastroenteritis, Mónica García ha recordado que, pese a que Feijóo ha descrito la existencia de 450 hipotéticos casos, los estudiados por el servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta son un total de 55 casos de probable E. coli enteroinvaisva. Además ha detallado que se trata de un brote ya controlado y sin desarrollo posterior de más casos y que estaría ligado al consumo de aguas no aptas para el consumo humano en territorio ceutí.

La ministra recuerda que se trata en todos los casos de enfermedades “presentes en nuestro entorno” y cuyos sistemas de vigilancia están “siempre activos” aunque “más en una situación como esta”. Además, ha apuntado que “cuando se llega a ciertos diagnósticos ya se aísla a esas personas y se hace el estudio de contactos”, de acuerdo con los protocolos sanitarios existentes, comunes a todas las comunidades autónomas.

Este domingo el líder del PP, Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estudie decretar el confinamiento en Ceuta por “riesgo sanitario” ante las enfermedades infectocontagiosas como la sarna o la tuberculosis que se han detectado tras la entrada de más de 70.000 personas migrantes a finales de julio. En un tuit posterior a la publicación de esta entrevista concedida a Europa Press, ha matizado sus palabras explicando que se refiere a “portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”.

Feijóo ha destacado además que se han detectado casos de sarna entre militares españoles desplegados en Ceuta y los ha vinculado con la presencia de inmigrantes en la ciudad. “Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles, entre las playas, las colinas y los barrancos de Ceuta, sin cobijo, sin atención y en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí y que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública”, ha abundado.

Cabe recordar que los militares españoles desplazados a la ciudad han denunciado casos de sarna, pero ellos mismos han señalado que se debe a “deficiencias graves” en la higienización de las bases donde han sido alojados. Desde el propio Ministerio de Defensa han desvinculado los contagios del contacto con personas migrantes porque ya había casos anteriores al 30 de julio.

La ministra recomienda “condiciones de higiene” para los migrantes

Mónica García ha insistido en que la necesidad más fundamental y “lo más urgente” es albergar a las personas migrantes en un alojamiento y ofrecerles “condiciones de higiene y saneamiento básicas” que les aseguren el acceso a agua potable y a medidas de higiene y comida en condiciones. Además, asegura que con estas medidas “la grandísima mayoría de los elementos de riesgo de desarrollo de brotes serían controlados”.

La líder de Más Madrid afirma en su mensaje en redes que la población migrante llegada a finales de julio y la población ceutí “no conviven en los mismos espacios” y que “las interacciones breves que puedan existir en vía pública no son susceptibles de constituir un riesgo de salud pública”. En el caso de los profesionales médicos, la ministra se ciñe a los protocolos sanitarios para quienes están en contacto con pacientes con posibles enfermedades infecto-contagiosas y que “ni son nuevos ni son exclusivos de esta crisis”.

García ha señalado también que la evaluación de riesgo elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la institución de salud pública responsable de este tipo de enfermedades infecto-contagiosas, apunta a un riesgo de transmisión “moderado” entre la población migrante debido a las “condiciones de hacinamiento, situaciones de calle y a las limitaciones en el acceso a medidas higiénicas y dietéticas adecuadas”.

“El riesgo de enfermedades no transmisibles en el momento más cercano a la llegada se considera moderado, fundamentalmente por las necesidades sanitarias derivadas de lesiones sufridas durante el trayecto; posteriormente el riesgo es bajo”, añade esta evaluación de riesgo, que en cualquier caso sitúa el riesgo de incremento de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la población residente en Ceuta en un nivel “bajo”, como ya había destacado la ministra durante su visita a Ceuta el pasado domingo, cuando negó el “colapso sanitario” que alegaba el Partido Popular aquella semana.

“Se está trabajando cercanamente con la gente de salud pública de la Ciudad de Ceuta tanto en materia de vigilancia como en materia de despliegue de los programas de vacunación, en consonancia con el protocolo de vacunación de población migrante y refugiada aprobado en junio de 2026 por parte de la Comisión de Salud Pública”, ha expuesto la responsable del Ministerio de Sanidad, quien acto seguido ha emplazado a la reunión de esta comisión el lunes para facilitar la donación de vacunas a la Ciudad de Ceuta por parte de las comunidades autónomas al tiempo que el gobierno ceutí adquiere más dosis.

“Con estos datos, declarar el confinamiento de un grupo concreto de población como es toda la llegada entre los días 30 y 31 a Ceuta parece injustificado y totalmente desmesurado, si la justificación esgrimida son motivos de salud pública”, afirma tajantemente la ministra. Mónica García recuerda que el concepto del confinamiento tiene “implicaciones jurídicas importantes” diferenciadas del aislamiento sanitario derivado de un diagnóstico médico.

Además, cuestiona que existan “indicios racionales” para aplicar estas medidas excepcionales de Salud Pública: “No parece que con lo que tenemos a día de hoy esto suceda”. Y va más allá, rechaza no solo que no estén justificadas las medidas que pide Feijóo, sino que además apunta a que podrían ser “contraproducentes”.

“Los confinamientos como medida de salud pública tienen que guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que pretende controlar”, dice García, quien considera que, en este caso, podría resultar “mucho más dañino que beneficioso” en términos de salud pública.

“Si el señor Feijóo quiere ayudar, que le pida al Gobierno de la Ciudad de Ceuta la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para poder alojar de manera salubre a estas personas mientras se desarrolla el proceso por parte de los ministerios competentes y que deje de azuzar con miedos y medidas que no sacaría a la luz si la población no fuera migrante procedente de África”, concluía la ministra, apuntando a un posible motivo xenófobo detrás de las medidas propuestas por el líder del PP.

La situación en Ceuta, con miles de migrantes malviviendo en la calle y a la intemperie, ha avivado los discursos que vinculan inmigración con enfermedades. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este miércoles “una crisis de salud pública” y atribuyó a estas personas “casos de tuberculosis y de sarna” y de otras patologías “infectocontagiosas”, mientras médicos y enfermeras advierten de un “colapso” sanitario, que el Ministerio de Sanidad reduce a “importante tensión”.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, María João Forjaz, reclama que en el enfoque de esta “crisis humanitaria” debe abordarse desde “una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública”.

Como epidemióloga, ¿cómo valora la situación sanitaria en Ceuta?

Más que una crisis sanitaria, hablaría de una crisis humanitaria, con problemas de infravivienda y acceso a servicios básicos, de higiene, pernocta digna y hacinamiento. Son problemas que continúan por resolver.

¿Cómo afectan esas condiciones a la salud de las personas migrantes que llevan semanas durmiendo en playas y a la intemperie?

Desde la Sociedad Española de Epidemiología queremos enfatizar la necesidad de aplicar una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública. Se debe velar por el bienestar de todas las personas, sean inmigrantes o no. Para cualquiera, haya nacido en España, en Marruecos o en otro país, vivir sin techo, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a higiene va a debilitar su salud física y mental y promoverá la aparición de enfermedades.

En estos momentos, ¿qué personas están más expuestas a problemas de salud?

Las migrantes. Son personas jóvenes y, normalmente, sanas, porque han afrontado trayectorias migratorias muy duras. Cuando llegan, sus problemas de salud tienen que ver con deshidratación y malnutrición, a veces con heridas y con problemas de salud mental, por el gran estrés postraumático que sufren. Ninguna de estas condiciones es contagiosa. Sin embargo, al llegar a Ceuta, por esas malas condiciones en las que están, pueden contraer enfermedades contagiosas de piel, gastrointestinales —muy asociadas al agua y la alimentación— y también respiratorias, menos frecuentes en verano.

Ayer el presidente del PP citó casos de tuberculosis y sarna, ¿cómo se propagan estas enfermedades?

La sarna se contagia a través del contacto directo y prolongado, piel con piel, o si se comparten sábanas, toallas y ropa contaminada. En el caso de la tuberculosis, a través de microgotas de la persona infectada a las demás. Ese riesgo aumenta en lugares cerrados y sin ventilación, por lo que si hay más personas juntas, puede haber más contagios.

¿Hay una alarma real?

En el caso de la tuberculosis, en términos absolutos hay más casos en la población general. En Ceuta ha habido tres sospechosos. Uno de ellos se descartó; otro venía diagnosticado y tratado desde Marruecos; y el tercero era una persona autóctona. En cuanto a la sarna, en España es común que haya brotes en residencias, en cuarteles, en situaciones de vivienda comunitaria… Se documentó un brote en militares, pero no está asociado a los migrantes —Defensa lo descartó—.

¿Cómo puede dificultar la estigmatización de la población migrante las medidas de salud pública?

Asociar estas enfermedades a los migrantes provoca un estigma que supone una gran barrera para la atención médica de estas personas, que no van a acudir a los servicios sanitarios. Limita el acceso y retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, si no se tratan es un peligro para la población migrante y no migrante.

Los mensajes que relacionan a las personas migrantes con la propagación de enfermedades, ¿son bulos?

Uno de ellos es que los migrantes traen enfermedades, cuando tienen menos patologías crónicas que la población autóctona y, la mayoría de las que tienen, las contraen aquí por las condiciones en las que viven. Cuando hablamos de enfermedades desatendidas que pueden traer de su país, están asociadas a la pobreza y a las zonas tropicales donde vivían por lo que, una vez en España, al no haber vector, no hay peligro. El otro es que nos roban los recursos, pese a que utilizan menos servicios sanitarios que las personas autóctonas y muchos están en situación de irregularidad laboral, sin derecho a bajas.

¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista epidemiológico, entre detectar una enfermedad en una persona migrante y que exista un brote o un riesgo de transmisión comunitaria?

El riesgo de transmisión es moderado o alto entre los migrantes, pero muy bajo para la población general. Es más alto para los sanitarios y quienes realizan labores humanitarias. Son quienes tienen más riesgo y es importante que tomen precauciones, como en cualquier hospital o centro de salud. Las enfermedades gastrointestinales o de piel son comunes en España y sabemos cómo tratarlas y protegernos contra ellas. En este sentido, los servicios de vigilancia de salud pública son fundamentales para detectar si se producen varios casos próximos en el tiempo y en el espacio. Pero para que haya una transmisión a la población general tiene que producirse un contacto estrecho y prolongado, que no es el caso.

Algunas voces hablan de un “colapso sanitario” en Ceuta. ¿Coincide con esta afirmación? ¿En qué parámetros deberíamos fijarnos para saber si el sistema sanitario está saturado?

De repente hay un montón más de población y muchos sanitarios están de vacaciones. Siempre son momentos complicados, que requieren un sobreesfuerzo para todo el mundo. En cuanto a los indicadores, hay varios: número de camas disponibles en los hospitales, si se están cumpliendo las citas programadas y las listas de espera. El Ministerio de Sanidad emitió un informe hace unos días donde indicaba que no se han retrasado las citas y que la mayoría de camas del hospital de Ceuta están ocupadas por locales, mientras los migrantes están siendo desplazados a un circuito diferenciado. Es verdad que ha aumentado la demanda de servicios médicos, que sobrecarga el sistema y al personal sanitario, por lo que requiere la ayuda de todas las administraciones.

¿Qué medidas deberían haberse aplicado desde el primer momento y cuáles siguen siendo necesarias?

Es muy importante tener un sistema resiliente, bien dotado, con buenos servicios de salud pública que puedan afrontar esta o cualquier crisis. Ahí queda mucho trabajo por hacer. En cuanto a las prioridades, en esta crisis humanitaria específica, habría que garantizar el acceso a saneamiento, alojamiento, agua y alimentos seguros. Hay que proteger a todos los niños y, especialmente a las niñas, que son muy vulnerables ante la violencia sexual e, incluso, pueden ser víctimas de trata. Hay que fomentar y facilitar el acceso a la atención médica y psicológica, porque todos vienen con una carga muy grande debido al estrés que han pasado estas últimas semanas y durante su trayectoria migratoria. También hay que dar prioridad a las mujeres, especialmente a las embarazadas. Son medidas que se van aplicando, pero que todavía son insuficientes.

¿Ha echado en falta rigor al abordar este tema?

Todo lo que es diferente causa ansiedad y miedo. Es normal que la población se sienta inquieta, pero es importante tener en cuenta los datos y basar nuestras respuestas y reacciones en la evidencia científica. Los españoles también migran fuera de España y se mueven entre comunidades. Es un proceso natural, con el que llevamos conviviendo mucho tiempo.

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves que ha tenido conocimiento de que un turista, que se encuentra en estos momentos en Galicia, ha dado positivo en hantavirus en una prueba que se realizó hace unos días en Francia por un “cuadro respiratorio leve”, antes de viajar a España.

“El caso acudió a los servicios medicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus. Después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”, explican desde el departamento que dirige Mónica García.

El paciente, ciudadano franco-argentino, se encuentra en estos momentos aislado en su alojamiento en Galicia. Sanidad ha contactado ya con la dirección de Salud Pública de Galicia y con el Gobierno francés, que “ha confirmado que se trata de un caso de hantavirus”, indican.

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad francés también ha indicado que este paciente ya no presenta síntomas de la enfermedad. El Centro Nacional de Referencia (CNR) de Francia ha confirmado que se trata de la variedad Andes, presente en Sudamérica, que se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

El departamento de Sanidad galo subraya que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para atender al paciente y trazar las etapas de su viaje por si hubiera podido haber otras infecciones en ese periodo y ha señalado que “no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población”.

Esta tarde se reunía un grupo de expertos científicos en relación con la Dirección General de Sanidad y con Salud Pública de Francia para definir lo que se debe hacer en torno a lo que se describe como un “caso importado” de hantavirus.

En España, “tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse”, señalan desde el Ministerio, que aclaran que existen aquí “todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas”.

El departamento francés de Sanidad también ha indicado que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y ha avanzado una plena movilización, así como que informarán “regularmente” sobre la evolución de la situación.

Las autoridades sanitarias de ese país han recordado que los hantavirus son virus transmitidos por roedores, principalmente a través de la inhalación de aire viciado contaminado con sus orinas o excrementos. La enfermedad que se desarrolla es poco frecuente pero grave y puede ser mortal.

En el caso de la variedad Andes, tras un periodo de incubación de una a seis semanas, la infección comienza generalmente con un síndrome parecido al de la gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio. En sus evoluciones más graves, puede dar lugar a una insuficiencia renal o a dificultades respiratorias graves.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.