El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quien nos les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de meses de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

Recurrir a productos homeopáticos para tratar una enfermedad tiene el mismo efecto que tomar placebo. Es la conclusión de un informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha revisado 64 compilaciones de literatura científica y evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional. “La evidencia es insuficiente para hacer una recomendación de tratamiento con productos homeopáticos en ninguna patología”, indica el análisis.

Las conclusiones van más allá. Porque Sanidad avanza que, pese a la creencia de que estos productos son inocuos, suponen en la práctica varios “riesgos” para la salud de sus consumidores. “Se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países”, recuerda el Ministerio en un comunicado-

Para la Agencia y el departamento que dirige Mónica García, el principal peligro es, sin embargo, “el abandono o retraso de medicamentos médicos con eficacia demostrada”. “Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella”.

El informe de la Agencia apunta a una calidad deficiente de aquellos ensayos que “sugieren beneficios” de estos productos. “O bien porque la calidad metodológica de los estudios analizados es muy baja, no pudiendo descartarse que las diferencias encontradas en los estudios sean debidas al azar o a la existencia de sesgos como deficiencias en el mecanismo de aleatorización de los pacientes, mecanismo de ciego no explicado, corto período de seguimiento, muestra pequeña, etc.”, indica el documento.

El estudio señala, además, que “a medida que aumenta la calidad del estudio, menor es el efecto de la homeopatía”. Y justifica la posible mejoría asociada a estos tratamientos por “diversos factores ajenos a su efecto específico, como la evolución natural de la enfermedad o el efecto placebo —que puede influir en el resultado de un tratamiento—, por lo que resulta necesario demostrar su eficacia mediante ensayos clínicos rigurosos y bien diseñados”.

La AEMPS ha analizado estudios relativos a varias enfermedades, principalmente reumáticas, psiquiátricas y dermatológicas, y en todas ellas las conclusiones son similares: “La eficacia de los productos homeopáticos no supera a la del placebo en ninguna de las patologías analizadas”.

Desde Sanidad indican que España está “alineada con una tendencia global de instituciones sanitarias que han adoptado posturas críticas” con estos productos, como Reino Unido, donde se recomendó detener la financiación pública; Australia, que descartó su uso en enfermedades crónicos o graves; Francia, que eliminó el reembolso público de estas fórmulas ya en 2001; Alemania, que suprimirá la cobertura de la homeopatía por seguro médico legal este año; o Estados Unidos, donde la Federal Trade Commission exige advertir que no hay pruebas científicas de su funcionamiento.

En este sentido, según los datos del Ministerio, en este momento, “no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado”, tras un proceso de regularización por parte de la AEMPS. Actualmente, permanecen registrados 976 productos que, “al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no exigen pruebas de efecto terapéutico”, pero que tienen prohibido por ley “incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes una orden por la que se amplía el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón, que incorpora la prevención de nueve patologías más, hasta un total de 21 enfermedades. “Es una decisión que vuelve a reforzar la prevención para llegar antes y proteger mejor”, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, donde ha llamado a respetar los principios de universalidad del sistema y blindarlo ante el “negocio”.

La prueba del talón consta de un sencillo test que permite advertir de una posible enfermedad metabólica antes de que aparezcan los síntomas y sea demasiado tarde. Se calcula que este tipo de patología afectan a uno de cada 1.000 bebés y los avances diagnósticos han permitido adelantar diagnósticos y prevenir daños graves. Sin embargo, la diferencia entre comunidades suponía una desigualdad notable entre niños y niñas.

En los últimos años, el Ministerio de Sanidad ha hecho un esfuerzo por acortar estas diferencias y ha ido incluyendo nuevas pruebas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, el mínimo que deben cubrir las comunidades. En 2024, el Ejecutivo amplió de siete a 11 el número de enfermedades congénitas que todas las autonomías debían incluir para su detección en la prueba del talón en recién nacidos.

Con la publicación en el BOE de este lunes, esas prestaciones sanitarias se amplían por encima de la veintena, con estas nuevas incorporaciones:

Estas se suman a las que ya estaban incorporadas en la cartera básica del sistema nacional de salud:

Además de la ampliación de este paquete de cribados, el Ministerio de Sanidad ha reforzado el cribado de preeclampsia, con un test en el primer trimestre para detectar precozmente el riesgo; garantiza la oferta universal a todas las embarazadas de pruebas de enfermedades infecciosas, como sífilis, VIH, hepatitis B y estreptococo del grupo B, además de ofertar pruebas de hepatitis C, Chagas o Zika, según grupos de riesgo; y estandariza el uso del test de ADN fetal libre en sangre materna como prueba de segunda línea para detectar trisomías —21, 18 y 13— ante riesgos incrementados.

Acceso a reproducción asistida

Otra de las líneas de la nueva orden es la equiparación en el acceso a la reproducción asistida al resto de mujeres a los pacientes con fallo ovárico prematuro. Hasta ahora, estas solo podían optar a esta prestación hasta los 36 años. Con la actualización será hasta los 40, como las demás.

Además, Sanidad ordena ampliar hasta los 74 años la población diana del cribado de cáncer colorrectal, que se realizará de forma progresiva hasta alcanzar la cobertura total en un plazo de diez años. Hasta ahora, la población objetiva eran hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años.

El presidente Pedro Sánchez, ha lanzado este lunes un mensaje claro a los gobiernos autonómicos, a quienes ha pedido “preservar” el modelo sanitario español que “está en peligro”. “Es importante que pongamos en valor la lealtad institucional, pero también hay que decir las cosas por su nombre y dirigirse a determinadas comunidades con determinados dirigentes políticos, porque desde 2018 el Gobierno de España ha aumentado la inversión en sanidad en un 30% y ha transferido 300.000 millones de euros más que la administración previa, para que se dediquen a reformar el Estado del bienestar”, señaló Sánchez.

El presidente aprovechó la clausura del acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad para lanzar una pregunta: “A la vista de que la sanidad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ¿dónde han ido esos recursos adicionales? ¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones de euros más, la sanidad sea una de las principales preocupaciones de los españoles?”.

Aunque Sánchez no ha citado directamente a ningún mandatario autonómico, en su discurso sí hubo referencias implícitas a algunas de las últimas medidas acordadas por el Partido Popular y Vox, donde han establecido en su pacto para mantener como presidenta de Extremadura a María Guardiola la “prioridad nacional” en servicios o prestaciones o las críticas al refuerzo del acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal.

“No es dónde nació el paciente, ni cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado, la pregunta que define nuestro sistema sanitario y que tenemos que preservar, porque está en peligro, es qué clase de país queremos ser”, reivindicó el presidente, que pidió que “si no es por humanidad, que sea por eficiencia”.

30 millones más en digitalización

Durante su intervención, Sánchez ha anunciado una inversión de 30 millones de euros adicionales en equipos de digitalización de anatomía patológica. Son herramientas destinadas a analizar muestras de sangre en los hospitales y que irán destinados a “mejorar cómo se detecta la enfermedad y se decide la mejor terapia para cada paciente”.

Según ha avanzado el presidente, con esta inversión se conseguirá que los médicos puedan combinar la información de un tumor con los datos genéticos del paciente. “Esto permite afinar mucho más el diagnóstico y elegir el mejor tratamiento oncológico para cada persona”, ha indicado. Además, supone un recorte a la desigualdad territorial en materia sanitaria porque “los especialistas podrán compartir información y experiencia entre hospitales, de forma que cualquier paciente, esté donde esté, tenga acceso a la mejor atención posible”.

El objetivo de esta inversión, que se suma a los 800 millones de euros del plan INVEAT, para la renovación de equipos médicos, es “pasar de un sistema aislado a una red más conectada, donde los casos más complejos se analicen conjuntamente, el seguimiento sea continuo y la ciencia se ponga al servicio de los verdaderos protagonistas, que son los pacientes”.

El tiempo medio de espera para operarse en España se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior. El dato a nivel estatal encuentra fuertes contrastes por comunidades autónomas. Mientras en Andalucía se dispararon a los 173 y en Catalunya, hasta los 142, en Madrid y Euskadi se situaron en los 50 y los 64 días, respectivamente, según los datos del último informe sobre la situación de las listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad.

El informe arroja también una cifra récord: 853.509 personas estaban esperando durante el segundo semestre de 2025 a ser llamadas para someterse a una intervención quirúrgica no urgente. Son un 2,5% más que en el mismo periodo de 2024 y suponen 18 pacientes por cada 1.000 habitantes. Las tasas también varían por comunidades. Las más altas aparecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días. Las comunidads donde se registran las mayores esperan son Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

La espera media se sitúa en unos cuatro meses, aunque el 21,6% de los pacientes superan el medio año de espera, 1,3 puntos menos que el año pasado. No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera por el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024. Por el contrario, se esperaron tres días menos de media, 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera. La especialidad más sobrecargada para operarse son Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron Dermatología (64 días), y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6 % de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).

Un decreto para dar “transparencia”

El Ministerio de Sanidad trabaja en un real decreto para regular las listas de espera, que se elaboran siguiendo diferentes criterios según las comunidades autónomas, con el objetivo de darles “transparencia y trazabilidad”, según indicó la ministra Mónica García, durante el VI Foro Económico de elDiario.es , en marzo.

“Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, explicó.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

En la puerta. La reunión prevista para este miércoles entre Sanidad y el Comité de huelga se ha cancelado, ya con ambas partes presentes en el Ministerio, ante la negativa de los sindicatos médicos a que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes medie en el conflicto. Los convocantes de la huelga, prevista para el próximo 27 de abril, ya habían mostrado su negativa ante esta fórmula, propuesta por el departamento que dirige Mónica García, que catalogaron de “unilateral” y “no consensuada”.

El Ministerio había confirmado que acudiría a la reunión la organización de pacientes, como así ha ocurrido, e instó al Comité de huelga a que se presentase esta misma tarde con un mediador de su elección, “a fin de no demorar más el avance en el proceso negociador”. Finalmente, los sindicatos médicos no han propuesto ninguna figura ni han entrado a la reunión.

“El Comité de huelga se ha negado a sentarse a negociar con el Ministerio de Sanidad con mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas, a las puertas de la propia reunión”, lamentan fuentes ministeriales, que acusan a los sindicatos médicos de “despreciar la labor mediadora de los pacientes”.

El Comité de huelga, por su parte, ha acusado al Ministerio de “entorpecer la negociación para esconder su incapacidad para llegar a acuerdos que atiendan las reivindicaciones del colectivo”. En un comunicado, difundido tras la cancelación de la reunión, estos han confirmado que se ha tratado de “un encuentro más bien informal que finalmente no se ha llegado a celebrar, puesto que al inicio los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto”.

La idea de un mediador surgió en el Consejo Interterritorial, mantenido entre el Ministerio y las comunidades autónomas el pasado 27 de marzo. En esta reunión, algunas de las consejerías del Partido Popular, que tienen el grueso de las competencias transferidas, reclamaron a García que solucione el conflicto. Algunas fueron más allá al llamarla “irresponsable” por su “incapacidad” para frenar el conflicto, como la consellera balear Manuela García.

Desde el Ministerio recuerdan que ha celebrado “más de 25 reuniones, en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas”. Además, acusan al Comité de huelga de haber ido “rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes”.

Con todo, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes. Un encuentro que, defienden los sindicatos, debe producirse “sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones”. De hecho, en el comunicado afirman que “esta mediación impuesta de manera unilateral y su publicación interesada solo ha contribuido a generar de forma deliberada una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del Ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo”.

El Ministerio de Sanidad y el Comité de huelga se reúnen este miércoles con el objetivo de desencallar el conflicto abierto y evitar la huelga prevista para la semana del 27 de abril. Las posturas siguen alejadas y, en esta ocasión, se ha sumado un nuevo punto de fricción. La figura de un mediador propuesto por el departamento que dirige Mónica García ha vuelto ha soliviantado a los sindicatos médicos, que este martes rechazaban la “decisión unilateral” de “imponer participantes externos no consensuados en el proceso de negociación”.

Sanidad llevará a la reunión de este miércoles a representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadores, en un intento por desatascar el conflicto, que se alarga ya durante meses. De producirse, el de abril sería el tercer paro mensual, que los médicos arrancaron en febrero contra el nuevo estatuto marco.

En un comunicado difundido este martes a última hora de la tarde, el Comité de Huelga rechazaba la participación de la organización de pacientes al considerar “improcedente” la atribución de una función de mediación a una organización en un conflicto en el que es “parte afectada”. “La neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición”.

A juicio del Comité de Huelga, el Ministerio “intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar asumir sus responsabilidades frente a los profesionales”. “Introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo y podría demostrar una falta de voluntad real por parte del Ministerio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga”, afirman.

Aunque el Comité ha confirmado su comparecencia a la reunión de este miércoles, ha reclamado a Sanidad que “proceda a retirar en dicha reunión a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes”. El ministerio, por su parte, ha respondido a los sindicatos médicos instándoles a que el comité “acuda con su propio mediador si no comparte la propuesta realizada, a fin de no demorar más el avance del proceso negociador”.

Desde el Ministerio lamentan el “rechazo” que los sindicatos médicos han expresado ante los “distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes”.

Según han trasladado al Comité, a este departamento le resulta “contradictorio” que las organizaciones sindicales reconozcan la “distancia entre posiciones” y, a su vez, no planteen “propuestas concretas que permitan avanzar hacia una solución del conflicto”. “Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de un progreso en el diálogo”.

Desde el Ministerio señalan además que es “especialmente preocupante que, incluso cuando se han producido avances o acercamientos en el seno del propio comité, esto no puedan materializarse por la fatal de capacidad de decisión efectiva del mismo, lo que introduce un elemento adicional de bloqueo”. “A ello se suma la ausencia de una propuesta propia de mediación, pese a haber sido solicitada, contribuyendo a enquistar la situación y a dificultar su resolución”, añaden.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

El Ministerio de Sanidad quiere ampliar el concepto de cuidados paliativos y adelantarlo en pacientes crónicos antes de que llegue la etapa final de la vida. El departamento que dirige Mónica García había incluido esta nueva estrategia, negociada a nivel técnico, para su aprobación en el Consejo Interterritorial del pasado viernes. El encuentro, que terminó siendo monotemático por el conflicto laboral abierto por la huelga de médicos, no llegó a abordar este punto, que se aprobará previsiblemente en la reunión del próximo día 9 de abril.

La nueva estrategia, para el periodo 2026-2030, surge de la necesidad de incorporar a los cuidados paliativos nuevos condicionantes sociales y de salud. Por ejemplo, el envejecimiento de la población y la multimorbilidad. Se viven más años y, aunque se ha logrado alargar la vida, una parte de este tiempo se pasa con enfermedades crónicas que, en algunos casos, alargan los procesos de deterioro. De hecho, se calcula que el 75% de las muertes que se producen en todo el país ocurren por enfermedades crónicas, de las que el 25% son oncológicas y el 50% corresponden a otras dolencias.

El documento indica que la prevalencia de quienes requieren de cuidados paliativos se sitúa en niveles de entre el 1,4 y el 1,6% de la población general. Según los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), entre 300.000 y 370.000 personas requieren cuidados paliativos cada año, de las que 135.000 precisan equipos específicos, por sus necesidades complejas.

El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente como criterio central de la atención, independientemente de que este se encuentre o no en fase agónica o en el final de su vida. Hasta ahora, esta atención se limita a aquellas personas con un pronóstico inferior a los seis meses.

Para avanzar esa atención precoz, la estrategia contempla la introducción de herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada y que este enfoque se tenga en cuenta de forma gradual y temprana. Una de esas herramientas es la app Necpal 4.0, desarrollada por Secpal y la Cátedra de Cuidados Paliativos de la Universidad de Vic y que “permite estimar el riesgo de mortalidad en personas con enfermedades crónicas avanzadas para garantizar una respuesta precoz a sus necesidades paliativas”, señalaban cuando se lanzó la aplicación.

A la espera de ser aprobada definitivamente en el Consejo Interterritorial, la estrategia contempla garantizar la atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, reforzando los servicios de atención telefónica experta y la telemedicina, para evitar ingresos innecesarios en urgencias. Además, establece la figura de un profesional de enlace o enfermera gestora de casos, para coordinar los traslados entre el hospital y el domicilio. También se tendrán en cuenta los determinantes sociales de la salud y la necesidad de atajar los sesgos de género en la evaluación del dolor, que hace que las mujeres deban declarar niveles mayores para ser registradas.

Cuidados paliativos pediátricos

La nueva estrategia incide de forma especial en los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes, que tienen una prevalencia estimada de 65 por cada 10.000 o un 0,65%. En este sentido, el nuevo protocolo amplía la cobertura paliativa desde la etapa prenatal, se compromete a garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario para evitar la exclusión social del menor y garantiza una transición paulatina había los servicios sanitarios para adultos jóvenes.

El Informe de evaluación de la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud 2015-2020, publicado en 2023, ya marcaba siete retos principales para el sistema de cuidados paliativos, que la nueva estrategia busca atajar: homogeneizar la atención en todo el territorio, mejorar la identificación de las necesidades paliativas, facilitar la atención centrada en la persona y que esta pueda decidir si prefiere estar en el domicilio o el hospital, tener en cuenta las características geográficas para organizar los equipos, incorporar la formación universitaria y específica y apoyar la investigación en esta área.

Manual de buenas prácticas en eutanasia

Sanidad pretendía aprobar también este viernes la segunda edición del manual de buenas prácticas en eutanasia, que también se ha visto relegado a la próxima cita. Este texto pasará a ser la referencia técnica común, cuatro años después de la publicación en el BOE de la ley que reconoce la aplicación de esta práctica compasiva.

El nuevo manual instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en algunas comunidades autónomas, como norma general, con el objetivo de garantizar un acceso homogéneo a la prestación. Además, refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia, dentro de los cuidados y procedimientos propios de su competencia.

Entre las novedades, el documento amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses, frente a al uno o dos actuales. Además, el manual incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. En cualquier caso, la persona podría iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea. Además, se establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes, ante la evidencia clínica de que en uno de cada tres casos los solicitantes se encuentran en riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento.

En el ámbito administrativo, el manual incorpora la actualización de la regulación del Registro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar que la voluntad del paciente consta de forma clara e inmediata en su historial. También refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, al considerarse la eutanasia muerte natural a efectos documentales. E incluye una adaptación de los protocolos sobre donación de órganos, para que esa posibilidad se ofrezca sin interferencias en la solicitud de la prestación.

El Ministerio de Sanidad tiene por delante una tarea que se antoja compleja: desbloquear el conflicto abierto desde hace meses con los sindicatos médicos. En el calendario está marcado el 27 de abril, cuando se reanudará la huelga de una semana que estas organizaciones vienen convocando cada mes desde febrero contra el nuevo estatuto marco, pactado entre los sindicatos de clase y el departamento que dirige Mónica García.

Hasta entonces, el Ministerio ha abierto dos nuevas vías. Por un lado, la negociación con el comité de huelga, que este jueves se reunió con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra, José Manuel López, para tratar de superar el cisma. Por otro, Sanidad habría aceptado incorporar la figura de un mediador, tras el Consejo Interterritorial, mantenido con las comunidades autónomas este viernes.

Del primer encuentro, que se alargó durante más de tres horas, los sindicatos de médicos convocantes de las huelgas valoraron el “clima de diálogo” y la apelación a “la voluntad de todas las partes”, así como el compromiso de “mantener abierto el diálogo”, según indicaron en un comunicado, con conversaciones que se retomarán tras la Semana Santa.

Por el momento, fuentes sindicales aclaran que su postura es la misma y que la convocatoria de huelga sigue adelante. “Las propuestas de Sanidad, hasta ahora, nos han parecido insuficientes y las reivindicaciones no han cambiado”, explican. Aunque hay “margen” para avanzar un acuerdo, son conscientes también de que algunas cuestiones escapan del ámbito competencial del Ministerio, a quien sí atribuyen capacidad para presionar y negociar con otros departamentos y comunidades.

Con todo, este mismo viernes el comité de huelga difundía otro comunicado en el que aclaraban que el calendario de reivindicaciones sigue intacto. Esa misma mañana, García había pedido que “cumplieran”: “Toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas”. Durante la reunión con las comunidades autónomas, cuyo orden del día constaba de 30 puntos y del que, tras cuatro horas solo se había abordado el conflicto con los sanitarios, consejerías y ministerio pactaron proponer al comité de huelga que sea “una organización de pacientes la que medie” entre las partes.

“En toda negociación, las dos partes tienen que ceder”, concedía García durante una entrevista en el VI Foro Económico de elDiario.es, quien espera “evitar las siguientes huelgas y seguir el camino de la negociación”. La ministra, no obstante, advertía que “el estatuto marco no da más de sí en lo que a competencias se refiere”, aunque reconocía “mucho malestar e inquietudes de los profesionales”, que debe resolver “quien tiene las competencias de gestionar, que son las comunidades autónomas”.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclama al ministerio seis puntos “fundamentales”: un estatuto y una mesa de negociación propia para el colectivo médico; la clasificación profesional, que refleje su “singularidad”; una jornada laboral máxima de 35 horas semanales con una retribución al 150% de la hora ordinaria para aquellas que excedan ese tope, que deberán ser voluntarias; coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva; y otras medidas en materia de conciliación y descansos.

Muchas de estas reivindicaciones, sin embargo, tocan directamente a otros departamentos, como Trabajo, Función Pública o Seguridad Social. Por ejemplo, acortar la edad de jubilación por el cómputo de horas choca con un principio básico: en España se cotiza por días de alta, no por horas, aunque estas sí aumentan la base de cotización —es decir, la pensión—.

"Dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades"

Mónica García — Ministra de Sanidad

También con las comunidades autónomas, como las retribuciones y la organización de las plantillas. “Nosotros ponemos los límites, pero el hecho de que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende, única y exclusivamente de la plantilla. Si tienes compañeros con los que compartir noches y fines de semana, podrás hacer menos noches y fines de semana”, insistía la ministra, que hacía hincapié en que “dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades”.

Entre las organizaciones sindicales del gremio hay la sensación de que las administraciones se pasan la pelota. Incluso, que en la negociación entre el Ministerio y los sindicatos de clase se ha priorizado a otros colectivos, como el de las enfermeras, a quienes se les reconoce una mejora en la categoría profesional. “No se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los médicos”, señalan, mientras no ven, “para nada”, que se haya producido un avance en el estatuto marco.

El texto, que deberá pasar el trámite parlamentario, recoge algunas mejoras. Sobre el papel, termina con las guardias obligatorias de 24 horas y solo contempla las voluntarias. Así, en condiciones normales, se reducen a un máximo de 17 horas, incluida la jornada ordinaria, si la hubiera, que computan en el límite de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Este cálculo no se haría semana a semana, sino a través de una media trimestral.

Desde el Ministerio llevan tiempo insistiendo en los límites competenciales. De hecho, cuando se firmó el nuevo Estatuto Marco, ya señalaban que si este incluyese “alguna regulación demasiado detallada que impide que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus propias estrategias de gestión de recursos humanos, la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencia”.

García reclamaba estos días a “la otra parte” que “cumpla con la desescalada del conflicto”. “Lo que se ha hablado en esas mesas, no siempre se ha cumplido”, defendía sobre las reuniones que se han mantenido con la profesión médica, al margen del comité de huelga y en las que, según la ministra, “los propios sindicatos han dicho muchas veces que el estatuto marco es un avance y una mejora, la primera en 23 años”.

El Foro de la Profesión Médica, donde está representado, entre otros, el sindicato CESM, arrancó a principios de marzo varios compromisos del Ministerio para atajar el conflicto, como una mayor participación de la profesión médica en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el refuerzo del Foro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como el reconocimiento de la penosidad de las guardias. Sanidad se comprometía también a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación por esa causa.

Estos compromisos no fueron suficientes para los sindicatos convocantes de la huelga, que mantuvieron la fecha prevista para este mes, durante la semana del 16 de marzo.

García ha llegado a deslizar sus “dudas” sobre las “motivaciones” de la convocatoria de huelga. “Igual tienen que ver con motivaciones políticas más que de realmente representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco y que tienen que estar plasmadas en otras administraciones”, llegó a decir.

Estas dudas las avivó este miércoles la, hasta entonces, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (Ceem), Teresa Serrano, que dimitió con una carta en la que acusaba a los sindicatos médicos de “admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles” y que “el acuerdo les gusta pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan”. En la misiva, adelantada por El País, Serrano tildaba el conflicto de “circo”.

El Sindicato Médico en Castilla-La Mancha (CESM) ha lamentado este lunes que el Ministerio de Sanidad “se esté dedicando a enfangar el terreno”, coincidiendo con una nueva semana de huelga en todo el país.

“No existen esos acuerdos de los que ha hablado el Ministerio porque, entre otras cosas, no ha hablado con quien tiene que hablar, que es con el Comité de Huelga”, ha afeado el secretario provincial del sindicato Carlos Vicario durante una concentración a las puertas del Hospital de Toledo.

Esta concentración en la primera de las previstas esta semana en la comunidad autónoma. La repetirán en el mismo lugar los días 18 y 20 de marzo. Mientras, habrá también movilizaciones a las puertas de otros hospitales de la región. Para el día 18 están previstas concentraciones también en Albacete, en Alcázar de San Juan, en Tomelloso, en Manzanares y en Talavera de la Reina.

El día 19 se celebrarán a las puertas de los hospitales de Puertollano, Valdepeñas, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajra. Ya el 20 de marzo se repetirá protesta en Toledo.

Sobre el Estatuto Marco negociado con los sindicatos sanitarios a nivel nacional, el representante de CESM ha entendido que estos estén “contentos” con este documento, pues “todos los colectivos sanitarios mejoran notablemente”, menos el colectivo de médicos facultativos y residentes.

“Los médicos facultativos y residentes somos minoría en esos sindicatos y por tanto volvemos a ser, como fuimos en 2003, en el actual estatuto marco, la minoría sacrificable. No estamos dispuestos a aguantar esa situación más. Por eso estamos hoy aquí de huelga”, ha remarcado.

A pesar de que en este Estatuto “ponga que efectivamente que tenemos derecho a la carrera profesional”, es algo que “parece papel mojado”, ha mencionado Vicario, porque el “gran problema de este documento es que no cierra ninguna puerta”, no establece un marco legislativo en las condiciones laborales.

La carrera profesional en Castilla-La Mancha

Durante los días de huelga, el sindicato aprovecha también para recordar que siguen reclamando la recuperación de la carrera profesional para este colectivo. Hoy el portavoz en Toledo ha destacado, según recoge Europa Press, “el acercamiento” de posturas con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con el compromiso de mantener reuniones hasta el mes de junio para abordar las demandas de este colectivo.

“Las conversaciones parece que van avanzando, se van acercando puntos de vista en cuestiones de plantilla, de mejoras asistenciales, pero aún falta mucho y queda mucho terreno para cristalizar todas esas mejoras”, ha afirmado el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, en declaraciones a los medios en el Hospital Universitario de la capital, con motivo de su adhesión a la huelga nacional médica y facultativa.

Vicario ha explicado que ya se ha celebrado un primer encuentro con la Administración regional para “una puesta en común de posturas”, encuentro del que se han extraído “bastantes puntos de coincidencia” y en el que se han abordado temáticas como la “gestión de plantilla” o “mejoras asistenciales”.

“Pretendemos llegar a pactos y acuerdos que queden firmados con la Administración para que todas estas condiciones de trabajo que son tan importantes queden plasmadas en un documento”.

Se celebrarán reuniones en abril --ya hay convocadas al menos dos-- y “existe el compromiso” de que entre mayo y junio prosigan “estas reuniones y estas conversaciones”. En abril se va a seguir tratando y profundizando sobre los temas ya abordados y “hay una reunión convocada para tratar temas concretos de algunos de los hospitales de la comunidad autónoma, sobre procesos asistenciales”.

“Esperamos que para mayo o junio poder tener reuniones monográficas sobre la activación de la carrera profesional”, ha confiado el representante de CESM Toledo.

La segunda semana de huelga de médicos comienza este lunes con el diálogo roto entre el Ministerio de Sanidad y los seis sindicatos convocantes, que reclaman un estatuto marco propio que regule las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario.

La movilización está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM); Sindicato Médico Andaluz (SMA); Metges de Catalunya (MC); Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega), se desarrolla una semana al mes e incluye concentraciones y manifestaciones frente a hospitales y centros de salud.

En Madrid, habrá concentración todos los días frente al Ministerio de Sanidad, donde concluirá este mismo lunes una manifestación que comenzará a las diez de la mañana frente al Congreso de los Diputados.

También el lunes habrá concentración frente al Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) y en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz. En Barcelona, la manifestación está organizada el viernes desde el Hospital del Mar hasta el Parlament.

Tras la primera semana de huelga desarrollada a mediados de febrero, esta segunda fase comienza tras una escalada de reproches en los últimos días entre la ministra, Mónica García, y el Comité de Huelga.

El objetivo principal de la movilización es reclamar un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, además de otras reivindicaciones laborales, como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa.

Pero el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, que limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica.

Además, añade que llegó a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica -que niegan los sindicatos- que complementa el texto con otras iniciativas, como el inicio de la reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la implantación de mesas técnicas bajo el paraguas del Estatuto Básico del Empleado Público, y el estudio de la jubilación anticipada para los casos que puedan quedar recogidas por la normativa de la Seguridad Social.

El estatuto marco es una ley básica estatal que data de 2003, y tras unas largas negociaciones el Ministerio de Sanidad acordó su reforma el pasado mes de enero con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario como proyecto de ley.

El pasado viernes, Mónica García acusó en una carta a los sindicatos médicos de “romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo” para seguir “sin margen de negociación”.

Pero el Comité de Huelga respondía que el Ministerio busca “deslegitimar” sus demandas y “fomentar” la división entre los profesionales sanitarios.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), organización integrada en la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha confirmado su adhesión a la convocatoria de huelga estatal de médicos, facultativos y residentes que se celebrará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo en toda España.

Más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a secundar esta movilización. “Nadie desea una huelga, pero la profesión médica y facultativa no puede aceptar seguir siendo ignorada en la negociación de sus condiciones laborales”, afirma.

La convocatoria se mantiene ante “la negativa del Ministerio de Sanidad a abrir un proceso real de negociación con el Comité de Huelga Nacional, único órgano legítimo para representar a la profesión médica en este conflicto”.

A diferencia de lo ocurrido con el Ministerio de Sanidad, añaden que en Castilla-La Mancha “sí se ha abierto una vía de diálogo” entre la Consejería de Sanidad, el Sescam y el Comité de Huelga del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha“.

En las dos reuniones mantenidas hasta el momento, el Sindicato Médico ha trasladado propuestas concretas para mejorar la respuesta del sistema sanitario autonómico, entre ellas el estudio y mejora del modelo asistencial, la adopción de medidas para afrontar el déficit estructural de médicos y facultativos adaptándolo a la realidad asistencial actual, la mejora de las condiciones laborales y la regulación adecuada de las guardias, tanto localizadas como de presencia física.

Asimismo, el Sindicato Médico ha insistido en la principal reivindicación de esta convocatoria de huelga en Castilla-La Mancha: la reactivación de la Carrera Profesional mediante el reconocimiento extraordinario de nuevos grados, paralizada desde 2012 y que convierte a Castilla-La Mancha “en la única comunidad autónoma que aún no la ha reactivado, una medida considerada clave para retener y atraer talento médico y facultativo en el sistema sanitario de nuestra Comunidad Autónoma”.

Recuerdan que en Castilla-La Mancha se mantiene vigente la convocatoria de huelga indefinida autonómica, con nuevas jornadas de paro previstas para los días 15, 17 y 19 de junio. Hasta la fecha ya se han celebrado nueve jornadas de huelga, desarrolladas entre los días 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero.

“Actitud de bloqueo” del Ministerio

Desde el Sindicato Médico denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García, continúa sin convocar a los representantes de los médicos y facultativos, “manteniendo una actitud de bloqueo que impide abordar las reivindicaciones del colectivo médico”.

La profesión reclama un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa que reconozca la singularidad de la formación, responsabilidad y condiciones de trabajo, con una jornada laboral similar a la de cualquier trabajador y “no las 45 horas semanales que pretende imponer el Ministerio”, así como unas condiciones laborales dignas y un modelo asistencial que permita dedicar a los pacientes el tiempo necesario para garantizar una atención sanitaria de calidad.

El Ministerio de Sanidad, según este sindicato, sin embargo, ha optado por impulsar un anteproyecto de reforma del Estatuto Marco acordado con sindicatos del ámbito general, “a espaldas de la profesión médica y facultativa, ignorando las reivindicaciones de quienes constituyen el eje del sistema sanitario”.

Por ello, la huelga estatal convocada por la profesión médica se mantendrá mientras el Ministerio de Sanidad “continúe negándose a dialogar con la representación legítima de los médicos y facultativos convocantes de esta huelga”.

“Queremos dejar claro que los médicos y facultativos no somos responsables de las consecuencias que esta situación pueda generar en los pacientes o en la asistencia sanitaria. La responsabilidad recae exclusivamente en el Ministerio de Sanidad y en su ministra, Mónica García, cuya negativa a negociar con la profesión médica y facultativa ha conducido a esta situación de conflicto”, concluye.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al gobierno de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Lo hace en respuesta a la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional. 

La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención.

El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público. Pese a ello, el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este viernes ha concluido el quinto día consecutivo de huelga de profesionales de la medicina de toda España. Se trata de una primera tanda de movilizaciones convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), y por el Sindicato Médico Castilla-La Mancha (CESM-CLM) a nivel regional.

De los casi 10.000 médicos, facultativos y residentes que estaban llamados a secundar el paro, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) cifra entre 1.100 y 1.900 los profesionales que se han sumado cada día a la huelga, con un balance medio del 21%.

El director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, ha pedido “disculpas” a la población porque una huelga “no es algo deseable, tampoco para los huelguistas”, aunque asegura que estos días no se han producido incidentes “graves”.

Por su parte, el presidente CESM-CLM, Jorge Curiel, no da cifras, ya que prefiere no entrar “en la guerra de datos con el SESCAM”, y asegura que el SESCAM les “ha boicoteado” al no proporcionarle la información necesaria para realizar los cálculos.

En cuanto a la afección a pacientes, desde CESM-CLM aseguran que ha habido “miles de consultas que se han anulado y de cientos de intervenciones quirúrgicas que se han suspendido”.

“¿Esa era nuestra intención? Por supuesto que no. Nuestra intención era llamar la atención a los gestores sanitarios, a los políticos para que se sienten en una mesa con nosotros a negociar”, matiza el presidente de CESM-CLM.

La huelga nacional continuará

Esta huelga ha tenido una doble vertiente. Por un lado, ha sido nacional, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco propuesto desde el Ministerio de Sanidad. CESM reclama un estatuto propio para los médicos “que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación”.

En este sentido, hay previstas otras cuatro semanas de huelga más, repartidas a razón de una semana cada mes hasta junio. La próxima será del 16 al 20 de marzo, una previsión que sigue adelante tras no haber avances con el Ministerio.

Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes

“Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes. Y si este Gobierno no lo va a hacer, pues que justifique ante los ciudadanos por qué no quiere”, reivindica Curiel.

En cuanto a Castilla-La Mancha, el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional, suprimida en 2012 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que no fue recuperada por el Gobierno de Emiliano García-Page, así como en el aumento de plantillas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Y señalaba una novedad producida este viernes: el Gobierno regional les ha convocado a una reunión el próximo lunes.

Sindicatos y Gobierno regional se reúnen el lunes

“A partir del lunes podremos informar de cuál es la postura del Ejecutivo de García Page y de su consejero de Sanidad, y qué es lo que nos plantean una vez que se ha acabado la semana de huelga”, explica el líder sindical, que añade que lo que esperan obtener de dicho encuentro es “un calendario de negociaciones”.

Por su parte, Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del Sescam, ha confirmado el encuentro que se producirá el lunes, para el cual se ha mostrado “optimista” en llegar a acuerdos.

“El lunes nos reunimos para fijar ese calendario de negociaciones que nos tiene que llevar, seguro, a buen puerto o a una serie de acuerdos”.

Igual de optimista se ha mostrado el directivo con poder satisfacer las demandas principales que hacen desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha: la recuperación de la carrera profesional sanitaria y el aumento de plantillas.

La carrera profesional es un asunto complejo, con un componente presupuestario innegable. La nueva financiación autonómica determinará mucho

No obstante, reconoce que la carrera profesional es un “asunto complejo”, con un componente presupuestario “innegable”. Por eso, asegura que la nueva financiación autonómica “determinará mucho”.

“En cuanto al incremento de plantillas”, añade Cortázar, “tenemos un acuerdo precisamente firmado con el sindicato médico en el que establece unas ratios de cupos por tarjetas sanitarias que, si se sobrepasan, se cubre la plaza automáticamente”.

Un acuerdo que asegura que “está funcionando de una manera bastante razonable”, pero que están dispuestos a “actualizarlo, a mejorarlo y a aplicarlo de la mejor manera posible”.

Dentro del ámbito de la comunidad autónoma, CESM-CLM mantiene una convocatoria de huelga para los días 15, 17 y 19 de junio. “Queremos dar margen de negociación”, explica Jorge Curiel. “Si de aquí a junio llegamos a acuerdos, pues esa huelga se desconvocará”. Si no es así, lo que pasará es que nosotros, a nivel autonómico, empezaremos a convocar días de huelga en marzo, en abril, en mayo, porque esto ya no puede parar“.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha cifrado en un 75% el seguimiento de la huelga de profesionales médicos y facultativos en el territorio autonómico desde este lunes, frente a los datos de la Consejería de Sanidad que ayer habló de un seguimiento del 16%.

Estos profesionales, que estarán en huelga hasta el 20 de febrero, han anunciado que incrementarán las protestas en los próximos meses si no se atienden sus reivindicaciones para la región.

Así lo han dado a conocer este martes, en rueda de prensa que recoge Europa Press. El presidente del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, y el secretario general de CESM, Óscar Quintana, ha comparecido en Ciudad Real junto a diversos miembros de la Junta Directiva de la organización sindical.

Según ha detallado Quintana, el sindicato cifra el seguimiento en Castilla-La Mancha “en torno a un 75%” entre los profesionales médicos y facultativos “que pueden hacer huelga”.

En este sentido, ha aclarado que el porcentaje se ha calculado sobre la plantilla efectiva que realmente podía secundar el paro, una vez descontados los profesionales designados como servicios mínimos, salientes de guardia, permisos reglamentarios, bajas médicas o vacaciones.

Quintana ha denunciado que en algunos servicios y centros de salud se han nombrado más efectivos como mínimos de los contemplados inicialmente en el decreto, lo que, a su juicio, está limitando el derecho a la huelga.

Como ejemplo, ha citado el Hospital de Tomelloso, donde la plantilla efectiva es de 96 médicos. De ellos, 68 están designados como servicios mínimos, por lo que solo 28 podían ejercer su derecho a la huelga. De esos 28 profesionales, 27 secundan el paro, lo que, según el sindicato, ha supuesto un 96% de seguimiento entre quienes podían hacerlo.

La confluencia de dos huelgas: la nacional y la autonómica

Los responsables sindicales han precisado que, en estos momentos, confluyen dos convocatorias distintas, una de carácter nacional y otra autonómica.

En el ámbito estatal, el paro responde a la reivindicación de un Estatuto Marco propio para la profesión médica ante el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de diferenciar las condiciones laborales y retributivas del colectivo facultativo dentro del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional, suprimida en 2012 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que no fue recuperada por el Gobierno de Emiliano García-Page, así como en el aumento de plantillas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

El presidente del Sindicato Médico en la región, Jorge Curiel, ha advertido de que las movilizaciones podrían intensificarse si no se producen avances en la negociación.

“Vamos a iniciar una serie de reivindicaciones, que esta vez han coincidido. Si no se avanza en la negociación, las huelgas y protestas aumentarán. No podemos permitirnos iniciar otra legislatura sin carrera profesional y sin aumentar las plantillas tanto de primaria como hospitalaria”, ha afirmado.

Solo en Ciudad Real ayer se vieron afectados 400 pacientes

Por su parte, la vicesecretaria del CESM en Ciudad Real, Rosa Sarabia, ha reconocido la dificultad que supone para los propios profesionales secundar la huelga.

Sarabia ha detallado el impacto asistencial de la jornada en la provincia de Ciudad Real. Según sus datos, sólo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real se vieron este lunes afectados 400 pacientes en consultas y 100 que no pudieron someterse a pruebas como colonoscopias.

Además, de los once quirófanos existentes en Ciudad Real, ocho no realizaron actividad programada y los tres restantes solo atendieron intervenciones urgentes.

La dirigente sindical ha alertado de la gravedad de la situación y ha asegurado que “una huelga de médicos por encima del 30% es muy grave y estamos en cifras muy por encima de ese porcentaje a pesar de los mínimos abusivos que nos están imponiendo”.

“Está en juego el futuro de la sanidad pública”

Desde el Sindicato Médico han advertido de que “está en juego el futuro de la sanidad pública” y han llamado a la ciudadanía a tomar conciencia.

“Todos los ciudadanos deberíamos tener derecho a una sanidad pública tal y como la hemos conocido. La situación es muy grave. Puede ser que dentro de varios años no tengan a un médico”, han concluido.

La principal demanda en Castilla-La Mancha, además de las reivindicaciones nacionales a las que también se suman, es la reactivación inmediata de la Carrera Profesional del Sescam, paralizada desde 2012, con reconocimiento de grados pendientes y un calendario cerrado para su recuperación.

También reclaman un ámbito específico de negociación para médicos y facultativos y la actualización urgente de las plantillas para corregir el déficit estructural, especialmente en puestos de difícil cobertura.

Entre sus exigencias figuran además un plan de choque en Atención Primaria y Hospitalaria para reducir la sobrecarga y las listas de espera, la revisión del modelo retributivo con mejoras en guardias e incentivos, el cumplimiento del Acuerdo de Atención Primaria y la regulación clara de jornada y descansos.

El sindicato incluye igualmente medidas en prevención de riesgos laborales, conciliación e igualdad, así como mejoras en las condiciones de los médicos residentes.

El calendario de movilizaciones

Tras haberse celebrado ya varias concentraciones en distintos puntos de la región este lunes y martes, el Sindicato Médico mantiene el calendario de movilizaciones para los próximos días.

Este miércoles 18 de febrero están convocadas concentraciones en el Hospital General Mancha Centro a las 12.00 horas, que agrupa a profesionales de Alcázar de San Juan y Tomelloso; en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete a las 11.00 horas; en el Hospital Universitario de Guadalajara a las 11.00 horas; y en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina a las 11.30 horas.

En Toledo continúan las concentraciones diarias de lunes a viernes a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Para el jueves 19 de febrero están previstas concentraciones a las 11.00 horas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, que agrupa también a Puertollano, y en el Hospital Universitario de Cuenca.

El viernes 20 de febrero la movilización se trasladará al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, también a las 11.00 horas.

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

“Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos”, señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

El formato acordado para esos paros que comienzan este lunes es el de una semana de huelga al mes desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) son los convocantes del paro indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con Sanidad.

Y es que estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid.

El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El nuevo texto de estatuto marco acordado entre el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -sindicatos del ámbito de negociación- tendrá que ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

“Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedara sin médicos”, ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que “se abran vías de diálogo”. “No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo que pedimos es justo”.

“Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente”, ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. “Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida”, asegura Lucía.

“Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto”, añade Carolina.