El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el lunes por todo lo alto el nuevo portal de Casa 47, donde los ciudadanos ya pueden apuntarse de manera fácil e intuitiva a las primeras 638 viviendas de alquiler asequible de la empresa estatal, la mayoría absorbidos del 'banco malo' Sareb. En él pueden encontrarse viviendas de alquiler a precios muy por debajo de mercado, desde los 350 euros, hasta otras que no resultan tan baratas, de hasta más de 1.000 euros, y no en grandes capitales.

Antes de que se abriera este portal, Casa 47 ya sorteó 171 inmuebles repartidos entre Vigo, Valencia y Mieres, en Asturias. Ahora, las viviendas se reparten en seis comunidades autónomas y 7 convocatorias: 157 viviendas en Castellón, 153 en Alicante, 99 en Galicia, 91 en Valencia, 34 en Navarra y 18 en Asturias.

Ante las dudas y críticas expresadas por la ciudadanía y los medios sobre la ubicación de estas viviendas, la nueva presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ha recordado que son las que ya se han podido adecuar de las hasta 40.000 viviendas expropiadas a Sareb. Antes de final de año, ha recordado, se sumarán 1.500 viviendas más, “y las habrá en Madrid, Sevilla y otros municipios”, ha anunciado. Además, ha recordado que se construirán 10.000 viviendas en el nuevo barrio de Campamento en Madrid y que se deben poder levantar hasta 24.000 más en otros terrenos públicos que se cederán a casa 47.

En toda España existen 30 pisos a 350 euros, destinados a rentas anuales de entre 16.800 y 28.000 euros: 12 en Castellón de la Plana, 5 en Cedeira, dos en Gijón, dos en el Vendrell y otros en Elche y otros municipios. Y hay 60 pisos más por menos de 400 metros cuadrados, entre ellos algunos de hasta 84 metros cuadrados en Benicarló, aunque la mayoría alrededor de los 40 metros cuadrados.

En Castellón de la Plana, los precios más baratos de Casa 47 suponen un ahorro de casi el 100% con respecto a los anunciados en Idealista, que parten de los 600 euros con 50 metros cuadrados.

En Cedeira, existen pisos de 45 metros cuadrados por 420 y 500 euros al mes, e incluso se alquila uno de 100 metros cuadrados por 550 euros, por lo que el ahorro es menor.

En Gijón los pisos pequeños para una persona parten de los 600 euros, con una excepción a 500, por lo que de nuevo Casa 47 compite muy por debajo del mercado.

En El Vendrell, no existe ningún piso en alquiler de larga estancia por debajo de los 800 euros en Idealista, por lo que prácticamente la de Casa 47 sería la única opción para una persona sola con un sueldo medio.

En la otra cara de la moneda, existen tres municipios con viviendas que superan los 1.000 euros. Son los casos de Turís y San Antonio de Benagéber, a 40 y 16 kilómetros de Valencia, respectivamente. Y también de Vidreres, a 26 kilómetros de Girona.

En los tres casos se trata de viviendas muy amplias, de más de 120 metros cuadrados y hasta cuatro habitaciones. Van destinados a unidades familiares que sumen entre 42.640 euros y 63.000 euros al mes, de forma que no se supere en ningún caso un esfuerzo económico del 30% de los ingresos familiares.

Si comparamos estas viviendas con otras similares del mercado privado, no existen grandes diferencias de precio en Turís pero sí en los otros dos municipios. De hecho, en Turís se alquila una casa de pueblo de 5 habitaciones por 1.065 euros en Idealista y también uno de 3 habitaciones y 90 metros cuadrados por 800 euros al mes.

En Vidreres, tan solo hay ofertas de alquiler de temporada en Idealista, un par de casas con piscina y un apartamento de 3 habitaciones y 75 metros cuadrados por 1.200 euros al mes. Se trata en este caso de un piso un 20% más caro que el de Casa 47, pero es que además no existe ni una opción en el portal de vivienda habitual, por lo que no sería equiparable.

San Antonio de Benagéber tan solo ofrece casas y chalés de alquiler en Idealista, la más barata por 1.650 euros con 4 habitaciones y 147 metros cuadrados.

Valencia es la comunidad con más pisos en Casa 47, hasta 401 repartidos entre las 157 de Castellón, las 153 de Alicante y las 91 de Valencia.

Galicia cuenta con 99 viviendas publicitadas en el portal, con viviendas desde los 350 euros en Cedeira y Lugo hasta los 705 euros también en Lugo, ya por grandes viviendas de hasta 162 metros cuadrados y cuatro habitaciones.

En Catalunya, hay 93 viviendas desde los 350 euros del Vendrell, en la provincia de Barcelona hasta los 800 por una vivienda de 122 metros cuadrados en Vic, municipio de la provincia de Barcelona con 12 convocatorias abiertas. Sant Feliu de Codines o Sant Hipòlit de Voltregà son otros de municipios con oferta, ambos en la provincia de Barcelona.

Navarra, con 34 viviendas, y Asturias, con 18, completan el mapa de las primeras viviendas de Casa 47 disponibles en el portal. Para presentarse al concurso, hay que tener la nacionalidad o residencia en España y no poseer una vivienda, salvo excepciones, y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

Los contratos de alquiler tendrán un periodo inicial de 14 años prorrogable otros siete y podrán llegar hasta los 75 años en función de cómo evolucionen las condiciones del hogar.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación correspondiente a la promoción de 51 viviendas protegidas de promoción pública y 51 plazas de garaje en Adeje, con un valor estimado de 9.406.484,20 euros.

La actuación supondrá una nueva incorporación al parque público de vivienda en el sur de Tenerife.

El proyecto contempla el desarrollo de una promoción destinada al alquiler social y asequible, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda a familias y personas que encuentran mayores dificultades en el mercado libre, explica la Consejería.

La promoción de Adeje se integra en el expediente de contratación promovido por el ICAVI para el desarrollo de tres actuaciones residenciales en el sur de Tenerife.

En conjunto, los proyectos de Adeje, Arona y Guía de Isora representan 134 viviendas protegidas y sus correspondientes plazas de garaje, con un valor estimado global de 29.847.469,87 euros, sin IGIC.

La promoción de Adeje forma parte del conjunto de actuaciones que el Gobierno de Canarias está planificando y desarrollando en Tenerife para ampliar la oferta pública de vivienda y dar respuesta a las necesidades residenciales de la población.

En la actualidad, la isla cuenta con 1.137 viviendas públicas en diferentes fases, con 496 viviendas planificadas, 620 en construcción y 21 ya finalizadas.

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL), a través de su Fundación General (FGULL), han firmado un convenio para la creación del primer Observatorio Local de la Vivienda del municipio, una herramienta técnica que permitirá disponer, por primera vez, de un sistema estable, riguroso y actualizado de análisis del mercado residencial.

El Observatorio nace con un objetivo claro: disponer de información fiable, homogénea y verificable sobre precios de alquiler y compraventa, vivienda vacía, presión turística, demanda por barrios, esfuerzo de acceso y proyecciones demográficas.

Esta información será esencial para planificar políticas públicas eficaces y para cumplir con los requisitos de la Ley estatal 12/2023, que exige una memoria técnica sólida antes de evaluar cualquier figura de regulación, incluida la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, recoge una nota del consistorio.

La iniciativa se desarrollará en varias fases y contará con una inversión municipal plurianual total de 106.991,98 euros.

En la firma del convenio participaron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Adolfo Cordobés, y el director de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, Julio Brito.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que la creación del Observatorio “marca un antes y un después en la forma de abordar la vivienda en el municipio, uno de los grandes retos sociales de La Laguna y que no se puede afrontar sin un conocimiento real y actualizado de lo que está ocurriendo en cada pueblo y barrio”.

Este Observatorio, dijo, “será una herramienta esencial y transparente para tomar decisiones responsables y proporcionadas”.

El alcalde insistió en que “la ciudadanía necesita políticas basadas en evidencia, no en percepciones, y este convenio con la Universidad de La Laguna permitirá trabajar con datos homogéneos, comparables y actualizados, generando un mapa real de la evolución del mercado residencial”.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, explicó que “la Universidad tiene la responsabilidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad y este Observatorio es un ejemplo claro de cómo la investigación y la metodología científica pueden contribuir a mejorar la vida de las personas”.

Asimismo, García destacó que este convenio “refuerza la cooperación entre la Universidad y el Ayuntamiento, y demuestra que la colaboración institucional es clave para afrontar retos complejos como el del acceso a la vivienda”.

Por su parte, Adolfo Cordobés señaló que el Observatorio permitirá “superar las limitaciones actuales de las fuentes disponibles, que mezclan datos de años distintos y series temporales no comparables, lo que impide cumplir los requisitos de la legislación actual para fundamentar decisiones de gran impacto estructural”.

En su opinión, “esto es fundamental para garantizar que cualquier medida futura se adopte con información completa, actualizada y metodológicamente verificable”.

Colaboración y variables

El Observatorio trabajará en los acuerdos necesarios para acceder a datos de los principales gestores de vivienda, tanto residenciales como vacacionales, y de organismos públicos y privados, incluida la Agencia Tributaria.

Todo esto es necesario para poder estimar con precisión el porcentaje de renta que los residentes destinan al pago de alquiler o hipoteca, el régimen de tenencia predominante en cada zona o la evolución real de los precios, entre otros datos esenciales y que ahora son de muy difícil acceso, remarcan desde el Ayuntamiento.

También analizará variables socioeconómicas, como niveles de renta, tasa de ocupación, nivel formativo o tipología empresarial, y elaborará informes semestrales que serán públicos y accesibles.

Asimismo, organizará jornadas de presentación de resultados y debate con agentes sociales, económicos y académicos, a lo que se sumará una web propia para transmitir, de forma transparente, la labor y resultados de este organismo.

La Laguna se convierte así en el primer municipio canario en dotarse de un Observatorio Local de la Vivienda con metodología universitaria y actualización continua.

Las persianas son uno de los elementos de la vivienda que se utilizan varias veces al día, aunque no todas sus partes suelen incluirse en la limpieza habitual. La cinta que permite subirlas y bajarlas muchas veces queda en segundo plano frente a los cristales, los marcos o las propias lamas. Sin embargo, el contacto continuo con las manos hace que sobre su superficie se acumulen polvo, grasa y otros restos. Con el paso del tiempo, esa mezcla puede modificar el color del tejido y dejar zonas oscuras que resultan más difíciles de eliminar si pasan meses sin limpiarse.

El lugar donde se encuentra la ventana también puede influir en la rapidez con la que aparece la suciedad. Una correa situada cerca de la cocina está más expuesta a la grasa y los vapores, mientras que mantener la ventana abierta con frecuencia facilita la entrada de partículas del exterior, humedad o polvo ambiental. La mayoría de las manchas suele concentrarse en la zona que se agarra para accionar el mecanismo, aunque la parte posterior también puede acumular restos y quedar sin limpiar si solo se presta atención a la cara visible.

Antes de empezar, conviene comprobar el estado de la cinta. Una correa ennegrecida puede necesitar únicamente una limpieza, pero si presenta hilos sueltos, zonas muy desgastadas o dificultades al recogerse, el problema ya no es solo superficial. En estos casos, frotar con demasiada fuerza puede empeorar el estado de un material que ya está deteriorado. La limpieza permite retirar la suciedad acumulada, pero no reparar una pieza que ha perdido resistencia o un recogedor que empieza a presentar fallos.

Si la correa está en buen estado, no es necesario desmontar el sistema para limpiarla. Basta con utilizar productos habituales en casa y trabajar con cuidado para no empapar el tejido ni someterlo a un rozamiento excesivo, especialmente cuando lleva muchos años instalado. También conviene atender a las dos caras de la cinta y no únicamente a la parte visible. Revisarla de vez en cuando permite actuar antes de que la grasa y el polvo formen una capa más difícil de eliminar. Incluir esta zona en la limpieza de las ventanas también evita que pase desapercibida durante largos periodos.

Cómo limpiar las correas de las persianas

El primer paso es bajar la persiana por completo para que la cinta quede más estable mientras se limpia. Puede sujetarse con una mano, inmovilizarse con una pinza o apoyarse con cuidado sobre el marco de la ventana para mantenerla tensa. Si la correa sale directamente de la pared o está junto a una superficie que pueda mancharse, colocar un paño detrás ayuda a evitar que el agua, el jabón y la suciedad desprendida dejen marcas alrededor. A partir de ahí, conviene limpiar toda la longitud accesible y no centrarse únicamente en la parte más oscura.

Cuando las manchas no están demasiado incrustadas, puede utilizarse agua tibia con una pequeña cantidad de jabón neutro o lavavajillas. Basta con humedecer ligeramente un paño, una esponja o un estropajo y pasarlo por el tejido de arriba abajo. Conviene evitar que la cinta quede empapada. Si hay puntos más resistentes, un cepillo pequeño de cerdas suaves o un cepillo de dientes usado permite trabajar sobre ellos de forma más precisa sin concentrar demasiada presión en una zona amplia. El proceso debe repetirse tanto en la parte delantera como en la trasera, donde también pueden acumularse restos aunque sean menos visibles.

Si la suciedad está muy adherida, puede aplicarse un producto quitagrasas sobre la correa y dejarlo actuar durante unos cinco minutos. Después se frota con una esponja o un estropajo humedecido en agua con jabón, recorriendo el tejido de arriba abajo y limpiando también la cara posterior. No es necesario ejercer toda la fuerza posible, sino repetir el movimiento hasta que las manchas se vayan desprendiendo. En cintas antiguas o con señales de desgaste es mejor tener especial cuidado para no dañar unas fibras que pueden haberse debilitado con el uso.

Una vez eliminada la suciedad, hay que retirar los restos de jabón y del producto utilizado. Para ello puede pasarse una bayeta limpia y húmeda por toda la superficie. Después se seca con otro paño y se deja que la cinta pierda la humedad que pueda quedar antes de volver a utilizar la persiana con normalidad. Es importante evitar que permanezca mojada, ya que el agua puede llegar al interior del recogedor y afectar a sus piezas metálicas. Tampoco conviene utilizar lejía, productos abrasivos o detergentes muy concentrados, porque pueden modificar el color o debilitar el tejido.

La frecuencia no tiene por qué ser la misma en todas las viviendas. Las recomendaciones varían desde hacerlo cada dos meses hasta un mínimo de dos veces al año, por lo que no existe una periodicidad única válida para todos los casos. El uso diario, la cantidad de polvo, la proximidad de una cocina o la exposición al exterior pueden hacer que unas cintas se ensucien más rápido que otras. En lugar de esperar a que estén completamente negras, resulta más práctico revisar su aspecto y actuar cuando empiecen a aparecer manchas visibles o una capa que ya no desaparece con una pasada rápida.

Aragón tiene muchas más viviendas que hogares que las utilizan como residencia habitual. El último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 841.363 viviendas en la comunidad, de las que 540.225 eran principales. Las restantes, en torno a un tercio con 301.000, no constituían la residencia habitual. Pero detrás de esa cifra hay realidades muy diferentes: una vivienda utilizada durante las vacaciones o los fines de semana no responde al mismo fenómeno que otra que permanece vacía durante todo el año. El censo permite distinguirlas mediante una clasificación basada, entre otros criterios, en el consumo eléctrico.

La diferencia territorial es considerable. En Huesca, el 47,5% de las viviendas no eran principales en 2021; en Teruel, el porcentaje llegaba al 56,5%, mientras que en Zaragoza se situaba en el 27,3%. Las dos provincias con menor población son también las que tienen una mayor proporción de viviendas que no constituyen residencia habitual. Aragón cuenta según este estudio con 91.891 viviendas de uso esporádico: Huesca reunía 27.057, Zaragoza 45.709 y Teruel 19.125.

El mayor peso porcentual se concentra en varios municipios turísticos del Pirineo. Benasque tenía 1.209 viviendas de uso esporádico, el 34,5% de todo su parque residencial. El porcentaje situaba al municipio como el segundo de España de más de 2.000 habitantes con mayor proporción de viviendas de este tipo, solo por detrás de Noja, en Cantabria. El fenómeno se repite en otros destinos: Sallent de Gállego alcanzaba el 33,8% y Biescas el 33,2%. Jaca se situaba en el 29%, mientras Mora de Rubielos llegaba al 22,6% y Boltaña al 21,6%.

En términos absolutos, Jaca supera ampliamente a estos municipios por el tamaño de su parque residencial. La ciudad concentra varios miles de viviendas de uso esporádico, mientras que en Benasque el porcentaje resulta mucho más elevado pese a contar con un parque menor. El fenómeno tampoco se limita al Pirineo: en Teruel aparecen municipios turísticos de Gúdar-Javalambre y otras zonas de montaña, mientras que en la provincia de Zaragoza también existen localidades donde una parte significativa de las viviendas tiene un uso estacional.

Viviendas vacías

La segunda realidad es la de las viviendas clasificadas como vacías. El censo contabilizó 129.870 en Aragón, alrededor del 15,4% del parque residencial. El 84,7% se encontraba en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y aquí el ranking cambia completamente. Morata de Jalón tenía el 43,4% de sus viviendas clasificadas como vacías. Le seguían Sástago, con el 37,7%; Escatrón, con el 36,3%; y Sádaba, con el 35,9%. Ariza y Gurrea de Gállego alcanzaban el 34,5%, mientras Pastriz, Tamarite de Litera, Lanaja, Fabara, Híjar y Almudévar superaban también el 30%.

La diferencia con los municipios turísticos es clara. En Benasque, Sallent o Biescas destaca la vivienda de uso esporádico; en Morata de Jalón, Sástago o Escatrón tiene mucho más peso la vivienda clasificada como vacía. Eso no significa que todas esas casas estén disponibles para ser alquiladas o compradas. El método del INE permite identificar la intensidad de uso, pero no determina si un inmueble está en venta, necesita rehabilitación, pertenece a alguien que no quiere alquilarlo o tiene cualquier otra circunstancia.

La comparación con la población permite añadir otra dimensión. El Censo Anual del INE ofrece las cifras municipales hasta 2025, mientras que el último censo completo de viviendas sigue siendo el de 2021. Esto impide afirmar que los porcentajes de viviendas vacías o de uso esporádico se mantienen hoy exactamente igual, pero sí permite comprobar qué ha ocurrido con la población desde entonces.

El cruce dibuja dos situaciones diferentes: municipios turísticos que mantienen o aumentan su población y disponen además de una elevada cantidad de viviendas de uso estacional, y localidades que han perdido habitantes durante años y donde una proporción importante del parque residencial aparece clasificada como vacía.

Diferencias entre provincias

La provincia de Teruel reúne especialmente ambas realidades. Más de la mitad de sus viviendas, el 56,5%, no eran principales en 2021, aunque el dato incluye segundas residencias, viviendas vacías y otras categorías. Huesca presentaba un 47,5% y combina los municipios turísticos del Pirineo con localidades rurales donde la vivienda vacía tiene un peso elevado. Zaragoza ofrece una situación diferente: el porcentaje provincial de viviendas no principales era del 27,3%, pero el enorme tamaño de su parque residencial hace que el número absoluto de viviendas fuera de la residencia habitual sea elevado.

El mapa de las viviendas de uso esporádico está encabezado por municipios turísticos como Benasque, Sallent de Gállego, Biescas, Jaca y Mora de Rubielos. El mapa de las viviendas vacías se desplaza hacia municipios como Morata de Jalón, Sástago, Escatrón, Sádaba, Ariza o Gurrea de Gállego. Entre ambos grupos existen municipios donde los dos fenómenos se mezclan. Biescas, por ejemplo, tenía 3.325 viviendas: 1.105 de uso esporádico y 458 vacías. En Benasque, de las 3.508 viviendas censadas, 1.209 eran de uso esporádico y 330 estaban clasificadas como vacías.

La diferencia entre porcentaje y volumen absoluto también importa. Un pequeño municipio puede superar el 40% de viviendas vacías y estar hablando de unos cientos de inmuebles, mientras una ciudad puede tener un porcentaje mucho menor pero concentrar miles de viviendas que no son residencia habitual. El mercado inmobiliario añade otra variable. En Huesca, alrededor del 40% de los compradores de vivienda procedían de fuera de la provincia según un informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. El dato muestra el peso de la demanda exterior en un mercado donde esta modalidad tiene especial presencia.

Un hombre de 89 años ha resultado herido este lunes por la tarde tras declararse un incendio en el garaje de una vivienda en Lanzarote, informa el 1-1-2 de Canarias.

El suceso tuvo lugar en el municipio de Haría, pasadas las 18.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta informando de un incendio en un garaje en la calle Las Casillas.

Efectivos de Bomberos desplazados al lugar del incidente comprobaron que ya se había desalojado la zona afectada y se encargaron de la extinción y ventilación del inmueble.

El personal sanitario a su llegada al lugar del incidente valoró al afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras en miembro inferior de carácter moderado.

Tras ser asistido por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Los cuerpos policiales que colaboraron con el resto del dispositivo se encargaron de instruir el correspondiente atestado.

El ministerio de Consumo estima que alrededor de 1,15 millones de personas en España viven en viviendas de alquiler de temporada o de habitación y más de un tercio, unas 422.000, preferirían un alquiler habitual y lo hacen en contra de su voluntad, empujadas por la falta de oferta o los elevados precios de la vivienda habitual. Concretamente, 779.000 personas viven en alquiler de temporada y 370.000 alquilan habitación.

Un 33% de quienes tienen contrato de temporada preferirían un contrato de vivienda habitual, por un 44% de quienes alquilan habitación. El ministerio ha elaborado el estudio a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 y de la encuesta sobre vivienda de Ateneo del Dato para el grupo The Left y coinciden con el informe sobre pisos compartidos de Fotocasa Research 2025.

Justo estos dos perfiles mayoritariamente urbanos deben quedar más protegidos por el nuevo decreto de vivienda cuya aprobación viene aplazándose en el Consejo de Ministros. La oposición de Junts y de Podemos bloqueó su avance a finales de julio, de forma que quedó como principal asignatura pendiente para el inicio de curso en septiembre. Pero fuentes gubernamentales confirman que la crisis de Ceuta ha llevado a los grupos parlamentarios a estar menos proclives a negociar, al priorizar los problemas en la frontera.

El texto prevé, entre otras medidas de impulso a la construcción de vivienda pública, poner coto a los alquileres de temporada y de habitaciones. Los primeros deberán constatar documentalmente que se emplean por un periodo de tiempo justificado, es decir, por contratos temporales o estancias de tiempo limitado. Y los de habitación pasarán a ser regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, de modo que tendrán derechos protegidos como el tiempo de duración, ahora libre porque se rige por el Código Civil, o la imposibilidad de que el casero acceda al domicilio sin avisar, entre otras limitaciones. La suma de los precios de las habitaciones, además, no podrá ser superior al precio total de la vivienda.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha insistido a ese respecto que el decreto de vivienda “debe ser votado cuanto antes” y ha apuntado a septiembre como mes, aunque parece difícil que ese plazo, el que estaba previsto antes del verano, se cumpla. Ha resaltado la importancia de “poner coto al alquiler de temporada y turístico” y las prórrogas a los contratos de alquiler, que “va a congelar las rentas a millones de inquilinos”.

Bustinduy ha defendido también la importancia de que las comunidades topen los precios de alquiler aplicando la ley de vivienda. “Hay gente que se está forrando a costa de las penurias de la gente”, ha denunciado, y ha asegurado que “es una obviedad que el precio de una vivienda es la principal fuente de desigualdad” de España.

“Hay mejoras que están por encima de las de nuestro entorno que están siendo absorbidas por el mercado de la vivienda”, ha dicho, y ha denunciado que “no es una tormenta”, sino que hay responsabilidades políticas.

Unidas Se Puede llevará al pleno del Ayuntamiento de La Laguna del próximo jueves una moción en la que propone la captación de viviendas vacacionales que salgan de este mercado para destinarlas a alquiler residencial a precios asequibles.

Todo ello a raíz de la campaña de comprobaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según la cual, de las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias correspondientes al municipio, 1.093 no contaban con la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas.

Señala la formación política que “este dato no pretende prejuzgar la situación jurídica individual de estas viviendas”, pero considera necesario conocer cómo evolucionará este parque y analizar las posibilidades de que parte de las viviendas que, voluntariamente, dejen de destinarse al uso vacacional puedan incorporarse al alquiler residencial.

“Se trata de que el Ayuntamiento adopte medidas que favorezcan e incentiven que aquellas personas propietarias que decidan abandonar el uso vacacional puedan poner sus viviendas a disposición del alquiler de larga duración. Debemos aprovechar esta oportunidad para aumentar la oferta de vivienda asequible en La Laguna”, señala la edil Carolina Castro.

La moción plantea también evaluar los actuales programas municipales de captación y movilización de vivienda para conocer sus resultados, su capacidad real y los recursos disponibles, así como reforzarlos si resultan insuficientes para responder a las necesidades existentes.

La iniciativa propone, además, reforzar los mecanismos de información, acompañamiento e intermediación para las personas propietarias, así como instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a colaborar con el Ayuntamiento y Muvisa para ampliar los recursos destinados a la captación de vivienda para alquiler asequible.

La moción plantea que el Ayuntamiento de La Laguna haga públicos, en el plazo máximo de seis meses, los resultados del diagnóstico sobre la evolución del parque de viviendas vacacionales y de la evaluación de los programas municipales de captación y movilización de vivienda.

Acceder a las viviendas estatales de Casa 47 a golpe de clic con la facilidad con que se reserva un hotel es el objetivo del portal público que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en Madrid. El líder del ejecutivo ha reivindicado que es necesario “intervenir un mercado de la vivienda que no funciona”, como hacen quienes aplican la ley y el tope a los alquileres, frente a un PP cuyos gobiernos autonómicos “sirven a los fondos que especulan”. Y ha cargado directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Hacer política de vivienda no es comprar un ático de 6 millones de euros”.

“¿Para quién gobiernan aquellos gobiernos autonómicos que no aplican una ley de vivienda que funciona? ¿Gobiernan para la gente o para los que quieren especular con la vivienda?”, ha lanzado a modo de pregunta retórica el mandatario. Ha asegurado que no aplican esta ley “por el mero hecho de que venga del Gobierno de España”, pero que en vez de perjudicar al ejecutivo, “dañan al joven que quiere emanciparse” y “a las familias que no llegan a final de mes”. “Podríamos ir mucho más rápido si tuviéramos la ayuda de todos”, ha añadido en referencia a la no aplicación autonómica de la ley de vivienda.

Sin esta vez hacer mención ya a la crisis de Ceuta, el mandatario ha celebrado la inauguración de una aplicación donde los ciudadanos pueden presentarse fácilmente a las convocatorias públicas de alquiler asequible de Casa 47, empresa estatal de vivienda creada el año pasado para reforzar la vivienda pública de alquiler a precios que no se coman más de un tercio del sueldo de las familias. El portal nace con 800 viviendas disponibles y “muy pronto habrá 1.500 más”.

“El mercado excluye a miles de personas”, ha dicho Sánchez, que ha lamentado que “llevamos ya más de 45 años con estas lógicas que no funcionan” y ha asegurado que “el Gobierno no se va a quitar de en medio”.

El mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística informaba que la subida de la vivienda se modera pero sigue en un 14,9% respecto al año pasado, Sánchez ha defendido que el propósito de Casa 47 es que “tener una vivienda sea una aspiración realista”.

El presidente ha reconocido también la importancia de que los alquileres sociales y asequibles estén protegidos de manera perpetua, no como ha sucedido con los miles de viviendas que se han perdido al vencer su protección“Jamás debe ocurrir algo así, fruto de políticas erróneas”, ha dicho.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha inaugurado el acto recordando que la ley dice que “no debe ser el propio estado el constructor de vivienda”, al tiempo que ha defendido la accesibilidad del nuevo portal.

En él, mediante la identificación por Cl@ve móvil, permanente o certificado electrónico, se pueden buscar las viviendas disponibles en el parque público, compartir la situación económica y enviar de manera sencilla la solicitud para acceder a las viviendas.

Los únicos requisitos son tener residencia legal en España o nacionalidad, no poseer una vivienda salvo excepciones y tener una renta anual neta de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. No podrán acceder los trabajadores de Casa 47.

El preu de l'habitatge ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre de 2026 a les Balears, la vuitena pujada més elevada del país, segons l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPH) publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'IPH, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12,2% en el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període de 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12,2%.

El 2025, a l'arxipèlag balear, la pujada del preu va ser del 13,4% en l'habitatge nou i de l'11,8% en els immobles de segona mà.

A tot l'Estat, amb la pujada del segon trimestre, el preu de l'habitatge lliure acumula 49 trimestres consecutius d'alces interanuals, és a dir, fa una mica més de 12 anys que puja de manera ininterrompuda.

Segons l'INE, el preu de l'habitatge nou va pujar un 7,4% interanual en el segon trimestre, 1,7 punts menys que en el trimestre anterior i la taxa més moderada des del primer trimestre de 2023, mentre que el preu de l'habitatge usat es va incrementar un 12,9%, sis dècimes menys que en el trimestre previ i el seu menor avanç en un any.

Totes les comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes van presentar en el segon trimestre taxes interanuals positives en el preu de l'habitatge lliure i, a més, totes van ser de dos dígits excepte en el cas de Navarra, on l'augment va ser del 9,5%.

Les majors pujades de preus es van produir a la ciutat autònoma de Ceuta (+15,2%), Astúries (+15%), Castella i Lleó (+14,8%) i Aragó (+14,6%).

Per la seva banda, els increments més moderats en el preu de l'habitatge lliure es van registrar a Navarra (+9,5%), el País Basc (+10%), Catalunya (+10,1%) i les Canàries (+11%).

En taxa trimestral (segon trimestre sobre primer trimestre), el preu de l'habitatge lliure va pujar un 3,4%, una dècima menys que en el trimestre anterior.

El precio de la vivienda ha subido de media un 13,7% en el segundo trimestre de 2026 en Balears, la octava mayor subida del país, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el IPV, el precio de la vivienda libre subió en España un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

En 2025, en el archipiélago balear la subida en el precio fue del 13,4% en vivienda nueva y del 11,8 en los inmuebles de segunda mano.

En todo el país, con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Catalunya (+10,1%) y Canarias (+11%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

Cuando el moho o el agua hacen acto de presencia en la pared del salón o del dormitorio, el instinto suele apuntar al vecino de arriba o al estado de la fachada. Sin embargo, saber de quién es realmente la responsabilidad de la reparación no siempre tiene una respuesta fácil.

“La regla general es determinar el origen de la avería o del daño y comprobar si afecta a un elemento común del edificio o a un elemento privativo”, afirma Ana Prego, administradora de fincas de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), que advierte de que “no siempre el lugar donde se manifiesta el daño coincide con el lugar donde se encuentra su causa”.

Para aclarar la situación cuando surgen discrepancias o la complejidad de la avería lo requiere, la práctica habitual de las administraciones de fincas consiste en dar parte a la compañía de seguros comunitaria para que realice las comprobaciones necesarias.

“Si el origen no queda suficientemente acreditado, la comunidad puede encargar un informe técnico o pericial independiente”, señala Prego, que resuelve que una vez esclarecidas las causas el reparto de los costes está claro: si el origen está en un elemento común, como la fachada o la cubierta, la comunidad debe llevar a cabo la reparación; si proviene de una instalación o espacio privativo, corresponde al propietario.

Cuando las humedades surgen en paredes exteriores, la administradora pide prudencia y un procedimiento especialmente minucioso. “En este tipo de incidencias es fundamental no identificar automáticamente el lugar donde aparece la humedad con su origen”, asegura Prego, ya que la procedencia puede ser la fachada, pero también puede estar en la cubierta, en una terraza, una bajante o incluso en una instalación privativa.

Una vez que se determine que la filtración viene de la fachada, la comunidad está obligada a reparar el origen de esa entrada de agua, al tratarse de un elemento común. “Cuando además se han producido daños en el interior de una vivienda, el orden de actuación es importante: primero debe repararse correctamente la causa que los está provocando y, posteriormente, tramitar los daños a través del seguro de la comunidad cuando el siniestro esté incluido en las coberturas de la póliza”, detalla la experta, que subraya que “reparar o pintar una pared sin haber solucionado previamente la entrada de agua únicamente ocultará temporalmente el problema y es muy probable que la humedad vuelva a aparecer”.

Cuando no lo cubre el seguro

Un error frecuente entre los propietarios es confundir las coberturas de un seguro con la responsabilidad legal del edificio. “La obligación de conservar y reparar y la existencia de cobertura aseguradora son cuestiones distintas”, aclara Prego. Puede ocurrir que la comunidad sea civilmente responsable de un daño, pero que, debido a las condiciones particulares o exclusiones de la póliza contratada, la aseguradora no asuma el siniestro. En estos casos, la administradora confirma que la comunidad sigue teniendo la obligación de responder ante el afectado.

“La Ley de Propiedad Horizontal impone a la comunidad el deber de realizar las actuaciones necesarias para el adecuado mantenimiento y conservación del inmueble y de sus elementos comunes”, recuerda la experta. “Si, además, la comunidad ya conoce la existencia de una deficiencia y no adopta las medidas necesarias para solucionarla, su falta de actuación adquiere especial relevancia a efectos de una posible reclamación”, añade.

Por ello, Prego aconseja documentar la incidencia, adoptar medidas provisionales si hay riesgo de agravamiento y promover la reparación sin demoras. “La prevención y una actuación temprana son especialmente importantes”, recalca, ya que ignorar una pequeña incidencia suele derivar en reparaciones mucho más costosas y posibles reclamaciones a largo plazo.

Ante la desesperación por los tiempos de reacción, algunos propietarios deciden contratar a un operario privado y reclamar el coste a la junta. Sin embargo, la administradora alude a la claridad de la ley al respecto: “Un propietario no debería intervenir unilateralmente sobre un elemento común y posteriormente limitarse a presentar la factura a la comunidad, la propia ley establece que cuando un propietario advierta la necesidad de reparaciones urgentes, debe comunicarlo sin dilación al administrador”.

Solo hay dos situaciones excepcionales en las que Prego confirma que procede la actuación directa por parte del propietario: una verdadera emergencia, en la que exista un riesgo inmediato de que se produzcan o agraven daños severos; o la inacción de la comunidad si el propietario ha comunicado la existencia de un problema, ha solicitado su reparación y la comunidad, pese a conocerlo, no adopta las medidas necesarias. “Existen pronunciamientos del Tribunal Supremo que han reconocido ese derecho cuando se han acreditado las circunstancias del caso, pero no se trata de un derecho automático”, matiza la profesional.

El precio de la vivienda se encareció un 12,2% en el segundo trimestre de 2026 para encadenar así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12%. De esta forma, la tasa se ha moderado siete décimas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó un 12,9% entre abril y junio y baja por primera vez en tres trimestres del 13%. En el caso de la vivienda nueva, se moderó al 7,4%, su tasa más baja desde el primer trimestre de 2023.

Esta subida se produce después de que el precio de la vivienda arrancase el año con un aumento del 12,9% en el primer trimestre de 2026 y de que cerrara 2025 con un alza media del 12,7%. Todo ello en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

Aumenta un 3,4% frente al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,4% en tasa intertrimestral. Por tipo de vivienda, los precios de la de segunda mano se elevaron un 3,7% frente a los tres meses previos, su mayor aumento en un año. En el caso de la nueva el alza fue del 1%.

Con este nuevo incremento, el precio de la vivienda ha subido un 7% en lo que va de año. El mayor aumento se da en la vivienda de segunda mano, con un 7,4%, mientras que en el caso de la nueva el alza es del 4,6%.

Navarra, única región donde la subida no es de doble dígito

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre del año y, salvo en Navarra, todas ellas arrojaron una subida de doble dígito.

Los mayores aumentos de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (15,2%); Asturias (15%); Castilla y León (14,8%); Aragón (14,6%) o La Rioja y Murcia (14,4%, respectivamente). Por encima de la media también destacaron los aumentos de Melilla (13,8%); Baleares (13,7%); Cantabria (13,5%); Comunidad Valenciana (13%); Comunidad de Madrid y Galicia (12,9%, en ambas) y Extremadura (12,8%).

Por debajo de la media figuraron las subidas de Andalucía (11,9%); Castilla-La Mancha (11,7%); Canarias (11%); Cataluña (10,1%); País Vasco (10%) y Navarra (9,5%).

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

Recientemente, la tasadora Tinsa cifró la subida del precio de la vivienda (nueva y usada) en el segundo trimestre del año en un 15,2 % en tasa interanual, el mayor avance que registra desde mediados de 2006, en plena “burbuja” inmobiliaria, y 11,8 puntos superior a la inflación.

El precio de la vivienda se encareció un 12,2% en el segundo trimestre de 2026, un 11% en Canarias en tasa anual, para encadenar así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12%.

De esta forma, la tasa se ha moderado siete décimas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó un 12,9% entre abril y junio. Llevaba tres trimestres con tasas superiores al 13%.

En el caso de la vivienda nueva se moderó al 7,4%, su tasa más baja desde el primer trimestre de 2023.

Esta subida se produce después de que el precio de la vivienda arrancase el año con un aumento del 12,9% en el primer trimestre de 2026 y de que cerrara 2025 con un alza media del 12,7%.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

Aumenta un 3,4% frente al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,4% en tasa intertrimestral.

Por tipo de vivienda, los precios de la de segunda mano se elevaron un 3,7% frente a los tres meses previos, su mayor aumento en un año.

En el caso de la nueva el alza fue del 1%.

Con este nuevo incremento, el precio de la vivienda ha subido un 7% en lo que va de año.

El mayor aumento se da en la vivienda de segunda mano, con un 7,4%, mientras que en el caso de la nueva el alza es del 4,6%.

Subidas generalizadas a doble dígito salvo en Navarra

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre del año y, salvo en Navarra, todas ellas arrojaron una subida de doble dígito.

Los mayores aumentos de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (15,2%); Asturias (15%); Castilla y León (14,8%); Aragón (14,6%) o La Rioja y Murcia (14,4%, respectivamente).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Melilla (13,8%); Baleares (13,7%); Cantabria (13,5%); Comunidad Valenciana (13%); Comunidad de Madrid y Galicia (12,9%, en ambas) y Extremadura (12,8%).

Por debajo de la media figuraron las subidas de Andalucía (11,9%); Castilla-La Mancha (11,7%); Canarias (11%); Cataluña (10,1%); País Vasco (10%) y Navarra (9,5%).

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

Recientemente, la tasadora Tinsa cifró la subida del precio de la vivienda (nueva y usada) en el segundo trimestre del año en un 15,2% en tasa interanual, el mayor avance que registra desde mediados de 2006, en plena “burbuja” inmobiliaria, y 11,8 puntos superior a la inflación.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

El verano ha estado protagonizado por tres noticias de calado muy diferente, pero que ponen de relieve algunos de los grandes problemas de este país. Los macroincendios, la “invasión” de Ceuta y el ático de Ayuso no son más que pinceladas que retratan la deficiente gestión de los montes, la relación de dependencia con Marruecos y el despropósito de los precios de la vivienda. Los dos primeros han sido ampliamente analizados en este periódico, así que me voy a centrar el drama de la vivienda en Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue sin haber dado una explicación coherente de por qué y para qué la Comunidad de Madrid compraba un ático para uso de su presidenta. Los datos son que la empresa pública Planifica Madrid compró por 6,3 millones de euros un ático de uso residencial de 481 metros cuadrados, situado en la calle General Martínez Campos, 35, en el distrito madrileño de Chamberí. La adquisición se escrituró el 14 de abril de este año, aunque no se conoció hasta que lo publicó El País el 29 de julio. La primera explicación que dio la Comunidad de Madrid fue que la compra se había realizado para que fuera utilizado por la presidenta mientras se realizaban obras en su despacho en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Después empezaron a modificar las versiones y la propia Ayuso quiso defenderse atacando al Gobierno central porque al presidente y una buena parte de los ministros cuentan con residencia oficial. ¿Quiere esto decir que estaban tratando de levantar, de tapadillo, una residencia oficial para la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Alrededor de esta operación hay algunos datos que permiten hilvanar una línea de puntos que llevaría a Isabel Díaz Ayuso intentando comprar un piso en su barrio de toda la vida y llegó a la conclusión de que con su sueldo y patrimonio no le alcanzaba para lo que ella quiere y cree merecer. El Portal de Transparencia dice que Díaz Ayuso tiene un sueldo bruto anual de 103.930,3 euros y que en septiembre de 2023 (cuando presentó la declaración patrimonial) contaba con un piso valorado en 140.547,31 euros que recibió en octubre de 2012 como donación y en régimen de nuda propiedad, lo que seguramente implica que no puede disponer de él, y 75.860 euros en cuentas corrientes.

El 15 de abril de este año, un día después de escriturar el ático, este periódico publicó que Ayuso estaba buscando piso en Chamberí para lo que se habría apoyado en un directivo del equipo de Presidencia de la Comunidad. Por tanto, se sabe que Ayuso buscaba piso y que lo hacía en su barrio de siempre, donde vive su madre (de hecho el ático estaba al lado) y donde vivía en esos momentos con su pareja. Es ahí donde debió darse de bruces con el crudo mercado inmobiliario de la capital de la Comunidad que preside.

Tampoco podría afrontar en solitario una hipoteca de 4,8 millones a un buen tipo de interés (2,5%), ya que implicaría una cuota mensual de 18.966 euros, si es a treinta años, o de 14.023, si la consiguiera a cincuenta años

El sueldo bruto de Ayuso supone una remuneración neta al mes de 4.650 euros si se reparte en catorce pagas, o 5.430 euros en doce. Es esa nómina la que tendría que hacer frente al pago de la cuota de la hipoteca y obviamente no da para adquirir un ático de 6,3 millones de euros. La primera barrera que se encuentra el comprador de una vivienda es que necesita en efectivo el 20% del importe de la adquisición más un 6% para el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los gastos de notaría, registro y tasación. Por tanto, para una casa de seis millones de euros se necesitarían 360.000 euros para el pago del ITP y 1,2 millones para afrontar la entrada y aún quedarían 4,8 millones de hipoteca. La realidad es que Ayuso no disponía de esos 1,2 millones, según se deduce del Portal de Transparencia, y tampoco podría afrontar en solitario una hipoteca de 4,8 millones a un buen tipo de interés (2,5%), ya que implicaría una cuota mensual de 18.966 euros, si es a treinta años, o de 14.023, si la consiguiera a cincuenta años.

El salario de Ayuso, que es 3,7 veces el salario medio en España, y muy similar al de Pedro Sánchez (110.397,28 euros), y su ahorro, que quizás ya esté 100.000 euros, le permitirían adquirir una casa de unos 800.000 euros, siempre y cuando encuentre un banco que esté dispuesto a darle una hipoteca por casi el 94% del valor de la vivienda. Una casa de ese precio implica pagar 48.000 euros de ITP y cerca de tres mil euros en gastos de registro, notaria, gestoría y tasación, que se comerían la mitad de los cien mil euros ahorrados. Por tanto, le quedarían cincuenta mil para la entrada y necesitaría una hipoteca de 750.000 euros, que a un tipo del 2,5%, suponen una letra de 2.963 euros al mes durante cuarenta años o 2.473 euros si es a cincuenta años. Esto sí podría afrontarlo y encontraría banco que asuma el riesgo. Eso sí por 800.000 euros no va a encontrar nada que se parezca a lo que le habían preparado.

Estos datos retratan el problema de la vivienda en Madrid incluso para sueldos extraordinariamente buenos. Quizás por eso, la semana pasada, la Comunidad de Madrid ha aprobado nuevas ayudas para la compra de la primera vivienda, dirigidas a apoyar a los que carecen del ahorro para afrontar la entrada y elevando la edad máxima para ser beneficiario de las mismas de 35 a 50 años y subiendo el importe máximo de la transacción hasta 425.000 euros.

Son medidas parche, puesto que la raíz del problema está en la falta de oferta de viviendas, por escasez de nueva construcción y por crecimiento de la vivienda turística que captura la segunda residencia. Es necesario un plan inmediato y muy ambicioso de vivienda nueva para poder frenar a un mercado disparatado. La situación de Ayuso es mucho más fácil de solucionar: que someta a la Asamblea de Madrid la creación de una residencia oficial para la presidencia de la Comunidad, seguro que lo saca adelante. Solo faltan agallas para ir con la verdad por delante.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

Un hombre ha muerto a consecuencia de un incendio declarado esta madrugada en el interior de una vivienda del municipio grancanario de Telde, según ha informado el 1-1-2 Canarias.

El suceso ocurrió pasadas las 1.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta en la que se informaba sobre un incendio declarado en un inmueble ubicado en la calle Tabaibal.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazados al lugar extinguieron las llamas y confirmaron la localización de una persona en el interior de la vivienda.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre.

La Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

La fachada triste y gris acusa cierto olvido. Hay algunos cristales rotos en las ventanas viejas de madera del primer piso. Con el paso de los años el edificio se ha ido quedando prácticamente vacío a excepción de tres inquilinos de renta antigua. Al lado del portal un cartel amarillo advierte que hay cámara de vigilancia y una alarma instalada por los propietarios, el fondo inmobiliario Global Cuena.

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo del número 8 de la calle Santa Clara por el riesgo de las obras que estaba realizando su dueño con los inquilinos dentro para convertir el inmueble en un edificio de apartamentos. Los vecinos ya habían denunciado hace dos años que les querían echar. Entonces eran ocho, hoy solo quedan tres.

En febrero de 2024, los pocos inquilinos que quedaban en este céntrico inmueble de siete plantas en la capital cántabra recibieron una noticia inquietante. El edificio había sido comprado por una sociedad —el fondo inmobiliario Global Cuena— que quería convertirlo en apartamentos. Nadie les había avisado. Los vecinos, algunos de renta antigua que pagaban entre 300 y 600 euros de alquiler, denunciaron en la prensa local que les querían echar para hacer pisos turísticos.

La que más ruido hizo fue Conchita Mantilla, una de las personas más conocidas en Santander por haber gestionado el antiguo Hotel Rex y por haber ejercido como concejala en la ciudad con el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla. A Chitín, como se le conocía familiarmente, le ofrecieron seis mil euros por irse de su casa, en la que llevaba residiendo más de sesenta años, y pagarle la mudanza.

Finalmente, el nuevo propietario se echó atrás. Negó que tuviera la intención de dar un uso turístico al edificio, explicó que no quería echarles de sus casas y concluyó que los inquilinos lo habían entendido mal.

Conchita Mantilla falleció con 91 años en febrero. Poco después la empresa decidió seguir adelante con su plan inicial y empezar las obras de reforma del edificio, para hacer 27 apartamentos con los tres inquilinos dentro, lo que ha acabado por provocar su desalojo. Hace unos días, el Ayuntamiento de Santander ordenó a los vecinos salir del inmueble porque la estructura “está debilitada” y hay que reforzarla.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, explicó que la empresa que compró el edificio inició unas obras de reforma interior en las que tiró tabiques que han hecho que no se pueda garantizar la seguridad del edificio. Unas obras “totalmente legales”, según el Ayuntamiento de Santander, que contaban con un proyecto “validado” por el Consistorio. No obstante, el proyecto que presentó la empresa en abril de 2024 a los vecinos ya advertía que la reforma tenía que hacerse con el edificio vacío.

La alcaldesa, Gema Igual, restó importancia al asunto: “No estamos ante una emergencia”, dijo. Al mismo tiempo, daba 48 horas a los inquilinos para abandonar sus casas. El desalojo también afecta a los locales comerciales de los bajos del edificio: un supermercado y un bazar. También afecta a otro negocio, una peluquería, que lleva más de setenta años en el primer piso del edificio.

Los inquilinos son cautos y no quieren hablar públicamente de la situación, han recurrido a unos abogados para que les asesoren en el proceso y confían en poder regresar a sus casas y a sus negocios cuando se refuerce la estructura.

El Ayuntamiento de Santander ha exigido a la empresa propietaria que apuntale el edificio en un plazo máximo de quince días para garantizar la seguridad estructural del inmueble y evitar riesgos para las personas o los bienes. Al día siguiente de salir de sus viviendas, ya han empezado los trabajos.

El edificio de la calle Santa Clara se suma a una tendencia evidente en Santander —donde se ha incrementado notablemente el turismo— que es convertir edificios de viviendas convencionales en apartamentos. Cada vez es más habitual. En la cercana calle Cervantes o en Peñas Redondas hay ejemplos de ello.

En el caso de los pisos turísticos, la presión turística ha hecho proliferar de manera descontrolada los alojamientos sin una regulación y un control efectivo sobre los mismos. También ha contribuido a incrementar el precio de los alquileres y dificultar el acceso, ya que la mayoría de las viviendas se dedican al turismo y al alquiler de temporada.

En este contexto, la Empresa Municipal de Turismo de Santander encargó un estudio de impacto turístico y capacidad de carga de la capital de Cantabria. Los resultados tendrían que haberse hecho públicos en junio.

El enésimo intento por aprobar un nuevo decreto de vivienda que frene la especulación con alquileres de temporada y de habitaciones y potencie el parque público de casas volvió a fracasar en julio. Chocó con los reproches de Junts, pero también con la oposición frontal de Podemos y plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas a las modificaciones incluidas a la Ley del Suelo, que, denuncian, la hacen más permisiva ante ilegalidades. Por ello, el decreto volvió al cajón y el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo texto este mes de septiembre, aunque no aclara por el momento si modificará estos puntos o cómo satisfará las reclamaciones de los socios.

Sumar, por su parte, estaba dispuesto a aprobar el texto con las modificaciones de la Ley de Suelo, aunque no le convencían, pero ahora espera un nuevo texto “a ver si lo afinan”, dicen fuentes del partido. Si este revés vuelve a dilatar un decreto de vivienda que Pedro Sánchez ya anunció hace siete meses, en febrero, aún retrasa más las medidas con respecto a la Ley de Suelo, que ya fue tumbada en el Congreso en mayo de 2024 y febrero de 2025, con críticas de oposición y de socios de Gobierno. A la oposición de los partidos se le suma ahora otro obstáculo: la crisis de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del ejecutivo y paralizado aún más las negociaciones.

Los artículos del nuevo decreto que levantan ampollas entre los colectivos sociales son las reformas del 13 y el 14 de la Ley de Suelo, que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no empantanar proyectos enteros por irregularidades que no afectan a la totalidad, el artículo 13.6 de la Ley de Suelo queda modificado de forma que “se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido”.

Esto quiere decir que si un plan urbanístico es recurrido por irregularidades, se frenarán solo las partes del plan afectadas por las mismas, de forma que el resto de obras –entre las que puede haber, por ejemplo, vivienda protegida– no queden paralizadas.

El abogado especialista en vivienda Pablo Feu cree que “tiene sentido” que esto sea así, pero alerta de que solo dos epígrafes antes, en el 13.4, se abre la puerta a que “si una irregularidad se comete de acuerdo a una normativa vigente, aunque esta normativa esté mal, no se podrán frenar los proyectos”, apunta el experto, sobre uno de los puntos más técnicos pero a la vez más peligrosos, a su parecer, de la nueva norma.

Oposición de Podemos, Greenpeace y Sindicato de Inquilinas

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace España, es más crítica todavía con este punto. “Básicamente, ninguna construcción va a poder ser declarada nula, el constructor tendrá que corregir solo algunas partes”, asevera. “En algunos casos, se darán por buenos proyectos que no lo son por tal que no queden paralizados y eso no nos gusta”, añade.

El rechazo de Podemos también se basa en que “la reforma afecta al sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, lo que dificultará que organizaciones ecologistas puedan recurrir pelotazos urbanísticos”, según fuentes del partido, que añaden que se trata de un texto “prácticamente idéntico al presentado por el PP en 2018, por el propio PSOE en 2024 y por PSOE y PNV en 2025”. “En la práctica, esto implica convalidar ilegalidades en materia urbanística y que, incluso si un tribunal establece que la actuación urbanística es ilegal, pueda quedarse en las mismas condiciones”, dicen sobre las modificaciones

El otro artículo que despierta rechazo, incluso más frontal, es el 13.7 del borrador que “limita la capacidad de organizaciones de plantear recursos, lo que ahonda en la línea de que actuaciones urbanísticas ilegales puedan ser convalidadas”, dicen desde Podemos.

Para el abogado Pablo Feu, este punto es incluso peor que el anterior. Concretamente, el nuevo artículo dice que “la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no haya transcurrido el plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva”.

Solo cuatro años para impugnar un plan

“Si se aprueba un plan urbanístico y el promotor espera cuatro años para pedir la licencia, que es cuando se evidencia lo que está haciendo, la nueva ley no permitirá impugnarlo. Aparte de ser injusto, se carga por completo el sistema de procedimiento administrativo”, denuncia Feu.

Las nuevas modificaciones también incluyen que la invalidez de las nulidades por recursos será aplicable también de manera retroactiva, ante proyectos urbanísticos iniciados antes de que la ley entre en vigor. Es más, establece que el juez deba permitir subsanar los errores al promotor incluso tras la sentencia contra un plan urbanístico. “Esto es una barbaridad jurídica”, dice Feu, que alerta como las plataformas del riesgo de “amnistías urbanísticas”.

Las modificaciones responden a una reivindicación histórica del sector de la construcción para agilizar la producción de vivienda. A finales de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe que recomendaba reducir trabas burocráticas y regulatorias para agilizar la construcción de vivienda protegida, entre los cuales estaba limitar las nulidades totales de los planeamientos.

Pero incluso voces muy críticas con las patronales y constructoras asumen la importancia de esta medida. Es el caso de Ignacio Ezquiaga, economista experto en vivienda en Funcas, asegura que limitar las nulidades es algo “muy positivo” porque permitirá “desencallar” proyectos y que no se trunquen planes que estén bien por detalles que estén mal. “Cuatro años para impugnar es tiempo suficiente”, defiende sobre el otro punto.

Voces a favor de la norma

En la misma línea, Javier Burón, economista y director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), expresa que “es bueno que se diferencie entre vicios subsanables y no subsanables”. “Cambiar un plan general por cualquier error cuesta hoy muchos años y supone empezar de nuevo. Los inversores no van a poner dinero en un mercado donde todo puede cambiar en función de las impugnaciones. Debemos tener un urbanismo diligente sin caer en los vicios previos a la burbuja”, desarrolla Burón.

Las plataformas y la izquierda, mientras tanto, ponen como ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería, con 21 plantas a escasos metros del mar en el Cabo de Gata que fue declarada nula este mes de julio, 23 años después de que la licencia fuera concedida. Las obras quedaron paralizadas en el 95% de su ejecución en 2006, cuando un juzgado ordenó paralizarla tras las reivindicaciones de ecologistas. “Con esta ley, seguramente no se podría derribar El Algarrobico”, asevera Díez, de Greenpeace.

Los silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales o la eliminación del derecho de reversión para antiguos propietarios si en un tiempo no se ejecutan las obras planeadas de vivienda son otros de los aspectos que no convencen.

Las voces más críticas han visto similitudes entre las modificaciones de la Ley de Suelo estatal y la conocida como ley Líder aprobada el mes de julio por la Comunidad de Madrid. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región se votará en septiembre –y saldrá adelante, presumiblemente, con la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso– y sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. La nueva norma unifica las normas de urbanismo y de reordenación del territorio y disminuye el plazo de los planeamientos urbanísticos de doce a unos cuatro años.

El Gobierno de Ayuso justificaba la necesidad de la norma para agilizar la construcción de vivienda, pero las plataformas ciudadanas se oponen. Tampoco lo ve con buenos ojos el Ministerio de Vivienda, que en abril presentó alegaciones alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”. Lo mismo que denuncian las voces a la izquierda del ejecutivo central de la Ley de Suelo, informa África Gelardo.

Más allá de la Ley del Suelo, otras medidas del nuevo decreto sí que gustan a plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas. Las nuevas prórrogas de dos años para inquilinos, las facilidades para que Casa 47 se haga con suelos públicos, la limitación temporal y formal del alquiler de temporada y de habitaciones o un mayor impulso económico y financiero a la vivienda asequible deben contribuir a mejorar la situación actual de la vivienda en España, según estas voces.

Pero, por mucho que se modifiquen o se eliminen del decreto los cambios a la Ley del Suelo, el decreto sigue sin contar sin los apoyos suficientes en el Congreso sin los votos de Junts. Para la formación catalana, el problema no son los aspectos urbanísticos, sino la no inclusión de medidas para desgravar a inquilinos e hipotecados. El reto de la ministra Isabel Rodríguez de conseguir un texto que satisfaga a unos y a otros en este mes no es sencillo.