El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos han reclamado a las administraciones públicas que impulsen reformas legales y ejecuten políticas de vivienda con financiación suficiente para garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de una vivienda digna y adecuada.

La petición se recoge en un decálogo de conclusiones aprobado durante las trigésimas novenas Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, celebradas en La Palma y clausuradas este viernes, en las que el acceso a la vivienda ha centrado el debate.

Los defensores consideran que se trata de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que, por ello, requiere una atención prioritaria por parte de las administraciones con competencias en esta materia.

Entre las medidas propuestas figuran el incremento del parque de vivienda social y protegida, una mayor dotación presupuestaria para las políticas públicas de vivienda y el establecimiento de ayudas al alquiler.

También plantean actualizar los planes urbanísticos para adaptarlos a las nuevas necesidades residenciales derivadas del crecimiento de la población, reforzar la supervisión y el control de las viviendas destinadas al alquiler turístico y simplificar la normativa, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

El documento subraya que la vivienda constituye una necesidad básica y un derecho con “importantes implicaciones sociales”, al considerar que disponer de un hogar adecuado y asequible contribuye a prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

En este sentido, advierte de que estas situaciones resultan especialmente difíciles de revertir una vez que se producen, por lo que defiende la necesidad de actuar mediante políticas públicas que permitan hacer efectivo el derecho a la vivienda.

En las jornadas han participado, además de Ángel Gabilondo, representantes de las defensorías de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y País Vasco.

El encuentro ha contado también con intervenciones de especialistas universitarios, trabajadores sociales, activistas por la vivienda, profesionales de distintos ámbitos y representantes de las administraciones públicas y del tercer sector. 

El precio medio del alquiler en Catalunya ha aumentado un 60% entre 2015 y 2024, casi el doble que el salario bruto medio, que ha crecido un 30,46% en el mismo periodo, según un informe de UGT presentado este viernes.

La diferencia es aún más acusada en el mercado de compraventa, donde el coste de la vivienda nueva se ha incrementado un 95,87% en nueve años. “Ya se ve que el precio de la vida está desbocado”, ha lamentado el secretario general del sindicato, Camil Ros.

Según el informe, el alquiler representa ya el 45,21% del salario neto mediano en Catalunya, un porcentaje que supera el umbral del 30% que se considera un esfuerzo excesivo para acceder a una vivienda. Por contra, en 2015 se destinaba el 39,35% de los ingresos netos a pagar.

Desde la UGT alertan sobre la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores que ha causado esta descompensación entre los salarios y la vivienda. “Hace que la estructura se vaya tensionando”, ha dicho, al tiempo que ha recordado cómo la muerte de Olga y el desahucio de Maricarmen han propiciado la convocatoria de la huelga general.

En esta línea, Ros ha valorado que antes de las elecciones es “un buen momento” para convocar un paro de 24 horas, porque puede “influir” en las acciones de los partidos políticos y en el voto.

“Mi sensación es que hay ambiente de huelga”, ha asegurado. “El sentimiento del que debemos parar la derecha y la extrema derecha también está ahí”, ha señalado, aunque ha asegurado que la huelga va “en contra del conjunto de los partidos políticos”.

Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha sido escenario este jueves de la inauguración de la primera vivienda cooperativa para personas mayores de Catalunya. Se llama Walden XXI y las cerca de cuarenta personas que vivirán en ella recibieron las llaves de sus domicilios.

Impulsado y gestionado por la cooperativa Sostre Cívic, el proyecto ha transformado el antiguo hotel Jecsalis, en el centro del municipio, en un espacio “para vivir y envejecer en comunidad”. Unas 200 personas, según la cooperativa, han asistido a la inauguración, celebrada frente al edificio, situado en la carretera de Girona. Aurora Moreno, presidenta de la junta del proyecto Walden XXI, ha expresado su deseo de que la iniciativa se convierta en un “referente” y ha afirmado que la casa estará “abierta a toda la villa, para hacer la vejez más amable”.

Walden XXI cuenta con 31 unidades de convivencia y una comunidad de unas cuarenta personas. El edificio combina viviendas privadas con cerca de 800 metros cuadrados de espacios compartidos, entre los que figuran una cocina y un comedor comunitarios, biblioteca, lavandería, salas polivalentes, talleres y espacios exteriores.

Sostre Cívic afirma que el proyecto “da respuesta a la soledad no deseada y a la voluntad de mantener la capacidad de decisión sobre la propia vida durante la vejez”. Las personas que vivirán allí han participado en el diseño de los espacios y en la definición de la organización comunitaria, con la autogestión, los cuidados y el apoyo mutuo como ejes centrales.

La comunidad lleva años trabajando en “los vínculos, los acuerdos y las responsabilidades compartidas que deben sostener la convivencia”, un proceso que ha avanzado en paralelo a la compra, la financiación y la rehabilitación del edificio.

La rehabilitación del hotel ha contado con la cofinanciación de Caixa Enginyers y Fiare Banca Ètica, que formalizaron una operación de unos seis millones de euros en noviembre de 2024. La Fundació Seira también contribuyó con un aval que facilitó la viabilidad de la operación.

Esta alianza ha permitido movilizar recursos para recuperar un edificio en desuso y destinarlo a vivienda estable y autogestionada. Las socias también han participado en la financiación, el seguimiento de las obras y las decisiones sobre los espacios que ahora compartirán.

La regulación de los derechos relativos a la vivienda, especialmente entre la juventud, es para el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, una de las principales líneas de actuación en las que profundizar en estos momentos ya que, como ha considerado, “aunque se ha avanzado, la sociedad necesita que se haga de una forma más rápida”. Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones minutos antes de intervenir en la inauguración de las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional sobre política económica y social, como el derecho a la vivienda, que se celebra estos días en el Centro de la Cultura del Rioja de Logroño.

Unas jornadas en las que, entre otros asuntos, se abordarán temas de gran actualidad y relevancia jurídica, como los crecientes desafíos que representan el derecho a la vivienda y al medio ambiente, o sus principios rectores desde una perspectiva constitucional. Hablará el presidente del TC también de consolidar los principios rectores de la Constitución “como auténticos mandatos jurídicos y no meras declaraciones programáticas”.

Tras expresar, en primer lugar, su solidaridad y apoyo, así como el de todo el TC, a las víctimas y familiares “del gravísimo accidente ferroviario” de Urda (Toledo), el presidente del TC ha indicado que estas jornadas se centrarán en la protección de los derechos fundamentales que son “la tutela de todos los ciudadanos que acuden al Tribunal Constitucional para que sus derechos y sus garantías sean protegidas”.

Como ha defendido, hoy es un momento importante porque los letrados del Tribunal, “que son nuestros mejores colaboradores, estudian y trabajan sobre el desarrollo de los derechos fundamentales y sobre la tutela de los principios básicos de la economía y de la sociedad”.

Esos principios, que están recogidos en la Constitución, evidentemente, “no constituyen propiamente derechos fundamentales, pero sí significan algo muy importante para los ciudadanos”. Porque hablan, como ha indicado, “de la protección de los menores, la protección de las mujeres, de los seres más vulnerables y de todas aquellas personas que necesitan el reconocimiento de sus derechos”. Sobre todo ello, ha afirmado, es en lo que “vamos a trabajar”.

Para el presidente del TC, la vivienda es uno de los asuntos en los que “más hay que profundizar en estos momentos”. Como ha reconocido, en el último año se han estudiado varios recursos relativos a este asunto porque la mayor parte de los jóvenes y de la sociedad “está preocupada sobre la regulación de estos derechos”. De ese trabajo, reflexiona, “depende la confianza de los ciudadanos al TC, si no ven garantizadas sus expectativas desde el punto de vista social, entonces, el TC perderá su legitimidad”.

En este punto, ha continuado: “No hablo de abstracciones, hablo de familias que no pueden pagar el alquiler, la hipoteca, de jóvenes que no pueden emanciparse... nosotros debemos servir la realidad desde el único lugar que nos corresponde, definir la Constitución como norma”. Aunque como ha reconocido, las políticas de vivienda son “muy complejas” por su “entramado” en el que está presente el derecho a la propiedad, “que hay que respetar”, el derecho a la propiedad, a la libertad, a al autonomía local, al reparto de competencias... “todo ello hay que integrarlo en un debate que no es fácil”.

“A veces se simplifica y no es fácil llegar a conclusiones”. Aun así, ha insistido, “lo importante es decidir, resolver y no perderse en la discusión, llegar al frente para tomar una decisión que en sí misma es difícil”. Durante las jornadas también se abordarán otros problemas como pueden ser el medioambiente, los menores o los derechos de la mujer.

Porque aunque como ha reconocido “se está avanzando mucho en estos derechos, evidentemente la sociedad necesita que se avance más rápidamente porque hay sobre todo muchos jóvenes que todavía no encuentran la posibilidad de salir adelante desde el punto de vista económico y social y nosotros desde el punto de vista de sus derechos tenemos que apoyarles”.

XXXII Jornadas 'Principios rectores de la política económica y social'

La Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (ALTC) celebrará los días 29 y 30 de octubre sus XXXII Jornadas bajo el título 'Principios rectores de la política económica y social'. Las Jornadas contarán con la asistencia de otras autoridades notorias como la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, y otros representantes regionales y locales. La inauguración ha coincidido precisamente en el mismo lugar que unas jornadas organizadas por la Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja, que han contado con la contestación de una protesta del Sindicato de Vivienda.

Con más de 100 asistentes entre letrados, magistrados y otros juristas de reconocido prestigio, las Jornadas tienen como principal objetivo contribuir al mejor conocimiento de la Constitución Española, la jurisprudencia constitucional y el desarrollo de los principios y valores que la sustentan. Aparte del programa académico, los asistentes disfrutarán de numerosas actividades culturales que ponen en valor el patrimonio y el entorno de Logroño, como una ruta guiada por el centro histórico o una visita a su Concatedral.

La organización de las XXXII Jornadas cuenta con la inestimable colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño. La ciudad fue elegida en la última asamblea general como sede de las Jornadas por su excelente gestión, que combina seguridad y comodidad. La mezcla de patrimonio, cultura y naturaleza que ofrece Logroño garantizan un marco único para el desarrollo de estas jornadas.

La llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L ha generado tensión este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio de Usera, donde se han concentrado más de un centenar de personas en apoyo a tres familias de inquilinos que se enfrentan a una violenta presión para abandonar sus viviendas por parte de la empresa de desocupación. 

Vecinos y activistas, así como varias personas que pasaban por allí y han visto el alboroto una vez ha aparecido la Policía Nacional, a quien ha contactado el miembro de Brigada Desokupa al llegar al bloque de pisos, se han arremolinado organizados por el Sindicato de Inquilinas frente al portal ubicado en una perpendicular de la avenida Marcelo Usera, una de las arterias principales de esta barrio de clase trabajadora del sur de Madrid. 

La propiedad de tres de los inmuebles del edificio es, desde 2025, un holding empresarial que no solo no quiere esperar que termine el contrato de arrendamiento que mantienen las tres familias, sino que ha decidido contratar a la empresa para intimidar y amenazar a los arrendadores para que firmen un documento donde manifiesten su voluntad expresa de querer abandonar su actual vivienda. 

Ante el aviso de que uno de los intermediarios acudiría alrededor de las 18 horas al edificio, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento al nodo de Usera para que acudiera a hacer músculo al cumplirse la fecha límite para que una de las familias se marchase. “No nos vamos, nos quedamos”, “Fuera Desokupa de nuestros barrios” y “No nos mires, únete” han sido algunas de las consignas coreadas después de la llegada de un dispositivo policial formado por una veintena de agentes desplazados en cuatro coches patrulla, dos motos y sobre cuatro caballos sobre los que han intentado dispersar a los manifestantes.

Ha sido el responsable de la empresa de desocupación quien, al llegar al bloque y ver el despliegue de activistas, ha contactado con el cuerpo de seguridad, tras lo que ha denominado una “emboscada”, como ha expresado a elDiario.es. “Habíamos llegado a un acuerdo [para la entrega de llaves], nosotros lo hacemos todo de manera pacífica”, ha protestado el CEO de la empresa de desocupación. También ha añadido que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. La Policía Nacional ha taponado la calle donde se desarrollaba la protesta mientras dos de los agentes regulaban el tráfico en la avenida principal. 

Desde el Sindicato, una de las portavoces, Carmen Durán, ya había advertido a priori de que este tipo de empresas recurren a maniobras de intimidación personal y grabaciones —como ha sucedido—, y de que, según la experiencia y la de otros colectivos de vivienda en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas, suelen ir acompañados de la Policía Nacional. Finalmente han tenido que retirarse.

Desokupaciones ‘express’ por 2.500 euros

En su página web, Brigada Desokupa, S. anuncia varios servicios relacionados con desalojar viviendas. Entre ellos, okupaciones ‘express’ desde un precio de 2.500 euros. “Más de 1.000 viviendas desocupadas y recuperadas en tres años. Contamos con mediadoras y agentes de actuación para desocupación mujeres, lo que nos permite trabajar con menos conflictos por razón de sexo en las operativas que lo requieren”, se promocionan en el portal.

También abren una ventana de preguntas en otro apartado en el que aseguran buscar “siempre el consenso” entre la propiedad y el inquilino, evitando la “confrontación, el conflicto”, pero sin olvidarse del “objetivo”, añaden: “¡Recuperar la propiedad legítima de tu vivienda!”. En el background de la web aparece, tras todas estas descripciones, la imagen de un trabajador sujetando a un perro potencialmente peligroso.

Durante la concentración, uno de los portavoces ha asegurado haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa delante de uno de los responsables del operativo policial. Acción que, según ha compartido, “denunciara” formalmente en comisaría.

Notificación para abandonar las viviendas

Se trata de un bloque formado por seis viviendas y dos locales comerciales. Las notificaciones a tres familias afectadas para abandonar los pisos se han producido en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de Brigada Desokupa entregaron a E. un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo, de 18 años, que no figura en el contrato y que fue quien al final bajo presiones firmó mientras su progenitora estaba de viaje.

Por su parte, W., otro de los moradores perjudicados por la situación con dos hijos a su cargo, uno de once años y otro de veinte, detalla que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no le dieron una copia y que lo grabaron durante el proceso. A G., la tercera afectada, también con un hijo menor, el comunicado le llegó en la misma fecha. 

Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos, porque algunos temen a los que apoyan la actuación de la propiedad. 

En el resto de viviendas del bloque continúan residiendo algunos moradores vinculados al anterior propietario. Durante la concentración también han participado integrantes de la PAH Vallekas y organizaciones de otros distritos. 

La continua gentrificación de los barrios 

Para Laura Barrio, portavoz del Sindicato, el intento de desalojo del bloque de Usera no se puede “separar” de la transformación que está sufriendo el barrio y que pretende convertirlo en un “parque de atracciones” con la cultura asiática como reclamo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid contrató al artista Okuda San Miguel para que una de sus obras multicolores -un oso y dos dragones, como muestra de la fusión de las dos culturas- sirviera para acabar el circuito peatonal ideado desde Madrid Río y que eso sirva de eje para impulsar Chinatown en la capital.

Por otro lado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha organizado comités de vivienda en distintos barrios de Madrid con grupos en Almendrales, Zofío, Moscardó y Orcasitas, además de espacios de coordinación entre barrios para llevar a cabo actuaciones que permitan seguir luchando contra la especulación en los mismos.

“Estamos organizadas”, han clamado tras la exitosa intervención de este miércoles los integrantes del Sindicato, que han agradecido a las vecinas su presencia y han reivindicado la fuerza de la organización colectiva para hacer frente a las presiones sobre las familias inquilinas. Los afectados, que están en continuo contacto con el sindicato, de momento siguen “bastante asustados” por las posibles presiones. 

“Basta de brigadas paramilitares acosando a las vecinas”, han reclamado los activistas, que han defendido que son “gente pacífica” y que la decisión sobre un posible desalojo deberá tomarla, en todo caso, un juez. La protesta ha terminado entre aplausos y al grito de que el pueblo unido, “jamás será vencido”.

El Sindicato de Vivienda en La Rioja se ha concentrado este jueves en la puerta CCR de Logroño al inicio de las II Jornadas de Viviendas Turísticas en La Rioja, que organiza la asocación ARVUTUR. Entre pitidos, los miembros del sindicato han gritado proclamas como “Tu Airbnb era mi casa”, “Fuera rentistas de nuestros barrios” o “Que baje el alquiler, que suban los salarios, no somos esclavos de rentistas y empresarios”. Mientras, sostenían carteles de la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre y han gritado “Vergüenza” al entrar los asistentes.

La portavoz del Sindicato de Vivienda, Cristina Briongos, ha denunciado que “el centro de Logroño se ha convertido en un decorado para turistas”, mientras, según ha subrayado, “las vecinas tenemos que abandonar nuestros barrios y nuestras vidas”. Además, ha afeado que esto ocurre con el “apoyo de la institución”, pues tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño son patrocinadores de las Jornadas, que además abre el consejero de Cultura y Turismo.

“Venimos a reivindicar que la ciudad sea para nosotras, que sea una ciudad abierta, no a un modelo de turismo especulativo, sino a la vida y a la vida de las vecinas que vienen aquí y que llevan viniendo décadas”, ha subrayado Briongos. Mientras se producía la protesta, los organizadores de las Jornadas han cambiado la puerta del CRR prevista como acceso por la presencia del Sindicato, pero sus miembros han continuado con sus proclamas en la otra puerta, ante la presencia de agentes de la Policía Nacional.

La portavoz del Sindicato ha explicado que su intención con esta movilización era “visibilizar una brecha que existe en la ciudad de Logroño, que ha triplicado las viviendas turísticas en los últimos años” y ha enumerado las últimas licencias de uso turístico de bloques enteros. Sobre las medidas que proponen, el Sindicato defiende la “expropiación y movilización de la vivienda vacía y también de toda aquella dedicada a vivienda turística de grandes propietarios y la regulación estricta de zonas tensionadas en Logroño, que impida este tipo de práctica, así como la construcción de un modelo de ciudad pensado para las vecinas.

“Con este gesto queríamos precisamente evidenciar un conflicto que no es nuevo, para que no siempre sea incómodo para nosotras que nos marchamos en silencio de nuestros barrios, sino que sea incómodo para ellos cuando vienen a especular a nuestras ciudades”, ha concluido Briongos.

El Govern balear y la Policía Nacional han detectado en Manacor (Mallorca) un inmueble en el que llegaron a convivir hasta 30 personas en condiciones de hacinamiento, con 24 camas repartidas por la vivienda -algunas instaladas en los pasillos-, dos habitaciones cerradas con candado y sin un solo retrete.

La inspección conjunta, realizada la semana pasada por agentes del cuerpo policial y personal del Servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, permitió identificar a nueve personas, quienes manifestaron que en determinados momentos podían llegar a residir en el inmueble hasta una treintena de ocupantes. La vivienda presentaba graves deficiencias de salubridad e higiene y unas condiciones de habitabilidad extremadamente deficientes, según ha explicado este jueves la Conselleria.

A pesar de las condiciones en las que se encuentra el inmueble, los alojados aseguran que abonaban entre 80 y 100 euros por persona al propietario (independientemente de la cantidad de personas que hubiera en el interior de la habitación, incluyendo los que residían bajo el techado exterior), quien, denuncian, se aprovechaba de las necesidades habitacionales de quienes pagaban los alquileres.

Según los datos catastrales, el inmueble cuenta con 90 metros cuadrados destinados a vivienda, 103 a almacén y 35 a aparcamiento, todos ellos destinados íntegramente como espacio residencial.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda de les Illes Balears, la sobreocupación de viviendas está tipificada como una infracción muy grave, que se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros.

Desde la Conselleria aseguran que no se trata de un caso aislado y que han detectado otras situaciones similares, en las que tanto propietarios como arrendatarios subdividen espacios como el salón comedor para habilitar nuevas dependencias que después alquilan a terceros. El departamento agradece la colaboración ciudadana para detectar estas prácticas y reconoce que las denuncias por parte de los inquilinos son menos frecuentes, ya que pueden temer perder su vivienda si alertan de las irregularidades.

Por ello, recuerda que cualquier persona puede comunicar posibles infracciones a través del canal de denuncias de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, entre ellas la sobreocupación de inmuebles y la explotación de infraviviendas. Las denuncias pueden presentarse por vía telemática o presencialmente en un registro administrativo.

La inspección de las infraviviendas

El caso de Manacor se conoce poco más de un mes después de que el Govern presentara su Plan de Inspección de Vivienda 2026-2027, con el que pretende reforzar la vigilancia sobre la sobreocupación, las infraviviendas y el uso fraudulento de viviendas protegidas. El programa prevé inspeccionar 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado: 60 en Mallorca, diez en Eivissa y Formentera y cuatro en Menorca.

La campaña también contempla controles sobre las condiciones de habitabilidad, la actividad de los agentes inmobiliarios, el depósito de las fianzas de alquiler y el cumplimiento de las obligaciones de los grandes tenedores. Las inspecciones pueden iniciarse de oficio o a partir de denuncias de particulares y otras administraciones.

El episodio vuelve a poner el foco en las alternativas habitacionales a las que recurren quienes no pueden acceder a un alquiler convencional en las Islas. Según un estudio de Fotocasa publicado en septiembre, el precio medio de alquilar una habitación en Balears alcanzó los 622 euros mensuales en julio de 2026, un 11,5% más que un año antes. Palma llegó a los 653 euros de media.

La presión también se refleja en el mercado de viviendas completas. Según los datos de pisos.com difundidos este miércoles, el 89% de las viviendas anunciadas para alquilar en las islas superan los 1.500 euros mensuales, mientras que solo el 0,4% se ofrece por debajo de los 700 euros.

La Plataforma de Inquilinas de Mérida ha hecho un llamamiento de auxilio al equipo de Gobierno local para que actúe en defensa de los vecinos de la barriada del Polígono Nueva Ciudad. Según ha denunciado el colectivo a través de un comunicado y en una comparecencia pública, varios residentes de la zona están sufriendo episodios de acoso, presiones e intimidaciones impulsados por fondos de inversión y empresas de desocupación para forzar la salida de sus viviendas.

“Quieren desahuciar a gente humilde de sus hogares”, lamentan desde la plataforma, que insta al Ejecutivo municipal a “reaccionar” ante un problema que califican de “auténtico problema de orden público” motivado por la especulación en el mercado de la vivienda en la capital autonómica.

Para ilustrar las dinámicas especulativas que aseguran que se están produciendo en el barrio, la organización expone el caso de Eduardo, un vecino de la avenida Campos Hoyos. El afectado adquirió su vivienda en el año 2003 mediante una hipoteca que, tras la reestructuración bancaria, fue pasando por distintas entidades hasta que en 2019 se le impuso un alquiler social cuando, según sostiene la plataforma, apenas le restaba un año para completar el pago del inmueble.

De pagar la hipoteca a sufrir acoso inmobiliario

En enero de 2023, la entidad gestora le comunicó la venta del piso y le otorgó un plazo de 24 horas para adquirirlo por un importe de 10.554 euros, una cifra inalcanzable para el afectado, que percibe una pensión mensual de 800 euros. Meses después, un fondo de inversión que había adquirido la propiedad sacó la vivienda al mercado inmobiliario por un precio de 120.000 euros.

A partir de ese momento, el colectivo señala que el vecino ha venido sufriendo un calvario de presiones, amenazas e intentos de coacción por parte de intermediarios y empresas contratadas por el propio fondo para obligarle a abandonar el inmueble, al tiempo que le ofrecían compensaciones económicas a cambio de renunciar a su hogar.

La plataforma advierte además de que en diversos portales inmobiliarios se están ofertando pisos en la zona con advertencias explícitas en las que se indica que “la vivienda se encuentra ocupada” y que el futuro comprador deberá asumir los costes y trámites para su desocupación.

Asamblea vecinal este sábado

Con el objetivo de visibilizar la situación, coordinar el apoyo de la barriada y ofrecer acompañamiento a otras personas que se encuentren en circunstancias similares, la Plataforma de Inquilinas de Mérida ha convocado una asamblea abierta para este sábado, 31 de octubre, a las 12:00 horas, en la plaza del Polígono Nueva Ciudad.

El colectivo insiste en que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática de acceso y mantenimiento de la vivienda que afecta de forma directa a familias vulnerables y personas mayores de la ciudad.

La Junta de Castilla y León firmará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que supone una inversión de 378 millones de los que el gobierno autonómico aportará 151,2. Así lo ha adelantado este jueves el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, será quien suscriba el convenio. Los 378 millones que corresponden a Castilla y León suponen un 5,4 % del total de fondos con los que cuenta el Plan, 7.000 millones, y la Junta aportará el 40%. La financiación por parte de la Comunidad autónoma se distribuye en cuatro anualidades comprendidas entre 2027 y 2030, y en cada una de ellas contribuirá con 37,8 millones de euros. En el caso del Gobierno, sufragará su parte en cinco años a contar desde este 2026: 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones los cuatro restantes.

El Plan se estructura en tres líneas de actuación: una primera dirigida incrementar la oferta de vivienda social y asequible, cuya partida asciende a 151,2 millones de euros; otra cuyo objetivo es fomentar la rehabilitación de inmuebles, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, con una asignación de 113,4 millones de euros; y una tercera destinada al programa de ayuda para reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda, que también estará dotada con 113,4 millones de euros.

El convenio es el instrumento jurídico que establece el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. De este modo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado hoy a la vicepresidenta segunda para que, en coherencia con sus competencias, sea la responsable de firmar dicho convenio

Las organizaciones que han impulsado la huelga general del 11 de noviembre confían en “la respuesta de la gente” en Cantabria y obtener el “máximo seguimiento posible” para una jornada en la que reivindicarán el acceso a una vivienda “digna”, salarios, pensiones y prestaciones acordes al coste de la vida y “unos precios que permitan que vivir con dignidad”.

Ese día también se ha convocado una manifestación que partirá de Cuatro Caminos a las 19.00 horas y concluirá en la Plaza Porticada

El Sindicato de Vivienda de Cantabria, la Acampada por la Vivienda, CCOO, UGT, CGT, CNT, el Sindicato de Estudiantes y la Intersindical Cántabra -integrada por STEC, SUC y Sindicato Ferroviario- son la cabeza visible de la convocatoria, que cuenta también con el apoyo de otras organizaciones y colectivos sociales de la región.

Los convocantes han presentado este jueves a la prensa un documento con sus reivindicaciones, en el que se señala que “la crisis habitacional y la precariedad laboral son las dos caras de la misma miseria, que exige respuestas que permitan garantizar unas condiciones de vida digna”.

Los portavoces de las entidades que apoyan la huelga, Mio Campo -de la Acampada por la Vivienda- y Marcos Gómez -del Sindicato de Vivienda-, han leído el escrito, en el que también se apunta al “modelo turístico masivo y una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico para engordar su patrimonio a costa de los salarios” como causantes de “la destrucción de la vida comunitaria”.

Alquiler duplicado en 10 años

“En Cantabria, la crisis de la vivienda nos ahoga, con un mercado tensionado por 6.536 pisos turísticos en 99 de los 102 municipios y cerca de 50.000 casas vacías; el precio ha subido un 46,5% desde 2022 y el alquiler casi se ha duplicado (98% en diez años), mientras la mitad de la VPO ha pasado al mercado libre”, recoge el documento.

Al respecto, los convocantes manifiestan que no van a “tolerar que un hogar sea un negocio” y exigen que una ley autonómica que garantice la vivienda como derecho, la declaración de zonas tensionadas, la reducción del precio del alquiler y la limitación del alquiler a contratos indefinidos.

También reclaman la prohibición de desahucios siempre que no exista una alternativa habitacional, la paralización de las viviendas de uso turístico -fijando un tope máximo por municipio-, la expropiación a los fondos buitre y la creación de un parque de vivienda pública.

A su juicio, cuentan con “el poder colectivo de parar la maquinaria y tomar las calles para defender y conquistar nuestros derechos”, como señala el escrito.

Por otro lado, han anunciado que, hasta el 11 de noviembre, se llevarán a cabo mesas informativas, asambleas abiertas y actividades en barrios y pueblos para informar sobre la convocatoria en diferentes localidades de Cantabria. Igualmente, han organizado cenas populares en las plazas de distintos municipios “para recuperar el espacio público”.

La compraventa de viviendas en Canarias ha caído un 3,3% en agosto en relación al mismo mes de 2025, hasta las 1.408 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se incrementó un 17,7%, hasta las 2.497 euros, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

En el conjunto nacional, la compraventa de viviendas descendió un 9,8% interanual en agosto, hasta las 34.599 operaciones, con lo que encadenó ocho meses consecutivos de caídas, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 12,8%, hasta los 1.959 euros.

Desde agosto de 2023, el precio medio del metro cuadrado mantiene una evolución interanual positiva de forma continuada, de acuerdo con los datos del Notariado, que reflejan una reducción de las operaciones de compraventa en un contexto de encarecimiento de la vivienda.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos disminuyeron un 11,1% interanual en agosto, hasta las 24.702 operaciones, mientras que las de viviendas unifamiliares descendieron un 6,3%, hasta las 9.896 operaciones.

En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se encareció un 17,6% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.361 euros. Por su parte, el precio medio de las viviendas unifamiliares se situó en 1.408 euros por metro cuadrado, un 6,5% más que en agosto de 2025.

DESCENSO DE LAS COMPRAVENTAS EN 16 COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la compraventa de viviendas disminuyó en 16 regiones y únicamente aumentó en Cantabria, donde registró un avance interanual del 0,8%.

Los mayores retrocesos se produjeron en Navarra, con una caída del 18,8%; Baleares, con un 17,8%, y Aragón, con un 16%.

También se registraron descensos superiores a la media nacional, del 9,8%, en la Comunidad Valenciana (-14%), País Vasco (-13,6%), Castilla-La Mancha (-12,6%), Murcia (-11,4%), Asturias (-11,2%), Comunidad de Madrid (-11%) y La Rioja (-10,8%).

En el resto de las comunidades autónomas, las caídas fueron más moderadas. Así, las compraventas descendieron un 9,3% en Castilla y León, un 8,1% en Andalucía, un 7,3% en Galicia, un 6,2% en Cataluña, un 4,3% en Extremadura y un 3,3% en Canarias.

EL PRECIO SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por su parte, el precio medio de la vivienda aumentó un 12,8% interanual en España. El encarecimiento se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente se registraron descensos en Navarra y Baleares.

Los mayores incrementos se produjeron en Asturias y Cantabria, ambas con un avance del 23,6%, seguidas de Murcia, donde el precio aumentó un 20,6%.

También se registraron subidas de dos dígitos en la Comunidad Valenciana, con un 18,2%; Canarias, con un 17,7%; Castilla y León, con un 17,5%; Comunidad de Madrid, con un 17,2%; Castilla-La Mancha, con un 12,2%; La Rioja, con un 11,9%; País Vasco, con un 10,7%; Andalucía, con un 10,5%; Aragón, con un 10,3%, y Cataluña, con un 10%.

En cambio, el precio medio de la vivienda descendió un 7% en Navarra y un 4,9% en Baleares.

LA SUPERFICIE MEDIA DE LA VIVIENDA SE REDUCE UN 3,3%

En cuanto al tamaño de los inmuebles, la superficie media de la vivienda en España disminuyó un 3,3% interanual en agosto. La tendencia descendente se extendió a 15 comunidades autónomas, mientras que únicamente Navarra y Cantabria registraron incrementos.

Por tipo de vivienda, destacó la evolución de los pisos, cuya superficie media se redujo un 6,6% interanual. Además, este segmento acumula cuatro meses consecutivos con caídas superiores al 5%.

Por comunidades autónomas, los mayores descensos de la superficie media se registraron en Asturias, con un 9,8%; País Vasco, con un 8%; y Murcia, con un 7,7%.

También disminuyó en la Comunidad de Madrid (-6,4%), La Rioja (-6%), Baleares (-3,6%), Castilla-La Mancha (-3,5%), Canarias (-3,5%), Extremadura (-3%), Castilla y León (-2,6%), Comunidad Valenciana (-2,4%), Andalucía (-2,3%), Aragón (-1,3%), Cataluña (-1,1%) y Galicia (-0,1%).

Por el contrario, la superficie media de las viviendas aumentó un 4,5% en Navarra y un 3,5% en Cantabria.

Los préstamos caen un 5,6%

En paralelo, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron un 5,6% interanual en agosto, hasta las 19.875 operaciones.

No obstante, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 1,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 164.978 euros.

El 57,4% de las compraventas de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario. En estas operaciones, el importe del préstamo representó, de media, el 73,2% del precio del inmueble.

Por comunidades autónomas, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyeron en 14 regiones. Los mayores retrocesos se registraron en Cantabria, con una caída del 19,9%; Baleares, con un 13,1%; Aragón, con un 11,4%; Castilla-La Mancha, con un 11,3%; Comunidad de Madrid y La Rioja, ambas con un 10,7%; Castilla y León, con un 9,6%, y Navarra, con un 9,4%.

También descendieron en Cataluña (-6%), Galicia (-5,6%), Asturias (-3,6%), Extremadura (-2,7%), Andalucía (-2,5%) y Comunidad Valenciana (-2,3%).

En cambio, el número de préstamos hipotecarios aumentó en Murcia, un 5%; Canarias, un 2,4%, y País Vasco, un 1,3%.

Respecto a la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios, la evolución fue mayoritariamente alcista, con incrementos en once comunidades autónomas y descensos en las seis restantes.

Los mayores avances se produjeron en Galicia, donde el importe medio aumentó un 9%, y Canarias, con un 8,3%. Por el contrario, las mayores caídas se registraron en Aragón, con un 8,9%, y Asturias, con un 5%.

El Centro de Información Estadística del Notariado precisa que los datos correspondientes a los últimos tres meses de las series son provisionales, hasta disponer del 100% de la información necesaria para elaborar estos informes.

Eivissa és un dels territoris on la crisi de l’habitatge colpeja amb més duresa. Un territori de poc més de 572 quilòmetres quadrats que cada estiu rep milions de turistes necessita no tan sols garantir un habitatge digne a les persones que resideixen tot l’any a l’illa, sinó també als treballadors del sector turístic que s’hi desplacen entre els mesos d’abril i octubre. Tanmateix, durant l’última dècada, la crisi residencial s’ha agreujat a causa de l’augment tant dels preus de compravenda com dels lloguers.

El Consell Insular –les competències en matèria d’habitatge corresponen a la comunitat autònoma– té previst aprovar el març de 2027 el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), que inclourà una iniciativa que permetria allotjar temporalment fins a 30.000 treballadors procedents de fora de l’illa. Mariano Juan, vicepresident primer i conseller insular de Territori i Ordenació Turística, explica que la proposta planteja situar aquests allotjaments en zones turístiques i a prop dels principals centres de treball. “Es tracta de diferenciar necessitats diverses. Els treballadors de temporada necessiten un allotjament digne durant uns mesos, mentre que els residents necessiten habitatges disponibles durant tot l’any. La planificació territorial ha de poder donar una resposta específica a cadascuna d’aquestes realitats”, afirma Juan.

D’aquesta manera, es busca “facilitar una solució residencial temporal adequada, reduir desplaçaments innecessaris i evitar que els treballadors de temporada i les empreses competeixin pels mateixos habitatges destinats a cobrir les necessitats permanents dels residents”. El vicepresident primer també ha assenyalat que disposar de solucions d’allotjament temporal a prop dels centres de treball pot facilitar l’estabilitat de les plantilles i la incorporació dels professionals que necessiten les empreses de l’illa.

Es tracta de diferenciar necessitats diverses. Els treballadors de temporada necessiten un allotjament digne durant uns mesos, mentre que els residents necessiten habitatges disponibles durant tot l’any

Mariano Juan — Vicepresident primer i conseller insular de Territori i Ordenació Turística

Una iniciativa privada

La iniciativa haurà de partir de les empreses privades. És a dir, el projecte es podrà desenvolupar en sòls urbans privats i també es finançarà amb capital privat. La tipologia dependrà del que permetin les ordenances municipals de cada ajuntament. “El PIAT no entra en la tipologia constructiva. Només permet aquest ús provisional”, assenyala el Consell Insular, en resposta a la pregunta de si es permetrà habilitar estructures prefabricades i modulars o edificis de construcció convencional.

La proposta ha estat ben rebuda per les patronals consultades, tot i que la Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB) considera que els seus efectes seran “limitats” i la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) creu que l’objectiu de 30.000 places d’allotjament és “excessivament optimista”

La mesura de fons ja s’havia debatut anteriorment en les taules de diàleg social entre patronals i sindicats. Aquests últims reconeixen que la iniciativa podria contribuir a alleujar la crisi de l’habitatge, però posen el focus en les condicions en què viurien els treballadors i en el risc que l’accés a un habitatge depengui del fet de mantenir la feina.

“L’exemple més clar que ens posaven era el d’aquell hotel que té al voltant una àmplia disponibilitat d’espai –on no es pot construir– i on es podrien habilitar aquest tipus de residències”, explica Alfonso Rojo, president de la PIMEEF. “Amb la normativa actual no està permès, però es pot modificar perquè es tracta de mesures excepcionals”, indica.

L’exemple més clar que ens posaven era el d’aquell hotel que té al voltant una àmplia disponibilitat d’espai –on no es pot construir– i on es podrien habilitar aquest tipus de residències. Amb la normativa actual no està permès, però es pot modificar perquè es tracta de mesures excepcionals

Alfonso Rojo — President de PIMEEF

El portaveu dels petits i mitjans empresaris pitiüsos considera “excessivament optimista” pensar que es podrien assolir les 30.000 places, perquè hi ha “molts condicionants”. Entre aquests, que les empreses disposin de terrenys on poder habilitar-les, una condició que només està a l’abast de molt poques. “Benvingudes siguin, però són molt poques les empreses que disposen de terrenys”, assegura. Aquesta limitació, a més, deixa moltes empreses fora, ja que els ajuntaments no posaran sòl municipal a disposició d’aquesta iniciativa. Malgrat tot, Rojo valora positivament que les empreses que tinguin aquesta opció “ara vegin una porta oberta”.

“És una solució tècnicament viable si es modifiquen les normatives de planificació urbana i territorial”, explica José Antonio Roselló, vicepresident de la CAEB a Eivissa i Formentera. Roselló considera que es tracta de terrenys, normalment propietat dels hotels, que no s’utilitzen i que, si se’n modifica la classificació urbanística, podrien destinar-se “a aquest ús residencial per als treballadors”. “Tampoc no és la panacea; crec que serà una mesura amb efectes molt limitats, perquè tampoc no hi ha tants terrenys disponibles”. “Però, si tenim en compte que molts pocs poden acabar fent molt, pot ser una mesura útil”, considera.

Les patronals hi veuen limitacions

Per la seva banda, el president dels petits i mitjans empresaris afirma que la mesura tindrà un impacte molt limitat per als associats de la patronal. “Una de les nostres reivindicacions és la manca de sòl industrial. No tenim ni tan sols terrenys per desenvolupar la nostra activitat al nivell i amb les dimensions que necessitem. Seran mesures a les quals es podrà acollir un sector molt concret i reduït, però benvingudes siguin”, insisteix Rojo. En aquest sentit, valora que cada allotjament temporal que s’habiliti deixarà un habitatge lliure per a la resta de la població.

“Nosaltres sempre hem defensat que els nostres empleats estiguin allotjats de la millor manera possible. Aquesta opció és molt millor: que els treballadors puguin disposar d’allotjaments dignes, que no siguin expulsats ni hagin de subarrendar qualsevol mena d’habitació a algun pirata”, sosté. José Antonio Roselló, vicepresident de la CAEB, coincideix que la iniciativa pot ser útil, tot i que també dubta que assoleixi la dimensió anunciada. “Sens dubte, és una mesura que pot alleujar el problema, però, per la seva pròpia naturalesa, els seus efectes són limitats. És evident que, per si sola, no resoldrà el problema estructural”, valora Roselló.

Sens dubte, és una mesura que pot alleujar el problema, però, per la seva pròpia naturalesa, els seus efectes són limitats. És evident que, per si sola, no resoldrà el problema estructural

José Antonio Roselló — Vicepresident de CAEB

Sonia Iglesias, portaveu del Sindicat de Llogateres d’Eivissa, considera que “augmentar l’oferta d’allotjament pot ajudar, però no garanteix per si sol una baixada dels preus”. Per això, defensa que aquesta mesura s’ha d’acompanyar d’altres actuacions: una reducció del 50% dels lloguers, l’ampliació del parc d’habitatge públic i social, la regulació dels preus dels lloguers, la lluita contra l’especulació i la limitació de l’ús turístic dels habitatges residencials.

La portaveu insisteix que qualsevol model d’allotjament per als treballadors de temporada ha de garantir unes condicions dignes i preus assequibles, sense perjudicar l’accés a l’habitatge de les persones que resideixen a l’illa durant tot l’any. “Cal garantir que l’habitatge sigui un dret accessible i no un negoci a costa de les persones que vivim i treballem a Eivissa”, sosté. En aquest sentit, defensa que les solucions adreçades als treballadors temporals no han d’agreujar les dificultats d’accés a l’habitatge de la població resident.

La secretària general de CCOO a Eivissa i Formentera, Consuelo López, explica que hi ha dues versions de la proposta. “D’una banda, hi ha els mòduls prefabricats, una solució que podríem acceptar, sempre que es garanteixin les condicions en què viuran els treballadors. De l’altra, s’ha parlat d’aixecar residències de maó per a treballadors, una mena d’edificis tipus rusc. Això no ho veiem de cap manera”, adverteix. El motiu és que, si es construeixen residències permanents per als treballadors, l’empresari tindria “tot el poder sobre la vida de les persones que hi viuen”, segons López.

D’una banda, hi ha els mòduls prefabricats, una solució que podríem acceptar, sempre que es garanteixin les condicions en què viuran els treballadors. De l’altra, s’ha parlat d’aixecar residències de maó per a treballadors, una mena d’edificis tipus rusc. Això no ho veiem de cap manera

Consuelo López — Secretària general de CCOO a Eivissa i Formentera

Segons la portaveu sindical, és una situació que ja es dona en alguns hotels de l’illa. “L’empresari et dona allotjament, però tu has de fer el que et digui: pel que fa a les hores de feina, els dies lliures i moltes altres qüestions que has d’acceptar perquè t’està donant un habitatge. Moltes vegades, a més, són exigències que ni tan sols són legals”, afirma.

I posa exemples concrets: treballadors que emmalalteixen, agafen la baixa i, al cap de dos dies, els responsables de l’hotel “ja els diuen que han de deixar l’habitació”.

“Si t’acomiaden, evidentment, també has de marxar. L’habitatge es converteix així en una arma llancívola, perquè, perquè et donin allotjament, moltes vegades has d’acceptar condicions que no hauries d’acceptar”, afegeix López. “Abans, quan veníem a Eivissa a treballar de temporada i llogàvem un pis, aquell habitatge era casa nostra. Hi podia venir la teva família de vacances, podies celebrar-hi un aniversari i fer vida amb normalitat. Als allotjaments que hi ha avui dia en alguns hotels no pots fer això”, lamenta la portaveu sindical.

A parer seu, el fet que l’empresari faciliti un habitatge als treballadors es pot convertir, alhora, en un problema per als empleats, que afecta tant la seva llibertat com les seves condicions laborals. “Els mòduls residencials no ens semblen malament, perquè es poden muntar i desmuntar. Ara bé, cal veure en quines condicions s’habiliten”, apunta. En aquest sentit, assenyala que, si s’opta per aquesta solució, hi ha d’haver “un contracte” i el lloguer no ha de representar més d’un terç del salari del treballador. A més, si s’ofereix una solució modular als empleats, aquesta s’ha de considerar casa seva.

D’altra banda, la portaveu sindical es pregunta què passaria si el treballador deixés l’empresa. “El problema és que les persones que perden l’habitatge marxen de l’illa. Perdre la feina és que t’expulsin de l’illa. Això és el que volem evitar”, opina López. Per a ella, al capdavall, es tracta d’“un pedaç per a unes poques temporades”. “Si es fa mitjançant mòduls, haurien de ser una solució per a molt poques temporades, perquè no deixa de ser un altre pedaç dels molts que es posen damunt la taula mentre s’intenta resoldre el problema de l’habitatge a l’illa”, valora.

Declarar l'illa zona tensionada

Pel que fa a les mesures estructurals, López reclama que es declari l’illa zona de mercat residencial tensionat i que s’estableixin límits als lloguers. “No entenc per què no es fa. Bé, sí que ho entenc: aquí tot és una qüestió ideològica”, sosté. A més, considera que la manca de mesures està agreujant la crisi de l’habitatge. “Estem fent malbé l’illa per qüestions ideològiques”, afirma.

La dirigent sindical també posa el focus en els habitatges buits i defensa que surtin al mercat de lloguer. Tot i insistir que cal garantir la protecció legal dels propietaris, qüestiona que la por a l’ocupació s’utilitzi com a argument per mantenir els pisos tancats. “Hem vist guàrdies civils, policies i funcionaris públics de diferents àmbits dormint als seus cotxes. De debò que un propietari no pot llogar un habitatge a uns mestres o a uns guàrdies civils? També els ocuparan la casa i els la destrossaran?”, planteja. A parer seu, falta voluntat per mobilitzar aquests habitatges.

A més, defensa la renovació automàtica dels contractes de lloguer per als llogaters que compleixen les seves obligacions, una de les reivindicacions del Sindicat de Llogateres a la qual s’han sumat CCOO i UGT. “Si tens uns llogaters que et paguen i assumeixen totes les despeses, arriba el final del contracte i els fas fora al carrer. Que aquest propietari expliqui per què i per a què”, assenyala López.

La secretària general de CCOO considera que, en molts casos, darrere de la finalització dels contractes hi ha la intenció d’apujar el preu del lloguer. “Si tens uns llogaters que paguen i no et donen problemes, per què els has de fer fora? La resposta, en molts casos, és que el propietari vol guanyar més diners perquè als nous llogaters els apujarà molt el lloguer”, sosté.

L'habitatge és un dret, no un negoci. Viure i treballar a Eivissa no hauria de ser un luxe. Ningú no hauria de haver de marxar de ca seva per no poder pagar un lloguer

Sonia Iglesias — Portaveu del Sindicat de Llogateres d'Eivissa

Segons López, aquesta situació obliga els llogaters a assumir augments que no poden pagar o a abandonar casa seva. “Els diu que se’ls acaba el contracte i que han de pagar molts euros més, o bé que se’n vagin al carrer. I, com que no ho poden pagar, marxen i hi entra una altra persona que paga més”. La dirigent sindical atribueix aquestes pràctiques a “la pura avarícia i l’especulació”.

“L’habitatge és un dret, no un negoci. Viure i treballar a Eivissa no hauria de ser un luxe”, reivindica, en la mateixa línia, Iglesias, que reclama mesures que permetin a la població continuar vivint a l’illa. “Ningú no hauria d’haver de marxar de casa seva perquè no pot pagar un lloguer”, conclou.

La planificación urbana y las políticas de suelo como herramientas para incrementar la oferta de vivienda; políticas orientadas a generar vivienda pública y asequible; la innovación como herramienta para incrementar la producción de vivienda, y la rehabilitación para mejorar el parque residencial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Estas son las cinco grandes temáticas de HOWS Barcelona, la Cumbre Internacional de la Vivienda Urbana Asequible, que los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre acogerá en Barcelona a más de 100 especialistas y alcaldes internacionales para abordar la asequibilidad, el suelo público y el derecho al barrio.

El acceso a un hogar digno es uno de los problemas más complejos de la agenda pública actual. Las grandes ciudades sufren una creciente presión demográfica combinada con el encarecimiento inmobiliario, la escasez de oferta asequible y la especulación financiera. Según estimaciones de Naciones Unidas a través de UN-Habitat, más de 300 millones de personas carecen de techo en el planeta, mientras 3.000 millones viven en inmuebles inadecuados. Esta realidad compromete la cohesión social y altera el equilibrio de los núcleos urbanos, por lo que la vivienda trasciende la categoría de bien de consumo y asume la condición de infraestructura social crítica.

En este contexto de emergencia global, la primera edición de HOWS Barcelona, que se celebrará en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, dentro del congreso Smart City Expo World Congress, reunirá a representantes gubernamentales, responsables municipales, promotores públicos y privados, entidades del tercer sector e investigadores académicos. El objetivo del evento será establecer soluciones estructurales que garanticen el acceso a una residencia digna y frenen la expulsión vecinal. 

Compartir experiencias para buscar soluciones

El marco regulatorio europeo para la promoción de barrios inclusivos será uno de los temas que abordarán especialistas como Manuel B. Aalbers, profesor de Geografía Humana en la Universidad Católica de Leuven; Guido Schwarzendahl, presidente de Cooperative Housing International y director general de Bauverein Halle & Leuna eG; Julie Schneider, directora del departamento de Vivienda y Revitalización de Detroit; Eamon Ryan, presidente del Consejo Asesor de Vivienda de la Comisión Europea y exministro irlandés de Medio Ambiente, Clima y Comunicaciones, y Christine Lemaitre, directora ejecutiva del Consejo Alemán de Construcción Sostenible.

La solvencia técnica del encuentro estará en manos de ponentes como Anacláudia Rossbach, economista y directora general de UN-Habitat, y Anna Minton, periodista e investigadora británica que ha analizado los riesgos de la privatización del espacio urbano y la mercantilización del suelo residencial en las metrópolis europeas. Una tercera 'ana', la exalcaldesa de París y ahora embajadora del Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía, Anne Hidalgo, detallará los modelos de financiación climática que posibilitan la edificación pública verde, así como una vivienda asequible y sostenible.

La política municipal también estará presente en el congreso a través de la Housing Mayor’s Roundtable, una mesa redonda de Alcaldes en la que regidores internacionales expondrán sus estrategias frente a la crisis residencial global. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encabezará el debate junto a otros mandatarios consistoriales como Giuseppe Sala, responsable de Milán, Haris Doukas, al frente de la ciudad de Atenas, Daryl Barron, alcalde de Dublín, o Claudio Orrego, gobernador del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile. Bajo la idea del derecho a permanecer en el barrio, los gobernantes analizarán instrumentos normativos para regular el alquiler, ampliar el suelo público y mitigar la expulsión vecinal. 

Por su parte la Housing Mayor’s Meeting, una reunión de alcaldes sobre vivienda será una sesión de trabajo a puerta cerrada que reunirá alcaldes y altos responsables de vivienda de ciudades de todo el mundo. Un encuentro centrado en dos retos que configuran la vida urbana: abordar la crisis de la vivienda protegiendo la asequibilidad y el derecho a permanecer en la ciudad, y debatir cómo las ciudades pueden tomar decisiones propias y reducir la dependencia de terceros países en sectores clave para defender sus intereses ante los retos tecnológicos actuales.

Entre los actos más políticos también sobresale la conferencia de André Dickens, alcalde de Atlanta, que expondrá cómo su gobierno afronta la situación de la vivienda en la capital del estado norteamericano de Georgia.

Finalmente, HOWS Barcelona también integrará en su programa el Foro de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (FHAR), que se había organizado durante cuatro ediciones de forma independiente. La cita permitirá profundizar en temas clave como el aumento de la oferta pública, la rehabilitación del parque de vivienda público y privado, o la regulación del mercado.

Eivissa es uno de los territorios en los que la crisis de vivienda golpea con más severidad. Un territorio de escasos 572 kilómetros cuadrados que cada verano recibe a millones de turistas necesita no solamente dotar de una vivienda digna a quienes residen todo el año en la isla, sino también a los trabajadores del sector turístico que se desplazan a ella entre los meses de abril y octubre. Sin embargo, en la última década la crisis residencial se ha acentuado debido al aumento tanto de los precios de compraventa como de alquiler.

El Consell Insular –las competencias en vivienda son de la comunidad autónoma– tiene previsto aprobar en marzo de 2027 el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) que incluirá una iniciativa que permitiría alojar temporalmente hasta 30.000 trabajadores procedentes de fuera de la isla. Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Territorio y Ordenación Turística, explica que la propuesta plantea que estos alojamientos se ubiquen en zonas turísticas y cerca de los principales centros de trabajo. “Se trata de diferenciar necesidades distintas. Los trabajadores de temporada necesitan un alojamiento digno durante unos meses, mientras que los residentes necesitan viviendas disponibles durante todo el año. La planificación territorial debe poder dar una respuesta específica a cada una de estas realidades”, afirma Juan.

De esta manera, se busca “facilitar una solución residencial temporal adecuada, reducir desplazamientos innecesarios y evitar que los trabajadores de temporada y las empresas compitan por las mismas viviendas destinadas a cubrir las necesidades permanentes de los residentes”. El vicepresidente primero también ha señalado que disponer de soluciones de alojamiento temporal próximas a los centros de trabajo puede facilitar la estabilidad de las plantillas y la incorporación de los profesionales que necesitan las empresas de la isla.

Se trata de diferenciar necesidades distintas. Los trabajadores de temporada necesitan un alojamiento digno durante unos meses, mientras que los residentes necesitan viviendas disponibles durante todo el año

Mariano Juan — Vicepresidente primero y conseller insular de Territorio y Ordenación Turística

Una iniciativa privada

La iniciativa deberá partir de las empresas privadas. Es decir, el proyecto se podrá desarrollar en suelos urbanos privados y la financiación será privada también. La tipología dependerá de lo que permitan las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. “El PIAT no se mete en la tipología constructiva. Solo permite ese uso provisional”, señala el Consell Insular, sobre si permitirá la habilitación de estructuras prefabricadas y modulares o de edificios de construcción clásica.

La propuesta ha sido bien recibida por las patronales consultadas, aunque la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) cree que sus efectos serán “limitados” y la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) que el objetivo de los 30.000 alojamientos es “excesivamente optimista”. La medida de fondo había sido debatida anteriormente en las mesas de diálogo social entre patronales y sindicatos. Estos últimos reconocen que la medida podría contribuir a aliviar la crisis de vivienda, pero ponen el foco en las condiciones en las que vivirían los trabajadores y en el riesgo de que su acceso a una vivienda dependa de mantener su trabajo.

“El ejemplo más claro que se nos ponía es ese hotel que a su alrededor tiene una amplia disponibilidad de espacio –en el que no se puede construir– donde se podrían habilitar ese tipo de residencias”, explica Alfonso Rojo, presidente de PIMEEF. “Con la normativa actual no se permite, pero se puede modificar al ser medidas excepcionales”, indica.

El ejemplo más claro que se nos ponía es ese hotel que a su alrededor tiene una amplia disponibilidad de espacio –en el que no se puede construir– donde se podrían habilitar ese tipo de residencias. Con la normativa actual no se permite, pero se puede modificar al ser medidas excepcionales

Alfonso Rojo — Presidente de PIMEEF

El portavoz de los pequeños y medianos empresarios pitiusos cree que es “excesivamente optimista” pensar que se podrían alcanzar las 30.000 plazas porque hay “muchos condicionantes”. Entre ellos, que las empresas dispongan de terreno para poder habilitarlas, una condición que está al alcance de muy pocas. “Bienvenidas serían, pero son muy contadas las empresas que disponen de territorio”, asegura. Esta limitación, además, deja a muchas empresas fuera, ya que los ayuntamientos no podrán a disposición suelo municipal para esta iniciativa. Pese a todo, Rojo valora positivamente que quienes tengan esa opción “ahora vean una ventana abierta”.

“Es una solución técnicamente viable si se modifican las normativas de planificación urbana y territorial”, explica José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB en Eivissa y Formentera. Roselló cree que son terrenos, normalmente propiedad de los hoteles, que no se están utilizando y que si se reclasifican podrían tener “este uso residencial para trabajadores”. “Tampoco es la panacea, creo que será una medida con efectos muy limitados, ya que tampoco hay tanto terreno disponible”. “Pero, si consideramos que muchos pocos hacen mucho, puede ser una medida útil”, considera.

Las patronales ven límites

El presidente de los pequeños y medianos empresarios, por su lado, afirma que la medida tendrá un impacto muy limitado para los asociados de la patronal. “Una de nuestras reclamaciones es la carencia de suelo industrial”. “No tenemos ni siquiera suelo para desarrollar nuestra actividad a los niveles y tamaño que necesitamos”. “Van a ser medidas a las que un sector muy concreto y pequeño se podrá acoger, pero bienvenidas sean”, insiste Rojo. En este sentido, valora que cada alojamiento temporal que se habilite dejará libre vivienda para el resto de la población.

“Nosotros siempre hemos puesto en valor que tengamos a nuestros empleados de la mejor forma posible alojada”. “Esta opción es mucho mejor, que los trabajadores puedan tener alojamientos dignos, que no sean expulsados o tengan que estar subarrendando cualquier tipo de habitación a algún pirata”, sostiene. José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB, coincide en que la iniciativa puede resultar útil, aunque también duda que alcance la dimensión anunciada. “Desde luego, es una medida que puede aliviar el problema, pero, por su propia naturaleza, es limitada en sus efectos”. “Por descontado, por sí misma no resolverá el problema estructural”, valora Roselló.

Desde luego, es una medida que puede aliviar el problema, pero, por su propia naturaleza, es limitada en sus efectos. Por descontado, por sí misma no resolverá el problema estructural

José Antonio Roselló — Vicepresidente de CAEB

Sonia Iglesias, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Eivissa, cree que “aumentar la oferta de alojamiento puede ayudar, pero no garantiza por sí solo una bajada de los precios”. Así, considera que esta medida debe ir acompañada de otras: una bajada del 50% de los alquileres, ampliar el parque de vivienda pública y social, regular los precios del alquiler, combatir la especulación y limitar el uso turístico de viviendas residenciales.

La portavoz insiste en que cualquier modelo de alojamiento para trabajadores de temporada debe garantizar unas condiciones dignas y precios asequibles, sin perjudicar el acceso a la vivienda de quienes residen en la isla durante todo el año. “Hay que garantizar que la vivienda sea un derecho accesible y no un negocio a costa de quienes vivimos y trabajamos en Ibiza”, sostiene. En este sentido, defiende que las soluciones dirigidas a los trabajadores temporales no deben agravar las dificultades de acceso a la vivienda de la población residente.

La secretaria general de CCOO en Eivissa y Formentera, Consuelo López, explica que existen dos versiones de la propuesta. “Por un lado, están los módulos prefabricados, una solución que podríamos aceptar, siempre que se garantice en qué condiciones van a vivir los trabajadores. Por otro, se ha hablado de levantar residencias de ladrillo para trabajadores, una especie de edificios tipo colmena. Eso no lo vemos de ninguna de las maneras”, advierte. La razón es que si se construyen residencias permanentes de trabajadores el empresario tendría “todo el poder sobre la vida de quienes viven allí”, según López.

Por un lado, están los módulos prefabricados, una solución que podríamos aceptar, siempre que se garantice en qué condiciones van a vivir los trabajadores. Por otro, se ha hablado de levantar residencias de ladrillo para trabajadores, una especie de edificios tipo colmena. Eso no lo vemos de ninguna de las maneras

Consuelo López — Secretaria general de CCOO en Eivissa y Formentera

Es algo que, a juicio de la portavoz sindical, ya ocurre en algunos hoteles de la isla. “El empresario te da alojamiento, pero tú tienes que hacer lo que diga: con las horas de trabajo, los días libres y muchas otras cuestiones con las que tienes que tragar porque te está dando una vivienda. Muchas veces, además, son exigencias que ni siquiera son legales”, afirma. Y pone ejemplos concretos: trabajadores que se ponen enfermos, cogen la baja, y a los dos días, los gestores del hotel “ya te están diciendo que tienes que dejar la habitación”. 

“Si te despiden, evidentemente también tienes que marcharte”. “La vivienda se convierte así en un arma arrojadiza, porque para que te den alojamiento muchas veces tienes que aceptar condiciones que no deberías aceptar”, añade López. “Cuando antes veníamos a Ibiza a trabajar de temporada y alquilábamos un piso, esa vivienda era nuestra casa. Podía venir tu familia de vacaciones, podías celebrar un cumpleaños y hacer tu vida con normalidad. En los alojamientos que hay hoy en día en algunos hoteles no puedes hacer eso”, lamenta la portavoz sindical.

A su juicio, que el empresario facilite vivienda a los trabajadores se puede convertir, al mismo tiempo, en un problema para los empleados que afecta a su libertad, así como a sus condiciones laborales. “Los módulos habitacionales no nos parecen mal porque se pueden montar y desmontar. Ahora bien, hay que ver en qué condiciones se habilitan”, apunta. En este sentido, señala que si se opta por esta solución debe haber “un contrato” y que el alquiler no suponga más de un tercio del salario del trabajador. Además, si ofrecen una solución modular a los empleados, esta se debe considerar su casa.

Por otro lado, la portavoz sindical se pregunta qué pasaría si el trabajador deja la empresa. “El problema es que las personas que pierden su vivienda se marchan de la isla. Perder el trabajo es expulsarte de la isla. Eso es lo que queremos evitar”, opina. Para López, al final, se trata de “un parche, para unas pocas temporadas”. “Si se hace mediante módulos, tendrían que ser una solución para muy pocas temporadas, porque no deja de ser otro parche más de los muchos que se ponen encima de la mesa mientras se intenta resolver el problema de la vivienda en la isla”, valora.

Declarar la isla zona tensionada

En cuanto a las medidas estructurales, López reclama declarar la isla zona de mercado residencial tensionado y establecer límites a los alquileres. “No entiendo por qué no se hace. Bueno, sí lo entiendo: aquí todo es una cuestión ideológica”, sostiene. Además, considera que la falta de medidas está agravando la crisis de vivienda. “Estamos echando a perder la isla por cuestiones ideológicas”, afirma.

La dirigente sindical también pone el foco en las viviendas vacías y defiende que salgan al mercado del alquiler. Aunque insiste en que debe garantizarse la protección legal de los propietarios, cuestiona que el temor a la ocupación se utilice como argumento para mantener los pisos cerrados. “Hemos visto a guardias civiles, policías y funcionarios públicos de distintos ámbitos durmiendo en sus coches. ¿De verdad un propietario no puede alquilarle una vivienda a unos maestros o a unos guardias civiles? ¿También van a ocuparles la casa y destrozársela?”, plantea. A su juicio, existe una falta de voluntad para movilizar esas viviendas.

Además, defiende la renovación automática de los contratos de alquiler para los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, una de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas a la que se ha sumado CCOO y UGT. “Si tienes unos inquilinos que te están pagando y que asumen todos los gastos, llega el final del contrato y los echas a la calle. Que ese propietario explique por qué y para qué”, señala López.

La secretaria general de CCOO considera que, en muchos casos, detrás de la finalización de los contratos está la intención de subir el precio del alquiler. “Si tienes unos inquilinos que pagan y no te dan problemas, ¿por qué tienes que echarlos? La respuesta, en muchos casos, es que el propietario quiere ganar más dinero porque a los siguientes inquilinos les va a subir mucho el alquiler”, sostiene.

La vivienda es un derecho, no un negocio. Vivir y trabajar en Ibiza no debería ser un lujo. Nadie debería tener que marcharse de su hogar por no poder pagar un alquiler

Sonia Iglesias — Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Eivissa

Según López, esta situación obliga a los inquilinos a asumir incrementos que no pueden pagar o a abandonar sus casas. “Le dice que se le acaba el contrato y que tiene que pagar muchos euros más, o se va a la calle. Y, como no puede pagarlos, se marcha y entra otra persona pagando más”. La dirigente sindical atribuye estas prácticas a “pura avaricia y especulación”.

“La vivienda es un derecho, no un negocio. Vivir y trabajar en Ibiza no debería ser un lujo”, reivindica, en la misma línea, Iglesias, que reclama medidas que permitan a la población permanecer en la isla. “Nadie debería tener que marcharse de su hogar por no poder pagar un alquiler”, concluye.

El acto de campaña que ha protagonizado este miércoles en Santander el líder de Vox, Santiago Abascal, ha derivado en un cordón policial de la acampada por la vivienda que se sitúa desde hace cerca de un mes en la Plaza Porticada de la capital de Cantabria. La Policía Nacional ha rodeado este céntrico espacio público, donde se ubican cerca de treinta tiendas de campaña, durante el mitin que el dirigente de extrema derecha ha protagonizado a tan solo unos metros de distancia, junto a la grúa de piedra ubicada en el frente marítimo de la ciudad.

Según la Delegación del Gobierno en Cantabria, la fuerte presencia policial -con varios furgones y más de una docena de efectivos- se justifica porque había convocada una concentración antifascista en la propia plaza por la presencia de Abascal en la ciudad.

La organización de la acampada por una vivienda digna ha evitado pronunciarse sobre la situación, pero los testimonios particulares de las personas que les acompañan sí han denunciado que se les ha impedido abandonar la plaza, hasta que las fuerzas del orden público se han retirado tras finalizar el acto de Vox frente a los jardines de Pereda a tan solo unos metros de distancia en línea recta. Un mitin que ha reunido -según las estimaciones de la Policía Nacional- a medio millar de personas en un acto de precampaña que no se ha suspendido pese al luto nacional por el accidente ferroviario en Toledo.

De igual modo, otras personas presentes en la plaza han asegurado a elDiario.es que al intentar acercarse al mitin de Abascal han sido identificados por los agentes, que han llegado a revisar el contenido de sus teléfonos móviles, según dos testimonios recabados por este medio.

Por su parte, la Delegación del Gobierno no ha confirmado que los policias tuviesen orden de impedir a los acampados abandonar el recinto. Los agentes custodiaban todos los puntos de entrada y salida de la Plaza Porticada con dos furgones policiales.

En todo caso, no se han producido incidentes más allá de una persona con actitud retadora que portaba una bandera con la cruz de Borgoña -un símbolo reaccionario que se asocia con la ultraderecha- y otro hombre que entró en la plaza por uno de los puntos de acceso gritando consignas nazis “sin que la policía haya hecho nada”, apunta uno de los acampados.

Más tensión ha habido en el encuentro con los medios de comunicación convocado por Vox junto a la grúa de piedra de la capital cántabra, con gritos de “hijos de puta los periodistas”. Rodeados de los asistentes al mitin, los profesionales de la prensa han preguntado a Abascal -que estaba acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado en la comunidad, Emilio del Valle y Laura Velasco- por la situación judicial de la portavoz del partido en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, investigada por las grabaciones a sus propios compañeros con un bolígrafo espía hallado en un despacho del grupo, y que también ha sido denunciada por acoso laboral a una trabajadora del su equipo en la Cámara.

“No sé ni de qué me está hablando y además me importa muy poco en el día de hoy”, ha respondido Abascal a preguntas de un periodista sobre la situación judicial de la diputada, informa la agencia Europa Press. “No conozco nada de lo que me habla y los jueces resolverán lo que crean que tienen que resolver”, ha remachado.

Desde los históricos comicios de 1977, los partidos políticos elaboran sus propios programas electorales, con planes, valores y promesas que aseguran cumplir si llegan al poder. Pero, ¿qué pasaría si el orden fuera el contrario y fueran los ciudadanos quienes pusieran las soluciones sobre la mesa? Esa es la premisa de Adopta mi propuesta: el programa lo escribes tú, la iniciativa impulsada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera para dar más protagonismo a la ciudadanía en la definición de las prioridades políticas.

El objetivo es invertir el orden habitual del debate político. Que cualquier persona pueda proponer medidas concretas, debatirlas, mejorarlas y votar aquellas que considere más importantes. Después, los partidos pueden decidir cuáles adoptan y construir parte de sus programas a partir de esas propuestas. La plataforma, que se presenta como independiente de las formaciones políticas, busca así cambiar el sentido habitual de la conversación electoral. En lugar de que los ciudadanos tengan que elegir entre programas ya elaborados, que sean sus propias demandas las que lleguen a las organizaciones políticas.

El funcionamiento se articula en tres pasos: proponer, votar y conseguir que los partidos adopten las medidas. La web permite consultar las propuestas, participar en las que siguen pendientes y revisar la actividad de la plataforma. También incluye un apartado dedicado a los partidos, con la intención de que la respuesta de cada formación quede documentada. La participación no exige registrarse obligatoriamente para intervenir, aunque los usuarios pueden crear su propio programa electoral seleccionando las doce medidas que consideran imprescindibles para el país. Son “sus doce prioridades personales, independientemente de las siglas políticas”, señala Herrera a Canarias Ahora.

La intención es que cada persona pueda identificar qué propuestas encajan con sus necesidades y comprobar si los partidos están dispuestos a asumirlas. “Es una forma diferente de evaluar la afinidad política. No por discursos, promesas genéricas o etiquetas ideológicas, sino por compromisos concretos”, explica el creador.

La plataforma acaba de aterrizar en la red y todavía espera las primeras respuestas verificadas de los líderes políticos. Ese será uno de los puntos decisivos del proyecto: comprobar si las propuestas ciudadanas consiguen trascender la web y entrar en el debate de las formaciones.

Una de las o de los apartados más notorios es El Observatorio. En él, se analizan los programas electorales y documentos oficiales de los partidos para comprobar si la propuesta está integrada entre sus compromisos. Si está incluido, se añade como referencia revisada y si no se identifica ninguna coincidencia específica verificable se denomina como documentacion analizada, lo que no quiere decir que quiere decir que sea una negativa, sino que no hay contraste documental publicado.

Pero lo más interesante, explica Herrera, es que las iniciativas se trasladan a los partidos, que disponen de un plazo máximo de siete días para responder oficialmente si las adoptan, las estudian o las rechazan, quedando reflejado públicamente.

El proceso se activa con el envío de un correo electrónico personalizado a la dirección de contacto institucional de cada formación, que incluye un enlace a un formulario en la propia web para comunicar su decisión.

Por el momento, el sistema cuenta con 21 referencias documentales revisadas y ha enviado 10 avisos a las formaciones políticas.

La vivienda, entre las prioridades ciudadanas

Las propuestas que van ganando apoyos dibujan un mapa de algunas de las preocupaciones que afectan a la vida cotidiana. La que destaca por encima del resto plantea fijar un objetivo anual de vivienda pública en alquiler, verificable municipio a municipio.

La medida propone establecer un calendario de construcción y rehabilitación de vivienda asequible, acompañado de presupuestos, plazos y cifras detalladas en un portal de datos abiertos. También contempla auditar trimestralmente las entregas y los retrasos, así como debatir las fórmulas de financiación para evitar que la oferta se concentre exclusivamente en las grandes ciudades.

La propuesta no se limita, por tanto, a reclamar más vivienda pública, sino que plantea mecanismos para seguir su evolución y comprobar los resultados. La publicación de datos permitiría conocer qué administraciones avanzan según lo previsto, dónde se acumulan los retrasos y qué recursos se destinan a ampliar la oferta de alquiler asequible.

La segunda medida más respaldada, con 80 votos a favor según los datos recogidos en la plataforma, pone el foco en las listas de espera sanitarias, uno de los problemas que más golpean a Canarias. Su autor propone publicar mensualmente los tiempos de demora por especialidad, intervención y área sanitaria, utilizando criterios homogéneos y datos anonimizados.

El objetivo es que los recursos se destinen a los servicios más saturados y que las administraciones expliquen las causas de cada plan de choque, sin comprometer en ningún caso la privacidad de los pacientes. Al igual que ocurre con la vivienda, la medida apuesta por la transparencia como herramienta para evaluar la gestión pública y pedir explicaciones cuando los resultados no sean los esperados.

Una de las medidas más recientes, con 11 apoyos en el momento en que se recogieron los datos, mira directamente al sistema electoral. Plantea estudiar la apertura de las listas electorales y exigir una rendición de cuentas individual a los representantes, con la intención de dar a los votantes más margen de decisión sobre los candidatos que resultan elegidos.

Para ello, propone realizar simulaciones públicas sobre cómo afectaría el cambio a la proporcionalidad, la paridad y la representación territorial, además de celebrar audiencias con especialistas antes de abordar cualquier modificación de la ley electoral. Se trata de estudiar las consecuencias de una posible reforma antes de llevarla a la práctica.

De las ideas a los compromisos políticos

Las propuestas se distribuyen en distintas categorías, entre ellas Vivienda, Sanidad, Educación, Economía, Empleo, Medioambiente, Democracia, Transportes, Derechos sociales, Justicia y seguridad, y Ciencia y tecnología. El abanico permite abordar desde problemas inmediatos, como el acceso a una vivienda asequible o las demoras sanitarias, hasta cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones.

La web ofrece también un espacio para consultar las propuestas y documentar las respuestas de los partidos, pero el alcance real del proyecto dependerá de la participación que consiga reunir y de la disposición de las formaciones a convertir esas demandas en compromisos concretos.

Adopta mi propuesta plantea una pregunta de fondo que afecta a la relación entre representantes y representados: ¿tienen que ser los ciudadanos quienes se adapten a los programas que elaboran los partidos o deberían ser estos quienes expliquen qué están dispuestos a hacer para responder a las prioridades de la gente?

Los jóvenes canarios necesitan destinar el 126,5% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, según el informe Observatorio de Emancipación 2025, presentado este miércoles por el Consejo de la Juventud de España.

El informe sitúa la tasa de emancipación juvenil en Canarias (de 16 a 29 años) en el 15,4%, una de las más bajas de la serie histórica, y atribuye esta situación principalmente al encarecimiento de la vivienda, tanto en alquiler como en compra.

El técnico e investigador del estudio, Manuel Mejías, ha explicado en rueda de prensa que el alquiler medio en las islas alcanzó los 1.224 euros mensuales en 2025, un 8% más que el año anterior, mientras que los salarios reales de la población joven apenas han crecido un 6% desde 2008.

 “Una persona joven debe de destinar el 126,5% de su sueldo si quiere alquilar una vivienda en solitario. Es decir, con su sueldo no le llega; tiene que tirar de recursos familiares, quien los tenga, o de otro tipo de mecanismos”, ha afirmado Mejías.

Además, ha indicado que “si una persona joven canaria quiere acceder a una vivienda en propiedad, va a destinar cerca del 85% de su salario a la cuota hipotecaria” y necesitará destinar 5,5 años de su salario íntegro para la entrada.

Un 13,3% más de jóvenes emancipados comparten piso

El estudio indica además que casi la mitad de los jóvenes canarios (46,6%) que viven de alquiler comparten piso y que esta modalidad ha aumentado en 13,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

Mejías ha explicado que las mujeres son las que salen antes de casa y que los jóvenes que cuentan con estudios superiores están en “mejor posición de salida”, aunque tiende a retrasarse.

Además, las personas jóvenes que ya han entrado en el mercado laboral -ya sea estando ocupadas o paradas- presentan una mayor emancipación (26,5%) frente a quienes se encuentran inactivas, en su mayoría estudiando, cuya tasa de emancipación en 2025 fue del 3,8%.

No obstante, ha advertido de que “el empleo hoy día no protege con la misma intensidad que lo hacía en décadas pasadas, el 25,6% de las personas jóvenes canarias que están empleadas están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social”.

El investigador ha destacado además que un 28,2% de las personas jóvenes con vivienda en propiedad la adquirieron sin hipoteca, frente al 13,1% con hipoteca, mientras que el 24,2% lo hizo mediante cesión gratuita.

Por otro lado, ha señalado que sin las prestaciones sociales -educativas, de ayuda al alquiler, desempleo, etc-, la pobreza de la juventud emancipada, actualmente situada en un 25,8% en las islas, ascendería al 39,7%.

El alquiler como factor de empobrecimiento

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, ha advertido de que la situación en Canarias reproduce una tendencia estatal marcada por el acceso limitado a la vivienda.

Según ha expuesto, la tasa de emancipación juvenil en España se situó en 2025 en el 14,5%, el nivel más bajo desde que comenzaron a elaborarse estos informes en 2006.

“El alquiler se está irguiendo como ese factor de empobrecimiento de muchas personas jóvenes y, de hecho, el riesgo de pobreza aumenta en las personas jóvenes del 25,9% al 43% después de pagar esa vivienda”, ha señalado Villodre.

La presidenta del Consejo de la Juventud en Canarias, Eliana Parrilla, ha reclamado a las administraciones públicas políticas de vivienda “con un presupuesto, calendario y resultados que puedan comprobarse” y ha criticado que las ayudas actuales al alquiler “muchas veces llegan tarde y mal”.

“No podemos seguir respondiendo a problemas estructurales con medidas exclusivamente temporales”, ha manifestado Parrilla al agregar que “no necesitamos más anuncios institucionales, políticos, ni que se quede solamente en titulares”.

El Observatorio de Emancipación ha introducido este año un cambio metodológico al sustituir la Encuesta de Población Activa (EPA) en la que se basaba hasta ahora por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), de carácter anual, con el fin de mejorar la comparabilidad y el análisis de las condiciones sociales de la juventud. 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, tras estudiar las alegaciones presentadas, ha aprobado provisionalmente la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para la ordenación conjunta del PERI 22 'Álamo y Ceballos' y su entorno, en el barrio de Cascajos. Corresponde al espacio delimitado por las calles Arquitectos Álamo y Ceballos, Piqueras y Avenida Lope de Vega, mediante la delimitación de la nueva Unidad de Ejecución P12.16 'Antonio de Nebrija'.

Tras su aprobación provisional, esta modificación será remitida por parte del Consistorio al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la emisión del preceptivo informe de manera previa a su posterior aprobación definitiva en sesión plenaria.

El objetivo de esta modificación del PGM es avanzar en la reconversión a un uso residencial en este entorno, incorporando los ajustes en la ordenación de este espacio para dar coherencia y continuidad con el tejido residencial ya existente y adecuar los ámbitos colindantes a las normativas vigentes.

La nueva U.E. P12.16 'Antonio de Nebrija', que engloba la totalidad del resto del PERI 22 aún no ordenada, ocupa una superficie de 16.199 metros cuadrados, disponiendo de un aprovechamiento urbanístico de 19.902 m2t, que se materializará en bloques residenciales de vivienda libre con 16.138 m2 de edificabilidad (aproximadamente, 150 viviendas). Asimismo, se dispondrá de viviendas de protección oficial con 5.214 m2t de edificabilidad (aproximadamente, 50 viviendas VPO), así como zonas libres privadas asociadas y una parcela dotacional privada de 316 m2 y edificabilidad de 757 m2.

Respecto a los espacios públicos, se completará la estructura viaria de las calles Piqueras, Avenida Lope de Vega, Arquitectos Álamo y Ceballos y Antonio de Nebrija, que garantizará la continuidad de la zona verde ya existente en el PERI 22, creándose de este modo una nueva dotación pública en una parcela de 1.092 m2. La superficie ocupada por el viario, espacio público, zonas de recreo y expansión y dotacional público suponen 9.722 m2, lo que representa un 60% del total de la superficie ordenada.

Además, la Junta de Gobierno Local ha acordado la recepción provisional de las obras de urbanización de la U.E. P.11.24 'Marqués de Larios 8 a 28', procedente del PERI 16 'Marqués de Larios', donde se están construyendo bloques de viviendas. Próximamente, durante el período de garantía de un año y antes de su recepción definitiva, en coordinación con las unidades municipales correspondientes, se recuperarán el registro del desagüe de la red de abastecimiento a la red de saneamiento de la zona oeste de la urbanización y se plantarán dos árboles en este espacio público.

Puntos de recarga de coches eléctricos

El Ayuntamiento de Logroño continúa trabajando en la tramitación de la nueva licitación para la instalación y mantenimiento de una red de recarga de vehículos eléctricos con puntos en 28 ubicaciones en espacios públicos de la ciudad (con un mínimo de 126 tomas de recarga y un máximo de 210). Para continuar avanzando en el proceso, la Junta de Gobierno Local, conforme con lo dictado por el Consejo Consultivo de La Rioja, ha aprobado resolver de mutuo acuerdo la concesión demanial para la instalación, mantenimiento y explotación de esta red, adjudicada a la empresa Eranovum E-Movility, S.L.

Las personas que viven o han vivido en la calle en la ciudad de Barcelona entre 2015 y 2025 murieron, de media, con 49 años. Eso supone que su esperanza de vida es 34 años menor que la del resto de habitantes de la capital de Catalunya. Esa es una de las principales conclusiones del informe 'Vivir en la calle mata', que ha presentado la Fundació Arrels.

Respecto a las mujeres, la esperanza de vida es todavía más baja (al contrario de lo que sucede con el conjunto de la sociedad): ellas mueren a los 45 años. Se trata de una cifra que la fundación califica de “muy alarmante”, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es de 80 años en los hombres y de casi 86 en las mujeres.

Otro de los datos que destacan del informe es que el 60% de personas sin hogar acaban muriendo al raso. “Esto evidencia hasta qué punto no disponer de un espacio residencial deja a la persona expuesta”, apuntan desde la entidad. Por otro lado, el 35% murieron en hospitales o centros sociosanitarios.

Según la entidad, las causas médicas representan el 43% de las muertes, seguidas de la violencia, las sobredosis o el suicidio. Estas tres causas, agrupadas en el informe como causas externas, representan el 27% del total. Entre las mujeres, por su parte, tiene mucho peso la sobredosis.

“Las muertes de las personas sin hogar no responden únicamente al deterioro de la salud, sino también a las condiciones de exposición, violencia y riesgo que comporta la vida en el espacio público”, apunta Beatriz Fernández, presidenta de Arrels.

La comparación entre las personas que habían accedido a algún alojamiento y las que vivían en la calle en el momento de su muerte es “especialmente reveladora”, aseguran. La edad media de defunción de los primeros es de 62 años, 13 más que las de quienes siguen viviendo en la calle.

Ahora bien, destacan que aunque la esperanza de vida aumenta claramente si se consigue salir de la situación de calle, insisten en que conseguir un alojamiento no “elimina automáticamente” las consecuencias en la salud física y mental que tiene haber pasado años al raso.

Por ello, el informe concluye con un seguido de propuestas para combatir la mortalidad de las personas que viven en la calle. Insisten en que es esencial reducir el tiempo de vida en la calle, ampliando los recursos residenciales, ampliar la oferta de vivienda y los recursos residenciales estables y adaptados a las necesidades de las personas.

Igualmente, piden introducir la prevención a la mortalidad en las políticas de sinhogarismo. Igualmente, piden una mejor coordinación entre servicios sanitarios, sociales y de sinhogarismo, así como reforzar las políticas de reducción de daños y la prevención de sobredosis.

También requieren un registro de defunciones “estable” para avanzar hacia unas definiciones “comunes y metodologías estandarizadas”, así como para prevenir futuras muertes. En esta línea, insisten en tener protocolos “claros” sobre cómo se informa a las personas cercanas de la muerte de una persona sin hogar y cómo se gestionan sus pertenencias.

Aplicar un impuesto del 10% del valor de cada piso cuando la vivienda sea de un particular con cuatro inmuebles o más y se niegue a sacarlo al mercado a un precio asequible. Esa sería una de las grandes medidas que propone Ada Colau, candidata del Frente Amplio a las elecciones del 29N, según ha anunciado este miércoles en la Cadena Ser.

Colau ha subrayado reiteradamente la “valentía” que tendrán las propuestas de su partido en materia de vivienda frente a las del PSOE. Este gravamen “disuasorio”, ha detallado, serviría para “que no sea rentable especular”, al menos para los multipropietarios, sean particulares o empresas. Concretamente, el impuesto se aplicaría en el caso de las empresas desde la primera vivienda mientras que a las personas físicas se aplicaría a partir de la cuarta casa en adelante, en caso de que las propiedades tengan un valor acumulado superior a los 800.000 euros.

El Frente amplio opta así por tratar de mitigar el problema de la vivienda a través de un cambio en la fiscalidad, de manera que el impuesto no sería “sostenible”, ha dicho, para los propietarios, que se verían empujados a bajar sus precios para ahorrarse ese coste.

Otra de las medidas que a las que se ha comprometido la candidata, ha sido la ampliación del parque de vivienda pública, aunque ha matizado que se trata de algo que “lleva mucho tiempo”. Para financiar esa vivienda pública, el partido apuesta por una inversión de hasta el 1% del PIB que vendría en parte por la contribución de ese impuesto a grandes propietarios.

“Le debemos a Maricarmen llevar propuestas para acabar con estas situaciones intolerables”, ha reivindicado Colau, que ha puesto en valor que, según ella, la propuesta contribuiría a bajar los alquileres “alrededor del 30%” en ciudades como Madrid y Barcelona.

A pesar de las críticas de Gabriel Rufián en 'La Revuelta', donde lamentó que las izquierdas no llegaran a un acuerdo pero matizó que “no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita”, en referencia al pacto entre el Frente Amplio y los socialistas para las listas del Senado, Colau ha hecho alarde precisamente de su política en vivienda para insistir: “Nosotros somos el Frente Amplio, no somos el PSOE”.