Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España y rozaron las 1.000 (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

El sistema MoMo analiza la mortalidad diaria por todas las causas, y entre ellas también las asociadas a las altas temperaturas, pero no contabiliza solo las defunciones debidas específicamente a un 'golpe de calor' sino todas las muertes que se pueden asociar a un agravamiento de otras enfermedades (normalmente cardiovasculares, respiratorias o renales) debido al calor.

El sistema MoMo estima el exceso de defunciones comparando las muertes observadas con las esperadas en un territorio y un período concretos, y permite detectar excesos de mortalidad por todas las causas y por lo tanto también estimar los fallecimientos que son atribuibles a episodios de temperaturas extremas, como el calor o el frío, aunque no determina causas individuales de muerte, sino patrones asociados a situaciones como olas de calor, frío intenso u otros periodos de sobremortalidad.

Las cifras que publica diariamente este sistema no son tampoco definitivas, ya que recalcula continuamente las estimaciones incorporando las defunciones que se han podido notificar con retraso, por lo que las cifras se actualizan de forma permanente y no se consideran definitivas y consolidadas hasta transcurridas varias semanas.

Así, las cifras que hoy refleja el sistema apuntan 937 defunciones atribuibles a las altas temperaturas en el mes de junio en España, y 153 durante los primeros días de julio.

Por comunidades, las cifras más elevadas del mes de junio corresponden a Euskadi (153 defunciones atribuibles al calor) y a Catalunya (127), y sólo cuatro comunidades o ciudades autónomas (Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) presentan un registro de 0 fallecimientos debido a esta causa. En el resto de comunidades, los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en junio fueron: 73 en Andalucía; 45 en Aragón; 51 en Asturias; 50 en Cantabria; 90 en Castilla y León; 30 en Castilla-La Mancha; 62 en la Comunitat Valenciana; 7 en Extremadura; 88 en Galicia; 93 en Madrid; 3 en Murcia; 54 en Navarra; y 13 en La Rioja.

Durante los primeros días de julio, los datos que publica este domingo el sistema Momo del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) señalan que se han registrado ya 24 muertes en Andalucía; 3 en Aragón; 3 en Asturias; 6 en Cantabria; 5 en Castilla y León; 3 en Castilla-La Mancha; 57 en Catalunya; 6 en Comunitat Valenciana; 9 en Extremadura; 6 en Galicia; 4 en Madrid; 9 en Navarra; 18 en Euskadi; y 1 en La Rioja.

Otra ola de calor

Este domingo ha comenzado además de forma oficial la segunda ola de calor del verano, un episodio de temperaturas extremas que se va a prolongar al menos hasta el próximo martes, con valores que pueden superar los 42 grados en muchos lugares de la península.

Ante esta situación, catorce comunidades han activado avisos ante las temperaturas extremas que se van a registrar; los más importantes, de nivel naranja (peligro importante) se focalizan en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia y Madrid. Y están también en alerta, de nivel amarillo (peligro bajo) las comunidades de Asturias, Balears, Castilla y León, Navarra, Euskadi, La Rioja y Canarias.

La información de la Aemet referida al sábado revela que se superaron de forma holgada los 42 grados en numerosos puntos de las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla o Pontevedra, y la máxima del día quedó registrada en la ciudad de Badajoz, donde los termómetros llegaron a registrar una temperatura de 43,5 grados.

Además de los avisos meteorológicos por calor, el mapa de niveles de riesgo para la salud vuelve este domingo a aparecer teñido de rojo (riesgo alto) en gran parte de la península, sobre todo en grandes áreas del noroeste peninsular, el norte y el noreste, zonas del interior del levante y en el extremo suroeste. El naranja (riesgo medio) y el amarillo' cubren prácticamente el testo de la península y de los archipiélagos balear y canario, y el verde (ausencia de riesgo se limita a zonas muy pequeñas de la península y de los dos archipiélagos.

Desde la página del Ministerio de Sanidad en la que se publica el mapa de riesgo para la salud se alerta de los riesgos del calor extremo y se hace un llamamiento a beber agua con regularidad, a mantenerse fresco y a evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día. Incide también en que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y en la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los menores de 4 años, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas que trabajan al aire libre.

Una niña procedente de Gaza ha llegado este martes al Hospital Universitario de Toledo para ser atendida en este centro. A ella se sumarán otros tres menores gazatíes que ingresarán mañana en el Hospital Universitario de Ciudad Real.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha concretado que la menor que está siendo tratada en Toledo sufre una patología nefrológica y los de Ciudad Real presentan patología oftalmológica, máxilofacial y traumatología.

Los cuatro forman parte de un grupo de 20 niños palestinos enfermos que, junto a 81 familiares, han aterrizado en España procedentes de la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles. Todos ellos han aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón a bordo de un avión medicalizado del Ejército del Aire.

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que se trata de “una operación conjunta”, la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad “para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías” en España.

Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Además de en los hospitales de Ciudad Real y Toledo, los menores serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia.

Otros casos

La expedición, integrada por más de cien personas, forma parte de la sexta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio. Desde que comenzase la invasión israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, varios niños y niñas palestinos también han pasado por diferentes centros hospitalarios de Castilla-La Mancha.

Dos niñas fueron atendidas en el verano de 2024 en el Hospital Universitario de Toledo, mientras que otros menores llegaron a los centros hospitalarios de la capital castellanomanchega y de Albacete el pasado mes de octubre.

Las mujeres se hacen menos mamografías que hace nueve años. Si en 2017 el 81,5% de las mujeres de entre 50 y 69 años decía haber pasado por un cribado de cáncer de mama en los 24 meses previos, hoy lo hace el 68%. Y esta reducción se ha acentuado más en aquellas que pertenecen a grupos socialmente más desfavorecidos, según el informe sobre detección precoz de cáncer que ha publicado este jueves el Ministerio de Sanidad, elaborado a partir de datos de la Encuesta de Salud de España 2023, que analiza la evolución de diferentes pruebas de detección entre la población.

El informe ofrece datos sobre los cribados de cáncer de mama, que siguen en niveles muy inferiores a 2017. Esta reducción ha sido más pronunciada entre mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos, lo que agranda la brecha en salud: mientras las mujeres de grupos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75-77%, aquellas en situación más desfavorecida se sitúan en torno al 60-62%.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2024 se diagnosticaron 36.395 nuevos casos de cáncer de mama, lo que lo sitúa como el tumor más frecuente entre las mujeres en nuestro país. Aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama, y su tasa de incidencia es de 132 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la franja de los 45 a 65 años es donde se dan la mayoría de los casos.

De hecho, uno de cada 10 cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Ante este dato, en mayo de este año, la Comisión de Salud Pública amplió los cribados de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, y dio a las comunidades un plazo máximo de seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. “En general, cuanto antes se realice el diagnóstico, más probable será la curación de la enfermedad”, indican.

Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, las posibilidades de curación de los cánceres de mama que se detectan en su etapa más precoz son prácticamente del 100%.

Respecto a otros tipos de cáncer, también ha caído la detección precoz del cáncer de cuello uterino, especialmente entre mujeres jóvenes de 25 a 34 años. Además, se aprecia de nuevo una desigualdad social: las mujeres de grupos más favorecidos presentan coberturas superiores al 80%, mientras que en los grupos más vulnerables se sitúan por debajo del 70%. En 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años afirmó haberse hecho una citología vaginal en los últimos cinco años, una cifra que había rozado el 80% hasta 2017.

El informe del Ministerio de Sanidad también incluye datos sobre la utilización de la prueba del virus del papiloma humano, VPH, como herramienta de detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 25,6% de las mujeres de 35 a 65 años confirmó haberse hecho esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más del 70% afirma no habérsela hecho nunca.

Respecto a la detección precoz del cáncer colorrectal, el 45,2% de la población de 50 a 69 años no se ha hecho nunca una prueba de sangre oculta en heces. Esta proporción alcanza casi un 60% entre extranjeros, y supera el 50% en determinados grupos socialmente más desfavorecidos. Este es el único caso en el que su uso ha aumentado: en 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declaró haberse realizado una prueba en los últimos dos años, frente al 3,4% registrado en 2009.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) contra los servicios mínimos fijados en la primera semana de huelga, el pasado diciembre, y replicados en las posteriores convocatorias, hasta la actual. El Comité de Huelga ya ha solicitado al Servicio Aragonés de Salud una reunión urgente para “acordar unos nuevos mínimos adecuados a derecho”. Además, también han recordado que todavía no se les ha convocado para negociar las demandas de ámbito autonómico y que volverán las movilizaciones solo en Aragón si no se cumple el acuerdo por el que se suspendieron.

La sentencia del TSJA llega cuando los médicos y facultativos de Aragón celebran la quinta huelga de este año contra el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. En todos los paros, una semana al mes desde febrero, el Salud ha mantenido los mismos servicios mínimos que en diciembre. Los sindicatos recurrieron contra la orden original, que fijaba unos números superiores a los de momentos como los festivos, y ahora los magistrados han fallado que son abusivos y vulneran el derecho a la huelga, porque no están motivados de forma suficiente.

La sentencia condena a la Administración a pagar una indemnización de 1.500 euros, pero los Sindicatos Médicos de Aragón subrayan que la principal consecuencia es que los mínimos deben ser modificados de forma inmediata, para la huelga de esta semana, y para las convocatorias que se anuncian para después del verano si no se alcanzan acuerdos, tanto con el Ministerio de Sanidad, como con el Gobierno de Aragón.

La huelga autonómica puede volver

Los médicos y facultativos han recordado que la huelga de esta semana se dirige contra el Estatuto Marco, presentado por el Ministerio de Sanidad, pero que siguen pendientes también cuestiones competencia del Gobierno de Aragón para equiparar las condiciones laborales y retributivas de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025. 

Estas reclamaciones ya dieron lugar a una semana de huelga solo en la Comunidad el pasado mes de abril, que pueden regresar si el Gobierno de Aragón no cumple su compromiso. “Es urgente que el consejero de Sanidad llame al Comité de Huelga, pues dejamos en suspenso la huelga autonómica, porque se nos prometió que nos llamarían para iniciar las negociaciones en un mes, y el plazo ya ha pasado”, han señalado los sindicatos.

La huelga nacional de esta semana pide un Estatuto Marco propio, sustituyendo una propuesta “que prolonga la situación de semiesclavitud médica sin horario máximo definido”. El paro está teniendo un seguimiento del 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Los médicos han comenzado este lunes su quinta semana de paros contra el estatuto marco, en un conflicto enquistado con Sanidad. Tanto, que los sindicatos del gremio han anunciado que convocarán una huelga indefinida tras el verano, ante la “ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales”.

Las organizaciones sindicales que representan exclusivamente a los médicos y facultativos habían marcado en enero un calendario de movilizaciones, que pasaban por una huelga semanal cada mes hasta junio. Ahora, han señalado que frenarán los paros durante el periodo estival, “en el que la situación para los profesionales se complica aún más por lo exiguo de las plantillas, sin apenas suplencias con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario”.

Pero volverán a la vuelta escalando el conflicto con una huelga indefinida y otras medidas, “para mantener las reivindicaciones del colectivo”. Estas son un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité de Huelga insiste en que “no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano”, “si no se produce ningún cambio” durante esta semana o en los meses de julio y agosto.

El Comité de Huelga lamenta también el “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación” del Estatuto Marco, pactado con las organizaciones sindicales del ámbito. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el pasado 2 de junio, lo que soliviantó a los sindicatos médicos. La ministra Mónica García insistió la semana pasada en que no daría marcha atrás: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

La Fundación Nexo gestionará el programa Tardes con Plan, del Ministerio de Sanidad con la apertura de dos centros sociocomunitarios autogestionados por los jóvenes en Toledo y bajo el lema 'El Cerebratorivm'.

Los lunes y miércoles, el programa se instalará en el Espacio Joven del castilo de San Servando, y los martes y jueves, se ubicará en la Escuela Oficial de Idiomas Raimundo en el casco histórico, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha, que ha cedido el uso de ambos espacios.

El Cerebratorivm abrirá a partir de octubre y permanecerá activo todo el curso escolar.

La Fundación Nexo ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Sanidad por ser una de las 11 entidades que acogerán el programa en toda España, de la mano de la ministra, Mónica García.

El Cerebratorivm de Nexo estará también en Tomelloso, Burgos y Madrid.

¿Qué es el Cerebratorivm?

Ofrecerá talleres de hábitos saludables, con metodología de la Fundación Pau Gasol, que atenderá a 135 adolescentes de 12 a 16 años y sus familias. La inscripción es libre y gratuita a través de la web de la Fundación Nexo, aunque los adolescentes también pueden acudir derivados por Servicios Sociales, entidades del Tercer Sector o centros educativos.

Paralelamente a los talleres habrá un espacio autogestionado en el que los jóvenes podrán programar actividades como talleres de arte, deportes, música, juegos de mesa, huerto urbano, que serán facilitados gratuitamente por los monitores de la Fundación Nexo y en colaboración con voluntarios de la Fundación Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El centro, dividido en rincones, facilitará meriendas saludables, espacio para hacer los deberes tutorizados, espacio seguro para escuchas colectivas ‘entre pares’, espacio de lectura, juegos populares, juegos de mesa, laboratorio de iniciativa social o espacio para reuniones de vecinos y asociaciones ya que está dirigido a niños, niñas, adolescentes, y vecinas en general, con un carácter intergeneracional.

El programa será coordinado por la Fundación Nexo con una persona de coordinación, otra de asistencia, un tallerista y un facilitador del espacio de participación.

Además, se ha abierto una convocatoria a través de la Fundación de la UCLM para que haya voluntarios de diferentes grados como ciencias del deporte, educación, psicología, ciencias ambientales… que monitorizarán las diferentes actividades. Asimismo, el espacio estará abierto a propuestas de talleres por parte de artistas, movimientos de participación y vecinos de la ciudad.

El proyecto está confinanciado con más de cuatro millones de euros procedentes del Fondos Social Europeo Plus. Llegará a 28 provincias y a más de 12.800 niñas, niños y adolescentes.

Ofrecerá actividades de ocio educativo para la promoción de hábitos saludables en horario extraescolar y se alinea con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Begoña Ganuza, acompañada por la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria, Victoria Musitu, ha recogido en Madrid los premios a las ‘Buenas Prácticas’ que el Ministerio de Sanidad ha concedido a dos proyectos puestos en marcha por el SERIS en nuestra comunidad autónoma.

La Coordinación Sociosanitaria en residencias de mayores y la Unidad Móvil Bucodental, también para la atención de personas que o bien viven en estos centros o en ámbitos rurales, han merecido reconocimientos en las categorías oro y plata. Las dos iniciativas han sido impulsadas desde Atención Primaria, un hecho puesto en valor por la consejera de Salud, María Martín. “Quiero felicitar a todo el equipo de profesionales de Primaria que están demostrando un gran compromiso e ilusión por mejorar la atención de los riojanos; con una actitud cercana, resolutiva y de gran calidad. Estos galardones ponen en valor el buen trabajo que están realizando en beneficio de los pacientes, además de convertir a La Rioja en referente de innovación y buenas prácticas dentro del sistema sanitario nacional”.  

El proyecto de Coordinación Sociosanitaria en residencias de mayores comenzó con un pilotaje en once centros de Logroño que pronto se extendió por toda La Rioja por sus buenos resultados. Está liderado por Atención Primaria, pero implica a otras especialidades como Geriatría, Hospitalización a Domicilio o Paliativos; se trata de una unidad multidisciplinar que coordina la atención entre la residencia, el hospital y el centro de salud. 

Con él se ha logrado atender mejor a las personas mayores institucionalizadas con perfiles de alta complejidad (crónicos complejos, frágiles, polimedicados, dependientes…) Se ha demostrado que se ha reducido el número de ingresos en el hospital, optimizado la farmacoterapia y fijado circuitos definidos entre las distintas áreas de atención a este tipo de pacientes. 

El Ministerio ha valorado también el impacto estratégico que se consigue a largo plazo, con una mayor continuidad de cuidados y atención altamente personalizada, el acceso equitativo a recursos especializados desde todas las residencias, la reducción de costes evitando duplicidades y pruebas innecesarias y que se trata de una innovación basada no en la creación de estructuras costosas, sino en la reorganización y optimización de las existentes.

Acercar la asistencia bucodental a personas vulnerables

La Unidad Móvil Bucodental que fue presentada la pasada semana por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha merecido también el reconocimiento del Ministerio de Salud como ‘Buena Práctica’. 

El SERIS ha ampliado su cartera de servicios con este modelo de atención pionero en España que acerca la asistencia bucodental a la población mayor con dificultades de acceso, residentes en centros sociosanitarios o en zonas rurales. Está especialmente diseñado para pacientes con deterioro cognitivo, dependencia severa o dificultades de movilidad, siguiendo una metodología similar a los programas de cribado y prevención sanitaria. 

La Unidad Móvil Bucodental tiene una capacidad aproximada de 3.000 consultas anuales, con una previsión media de 12 atenciones diarias. El presupuesto ha rondado los 300.000 euros, incluyendo la adquisición de la unidad móvil, su equipamiento completo como una clínica odontológica en la que se pueden desarrollar todas las técnicas y tratamientos, la adecuación normativa del vehículo y el mantenimiento, asistencia técnica y formación para el correcto funcionamiento. El equipo humano está compuesto por un conductor/técnico de mantenimiento, un higienista dental y un odontólogo. Se cuenta además con la colaboración de Enfermería de Enlace Sociosanitario y entidades locales, a la hora de organizar la captación e invitación activa de los usuarios. 

Desde esta unidad móvil se realizarán revisiones periódicas, limpiezas, tratamientos periodontales, odontología conservadora y exodoncias y el cuidado y ajuste de prótesis dentales para prevenir complicaciones frecuentes que sufren las personas mayores.  

Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García.

La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”.

El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución.

Una nueva ley de organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García.

La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.

En parques, festivales e incluso alguna discoteca se ha podido ver durante los últimos años una imagen curiosa: globos que se inflan y se desinflan en segundos, risas breves y un gas utilizado por pasteleros que se ha colado en la conversación pública sobre drogas. Tras irrumpir con fuerza en países como Reino Unido o Francia, el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, se ha convertido en uno de los fenómenos emergentes que más atención ha despertado entre profesionales sanitarios, educadores y responsables de políticas de drogas. 

Algunos medios se han atrevido a llamarle “la nueva droga de moda” entre los jóvenes españoles. Los datos, sin embargo, apuntan a que el consumo es todavía muy minoritario. 

Así lo refleja el primer estudio en profundidad que se ha hecho sobre el fenómeno en España, financiado por el Ministerio de Sanidad, en el que se ponen cifras y contexto a una sustancia cuyo consumo se puede percibir en grandes ciudades como Barcelona y, al mismo tiempo, es prácticamente inexistente en otras urbes del país. El informe analiza por primera vez de forma integral los patrones de consumo, los perfiles de usuarios, los riesgos asociados, los canales de distribución y las respuestas institucionales que se han desplegado hasta la fecha. 

Los investigadores describen una situación marcada por una tensión constante entre dos realidades contradictorias: una baja prevalencia epidemiológica y una elevada visibilidad mediática, lo que genera un desajuste entre la percepción social y la magnitud real del fenómeno. “No es la primera vez que la prensa magnifica algún tema relacionado con las drogas”, apunta Nico Piñeiro, autor principal del informe elaborado por la consultora Episteme Social. “Es un fenómeno que ya hemos visto con el fentanilo o con la burundanga”, añade.

Según recoge el estudio, el consumo del gas de la risa en la población adulta alcanza una prevalencia del 1,1% cuando se pregunta por el uso alguna vez en la vida y del 0,2% en el último año. 

Por comparar, la prevalencia del consumo de cocaína se sitúa en el 13,3% alguna vez en la vida y en el 2,5% en el último año, según los datos del Ministerio de Sanidad. 

Un fenómeno asociado al ocio juvenil

Los bajos porcentajes de consumo aumentan ligeramente cuando se pregunta a los más jóvenes. Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el óxido nitroso aparece como la sustancia con mayor prevalencia dentro de la categoría de nuevas sustancias psicoactivas, con un 1,7% de jóvenes que afirman haberla consumido alguna vez. 

Los propios autores advierten, no obstante, de que estos datos deben interpretarse con cautela porque históricamente el óxido nitroso no se registraba de forma diferenciada en las estadísticas oficiales.

La investigación sitúa el consumo principalmente en contextos de ocio y socialización entre chavales, principalmente al aire libre. El documento apunta que una parte de los usuarios del “gas de la risa” son jóvenes que no acuden a locales de ocio y baile porque no están dispuestos a pagar los precios de las entradas y de las consumiciones o porque directamente no les dejan entrar.

Los autores destacan que el consumo, en la mayoría de casos, forma parte de experiencias compartidas más que de un uso individual o problemático. El estudio, sin embargo, también identifica situaciones diferentes en contextos de vulnerabilidad social, donde pueden aparecer patrones más frecuentes e intensivos.

La investigación señala además que la visibilidad del fenómeno se concentra especialmente en áreas urbanas y metropolitanas, donde confluyen una elevada densidad de población joven, una intensa actividad de ocio y una fuerte presencia turística. 

Ciudades como Barcelona y determinadas zonas de Baleares o de la costa valenciana aparecen citadas en el informe como ejemplos de lugares donde el consumo se ha hecho visible en los últimos años.

“Vemos como ha habido más impacto en zonas mediterráneas”, prosigue Piñeiro en conversación telefónica. Este antropólogo y Educador social apunta como una posible vía de entrada de la sustancia a España a los jóvenes provenientes de países en los que la droga sí ha tenido un verdadero auge y vinieron de vacaciones tras la pandemia. 

La percepción de riesgo sigue siendo baja

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distancia existente entre los riesgos reales asociados a la sustancia y la percepción que tienen muchos consumidores.

Según los investigadores, la percepción de riesgo suele centrarse en los efectos inmediatos, generalmente breves y considerados poco graves por los usuarios. Esta circunstancia, unida a la facilidad de acceso y a la situación legal del producto, contribuye a normalizar su consumo en determinados entornos juveniles.

Los daños asociados al óxido nitroso, con todo, dependen en gran medida de la frecuencia y la intensidad del consumo. En los usos ocasionales predominan efectos agudos leves como mareos o descoordinación. Son los consumos repetidos e intensivos los que pueden provocar efectos más graves, incluyendo complicaciones neurológicas, algunas con secuelas duraderas.

El Instituto Guttmann de Barcelona alertó recientemente de que, entre 2020 y 2025, seis pacientes ingresaron en su hospital de neurorehabilitación con secuelas neurológicas graves a consecuencia del consumo de este gas. 

El estudio señala que estos efectos son mucho menos conocidos entre los consumidores que los efectos inmediatos de la sustancia, lo que dificulta la adopción de conductas preventivas.

España, en una fase temprana respecto a otros países europeos

El informe recomienda evitar el alarmismo que pueda contribuir a su difusión, porque concluye que España se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana en comparación con países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.

En esos países, la expansión del consumo recreativo se produjo años antes y estuvo acompañada de un aumento de la visibilidad en espacios públicos y de la aparición de casos clínicos asociados a consumos intensivos. Algunas de estas dinámicas comienzan ahora a observarse en España, aunque de forma mucho menos consolidada.

Los autores sugieren que el país se encuentra en una fase de implantación incipiente, caracterizada por la coexistencia de consumos recreativos normalizados y la aparición progresiva de patrones más intensivos. El documento también advierte de que la circulación internacional de tendencias de consumo, especialmente en contextos turísticos, puede favorecer la expansión futura del fenómeno.

Lejos de reclamar respuestas punitivas o campañas de alarma social, el estudio apuesta por estrategias proporcionadas a la magnitud real del fenómeno. Los investigadores recomiendan reforzar los sistemas de información y monitorización, mejorar la coordinación entre ámbitos sanitarios, educativos y comunitarios, y desarrollar acciones de prevención de riesgos basadas en aquellos contextos donde el consumo ya existe.

Miles de médicos residentes se han incorporado a sus plazas durante estos días. En las unidades de los hospitales y los centros de salud a los que entraron entre el jueves y el viernes pasarán buena parte de los próximos años, obteniendo la especialización que les da acceso a ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. María Ochoa es una de esas nuevas doctoras. Fue la número 109 en elegir destino y optó por medicina de familia y comunitaria en una zona rural de Jaén.

Cada año, cuando llega la elección de plazas MIR se repiten algunas dinámicas. Especialidades como dermatología y cirugía plástica se agotan rápidamente, en los primeros turnos de elección, mientras medicina de familia es una opción hasta el final, alimentando el relato de que nadie quiere ser médico de Atención Primaria, contra el que se revuelven las sociedades médicas. “Mucha gente me decía que no desaproveche el número [de elección de plaza], pero no quería guiarme por eso, sino por lo que siempre he querido hacer. No estoy desaprovechando nada, pero esos comentarios te los tienes que tragar”, lamenta la joven, de 24 años.

Los números tienen varias lecturas, en uno y otro sentido, pero hay evidencias que desmienten que nadie quiera ser médico de familia. De las 9.275 plazas ofertadas, el 27,5% eran para esta especialidad. Ninguna de las 2.544 disponibles quedó desierta. “Somos la especialidad que más médicos atrae a lo largo de los años y, cuando se mira a otras médicas, es de las que antes se eligen. Habría que ver si teniendo 2.500 plazas de cualquier otra especialidad se iban a cubrir”, plantea el vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familias y Comunitaria (Semfyc), Jorge Lema.

El siguiente gráfico muestra cómo se cubrieron las especialidades del MIR en 2026, caso a caso. Aunque se aprecia que familiar y comunitaria tuvo más adeptos en los últimos turnos, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, pide poner las cifras “en perspectiva y con números totales”. Por ejemplo, cuando cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 personas.

Las plazas que se demandan más rápido son las habituales de dermatología (140) y cirugía plástica (53), que se agotaron en el primer turno. Oftalmología adjudicó sus 229 plazas al tercero y endocrinología y nutrición, sus 115 al cuarto.

En cualquier caso, Rodríguez Ledo defiende que el examen MIR es distributivo. “Nos preocupa bastante poco el número, porque no sabe más el número 1 que el número 50”, aclara, “pero sí que haya gente que no opte al MIR como sistema para desempeñar su función como médico de familia”. “Es positivo que los compañeros que están siendo contratados sin título ocupen estas plazas, que les dan el marco y el amparo de un modelo que funciona”, reclama.

Entre los años 2021 y 2023, las plazas MIR desiertas en esta especialidad preocupaban a las administraciones y los profesionales sanitarios, pendientes de un relevo generacional que debería haberse ido produciendo, pero que se ha retrasado. En esos tres años, se perdieron 470 plazas acreditadas. La tendencia se ha revertido en los dos últimos procesos de elección, gracias a un cambio en el sistema, que eliminaba la nota de corte en el examen.

Si se echa la vista atrás, se aprecia un incremento notable en el número de plazas ofertadas, que proporcionalmente ha ido descendiendo respecto a las de hace 23 años, de un 31 a un 27%. Y, con vaivenes, se ve también que el número de personas que eligen la especialidad por debajo del número 4.000 ha descendido de los casi 500 en 2003 y 2004, a los 90 la semana pasada.

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, señala Lema. Los profesionales de esa puerta de entrada al sistema sanitario llevan años denunciando una “presión asistencial brutal, falta de personal y poco acceso a realizar pruebas diagnósticas”, entre otras carencias, verbaliza este médico. Un análisis en el que coincide su colega Rodríguez Ledo: “Tal y como están las cosas en primaria, bastante vocación hay”.

Paliar estos problemas pasa también por una planificación a largo plazo. “En formar a un médico se tarda 11 o 12 años, por lo que no podemos tener una visión a cuatro años”, apunta el médico jubilado y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, que elabora anualmente un informe sobre este asunto. Para el especialista, el aumento de plazas MIR para familia ha llegado “tarde”, lo que ha derivado en un “déficit muy importante y con muchas plazas sin cubrir”.

No es que el problema no se viera venir. En 2007, el propio Matas publicó un artículo en el que advertía que “dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que terminaron a comienzos de los 80 unas promociones con cuatro o cinco veces más médicos” de las que había entonces en las facultades. “Debe tenerse en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales”, apuntaba. Sin embargo, no hubo una apuesta decidida por aumentar el número de plazas MIR para esta especialidad hasta el curso 2018/19.

El 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', del Ministerio de Sanidad, publicado en 2022, estimaba que 2027 sería el “punto de inflexión”, con un déficit global de 9.000 médicos, “sobre todo por la falta de médicos de medicina familiar y comunitaria”. “Empezamos a cubrir plazas, pero sigue habiendo un déficit importante, que dentro de cuatro o cinco años se equilibrará. Como no corrijamos errores del pasado, estaremos en el otro polo y empezarán a sobrar en unas especialidades y a hacer falta en otras”, advierte Rodríguez Ledo.

Desde las Sociedades médicas reclaman también una mayor presencia de esta especialidad en los planes de estudio. “No puede ser que se ofrezcan 2.500 plazas y muchas facultades no hayan tenido más de 15 días de contacto con Atención Primaria”, denuncia Lema. Por eso, trabajan con los decanos para incorporar la asignatura de forma transversal. María, que estudió en la Universidad de Navarra, sí la cursó, aunque en su caso el contacto con la profesión lo tuvo en casa: “Mi madre es médica de familia y me gusta la cercanía de la especialidad. Soy de un pueblo y estoy acostumbrada a este tipo de medicina”.

Matas insiste en mejorar las condiciones laborales, bajar las ratios de pacientes y mejorar las plantillas. Porque, apunta, la retención de talento no finaliza cuando los residentes llegan al centro de salud. “Necesitaremos tiempo y que las condiciones del ejercicio de la profesión, las retributivas y las cargas de trabajo mejoren, para que al terminar acepten los contratos que se les ofrecen y no se vayan a urgencias, a la privada, a Francia o a Alemania o a otros sitios donde se les valora más”.

Las doce personas que permanecían en seguimiento como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla han abandonado ya el centro tras dar negativo en la última PCR practicada este sábado. Este grupo de personas, que se encontraban asintomáticas y en buen estado general, se encuentran ya en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo del día para continuar con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en el protocolo de seguimiento, según informan desde el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Según han confirmado este domingo desde el Departamento de Salud de la Generalitat, los cinco catalanes ya han regresado a sus domicilios tras ser trasladadas con las medidas de seguridad necesarias. Con todo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas personas seguirán en situación de aislamiento en su casa con las medidas de seguridad recomendadas durante el período previsto de 14 días más.

Este jueves, el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo pudo también volver a su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras pasar tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, según fuentes del Ministerio de Sanidad.