En parques, festivales e incluso alguna discoteca se ha podido ver durante los últimos años una imagen curiosa: globos que se inflan y se desinflan en segundos, risas breves y un gas utilizado por pasteleros que se ha colado en la conversación pública sobre drogas. Tras irrumpir con fuerza en países como Reino Unido o Francia, el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, se ha convertido en uno de los fenómenos emergentes que más atención ha despertado entre profesionales sanitarios, educadores y responsables de políticas de drogas. 

Algunos medios se han atrevido a llamarle “la nueva droga de moda” entre los jóvenes españoles. Los datos, sin embargo, apuntan a que el consumo es todavía muy minoritario. 

Así lo refleja el primer estudio en profundidad que se ha hecho sobre el fenómeno en España, financiado por el Ministerio de Sanidad, en el que se ponen cifras y contexto a una sustancia cuyo consumo se puede percibir en grandes ciudades como Barcelona y, al mismo tiempo, es prácticamente inexistente en otras urbes del país. El informe analiza por primera vez de forma integral los patrones de consumo, los perfiles de usuarios, los riesgos asociados, los canales de distribución y las respuestas institucionales que se han desplegado hasta la fecha. 

Los investigadores describen una situación marcada por una tensión constante entre dos realidades contradictorias: una baja prevalencia epidemiológica y una elevada visibilidad mediática, lo que genera un desajuste entre la percepción social y la magnitud real del fenómeno. “No es la primera vez que la prensa magnifica algún tema relacionado con las drogas”, apunta Nico Piñeiro, autor principal del informe elaborado por la consultora Episteme Social. “Es un fenómeno que ya hemos visto con el fentanilo o con la burundanga”, añade.

Según recoge el estudio, el consumo del gas de la risa en la población adulta alcanza una prevalencia del 1,1% cuando se pregunta por el uso alguna vez en la vida y del 0,2% en el último año. 

Por comparar, la prevalencia del consumo de cocaína se sitúa en el 13,3% alguna vez en la vida y en el 2,5% en el último año, según los datos del Ministerio de Sanidad. 

Un fenómeno asociado al ocio juvenil

Los bajos porcentajes de consumo aumentan ligeramente cuando se pregunta a los más jóvenes. Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el óxido nitroso aparece como la sustancia con mayor prevalencia dentro de la categoría de nuevas sustancias psicoactivas, con un 1,7% de jóvenes que afirman haberla consumido alguna vez. 

Los propios autores advierten, no obstante, de que estos datos deben interpretarse con cautela porque históricamente el óxido nitroso no se registraba de forma diferenciada en las estadísticas oficiales.

La investigación sitúa el consumo principalmente en contextos de ocio y socialización entre chavales, principalmente al aire libre. El documento apunta que una parte de los usuarios del “gas de la risa” son jóvenes que no acuden a locales de ocio y baile porque no están dispuestos a pagar los precios de las entradas y de las consumiciones o porque directamente no les dejan entrar.

Los autores destacan que el consumo, en la mayoría de casos, forma parte de experiencias compartidas más que de un uso individual o problemático. El estudio, sin embargo, también identifica situaciones diferentes en contextos de vulnerabilidad social, donde pueden aparecer patrones más frecuentes e intensivos.

La investigación señala además que la visibilidad del fenómeno se concentra especialmente en áreas urbanas y metropolitanas, donde confluyen una elevada densidad de población joven, una intensa actividad de ocio y una fuerte presencia turística. 

Ciudades como Barcelona y determinadas zonas de Baleares o de la costa valenciana aparecen citadas en el informe como ejemplos de lugares donde el consumo se ha hecho visible en los últimos años.

“Vemos como ha habido más impacto en zonas mediterráneas”, prosigue Piñeiro en conversación telefónica. Este antropólogo y Educador social apunta como una posible vía de entrada de la sustancia a España a los jóvenes provenientes de países en los que la droga sí ha tenido un verdadero auge y vinieron de vacaciones tras la pandemia. 

La percepción de riesgo sigue siendo baja

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distancia existente entre los riesgos reales asociados a la sustancia y la percepción que tienen muchos consumidores.

Según los investigadores, la percepción de riesgo suele centrarse en los efectos inmediatos, generalmente breves y considerados poco graves por los usuarios. Esta circunstancia, unida a la facilidad de acceso y a la situación legal del producto, contribuye a normalizar su consumo en determinados entornos juveniles.

Los daños asociados al óxido nitroso, con todo, dependen en gran medida de la frecuencia y la intensidad del consumo. En los usos ocasionales predominan efectos agudos leves como mareos o descoordinación. Son los consumos repetidos e intensivos los que pueden provocar efectos más graves, incluyendo complicaciones neurológicas, algunas con secuelas duraderas.

El Instituto Guttmann de Barcelona alertó recientemente que, entre 2020 y 2025, seis pacientes ingresaron en su hospital de neurorehabilitación con secuelas neurológicas graves a consecuencia del consumo de este gas. 

El estudio señala que estos efectos son mucho menos conocidos entre los consumidores que los efectos inmediatos de la sustancia, lo que dificulta la adopción de conductas preventivas.

España, en una fase temprana respecto a otros países europeos

El informe recomienda evitar el alarmismo que pueda contribuir a su difusión, porque concluye que España se encuentra todavía en una etapa relativamente temprana en comparación con países como Francia, Reino Unido o Países Bajos.

En esos países, la expansión del consumo recreativo se produjo años antes y estuvo acompañada de un aumento de la visibilidad en espacios públicos y de la aparición de casos clínicos asociados a consumos intensivos. Algunas de estas dinámicas comienzan ahora a observarse en España, aunque de forma mucho menos consolidada.

Los autores sugieren que el país se encuentra en una fase de implantación incipiente, caracterizada por la coexistencia de consumos recreativos normalizados y la aparición progresiva de patrones más intensivos. El documento también advierte de que la circulación internacional de tendencias de consumo, especialmente en contextos turísticos, puede favorecer la expansión futura del fenómeno.

Lejos de reclamar respuestas punitivas o campañas de alarma social, el estudio apuesta por estrategias proporcionadas a la magnitud real del fenómeno. Los investigadores recomiendan reforzar los sistemas de información y monitorización, mejorar la coordinación entre ámbitos sanitarios, educativos y comunitarios, y desarrollar acciones de prevención de riesgos basadas en aquellos contextos donde el consumo ya existe.

Miles de médicos residentes se han incorporado a sus plazas durante estos días. En las unidades de los hospitales y los centros de salud a los que entraron entre el jueves y el viernes pasarán buena parte de los próximos años, obteniendo la especialización que les da acceso a ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. María Ochoa es una de esas nuevas doctoras. Fue la número 109 en elegir destino y optó por medicina de familia y comunitaria en una zona rural de Jaén.

Cada año, cuando llega la elección de plazas MIR se repiten algunas dinámicas. Especialidades como dermatología y cirugía plástica se agotan rápidamente, en los primeros turnos de elección, mientras medicina de familia es una opción hasta el final, alimentando el relato de que nadie quiere ser médico de Atención Primaria, contra el que se revuelven las sociedades médicas. “Mucha gente me decía que no desaproveche el número [de elección de plaza], pero no quería guiarme por eso, sino por lo que siempre he querido hacer. No estoy desaprovechando nada, pero esos comentarios te los tienes que tragar”, lamenta la joven, de 24 años.

Los números tienen varias lecturas, en uno y otro sentido, pero hay evidencias que desmienten que nadie quiera ser médico de familia. De las 9.275 plazas ofertadas, el 27,5% eran para esta especialidad. Ninguna de las 2.544 disponibles quedó desierta. “Somos la especialidad que más médicos atrae a lo largo de los años y, cuando se mira a otras médicas, es de las que antes se eligen. Habría que ver si teniendo 2.500 plazas de cualquier otra especialidad se iban a cubrir”, plantea el vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familias y Comunitaria (Semfyc), Jorge Lema.

El siguiente gráfico muestra cómo se cubrieron las especialidades del MIR en 2026, caso a caso. Aunque se aprecia que familiar y comunitaria tuvo más adeptos en los últimos turnos, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, pide poner las cifras “en perspectiva y con números totales”. Por ejemplo, cuando cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 personas.

Las plazas que se demandan más rápido son las habituales de dermatología (140) y cirugía plástica (53), que se agotaron en el primer turno. Oftalmología adjudicó sus 229 plazas al tercero y endocrinología y nutrición, sus 115 al cuarto.

En cualquier caso, Rodríguez Ledo defiende que el examen MIR es distributivo. “Nos preocupa bastante poco el número, porque no sabe más el número 1 que el número 50”, aclara, “pero sí que haya gente que no opte al MIR como sistema para desempeñar su función como médico de familia”. “Es positivo que los compañeros que están siendo contratados sin título ocupen estas plazas, que les dan el marco y el amparo de un modelo que funciona”, reclama.

Entre los años 2021 y 2023, las plazas MIR desiertas en esta especialidad preocupaban a las administraciones y los profesionales sanitarios, pendientes de un relevo generacional que debería haberse ido produciendo, pero que se ha retrasado. En esos tres años, se perdieron 470 plazas acreditadas. La tendencia se ha revertido en los dos últimos procesos de elección, gracias a un cambio en el sistema, que eliminaba la nota de corte en el examen.

Si se echa la vista atrás, se aprecia un incremento notable en el número de plazas ofertadas, que proporcionalmente ha ido descendiendo respecto a las de hace 23 años, de un 31 a un 27%. Y, con vaivenes, se ve también que el número de personas que eligen la especialidad por debajo del número 4.000 ha descendido de los casi 500 en 2003 y 2004, a los 90 la semana pasada.

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, señala Lema. Los profesionales de esa puerta de entrada al sistema sanitario llevan años denunciando una “presión asistencial brutal, falta de personal y poco acceso a realizar pruebas diagnósticas”, entre otras carencias, verbaliza este médico. Un análisis en el que coincide su colega Rodríguez Ledo: “Tal y como están las cosas en primaria, bastante vocación hay”.

Paliar estos problemas pasa también por una planificación a largo plazo. “En formar a un médico se tarda 11 o 12 años, por lo que no podemos tener una visión a cuatro años”, apunta el médico jubilado y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, que elabora anualmente un informe sobre este asunto. Para el especialista, el aumento de plazas MIR para familia ha llegado “tarde”, lo que ha derivado en un “déficit muy importante y con muchas plazas sin cubrir”.

No es que el problema no se viera venir. En 2007, el propio Matas publicó un artículo en el que advertía que “dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que terminaron a comienzos de los 80 unas promociones con cuatro o cinco veces más médicos” de las que había entonces en las facultades. “Debe tenerse en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales”, apuntaba. Sin embargo, no hubo una apuesta decidida por aumentar el número de plazas MIR para esta especialidad hasta el curso 2018/19.

El 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', del Ministerio de Sanidad, publicado en 2022, estimaba que 2027 sería el “punto de inflexión”, con un déficit global de 9.000 médicos, “sobre todo por la falta de médicos de medicina familiar y comunitaria”. “Empezamos a cubrir plazas, pero sigue habiendo un déficit importante, que dentro de cuatro o cinco años se equilibrará. Como no corrijamos errores del pasado, estaremos en el otro polo y empezarán a sobrar en unas especialidades y a hacer falta en otras”, advierte Rodríguez Ledo.

Desde las Sociedades médicas reclaman también una mayor presencia de esta especialidad en los planes de estudio. “No puede ser que se ofrezcan 2.500 plazas y muchas facultades no hayan tenido más de 15 días de contacto con Atención Primaria”, denuncia Lema. Por eso, trabajan con los decanos para incorporar la asignatura de forma transversal. María, que estudió en la Universidad de Navarra, sí la cursó, aunque en su caso el contacto con la profesión lo tuvo en casa: “Mi madre es médica de familia y me gusta la cercanía de la especialidad. Soy de un pueblo y estoy acostumbrada a este tipo de medicina”.

Matas insiste en mejorar las condiciones laborales, bajar las ratios de pacientes y mejorar las plantillas. Porque, apunta, la retención de talento no finaliza cuando los residentes llegan al centro de salud. “Necesitaremos tiempo y que las condiciones del ejercicio de la profesión, las retributivas y las cargas de trabajo mejoren, para que al terminar acepten los contratos que se les ofrecen y no se vayan a urgencias, a la privada, a Francia o a Alemania o a otros sitios donde se les valora más”.

Las doce personas que permanecían en seguimiento como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla han abandonado ya el centro tras dar negativo en la última PCR practicada este sábado. Este grupo de personas, que se encontraban asintomáticas y en buen estado general, se encuentran ya en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo del día para continuar con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en el protocolo de seguimiento, según informan desde el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Según han confirmado este domingo desde el Departamento de Salud de la Generalitat, los cinco catalanes ya han regresado a sus domicilios tras ser trasladadas con las medidas de seguridad necesarias. Con todo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas personas seguirán en situación de aislamiento en su casa con las medidas de seguridad recomendadas durante el período previsto de 14 días más.

Este jueves, el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo pudo también volver a su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras pasar tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, según fuentes del Ministerio de Sanidad. 

El primer pasajero español del buque MV Hondius que dió positivo en hantavirus al llegar a Madrid el pasado 11 de mayo ya ha superado la enfermedad. El hombre ha dado negativo en las dos últimas pruebas PCR que se le ha realizado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y ha pasado tres días sin síntomas, por lo que ha sido dado de alta, según indican desde el Ministerio de Sanidad.

Según el protocolo de manejo de personas afectadas por el brote de hantavirus, actualizado este mismo jueves, los casos positivos podrán recibir el alta tras tres días sin síntomas y dos pruebas PCR negativas en orina y exudado orofaríngeo separadas por 48 horas, como ha sido el caso. El otro positivo presentó febrícula en las últimas horas, por lo que continúa en aislamiento en una de las unidades de alto nivel (UATAN) del hospital militar.

Los otros 12 españoles, considerados contactos, permanecen en cuarentena en el centro hospitalario, que podrán abandonar a lo largo del fin de semana si sus condiciones médicas no cambian. En su caso, deberán continuar la cuarentena en sus domicilios hasta el próximo 21 de junio.

El protocolo establece las medidas de alta en torno a las PCR y la ausencia de síntomas ante los estudios más recientes sobre el virus Andes, que “muestran que la detección de ARN viral en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica”. Es decir, el virus puede continuar detectándose en sangre durante meses, “sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad”.

Por ello, desde Sanidad señalan que lo criterios de alta se basan en “la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo”.

Canarias se situó en 2024 entre las comunidades que más invierten en Sanidad, aunque aún por debajo de la media nacional, con un gasto de 2.036 euros por habitante, siendo en relación al Producto Interior Bruto (PIB) la segunda comunidad que más invierte, con un 7,9%, según datos publicados hace unas semanas por el Ministerio de Sanidad.

Según los últimos datos hasta la fecha, el gasto medio por habitante en España se sitúa en los 2.084 euros.

Por comunidades, la que más gasta en Sanidad por habitante es Euskadi (2.332 euros), le sigue el Principado de Asturias (2.322), y en tercer lugar Extremadura (2.246).

En posiciones intermedias se sitúan Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros) y Catalunya (2.061 euros).

Con gasto inferior a Canarias está Baleares (1.956 euro), Castilla-La Mancha (1.957 euros), La Rioja (1.878 euros) y Comunitat Valenciana (1.867 euro), mientras que Madrid (1.779 euros) y Andalucía (1.658 euros) registran el gasto per cápita más bajo del conjunto de comunidades autónomas.

Según el Ministerio de Sanidad, “las administraciones regionales fueron responsables del 93,6% del gasto sanitario público”.

La inversión en gasto sanitario total en España llegó en 2024 a 101.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior, que equivale al 6,4% del PIB.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Una norma que establece un “marco común” para todo el territorio y que ha soliviantado a los sindicatos médicos, en pleno conflicto con la ministra de Sanidad, Mónica García.

“El Gobierno de España ha hecho su parte”, ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha mencionado “mejoras históricas”. “Una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no depende ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas las que tienen competencias sobre salarios, servicios y condiciones de trabajo” del personal sanitario, ha dicho.

El Ministerio llegó a un acuerdo para la primera actualización del Estatuto Marco en dos décadas con los sindicatos de la mesa general del ámbito —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde— en enero. Con el paso dado este martes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasa a la fase de audiencia pública, donde organizaciones y particulares pueden realizar aportaciones antes de su remisión al Congreso.

El texto, indican desde Sanidad, limita las guardias “a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin perdida retributiva, mientras que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 establecido por la normativa europea”. Además, “refuerza la estabilidad en el empleo con la convocatoria obligatoria de oposiciones cada dos años, introduce la figura del personal estatuario investigador y profesionaliza la gestión directiva mediante procesos públicos y transparentes”.

El acuerdo entre los sindicatos de la mesa y Sanidad contempla también una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de temporalidad y limita a tres años el nombramiento de plazas vacantes en un sector donde la temporalidad ha estado a la orden del día.

En el marco de la clasificación profesional, el anteproyecto de ley se adapta al marco europeo, indican desde el departamento que dirige Mónica García, al “estructurar al personal en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso”.

El trámite llega en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que no se sienten representados en la mesa general, elegida entre todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud —también, pero no solo, los médicos—.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) convocaron en enero un calendario de movilizaciones, que incluye una semana de huelga al mes, al menos, hasta junio. La quinta será del próximo día 15 al 19.

Este mismo lunes, el Comité de Huelga mantuvo un encuentro con el Ministerio, con los puentes maltrechos. “Sanidad no tiene intención de desbloquear el conflicto, tras una nueva reunión que concluye sin propuestas”, indicaron estos sindicatos en un comunicado en el que avanzaban la intención del equipo de García de “reunirse en los próximos días con el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salus para abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno”.

Los sindicatos médicos tienen también convocadas huelgas coincidentes con algunas comunidades autónomas, quienes tienen transferidas buena parte de las competencias en sanidad.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del Estatuto Marco, desde Sanidad recuerdan que, “a partir de este marco básico, las comunidades autónomas deberán desarrollar y adaptar estas medidas a sus respectivos servicios de salud mediante sus políticas de recursos humanos y procesos de negociación”. En el caso de las medidas organizativas en materia de jornada, dan un plazo de cinco años.

El Comité de Huelga ha insisto en los últimos días en que sus reivindicaciones “siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Los ciudadanos nacidos en España hacen un mayor uso del sistema sanitario que la población migrante: visitan entre un 18% y un 51% más la Atención Primaria, consumen entre un 32% y un 69% más de fármacos y padecen entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.

Así se desprende del informe “Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España” del Ministerio de Sanidad, que compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas: Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones.

“El gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas, sino con una realidad demográfica y epidemiológica: el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad creciente de cuidados y de seguimiento continuado”, ha resumido en su presentación la ministra de Sanidad, Mónica García.

Acceso intermitente y tardío

La investigación concluye que los migrantes utilizan menos los servicios sanitarios, “incluso cuando tienen acceso a ellos”, y es por las barreras que han existido antes de la recuperación de la universalidad de la sanidad; así, tienen un acceso más limitado e intermitente y, “lo que es más preocupante, más tardío”, lo que deriva en un mayor uso de los servicios de urgencias.

Por ejemplo, los españoles visitan entre un 18% y un 51% más la Atención Primaria, entre un 32% y un 69% más de consumo de fármacos y entre un 24% y un 38% más enfermedades crónicas que los extranjeros.

Para llegar a esta conclusión, el estudio analiza los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, con el resultado de que los nacidos en España tienen una prevalencia superior en 16 de ellas. En cuatro –trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma–, las tasas son 20 puntos superiores.

Respecto a la carga de enfermedad crónica, los autóctonos aglutinan la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos/1.000 personas, una cifra entre un 24% y un 38% superior a la de Latinoamérica o UE. En el caso de personas con tres o más problemas de salud crónicos, la tasa es hasta un 65% mayor.

Lo cual se traduce en el uso de fármacos: la población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra un 62,7% superior a la de africanos y en casi un 50% a latinoamericanos.

Los migrantes tienen peores indicadores en patologías como diabetes mellitus no insulinodependiente, la hipertensión no complicada y la insuficiencia renal crónica.

Los migrantes están más sanos

El estudio confirma así el fenómeno internacional conocido como “efecto del inmigrante sano” (healthy immigrant effect), que describe la ventaja epidemiológica inicial que los migrantes tienen al llegar al país de destino, con mejores indicadores de salud que los nativos.

No obstante, esta “ventaja” tiende a empeorar con los años de estancia en España, un deterioro que la investigación atribuye a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino. Todo ello se intensifica aún más en el caso de las mujeres.

El documento identifica además las barreras legales, administrativas y lingüísticas que dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

Pese a ello, la población migrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria.

De ahí que el informe destaque que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias, mientras que atender patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia tiene un mayor impacto en la salud y de coste para el sistema.

Médicos de Madrid, Catalunya, La Rioja y Navarra han acordado dejar de peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera. Es una medida de presión más, paralela a la huelga que mantienen por el rechazo al estatuto marco, y en protesta por el “inmovilismo de las administraciones”.

En Madrid, facultativos de 42 especialidades de un total de 15 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid se han adherido a esta protesta y dejarán de hacer las horas extra a partir del 1 de junio. Reclaman la Consejería madrileña una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, “con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real”.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, “en un calendario concreto”, cada una de las reivindicaciones del colectivo, “con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas”.

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo “público y explícito” al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas “con capacidad negociadora real”, “voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos”.

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para caminar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Un problema estructural arrastrado durante años

En La Rioja, los médicos dejarán de operar por las tardes a partir del próximo 1 de junio. En un comunicado, el Sindicato de Médicos de La Rioja asegura que los médicos llevan años sosteniendo el sistema sanitario más allá de su jornada ordinaria contribuyendo de esta forma a la reducción de la lista de espera. “Han asumido una carga asistencial continuada mediante jornadas extraordinarias, prolongaciones de horario y actividad voluntaria”.

Sin embargo, esta situación responde a un problema “estructural arrastrado durante años como es la falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades”. Todo ello, apuntan, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales.

En Navarra, decenas de profesionales de los servicios de Traumatología, Anestesia y Digestivo han anunciado en las últimas horas que no realizarán horas extra. Denuncian sentirse “señalados” por el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez (Geroa Bai) como “responsables” del aumento del número de pacientes que aguardan por una primera consulta o por una cirugía.

Este anuncio aumenta la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera, especialmente en Traumatología, especialidad que acumula 14.461 pacientes en lista para una consulta. En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

Al personal de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el más grande de los tres públicos que hay en la comunidad foral, se le ha sumado en las últimas horas el de Anestesia y Digestivo, que también han anunciado su negativa a hacer 'peonadas'.

En Catalunya también se estan sumando profesionales de hasta 11 hospitales, entre los que están el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI), con el 96% del servicio de anestesiología secundando la iniciativa, y otros centros como el Hospital de Sant Pau, el Hospital del Mar, el Hospital materno-infantil San Juan de Dios, el Hospital Taulí de Sabadell, el Hospital de Terrassa (CST) y el Hospital de Terrassa (CST) de Igualada, entre otros.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sacado pecho este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, donde ha defendido la gestión del Gobierno con el brote de hantavirus en el MV Hondius, que desembarcó en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) el pasado 11 de mayo, un “éxito” reconocido por todos los organismos internacionales, y ha asegurado que “sencillamente es mentira” que no se informara “desde el primer minuto” de las decisiones que se iban tomando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), quien ha repetido en varias ocasiones que no recibió datos de la situación por parte del Ejecutivo central. Acusaciones con las que la titular del área ha ironizado durante su intervención y recuerda al líder regional que “mentir está incluso catalogado como pecado”

Clavijo, horas antes al desembarco, hasta recurrió a la inteligencia artificial para defender que las ratas podían llegar nadando a la costa tinerfeña, por qué dijo que no le habían contactado cuando sí lo habían hecho varios ministros.

Las interlocuciones, ha proseguido la ministra, fueron continuas, y varias de ellas fueron de ella misma con el presidente canario, con el que habló hasta cuatro veces en los momentos previos a iniciarse el operativo.

“Se ha hablado mucho de falta de comunicación. Se ha hablado de deslealtad institucional. Y, señorías, sencillamente es que es mentira”, ha destacado. Tras recibir la solicitud de la OMS, ha confirmado que ella misma contactó Fernando Clavijo, “para trasladarle formalmente la decisión de activar toda la coordinación institucional” y, en total, se han producido “18 comunicaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno canario”.

“Tenemos los registros de todas y cada una de las reuniones y todos y cada uno de los contactos. Mentir está feo, creo que está incluso catalogado como pecado”, ha ironizado.

Ha defendido además que su ministerio mantuvo comunicaciones desde el principio con los organismos internacionales y con todas las administraciones. “No solamente contactos políticos, también contactos técnicos. 

Mónica García ha dicho que España “salva igual al que viene en un buque de ocio que al que viene en una patera”.

“Estamos orgullosos de ser empáticos, de ser solidarios y de poner los derechos humanos y a las personas en el centro, sin pedirles ni el carnet de identidad ni decirles de dónde vienen, sino básicamente qué es lo que necesitas”, ha enfatizado la titular de Sanidad.

“Hay una grandísima diferencia entre tomar las decisiones guiadas por la ciencia, la humanidad y la solvencia, a tomarlas por cálculos políticos, intereses partidistas o negacionismo”, ha aseverado.

De este modo, Mónica García ha insistido en su comparecencia en que las decisiones se fueron tomando “en base a la mejor opción posible” y ha criticado que “lo que no se puede hacer” es mentir, alarmar o difundir bulos. “Para la vida en general, pero mucho menos en una crisis sanitaria y en una emergencia sanitaria”, ha precisado.

“Sembrar bulos, alarma, miedo entre la población, lo que hace es crear desconfianza de la población frente a las redes de seguridad que hemos creado entre todos y entre todas”, ha añadido puntualizando que el Gobierno optó por “gestionar” y “proteger la salud pública” sin entrar al “ruido político”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a insistir este miércoles en el “éxito” en la gestión del Gobierno con el brote de hantavirus, reconocido por todos los organismos internacionales. España “salva igual al que viene en un buque de ocio que al que viene en una patera”, ha dicho durante su comparecencia ante el pleno del Congreso.

“Estamos orgullosos de ser empáticos, de ser solidarios y de poner los derechos humanos y a las personas en el centro, sin pedirles ni el carnet de identidad ni decirles de dónde vienen, sino básicamente qué es lo que necesitas”, ha enfatizado la titular de Sanidad, que ha recordado que mientras se estaba produciendo el operativo de evacuación, también se rescató una patera.

Mónica García ha criticado a quienes querían que el operativo fracasara, los que han enarbolado el “sálvese quien pueda” y los que han desplegado bulos y desinformaciones. “Sencillamente es mentira” que el Gobierno no informara “desde el primer minuto” al Ejecutivo canario de las decisiones que se iban tomando, ha señalado, en relación a las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. “Tenemos los registros de todas y cada una de las reuniones y todos y cada uno de los contactos. Mentir está feo, creo que está incluso catalogado como pecado”, ha ironizado. 

García ha explicado que el operativo en sí comenzó la tarde del 5 de mayo, cuando España, tras haberse ofrecido a colaborar, atiende formalmente la petición de la OMS de acercar el barco, con 147 pasajeros a bordo de 23 nacionalidades, al puerto seguro más cercano. Tras reuniones técnicas durante todos los días previos y esa misma mañana, las autoridades sanitarias internacionales, encabezadas por la OMS y el ECDC, constataron que Cabo Verde no reunía los requisitos.

La OMS no lanzó su petición de ayuda -que transmitió su director general, Tedros Adhanom, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una carta- “desde el primer momento”, sino que desde las primeras horas se evaluaron escenarios, capacidades y alternativas.

Finalmente, se concluyó que Canarias reunía los requisitos, desde puertos designados conforme al Reglamento Sanitario Internacional a planes de contingencia ya existentes, programas de vigilancia y control sanitario, capacidad hospitalaria avanzada, experiencia en gestión de emergencias complejas y proximidad geográfica.

Fue así como, el 10 de mayo, y en plena coordinación con la OMS, el ECDC, las comunidades autónomas y los otros 22 países implicados se llevó a cabo la evacuación y repatriación de los cruceristas, que acabó con “exquisita puntualidad” la tarde del 11, culminando así un “éxito” reconocido por todos los organismos y gobiernos internacionales.

“España actuó porque debía actuar”, por “humanidad”, por “responsabilidad” y por “legalidad internacional”, y lo hizo “exactamente igual que nos gustaría que otros países actuaran si fueran ciudadanos españoles los que estuvieran atrapados en mitad de una emergencia sanitaria lejos de casa”, añadió. “El resultado de estas semanas demuestra que fue y ha sido siempre la decisión correcta”, ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 60 millones de euros para reforzar la cartera de salud bucodental entre la población infantojuvenil, incrementar la prestación para los llamados colectivos priorizados —como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o determinados pacientes oncológicos— y empezar a incorporar al sistema público a las personas mayores de 65 años. Estos fondos deberán ser ejecutados hasta 2028.

El Ministerio de Sanidad ya dio el primer paso para financiar el dentista a este grupo de edad en julio de 2025, con otros 68 millones de euros para las comunidades. En esta ocasión, el departamento que dirige Mónica García autoriza la distribución de otros 60 millones “para ampliar la cartera de salud bucodental”, indican, que serán gestionados por las autonomías.

Según explican desde el ministerio, el acuerdo contempla que el 10% de estos fondos se distribuyan en función del peso poblacional de ese colectivo de mayor edad. Para el resto, “los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial”.

Según los datos del Ministerio, los esfuerzos por ampliar la cobertura de salud bucodental en los últimos años han hecho que estas prestaciones lleguen ya al 30% de la población infantojuvenil; al 25% de las mujeres embarazadas; y al 3% de las mayores de 65 años. Este grupo se incorporó en 2025, mientras los menores de 15 años fueron incluidos ya en 2023.

Las enfermedades bucodentales son las afecciones no transmisibles más prevalentes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, que calcula que sufren patologías de este tipo más de 3.500 millones de personas en todo el mundo. Según un informe del grupo privado Donte Group, sufragar el dentista para los mayores de 65 años en España supondría un gasto sanitario de entre 517 y 853 millones de euros.

172 millones para Atención Primaria

El Consejo de Ministros ha aprobado también otra partida de 172,4 millones de euros para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que se distribuirá entre las comunidades autónomas durante 2026. En este caso, el 50% de la financiación dependerá de variables objetivas y la otra mitad al cumplimiento de cuatro hitos relacionados con empleo público, puestos de difícil cobertura enfermeras especialistas y estabilidad de unidades docentes, que “todas las comunidades han cumplido para 2026”, aclaran desde Sanidad.

Con estos fondos, el Gobierno quiere impulsar la “optimización de procesos administrativos, el impulso de la Inteligencia Artificial para transcripción en consulta, la renovación de equipamiento clínico y el refuerzo de la capacidad diagnóstica, especialmente en infecciones de transmisión sexual”.

Real decreto de tecnologías sanitarias

El Gobierno ha aprobado también el real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias. El nuevo marco pretende adaptar el Sistema Nacional de Salud al reglamento europeo y agilizar la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, “garantizando la equidad, eficiencia y sostenibilidad” del sistema.

“El objetivo de la norma es regular cómo se van a evaluar las tecnologías sanitarias cuando estos análisis sirvan para apoyar decisiones públicas sobre financiación, precio, incorporación a la cartera de servicios, modificación de las condiciones de uso o retirada de tecnologías sanitarias”, indican desde el Ministerio de Sanidad.

La futura regulación no será vinculante para la toma de decisiones, aunque incorpora cambios en las evaluaciones. Por ejemplo, se fija un máximo de 180 días naturales para completar estos procesos y, si ya existe una evaluación clínica conjunta de la Comisión Europea, se prohíbe expresamente la duplicidad de evaluaciones clínicas sobre eficacia y seguridad. De este modo, se centran “los esfuerzos nacionales en determinar el valor añadido y analizar los aspectos no clínicos, como el impacto económico, organizativo, social, ético y ambiental, específicos del contexto español”.

Además, incorpora la participación sistémica de la sociedad civil en todas las etapas de evaluación. “El sistema ya no se limita a un análisis de expertos a puerta cerrada, sino que otorga un papel protagonista a las organizaciones de pacientes y de personas con discapacidad. Esta apertura asegura que la evaluación no solo mida datos clínicos, sino que considere de forma explícita el impacto real en la calidad de vida de los afectados, valorando aspectos clave como la usabilidad de las tecnologías, la facilidad de uso y la eliminación de barreras de accesibilidad que puedan condicionar el éxito de un tratamiento”, indican desde Sanidad.

Sanidad ha detectado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles que se encuentran realizando cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid. La última prueba semanal, la tercera desde que los pasajeros del MV Hondius donde se originó el brote llegaron a España, de una de estas personas ha dado positivo y se suma al paciente que al que ya le habían detectado la enfermedad al día siguiente de aterrizar en Canarias. Los otros doce ciudadanos españoles que viajaban a bordo del crucero han vuelto a dar negativo.

Según el protocolo de manejo de casos, aprobado por la Comisión de Salud Pública, el nuevo positivo debe ser trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla, donde permanecerá hasta que vuelva a dar negativo en la PCR o hasta su recuperación clínica completa, si presenta síntomas. Por el momento está asintomático.

Allí permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas, según indican desde el departamento que dirige Mónica García. Según añaden las autoridades sanitarias, “la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha”.

Este lunes se cumplen 15 días de aislamiento de los pasajeros del MV Hondius. El periodo de incubación del hantavirus, de la cepa andina, es de 43 días. Y, según las autoridades sanitarias, el periodo más habitual de aparición de síntomas se encuentra entre la segunda y la tercera semana.

El protocolo de Sanidad contempla que las personas en cuarentena que sigan dando negativo en las pruebas PCR en suero y sangre que se les realizan semanalmente y que no presenten síntomas puedan finalizar la cuarentena en sus domicilios a partir del día 28 de ingreso hospitalario, el próximo 7 de junio. Deberán permanecer en sus viviendas hasta el 21 de junio, si estas cumplen ciertas condiciones, como disponer de una habitación individual con posibilidad de ventilación, entre otras.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado este viernes el protocolo de manejo de personas en seguimiento por el brote de hantavirus y permitirá a los españoles que permanecen en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', así como a las mujeres ingresadas en el Clínic de Barcelona y el Hospital de Alicante, que continúen la cuarentena en casa a partir de los 28 días desde que empezó a contarse el periodo de incubación.

Para los pasajeros del crucero MV Hondius, que desembarcaron en Canarias el pasado 10 de mayo, ese plazo de 28 días se cumplirá el próximo 7 de junio. Esta medida afecta a las 13 personas que han dado negativo en dos pruebas PCR, siempre que continúen así y no presenten síntomas compatibles con la enfermedad. El paciente que ha dado positivo se encuentra estable y mejorando.

Según indica Sanidad en un comunicado, “las personas en seguimiento domiciliario deberán realizar controles diarios de temperatura y comunicar cualquier síntoma compatible”, pero “mientras permanezcan asintomáticas, no se realizarán PCRs de seguimiento adicionales”.

Estas personas deberán continuar en cuarentena en sus domicilios hasta el próximo 21 de junio, cuando se cumplen los 42 días desde la salida del barco recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La actualización del protocolo apunta, no obstante, que la cuarentena en casa “únicamente podrá realizarse cuando la vivienda reúna las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria”. Así, establece requisitos, como que la persona disponga de una habitación individual bien ventilada y, “preferentemente”, baño propio.

“En aquellos casos en los que las condiciones del domicilio o del entorno familiar no permitan asegurar estas medidas, las autoridades de Salud Pública de las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos para garantizar una cuarentena segura”, indica desde el departamento que dirige Mónica García.

La evidencia de la que disponen las autoridades sanitarias internacionales y los expertos en epidemiología apunta a que la mayoría de las personas infectadas por hantaviurus comienzan a presentar síntomas durante las primeras tres semanas. Esto es, hasta los 28 días. Por eso, a partir de esa fecha las probabilidades de haber contraído la enfermedad son más bajas, aunque el periodo de incubación siga latente.

La OMS había recomendado la cuarentena hasta los 42 días, pero había abierto la puerta a que esta se realizase en un centro sanitario o en los domicilios particulares. De hecho, la mayoría de países con nacionales en el Hondius habían optado por una fórmula mixta, a la que ahora se suma también España.

UGT ha denunciado este viernes “el trato claramente discriminatorio escandaloso” del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los técnicos sanitarios en los servicios mínimos decretados en la huelga convocada por el colectivo de técnicos superiores sanitarios y de cuidados auxiliares de enfermería para este lunes, 25 de mayo.

Los servicios mínimos -para la huelga del 25 de mayo y para otra prevista el 15 de junio en este colectivo- fueron aprobados el jueves por el Gobierno regional y publicados el mismo día en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que la comparación de los servicios mínimos de esta huelga de los técnicos sanitarios y los de la huelga médica “resulta demoledora y evidencia criterios completamente distintos”.

A su juicio, ello “reafirma que sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda en la sanidad pública”.

El secretario de Sandad de UGT Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado que, “mientras para los médicos de familia se fijaron servicios mínimos cercanos al 12% y para pediatría alrededor del 21%; en el caso de los técnicos sanitarios se imponen coberturas del 66%, 70% e incluso del 100% en numerosos servicios hospitalarios”.

“Es decir, mientras aproximadamente uno de cada diez médicos podía ser obligado a trabajar durante la huelga, en el caso de los técnicos sanitarios la Administración obliga a permanecer en sus puestos a siete de cada diez profesionales, llegando en algunos servicios a impedir completamente el ejercicio efectivo del derecho de huelga”, ha reprochado.

Además, ha señalado que en urgencias, quirófanos y unidades críticas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Hospital Sierrallana o Tres Mares, los mínimos fijados para la huelga de técnicos sanitarios “coinciden prácticamente con la totalidad de la plantilla habitual, y todo ello, mientras el propio decreto reconoce expresamente que sin técnicos sanitarios se comprometería gravemente el funcionamiento del sistema sanitario público”.

El secretario de Sanidad de UGT en Cantabria se pregunta si “interesa que el sistema sanitario colapse cuando la huelga la convocan unos profesionales, pero deja de interesar cuando quienes ejercen su derecho son los técnicos sanitarios”.

Falta de reconocimiento profesional

“La propia Administración admite que estos profesionales sostienen laboratorios, radiología, farmacia hospitalaria, actividad quirúrgica, urgencias y cuidados básicos, pero después les impone los servicios mínimos más abusivos y continúa negándoles el reconocimiento económico y profesional que les corresponde”, ha censurado Carmona.

El responsable autonómico de Sanidad de UGT ha subrayado que “miles de técnicos superiores y medios siguen encuadrados en una clasificación profesional obsoleta, pese a existir un compromiso firmado para su reclasificación profesional en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”.

“No puede seguir existiendo personal imprescindible para sostener el sistema sanitario, pero invisible cuando se trata de reconocer derechos, salarios y clasificación profesional”, ha reivindicado Carmona, que ha reclamado, en nombre de UGT, “la revisión inmediata de los servicios mínimos, el desbloqueo urgente de la reclasificación profesional y el fin de la discriminación histórica que sufren los técnicos sanitarios”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha confirmado finalmente al Parlamento Vasco que Euskadi, en 2025, únicamente envió al registro oncológico estatal, llamado REDECAN, información con diagnósticos hasta 2019, sin ofrecer datos actualizados de casos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ó 2025. Como adelantó este periódico en diciembre, el registro autonómico no tiene estadísticas más recientes.

Martínez, en respuesta a varias solicitudes de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera y a preguntas de los medios de comunicación, había insistido desde que trascendió esta situación en que, en octubre, Euskadi había sido de las pocas comunidades autónomas en aportar datos al REDECAN. Sin embargo, el contenido de esa entrega facilitado ahora a la Cámara, de nuevo a instancias de la formación abertzale, detalla que el último caso diagnosticado registrado es del 26 de diciembre de 2019, un paciente de Gipuzkoa.

El REDECAN pidió a Euskadi el 3 de octubre de 2025 datos para su séptima oleada. Este registro persigue “obtener y proporcionar de forma periódica a las autoridades sanitarias y a la comunidad científica los resultados sobre incidencia, supervivencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en España”. También “promover, facilitar, realizar y publicar investigaciones sobre cáncer con datos de los registros poblacionales de cáncer”.

El propio escrito de petición demandaba que la entrega se haga con un nombre de fichero muy concreto. Así, al analizar lo enviado ya se da la pista de que no hay diagnósticos más recientes que los de 2019, aunque el cáncer es una de las patologías con mayor prevalencia en Euskadi y una de las principales causas de fallecimientos en ambos sexos. Sí constan algunos registros actualizados en 2020, 2021 ó 2022, pero no casos nuevos.

Se da la circunstancia de que, en 2024, Euskadi recibió un requerimiento similar del equivalente europeo al REDECAN, llamado ENCR. Los nombres de los tres ficheros entregados muestran, igualmente, que la estadística se corta en 2019. Existe también un registro internacional, llamado IACR.

En su momento, fuentes internas hacían constar que el motivo de la no actualización del Registro del Cáncer, creado en 1986, se debía a falta de personal y a problemas con el aplicativo informático. En enero, el consejero Martínez comprometió una inversión de 421.000 euros para un nuevo 'software' que permitiera actualizar el registro. Textualmente, se indicaba que “a partir del primer trimestre de 2026” se emplearía “exclusivamente” un nuevo sistema informático llamado “AC59”.

Ahora, en mayo, Martínez dice que, “en la actualidad, el Registro del Cáncer sigue utilizando la aplicación antigua K43 para la recogida de datos, ya que la aplicación AC59 ”todavía no está operativa“. Explica que está ”en fase de desarrollo“. Martínez insiste en que el K43 ”se sustituye por cuestiones técnicas“ y que la nueva permitirá una recogida ”automatizada“ de información, así como ”cruces“ con otras bases de datos como la de mortalidad, ”actualización del seguimiento de los casos“ y una opción para ”extraer datos conforme a los formatos solicitados para los distintos envíos oficiales, incluido el Ministerio de Sanidad del Estado español“. No se dan fechas.

En febrero, este periódico también informó de que el Registro de Anomalías Congénitas de Euskadi (conocido por las siglas RACAV) está abandonado desde hace años y no hay información actualizada de posibles casos de cardiopatías, incidencias cromosómicas como el síndrome de Down o problemas de visión, entre muchos otros, en “nacidos vivos, mortinatos e interrupciones voluntarias del embarazo”. La última memoria, con estadísticas de 2010 a 2015, fue publicada en 2019, con Jon Darpón de consejero.

A este respecto, Martínez dijo que no había planes para actualizarlo porque no es una base de datos “obligatoria”. Sin embargo, en el nuevo organismo que se va a crear, llamado Osasungintza y que ejercerá como agencia vasca de salud pública, se pretenden centralizar todos los registros, incluido el oncológico y el de anomalías congénitas. La inexistencia de estadísticas actualizadas no implica cambios en la parte asistencial de estas patologías.

Cinco días de huelga y cero contactos. Los sindicatos médicos han arrancado este lunes nuevas jornadas de paros en toda España sin que se hayan producido acercamientos con el Ministerio de Sanidad a fin de resolver un conflicto que se alarga ya durante meses. Con la de esta semana, son ya cuatro las que los médicos se han plantado ante el borrador del nuevo estatuto médico en lo que va de año.

Las relaciones entre los sindicatos médicos y el ministerio se encuentran actualmente en su peor momento. Las organizaciones pidieron la dimisión de la ministra, Mónica García, por sus “reiteradas mentiras” y ella les acusó de “deslealtad” en la negociación, después de que estas anunciasen que mantenían la convocatoria del mes de abril en plenas conversaciones.

Con estos antecedentes, los paros, que comenzaron este lunes y se alargarán hasta el viernes, llegan sin que se haya producido el más mínimo acercamiento entre las partes. “No se ha producido ningún contacto oficial entre Ministerio y Comité de Huelga que permita pensar en un posible acercamiento, por lo que todo sigue en el mismo punto que para la anterior convocatoria”, trasladan desde las organizaciones.

En Sanidad dieron por rotos los puentes tras la última negociación y, por el momento, insisten en que ya han dado respuesta a las reclamaciones de los médicos, salvo en aquellos casos que exceden sus competencias. “El ministerio respeta las movilizaciones y comparte la preocupación por las reivindicaciones de los profesionales, que considera legítimas. De hecho, buena parte de dichas demandas ya han sido incorporadas al propio borrador del Estatuto Marco o forman parte de proyectos en tramitación”, señalan fuentes consultadas.

Las reclamaciones generales de los sindicatos profesionales —Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— pasan por la creación de un Estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación “flexible y sin penalizaciones”.

“Las movilizaciones han permitido avanzar hacia una norma más ambiciosa, pero el Estatuto Marco debe entenderse como un instrumento estatal que fija un marco común de derechos, garantías y límites básicos para todo el Sistema Nacional de Salud”, justifican desde el ministerio, que señala que “la concreción efectiva de gran parte de las condiciones laborales corresponde, sin embargo, a las comunidades autónomas, competentes en organización sanitaria, gestión de recursos humanos, retribuciones y establecimiento de las condiciones de trabajo de los profesionales, desde la culminación de las trasferencias sanitarias en 2002”.

De hecho, pese a la convocatoria estatal, algunos de estos sindicatos han hecho llamamientos autonómicos específicos en la Comunitat Valenciana, Aragón y Madrid. Según denuncian desde el Comité de Huelga, “algunas comunidades como Castilla y León han vuelto a recurrir los servicios mínimos impuestos”, al considerarlos “abusivos”.

Sanidad pone como ejemplo los acuerdos alcanzados entre algunas consejerías de salud y los huelguistas para hacer ver que “una parte sustancial del conflicto puede abordarse y resolverse desde el ámbito autonómico mediante el ejercicio de competencias ya transferidas”. Es el caso de Galicia, que ha firmado acuerdos sobre la jornada de 35 horas y la retribución de las guardias, descansos e incentivos; Aragón, con mejoras en la carrera profesional, además de mejores pagos para las guardias, medidas específicas para los MIR y espacios propios de negociación; o Navarra, donde se ha abierto una negociación específica para el reconocimiento del exceso horario, enumeran desde el ministerio.

Los sindicatos, que concentrarán el grueso de los actos el miércoles, recuerdan, sin embargo, que “el conflicto se mantiene mientras no exista una voluntad real de alcanzar acuerdos que permitan solucionar las reivindicaciones de médicos y facultativos”. En este sentido, el calendario de movilizaciones acordado en enero incluía una semana de huelga al mes, en principio, hasta junio. Ese mes hay previstos nuevos paros del día 15 al 19.

¿Y después? Fuentes sindicales confían en que se retomen las conversaciones con el ministerio, aunque dejan la puerta abierta a valorar las “siguientes acciones” tras los paros previstos para junio, si estos llegan a celebrarse. Por el momento, no parece que el conflicto esté próximo a desencallarse. Desde Suiza, donde se encuentra en la Asamblea Mundial de la Salud, García insistió este lunes en su creencia de que “hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto y evitar o atrasar que las mejoras del Estatuto Marco” lleguen a los profesionales.

Los médicos arrancan este lunes su cuarta semana de huelga en lo que va de año. Los nuevos paros, convocados por los sindicatos médicos, que comenzaron como respuesta al Estatuto marco que el Ministerio de Sanidad negoció con las organizaciones sindicales de clase, se producen sin que haya habido avances significativos respecto a la última convocatoria, la semana del 27 de abril.

De hecho, las posiciones quedaron más enconadas que nunca, con los sindicatos pidiendo la implicación directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dimisión de la ministra, Mónica García. Esta, por su parte, acusó a estas organizaciones de “deslealtad” en la negociación y de estar alineados con la derecha.

Desde Sanidad, defienden que el estatuto marco que critican los médicos mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.

Así figura en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del estatuto marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde—, organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas están ya en ese documento.

Otras, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco.

Pero los sindicatos del comité de huelga —Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— insisten en exigir un estatuto propio y en abrir una vía de negociación exclusiva con Sanidad, al margen de las organizaciones de la mesa.

A lo largo de múltiples reuniones formales e informales celebradas estos meses, Sanidad ha tratado de buscar soluciones proponiendo la mediación de las asociaciones de pacientes o el Foro de la Profesión Médica, a lo que se negaron de plano los huelguistas. Planteó además la creación de mesas de negociación específicas en el ámbito de las comunidades, pero también fue rechazada.

Es por todo ello que García cree que, tras todos los intentos por resolver la situación, y tras más de una señal de que así iba a ser, el comité está interesado en perpetuarlo porque está siendo utilizado “de manera instrumental” por los partidos de derecha, sobre todo el PP, para desestabilizar el Gobierno.

Así las cosas, los médicos volverán a las calles ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. El seguimiento de las precedentes fue similar, con cifras que oscilaron entre el 5 y el 20 %, según las consejerías, elevadas al 60 % por los sindicatos.

Varios paros autonómicos, como el de Galicia, han sido suspendidos tras los acuerdos alcanzados entre los sindicatos médicos autonómicos y sus respectivas consejerías en materias competenciales de las comunidades, como las retributivas.

Mientras, en Madrid, Amyts lo ha mantenido tras una “corta y decepcionante” reunión con la consejera y CESM ha hecho lo propio en Aragón y Comunidad Valenciana.

Con todo, desde mañana y hasta el viernes se sucederán las protestas en toda España, con el miércoles 20 como día central, con varias manifestaciones programadas, como en Bilbao, Vigo o Valencia; y distintas concentraciones como la que se celebrará frente al Ministerio.

Este lunes comienza en Castilla-La Mancha la cuarta semana de huelga nacional indefinida de médicos, facultativos y residentes que se prolongará hasta el próximo 22 de mayo en todo el territorio nacional y al que están llamados más de7.500 profesionales de la comunidad autónoma.

La reivindicación sigue siendo la misma: , la defensa de un Estatuto Propio, unas condiciones laborales dignas y una Sanidad Pública segura y de calidad.

El Sindicato Médico ha asegurado que durante todas las jornadas de huelga “estarán garantizadas las urgencias y la asistencia no demorable, con la responsabilidad que siempre ha caracterizado a la profesión médica” e invitan a los profesionales y a la ciudadanía a participar en las concentraciones previstas esta semana, especialmente en la concentración autonómica del miércoles 20 de mayo, a las 19 horas, en la plaza Mayor de Ciudad Real, que será el acto central de la huelga en Castilla-La Mancha.

También están previstas concentraciones el martes 19 de mayo, a las 11:00 horas, en el Hospital General Universitario de Albacete; el jueves 21 de mayo, a las 11:00 horas, en el Hospital General Universitario de Cuenca; y el viernes 22 de mayo, a las 11:00 horas, en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete.

Rechazan a la ministra de Sanidad como “interlocutora válida”

El Sindicato Médicos dice “lamentar profundamente tener que continuar con esta huelga” pero atribuyen su posición a la “ausencia de respuestas reales por parte del Ministerio de Sanidad y la falta de una negociación efectiva”. Subrayan que “la principal responsabilidad política recae en la Ministra de Sanidad, Mónica García” de quien aseguran que su “falta de soluciones ha prolongado un conflicto que afecta directamente a miles de profesionales y al conjunto de la ciudadanía”.

Después de haber solicitado su dimisión o cese en anteriores convocatorias, el Comité Nacional de Huelga entiende que “la ministra ha dejado de ser una interlocutora válida” y ha dirigido una carta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para que “designe negociadores de los ministerios competentes, con capacidad real de decisión, que permitan alcanzar un acuerdo serio y poner fin a este conflicto”.

Por otro lado, en Castilla-La Mancha el Sindicato Médico se dirige al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha Jesús Fernández al que reclama que adopte “una posición clara en defensa de los médicos y facultativos” de la comunidad y que traslade al Gobierno de España “la necesidad urgente de desbloquear este conflicto, abrir una negociación real y avanzar hacia un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa”.

Aseguran que no se trata de pedir “privilegios” sino “condiciones justas para poder cuidar mejor: jornadas dignas, reconocimiento de las guardias y de los excesos de jornada, plantillas suficientes, una clasificación profesional acorde a nuestra formación y responsabilidad, y un ámbito específico de negociación donde la profesión médica tenga voz propia”. También aclaran que la huelga “no va contra la ciudadanía” sino “en defensa de los pacientes y del futuro del sistema sanitario público”.

Han pasado apenas un par de semanas desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del Reino Unido sobre un brote de una enfermedad aguada grave a bordo de un crucero que navegaba desde la isla de Ascensión, donde había hecho parada en su ruta desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, en dirección a Cabo Verde. El 2 de mayo, las miradas de las autoridades sanitarias internacionales y más de una veintena de países con nacionales a bordo se posaron sobre el MV Hondius. La emergencia se encamina ahora hacia un final que será largo, pero que, salvo imprevistos, tiene fecha tope: el 21 de junio.

El mismo día 2 de mayo que se confirmó el primer caso de hantavirus por PCR en un pasajero que fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos, falleció en el barco la tercera, y por el momento última, víctima mortal del virus en este brote. Unos días antes había muerto una pareja a la que no se le habían realizado pruebas microbiológicas.

En los siguientes días pasaron muchas cosas: Cabo Verde se reconoció incapaz de asumir con plenas garantías de seguridad el desembarco de las 147 personas a bordo del crucero, la OMS pidió auxilio a España para organizar una operación “sin precedentes” desde Tenerife, el Gobierno canario avivó una crisis política, los casos sospechosos subieron a 10 y las autoridades sanitarias activaron sus protocolos de rastreo y seguimiento de contactos para contener la expansión del virus.

Hoy, con esos contactos controlados y encapsulados, el Ministerio de Sanidad español considera que el riesgo para la población es “extremadamente bajo”. No quiere decir que no puedan surgir nuevos casos entre las personas en cuarentena. “¿Es posible que en las próximas horas o días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivos? Sí”, llegó a expresar la titular de este departamento, Mónica García, el martes en una rueda de prensa.

Actualmente, en España hay un positivo confirmado y otros 15 contactos. El primero se encuentra “estable”, en los últimos días ha presentado “cierta mejoría” y permanece aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar 'Gómez Ulla'. Del resto, los otros 13 pasajeros evacuados del MV Hondius están en cuarentena en este mismo centro. Las otras dos son dos pasajeras de un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam en el que se intentó que viajara una de las fallecidas. Una presentó síntomas, pero ha dado negativo en cuatro pruebas PCR y está en un hospital de Alicante; la otra está asintomática en el Clínic de Barcelona y ha dado negativo en dos pruebas consecutivas.

“Que estemos detectando todos los casos es una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica”, ha expresado la ministra García. Según el último informe de situación de Sanidad, “la única vía de transmisión en España en este momento es por el contacto con los casos confirmados con síntomas; los profesionales sanitarios que prestan atención y cuidados a estas personas están tomando todas las precauciones necesarias por lo que este riesgo se considera muy bajo. Fuera del entorno sanitario donde se encuentran ingresadas las personas en seguimiento, el riesgo para la población española es extremadamente bajo, debido a que el estudio de posibles contactos está siendo exhaustivo a nivel nacional e internacional”.

Aunque las personas en cuarentena puedan mostrar signos de desarrollar la infección en los próximos días o semanas, el hecho de que estén recluidos minimiza la posibilidad de que esta se transmita. Ese riesgo “extremadamente bajo” al que se refiere Sanidad, que ha establecido una cuarentena de 42 días, a contar desde el momento en el que los pasajeros fueron evacuados del barco y, en el caso de los contactos de Johannesburgo, desde que estuvieron en el avión, el 25 de abril. Estas podrían dejar los centros hospitalarios el 6 de junio. El resto tendrán que esperar al día 21 del mismo mes.

La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países con pasajeros a bordo del barco —no tiene capacidad para imponer estas decisiones— comenzar a contar la cuarentena desde el momento en el que bajasen del MV Hondius, para prevenir posibles nuevos contagios. El jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier le Polain, ya advirtió que “la capacidad de infección es más alta” durante “los primeros momentos de la enfermedad”: “Por eso, para no esperar a que eso suceda antes de aislar, la recomendación es optar por la cuarentena”.

“Aunque ha habido casos que se han desarrollado en la sexta semana, son los menos. La mediana de los estudios son 18 días”, explica el doctor del departamento de Salud Internacional del Hospital Clínic e investigador en IS Global, Alex Almuedo. En un hipotético calendario, esa mediana llegaría el 28 de mayo, contando con que esa posible infección se hubiera producido el último día de contacto posible, justo cuando bajaron del barco.

No obstante, los expertos siguen insistiendo en que la transmisión entre humanos requiere de un contacto estrecho. Actualmente, la hipótesis más probable con la que trabajan las autoridades sanitarias es que “algunos pasajeros tuvieron exposición, probablemente ambiental, al hantavirus mientras pasaban tiempo en Argentina antes de embarcar —el 1 de abril—, en lugares donde la cepa Andes es endémica y, posteriormente, hubiera transmisión del virus a otros pasajeros a bordo del crucero a partir de los contactos iniciales”.

Además de evitar la posible propagación del virus —los considerados contactos han dado negativo en las pruebas y son personas sanas, que no transmiten ninguna enfermedad—, la cuarentena permite a los clínicos actuar rápidamente si estas personas comenzasen a presentar síntomas compatibles con la infección. Sanidad continuará realizando pruebas PCR cada siete días y revisará el protocolo en función de la evolución epidemiológica y las nuevas evidencias en torno al virus.

Por el momento, en todo el mundo se han detectado un total de 10 casos, de los cuales 8 han sido confirmados por laboratorio. Tres de estas personas han fallecido y otras dos se encuentran en estado grave en Francia y Johannesburgo. “Los análisis preliminares de la secuenciación del hantavirus Andes de las muestras de los casos confirmados han presentado entre ellas altas similitudes genéticas, lo que probablemente indica un evento inicial de transmisión zoonótica seguido de transmisión de persona a persona”, apunta el informe de Sanidad.

Como la OMS no puede imponer las cuarentenas, cada país ha optado por sus propias medidas. La organización internacional sí ha indicado que este periodo podría realizarse en un centro sanitario o en los domicilios de los contactos. Por ejemplo, en Alemania han optado por esta última opción, durante un periodo de 45 días. En Francia, la primera parte de la cuarentena, 15 días, se llevará a cabo en el Hospital Bichat y el resto, en casas. En Reino Unido, han permanecido durante 72 horas en los apartamentos del Hospital Arrowe Park y pasarán el resto de días en cuarentena domiciliaria. En todos los casos, bajo vigilancia y obligación de notificar posibles síntomas.

En Países Bajos, las autoridades han determinado una cuarentena de seis semanas, que se guardará en las propias casas, bajo la obligación de controlar la temperatura y mantener contacto constante con los servicios municipales de salud. A este país llegará el crucero, previsiblemente, el próximo lunes, con los últimos 25 miembros de la tripulación, encargados de trasladar el MV Hondius al puerto de Róterdam, y con los dos sanitarios del servicio nacional de salud, que marcará los procedimientos a seguir por los últimos miembros a bordo del buque más popular de la última quincena.

Como era de esperar, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se enrocó este miércoles en su tesis de “defensa de la seguridad de los canarios” para justificar su confrontación con el Gobierno del Estado y el comportamiento que tuvo el fin de semana pasado con la llegada a Canarias del MV Hondius, el barco donde se detectó el brote de hantavirus que originó una crisis sanitaria en la que se han visto concernidos una veintena de países. En su comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlamento de Canarias, Clavijo no reconoció el más mínimo error en la gestión de esta crisis por parte suya o de los miembros de su Gabinete, pero para conseguirlo pasó de puntillas por una decisión crucial que tomó y que no pudo ejecutarse sencillamente por no ser de su competencia: el anuncio de que no autorizaría la entrada del barco en el puerto de Granadilla porque, a su entender, no se cumplían sus exigencias.

En tres ocasiones a lo largo de su primera intervención, Fernando Clavijo se refirió al Hondius como “un crucero de lujo”, seguramente en un intento por desacreditar a quienes le han reprochado insistentemente su desprecio por la vertiente humanitaria de la operación internacional que él trató de boicotear en todo momento. Olvida el presidente canario de que en ese barco no solo viajaban 114 pasajeros, catorce de ellos españoles, sino también 61 tripulantes, gente trabajadora, mayoritariamente filipina, entre la que se encontraba también un español.

Como no podía faltar en un discurso de confrontación con el Estado, Clavijo desplegó todo el catálogo de desprecios, agravios y ninguneos hacia esta ultraperiferia, y pronto le hicieron los coros todos los partidos políticos que respaldan al actual ejecutivo canario en esta legislatura, desde el suyo propio, Coalición Canaria, hasta el Partido Popular, que en Canarias quebró este miércoles la prudencia que está manteniendo en estos momentos a escala nacional, pasando por la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que defendieron con apasionamiento la canariedad de los errores gubernamentales por encima de las consecuencias de esos errores.

En el terreno de lo anecdótico cabe destacar la intervención de la portavoz del Partido Popular, Luz Reverón, que fue la única que se refirió, con todas las letras, al mensaje de WhatsApp que Clavijo envió a la ministra de Sanidad con un texto generado por inteligencia artificial para defender la tesis de lo bien que nadan las ratas. A Reverón no le indignó lo que hizo el presidente, es decir, el contenido del mensaje, sino que este se filtrara a la prensa para que toda la humanidad supiera de qué fuentes científicas estuvo bebiendo el presidente canario durante la mayor crisis de salud pública después de la pandemia por coronavirus en 2020.

El partido de Luz Reverón sabe muy bien lo que es filtrar un pantallazo de WhatsApp a los medios informativos. Lo hizo en 2018 un senador del Grupo Popular, aún por identificar, que envió a algún periodista amigo de El Español el mensaje que había recibido de su portavoz, Ignacio Cosidó sobre la manera de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la de los aforados) por la puerta de atrás mediante el nombramiento de un paquete de magistrados que incluía a Manuel Marchena como presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial.

A Clavijo le echó una mano sin querer el portavoz socialista, Sebastián Franquis, quien respecto a los mensajes y llamadas telefónicas cometió el error de decir que estas últimas quedan grabadas, cuando quería decir registradas. Su aclaración posterior, tras el lógico reproche de Clavijo, que se había indignado al creer que era cierto que sus conversaciones con el Gobierno habían quedado grabadas, no fue tenida en consideración por el presidente y su grupo parlamentario, que abuchearon al socialista. Sencillamente les viene mejor creer que a Clavijo lo grabaron los ministros porque, de este modo, habrá polémica otras dos semanas más. Por lo menos.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, no ayudó demasiado a la causa clavijista porque se empeñó en recordarle que gobiernan juntos, entre otros municipios canarios en Granadilla de Abona, y en felicitarle por la interpretación particular que Canarias ha hecho del lema “prioridad nacional” al imponer a los aspirantes a una vivienda pública un arraigo de doce años. 

“Un paso al lado, no atrás”, pero siempre alarmismo

Lo más elocuente de las explicaciones dadas por Clavijo motu proprio fue la ausencia de una explicación sobre su comportamiento la noche del sábado previa a la llegada del Hondius a Tenerife. En ningún momento reconoció el exceso administrativo y jurídico que supuso su anuncio de que iba a prohibir (llámalo “no permitir”) la entrada del barco en el puerto de Granadilla. Según sus palabras, lo que hizo fue “dar un paso al lado, no atrás”, y lo hizo “para no entorpecer el operativo y permitir que se desarrollara con la mayor rapidez posible”.

Creía Clavijo a esas horas que iba a bastar con dar la orden al presidente de la Autoridad Portuaria para que se hiciera su voluntad, algo que era del todo imposible. Primero, porque ningún presidente autonómico de España (incluidos el catalán y el vasco, dicho sea para descartar comparaciones estúpidas) tiene competencia alguna sobre los puertos de titularidad y de interés nacional. Y, segundo, porque por si albergaban alguna duda los asesores que hicieron cometer ese exceso al líder canario, ya se encargó de inmediato la directora general de la Marina Mercante de despejarlas con una orden tajante.

Todavía no ha quedado aclarado si Clavijo llegó a cursar la orden de prohibición de entrada ante el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, que se encontraba presente aquel día en el muelle cuando se produjo el anuncio presidencial. Pero dados los conocimientos que se le suponen a Suárez y la presencia en los alrededores del presidente de Puertos del Estado, el también canario,Gustavo Santana, todo hace pensar que el intento naufragó antes de promoverse.

Clavijo se empeñó este miércoles continuamente en mantener el mismo tono de alarmismo que le llevó a aquella atrabiliaria decisión a pie de muelle. Hizo girar gran parte de sus reproches alrededor de los test PCR, que no se hicieron como él dice que se exigió, al desprecio por los científicos canarios (solo citó a uno, frente a los que han respaldado la operación) y la aparición de un caso positivo le ha servido para sostener que tenía razón en sus augurios. “Lo que no quisimos hacer fue ser cómplices de una decisión tomada sin información, sin respeto institucional y sin atender ninguna de las garantías que habíamos solicitado”, proclamó. 

Y de remate, como viene siendo norma desde que estallaron los memes con las ratas, Clavijo y los portavoces aliados se volvieron a lanzar a por la inmigración para tener más reproches que hacer al Gobierno de Pedro Sánchez.