La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arrendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias por a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias a entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Cuatro años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

Más desahucios: Vivenio y Papallona

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llançà, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

También se ha dado a conocer recientemente el caso de Vivenio. Al menos 28 familias de hasta seis inmuebles distintos de esta inmobiliaria denuncian que no les renuevan el alquiler y les quieren echar. Los afectados, que han pedido la prórroga de los alquileres aprobada por el Gobierno, señalan además que una vez se vacían los pisos, la propiedad los anuncia como alquileres de temporada por poco más de 30 días a través de Airbnb.

Una mujer, con dos niñas de 8 y 14 años a su cargo, ha sido desahuciada este viernes de su vivienda de alquiler social gestionada por la sociedad autonómica Alokabide en el barrio vitoriano de Salburua, al este de la ciudad. El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado que ella, además, es víctima de violencia machista.

Fuentes del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que se ha dado la orden de “lanzamiento”, pero recalcan que solamente se actúa de esta forma en circunstancias extremas, es decir, cuando hay deudas muy altas que son continuadas e injustificadas y no se ve una voluntad de corregir la situación. Recalcan que son pisos sociales con rentas mensuales muy bajas -menos de la mitad del precio medio del mercado en Vitoria, en este caso- y que hay demanda para acceder a ellos por parte de familias que sí quieren cumplir con los requisitos.

Desde Vivienda añaden que los servicios sociales municipales de Vitoria no han emitido un criterio contrario a la ejecución del desahucio. Fuentes del Ayuntamiento consultadas, en cambio, no ofrecen ningún dato sobre este caso remarcando que se trata de circunstancias particulares sujetas a protección de datos.

En carteles aparecidos en el barrio de Salburua, el Sindicato de Vivienda, que forma parte de las organizaciones articuladas alrededor de GKS, denuncia que “en plena crisis de vivienda, las instituciones públicas actúan igual que los propietarios privados”. Insisten en que están “priorizando la rentabilidad económica y dejando de lado el bienestar de las capas más empobrecidas y vulnerables de la clase trabajadora”. Según este colectivo, no se trata de un “caso aislado” porque Alokabide, solamente en Álava, desalojó a “una familia al mes” de viviendas de alquiler social. El desahucio se ha producido en medio de una protesta. La Ertzaintza se ha desplegado en la zona y se han registrado algunos momentos de tensión.

Este viernes se ha celebrado en el Ayuntamiento de Logroño un pleno extraordinario sobre vivienda solicitado por los socialistas de Logroño. Pleno en el que han presentado una propuesta de plan estratégico que contaba con 28 medidas distribuidas en siete líneas. La propuesta ha sido rechazada por todos los grupos municipales que la han tachado de “cínica”, “tomadura de pelo”,e incluir acciones “que ya están en marcha”.

En defensa de la propuesta, el portavoz socialista Luis Alonso ha comenzado hablando de “emergencia habitacional, que debe ocupar y preocupar a las administraciones, también al Ayuntamiento”, reseñando que el planteamiento de sus 28 medidas “tienen un hilo conductor, contando con el nuevo plan estatal de vivienda, que es una acción pública fuerte y decidida para facilitar el acceso a la vivienda”.

Así, ha apuntado a “un modelo de ciudad para estar y para habitar”, subrayando por ello la necesidad de “hacer una enmienda a la totalidad, de dar un giro de 180 grados a lo que se está haciendo ahora”, apuntando a aspectos como un plan puente “mientras no se arregle el desaguisado del PGM”; o “incidir en lo que ya está construido”, recordando que en la ciudad “hay 15.000 viviendas vacías”.

También ha recalcado la importancia de “facilitar el acceso a la vivenda de los que más lo necesitan”; “no liquidar todo el patrimonio municipal de suelo para hacer caja”; “que las VPO construidas sobre suelo municipal no se puedan adjudicar a dedo”; o estudiar “si hay zonas en la cuidad que se puedan declarar como tensionadas”.

Por contra, se ha cuestionado si “el PP tiene un plan de vivienda”, porque no se ha aprobado nada en este sentido ni en Junta de Gobierno ni en pleno “y tampoco hay un diagnóstico, calendario, presupuesto o medidas concretas”. “Solo hay un espacio en la web del Ayuntamiento que tiene como ejes la enajenación y la permuta”, ha finalizado.

El PR ha pedido “una vez más” las listas de adjudicación de VPO

Por parte de los Grupos municipales, el regionalista Rubén Antoñanzas ha mostrado su “extrañeza ante la 'casualidad' de que se celebre este pleno genérico en la misma semana en la que se presenta un nuevo plan estatal de vivienda”, al tiempo que ha criticado que la propuesta socialista incorpora medidas del propio PR+, de Podemos “incluso del PP, que en vivienda sí ha avanzado algo”. Además, ha pedido “una vez más las listas de adjudicación de VPO” y “explicaciones sobre Ramblasque”.

Podemos: “Medida para aparentar soluciones”

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro se ha mostrado muy dura con la propuesta socialista, de la que ha afirmado que “no soluciona el problema, está llena de medidas para aparentar soluciones, medidas que, o no son competencia local o ya están”, mientras que “no se enfrentan en ningún momento a los que hacen negocio con la vivienda”. “Han intentado retratar al PP, y lo único que han hecho es salir juntos en la foto”, ha asegurado.

VOX: El plan del PSOE es una “tomadura de pelo”

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha calificado el plan del PSOE de “tomadura de pelo, porque sus políticas son un rotundo fracaso, con un mercado que decidieron intervenir y distorsionar, expulsando a jóvenes y asustando a los propietarios”, a lo que ha sumado “que han logrado un descenso drástico de la oferta de alquiler”. Por contra, ha planteado “más suelo, más oferta, menos impuestos, prioridad nacional y más seguridad jurídica, para bajar precios” de la vivienda.

El PSOE habla de “la política inmobiliaria del PP”

Desde el PSOE, su concejal Álvaro Foncea ha considerado que las actuación en vivienda del PP es “política inmobiliaria que nos deja vendidos”, y ha repasado algunas de las medidas socialistas, como potenciar el alquiler social, reforzar la colaboración con el IRVI, asegurar la transparencia en la adjudicación de VPO, incidir en la rehabilitación, mejorar la gestión del patrimonio de suelo o convocar “de urgencia” el grupo de vivienda en el seno del Consejo Social.

Su compañero Iván Reinares ha abundado en su crítica a la “inexistencia de un plan de vivienda, solo hay colgado en la web un catálogo de corta y pega inmobiliario, una muestra de márketing para simular que trabajan que solo es propaganda”, mientras que ha defendido aspectos como el alquiler social “al que el PP le tiene fobia” o la mejor gestión del suelo “que solo quieren vender para hacer caja”.

Por parte del PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha acusado a los socialistas de “medias verdades o falsedades”, afirmando que “es evidente que existe un plan de vivienda, que todo el mundo conoce, está en marcha y está dando sus frutos”, resaltando por ejemplo “la reducción de los tiempos” de gestión -duplicándose las licencias de obra, ha dicho-.

La concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, ha considerado que el PSOE ha planteado “un batiburrillo de propuestas, con medidas que ya se han demostrado fracasadas; queriendo desprestigiar a Gobierno y constructores; o proponiendo cosas que ya se está haciendo”. “Y mientras, estamos esperando las 613.00 VPO que ha ido anunciando Pedro Sánchez en estos años. Nosotros tenemos datos reales y vamos a seguir trabajando en ello, pese a ustedes”, ha finalizado.

Escobar: “El PSOE se ha quedado solo”

Para cerrar el debate, el alcalde Conrado Escobar ha comenzado lamentando que “el PSOE se ha quedado solo” en el apoyo a un plan “en el que han desaprovechado la oportunidad para explicar, ha pasado desapercibido”. A ello ha contrapuesto la acción del Gobierno local, “que, desde el principio, entendimos la vivienda como una emergencia ante la que estamos empleando todas las herramientas a nuestro alcance”.

Ha citado “siete aspectos”: “aprovechar todo el potencial residencial del PGM, que es alto”; transformar el patrimonio de suelo “en vivienda, sobre todo VPO”; aplicar “cirugía fina” en el Casco Antiguo “donde ya sube la población”; dar salida a nuevas fórmulas en parcelas dotacionales; agilización administrativa; ampliar la bolsa de viviendas sociales “para casos límite”; y colaborar con IRVI y promotores.

Escobar ha aprovechado para repasar las actuaciones en marcha: 8 parcelas proindiviso en el mercado para 200 viviendas “en tres años”; 55 VPO en Río San Miguel, en colanboración con el Gobierno regional; 80 VPO de alquiler en Carrocerías Ugarte; 45 VPO en la parcela de Bosonit; 50 VPO en Lobete; 110 VPO “ya haciéndose por toda la ciudad”; y “a punto de finalizar” las más de 20 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos.

“Todo esto, ya”, ha dicho el primer edil, que ha añadido “a medio plazo” actuaciones como “los 22 PERIs desatascados” para unas 400 VPO o las más de 900 previstas en Ramblasque. “Yo no sé si esto es un plan, pero se le parece mucho. Son datos, una realidad que ahí está y que nos va a dar unas 1.600 VPO”, ha finalizado Escobar, que ha llamado a los grupos, especialmente al PSOE a “incorporarse a políticas que funcionan”.

La vivienda es el principal problema de los españoles, según el CIS. Hace tiempo que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas señala el auge del metro cuadrado como una preocupación mayúscula: en marzo volvió a serlo para el para el 41,3 % de los encuestadas, muy lejos del segundo puesto que ocupaba la crisis económica (24,9%) o la calidad del empleo (19,2%), en tercer lugar. La preocupación por este tema bate récords desde finales de 2024, cuando empezó a sobresalir en las muestras. Desde entonces, Estado, comunidades autónomas, provincias o ayuntamientos tratan de poner en marcha respuestas a contrarreloj que ayuden a regular el mercado, especialmente tenso en la capital, y despejar el acceso a un bien básico. Este viernes, uno de los municipios más poblados de la región ha presentado una estrategia propia como alternativa al modelo de la Comunidad de Madrid.

“Tenemos un problema. Y se puede mirar hacia otro lado o se puede decidir intervenir. Nosotros lo tenemos claro”, proclama la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, este viernes por la mañana. La regidora de este municipio, con más de 100.000 habitantes, ha expuesto las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, una hoja de ruta hasta 2030 que se alinea con el marco estatal previsto en materia de políticas públicas. El experimento ripense se centrará en establecer mecanismos que faciliten el acceso de los jóvenes a un proyecto de emancipación. Lo hará mediante la gestión social del Patrimonio Municipal de Suelo, un conjunto de bienes inmuebles y terrenos del Ayuntamiento pensados para regular el mercado inmobiliario, desarrollar su urbanismo o construir pisos protegidos.

También se centrará en edificar futuras promociones de viviendas, que el nuevo plan proyecta en una serie de parcelas ya escogidas; o rehabilitar edificios que ya existen para incorporar (entre otras cosas) mejores métodos de eficiencia energética, que a la vez rebajen su coste. Para diferenciarse de otros municipios de la región, el consistorio ripense reivindica que sus planes de vivienda pública contemplan infraestructuras modestas pero equipadas, obviando añadidos como piscinas comunitarias o pistas de pádel habituales en comunidades madrileñas de vecinos para abarcar más espacio útil y ampliar el acceso a viviendas públicas.

Once actuaciones y tres objetivos principales

El plan de Rivas Vaciamadrid se ha presentado a media mañana en la sede de su Empresa Municipal de Vivienda, ubicada en la Avenida de José Hierro. Allí estuvo también la concejala delegada de la EMV, Yasmin Elena Manji Carro, que expuso las once actuaciones previstas para cumplir con los objetivos del plan. La primera es impulsar promociones de vivienda sobre suelo dotacional, con idea de levantar aproximadamente unos 500 nuevos pisos de titularidad pública en la ciudad. Desde 2003, según datos del Ayuntamiento, se han construido en Rivas hasta 3.500 viviendas para destinarlas, en buena medida, al alquiler social y asequible. “No venimos solo a presentar un plan, sino a ampliar y mejorar lo que ya se ha planteado en materia de vivienda”, destacó la concejala vinculada a la EMV ripense.

El precio estimado de los futuros pisos y también las fechas para su puesta a disposición pública están aún por determinar, una vez se examine y apruebe el proyecto con los técnicos. Pero la idea es que los primeros oscilen entre los 490 y los 550 euros mensuales, como en la última dotación de 83 viviendas promovidas por el Ayuntamiento. Buscan diferenciarse de otras ofertas municipales más encarecidas en localidades de la Comunidad de Madrid, donde a su vez se ha implementado el Plan VIVE, de carácter autonómico. Por otro lado, se centralizarán esfuerzos en estimular un modelo de vivienda colaborativa tanto para jóvenes como para personas con discapacidad. En el primer caso, los beneficiarios de estos alquileres solo tendrán que abonar los gastos comunes, mientras que la renta se abonará mediante trabajos a la ciudad, participando en un programa de intervención social.

De forma paralela, otras actuaciones buscarán mediar con el mercado y adquirir viviendas privadas para gestionarlas desde los distintos entes públicos, de forma que puedan devolverse a los residentes con un precio controlado. También se continuará el proyecto de cesión de viviendas para deportistas inscritos a alguno de los clubes profesionales de Rivas, y se establecerá un plan de acción con el que rehabilitar y regenerar edificios urbanos, incorporando avances energéticos o cuidando el espacio público que los rodea. Entre las ideas más llamativas está la habilitación de locales comerciales asequibles para promover el comercio de proximidad. Este objetivo, indica el Ayuntamiento, enlaza a su vez con la estrategia de mejorar el entorno de los edificios para que haya “acceso a todos los servicios”.

Un diagnóstico previo sobre la situación de la vivienda en Rivas

Es lo que estimó el portavoz del Gobierno ripense, José Luis Alfaro, quien también acudió a la presentación de este plan. En definitiva, apuntaron los presentes, se trabajará en la “mejora y el mantenimiento del parque público de vivienda” y se establecerá la propia EMV como una centralita de información y “oficina única de asesoramiento” para inquilinos o propietarios con dudas sobre las opciones disponibles. Antes de elaborar la estrategia local para influir en el mercado desbordado, iniciaron un diagnóstico previo con el que dibujar el escenario exacto al que se enfrentaban. En este documento, que el Ayuntamiento también ha compartido esta mañana, se utilizaron datos de acceso público y también aquellos proporcionados por los conciertos con otras administraciones –estatales o autonómicas– y entidades supramunicipales.

Rivas cerró el 2025 con una población de 101.637 censados para 32.277 viviendas construidas, según datos del consistorio. Sobre esta cifra, se observaron las diferencias por edad, necesidades o alguna situación anómala particular; y se contrastó con la estructura actual del parque residencial municipal y los recursos disponibles en ese momento, contabilizando las viviendas protegidas existentes o que pertenecen a personas jurídicas públicas, de cara a ver cómo podrían utilizarse y mejorar sus mecanismos energéticos o vías de accesibilidad. El plan tiene tres objetivos principales, atravesados cada uno de ellos por otros dos más específicos.

Por un lado, se buscará facilitar el acceso a una vivienda digna a la juventud para que esta pueda independizarse dentro de su propio municipio. Para lograrlo, la idea es aumentar la oferta disponible desarrollando más vivienda en régimen de alquiler asequible, así como priorizando en su asignación a los colectivos más vulnerables o que, en el diagnóstico previo, se consideró que debían tener un acceso preferente. En segundo lugar, dar respuesta a la actual demanda de vivienda entre los hogares con dificultades para acceder a los precios del mercado, desarrollando medidas específicas para ellos o trazando acuerdos de colaboración con otras entidades. Y, por último, se trabajará en un proceso de regeneración urbana que potencie dos cualidades consideradas imprescindibles entre sus inmuebles públicos, como la accesibilidad y la conservación energética como base.

“Mientras la Comunidad de Madrid boicotea la ley de vivienda y no permite que nos declaremos como zona tensionada, para intervenir los alquileres, ellos aprueban el Plan VIVE y ponen precios inasumibles a una vivienda pública”, denuncia desde Rivas su conceja de Deportes y vicealcaldesa, Mónica Carazo, con una promesa y un dardo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “En Rivas no nos distraeremos. Seguiremos trabajando en las alternativas y en nuevos planes de vivienda, aunque sea sin la ayuda de otras administraciones”.

Los cinco funcionarios de la concejalía de Urbanismo de Alicante citados este viernes a la comisión municipal que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas en la Playa de San Juan, la promoción Les Naus, han decidido no comparecer.

La presencia en esta comisión municipal es de carácter voluntario y la ausencia de estos cinco funcionarios se produce en la segunda sesión de comparecencias, después de una primera jornada, el pasado día 14, a la que sólo acudió a dar explicaciones uno de los cinco técnicos convocados.

La socialista Ana Barceló ha señalado instantes antes de arrancar esta sesión sin comparecientes que aunque la presencia es voluntaria, la creación de la comisión es fruto del acuerdo del pleno del ayuntamiento por unanimidad y por ello los funcionarios deberían acudir y responder las preguntas para que los alicantinos conozcan cómo se procede en el ayuntamiento en materia de vivienda pública.

Para la socialista, “si ningún técnico quiere venir a explicar las dudas” es porque no saben cómo explicarlas o porque no quieren hacerlo “con lo cual las dudas aumentan”, y ha añadido que el PP ha alentado esta situación y “se está riendo en la cara” del pueblo alicantino.

También a los periodistas antes del inicio de la sesión han opinado Rafa Mas, de Compromís, para quien el “el PP, junto con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión en un en un montaje” porque, además, los populares no han aportado la documentación requerida, mientras que Manolo Copé, de EU-Podem, ha calificado la comisión de “las sillas vacías” y ha insistido en que e/al equipo de gobierno del popular Luis Barcala debe aportar la documentación que le requiere la oposición.

Vox cree que no acuden por estar el asunto judicializado

Carmen Robledillo, de Vox, ha entendido que los citados no hayan acudido porque este asunto está judicializado porque alguna de las acusaciones populares del proceso que se sigue en un juzgado podría pedir las actas de la comisión para que sean entregadas a la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, y ha coincidido con los partidos de la izquierda en demandar toda la documentación en el soporte más adecuado.

Los cinco funcionarios citados son la arquitecta municipal Elsa Lloret, beneficiaria de uno de los pisos y pareja sentimental del técnico de la conselleria valenciana de Vivienda que tramitó y visó las viviendas, así el jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una trabajadora de la Concejalía de Estadística.

Debido a las ausencias en esta comisión que preside el vicealcalde, el popular Manuel Villar, los grupos del PSPV-PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem han expresado de viva voz las cuestiones que habrían planteado a los cinco funcionarios.

Pérez-Hickman tampoco declarará

Para la próxima sesión, ya ha presentado un escrito informando de que tampoco comparecerá una de las principales figuras en torno a las que ha girado el escándalo: la cesada como directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondo y actualmente jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, de quien dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de viviendas en Les Naus.

Antes todos los grupos, incluido el PP, han acordado estudiar hasta el próximo lunes a las 15 horas si aceptan el ofrecimiento de tres de los citados en la anterior sesión (dos) y en esta (uno) para contestar a los grupos por escrito, aunque los socialistas ya han adelantado que lo rechazan por desvirtuar el sentido de la comisión de investigación, donde sólo con preguntas y respuestas presenciales se pueden aclarar las dudas que existen en este caso.

El ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a más de 500 empresas que gestionan más de 50 viviendas de alquiler cada una y un total de 50.000 sumadas para avisarles de que deben aceptar la prórroga de los alquileres contemplada en el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y da derecho a inquilinos cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre del año que viene a obtener una prórroga de dos años con una limitación de las subidas del alquiler del 2% sobre el precio actual. Gran parte de los abogados de la patronal cuestionan este punto, advierten de la judicialización de los casos y aseguran que los únicos contratos a los que aplicará la normativa son aquellos que venzan antes del 28 de abril, fecha en que se vota el decreto en el Congreso y con mucha probabilidad decaiga por falta de apoyos. Junts y PP han dicho que se opondrán.

“La norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”, asegura el ministerio en un comunicado.

La carta ha sido enviada a un total de 541 empresas que gestionan más de 50 propiedades cada una. Entre ellas están algunos de los mayores caseros privados de España, como CaixaBank; Blackstone, Lazora; Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Stay; Liberbank; CAMI, Grupo Ortiz, Urban View Goldman Sachs o Sabadell, algunos de los grandes caseros de España, según los datos publicados en 2024 por Civio y un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics de la misma época.

La carta coincide con los últimos días en vigor del decreto y con el envío de miles de burofaxes por parte de inquilinos a sus caseros para prorrogar el contrato. Antes, Bustinduy envió también una carta al PP para presionarle para que vote a favor del decreto, presión que se ha sumado a un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo de Sumar, The Left, que mostraba que los votantes del PP e incluso de Vox están a favor de este decreto e incluso que algunos de ellos se replantearían su voto si estos partidos no le dan apoyo.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

La jutgessa que investiga l’escàndol de l’adjudicació d’habitatge protegit a Alacant ha citat a declarar com a investigats (assistits per un advocat) un total de 15 persones, entre elles, a l’exregidora d’Urbanisme, Rocío Gómez; l’ex-cap del Servei de Contractació de l’Ajuntament, María Pérez-Hickman, o l’arquitecte municipal, Francisco Nieto. Gómez va dimitir en destapar-se que havia sigut agraciada amb un habitatge protegit.

No obstant això, en el llistat d’investigats figuren també altres càrrecs públics vinculats al PP, així com familiars i l’actual tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, Sira Pérez, que va estar sis anys en la Generalitat com a interventora delegada en els Serveis Territorials d’Hisenda i Model Econòmic a Alacant. Hi va arribar el setembre de 2019, quan governava l’esquerra, i va abandonar el càrrec el setembre del 2025, amb el PP en el Govern autonòmic. L’octubre del 2025 es va reincorporar al seu lloc de tresorera en l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, just un mes després d’adquirir l’habitatge protegit. L’alcalde del municipi, Santiago Román, del PP, ha afirmat que de moment no pensa prendre cap mesura.

En el cas de Pérez, segons l’informe de la Conselleria d’Habitatge del 2 de març passat remés a la jutgessa, va renunciar a l’immoble cinc dies després de revelar elDiario.es que havia resultat adjudicatària. El document posa en relleu que va declarar una unitat de convivència dos fills i que consta com a única adjudicatària. Segons la consulta feta a l’Agència Tributària, consten uns ingressos de 57.888,00 euros, equivalent a 6,89 vegades l’Iprem, sent el límit d’ingrés d’aquest expedient 6,9 vegades l’IPrem (6,5 més 0,2 per cadascun dels fills).

A més, va aportar certificat de no propietats “només de la declarant”, però “no consta en l’expedient documentació respecte dels ingressos ni de l’Índex Central del Col·legi de Registradors d’Espanya acreditativa de totes les propietats a Espanya del cònjuge”. A més, s’acredita que és casada en règim de separació de béns, cosa que deriva en una “presumpta omissió de dades essencials per a verificar el compliment de requisits d’accés a l’habitatge de protecció pública”.

Afig el document que “el requeriment efectuat amb data 9 de febrer de 2026 a l’adjudicatària es va rebre el 10 de febrer” i que “presenta un escrit el 18 de febrer de 2026 en què sol·licita la renúncia a l’habitatge adjudicat, sense aportar les dades econòmiques ni de propietats del cònjuge”. Així doncs, es fa “un segon requeriment el 26 de febrer de 2026, rebut el dia 27 de febrer, sol·licitant les dades econòmiques i de propietats de la resta dels membres de la unitat de convivència”, però “amb data d’aquest informe l’adjudicatària no ha contestat aquest segon requeriment”.

El contracte va ser tramitat i visat pel funcionari Roberto Palencia, cap de la Secció d’Habitatge Protegit, també investigat en la causa: “No consta requerida la documentació del cònjuge relativa al compliment de requisits d’accés als habitatges de protecció pública, pel fet de formar part de la unitat de convivència. Concloent, desconeixem a la data d’aquest informe si Sira Pérez compleix els requisits d’accés a un habitatge de protecció pública, ja que no disposem de la documentació acreditativa dels ingressos ni de les propietats del cònjuge”.

Com va informar aquest diari, cinc de les 15 persones citades a declarar com a investigades romanen en actiu en les administracions en diferents càrrecs, sense comptar l’exregidora Rocío Gómez, que va presentar la dimissió. Així doncs, A més de Pérez, Francisco Nieto manté el seu lloc com a arquitecte municipal pel fet de ser funcionari i María Pérez-Hickman (també funcionària), malgrat que va renunciar com a cap del Servei d’Organització Interna, Contractació Pública i Gestió de Fons del Govern municipal de Barcala, es manté com a cap de Contractació.

Dos càrrecs públics més són parella: es tracta d’Elsa Lloret, també arquitecta de l’Ajuntament d’Alacant, i Roberto Palencia, excap de la Secció d’Habitatge Protegit de la conselleria, encarregat de comprovar que els adjudicataris complien els requisits. Va ser inicialment expedientat i suspés del seu càrrec i fa poc s’ha reincorporat i ha sigut reassignat a altres funcions dins de l’Administració.

De la resta dels investigats destaquen el sogre de l’exregidora d’Urbanisme, Rocío Gómez, així com l’administrador únic de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa Residencial Les Naus.

“L’anàlisi d’aquesta promoció ha evidenciat que el decret d’habitatge del Botànic no establia un procediment clar per a adjudicar habitatges protegits en promocions privades, cosa que va facilitar l’aparició d’irregularitats”. Així es va pronunciar la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d’Habitatge, Susana Camarero, en la sessió del ple de les Corts del 5 de març passat. Dies abans, el 16 de febrer, també va afirmar que la promoció Les Naus de la platja de Sant Joan, a la ciutat d’Alacant, es van adjudicar amb “les regles del joc” de l’anterior Consell del Botànic.

En realitat es tracta d’un argument recurrent per part de Camarero cada vegada que l’esquerra l’acusa d’haver rebaixat les mesures de control amb el decret aprovat per l’executiu valencià el desembre del 2024, llavors presidit per Carlos Mazón, per haver eliminat l’obligatorietat d’inscriure’s en el registre de demandants d’habitatge protegit en les promocions de gestió privada, com és el cas de les d’Alacant. Una inscripció que havia d’anar acompanyada d’una declaració responsable que, en cas d’incomplir-se, implicava l’expulsió del registre, cosa que impedia optar a aquesta mena d’immobles.

Aquests requisits inclosos en la normativa del Govern del Botànic van desaparéixer amb l’entrada en vigor de la normativa aprovada pels populars, que va ser la que es va tindre en compte a l’hora de comprovar que els adjudicataris complien els requisits. La realitat és que el que ha vingut a continuació ha sigut un escàndol que ja compta amb 15 persones investigades entre càrrecs vinculats al PP, familiars i altres adjudicataris particulars que van esquivar la normativa.

Tant és així, que els informes remesos al jutjat que investiga el cas per part de la mateixa Conselleria d’Habitatge desmenteixen que la normativa d’aplicació siga la de l’etapa del Consell que presidia Ximo Puig amb Mónica Oltra i Héctor Illueca.

De fet, segons el document signat el 2 de març passat, a què ha tingut accés elDiario.es, estableix que pel que fa al procediment de visat de l’expedient de referència, “per mitjà del qual es procedeix a la comprovació i la certificació del compliment de requisits legalment exigits per part dels adjudicataris dels habitatges de protecció pública”, la disposició addicional sisena del Decret 180/2024 del 10 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el règim jurídic dels habitatges de protecció pública de la Comunitat Valenciana, estableix: “Podran accedir a l’ús d’un habitatge de protecció pública qualificada amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret, en qualsevol de les seues modalitats i règim d’ús tant en primera com en segones i successives transmissions, les persones físiques, unitat familiar o de convivència que acrediten el compliment dels requisits establits en aquest decret”.

Per tant, afig l’informe, “com que la promoció d’habitatges de protecció pública corresponents a l’expedient de referència va obtindre la qualificació provisional amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Decret 180/2024 del 10 de desembre, però les sol·licituds de visat es van presentar amb posterioritat a aquesta data, el procés de comprovació del compliment dels requisits referit a l’expedient de referència s’ha fet de conformitat amb el Decret 180/2024 del 10 de desembre”, és a dir, l’aprovat pel Govern de Mazón.

Al respecte, fonts del departament de Camarero defenen que este decret només es va aplicar en el referit als requisits d'accés, econòmics i titularitat vivenda i insistixen que “el decret 180/2024 sí que establix nous i més exigents requisits”. Al mateix temps expliquen que referent a les condicions en virtut de les quals el promotor adjudica les vivendes als membres de la cooperativa és la que marcaven els anteriors decrets de 2021 i 2023, segons arrepleguen altres informes. Per este motiu, consideren que va ser en eixe tall en el qual van faltar controls.

Després d'eixe tràmit, la Conselleria havia de controlar en la fase de visats que els adjudicataris complien amb el que s'establix quant a renda i propietats, entre altres qüestions, la qual cosa ja havia de cenyir-se a la normativa de 2024. És ací on el funcionari citat per la jutgessa com investigat, que va adjudicar una vivenda a la seua parella, no va acarar degudament les dades dels adjudicataris..

Els informes, a més, posen en relleu que, malgrat que no era obligatori, tots els adjudicataris estaven donats d’alta en el registre de demandants. Un registre en què diversos candidats van falsejar les dades per a poder complir els requisits. L’informe del 2 de febrer posa en relleu que el registre va servir per a acarar aquest falsejament. Si haguera estat en vigor la normativa de l’esquerra, això hauria implicat l’expulsió d’aquests individus del registre, per la qual cosa no haurien pogut optar a habitatges protegits.

L’informe diu textualment que “després de la segona comprovació en relació amb els tràmits fets i els documents justificatius que donen suport al compliment de requisits, s’adverteix que tant en la sol·licitud de visat com en la inscripció en el registre de demandants d’habitatge han omés integrants de la unitat de convivència”.

Així mateix, “s’adverteix en aquesta segona comprovació que en aquests contractes d’adjudicació intervé un sol adjudicatari, sense aportar dades identificatives, ni documentació ni autorització de consultes de la totalitat dels integrants de la unitat de convivència”. D’aquesta manera “l’expedient es va revisar i es va visar com a correcte després de comprovar-se únicament les dades de l’adjudicatari”. No obstant això, “després d’aquesta segona revisió efectuada i de constatar que aquests contractes van ser formalitzats per persones casades en règim de separació de béns, es determina que l’expedient no conté tota la informació necessària per a resoldre’l i que s’hauria d’haver requerit tota la documentació del cònjuge relativa al compliment de requisits d’accés als habitatges de protecció pública, pel fet de formar part de la unitat de convivència”.

Fa poc, el secretari territorial adjunt d’Habitatge de la Generalitat, Vicente Caturla, va declarar davant la jutgessa que la polèmica promoció dels habitatges de protecció pública d’Alacant “va començar amb una legislació que garanteix el principi d’igualtat, transparència i publicitat, però va canviar amb el decret Mazón” i va afegir que el seu departament no té “capacitat de verificar si la informació que se’ls lliura és correcta o no”.

Caturla va assenyalar que Roberto Palencia, funcionari de la Direcció Territorial d’Alacant ara investigat en la causa “es va proposar per a visar els contractes”. Palencia va revisar per iniciativa pròpia els 140 expedients. Els tràmits es van fer íntegrament de manera telemàtica. Palencia va reconéixer davant el seu superior, quan es va destapar l’escàndol, que la seua dona havia sigut adjudicatària d’un dels pisos de protecció pública en la promoció Les Dunes. Quan Vicente Caturla es va posar en contacte per a demanar explicacions a Roberto Palencia, aquest últim hauria dit: “L’he cagada, assumisc les conseqüències”.

“El análisis de esta promoción ha evidenciado que el decreto de vivienda del Botànic no establecía un procedimiento claro para adjudicar viviendas protegidas en promociones privadas, lo que facilitó la aparición de irregularidades”. Así se pronunció la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en la sesión del pleno de las Corts del pasado 5 de marzo. Días antes, el 16 de febrero, también afirmó que la promoción Les Naus de Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, se adjudicaron con “las reglas del juego” del anterior Consell del Botànic.

En realidad se trata de un argumento recurrente por parte de Camarero cada vez que la izquierda le acusa de haber rebajado las medidas de control con el decreto aprobado por el ejecutivo valenciano en diciembre de 2024, entonces presidido por Carlos Mazón, al haber eliminado la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida en las promociones de gestión privada, como es el caso de las de Alicante. Una inscripción que debía ir acompañada de una declaración responsable que, en caso de incumplirse, implicaba la expulsión del registro, lo que impedía optar a este tipo de inmuebles.

Estos requisitos incluidos en la normativa del Gobierno del Botánico desaparecieron con la entrada en vigor de la normativa aprobada por los populares, que fue la que se tuvo en cuenta a la hora de comprobar que los adjudicatarios cumplían. La realidad es que lo que ha venido a continuación ha sido un escándalo que ya cuenta con 15 personas investigadas entre cargos vinculados al PP, familiares y otros adjudicatarios particulares que esquivaron la normativa.

Tanto es así, que los informes remitidos al juzgado que investiga el caso por parte de la propia Conselleria de Vivienda confirman que la normativa de aplicación en lo se refiere al control del cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios es la aprobada por el Gobierno de Mazón en diciembre de 2024.

Según el documento firmado el pasado 2 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, es cierto que la promoción de viviendas de Les Naus está acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, aprobado en la recta final del Botánico. Sin embargo, con respecto al procedimiento de visado del expediente de referencia, “por medio del que se procede a la comprobación y certificación del cumplimiento de requisitos legalmente exigidos por parte de los adjudicatarios de las viviendas de protección pública”, la Disposición Adicional Sexta del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, del Consell por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, establece: “Podrán acceder al uso de una vivienda de protección pública calificada con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en cualquiera de sus modalidades y régimen de uso tanto en primera como en segundas y sucesivas transmisiones, las personas físicas, unidad familiar o de convivencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto”.

Por tanto, añade el informe, “dado que la promoción de viviendas de protección pública correspondientes al expediente de referencia obtuvo la calificación provisional con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre, pero las solicitudes de visado fueron presentadas con posterioridad a esta fecha, el proceso de comprobación del cumplimiento de los requisitos referido al expediente de referencia se ha realizado de conformidad con el Decreto 180/2024 de 10 de diciembre”, es decir, el aprobado por el Gobierno de Mazón.

Al respecto, fuentes del departamento de Camarero defienden que este decreto solo se aplicó en lo referido a los requisitos de acceso, económicos y titularidad vivienda e insisten en que “el decreto 180/2024 sí establece nuevos y más exigentes requisitos”. Al mismo tiempo explican que en lo referente a las condiciones en virtud de las cuales el promotor adjudica las viviendas a los miembros de la cooperativa es la que marcaban los anteriores decretos de 2021 y 2023, según recogen otros informes. Por este motivo, consideran que fue en ese corte en el que faltaron controles.

Después de ese trámite, la Conselleria debía controlar en la fase de visados que los adjudicatarios cumplían con lo establecido en cuanto a renta y propiedades, entre otras cuestiones, lo que ya debía ceñirse a la normativa de 2024. Es ahí donde el funcionario citado por la jueza como investigado, que adjudicó una vivienda a su pareja, no cotejó debidamente los datos de los adjudicatarios.

Los informes, además, evidencian que pese a que ya no era obligatorio por estar en vigor la legislación de 2024, todos los adjudicatarios estaban dados de alta en el registro de demandantes. Un registro en el que varios candidatos falsearon los datos para poder cumplir los requisitos y optar a las viviendas. El informe del 2 de febrero pone de relieve que el registro sirvió para cotejar este falseamiento. De haber estado en vigor la normativa de la izquierda, esto hubiera implicado la expulsión de estos individuos del registro, por lo que no hubieran podido optar a viviendas protegidas.

El informe dice textualmente que “tras la segunda comprobación en relación a los trámites realizados y documentos justificativos que soportan el cumplimiento de requisitos, se advierte que tanto en la solicitud de visado como en la inscripción en el registro de demandantes de vivienda han omitido integrantes de la unidad de convivencia”

Así mismo “se advierte en esta segunda comprobación que en estos contratos de adjudicación interviene un solo adjudicatario, sin aportar datos identificativos, ni documentación ni autorización de consultas de la totalidad de los integrantes de la unidad de convivencia”. De esta manera “el expediente se revisó y visó como correcto tras comprobarse únicamente los datos del adjudicatario”. Sin embargo, “tras esta segunda revisión efectuada y constatar que estos contratos fueron formalizados por personas casadas en régimen de separación de bienes, se determina que el expediente no contiene toda la información necesaria para su resolución y que se debió requerir toda la documentación del cónyuge relativo al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia”.

Recientemente, el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla, declaró ante la jueza que la polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón” y añadió que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”.

Caturla señaló que Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante ahora investigado en la causa “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites se hicieron íntegramente de forma telemática. Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes. Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, ha afirmado que por el momento no piensa tomar ninguna medida.

En el caso de Pérez, según el informe de la Conselleria de Vivienda del pasado 2 de marzo remitido a la jueza, renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria. El documento pone de relieve que declaró una unidad de convivencia junto dos hijos y que consta como única adjudicataria. Según la consulta realizada a la Agencia Tributaria, constan unos ingresos de 57.888,00 euros, equivalente a 6,89 veces el IPREM, siendo el límite de ingreso de este expediente 6,9 veces el IPREM (6,5 más 0,2 por cada uno de los hijos).

Además, aportó certificado de no propiedades “solo de la declarante”, pero “no constan en el expediente documentación respecto de los ingresos ni del Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge”. Además, se acredita que está casada en régimen de separación de bienes, lo que deriva en una “presunta omisión de datos esenciales para verificar el cumplimiento de requisitos de acceso a la vivienda de protección pública”.

Añade el documento que “el requerimiento efectuado con fecha 9 de febrero de 2026 a la adjudicataria fue recibido el 10 de febrero” y que “presenta escrito el 18 de febrero de 2026 solicitando la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar los datos económicos ni de propiedades del cónyuge”. Así, se realiza “un segundo requerimiento el 26 de febrero de 2026, recibido el día 27 de febrero, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia” pero “a fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado a este segundo requerimiento”.

El contrato fue tramitado y visado por el funcionario Roberto Palencia, Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, también investigado en la causa: “No consta requerida la documentación del cónyuge relativa al cumplimiento de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública, al formar parte de la unidad de convivencia. Concluyendo, desconocemos a la fecha de este informe si Sira Pérez cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública ya que no disponemos de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge”.

Como informó este diario, cinco de las 15 personas citadas a declarar en calidad de investigadas permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Además de Pérez, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.

La plataforma Stop Desahucios ha anunciado el desalojo de diez familias vulnerables en Donostia, Errenteria, Lasarte e Irún tras la caída del denominado “escudo social” existente en España. Estas familias tienen a su cargo al menos un menor de edad y cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por servicios sociales, según indican. Rosa García, portavoz de la plataforma, señala que algunos casos afectan a grandes tenedores como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone; otros, a pequeños propietarios.

El pasado 26 de febrero, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el escudo social planteado por el Gobierno después de seis años desde su entrada en vigor. El decreto nació en el contexto de la pandemia y su objetivo era proteger a las familias vulnerables ante desahucios. Como indica García, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que propiciaron la derrota parlamentaria.

Entre los casos más urgentes de Gipuzkoa se encuentra el de Houda, vecina de Irún y madre de cuatro hijos. Su desahucio ya tiene fecha fijada: el 10 de junio. En el mismo municipio, Lorena afronta un desalojo junto a sus cinco hijos, tras la solicitud de su casero, Kutxabank. El juzgado aún no le ha comunicado la fecha. A este escenario se suma Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo a su cargo y en una situación similar, aunque en su caso el arrendador es un pequeño propietario.

La plataforma denuncia que grandes tenedores como Kutxabank o el fondo Testa-Blackstone han solicitado la reanudación de procedimientos judiciales. Así le está ocurriendo en el caso de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, actualmente hospitalizado, cuya vivienda pertenece a este fondo. Stop Desahucios acusa a estas entidades de “acelerar” los desalojos en cuanto se derrocó la protección legal, y se compromete a no permitir que se ejecuten sin resistencia social.

Los casos de Donostia y Errenteria son particulares por su condición de zona tensionada. A Jennifer y Carmen, también con hijos, se les vence el contrato, cada una en su respectivo municipio. Para evitarlo, la plataforma asegura que han acogido las prórrogas extraordinarias contempladas en la Ley de Vivienda para municipios tensionados, pero sus arrendadores han iniciado procedimientos judiciales para impugnarlas. En el caso de Jennifer, el propietario es el fondo de inversión madrileño Kalaitos TGA.

Stop Desahucios advierte de que, si los tribunales no validan estas prórrogas, el número de demandas crecerá “hasta niveles insoportables”. El propio Gobierno vasco cifra que más de 25.000 contratos finalizarán este año en Euskadi, lo que podría traducirse, explica Rosa García, en “miles de nuevos conflictos habitacionales”. Según datos aportados por la plataforma, en 2024 y 2025 los servicios sociales han emitido 153 informes de vulnerabilidad en Donostia y 83 en Irún, cifras que reflejan la magnitud del problema.

A nivel nacional, estiman que unas 60.000 familias han quedado expuestas tras el fin del escudo social. “Estamos ante un tsunami habitacional”, advierte García, mientras alerta de que muchas personas podrían acabar en la calle. La portavoz exige medidas urgentes a las instituciones: desde la mediación directa con grandes tenedores hasta el refuerzo del parque público de alquiler social. Reclaman, por ejemplo, que Kutxabank retire la demanda contra Lorena y firme un contrato de alquiler social de siete años, como ya ocurrió en Errenteria tras la intervención municipal en otro caso.

Adicionalmente, Rosa García recuerda que organismos internacionales como la ONU obligan a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio. “No puede existir una sociedad civilizada con menores durmiendo en la calle”, insiste García. Mientras tanto, el mensaje de la plataforma es claro: impedirán los desalojos que consideren injustos. Porque, como repiten, “la vivienda es un derecho, no un negocio”.

Kutxabank insiste en la responsabilidad de los servicios sociales

Por su parte, Kutxabank sostiene que el lanzamiento de la vivienda de Lorena fue acordado por un juzgado en mayo de 2023. Al considerar que la familia no tenían derecho a permanecer en el inmueble, no se validaron los contratos de alquiler ni los justificantes de pago presentados. La entidad señala que el procedimiento se ha reactivado tras la derogación del “escudo social” y subraya que la normativa posterior no resulta aplicable en este caso, al no tratarse de un contrato de alquiler reconocido jurídicamente. Asimismo, indica que la afectada no ha abonado rentas y que, tras ser declarada en situación de vulnerabilidad, le corresponde a los servicios sociales ofrecer una alternativa habitacional. En este sentido, Kutxabank afirma que actúa conforme a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales.

Las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler en el caso de Las Palmas de Gran Canaria; y el 64,6% frente a un 35,4% en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo desvela un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este jueves. Según este análisis, en el conjunto del país el 52,8% de las viviendas alquiladas por particulares pertenecen a propietarios con dos o más viviendas en alquiler, mientras que el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores y personas jurídicas.

Este estudio refleja que el 39% del mercado del alquiler español está representado por propietarios con una sola casa en alquiler, mientras que los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%).

De hecho, entre 2016 y 2023 los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9%, casi diez puntos más que los propietarios con una única vivienda en alquiler, cuyo crecimiento ha sido del 30,4%.

Durante este periodo el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1,9 millones a 2,57 millones, según apunta este informe de Consumo.

Asimismo, los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total (5,7% de la población adulta) frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población.

Canarias rompe la barrera de los 50.000 propietarios con cuatro inmuebles

Según datos del Catastro en Canarias, el grupo de propietarios que más ha crecido en las Islas es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.

El análisis temporal de los últimos quince años muestra una clara tendencia hacia la concentración de los bienes. Un patrón más que explica la crisis de vivienda que azota a Canarias sin previsión de dejar de hacerlo pronto.

Un bien de primera necesidad, además de un derecho cada día más difícil de conquistar para miles de españoles. Para quienes lo han olvidado o quienes solo invocan la norma suprema a conveniencia, recordemos que la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo. También dice que es a los poderes públicos a quienes corresponde promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación. Has leído bien: impedir la especulación. 

He aquí la cuestión: derecho o negocio; intervención o libre mercado. Cuando hablamos de una emergencia nacional y una crisis habitacional sin precedentes, que es ante lo que nos encontramos, la respuesta debería ser obvia: una decidida apuesta por lo público. Sin embargo, el debate está servido desde hace décadas y la confrontación vuelve a ser un hecho. Esta vez a cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España con una dotación de 7.000 millones -el triple que la anterior- y la airada respuesta que ha dado la derecha. 

La más sonora, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, para marcar la senda por la que debe transitar Feijóo. Lo que subyace de todo ello son dos modelos, dos formas de entender la economía y dos apuestas muy distintas sobre lo que se entiende por vocación de servicio público. La indómita baronesa se sitúa otra vez en la trinchera, pero esta vez ante un asunto que afecta de lleno a miles de madrileños que no pueden acceder al mercado de la vivienda en propiedad o en alquiler. Su no a todo lo que venga de Pedro Sánchez le ha llevado en las últimas 48 horas primero a rechazar los 1.100 millones de euros en fondos estatales para la construcción, rehabilitación y protección de casas en la Comunidad de Madrid y, después, a sostener que ya decidirá al respecto “cuando llegue el momento”. 

O le sobra dinero en las arcas regionales o le falta sensibilidad para con sus ciudadanos. Lo primero es dudoso porque por la mañana anuncia bajadas de impuestos; por la tarde, pide más financiación al Gobierno y por la noche, renuncia a una quita de la deuda de más de 6.000 millones de euros. Lo segundo es más probable teniendo en cuenta su disposición a ser tenedora consorte, ya que disfruta de una vivienda de lujo en Chamberí que compró su pareja supuestamente con el pelotazo de la venta de mascarillas en pandemia, además de un ático en la planta superior a la primera y ahora se encuentra en búsqueda activa para adquirir una tercera casa en propiedad en el mismo distrito, donde el metro cuadrado se vende al módico precio de 8.990 euros. 

La presidenta debe ser de las pocas madrileñas que no tiene obstáculo para adquirir no una casa , ni dos, sino tres. En el fondo lo que libra una vez más es una guerra sin cuartel contra lo público porque su apuesta siempre fue el libre mercado, la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Lo ha hecho con la sanidad, con las universidades, con la formación profesional y, ahora, con el acceso a la vivienda y las medidas para mejorar la regulación, frenar el auge de los precios y garantizar su función social.

El argumento con el que Ayuso anota un nuevo “no” a todo lo que llegue del Gobierno de España no es que la dotación le resulte insuficiente, que la burocracia pueda desesperar a los solicitantes o que los plazos sean dilatados. Nada de eso. Su reserva es que el plan estatal invade sus competencias. No es en absoluto cierto, pero lo que le inquieta es que el programa incorpora un cambio de paradigma en las políticas de vivienda y establece que ni un solo euro de financiación pública podrá destinarse a casas que en el futuro puedan acabar en el mercado libre. Más claro: la protección pública será a perpetuidad. Rechaza además que el plan establece un sistema de corresponsabilidad entre administraciones para que el 60% de la inversión sean aportaciones directas del Gobierno y el 40% restante corresponda a las Autonomías. Tampoco asume que una de las condiciones para recibir los fondos sea que las Comunidades compartan los datos de las fianzas para seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios. Y menos que se establezcan cláusulas antifraudes para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes para que no pase lo que en Alicante, donde las viviendas se las repartían políticos del PP, altos funcionarios y técnicos municipales. 

A la cabeza en descalificación de VPO

La Comunidad de Madrid lidera en España la descalificación de vivienda protegida. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 84,14 % de las viviendas impulsadas por el gobierno de Ayuso en el período 2021-2023 han sido desarrolladas por promotores privados, además del 89% de las construidas en la última década. Solo el 15,86% en el período 2021-23 y el 11% en la última década fueron de promoción pública.

El plan aprobado este martes en Consejo de Ministros es innovador, ya que por primera vez el Gobierno no se limita a hacer exclusivamente de pagador de las Comunidades Autónomas, sino que asume la coordinación y la dirección de la política de vivienda para evitar que el dinero que transfiere para facilitar el acceso al alquiler o la compra acabe destinado a otros fines bien distintos, que es lo que ocurría hasta ahora. Y el cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras a garantizar un derecho constitucional, aunque el grueso de las competencias siga en manos de las Autonomías.

El reparto de los fondos está sujeto a un compromiso de ejecución de triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho a una vivienda por encima de la especulación y el lucro. Andalucía sería la más beneficiada, con 1.197 millones, seguida de Madrid 1.113; Catalunya, con 1.015 y Valencia, con 798. De momento, con la excepción de Galicia, que recibiría 399 millones de euros y no ha puesto objeción al plan, el resto de Comunidades gobernadas por el PP ha dejado en el aire si se acogerá a la iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Sin duda, la más vehemente en el rechazo, Ayuso. Su celo competencial sería un argumento inapelable si los resultados de su política de vivienda hubieran dado algún resultado, lo que no ha ocurrido en todos sus años de mandato. De hecho, el llamado Plan Vive que anunció por primera vez en su pre campaña electoral de 2019 como medida estrella y con el que prometió la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias en régimen de alquiler a precios de entre 300 y 600 euros mensuales ha resultado claramente fallido. 

Siete años después, la previsión hasta final de la actual legislatura en 2027 se ha reducido a 13.000 viviendas, de las cuales poco más de 5.000 se encuentran disponibles para entrar a vivir. Los resultados de su política neoliberal no han servido más que para elevar los precios, tensionar el mercado, proteger a los especuladores e imponer trabas a los sectores más vulnerables y con menor renta. Los datos una vez más hablan por sí solos. Pasen y lean: 

❗❗El precio de compra creció en Madrid un 13,4% en 2025, según datos del INE.

❗❗Madrid roza ya los  5.960 €/m² en marzo de 2026 habiendo barrios, como el distrito de Salamanca, donde el precio por metro cuadrado supera los 10.000 euros

❗❗Si la compra es inaccesible, el alquiler tampoco es una opción más fácil porque los precios también son prohibitivos al situarse en torno a 23 €/m² en lo que llevamos de 2026. En términos interanuales, el incremento ronda el 9–10% de forma sostenida

❗❗Una familia media tiene que dedicar ya el 38% de sus ingresos al alquiler cuando los estándares sitúan el umbral de esfuerzo razonable en torno al 30%. 

❗❗Hay zonas donde el mercado está directamente desbordado registrando subidas del 26% en los tres primeros meses de 2026, como es el caso del municipio de Leganés. De un 22,5% en Getafe y hasta 42,6% en Parla en el último un año 

❗❗Si a ello se le añade que el parque de vivienda público en Madrid apenas llega al 1%, y el fracaso del llamado Plan Vive, la hoja de servicios de la derecha que gobierna la Comunidad desde hace más de 30 años no precisa de mucho más análisis, salvo para recordar que el proyecto estrella que Ayuso presentó como panacea ha resultado un fracaso estrepitoso, ya que el 28% de los 157.000 solicitantes renunció a la oferta por no poder pagar un alquiler que supera los 700 euros al mes.

❗❗El mercado en Madrid no está orientado para garantizar un derecho, sino para fomentar el negocio y la inversión de los grandes patrimonios, como demuestra que el 40% de las operaciones de compra se realizaran en 2025 sin financiación, a pesar de que los precios crecieron un 16,5%

Precios prohibitivos, alquileres inaccesibles, escasez de vivienda pública y una política articulada para el crecimiento de la compra de lujo es el resultado de los 7 años de un gobierno propagandista como el de Ayuso que, además, acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre a su fallido Plan Vive en diferentes municipios. De hecho, miles de personas se han visto afectadas por las estrictas y elitistas condiciones de acceso que han causado rechazos y listas de espera eternas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, quien ha denunciado en estos años que quienes sí han podido acceder a una casa han tenido que hacer frente a precios excesivos, costes añadidos y graves desperfectos. 

Y por si fuera poco, en 2024 el gobierno de Madrid actualizó los precios de las viviendas con protección pública y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos varían desde el 26% hasta el 56% de tal modo que en algunos municipios ya sale más económico comprar una vivienda de promoción privada que pública. Pero, luego Piove, porco governo (de Sánchez, claro).

La figura del pequeño casero que tan solo tiene una vivienda en alquiler como complemento a su sueldo va a la baja en España. En los últimos años, la compra de vivienda para inversión y para segunda residencia ha crecido y las empresas y multipropietarios aumentan su capital inmobiliario con más velocidad que los pequeños caseros. Hoy tan solo un 39% de las viviendas de alquiler en España están en manos de personas que tan solo alquilan una, según un informe elaborado por el CSIC y difundido por el Ministerio de Consumo.

Si descartamos empresas, fondos y vivienda pública, aún ganan los multipropietarios, que controlan un 52,8% de la vivienda alquilada por particulares, cifra que se eleva al 61% al observar el parque total de vivienda y contar también al sector público y privado.

El análisis no hace distinción entre propietarios que tienen entre 2 y 10 viviendas o grandes tenedores, considerados a partir de 10, pero sí que muestra cómo en algunas ciudades, especialmente las más turísticas, el pequeño casero tiene aún menos peso.

Así, Las Palmas de Gran Canaria presenta la mayor concentración con un 64,9% de caseros multiarrendadores, frente al 35,1% que posee un único inmueble. Santa Cruz de Tenerife le va a la zaga con un 64,6%, Palma de Mallorca tiene un 63,1% de sus viviendas en manos de multiarrendadores y Barcelona un 60,8%, mientras que Madrid cuenta con un 56,4% de viviendas en manos de multiarrendadores. En el caso de las capitales, estos porcentajes solo cuentan a los arrendadores particulares y no a las empresas, fondos y empresa pública, por lo que la porción de mercado de los pequeños caseros debe ser aún menor.

Aumento de los multiarrendadores

El estudio muestra, además, cómo desde el año 2016 aquellos que tienen más de una vivienda en alquiler han aumentado más su parque de viviendas que los que tienen solo una. Aquellos que alquilan una sola vivienda han aumentado su parque en un 30%, mientras que quienes cuentan con dos o más lo han hecho un 39,9%.

En plena crisis de la vivienda, con precios de alquiler y compra disparados y las administraciones tratando de buscar respuesta con regulación o más oferta por ahora sin éxito, el poder de los grandes propietarios frente a los inquilinos crece.

La Encuesta Financiera de las Familias publicada hace unos días por el Banco de España muestra que el porcentaje de hogares que residen en viviendas de su propiedad ha caído desde el pico histórico de 2011, cuando eran un 90%, a un 70,6% actual, mínimo histórico precipitado también por la oleada de desahucios durante la explosión de la burbuja.

Paralelamente, sin embargo, han crecido las compras de vivienda sin hipoteca, es decir, pagadas al contado, hasta un 30% de las que se compraron el pasado 2025, con cifras del Colegio de Registradores. El 24% de las viviendas que se compraron en 2025 fueron destinadas a la inversión y el 18% a segunda residencia, según datos de la Federación de Agencias Inmobiliarias.

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros.

Zarautz no ha pedido al Gobierno vasco ser declarado como zona tensionada en materia de vivienda y no tiene fecha para hacerlo. El PNV tiene guardada en un cajón la moción aprobada en el pleno del ayuntamiento guipuzcoano hace más de un año con el voto a favor del PSE-EE -su socio en el Gobierno municipal y que dirige Vivienda en el Gobierno- y de EH Bildu. Salió adelante con la abstención del grupo municipal nacionalista, que tiene entre sus concejalías la de Urbanismo. “Tenemos otras prioridades”, señalan fuentes de la alcaldía, que por el momento no se plantean la tramitación de la solicitud pese al malestar de su socio de Gobierno.

El hecho de que un municipio como Zarautz, altamente turístico y con grandes problemas de vivienda, se quede fuera del listado de municipios tensionados, tendrá un efecto directo en las cantidades subvencionables para los jóvenes que reciben las ayudas del programa Gaztelagun, como ha recordado estos días el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en las explicaciones que ha realizado de las medidas contempladas el decreto de medidas “urgentes” aprobado este pasado martes en el Consejo de Gobierno vasco después de un año de espera.

Por ejemplo, en el caso de Gaztelagun, los 300 euros mensuales para jóvenes hasta 36 años, el decreto actualiza las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler y las rentas máximas subvencionables aumentan hasta el 95% del precio medio de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) en las zonas tensionadas. Esto pasa en Donostia, donde se admitirían alquileres de 998 euros. En Zarautz, al no ser zona tensionada, los beneficiarios de las ayudas de Gaztelagun no podrán optar a alquileres de más de 800 euros, sea cual sea el precio medio que fije la EMAL.

También quedan fuera los municipios que no tienen la declaración de zona tensionada de los mayores beneficios para los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler dentro del programa Bizigune. Si el canon que paga el Gobierno vasco para todos los municipios es de 700 euros mensuales, en el caso de los tensionados puede alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL si éste supera el máximo de Bizigune. Es decir, en Donostia podría ser de 998 euros, nuevamente, en Bilbao de 822, en Vitoria de 709 y en Irún de 732 euros. Zarautz también se queda fuera de esta posibilidad y el canon aplicado a los pisos cedidos al Gobierno a través de Bizigune no pasará de 700 euros, pese a que el 80% del valor del mercado está ya en los 716 euros.

No es Zarautz el único municipio con crisis de vivienda que no se ha sumado aún al listado de zonas tensionadas para poder subir el precio de alquiler. También destaca Getxo, en Bizkaia, como localidad que se queda fuera de estos cambios para los beneficiarios de Gaztelagun o de Bizigune. Pero en Getxo no se ha aprobado una moción para llevar a cabo esta declaración. Sin embargo, en Zarautz la moción municipal está aprobada, pero al no contar con el respaldo del grupo mayoritario, y no ser vinculante, el PNV no la lleva adelante. “No creemos que el PNV vaya a hacer nada antes de que termine la legislatura. Como mucho, justo antes del final, para decir en campaña que están haciendo algo en materia de vivienda. Lo tenemos clarísimo”, señala el portavoz socialista en el ayuntamiento, Inaxio Illarramendi.

El PNV atribuye el retraso a la “gran carga de trabajo” que tiene en estos momentos la concejalía de Urbanismo, con “otras prioridades”. “Estamos en una pelea constante con el PNV por este tema. Un continuo rifirrafe porque para nosotros sí es una prioridad”, dice el portavoz socialista. “Es una decisión política priorizar unos temas u otros y no les interesa porque el tema de las zonas tensionadas no es una política suya”. Recuerda Illarramendi que argumentan que establecer zonas tensionadas puede afectar de forma negativa al mercado.

Es una apreciación que en un principio se defendía en general por todo el PNV. Sin embargo, en Donostia o en Bilbao, “sitios donde también gobierna el PNV, que tiene alcaldía con el apoyo del PSE-EE, se han declarado zonas tensionadas”. “Y no tienen tanta problemática como Zarautz”, indica. “Estamos hablando de un municipio más o menos pequeño, de 23.000 habitantes, que tiene una problemática mayor que Donostia si hablamos del porcentaje que supone para los sueldos la vivienda en cuanto a su ingreso mensual”, denuncia. Señala también que en alquiler “los precios están por encima de los 1.000 euros, y en compra más de 400.000 euros cualquier piso a reformar”. “Y ante esto, para el PNV la única solución es construir más y no intervenir en el mercado. Obviamente estamos de acuerdo con el PNV en que hay que construir más vivienda pública, pero ellos no ven necesario una intervención en el mercado, como pueden ser con las zonas tensionadas, y para nosotros es prioritario”, señala el portavoz del PSE-EE.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

El Gobierno de La Rioja se ha desmarcado una vez más de la línea marcada por el Partido Popular en todos sus territorios. Mientras que las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal de Vivienda entre duras críticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la indefinición del resto de barones sobre si aceptarán las transferencias, La Rioja ha sido, junto con Galicia, la única comunidad que ha dado la bienvenida a este Plan.

“Este Gobierno llevaba tiempo reclamando la actualización del Plan Estatal de Vivienda y, por tanto, da la bienvenida a todos los pasos que se den en esa dirección para sumar esfuerzos desde todas las administraciones a la hora de afrontar esta prioridad”, señalan desde el Gobierno de Gonzalo Capellán ante las preguntas de Rioja2. “El Ejecutivo regional, dentro de su firme apuesta por favorecer el acceso de los riojanos a la vivienda, y de su responsabilidad con la lealtad y la colaboración institucional, se acogerá a este Plan y asumirá su compromiso presupuestario”, añaden.

Esperan que este Plan sirva “para reforzar la gestión eficaz en materia de vivienda que ha desempeñado el Gobierno de La Rioja desde el inicio de la legislatura” y señalan que se ha hecho desde la comunidad “un esfuerzo presupuestario muy importante que ha permitido impulsar políticas que han permitido recuperar la promoción de VPO en nuestra región tras más una década en la que no se había construido ninguna vivienda protegida en La Rioja”.

Destacan desde el Gobierno de La Rioja los más de 15 millones de euros movilizados para facilitar la compra de vivienda en el medio rural y el compromiso de que se atenderán todas las solicitudes del Plan Revive. Además, recuerdan qeu se han invertido más de doce millones de euros para favorecer la construcción de 126 viviendas de alquiler asequible en todo el territorio y que contarán con un cupo específico para los jóvenes.

Tres furgons amb quinze agents de la Policia Nacional han arribat aquest matí, a les 8.30 hores, amb material antidisturbis per desallotjar treballadors d’Eivissa de l’assentament de sa Joveria. És un dels més significatius que han anat proliferant a la perifèria de la ciutat des que va començar i es va agreujar la crisi de l’habitatge, creant imatges insòlites.

Es tracta del nucli de barraques més gran que s’ha anat configurant als voltants de la ciutat i també a l’illa. Excepte el desnonament massiu de mil persones en un terreny privat de Can Rova l’estiu de 2024, moltes d’elles estafades per un caser pirata que els llogava parcel·les a preus desorbitats perquè hi instal·lassin les seves caravanes, barraques o fins i tot embarcacions.

L’escena es repeteix des de fa almenys un any i mig: residents i treballadors, alguns fixos i altres de temporada, es veuen obligats a marxar dels infrahabitatges construïts amb les seves pròpies mans per la manca d’alternatives que deixa la carència habitacional en espais oberts del territori insular. S’escolen entre les mans de les institucions i les autoritats en la mateixa dinàmica que segueixen el ratolí i el gat.

La majoria de persones que fins avui han residit a sa Joveria, d’origen sahrauí, vivien abans a l’antic assentament de Can Raspalls, a Sant Jordi, d’on també els van fer fora, a la tardor de 2024, després de l’abandonament del fons d’inversió que el posseïa i després que les autoritats municipals al·legassin “brutícia” i el lloguer de barraques a Airbnb per intervenir.

El cos nacional de seguretat, així com deu agents de la Policia Local de Vila, han irromput aquest matí al terreny de sa Joveria a partir de les 10 hores, quan un dron ha començat a sobrevolar el recinte de l’assentament, situat entre l’hospital Can Misses i el recinte firal. Des d’allí es veu el castell, símbol de promoció turística en una illa —abans terra d’oportunitat laboral— cada vegada més corcada per les desigualtats socials i econòmiques.

“Quan han entrat —els policies nacionals— semblava una escena de La Casa de Papel”, diu Ahmed, treballador del sector de la construcció, mentre surt juntament amb tres companys seus. No saben on dormiran aquesta nit i lamenten l’escenari en què es troben: “El lloguer és molt car: una habitació per a una persona val 750 euros al mes”. La seva font d’ingressos està lligada a factors variables que no depenen de la seva decisió, com la pluja o els dies festius, quan no es treballa i, per tant, no es cobra.

Porten amb ells només el DNI —són d’El Aaiún, capital del Sàhara Occidental—, la targeta sanitària de Balears i la targeta de crèdit. La resta de les seves pertinences continuen a l’interior de la barraca que els servia de llar. Es van traslladar a l’illa cercant un millor salari que el que els oferia la recollida de l’oliva a Andalusia, però es van trobar amb una pitjor qualitat de vida.

Abans havien estat vivint en un altre solar darrere de la central elèctrica de Gesa fins que els van fer fora. Ara es plantegen, mig seriosament mig en broma, cercar una feina de nit perquè, de moment, dormiran al carrer: “On hem d’anar, si no?”, es demanen.

Una intervenció pacífica

La intervenció s’ha desenvolupat de manera pacífica, tal com estava previst, sense que s’hagin produït incidents ni detinguts. De les prop de 400 persones que hi havia inicialment, en quedaven unes 60 que han anat sortint a comptagotes. Sí que s’ha percebut el descontentament dels ocupants, que lamenten ser el focus d’atenció de responsables polítics i mitjans de comunicació només “quan són el problema, sense que ningú ofereixi una solució”.

Alguns d’ells s’han apropat a primera hora del matí a les oficines municipals per gestionar el certificat de vulnerabilitat. Els agents, a la seva arribada, han assegurat el perímetre i controlat els accessos a la finca per evitar alteracions de l’ordre públic i garantir la seguretat de totes les persones implicades.

Una patrulla ha identificat un dels informadors que cobria el desallotjament i li ha indicat, tant a ell com a la resta de periodistes presents, que havien de retirar-se i dirigir-se a la carpa habilitada per als mitjans a la zona de l’aparcament, al costat de l’accés pròxim al recinte firal. Un punt que, d’altra banda, no tenia visibilitat sobre el terreny públic on es troben una trentena de caravanes i autocaravanes —més a prop del col·legi Can Misses— i que, tal com ha explicat l’alcalde Rafael Triguero durant una compareixença, es desallotjarà en els pròxims dies per incompliment de les ordenances, tot i que no ha especificat quan.

L’Ajuntament d’Eivissa intenta desallotjar el solar des de finals de 2024, quan van començar a instal·lar-s’hi els primers treballadors —una d’elles, Maria, treballa com a netejadora a l’hospital, situat just al costat—, mitjançant mesures dissuasives. Entre aquestes, la instal·lació d’un gàlib per impedir el pas de vehicles de més d’una determinada altura, que durant la jornada d’avui roman obert per facilitar la sortida voluntària, i la pressió constant mitjançant l’amenaça de multes.

Almenys dos menors d’edat

Quan apareix una furgoneta de la Policia Nacional de Fronteres a la zona, comença a respirar-se certa tensió, cap a les onze del matí. Un grup d’unes quinze persones —una d’elles amb un nadó als braços— es reuneix en un tancat dins del terreny quan dos policies s’hi acosten i els comuniquen una notícia positiva, tot i que temporal: de moment, podran continuar pernoctant al lloc. “Ens han explicat que primer ens han de notificar per poder-nos fer fora”, detalla Sara a elDiario.es.

Alguns d’ells són migrants en procés de regularitzar la seva situació, com la família de Camilo, de Colòmbia. En aquesta àrea, acordonada amb grans pedres, hi ha almenys dos menors, algun d’ells adolescent. Els serveis socials, presents durant tot el matí, no han pogut concretar una xifra exacta.

El punt on es troben les caravanes —que de moment s’han lliurat del desallotjament— està separat per una tanca de la resta del terreny, de propietat privada, on s’havien instal·lat principalment treballadors d’origen sahrauí. D’allí han sortit aquest matí només set persones. Una d’elles, un home marroquí que, mentre abandonava el lloc, no podia contenir les llàgrimes davant la situació de precarietat en què es troba.

Part de l’assentament, en un solar privat

El desallotjament d’aquesta propietat es va posar en marxa després que la Secció del Contenciós Administratiu del Tribunal d’Instància de Palma autoritzés l’Ajuntament a entrar, desmuntar i netejar l’assentament, atès que la propietat no disposava de mitjans per fer-ho. L’actuació —establia el jutge— havia de finalitzar abans del 26 de maig.

Ara, l’alcalde —que ha assegurat que ha estat un dels moments més difícils del seu mandat— ha detallat que el propietari haurà d’encarregar-se de retirar els estris i els enderrocs que han quedat al solar (com palets i restes de barraques), un dels motius que ha conduït a la intervenció.

“Era una bomba de rellotgeria”, ha afegit l’edil, recordant un tràgic succés ocorregut fa anys a l’assentament: dos incendis simultanis que van acabar amb la vida d’una persona. No ha estat l’únic episodi d’aquest tipus en nuclis de barraques de l’illa, ja que a Can Rova 2 va passar una cosa semblant.

Per això, tècnics municipals de medi ambient han accedit a la parcel·la per controlar la gestió dels residus. Han trobat electrodomèstics, plaques solars, bateries, parts de cuines i altres objectes perillosos que suposaven un risc tant per a l’entorn com per a les persones que residien al lloc.

Davant la pregunta a l’equip municipal —amb la regidora de Benestar Social, Lola Penín, present— sobre si s’havia valorat habilitar un altre solar per oferir una alternativa habitacional als desallotjats, la resposta ha estat afirmativa, tot i que sense èxit: “L’habitatge públic no es construeix d’un dia per l’altre”, ha assenyalat Triguero.

D’altra banda, ha assegurat que a l’interior de l’assentament ja desmantellat de sa Joveria —on cap a les 13.30 hores dues retroexcavadores treballaven en la demolició d’aproximadament un centenar d’infrahabitatges— hi havia persones que cobraven entre 200 i 500 euros a altres en situació de necessitat. Uns fets que la Policia Local preveu sancionar i per als quals ja té identificats els responsables.

Set ubicacions temporals d’allotjament

De moment, s’han habilitat allotjaments d’emergència per a set unitats familiars i set places per a adults sense càrregues familiars. A més, l’Ajuntament ha detallat que actualment hi ha deu expedients oberts als serveis socials relacionats amb persones que residien en aquests assentaments.

Al llarg del matí, tècnics de la UTS Eixample també estaven disponibles per atendre les persones derivades des del punt d’atenció i tramitar prestacions en els casos necessaris, és a dir, en situacions de vulnerabilitat. En el cas de persones treballadores amb ingressos superiors —tot i que insuficients per accedir a un habitatge digne— hauran de buscar alternatives pel seu compte.

A mitjan matí, una parella abandona el lloc amb diverses maletes, mirant amb el front arrufat els qui fotografien la seva situació. Mentre la dona recolza les seves pertinences sobre unes pedres, ell explica que la seva família, procedent de la península, va arribar a Eivissa amb un habitatge. Entre tristesa i incredulitat pel canvi de l’illa, s’endinsa de nou al bosc, cap a un lloc ja buit.

Adrián Amaya és un dels residents de l’altra zona que, de moment, podrà quedar-se. En el seu moment ja va ser desallotjat del problemàtic bloc dels Don Pepe, a Sant Josep, i ara tem tornar-se a veure en la mateixa situació: “Tots ens mereixem un sostre sota el qual viure”.