El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al Gobierno canario (CC y PP) de proteger “intereses privados” frente al derecho a la vivienda en las Islas y ha reclamado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que dé un paso decidido frente a la crisis habitacional y declare las Zonas de Mercado Residencial Tensionado previstas en la Ley Estatal de Vivienda, para contener el incremento de los precios del alquiler y proteger a miles de familias canarias.

Franquis intervino este martes en el pleno del Parlamento en una pregunta a Presidencia sobre si el Ejecutivo autonómico tiene previsto declarar zonas tensionadas y comenzar a ofrecer respuestas efectivas al problema del alquiler, donde cuestionó la “incoherencia” del Gobierno autonómico al reconocer la gravedad de la situación residencial mientras rechaza utilizar las herramientas legales disponibles para afrontarla.

“Si han aprobado una emergencia habitacional, ¿por qué no aprueban declarar zonas tensionadas?”, preguntó.

Franquis aseguró que la realidad de la vivienda en Canarias está provocando una creciente situación de angustia social que afecta especialmente a jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler y trabajadores esenciales que no encuentran una vivienda asequible cerca de sus lugares de trabajo.

“Es una pregunta que surge de la desesperación de miles y miles de familias que están siendo expulsadas del mercado de la vivienda”, afirmó.

Además, defendió que la declaración de zonas tensionadas no es únicamente una herramienta recogida en la legislación estatal, sino una decisión política que refleja a quién decide proteger un gobierno cuando debe elegir entre el interés general y determinados intereses económicos.

En este sentido, acusó al Ejecutivo autonómico de haberse situado “del lado de quienes obtienen beneficios” de la actual emergencia habitacional en lugar de defender a quienes sufren sus consecuencias. “Ha elegido no situarse del lado de quienes sufren esta emergencia habitacional. Ha elegido ponerse del lado de quienes obtienen beneficios de ella”, señaló.

Franquis criticó la negativa del Gobierno de Canarias a declarar zonas tensionadas en municipios cuyos ayuntamientos ya han solicitado formalmente esta medida, como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona (Tenerife) o Villa de Mazo (La Palma), donde los precios del alquiler continúan aumentando de forma sostenida.

“¿Por qué condena a miles de familias a soportar subidas desproporcionadas de los alquileres cuando dispone de instrumentos legales para contenerlas?”, preguntó al presidente canario. 

Registro de grandes tenedores

Asimismo, reprochó al Ejecutivo regional su rechazo a la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, una iniciativa que, según explicó, permitiría disponer de información transparente sobre quién concentra el parque residencial y quién tiene capacidad para influir en la evolución del mercado.

Franquis recordó que, según los datos disponibles, el 14% de las viviendas en Canarias están en manos de grandes propietarios, una proporción que duplica la existente en otras comunidades autónomas y que representa más de 104.000 viviendas en el Archipiélago.

El portavoz socialista también criticó el voto en contra de los grupos que sustentan al Gobierno a la propuesta de reforma fiscal planteada por el PSOE para diferenciar el tratamiento tributario de quienes adquieren una primera vivienda respecto a sociedades que compran edificios completos para destinarlos al alquiler vacacional.

También insistió en que Canarias no carece de herramientas, diagnósticos o informes para afrontar la crisis residencial. A su juicio, el principal problema es la falta de voluntad política para aplicar medidas que prioricen el derecho a la vivienda frente a intereses particulares.

“El problema es que falta un Gobierno que defienda el interés general y deje de actuar como medianero de intereses privados”, afirmó.

Por ello, Franquis exigió al presidente de Canarias que abandone su bloqueo a las medidas contempladas en la legislación vigente y actúe para garantizar el acceso a una vivienda digna. “¿Hasta cuándo va a seguir protegiendo los intereses de unos pocos mientras miles de familias canarias ven cada día más lejos su derecho a una vivienda digna?”, concluyó.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra ha iniciado un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, por la utilización indebida de una vivienda de protección oficial en la Comarca de Pamplona como alojamiento turístico, “una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente”, recuerdan desde el Ejecutivo foral.

La actuación se inició tras detectar que la vivienda se anunciaba en una conocida plataforma de alquileres vacacionales como apartamento turístico. “Las comprobaciones realizadas confirmaron que el inmueble no figuraba inscrito en el Registro de Turismo de Navarra pero que se ofertaba como alojamiento turístico desde, al menos, el año 2023”, explica el Despartamento de Vivienda.

El alquiler de una VPO para uso turístico es una infracción grave según la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra, que establece que las viviendas protegidas se tienen que destinar “a domicilio habitual y permanente”. Por ello, el Gobierno navarro ha iniciado el expediente sancionador a la persona titular de la vivienda, con una propuesta de multa de 16.499,50 euros, dentro del rango previsto para este tipo de infracciones, entre 3.001 y 30.000 euros.

“Las viviendas protegidas tienen como finalidad facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, por lo que están sujetas a unas condiciones específicas que regulan su uso, transmisión y alquiler”, informan desde el Departamento.

La principal obligación es que la vivienda tiene que utilizarse como domicilio habitual y permanente, no puede utilizarse como segunda residencia ni mantenerse vacía de forma prolongada sin causa justificada. Además, no se puede destinar a usos turísticos. Esto incluye tanto alquilar la vivienda completa como ofrecer habitaciones en plataformas de alquiler vacacional.

No obstante, el alquiler completo o por habitaciones de una vivienda protegida sí que es posible, pero hay que respetar los límites de precios fijados para las VPO, asegurarse que siempre se usa como domicilio habitual y que la persona inquilina cumple con los requisitos para acceder a la vivienda protegida, así como solicitar la autorización de la Dirección General de Vivienda.

Las viviendas protegidas también se pueden vender, pero al igual que en el alquiler, es necesario cumplir con todos los requisitos que marca la legislación. Asimismo, se pueden donar, intercambiar e incluso ceder temporalmente para que la ocupe un familiar. Para todos estos casos, es necesario contar con la autorización de la Dirección General de Vivienda.

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes el informe del órgano fiscalizador que concluye que ninguno de los tres grandes ayuntamientos de Cantabria -Santander, Torrelavega y Castro Urdiales- disponía en 2022 y 2023 de una política municipal de vivienda global e integrada y que las acciones puntuales de distinta naturaleza “han sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional de la población”.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales', correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023.

Durante la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas se han aprobado diferentes propuestas de resolución de PP, PSOE y Vox, mientras que las de Sumar han sido rechazadas.

El trabajo examina el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.

Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora es el aprovechamiento del patrimonio público del suelo, que ha sido “insuficiente”, y de haber sido más eficaz, habría permitido incrementar el parque de vivienda disponible, señala el Tribunal de Cuentas, que ahonda en que su aprovechamiento ha sido “muy limitado” y que su planificación presenta “debilidades relevantes”.

No obstante, en el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Santander finalizó dos promociones de 186 viviendas y Torrelavega incrementó su parque en 58 con una política consistente fundamentalmente en la cesión de suelo al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda. Mientras, Castro Urdiales no llevó a cabo ninguna actuación en VPO.

Además, se ha verificado que los ayuntamientos de Santander y Torrelavega contaban con 201 y 30 viviendas sociales, respectivamente, y que habían concedido ayudas sociales para vivienda por importes cercanos a 196.000 y 10.000 euros.

Por otra parte, se destacan “deficiencias relevantes en el control administrativo, la adjudicación y el mantenimiento de las viviendas sociales, lo que ha limitado su efectividad para atender las necesidades sociales reales de los sectores más vulnerables”.

Incumplimientos

Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega cumplieron, en líneas generales, con las preceptivas obligaciones legales de rectificación y comprobación de sus inventarios de bienes y derechos.

Sin embargo, el inventario del Ayuntamiento de Castro Urdiales no se actualiza formalmente desde 2019, en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Además, no recoge de forma separada los bienes y derechos integrantes de su patrimonio público del suelo, dificultando su control y seguimiento.

Asimismo, recoge que el Ayuntamiento de Castro Urdiales incumplió su deber legal de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización. Como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio, Susana Herrán (PSOE).

El Ayuntamiento de Torrelavega no utilizó las cuentas previstas para el registro contable de los bienes de su patrimonio público del suelo y no los diferenció en un epígrafe separado dentro del inmovilizado material de su balance, incumpliendo lo establecido en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

De todos los elementos integrantes del patrimonio público del suelo de los ayuntamientos analizados, únicamente un edificio en el municipio de Torrelavega -que fue cedido a la comunidad autónoma para su rehabilitación- y nueve parcelas en el de Santander, seis de ellas adquiridas durante el periodo fiscalizado y tres que estaban inventariadas con anterioridad, tenían como destino previsto la construcción de vivienda.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales utilizó recursos procedentes de la enajenación de una parcela de su patrimonio público del suelo para finalidades diferentes de las previstas inicialmente, pero incluidas en la normativa reguladora, lo que pone de manifiesto una debilidad en la planificación del uso de este tipo de recursos, al haberlos empleado para cubrir otras necesidades distintas a medida que estas iban surgiendo, señala el informe.

Modelos de gestión

En el Ayuntamiento de Santander la mayor parte de las viviendas promovidas por la SVS lo han sido en régimen de venta. Durante el periodo analizado se produjo un cambio de tendencia en favor del alquiler con opción a compra, que pasó del 17% al 23%.

El sistema de inscripción en los sorteos para la adjudicación de viviendas no está automatizado, lo que permitió que hubiera solicitudes duplicadas y que, en consecuencia, algunas personas tuvieran mayor probabilidad de ser beneficiarias, señala el informe. De las 197 viviendas a disposición del Ayuntamiento para alquiler social, ocho se encontraban ocupadas ilegalmente y tres precisaban obras de reparación, lo que impedía que fuesen destinadas a tal fin.

El reglamento regulador de las viviendas municipales en régimen de alquiler social vigente en el municipio desde 2015 recoge un baremo para su adjudicación que no incluye entre sus criterios la atención a las víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Torrelavega, de las 14 viviendas que estaban en uso como recurso de carácter asistencial destinadas a centros de acogida, solo existía expediente administrativo de cesión temporal en cinco de ellas y el Ayuntamiento desconocía la situación de la otra.

Dos viviendas estaban ocupadas irregularmente y cuatro requerían obras de rehabilitación, lo que impidió que pudieran ser utilizadas para fines sociales. Torrelavega no dispone de un baremo específico para la adjudicación de las viviendas sociales en el reglamento municipal regulador de centros de acogida, no garantizándose la aplicación de criterios objetivos y no discriminatorios en la selección de los posibles candidatos que precisen estos recursos.

Y en Castro Urdiales, el parque municipal de vivienda destinada al alquiler está dotado desde 2007 por ocho inmuebles, de los que ninguno está adscrito a fines de emergencia social.

Recomendaciones

El informe incluye recomendaciones específicas para cada uno de los ayuntamientos y para el Gobierno autonómico dirigidas a mejorar la planificación estratégica, el uso del suelo público, la gestión del parque de vivienda y la cooperación institucional en este ámbito.

En concreto, a Santander y Torrelavega recomienda regularizar el estado de sus viviendas municipales con fines sociales, y a la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), implantar un procedimiento automatizado de inscripción en los sorteos de sus viviendas. A Castro Urdiales y Torrelavega les recomienda realizar estudios específicos de las necesidades habitacionales en su municipio para elaborar un plan de vivienda adecuado. Y a los tres, determinar los terrenos de su patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Por su parte, al Gobierno de Cantabria y a los tres ayuntamientos les pide reforzar la colaboración para lograr una política de vivienda más eficaz y eficiente.

Las localidades de Poo (Po), Barro, Celorio y Nueva, en el concejo de Llanes, se han incorporado al listado de zonas de mercado residencial tensionado en Asturias y con ellas el Principado ha completado la primera fase que afecta a doce zonas de cinco municipios.

Anteriormente se habían sumado a esta relación Llanes y Posada; Arenas y Poo, en Cabrales; los barrios de Cimadevilla y La Arena, en Gijón/Xixón; Luanco, en Gozón, y el barrio de La Magdalena, en Avilés.

Tres años prorrogables

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, había anunciado, el pasado mes de febrero, que el Gobierno asturiano aprobaría la declaración de doce zonas tensionadas de mercado residencial en los concejos de Gijón/Xixón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales frente a las 16 anunciadas en 2025. Apenas cuatro meses después, el consejero ha confirmado que la primera fase se ha completado.

Estas declaraciones como zonas tensionadas tienen una duración inicial de tres años prorrogables y permiten aplicar medidas previstas en la normativa para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.

Contener los precios de alquiler

Con esta actuación, el Principado da un primer paso en el uso de los instrumentos previstos en la normativa estatal para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales del territorio dado que la Ley de Vivienda regula un procedimiento para tratar de contener los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en años anteriores fueron especialmente elevados.

Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.

Medidas urgentes

También, se establece un índice de precios de referencia para los alquileres de la vivienda y sobre el que los grandes tenedores están obligados a fijar los precios de sus contratos.

Además, se fija la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

La Loita

A principios de este mes, Ovidio Zapico corroboraba que el Ejecutivo autonómico preveía incorporar a la futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), de próxima tramitación, una nueva herramienta para intervenir en el mercado inmobiliario en aquellos lugares donde el acceso a la vivienda resulte más difícil.

Las denominadas zonas de mercado restringido permitirán limitar nuevos usos turísticos y reforzar la capacidad de adquisición pública de viviendas, edificios y solares en áreas con fuerte presión residencial.

Dificultar prácticar especulativas

Ovidio Zapico ya especificaba que la Loita incluirá esta medida, que responde a una alegación presentada por Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias durante el trámite de información pública del anteproyecto y busca proteger el uso residencial de la vivienda, dificultar prácticas especulativas y ampliar la capacidad de intervención de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario.

Desde la Consejeria de Ordenación de Territorio se hacía eco en su perfil oficial de la red social X de la noticia publicada en elDiario.es Asturias el pasado 4 de junio que recogía sus declaraciones.

Una vez completada esta primera fase, el Principado iniciará las labores de seguimiento y control de las medidas aprobadas.

“Aquest edifici residencial totalment reformat ofereix una oportunitat única destinada exclusivament a l'ocupació corporativa. Així s'anuncia un immoble a Palma dirigit a ”satisfer les necessitats empresarials modernes“. El preu d'un dels seus pisos: 13.500 euros al mes. Mentre els lloguers de Balears se situen entre els més cars del país i centenars de persones subsisteixen dins infravivendes, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, una part creixent del mercat immobiliari ja no s'adreça a famílies ni a residents habituals, sinó a empreses que necessiten allotjar temporalment treballadors desplaçats, directius o professionals internacionals. L'oferta forma part d'una tendència cada vegada més visible en el mercat immobiliari: la transformació d'habitatges residencials en productes específicament dissenyats per a la mobilitat laboral i empresarial.

“Ideal per a empreses que cerquen allotjament de primera qualitat, llest per utilitzar, per als seus equips i executius”, resa el mateix anunci. Es tracta d'un habitatge inclòs a un edifici situat a la zona del carrer Aragó. Els seus habitatges, assenyala la publicació, “compten amb espais exteriors privats, que inclouen terrasses i un solàrium a l'àtic de fins a 30 metres quadrats”. El comercialitza una de les principals plataformes immobiliàries especialitzades en habitatge de luxe i comprador internacional d'Espanya.

Paral·lelament, milers de residents competeixen per una oferta cada vegada més escassa en un dels mercats immobiliaris més tensionats de l'Estat. D'acord amb el darrer informe d'Idealista, el preu mitjà del lloguer va arribar al maig als 20,1 euros per metre quadrat a les Balears, un 2,2% més que un any abans, situant l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb les rendes més elevades d'Espanya, només per darrere de Madrid. A Palma, on, segons el mateix portal, per cada pis que s'anuncia s'hi interessen 69 famílies, el preu s'ha disparat fins als 19,2 euros per metre quadrat després d'encarir-se un 8,2% en només dotze mesos, situant la capital balear com la tercera més cara del país per llogar un habitatge.

'Ideal per a empreses que busquen allotjament de primera qualitat, llest per a utilitzar, per als seus equips i executius', resa un anunci. Es tracta d'un edifici de Palma en el qual es comercialitzen set habitatges per 13.500 euros exclusivament per a empreses

L'habitatge convertit en infraestructura laboral

El contrast il·lustra la profunda transformació que travessa el mercat residencial balear. Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats. La coexistència entre un mercat orientat al capital internacional i uns lloguers que baten rècord rere rècord ha convertit les illes en un dels exemples més extrems de la bretxa entre l'habitatge com a actiu d'inversió i l'habitatge com a dret residencial.

Altres anuncis exemplifiquen clarament aquesta tendència. Una altra empresa comercialitza per 2.574 euros mensuals un àtic de dos dormitoris i dos banys a Palma sota una condició destacada en majúscules: “LLOGUER EXCLUSIU PER A EMPRESES”. L'habitatge, completament moblat i equipat, disposa d'una terrassa privada de 25 metres quadrats, climatització per aerotèrmia i forma part d'una finca rehabilitada íntegrament fa tot just tres anys. L'anunci s'adreça expressament a companyies que necessitin allotjar empleats o directius desplaçats i culmina amb un reclam revelador: “La teva nova llar a Palma”.

Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge i es veu abocada a subsistir dins infrahabitatges, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats

El fenomen no es limita a la capital balear. A Eivissa, un anunci a Platja d'en Bossa ofereix un apartament d'obra nova per 5.000 euros mensuals, especificant a la primera línia que es tracta d'un “lloguer de temporada” i que és “només per a empreses”. L'habitatge, que compta amb 62 metres quadrats, una terrassa de 30 metres i dues habitacions dobles, a més d'accés a piscina, gimnàs i sala gourmet, forma part de la luxosa urbanització Aguamarina, desenvolupada per la promotora Via Célere, un dels principals actors del negoci promotor espanyol.

La mercantil està controlada, al seu torn, pel fons nord-americà Värde Partners, fons internacional especialitzat en inversió immobiliària i actius financers. elDiario.es s'ha posat en contacte amb Vía Célere per conèixer la seva valoració sobre l'impacte d'aquestes fórmules en l'accés a l'habitatge de la població resident, però no ha obtingut resposta fins a la publicació d'aquest reportatge.

Mentrestant, a Santa Eulària des Riu, un dels municipis de les Balears amb el lloguer més car -1.107 euros mensuals de mitjana, segons dades recents del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears (COAPI)-, un altre anunci ofereix un habitatge per 2.100 euros orientat expressament al mercat corporatiu i temporal. La propietat, comercialitzada per un perfil particular, es presenta com una solució per a estades professionals i perfils d'alt poder adquisitiu en línia amb una tendència cada vegada més visible a les Pitiüses: habitatges que deixen d'adreçar-se a residents permanents per orientar-se a clients temporals, empreses i professionals desplaçats.

Un client “més rendible” que el resident

No es tracta de casos aïllats. Paral·lelament ha sorgit tota una indústria especialitzada en l'anomenat corporate housing o allotjament corporatiu que explica com, per a molts propietaris, resulta més atractiu llogar a una empresa que a una família: el pagador deixa de ser un particular per convertir-se en una societat considerada solvent, els contractes solen ser temporals, la rotació és més gran i els preus poden situar-se molt per damunt dels que podria suportar bona part de la població local. Les mateixes plataformes de lloguer corporatiu destaquen com a avantatges la reducció del risc d'impagament, la flexibilitat contractual i la simplificació de la gestió.

Tot i que no existeixen estadístiques oficials específiques sobre el pes del lloguer corporatiu a les Balears, diversos indicadors apunten a una creixent empresarialització de l'habitatge. Una enquesta de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les mercantils que lloguen habitatge per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes. El 2024, la mateixa patronal denunciava que l'encariment de l'habitatge està arribant a Eivissa “a nivells que freguen el delictiu”. “Parlem d'economia submergida i d'especulació. Ja no és només una qüestió d'oferta i demanda. Sembla que tant és demanar 2.000 euros com 3.000, perquè després no es tributa per això”, afirmava.

Mentrestant, els sindicats alerten que la manca d'habitatge s'ha convertit en un dels principals obstacles per contractar personal: UGT ha arribat a proposar destinar l'impost de turisme sostenible, un gravamen destinat a les pernoctacions hoteleres, a comprar o llogar establiments per allotjar els treballadors.

Una enquesta revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les que lloguen vivenda per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes

Plataformes com Rentaborg destaquen com el mercat del lloguer corporatiu a Espanya ha experimentat un creixement sostingut els darrers anys, “creant una oportunitat única per als propietaris que cerquen maximitzar la rendibilitat dels seus immobles” en accedir a rendes més elevades -“entre un 20% i un 40%” més altes que les del lloguer residencial tradicional- i simplificar la gestió de l'arrendament mitjançant contractes signats per societats mercantils. Aquesta major rendibilitat, segons les mateixes empreses, compensa àmpliament la possible pèrdua d'avantatges fiscals als quals podrien acollir-se si l'arrendament es destinàs a habitatge habitual.

Palma, una ciutat “vibrant”

Algunes empreses es dediquen específicament a intermediar entre empreses i propietaris, com una que comercialitza directament “apartaments corporatius” per a professionals desplaçats. El llenguatge que utilitza és revelador: “Palma és una ciutat vibrant, agradable i eficient per a qualsevol tipus de lloguer corporatiu. Una destinació que combina oportunitats professionals, serveis de qualitat i un estil de vida que aporta equilibri a cada estada”. És a dir, ja no es parla d'habitatge habitual, veïnats o arrelament residencial, sinó de solucions habitacionals per a empreses, mobilitat laboral i allotjament temporal per a professionals. Per la seva banda, segons webs com Weguest, les companyies valoren la disponibilitat immediata, la ubicació estratègica i els serveis inclosos, factors que justifiquen les tarifes premium.

La conseqüència és que una part creixent del parc residencial deixa de competir per atreure residents per fer-ho per captar empreses. Allà on una família cerca un habitatge per viure de manera estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitjana durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local. El resultat és una progressiva transformació de l'habitatge en infraestructura per a la mobilitat laboral i empresarial, especialment visible en ciutats tensionades com Palma.

Allà on una família busca un habitatge per viure de forma estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitja durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local

El model connecta, a més, amb altres fenòmens que ja estan transformant el mercat residencial balear: l'auge del coliving, el lloguer flexible i la segmentació d'habitatges per habitacions, en què imperen condicions com “no menors”, “no mascotes”, “no empadronament”, “parelles i amigues, fora de casa”... Les publicacions no parlen de veïnats, lloguer estable o habitatge habitual: en el seu lloc proliferen conceptes com co-living premium, community living, hotel ambience, digital nomads, expats o remote workers, evidenciant com l'arxipèlag ha deixat progressivament de llogar cases per començar a comercialitzar experiències habitacionals temporals dirigides a població mòbil global i perfils internacionals de poder adquisitiu mitjà-alt. En molts casos, empreses especialitzades comercialitzen habitacions per a «digital nomads», treballadors remots i perfils internacionals amb preus que arriben als 1.300, 1.600 o fins i tot 2.400 euros mensuals durant la temporada alta.

Mentrestant, el Govern de Marga Prohens (PP) ha donat llum verda, a través de la seva recentment aprovada llei òmnibus, al fet que empreses, societats i altres persones jurídiques adquireixin habitatges protegits de preu taxat per destinar-los al lloguer. Mentre l'esquerra l'acusa de posar la “catifa vermella” als fons voltor i als grans capitals, l'Executiu insisteix a assegurar que la iniciativa ampliarà l'oferta residencial assequible. Per a les entitats socials, tanmateix, les mesures impulsades per l'Executiu autonòmic amb el suport de Vox no ataquen les causes reals de la crisi habitacional i es limiten a rebaixes fiscals com la supressió de l'impost de successions.

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un inmueble en Palma dirigido a “satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio de uno de sus pisos, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio de siete apartamentos situado en la zona de la calle Aragón. Todos ellos, señala la publicación, “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.

La Comunidad de Murcia ha experimentado un encarecimiento de la vivienda libre 15,6% en el primer trimestre de este 2026, el mayor incremento de todas las comunidades junto a Aragón, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. La Región supera con creces la media nacional, que sitúa este incremento en el 12,9%: los datos nacionales son alarmantes, siendo la tasa más alta desde el año 2007, y la Comunidad supera estas cifras por casi tres puntos porcentuales.

En comparación con el año anterior, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Unos índices que superan con creces a los de la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La subida del precio de la vivienda libre ha sido generalizada en todas las comunidades, encabezando el ranking Murcia y Aragón con un 15,6%, seguidas de cerca por Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por otro lado, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

Con respecto al trimestre anterior, las cifras muestran una aceleración del mercado inmobiliario murciano: el precio de la vivienda aumentó un 4,3%, dos puntos más que en los tres meses anteriores. Mientras que el de la vivienda incrementó un 1,8% y la usada un 4,7%. En España, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,5% el pasado trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de crecimiento.

Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona, que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”.

Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9.

La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes.

Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal.

En marzo, tal y como adelantó este diario, la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”.

Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato.

La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9.

“El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada.

La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada.

Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Canarias encabeza otra vez una clasificación en España con repercusión negativa en la calidad de vida de la ciudadanía. Ahora se trata del precio medio de venta en las islas de una vivienda nueva, que en los últimos 12 meses ha experimentado un encarecimiento promedio del 12%, nada menos que casi tres puntos relativos por encima de la misma variable a escala nacional, en el 9,1%.

Solo se acercan al indicador publicado para Canarias las comunidades autónomas de Aragón y Asturias, con variables, en ambos casos, en el 11,6%. Baleares ofrece el registro más bajo, del 2,5% anual.

La fuerte subida en el precio anual de la vivienda nueva en Canarias se produce principalmente por lo ocurrido en el primer trimestre de este año, en el tránsito de los tres últimos meses de 2025 a enero-marzo de 2026. Este dato trimestral (que coincide con el de lo que va de año) refleja, solo en tres meses, un subidón del 10%, por el 12% anual, este en el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026.

Atendiendo a las estadísticas publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las del Índice de Precios de Vivienda (IPV), base 2015, los mayores aumentos de precios en las viviendas, en este caso sin diferenciar la nueva de la de segunda mano, se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6% ambas) y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9% ambas). 

En cambio, los menores se localizaron en Cataluña y Comunidad Foral de Navarra (10,5% ambas) y País Vasco (10,3%).

Los precios medios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas, encarecimientos, en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas en el primer trimestre de 2026, los datos oficiales publicados más recientes.

La de segunda mano, a otro ritmo en las islas

En Canarias, la vivienda de segunda mano se ha encarecido el 10,6% anual, menos que la vivienda nueva y un alza inferior al promedio nacional, en el 13,5% y también para los últimos 12 meses. El análisis conjunto del precio de la vivienda en el archipiélago; esto es, sin contemplar la diferencia entre la nueva y la usada, concede a las islas un incremento promedio anual del 10,7%, por el 12,9% nacional.

En España, como ya se ha indicado, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda (nueva y usada) se situó en el 12,9%, con una variación anual de la vivienda nueva del 9,1%, por el 13,5% de la de segunda mano. A escala nacional, los precios de la vivienda subieron el 3,5% respecto al trimestre anterior, el de octubre-diciembre de 2025.

El Índice de Precios de Vivienda, con base 100 en 2025, no se movió en España respecto al trimestre anterior pues se mantuvo en el 12,9% en el primer trimestre de 2026 (nueva y usada). Ahora bien, según el tipo de vivienda, la tasa anual de la nueva se redujo en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 9,1%.

La variación del precio de la vivienda de segunda mano alcanzó el 13,5% anual, con un alza de 0,4 puntos respecto al registro del trimestre anterior, en ambos casos según el análisis para todo el país.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano en España aumentaron el 3,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto de 2025.

El problema de la vivienda es uno de los puntos clave que CCOO de Castilla-La Mancha ha abordado en la reunión de su Consejo Regional. Según ha avanzado su secretario regional, Javier Ortega, el sindicato está manteniendo reuniones y contactos con plataformas y asociaciones que no ha mencionado, de cara a plantear “una movilización regional”.

Concretamente, ha dicho, las medidas sobre esta cuestión deben estar encaminadas a que haya más vivienda, pero que “sea asequible”, especialmente para las personas jóvenes.

De hecho, CCOO propone actuar sobre las zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y que las familias no tengan que destinar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Siniestralidad laboral

En otro orden de cosas, ha señalado que el sindicato está ultimando un mapa de riesgos laborales en Castilla-La Mancha que se pondrá a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para que este nuevo organismo asuma “un papel activo” en la prevención, vigilancia y control de la siniestralidad.

El objetivo, como ha explicado Ortega, es adelantarse a los accidentes, identificando los riesgos reales por territorios y sectores, y mejorar la prevención. Para ello, se utilizarán los datos recabados por el sindicato en todas las empresas que permitirán localizar esos focos y orientar recursos públicos allí donde sea necesario.

“Ese mapa de la siniestralidad es el que nos va a dar dónde están los riesgos, donde están los accidentes recurrentes y dónde se producen esos niveles de riesgo”, ha argumentado.

Asimismo, haciendo un símil con la seguridad vial, Ortega ha explicado que si puede conocerse que en una carretera hay “un punto negro con accidentes”, ahí se puede intervenir con señalización, con un semáforo o con otro carril, “por lo que estamos hablando de algo parecido”.

Negociación colectiva y migrantes

En cuanto a la negociación colectiva, el secretario regional ha insistido en que el incremento salarial este año debe estar entre el 4 y el 7%, ya que prácticamente 400.000 personas tienen sus salarios estancados en los últimos años.

“Mandamos un mensaje contundente a la patronal y es que deben mejorarse las condiciones salariales porque el escenario económico así lo permite. Desde CCOO vamos a dar la batalla convenio a convenio, sector a sector y nos movilizaremos allí donde persista el bloqueo”.

También ha puesto en valor la actuación de CCOO en el proceso de regularización de personas migrantes que ha permitido atender en sede a más de 2.000 personas en este periodo y tramitar cerca de 400 solicitudes. Y todo ello, con recursos propios materiales y humanos.

Ortega ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión del Consejo Regional de CCOO de Castilla-La Mancha, el máximo órgano de dirección entre congresos, que se celebra transcurrido un año desde el último cónclave regional. Una etapa de la que el secretario general ha hecho una valoración “muy positiva”, en cuanto a la situación y posicionamiento del sindicato, con 5.300 delegados y delegadas y ostentando el 43% de la representación en la región.

Aragón y la Región de Murcia registraron la mayor subida del precio de la vivienda libre en el primer trimestre del año con aumento del 15,6% respecto al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes en el que se apunta un ascenso del 12,9% de media en todo el país, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Además de en Aragón y Región de Murcia, los precios también crecieron especialmente en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

El precio acelera su avance trimestral

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, tasa 1,7 puntos superior a la del último trimestre del año pasado y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025, cuando el precio creció un 4%.

Con la subida registrada entre enero y marzo de este año, el precio de la vivienda libre encadena nueve trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 3,5% trimestral, frente al incremento del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más elevado en esta tipología de vivienda desde el primer trimestre de 2025, cuando subió un 5,5%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó también un 3,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2025, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado.

Cantabria registró un incremento interanual del 14% en el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de 2026, lo que representa el séptimo mayor aumento de las comunidades, por encima de la media nacional (12,9%), según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

En concreto, el precio de la vivienda nueva en la comunidad subió una media del 12% con respecto al mismo periodo del año anterior y el de la usada repuntó un 14,5%.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda aumentó un 2,5% en la comunidad. El de la nueva lo hizo un 2,8% y el de la usada un 2,5%.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Murcia, ambas con un aumento del 15,6%, y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (10,5% en ambos casos) y en País Vasco (10,2%).

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el precio creció un 4%.

El freno en el ritmo de compraventa de vivienda no ha producido por ahora un efecto directo en los precios. La subida sigue a doble dígito y la vivienda se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo trimestre del año pasado, de forma que encadena ya 44 trimestres al alza o, lo que es lo mismo, 11 años sin parar de subir, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Esto ha sido así pese a que se vendieron un 2,2% menos de viviendas que en marzo del año pasado y acumulan un descenso de operaciones del 2,6% en el trimestre, arrastradas sobre todo por la caída de venta de vivienda nueva.

La subida de precios trimestral en comparación al precedente es del 3,5% en marzo y la vuelve a protagonizar la venta de vivienda usada, que se encareció un 13,5% en el trimestre, en comparación al del año pasado, su tasa más elevada, mientras la nueva lo hacía un 9,1%, su crecimiento más bajo desde finales de 2023.

El precio de la vivienda ya subió en 2025 un 12,7%, en parte debido a la falta de construcción para cubrir la creación de nuevos hogares. La presión al alza de los precios del alquiler empujaba a la gente a la compra, pero generando al mismo tiempo una tensión de precios en la compraventa que, según los expertos, ha tocado techo con una elevada tasa de esfuerzo para comprar, lo cual ha frenado el ritmo de compra, pero no ha suavizado los precios.

Esto ha sido así en todas las comunidades: desde el 10,35% del País Vasco hasta el 15,6% de subida de Aragón, todas han visto un incremento en los precios de compra de dos dígitos, en contra de los primeros signos de bajadas publicados por portales inmobiliarios como Pisos.com, que corresponden a descensos de las ofertas pero no de las transacciones. Estas bajadas puntuales, coinciden los expertos, podrían vaticinar más un enfriamiento de los precios que una bajada, que no es previsible a no ser que se produzca una recesión económica.

Desde Fotocasa Research, advierten que la subida de los tipos de interés podría enfriar más las operaciones, impulsadas por “la mejora de las condiciones de financiación”, según María Matos, directora de estudios. “La mejora de las condiciones de financiación ha permitido regresar al mercado a parte de la demanda que había quedado excluida durante el periodo de tipos elevados. En muchos casos, la cuota hipotecaria vuelve a resultar competitiva frente al alquiler, lo que ha reactivado el interés por la compra. Sin embargo, este nuevo impulso de la demanda se produce en un contexto de precios ya muy tensionados y en un escenario económico sujeto a incertidumbres. Aunque esta presión compradora seguirá sosteniendo los precios, la evolución futura dependerá en gran medida de las decisiones de política monetaria”, asegura Matos.

El 18% de la población española, según Fotocasa Research, está buscando una vivienda en propiedad, cifra mayor a la registrada en 2019, cuando era un 12%. El inversor alcanza el 8% y el comprador extranjero el 14% y un 25% se realizan sin financiación, pero el 80% de las compraventas siguen siendo para vivienda habitual.

“El problema radica en la limitada oferta de viviendas disponibles. En las zonas de mayor demanda, la capacidad habitacional de España está bajo presión. Se estima que cada año se necesitan más de 200.000 viviendas para satisfacer la creación de nuevos hogares, pero el sector inmobiliario solo produce unas 100.000 unidades nuevas”, añade la directora de estudios.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

Cientos de personas se manifiestan este sábado en el centro de València bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda” contra la especulación inmobiliaria, la pérdida de identidad de los barrios y la “codicia rentista”.

La marcha ha sido convocada por Entrebarris, Sindicat d’Habitatge de València, Sindicat de Llogateres de València y la PAH València, y a la misma se han sumado otras entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

La manifestación está encabezada por el citado lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, al que se añaden otros como “ningún gobierno lo hará por nosotros”, y se desarrolla en tono festivo y reivindicativo.

La marcha recorre varias de las principales calles del centro histórico de la ciudad, desde la plaza San Agustín hasta las Torres de Serranos, atravesando la avenida del Oeste, la calle Caballeros y la plaza de Manises, donde se ubica el Palau de la Generalitat.

Una de las columnas de manifestantes que se ha sumado a la manifestación desde el barrio de Russafa ha desplegado una pancarta con el lema “frente a la especulación”, en el edificio del número 42 de la calle Cuba, antes del inicio oficial de la marcha.

Los convocantes reivindican el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y de los jóvenes a emanciparse, y critican que las familias “son expulsadas de sus entornos y los barrios pierden su identidad y su tejido social”.

Apelan por ello a los gobernantes, para que “actúen de forma inmediata ante la actual emergencia social” y el “modelo turístico descontrolado”.

“Las viviendas que hoy son de uso turístico han de volver a cumplir su verdadera función social y regresar de inmediato al mercado del alquiler residencial habitual”, reclaman.

Por otra parte, también exigen la aplicación de la Ley de la Vivienda, poner fin a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa y “dotar de recursos reales a la Oficina Municipal por la Vivienda para que sea un verdadero escudo protector y un servicio de asistencia real para los afectados”.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.

Una campaña conjunta del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas de Catalunya), la PAH y hasta media docena de sindicatos laborales ha iniciado este sábado a las 10 horas una macroenquesta sobre el coste de la vida. En la iniciativa participan 1.806 voluntarios, inscritos previamente, que recorren plazas, calles y hogares de 42 municipios para pulsar la opinión ciudadana sobre los alquileres, los salarios y la posibilidad de convocar una huelga general.

La macroencuesta, impulsada por once sindicatos laborales y de vivienda agrupados en la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes —entre los que figuran el Sindicat de Llogateres, la PAH, la CGT, la CNT y La Intersindical-CSC, la COS, la IAC, Cobas y Solidaritat Obrera—, cuenta con más de 51 puntos fijos repartidos por el territorio. En las últimas 24 horas se han sumado cuatro nuevos municipios: Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, el Prat de Llobregat y Montcada i Reixac.

“Lo que haremos hoy será escuchar qué quiere hacer el pueblo de Catalunya contra la crisis de la vivienda y el aumento de precios”, ha asegurado el portavoz Ruben Sáez, presente en el arranque de la encuesta en L'Hospitalet de Llobregat. “Preguntaremos a la gente si quiere o no hacer una huelga general contra la crisis de la vivienda y los salarios de mierda que nos ahogan desde hace tantos años”, ha añadido.

Los organizadores denuncian que el coste del alojamiento supera el 50% de los ingresos de muchos hogares mientras los beneficios empresariales alcanzan máximos históricos y los salarios permanecen estancados. La macroenquesta se enmarca en la campaña Viure ens costa la vida (Vivir nos cuesta la vida) y pretende ser el primer paso hacia la convocatoria de una huelga general que, según los impulsores, permita avanzar en el derecho a la vivienda y en la mejora salarial.

Los primeros resultados se conocerán a las 18.30 horas en un acto final previsto en la plaza Can Fabra de Barcelona.