El Ministerio de Sanidad sacó a subasta pública 158 lotes de joyas procedentes de operaciones contra el narcotráfico, con precios de salida que en algunos casos arrancan en 10 euros. La convocatoria reúne más de 200 piezas, en su inmensa mayoría de oro de 18 quilates, entre ellas anillos, cadenas, pulseras, broches y pendientes, además de algunas joyas con diamantes y esmeraldas. La operación se realiza a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y los ingresos obtenidos se destinarán a financiar actuaciones frente a las adicciones.

La convocatoria corresponde a la Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el 28 de agosto y admite ofertas hasta el próximo 17 de septiembre. Sus detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto y todo el procedimiento se desarrolla por vía electrónica a través de la plataforma especializada Escrapalia. Los precios de salida parten de los 10 euros y Sanidad señala como potenciales interesados tanto a particulares como a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres e inversores privados.

Más de 200 piezas de oro y piedras preciosas

El catálogo está formado por más de 200 piezas repartidas en 158 lotes y predominan las confeccionadas en oro de 18 quilates. Entre los artículos descritos por Sanidad figuran pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes, algunos de ellos con piedras preciosas como esmeraldas y diamantes. La variedad de precios permite que determinados lotes comiencen en apenas 10 euros, aunque esa cantidad representa el mínimo de salida de la subasta y no el precio general de las joyas.

Las piezas pueden tener además distintos usos una vez adquiridas. Sanidad destaca la posibilidad de reintroducirlas directamente en el mercado minorista de segunda mano o de aprovechar el metal precioso por su valor al peso. Para participar, los interesados deben registrarse previamente en Escrapalia, aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria y depositar una fianza de garantía de 1.000 euros.

Qué ocurre con el dinero recaudado

Las joyas proceden del Fondo de Bienes Decomisados, encargado de gestionar este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El dinero conseguido con su venta se incorporará al propio Fondo para financiar actuaciones frente a las adicciones. Según explica Sanidad, el propósito es que la recaudación contribuya a revertir en la sociedad los daños provocados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías, la asistencia a personas con problemas de drogodependencia y las iniciativas para favorecer su inserción social y laboral. En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha dedicado a medidas de reducción de la demanda. El 40% restante ha servido para reducir la oferta de drogas mediante la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras.

La cantidad que mueve este mecanismo supera ampliamente el alcance de esta subasta concreta. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. La cifra permite dimensionar el volumen de recursos que se destina tanto a programas de prevención y asistencia como a medidas dirigidas a combatir la oferta de drogas.

La subasta actual ofrece así dos posibilidades señaladas por el propio Ministerio: la venta de las piezas en el mercado de segunda mano o el reaprovechamiento del oro por su valor al peso. Quienes quieran optar a alguno de los 158 lotes deberán hacerlo a través de Escrapalia, donde se encuentran las condiciones de participación y el catálogo de los bienes puestos a la venta. Para poder pujar será necesario haberse registrado en la plataforma y haber depositado la fianza de 1.000 euros exigida por la convocatoria.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido al paso de las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista pedía decretar el confinamiento de los migrantes llegados a Ceuta de forma irregular a finales de julio por un supuesto “riesgo sanitario” por sarna y tuberculosis, negando la existencia de este “riesgo” y apuntando a la necesidad de alojar a los migrantes en condiciones de higiene y salubridad para evitar brotes de enfermedades.

García ha respondido a Feijóo en un extenso mensaje en sus redes sociales en el que, tras recordar que las competencias en materia de salud pública corresponden al Gobierno de la ciudad autónoma, ha repasado la situación en la ciudad de las cuatro enfermedades a las que el popular hacía referencia: tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis.

En el caso de las dos primeras dolencias, la tuberculosis y la varicela, la ministra de Sanidad ha destacado que han sido detectados tres casos de cada una. De la primera, dos de ellos en migrantes, ninguno de ellos contagioso: uno por encontrarse bajo tratamiento previo y otro por tratarse de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa. De varicela existen tres casos sospechosos, aunque ninguno de ellos relacionado con la llegada irregular de migrantes de finales de julio: uno fue detectado en la operación Paso del Estrecho, y que fue descartado, y otros dos ingresados pendientes de confirmación diagnóstica, pero sin relación con la población migrante.

Sobre los casos de sarna, de los que la ministra ha asegurado que el Gobierno de la ciudad de Ceuta se está encargando, no ha ofrecido datos concretos, aunque sí ha apuntado que no precisan de ingreso hospitalario ni confinamiento, y ha instado a Feijóo a que ayude “a los equipos de salud pública de la ciudad a reforzarse y así facilitar su trabajo en el ejercicio de sus competencias”.

En cuanto a la gastroenteritis, Mónica García ha recordado que, pese a que Feijóo ha descrito la existencia de 450 hipotéticos casos, los estudiados por el servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta son un total de 55 casos de probable E. coli enteroinvaisva. Además ha detallado que se trata de un brote ya controlado y sin desarrollo posterior de más casos y que estaría ligado al consumo de aguas no aptas para el consumo humano en territorio ceutí.

La ministra recuerda que se trata en todos los casos de enfermedades “presentes en nuestro entorno” y cuyos sistemas de vigilancia están “siempre activos” aunque “más en una situación como esta”. Además, ha apuntado que “cuando se llega a ciertos diagnósticos ya se aísla a esas personas y se hace el estudio de contactos”, de acuerdo con los protocolos sanitarios existentes, comunes a todas las comunidades autónomas.

Este domingo el líder del PP, Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estudie decretar el confinamiento en Ceuta por “riesgo sanitario” ante las enfermedades infectocontagiosas como la sarna o la tuberculosis que se han detectado tras la entrada de más de 70.000 personas migrantes a finales de julio. En un tuit posterior a la publicación de esta entrevista concedida a Europa Press, ha matizado sus palabras explicando que se refiere a “portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”.

Feijóo ha destacado además que se han detectado casos de sarna entre militares españoles desplegados en Ceuta y los ha vinculado con la presencia de inmigrantes en la ciudad. “Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles, entre las playas, las colinas y los barrancos de Ceuta, sin cobijo, sin atención y en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí y que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública”, ha abundado.

Cabe recordar que los militares españoles desplazados a la ciudad han denunciado casos de sarna, pero ellos mismos han señalado que se debe a “deficiencias graves” en la higienización de las bases donde han sido alojados. Desde el propio Ministerio de Defensa han desvinculado los contagios del contacto con personas migrantes porque ya había casos anteriores al 30 de julio.

La ministra recomienda “condiciones de higiene” para los migrantes

Mónica García ha insistido en que la necesidad más fundamental y “lo más urgente” es albergar a las personas migrantes en un alojamiento y ofrecerles “condiciones de higiene y saneamiento básicas” que les aseguren el acceso a agua potable y a medidas de higiene y comida en condiciones. Además, asegura que con estas medidas “la grandísima mayoría de los elementos de riesgo de desarrollo de brotes serían controlados”.

La líder de Más Madrid afirma en su mensaje en redes que la población migrante llegada a finales de julio y la población ceutí “no conviven en los mismos espacios” y que “las interacciones breves que puedan existir en vía pública no son susceptibles de constituir un riesgo de salud pública”. En el caso de los profesionales médicos, la ministra se ciñe a los protocolos sanitarios para quienes están en contacto con pacientes con posibles enfermedades infecto-contagiosas y que “ni son nuevos ni son exclusivos de esta crisis”.

García ha señalado también que la evaluación de riesgo elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la institución de salud pública responsable de este tipo de enfermedades infecto-contagiosas, apunta a un riesgo de transmisión “moderado” entre la población migrante debido a las “condiciones de hacinamiento, situaciones de calle y a las limitaciones en el acceso a medidas higiénicas y dietéticas adecuadas”.

“El riesgo de enfermedades no transmisibles en el momento más cercano a la llegada se considera moderado, fundamentalmente por las necesidades sanitarias derivadas de lesiones sufridas durante el trayecto; posteriormente el riesgo es bajo”, añade esta evaluación de riesgo, que en cualquier caso sitúa el riesgo de incremento de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la población residente en Ceuta en un nivel “bajo”, como ya había destacado la ministra durante su visita a Ceuta el pasado domingo, cuando negó el “colapso sanitario” que alegaba el Partido Popular aquella semana.

“Se está trabajando cercanamente con la gente de salud pública de la Ciudad de Ceuta tanto en materia de vigilancia como en materia de despliegue de los programas de vacunación, en consonancia con el protocolo de vacunación de población migrante y refugiada aprobado en junio de 2026 por parte de la Comisión de Salud Pública”, ha expuesto la responsable del Ministerio de Sanidad, quien acto seguido ha emplazado a la reunión de esta comisión el lunes para facilitar la donación de vacunas a la Ciudad de Ceuta por parte de las comunidades autónomas al tiempo que el gobierno ceutí adquiere más dosis.

“Con estos datos, declarar el confinamiento de un grupo concreto de población como es toda la llegada entre los días 30 y 31 a Ceuta parece injustificado y totalmente desmesurado, si la justificación esgrimida son motivos de salud pública”, afirma tajantemente la ministra. Mónica García recuerda que el concepto del confinamiento tiene “implicaciones jurídicas importantes” diferenciadas del aislamiento sanitario derivado de un diagnóstico médico.

Además, cuestiona que existan “indicios racionales” para aplicar estas medidas excepcionales de Salud Pública: “No parece que con lo que tenemos a día de hoy esto suceda”. Y va más allá, rechaza no solo que no estén justificadas las medidas que pide Feijóo, sino que además apunta a que podrían ser “contraproducentes”.

“Los confinamientos como medida de salud pública tienen que guardar relación con el mecanismo de transmisión de las enfermedades que pretende controlar”, dice García, quien considera que, en este caso, podría resultar “mucho más dañino que beneficioso” en términos de salud pública.

“Si el señor Feijóo quiere ayudar, que le pida al Gobierno de la Ciudad de Ceuta la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para poder alojar de manera salubre a estas personas mientras se desarrolla el proceso por parte de los ministerios competentes y que deje de azuzar con miedos y medidas que no sacaría a la luz si la población no fuera migrante procedente de África”, concluía la ministra, apuntando a un posible motivo xenófobo detrás de las medidas propuestas por el líder del PP.

La situación en Ceuta, con miles de migrantes malviviendo en la calle y a la intemperie, ha avivado los discursos que vinculan inmigración con enfermedades. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este miércoles “una crisis de salud pública” y atribuyó a estas personas “casos de tuberculosis y de sarna” y de otras patologías “infectocontagiosas”, mientras médicos y enfermeras advierten de un “colapso” sanitario, que el Ministerio de Sanidad reduce a “importante tensión”.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, María João Forjaz, reclama que en el enfoque de esta “crisis humanitaria” debe abordarse desde “una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública”.

Como epidemióloga, ¿cómo valora la situación sanitaria en Ceuta?

Más que una crisis sanitaria, hablaría de una crisis humanitaria, con problemas de infravivienda y acceso a servicios básicos, de higiene, pernocta digna y hacinamiento. Son problemas que continúan por resolver.

¿Cómo afectan esas condiciones a la salud de las personas migrantes que llevan semanas durmiendo en playas y a la intemperie?

Desde la Sociedad Española de Epidemiología queremos enfatizar la necesidad de aplicar una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública. Se debe velar por el bienestar de todas las personas, sean inmigrantes o no. Para cualquiera, haya nacido en España, en Marruecos o en otro país, vivir sin techo, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a higiene va a debilitar su salud física y mental y promoverá la aparición de enfermedades.

En estos momentos, ¿qué personas están más expuestas a problemas de salud?

Las migrantes. Son personas jóvenes y, normalmente, sanas, porque han afrontado trayectorias migratorias muy duras. Cuando llegan, sus problemas de salud tienen que ver con deshidratación y malnutrición, a veces con heridas y con problemas de salud mental, por el gran estrés postraumático que sufren. Ninguna de estas condiciones es contagiosa. Sin embargo, al llegar a Ceuta, por esas malas condiciones en las que están, pueden contraer enfermedades contagiosas de piel, gastrointestinales —muy asociadas al agua y la alimentación— y también respiratorias, menos frecuentes en verano.

Ayer el presidente del PP citó casos de tuberculosis y sarna, ¿cómo se propagan estas enfermedades?

La sarna se contagia a través del contacto directo y prolongado, piel con piel, o si se comparten sábanas, toallas y ropa contaminada. En el caso de la tuberculosis, a través de microgotas de la persona infectada a las demás. Ese riesgo aumenta en lugares cerrados y sin ventilación, por lo que si hay más personas juntas, puede haber más contagios.

¿Hay una alarma real?

En el caso de la tuberculosis, en términos absolutos hay más casos en la población general. En Ceuta ha habido tres sospechosos. Uno de ellos se descartó; otro venía diagnosticado y tratado desde Marruecos; y el tercero era una persona autóctona. En cuanto a la sarna, en España es común que haya brotes en residencias, en cuarteles, en situaciones de vivienda comunitaria… Se documentó un brote en militares, pero no está asociado a los migrantes —Defensa lo descartó—.

¿Cómo puede dificultar la estigmatización de la población migrante las medidas de salud pública?

Asociar estas enfermedades a los migrantes provoca un estigma que supone una gran barrera para la atención médica de estas personas, que no van a acudir a los servicios sanitarios. Limita el acceso y retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, si no se tratan es un peligro para la población migrante y no migrante.

Los mensajes que relacionan a las personas migrantes con la propagación de enfermedades, ¿son bulos?

Uno de ellos es que los migrantes traen enfermedades, cuando tienen menos patologías crónicas que la población autóctona y, la mayoría de las que tienen, las contraen aquí por las condiciones en las que viven. Cuando hablamos de enfermedades desatendidas que pueden traer de su país, están asociadas a la pobreza y a las zonas tropicales donde vivían por lo que, una vez en España, al no haber vector, no hay peligro. El otro es que nos roban los recursos, pese a que utilizan menos servicios sanitarios que las personas autóctonas y muchos están en situación de irregularidad laboral, sin derecho a bajas.

¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista epidemiológico, entre detectar una enfermedad en una persona migrante y que exista un brote o un riesgo de transmisión comunitaria?

El riesgo de transmisión es moderado o alto entre los migrantes, pero muy bajo para la población general. Es más alto para los sanitarios y quienes realizan labores humanitarias. Son quienes tienen más riesgo y es importante que tomen precauciones, como en cualquier hospital o centro de salud. Las enfermedades gastrointestinales o de piel son comunes en España y sabemos cómo tratarlas y protegernos contra ellas. En este sentido, los servicios de vigilancia de salud pública son fundamentales para detectar si se producen varios casos próximos en el tiempo y en el espacio. Pero para que haya una transmisión a la población general tiene que producirse un contacto estrecho y prolongado, que no es el caso.

Algunas voces hablan de un “colapso sanitario” en Ceuta. ¿Coincide con esta afirmación? ¿En qué parámetros deberíamos fijarnos para saber si el sistema sanitario está saturado?

De repente hay un montón más de población y muchos sanitarios están de vacaciones. Siempre son momentos complicados, que requieren un sobreesfuerzo para todo el mundo. En cuanto a los indicadores, hay varios: número de camas disponibles en los hospitales, si se están cumpliendo las citas programadas y las listas de espera. El Ministerio de Sanidad emitió un informe hace unos días donde indicaba que no se han retrasado las citas y que la mayoría de camas del hospital de Ceuta están ocupadas por locales, mientras los migrantes están siendo desplazados a un circuito diferenciado. Es verdad que ha aumentado la demanda de servicios médicos, que sobrecarga el sistema y al personal sanitario, por lo que requiere la ayuda de todas las administraciones.

¿Qué medidas deberían haberse aplicado desde el primer momento y cuáles siguen siendo necesarias?

Es muy importante tener un sistema resiliente, bien dotado, con buenos servicios de salud pública que puedan afrontar esta o cualquier crisis. Ahí queda mucho trabajo por hacer. En cuanto a las prioridades, en esta crisis humanitaria específica, habría que garantizar el acceso a saneamiento, alojamiento, agua y alimentos seguros. Hay que proteger a todos los niños y, especialmente a las niñas, que son muy vulnerables ante la violencia sexual e, incluso, pueden ser víctimas de trata. Hay que fomentar y facilitar el acceso a la atención médica y psicológica, porque todos vienen con una carga muy grande debido al estrés que han pasado estas últimas semanas y durante su trayectoria migratoria. También hay que dar prioridad a las mujeres, especialmente a las embarazadas. Son medidas que se van aplicando, pero que todavía son insuficientes.

¿Ha echado en falta rigor al abordar este tema?

Todo lo que es diferente causa ansiedad y miedo. Es normal que la población se sienta inquieta, pero es importante tener en cuenta los datos y basar nuestras respuestas y reacciones en la evidencia científica. Los españoles también migran fuera de España y se mueven entre comunidades. Es un proceso natural, con el que llevamos conviviendo mucho tiempo.

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves que ha tenido conocimiento de que un turista, que se encuentra en estos momentos en Galicia, ha dado positivo en hantavirus en una prueba que se realizó hace unos días en Francia por un “cuadro respiratorio leve”, antes de viajar a España.

“El caso acudió a los servicios medicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus. Después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”, explican desde el departamento que dirige Mónica García.

El paciente, ciudadano franco-argentino, se encuentra en estos momentos aislado en su alojamiento en Galicia. Sanidad ha contactado ya con la dirección de Salud Pública de Galicia y con el Gobierno francés, que “ha confirmado que se trata de un caso de hantavirus”, indican.

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad francés también ha indicado que este paciente ya no presenta síntomas de la enfermedad. El Centro Nacional de Referencia (CNR) de Francia ha confirmado que se trata de la variedad Andes, presente en Sudamérica, que se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

El departamento de Sanidad galo subraya que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para atender al paciente y trazar las etapas de su viaje por si hubiera podido haber otras infecciones en ese periodo y ha señalado que “no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población”.

Esta tarde se reunía un grupo de expertos científicos en relación con la Dirección General de Sanidad y con Salud Pública de Francia para definir lo que se debe hacer en torno a lo que se describe como un “caso importado” de hantavirus.

En España, “tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse”, señalan desde el Ministerio, que aclaran que existen aquí “todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas”.

El departamento francés de Sanidad también ha indicado que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y ha avanzado una plena movilización, así como que informarán “regularmente” sobre la evolución de la situación.

Las autoridades sanitarias de ese país han recordado que los hantavirus son virus transmitidos por roedores, principalmente a través de la inhalación de aire viciado contaminado con sus orinas o excrementos. La enfermedad que se desarrolla es poco frecuente pero grave y puede ser mortal.

En el caso de la variedad Andes, tras un periodo de incubación de una a seis semanas, la infección comienza generalmente con un síndrome parecido al de la gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio. En sus evoluciones más graves, puede dar lugar a una insuficiencia renal o a dificultades respiratorias graves.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España y rozaron las 1.000 (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

El sistema MoMo analiza la mortalidad diaria por todas las causas, y entre ellas también las asociadas a las altas temperaturas, pero no contabiliza solo las defunciones debidas específicamente a un 'golpe de calor' sino todas las muertes que se pueden asociar a un agravamiento de otras enfermedades (normalmente cardiovasculares, respiratorias o renales) debido al calor.

El sistema MoMo estima el exceso de defunciones comparando las muertes observadas con las esperadas en un territorio y un período concretos, y permite detectar excesos de mortalidad por todas las causas y por lo tanto también estimar los fallecimientos que son atribuibles a episodios de temperaturas extremas, como el calor o el frío, aunque no determina causas individuales de muerte, sino patrones asociados a situaciones como olas de calor, frío intenso u otros periodos de sobremortalidad.

Las cifras que publica diariamente este sistema no son tampoco definitivas, ya que recalcula continuamente las estimaciones incorporando las defunciones que se han podido notificar con retraso, por lo que las cifras se actualizan de forma permanente y no se consideran definitivas y consolidadas hasta transcurridas varias semanas.

Así, las cifras que hoy refleja el sistema apuntan 937 defunciones atribuibles a las altas temperaturas en el mes de junio en España, y 153 durante los primeros días de julio.

Por comunidades, las cifras más elevadas del mes de junio corresponden a Euskadi (153 defunciones atribuibles al calor) y a Catalunya (127), y sólo cuatro comunidades o ciudades autónomas (Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) presentan un registro de 0 fallecimientos debido a esta causa. En el resto de comunidades, los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en junio fueron: 73 en Andalucía; 45 en Aragón; 51 en Asturias; 50 en Cantabria; 90 en Castilla y León; 30 en Castilla-La Mancha; 62 en la Comunitat Valenciana; 7 en Extremadura; 88 en Galicia; 93 en Madrid; 3 en Murcia; 54 en Navarra; y 13 en La Rioja.

Durante los primeros días de julio, los datos que publica este domingo el sistema Momo del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) señalan que se han registrado ya 24 muertes en Andalucía; 3 en Aragón; 3 en Asturias; 6 en Cantabria; 5 en Castilla y León; 3 en Castilla-La Mancha; 57 en Catalunya; 6 en Comunitat Valenciana; 9 en Extremadura; 6 en Galicia; 4 en Madrid; 9 en Navarra; 18 en Euskadi; y 1 en La Rioja.

Otra ola de calor

Este domingo ha comenzado además de forma oficial la segunda ola de calor del verano, un episodio de temperaturas extremas que se va a prolongar al menos hasta el próximo martes, con valores que pueden superar los 42 grados en muchos lugares de la península.

Ante esta situación, catorce comunidades han activado avisos ante las temperaturas extremas que se van a registrar; los más importantes, de nivel naranja (peligro importante) se focalizan en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia y Madrid. Y están también en alerta, de nivel amarillo (peligro bajo) las comunidades de Asturias, Balears, Castilla y León, Navarra, Euskadi, La Rioja y Canarias.

La información de la Aemet referida al sábado revela que se superaron de forma holgada los 42 grados en numerosos puntos de las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla o Pontevedra, y la máxima del día quedó registrada en la ciudad de Badajoz, donde los termómetros llegaron a registrar una temperatura de 43,5 grados.

Además de los avisos meteorológicos por calor, el mapa de niveles de riesgo para la salud vuelve este domingo a aparecer teñido de rojo (riesgo alto) en gran parte de la península, sobre todo en grandes áreas del noroeste peninsular, el norte y el noreste, zonas del interior del levante y en el extremo suroeste. El naranja (riesgo medio) y el amarillo' cubren prácticamente el testo de la península y de los archipiélagos balear y canario, y el verde (ausencia de riesgo se limita a zonas muy pequeñas de la península y de los dos archipiélagos.

Desde la página del Ministerio de Sanidad en la que se publica el mapa de riesgo para la salud se alerta de los riesgos del calor extremo y se hace un llamamiento a beber agua con regularidad, a mantenerse fresco y a evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día. Incide también en que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y en la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los menores de 4 años, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas que trabajan al aire libre.

Una niña procedente de Gaza ha llegado este martes al Hospital Universitario de Toledo para ser atendida en este centro. A ella se sumarán otros tres menores gazatíes que ingresarán mañana en el Hospital Universitario de Ciudad Real.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha concretado que la menor que está siendo tratada en Toledo sufre una patología nefrológica y los de Ciudad Real presentan patología oftalmológica, máxilofacial y traumatología.

Los cuatro forman parte de un grupo de 20 niños palestinos enfermos que, junto a 81 familiares, han aterrizado en España procedentes de la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles. Todos ellos han aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón a bordo de un avión medicalizado del Ejército del Aire.

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que se trata de “una operación conjunta”, la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad “para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías” en España.

Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Además de en los hospitales de Ciudad Real y Toledo, los menores serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia.

Otros casos

La expedición, integrada por más de cien personas, forma parte de la sexta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio. Desde que comenzase la invasión israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, varios niños y niñas palestinos también han pasado por diferentes centros hospitalarios de Castilla-La Mancha.

Dos niñas fueron atendidas en el verano de 2024 en el Hospital Universitario de Toledo, mientras que otros menores llegaron a los centros hospitalarios de la capital castellanomanchega y de Albacete el pasado mes de octubre.

Las mujeres se hacen menos mamografías que hace nueve años. Si en 2017 el 81,5% de las mujeres de entre 50 y 69 años decía haber pasado por un cribado de cáncer de mama en los 24 meses previos, hoy lo hace el 68%. Y esta reducción se ha acentuado más en aquellas que pertenecen a grupos socialmente más desfavorecidos, según el informe sobre detección precoz de cáncer que ha publicado este jueves el Ministerio de Sanidad, elaborado a partir de datos de la Encuesta de Salud de España 2023, que analiza la evolución de diferentes pruebas de detección entre la población.

El informe ofrece datos sobre los cribados de cáncer de mama, que siguen en niveles muy inferiores a 2017. Esta reducción ha sido más pronunciada entre mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos, lo que agranda la brecha en salud: mientras las mujeres de grupos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75-77%, aquellas en situación más desfavorecida se sitúan en torno al 60-62%.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2024 se diagnosticaron 36.395 nuevos casos de cáncer de mama, lo que lo sitúa como el tumor más frecuente entre las mujeres en nuestro país. Aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama, y su tasa de incidencia es de 132 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la franja de los 45 a 65 años es donde se dan la mayoría de los casos.

De hecho, uno de cada 10 cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Ante este dato, en mayo de este año, la Comisión de Salud Pública amplió los cribados de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, y dio a las comunidades un plazo máximo de seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. “En general, cuanto antes se realice el diagnóstico, más probable será la curación de la enfermedad”, indican.

Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, las posibilidades de curación de los cánceres de mama que se detectan en su etapa más precoz son prácticamente del 100%.

Respecto a otros tipos de cáncer, también ha caído la detección precoz del cáncer de cuello uterino, especialmente entre mujeres jóvenes de 25 a 34 años. Además, se aprecia de nuevo una desigualdad social: las mujeres de grupos más favorecidos presentan coberturas superiores al 80%, mientras que en los grupos más vulnerables se sitúan por debajo del 70%. En 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años afirmó haberse hecho una citología vaginal en los últimos cinco años, una cifra que había rozado el 80% hasta 2017.

El informe del Ministerio de Sanidad también incluye datos sobre la utilización de la prueba del virus del papiloma humano, VPH, como herramienta de detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 25,6% de las mujeres de 35 a 65 años confirmó haberse hecho esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más del 70% afirma no habérsela hecho nunca.

Respecto a la detección precoz del cáncer colorrectal, el 45,2% de la población de 50 a 69 años no se ha hecho nunca una prueba de sangre oculta en heces. Esta proporción alcanza casi un 60% entre extranjeros, y supera el 50% en determinados grupos socialmente más desfavorecidos. Este es el único caso en el que su uso ha aumentado: en 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declaró haberse realizado una prueba en los últimos dos años, frente al 3,4% registrado en 2009.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) contra los servicios mínimos fijados en la primera semana de huelga, el pasado diciembre, y replicados en las posteriores convocatorias, hasta la actual. El Comité de Huelga ya ha solicitado al Servicio Aragonés de Salud una reunión urgente para “acordar unos nuevos mínimos adecuados a derecho”. Además, también han recordado que todavía no se les ha convocado para negociar las demandas de ámbito autonómico y que volverán las movilizaciones solo en Aragón si no se cumple el acuerdo por el que se suspendieron.

La sentencia del TSJA llega cuando los médicos y facultativos de Aragón celebran la quinta huelga de este año contra el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. En todos los paros, una semana al mes desde febrero, el Salud ha mantenido los mismos servicios mínimos que en diciembre. Los sindicatos recurrieron contra la orden original, que fijaba unos números superiores a los de momentos como los festivos, y ahora los magistrados han fallado que son abusivos y vulneran el derecho a la huelga, porque no están motivados de forma suficiente.

La sentencia condena a la Administración a pagar una indemnización de 1.500 euros, pero los Sindicatos Médicos de Aragón subrayan que la principal consecuencia es que los mínimos deben ser modificados de forma inmediata, para la huelga de esta semana, y para las convocatorias que se anuncian para después del verano si no se alcanzan acuerdos, tanto con el Ministerio de Sanidad, como con el Gobierno de Aragón.

La huelga autonómica puede volver

Los médicos y facultativos han recordado que la huelga de esta semana se dirige contra el Estatuto Marco, presentado por el Ministerio de Sanidad, pero que siguen pendientes también cuestiones competencia del Gobierno de Aragón para equiparar las condiciones laborales y retributivas de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025. 

Estas reclamaciones ya dieron lugar a una semana de huelga solo en la Comunidad el pasado mes de abril, que pueden regresar si el Gobierno de Aragón no cumple su compromiso. “Es urgente que el consejero de Sanidad llame al Comité de Huelga, pues dejamos en suspenso la huelga autonómica, porque se nos prometió que nos llamarían para iniciar las negociaciones en un mes, y el plazo ya ha pasado”, han señalado los sindicatos.

La huelga nacional de esta semana pide un Estatuto Marco propio, sustituyendo una propuesta “que prolonga la situación de semiesclavitud médica sin horario máximo definido”. El paro está teniendo un seguimiento del 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Los médicos han comenzado este lunes su quinta semana de paros contra el estatuto marco, en un conflicto enquistado con Sanidad. Tanto, que los sindicatos del gremio han anunciado que convocarán una huelga indefinida tras el verano, ante la “ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales”.

Las organizaciones sindicales que representan exclusivamente a los médicos y facultativos habían marcado en enero un calendario de movilizaciones, que pasaban por una huelga semanal cada mes hasta junio. Ahora, han señalado que frenarán los paros durante el periodo estival, “en el que la situación para los profesionales se complica aún más por lo exiguo de las plantillas, sin apenas suplencias con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario”.

Pero volverán a la vuelta escalando el conflicto con una huelga indefinida y otras medidas, “para mantener las reivindicaciones del colectivo”. Estas son un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité de Huelga insiste en que “no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano”, “si no se produce ningún cambio” durante esta semana o en los meses de julio y agosto.

El Comité de Huelga lamenta también el “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación” del Estatuto Marco, pactado con las organizaciones sindicales del ámbito. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el pasado 2 de junio, lo que soliviantó a los sindicatos médicos. La ministra Mónica García insistió la semana pasada en que no daría marcha atrás: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.