La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Tres activistas de Revuelta, el grupo juvenil de extrema derecha vinculado a Vox, trataron de boicotear un acto en el que participaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; Sarah Santaolalla y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Después de irrumpir en el acto, los activistas de Revuelta fueron grabados yéndose en un coche con el agitador ultra Vito Quiles.

En el vídeo, publicado por IK Press, puede verse el vehículo circulando por las calles aledañas al Ateneo de Madrid, donde se produjo el encuentro 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua. Mientras Quiles viaja de copiloto, en la parte de atrás puede verse a las activistas de Revuelta. Otro de los pasajeros, al darse cuenta de que están siendo grabados, le hace una peineta a la cámara.

Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales. Además, ha asegurado que las personas que interrumpieron el acto “estaban organizados, financiados y preparados para hacer el ridículo y acosar”: “Pero luego tienes a los buleros profesionales diciendo que eran personas de izquierdas. Mejor que Vito vaya en coche y así no estafa trenes en Renfe”.

En la misma línea se ha pronunciado en X Rubén Sánchez: “Pocas cosas más patéticas que Javier Negre intentando montar un ataque de falsa bandera. Los ultras que entraron a ladrar y llamar putas a las mujeres del acto de Facua en el Ateneo de Madrid fueron abucheados por 350 demócratas y huyeron en un coche con Vito Zoppellari Quiles”.

Las activistas de Revuelta y otra persona aún sin identificar irrumpieron en el acto gritando mientras hablaban los participantes. En una de sus pancartas se podía leer: “Esto es una denuncia falsa”. Una consigna que iba acompañada de una imagen de la propia Santaolalla con el brazo inmovilizado tras su encontronazo con Quiles. Santaolalla denunció entonces el incidente como una agresión, pero la Justicia la archivó.

También se escucharon gritos contra la regularización de migrantes y consignas racistas. Los tres fueron expulsadas del recinto mientras el público gritaba “fuera, fuera”.

Durante la interrupción, también gritaron en contra de la regularización de migrantes, ya que estos “agredían a las mujeres españolas”, y repitieron consignas racistas como que el 90% de los agresores eran migrantes. Además, acusaron a los asistentes al acto de ser “cómplices” de esa situación.

El acto de Madrid forma parte de una iniciativa de Facua que se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo y que tiene la intención de hacer reflexionar sobre el auge de la extrema derecha. El primer evento se celebró en Sevilla el 13 de mayo y contó con la participación del antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos, la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río, y del propio Rubén Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado este jueves “un elemento importantísimo” que de cara a las próximas elecciones generales haya “una colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda” para ganar la batalla a la derecha y la extrema derecha que, según todas las encuestas, podría conformar un gobierno de coalición.

“Tenemos una cosa en común frente a los que están enfrente. Todos queremos un mundo mejor y un mundo más justo. Y enfrente tenemos a gente que solo quiere que su mundo sea mejor, aunque sea a costa de joder el mundo de todos. Eso es suficientemente importante como para que colaboremos de manera inteligente”, ha zanjado en un acto en el Ateneo de Madrid junto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la periodista Sarah Santaolalla y el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

“Yo, de verdad creo que tengo esperanza”, ha añadido. “Para mí de aquí a las elecciones lo fundamental es que no se desperdicie ni un voto, ni un voto de la gente que sea progresista”, ha añadido, aunque ha reconocido no tener para ello “una fórmula clara”. “Si la tuviera, probablemente sería un genio”, ha dicho. “No nos engañemos, no hay posibilidad de frenar a la derecha y a la ultraderecha si no es con un planteamiento inteligente de aquí a las próximas elecciones”, ha insistido.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, ha dicho sobre el PSOE. “Pero yo creo que a nuestra izquierda tiene que haber, no digo unas siglas, no estoy diciendo cómo, pero tiene que haber un entendimiento que facilite el que no se desperdicien los votos. Creo que la inteligencia electoral va a ser clave para impedir la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder”, ha remachado.

Previamente, Iglesias ha asegurado que “el antifascismo tiene que estar organizado en todas partes, tiene que estar organizado en los parlamentos, tiene que estar organizado en la calle y en la movilización social, pero también tiene que estar organizado en el periodismo”. “Tiene que estar organizado en los parlamentos y en la calle y en la movilización social”, ha añadido.

Contra los “bulos”

Asimismo, la periodista Sarah Santaolalla ha alertado este jueves ante quienes están diciendo “a la gente de izquierdas” que “está todo perdido” por el auge de la extrema derecha. En el acto que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, la comunicadora ha alertado de que a la izquierda se le está “intentando domesticar”. “Creo que nos están intentando señalar el camino o acabas en el trullo. Creo que a la gente de izquierdas nos están diciendo que no podemos ser antifascistas en un país que debería ser antifascista.

A su juicio, “los tres poderes principales están controlados y están sometidos al poder de la derecha”, Con todo, ha asegurado no querer “poner la otra mejilla”. “Yo no quiero pasar a la historia mediática porque resistió, aguantó hasta que cayó en una depresión. Yo quiero vivir como viven estos fascistas, desde la poltrona, desde la comodidad y desde no tener miedo. Y creo que la gente de izquierdas en este país debe no tener miedo”, ha zanjado.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha defendido, por su parte, su acción ante “los tribunales” desmontando “bulos” de la extrema derecha. “Nosotros respondemos en los tribunales, que es donde creemos que tenemos que contestar las izquierdas a quienes nos están haciendo auténticas salvajadas. Contestamos en los tribunales, algunos llevamos ya un tiempo, yo llevo desde el año 2013 aproximadamente contestando en los tribunales, de momento solo les he ganado 30 sentencias, pero bueno, hay camino por delante”, ha concluido.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el denominado 'caso Dina', en el que accedió y distribuyó a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados ven probados los hechos y condenan a Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por un funcionario público, y le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y 1.000 euros respectivamente, por las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión.

El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

La actual secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado que “hoy por fin se hace un poco de justicia”, aunque subraya que “es imposible reparar el daño que se hizo, no ya a Pablo Iglesias o a Dina Bousselham, sino a la democracia española”.

Otros líderes de la organización política como la eurodiputada Irene Montero o el secretario de Organización de Podemos Pablo Fernández también han dado la enhorabuena a sus compañeros de partido y han afirmado que el daño ha sido “irreparable”. Tanto Montero como Fernández han cuestionado que no se incluyeran en la causa las patas “política, mediática y judicial” que, a su juicio, “organizó la trama”.

El giro estratégico de 180 grados que ha dado Podemos en el último mes y medio se tradujo, primero, en un acercamiento a Gabriel Rufián y, después, en un pacto con IU y Movimiento Sumar para presentarse conjuntamente a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Pero los de Ione Belarra no se han quedado ahí, sino que siguen tomando posiciones de cara a los próximos meses. Y la semana pasada, tras el acto que celebró junto a Rufián su número dos, Irene Montero, no solo abrieron la puerta a hablar “con todos” para las próximas elecciones generales —incluido Movimiento Sumar, con quien Podemos no quería tener ninguna relación hasta hace pocos meses—, sino que también plantearon la posibilidad de celebrar primarias conjuntas para elaborar las listas de una eventual candidatura unitaria.

El debate dentro de Podemos sobre la posibilidad de proponer primarias conjuntas al resto de los partidos del espacio político a la izquierda del PSOE no está ni mucho menos cerrado, y algunos sectores de la dirección no ven clara la idea, si bien otros consideran que les permitiría ganar peso en unas listas conjuntas. Pero lo cierto es que existe, y lo hizo público la semana pasada el ex secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que aunque no tiene formalmente ningún cargo en la dirección de Podemos sigue siendo una voz de primer orden en el partido. En una intervención en RNE, Iglesias afirmó que “la manera de poner de acuerdo a formaciones políticas que tienen posiciones tan diferentes” en materia de “política internacional” o “estilo” es “imitar a las fuerzas políticas de izquierdas latinoamericanas que hacen primarias abiertas a la ciudadanía”.

“En el Frente Amplio Uruguayo hay desde formaciones políticas que estarían a la derecha del PSOE a formaciones trotskistas de izquierda radical. Dentro del peronismo argentino están desde Juan Grabois en posiciones muy de izquierdas hasta Sergio Massa, que estaría a la derecha de Pedro Sánchez. En el movimiento que representan Gustavo Petro o Iván Cepeda en Colombia hay planteamientos políticos muy diferentes. Y lo mismo cabría decir de Chile, donde también hacen primarias y hay posiciones muy diferentes entre los partidos”, enumeró Iglesias. “Yo creo que un mecanismo así, en el que dejaran participar a todo el mundo, no solamente a los militantes, sería un revulsivo” para la izquierda española, aseguró.

No es que en Podemos se hubieran negado públicamente hasta ahora a contemplar las primarias conjuntas para diseñar las listas para las próximas elecciones generales, pero tampoco habían apostado expresamente por ellas y, en privado, la mayor parte de las voces se mostraban renuentes a esa opción hasta hace apenas unas semanas. El partido siempre ha hecho gala de que sus candidaturas las escogen sus militantes, pero cuando la formación estaba aliada con IU en Unidas Podemos, cada partido celebraba sus procesos por separado y, posteriormente, negociaba qué puestos de cada lista electoral correspondían a cada formación.

La novedad ahora, por tanto, no es que Podemos se abra a realizar un proceso de primarias, sino que en el partido se haya instalado el debate sobre la conveniencia de que ese proceso sea compartido con otras fuerzas y que, entre esos otros actores, se admita ya la posibilidad de que esté presente Movimiento Sumar. Hasta hace apenas unas semanas, ese extremo era una línea roja para los morados, que incluso llegaron a sugerir públicamente que el partido de Yolanda Díaz debería integrarse en las listas del PSOE para que Podemos pudiera pactar con IU. Por el contrario, la semana pasada, la 'número dos', Irene Montero, abrió expresamente la puerta a hablar “con todos” los actores a la izquierda de los socialistas.

IU y Movimiento Sumar han apostado por primarias

Entre algunos dirigentes de Podemos, no obstante, cunde la sensación de que IU nunca se abrirá a celebrar unas primarias conjuntas y abiertas a la ciudadanía porque, según creen los morados, la formación que lidera Ione Belarra tendría todas las de ganar en ese escenario, especialmente si fuera de la mano de un Gabriel Rufián a quien Podemos ha propuesto hacer “tándem”. Lo cierto, sin embargo, es que esa ventaja dependería mucho de qué formato tuvieran esas eventuales primarias. Si el voto fuera digital, por ejemplo, los morados podrían salir beneficiados, pero si solo se pudiera votar en urna quien tendría más fuerza sería IU, con mucha mayor implantación territorial. Y también serían decisivos factores como que las listas fueran abiertas o cerradas, así como la introducción o no de factores de corrección para garantizar la representatividad de todos los partidos.

Fuentes conocedoras de los entresijos del proceso de recomposición de Sumar explican que, hoy por hoy, los partidos que componen esa alianza no tienen decidido si apostar por unas primarias conjuntas o no para elegir las próximas listas. No obstante, IU y Movimiento Sumar no lo tendrían tan sencillo para rechazarlas, puesto que llevan tiempo pidiendo públicamente eso que Podemos rechazaba y que, ahora, al menos considera como opción. Hace año y medio, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya propuso abiertamente celebrar primarias entre todas las organizaciones, y la federación ha reiterado en varias ocasiones esta apuesta. Hace unos meses, por ejemplo, los órganos de IU aprobaron un informe que planteaba la celebración de “primarias como método de participación amplia y colectiva en la elección de las personas referentes” de un eventual “frente amplio”.

La dirección de IU, no obstante, ha evitado responder públicamente al viraje de Podemos en relación a las primarias y tampoco lo hace en privado. Y Movimiento Sumar tampoco se ha pronunciado, si bien las tesis organizativas que se aprobaron en el congreso extraordinario que celebró la formación el año pasado establecen que “Movimiento Sumar promoverá” que los procesos de elaboración de listas en confluencia con otras fuerzas “se aborden con sistemas de primarias, con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil”. “Estos procedimientos buscarán involucrar al conjunto del electorado y que todas las organizaciones participantes se sientan representadas”, planteó entonces el partido.

El exlíder de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar este miércoles el pacto de coalición de los siete partidos de izquierdas que integran Por Andalucía, incluida la formación morada.

Iglesias ya denunció que había “mucha gente muy indignada”, porque los candidatos de Podemos habían sido relegados en las listas al número dos por Sevilla y Málaga y el uno por Jaén, puestos donde la coalición no logró escaño en 2022, y que Iglesias ve difícil que logren entrar en el Parlamento. “Desde luego, el acuerdo muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz. [Podemos] Difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación”, dijo en una entrevista en RNE.

Las declaraciones sentaron muy mal en el seno de la coalición andaluza, no sólo entre los dirigentes de Izquierda Unida (IU), que abrieron la negociación con Podemos en octubre de 2024, aunque estos no se sentaron en la mesa de partidos hasta la semana pasada, días antes de que expirara el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral de Andalucía. También entre los dirigentes de la formación morada en este territorio hay una sensación de “desgaste adelantado” tras el primer dardo de Iglesias nada más firmar el acuerdo para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, evitó confrontar directamente con Iglesias y respondió a sus palabras en positivo, asegurando que el electorado progresista estaba “alegre” por una coalición que evita el escenario “nefasto” de tres papeletas distintas a la izquierda del PSOE. Maíllo está en plena precampaña de las andaluzas y sabe que dejarse arrastrar por los comentarios de Iglesias supone alejarse de su campo de acción y anticipar un pulso, aún por llegar, por quién encabezará la lista del frente amplio de izquierdas en las generales de 2027.

Pero el exlíder de Podemos ha incidido este miércoles en sus críticas al pacto andaluz: “He visto que el señor Maíllo responde que está todo el mundo muy ilusionado”, ha asegurado en TVE. Acto seguido, Iglesias ha recordado al líder de IU que en 2024 criticó que Sumar no diera un puesto de salida a su candidato [Manu Pineda] en las elecciones europeas, relegándolo al cuarto puesto que no salió elegido. Luego, Maíllo pidió generosidad para compartir el escaño con los eurodiputados que sí entraron en el Parlamento Europeo, y les conminó a cedérselo a su candidato a mitad de mandato.

“Yo me acuerdo cuando al pobre Maíllo le dejaron a su candidato de número cuatro en las elecciones europeas, pues montó un escándalo. Dijo que se les había humillado, pidió a los diputados que habían salido que compartieran su tiempo de escaño en el Parlamento Europeo con su candidato”, ha recordado Iglesias, para luego preguntar, en tono retórico: “Yo no sé si él va a plantear que si no sale, como parece, ningún candidato de Podemos en el Parlamento andaluz, los diputados de IU hagan lo que él pidió que hicieran los de Compromís y los de los Comuns con el candidato Manu Pineda de IU, que se quedó fuera del Parlamento Europeo”.

Los negociadores de Podemos en Andalucía pidieron dos puestos de salida en alguna de las cinco provincias donde ahora tiene representación la coalición Por Andalucía, para asegurarse un escaño en el Parlamento. El resto de partidos que había empezado a negociar hace meses se negó a desbaratar lo que ya habían pactado a pocas horas del plazo límite para registrar la coalición.

Finalmente, Podemos aceptó que sus candidatos vayan de número uno por Jaén y de número dos por Sevilla y Málaga. La sugerencia de Iglesias implicaría, a priori, que quienes ocupan la primera plaza en estas dos últimas provincias, más garantizadas que el resto, cedan su escaño a los aspirantes de Podemos a mitad de legislatura. Eso implicaría que salieran del Parlamento el propio candidato de la coalición, Antonio Maíllo, que va de número uno por Sevilla, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, que va de número uno por Málaga.

Preguntado sobre esta hipótesis que plantea Iglesias, Maíllo ha respondido lacónico esta mañana en los pasillos del Parlamento: “Yo es que estoy muy contento por la apertura del Estrecho de Ormuz”, ha dicho, en referencia a la amenaza incumplida del presidente de EEUU, Donald Trump, de “arrasar” a la población de Irán esta madrugada si no reabría el paso a los petroleros que suministran a los países de Occidente.

Las animadversiones personales, más que las discrepancias políticas, han minado a la izquierda a la izquierda del PSOE desde siempre. Esto fue a mayores desde la aparición de Podemos en 2014.

Esta pelea de egos, más que el contagio del declive internacional de la ideología de izquierda, es la que ha llevado al desencanto a una feligresía voluntariosa en acudir a las urnas y depositar la papeleta de opciones con pocas posibilidades de gobernar, pero con la carga ética de defender a los vulnerables o una justicia social siempre en lontananza. Ni siquiera con el hecho de que esa posibilidad de tocar poder ya sí sea una realidad a través de las coaliciones, como la que gobierna en España y la que gobernó en Andalucía en 2012, la izquierda al PSOE ha conseguido eliminar esa tendencia de cría cuervos, de ponerse a parir unos a otros hasta salir cada uno por su cuenta.

El gran reto de Antonio Maíllo no solo es superar los cinco diputados de la legislatura que termina y evitar que los restos sin cuota parlamentaria de la izquierda dé otra vez la mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno, sino conseguir que el pegamento de la candidatura no cristalice y se rompa

El gran reto de Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía en las autonómicas andaluzas como suma de todas las izquierdas alternativas al PSOE, no solo es superar los cinco diputados de la legislatura que termina y evitar que los restos sin cuota parlamentaria de la izquierda dé otra vez la mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno; es sobre todo conseguir que el pegamento de la candidatura de unidad que lidera no cristalice y se rompa.

La fragilidad puede depender del resultado del 17M, es cierto, como Maíllo ya conoce de tiempos pasados, pero a mes y a unos días de las urnas, recién estrenado el pacto con Podemos, misiles como el lanzado por su exdirigente Pablo Iglesias invitan a imaginar como misión papal la del carismático profesor de Latín para mantener la paz. Esperemos que con más éxito que León XIV. Podría verse a Iglesias como un agorero cuando advierte de que Podemos hace mala negociación por aceptar solo la cabecera de la lista de Jaén, que no tuvo diputado en 2022. El objetivo de la histriónica manera de Pablo Iglesias es obtener mejores puestos para Podemos en la semana clave de las listas, hacerle el trabajo duro a Ione Belarra, pero las formas también traslucen animadversiones personales. Veremos si son solo apariencias o algo más.

A mí me parece que en sus declaraciones se advierte cierto desencuentro enquistado que ninguno de los dos ha explicado. Iglesias acusa de incongruente a Maíllo por haber alzado la voz contra el Sumar de Yolanda Díaz cuando IU se quedó sin eurodiputado, y ahora no acepta su crítica a que ningún candidato de Podemos esté en puestos de salida. ¿Era necesario ese recordatorio para presionar por las listas?

Hay más, y quizás más doloroso y que probablemente solo quienes conocen la política andaluza advierten: señala abiertamente que es cercano a María Jesús Montero y que por eso el votante de la izquierda alternativa votará a Adelante Andalucía, la otra opción de la izquierda que no se ha unido. Lo doloroso no es su supuesta cercanía a la candidata socialista. En realidad, Maíllo nunca ha sido miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí Pablo Iglesias, que fue su vicepresidente. Tampoco fue miembro del gobierno de coalición PSOE-IU cuando Montero era consejera.

El exdirigente de Podemos toca la herida del pasado de Maíllo: Adelante Andalucía es el nombre de la coalición que Maíllo formó con Teresa Rodríguez, cuando esta abandonó Podemos para las elecciones andaluzas de 2018. Maíllo dejó todos sus cargos y la política en 2019 tras un duro tiempo personal por su enfermedad de cáncer, pero también apenado por la decepción de su alianza con la política gaditana. Como se demostró más tarde, Rodríguez ya tenía in mente construir su propio camino en solitario y tres meses después de la renuncia de Maíllo registró Adelante Andalucía como partido político a su nombre sin conocimiento de IU.

Pablo Iglesias, tan florentino, saca a relucir los nombres de dos mujeres potentes de la izquierda alternativa con las que compartió Podemos, Yolanda Díaz y Teresa Rodríguez, con las que Maíllo ha tenido diferencias. Coincide con Maíllo en esos desencuentros con las dos, pero lo hace para zaherirle

Pablo Iglesias, tan florentino, saca a relucir los nombres de dos mujeres potentes de la izquierda alternativa con las que compartió Podemos, Yolanda Díaz y Teresa Rodríguez, con las que Maíllo ha tenido diferencias. Coincide con Maíllo en esos desencuentros con las dos, pero lo hace para zaherirle y eso podría menoscabar las expectativas del candidato a la Presidencia de la Junta. ¿Celos o advertencia además de presión por las listas? Puede que todas a la vez.

La candidatura de Antonio Maíllo en Andalucía crea expectación en España, ya que su lograda unidad con Podemos es la primera tras el cisma de esta formación con Sumar, también en la confluencia. (Un inciso aquí para recordar que Maíllo recoge en parte lo sembrado por Inma Nieto, que se esforzó y logró la unidad del grupo IU, Podemos y Más País y otros durante toda la legislatura frente a las divisiones nacionales). 

Tanta es la expectación que Pablo Iglesias no se resiste a meter baza, y lo hace con drones además de misiles. Coinciden los exabruptos de Iglesias con que, en sus entrevistas tras el pacto de la noche del viernes santo, Maíllo se vino arriba y suscribió en una entrevista con El País que ese acuerdo indicaba el camino a la unidad nacional, lo llamó “punto de inflexión”. Una frase que en el cuartel general de Podemos ha generado cierto nerviosismo, como un hasta ahí podríamos llegar.

Lo parece cuando el propio Maíllo ha matizado en sus últimas declaraciones advirtiendo de que el acuerdo solo es para Andalucía y Por Andalucía, valga el juego de palabras. Además, recuerda a Pablo Iglesias que el acuerdo está bendecido por el aval de la militancia morada. Maíllo, muy contenido, a lo León XIV, cuando en esta etapa suele usar un lenguaje más atizador.

Si Maíllo logra romper el techo de esa izquierda demostraría el camino a las generales y pondría en un aprieto a la formación de Belarra

Me acordé del desaparecido y entrañable Antonio Romero, y su empeño por conquistar y colocar titulares con frases rimbombantes, con una carcajada cuando oí a Antonio Maíllo decir en TVE que Juan Manuel Moreno “tuvo una flor en el culo” cuando ganó la mayoría absoluta en 2022. Luego explicó por qué: Moreno obtuvo la mayoría absoluta por seis diputados que arañó de restos en provincias, restos de partidos de la izquierda que no obtuvieron el porcentaje necesario para alcanzar el diputado. El objetivo de su candidatura de unidad en Andalucía es evitar que esos restos queden sin diputado de la izquierda alternativa al PSOE, entre ellos Jaén, cuya cabeza de lista será para un miembro de Podemos. Sí, también Maíllo es un poquito florentino. 

Así que sí, los celos también pueden interferir en los logros y la estrategia de unidad de la izquierda, la enésima operación de unidad. Lo de Pablo Iglesias con Maíllo recuerda un poco a lo de Felipe González con Pedro Sánchez. Si Maíllo logra romper el techo de esa izquierda, demostraría el camino a las generales y pondría en un aprieto a la formación de Belarra.  

Andalucía ha sido varias veces el primer escenario, el primer laboratorio. Aquí se ensayó un gobierno de coalición del PSOE con su izquierda alternativa (IU) tras décadas como adversarios; aquí también fue la primera vez que Podemos y Vox estrenaron escaños en un Parlamento en España. También la primera vez que el PP se alió con la ultraderecha (aunque como apoyo solo parlamentario). Veremos si también Maíllo, un experimentado político en superar divisiones y animadversiones personales en la vida y en la política, logra señalar el camino de la izquierda para las elecciones de 2027. Si Pablo Iglesias deja de tirarle misiles y drones, claro. 

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

La cloaca policial que actuó a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias, y que fue filtrado a cinco semanas de las elecciones generales de 2016. La Unidad de Asuntos Internos ha descubierto que uno de los miembros destacados de la brigada política del PP habló por WhatsApp con el presunto jefe de una organización de estafadores acerca del dinero que debía recibir Carlos Alberto Arias, presunto autor del documento que atribuía falsamente a Iglesias una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del Caribe.

El informe de Asuntos Internos ha sido entregado al Juzgado que investiga a los miembros de una organización acusados de extorsionar a jerarcas venezolanos en España. Al frente de la delegación española de esta organización estaría Alberto Galán Fereres, ‘Avi’, un ex militar israelí que opera en el mundo de la seguridad y la inteligencia. 

El 3 de mayo de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP contra Podemos, Alberto Galán intercambió unos mensajes de WhatsApp con el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, destinado entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El agente revela a Galán que sus clientes venezolanos “tienen una roja”, en alusión a una orden de detención dictada por Interpol. 

Asuntos Internos cree que la organización de Galán convencía a los venezolanos de que tenían unos problemas que luego ellos mismos se ofrecían a resolver a cambio de elevadas sumas de dinero. Los exministros venezolanos Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos contrataron los servicios del grupo de Galán para evitar ser extraditados a Estados Unidos y recibir protección en España.

El inspector jefe Díez Sevillano sabía de la extorsión de Galán y su grupo a los exministros de Hugo Chávez, pero no es algo que pareciera preocuparle. “Para vosotros, mejor. A más presión más dinero”, escribe el miembro de la cloaca policial del PP. En un momento dado, Alberto Galán escribe: “Por cierto, hablando de dinero, ¿los 300.000 euros que pediste tú?”. Y Díez Sevillano contesta: “Sin problema en ese aspecto. Yo jamás aceptaré un euro para mí. No te preocupes por eso”.

Asuntos Internos llega a la conclusión de que el dinero que pide el inspector jefe es para Carlos Alberto Arias. Se basa en otro documento incorporado a la operación Caranjuez, como se bautizó al caso contra el grupo de presuntos extorsionadores que investiga el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. A Alberto Galán se le encontró un documento llamado “Carta ministro”. Es un escrito que habría redactado Martín Rodil, el jefe de Galán que opera desde Estados Unidos. Martín Rodil es un abogado, lobista y colaborador de la DEA. 

Alberto Galán escribió un correo electrónico al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, entonces alto cargo del Ministerio del Interior. “Hola, Diego. Martín está valorando mandar esta carta, aquí está un primer borrador”, escribe el acusado de liderar el grupo de extorsionadores. A continuación pide al coronel de la Guardia Civil su “opinión y valoración”.

En la carta, Martín Rodil expone al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “la insólita situación creada con el personal adscrito al DAO del CNP (Cuerpo Nacional de Policía)”. A continuación, Martín Rodil “pormenoriza” la situación. 

Pérez de los Cobos asegura a elDiario.es que no recuerda aquella carta aunque sí que conoce a 'Avi' por su participación en cursos de formación sobre terrorismo yihadista a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El coronel Pérez de los Cobos, ya jubilado, explica que Alberto Galán Fereres era “muy reconocido” en los ámbitos policiales por sus conocimientos del fenómeno yihadista y que hace años que no tiene trato con él.

El atestado de Asuntos Internos recoge: “Bonifacio Díez, en presencia de otros testigos, solicitó 300.000 euros al propio Rodil para la financiación de una fuente venezolana que controla Bonifacio en Madrid, puntualizando que la persona en concreto se trataría del señor Arias. Seguidamente, relata en su escrito que tras esta petición, al entender que se trata de un procedimiento irregular, decide cortar cualquier tipo de comunicación con el citado Díez”.

'Boni', en toda las maniobras parapoliciales

El nombre de Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', aparece en todos los episodios de la guerra sucia contra la oposición que desarrolló el último Gobierno del PP. Fue juzgado, y absuelto, por intentar introducir información comprada en el caso contra los Pujol. Su jefe, el DAO Eugenio Pino, fue condenado en el mismo procedimiento. Díez Sevillano se sentará en el banquillo de los acusados por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Y está imputado por las maniobras contra Podemos. 

Por su parte, Martín Rodil tiene una aparición estelar en uno de los episodios contra el partido de Pablo Iglesias que investiga la Audiencia Nacional. Es el abogado que acompaña al exministro chavista Rafael Isea en la reunión con policías españoles en el Consulado de Nueva York. La reunión donde otro destacado miembro de la brigada política intenta conseguir de Isea una declaración contra Podemos alegando que no deben llegar al Gobierno de España y que él viaja a ese encuentro con un “mandato” del presidente Rajoy. 

Ambos jerarcas son investigados también en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con fondos obtenidos en su país de origen. El grupo de abogados y exagentes de las Fuerzas de Seguridad que contrataron estos exministros les condujeron hasta la Dirección Operativa de la Policía, donde se les ofreció protección y permisos de residencia a cambio de información contra Podemos.

El venezolano que iría a recibir los 300.000 euros es Carlos Alberto Arias. Este individuo reconoció ante notario que los documentos sobre la cuenta de Iglesias Granadinas, que publicó OkDiario el 6 de mayo de 2016, procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que eran “auténticos y veraces”. 

“He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. En realidad el documento era un montaje con Photoshop, basado en capturas de un vídeo de Youtube de una periodista venezolana radicada en Miami, como acreditó elDiario.es a las pocas horas. 

OkDiario publicó el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

El juez de la causa sobre la guerra sucia a Podemos, Santiago Pedraz, citó al venezolano Arias a declarar en la Audiencia Nacional, pero no fue posible localizarle. Tampoco se presentó a declarar el entonces comisario general de Extranjería y Documentación, Emilio Baos, aduciendo problemas de salud. Arias, a cambio del bulo contra Iglesias, fue beneficiado con un permiso de residencia en España “por razones excepcionales”. 

En la causa consta acreditado que el Ministerio del Interior se implicó al máximo nivel en la operación del bulo contra Iglesias y Podemos. En la causa consta como el número dos del Ministerio, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, ambos imputados en la causa sobre Podemos, abordan por WhatsApp el asunto: “Hay que hacer mucho ruido en los periódicos”.

A petición de la representación legal de Podemos, el juez Santiago Pedraz ha acordado incorporar el informe de Asuntos Internos del caso Caranjuez a la causa sobre la guerra sucia contra el partido. También ha acordado que presten declaración como testigo, el ex militar israelí Alberto Galán y el policía que firma el informe de Asuntos Internos.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI y ha pedido protección al Ministerio del Interior.

Montero ha recibido estas amenazas “en los últimos días”, han informado fuentes de Podemos, que detallan que en ellas “se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad ha denunciado estos hechos ante la Policía Nacional y reclama al Ministerio de Interior “que garantice su protección y la de su familia”.

Los dos periodistas acusados de revelación de secretos en el caso Dina han alcanzado un acuerdo con las acusaciones particulares, que ejercen Pablo Iglesias y Dina Bousselham, según el cual los investigados piden “perdón” por haber entregado una copia de la tarjeta del teléfono de la activista al comisario Villarejo y los perjudicados retiran las peticiones de cárcel contra ellos. El acuerdo, alcanzado en las últimas horas, ha sido expuesto durante la primera sesión del juicio y ha provocado que los dos periodistas eviten el banquillo, por tratarse la revelación de secretos de un delito que en este caso no puede sostener únicamente la Fiscalía sin los directamente perjudicados.

Las acusaciones particulares de Iglesias y Bousselham solicitaban tres años de cárcel para los periodistas mientras que la Fiscalía Anticorrupción elevaba la solicitud de pena a cuatro años. Tras el acuerdo solo será juzgado el comisario Villarejo, a quien las acusaciones atribuyen haber hecho llegar la copia de la tarjeta del teléfono de Bousselham a Okdiario y El Confidencial. Para el comisario, los perjudicados piden cuatro años de cárcel y cinco la Fiscalía.

Durante esta primera sesión ha comparecido Bousselham ante el tribunal para ratificar su concesión de “perdón expreso e irrevocable”. Minutos después, Iglesias intervino por videoconferencia desde México expresándose en los mismos términos.

Los hechos que se juzgan se remontan a enero de 2016, cuando Podemos y el PSOE comenzaban a negociar un posible acuerdo de Gobierno tras la irrupción del primero en el Congreso con 69 diputados, obtenidos en las elecciones de diciembre de 2015. El escrito del fiscal sostiene que el 19 de enero de 2016 una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta micro SD que era la que había estado conectada al móvil sustraído y fue examinada por los dos periodistas, además de por un directivo y el presidente del grupo Antonio Asensio.

La Fiscalía explica que este último toma la decisión de no publicar nada al respecto y se pone en contacto con Iglesias creyendo que la tarjeta le “podía pertenecer”. La tarjeta “contenía archivos con documentos internos del partido Podemos, diversos datos bancarios, archivos de video y audio, y (...) documentos de carácter íntimo y personal”. También había grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido. Tras esa entrega a Iglesias, previo visionado en la sede de la editorial, el Ministerio Público asegura que entre enero y abril de 2016 los encausados fueron contactados por Villarejo, que era fuente “habitual”, y le entregaron una copia de esa tarjeta micro SD “conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía”.

El escrito explica que el comisario, “actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial” hizo copias y las entregó “a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias”. A continuación, los fiscales enumeran una serie de artículos de los dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 efectivamente acabó siendo publicado a lo largo de 2016.

El juez Manuel García Castellón pasó de considerar a Iglesias y Podemos víctimas de una maniobra del Ministerio del Interior a acusar al entonces vicepresidente del Gobierno de dos delitos y de solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo, ante el que estaba aforado. El Supremo rechazó la pretensión de imputación y la Sala de lo Penal devolvió la condición de perjudicado a Iglesias, quien retuvo la copia que le entregaron en el Grupo Zeta durante meses antes de informar de los hechos a Bousselham.

Yolanda Díaz ha anunciado que no va a ser la candidata de una confluencia de izquierdas a las próximas elecciones generales. Se va justo en el momento en el que Gabriel Rufián hace una propuesta electoral y en el que Izquierda Unida, Más Madrid, de los Comunes y Sumar se lanzan a una candidatura de confluencia de cara a las siguientes elecciones generales. 

Hacemos un repaso a la trayectoria de Yolanda Díaz, tanto desde el punto de vista de ministra y vicepresidenta como de candidata de la izquierda. Repasamos, también, las claves de este paso atrás de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Del por qué ahora, de las claves que hay detrás y de lo que viene en la izquierda a partir de ahora.

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El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido dar “la pelea ideológica con valentía” frente a las políticas del “mal menor” y ha advertido de que “cuando la derecha se fascistiza, lo más inteligente, lo más prudente, lo más pragmático no es echarse atrás para tratar de resistir”, sino “avanzar las líneas ideológicas”.

En un acto electoral para arropar a la candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, celebrado en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza, en el que ha deslizado varias críticas, algunas desde la ironía, hacia otros líderes progresistas como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, el exsecretario general de la formación morada ha insistido en que “la clave del éxito de la ultraderecha es que llevan a cabo una guerra ideológica sin cuartel”, con la que han conseguido que, pese a empezar con “ideas minoritarias que nos escandalizaron siempre”, ahora consiguen que el racismo, el machismo o el franquismo avancen.

La intervención de Iglesias ha estado articulada por la reivindicación de la valentía que, en sus palabras, ha definido a Podemos en los últimos años, en contraposición a representantes de otras formaciones políticas. Una valentía, ha asegurado, “con todo el respeto hacia todos los compañeros y compañeras”, que quien más la ha demostrado es la formación morada, por lo que ha confiado en que “esa valentía se traduzca también en votos” el próximo 8 de febrero en Aragón.

A estos otros “compañeros”, esta vez sin citarlos expresamente, les ha reprochado que antes apostaban por acuerdos programáticos y no por ocupar “sillones” y “ahora los que decían eso no les sacan del sillón ni con agua caliente”. “Ya puede haber compra de armas a Israel, ya puede haber un gasto militar sin precedentes, que ahora el sillón es importantísimo”, ha añadido.

Iglesias se ha referido también a las críticas suscitadas por la ley del 'sólo sí es sí', por la que les decían “sois demasiado radicales, tiene razón Pedro Sánchez, (...) no podemos perder los votos de los señores”. “Y llegó el pico de Rubiales a Jenny Hermoso y entonces resultaba que claro, que sólo sí es sí”, ha protestado.

Ha citado también las críticas de Podemos hacia la OTAN, por las que llamó al PSOE “partido de la guerra” por impulsar “el gasto militar más alto de la historia de España”. “Ahora el país que lidera la OTAN te dice Groenlandia para mí, te pongo aranceles, te vienes a mi campo de golf en Escocia y los mensajes que me mandes quiero que sean como los de Mark Rutte y entonces sí, Trump está mal, Trump es un fascista”, ha apostillado, a la vez que ha recordado que hay 8.000 soldados de Estados Unidos en las bases de Rota y Morón.

“Tienen que empezar a caer las bombas para que sepamos lo que significa estar sometidos militarmente a la autoridad de los Estados Unidos y a la humillación”, ha añadido.

Podemos dice “verdades”

Ha afeado también a estos “compañeros” por acusarles de estar “desuniendo” por decir “verdades” como que “una parte de la judicatura es machista y conspira contra la democracia”, que “una parte del periodismo es golpista y fabrica bulos”, que “la OTAN es instrumento de los Estados Unidos”, que la corrupción “es algo que afecta al PP pero también afecta al PSOE” o que el Gobierno “supuestamente progresista” sigue comerciando con Israel.

En este contexto, el ahora director del canal de televisión 'Canal Red' ha reconocido que entiende el razonamiento de “mucha gente de buena voluntad” que tiene miedo y prefiere “conformarse con el mal menor”.

“Ya me han engañado muchas veces pero es que tengo tanto miedo de que llegue Vox que, por favor, que aguante Pedro Sánchez como sea. Y cuando gane las elecciones el PP con Vox entonces habrá que pedirle por favor a Pedro Sánchez que le dé la investidura a Feijóo para que no gobierne con Vox y pueda gobernar en solitario, cualquier cosa antes de que lleguen los otros”, ha explicado, añadiendo que entiende el razonamiento, pero defendiendo la “guerra ideológica”.

“Las cosas no van a ser fáciles”

Con respecto a Aragón, Iglesias ha admitido que “las cosas no van a ser fáciles” y que “la gente no es idiota” y sabe que las elecciones autonómicas del 8 de febrero se han convocado porque “han dado la orden desde Madrid” al ver que “los números les decían que arrasaban Vox y el Partido Popular”.

A este respecto, ha apuntado que Aragón sólo es “una piecita pequeña en una estrategia en la que la derecha, que ya domina el Poder Judicial, buena parte de los medios de comunicación, buena parte de la empresa” han decidido que ahora quieren también “el Consejo de Ministros”, ante lo que hay gente de izquierdas que “tiene mucho miedo y está muy asustada” y dispuesta aceptar el “mal menor”.

Por su parte, María Goikoetxea ha recordado al periodista Carlos Hernández, comprometido con la memoria histórica, que falleció este martes en Huesca: “Creo que es importante que, en los tiempos en los que estamos, recordemos a esas personas valientes que hacen divulgación de la importancia de la memoria democrática y que defienden que hablar de lo que sucedió en este país durante el franquismo no es reabrir heridas, que es hacer mejor calidad democrática, que es fundamental que no olvidemos que lo que hoy tenemos ha costado mucho esfuerzo, mucha valentía”.

Ha resaltado que las desigualdades son cada vez más grandes y “hacen que los ricos sean cada vez más ricos y que las personas empobrecidas cada vez lo estén más”. “Eso significa que tenemos un sistema injusto que no funciona, y es ahí donde la ultraderecha se aprovecha para proponer soluciones populistas que no solucionan la vida más que de unos poquitos, que casualmente son los que torturaban”, ha añadido.

Para Goikoetxea, “el miedo no es malo, el miedo es humano y todas y todos tenemos miedo en algunos momentos de nuestras vidas, pero el problema es que la extrema derecha utiliza ese miedo como motor político y nos hacen creer cosas que no son verdaderas”. En este sentido, ha puesto como ejemplo que “nunca nos va a pasar que vayamos a comprar el pan y nos ocupen la casa, que no tenemos; no va a pasar tampoco que las mujeres trans vayan a invadir todos los deportes femeninos”.

Las agendas del comisario Villarejo apuntan a la participación del policía en el montaje que atribuyó a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos. La Policía envió a la Fiscalía Antidroga varios documentos, entre ellos una nota anónima en la que se describe el supuesto blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades, actividad que también atribuyen a Urbán. Ese informe coincide en el tiempo con los comentarios que escribe en su agenda Villarejo aludiendo a una “nota de pitufeo” que él mismo ha escrito.

Los cuadernos incautados a Villarejo incluyen cuatro alusiones sobre las notas de supuesto blanqueo de Podemos que el comisario elaboró. Las anotaciones se ubican entre el 23 de febrero de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El montaje contra Urbán arrancó en enero de 2016, pero las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Con las notas anónimas de la Policía contra Miguel Urbán, el Ministerio Público abrió en enero de 2016 unas diligencias secretas que consiguieron el propósito de Olivera, amparar mandamientos a unidades antidroga y antiblanqueo de la Policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Economía. Ni Villarejo ni Olivera están imputados en la causa de la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional. 

23 de febrero de 2015. “El ministro pide un borrador sobre Podemos”

La Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las agendas de Villarejo en toda la macrocausa Tándem. Su incautación se produjo sorpresivamente, en una segunda fase de la operación contra el policía, y en ellas se constata que eran apuntes espontáneos del investigado sobre sus contactos profesionales y también sobre su vida privada. 

El 23 de febrero de 2015, Villarejo anota su conversación con José Luis Olivera: “Dice que habló muy positivamente con el ministro sobre los temas realizados. Dice que nos pide que hagamos un borrador sobre Podemos”. En esta conversación se implica al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las maniobras contra el partido de la oposición. Fernández Díaz no está imputado en la causa por la guerra sucia a Podemos porque, aunque el partido lo incluyó en la querella que originó el caso, el juez Santiago Pedraz consideró que no había indicios suficientes contra él. 

9 de febrero de 2016: “Oli dice que mi nota de pitufeo tiene errores”

El 21 de enero de 2016, el comisario José Luis Olivera, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dejó a un lado sus funciones de coordinación entre servicios de Información y envió a la Fiscalía Antidroga el relato de “una fuente conocida por el Centro” que señalaba a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña.

No habían transcurrido tres semanas desde el primer movimiento de la maniobra contra Urbán cuando Villarejo anota en su diario el contenido de una llamada que ha mantenido con Oli, el comisario Olivera. Es 9 de febrero de 2016. “Propone dar datos de POD a los cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo tiene errores”. Villarejo utiliza “POD” para referirse a Podemos. Con los “cesis” podría aludir a los agentes del CNI. 

La Policía envió a la Fiscalía Antidroga, en primer lugar, el relato de un confidente sobre la caricaturesca venta de la droga. Con posterioridad, Olivera remite otra nota que da un impulso al caso. Se trata de una fuente anónima asegura que Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”. Villarejo nunca firmaba sus “notas informativas”.

Las donaciones que especifica la fuente anónima son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urbán. 

El 12 de enero de 2016, dos medios de la derecha habían publicado el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), dando el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito para un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudo informe PISA coincidió con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

16 de febrero de 2016. “Datos de pitufeo dados a Chisco”

El 16 de febrero aparece la segunda anotación en las agendas que alude a los trabajos de Villarejo contra Podemos. Esta vez parece que se trata de anotaciones sobre un encuentro con su amigo Olivera. Se trata de dos comisarios en activo, destinados en la cúpula de la seguridad del Estado, hablando de “organizar gastos de oficina”. Olivera le ha informado de algo. Villarejo escribe: “Datos de pitufeo dados a Chisco”. 

El pitufeo es una práctica de blanqueo de dinero negro que consiste en fraccionarlo en pequeñas cantidades para introducirlas en el mercado legal sin que llame la atención de las autoridades. Quien recibe los datos del supuesto “pitufeo” de Podemos es el número dos del Ministerio del Interior en ese momento, Francisco Martínez, principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra el partido de Pablo Iglesias. 

La fecha de esta nota coincide con el principal logro de la maniobra de Olivera, poner el engranaje policial al servicio de una mentira. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero, los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) realizan vigilancias en el bar Nueva Visión y, sin llegar a entrar, escriben que hay gente que entra al bar y sale tras “un corto espacio de tiempo”. “Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”, añaden en sus informes entregados a Fiscalía. El motivo de ese trasiego lo explicó Johnny, el dueño del bar a elDiario.es: “Dábamos chupitos a un pavo”.

29 de marzo de 2016. “Boni no se fía de una carta de Chávez para Podemos”

La operación contra Podemos se extendió por la cúpula policial. Una vez inmersa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), su jefe, el comisario José Manuel García Catalán, remitió el 1 de marzo otro informe a Antidroga sobre Urbán. Recoge sus donaciones a “proyectos sociales” y comienza a especular: “Puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y, por tanto, podría tener una fuente de financiación no declarada”. 

“Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos –continúa García Catalán–, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”. García Catalán ha declarado en la causa de la Audiencia Nacional como testigo por su viaje a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Chávez. 

El 29 de marzo de ese mismo mes, Villarejo anota en su agenda una conversación con otro miembro de la brigada política, este sí imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de Bonifacio Díez Sevillano. “Boni me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega que tiene 2 clientes venezolanos por blanqueo”.

¿Y quién es Aliste? En febrero de 2025, elDiario.es accedió a siete informes alojados en bases de datos de la Policía en los que el abogado José Aliste muestra su colaboración en la guerra sucia contra Podemos. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que tuvo como clientes a antiguos jerarcas venezolanos residentes en España y que responden por varios delitos graves. Aliste llegó a escribir en los informes que registró la Policía que Chávez había entregado a Podemos 30 millones de dólares.

La madrileña Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que se ha perpretado este martes un ataque en el establecimiento. Según explican, el atacante llevaba una llave inglesa con la que ha causado daños en el recinto y ha agredido a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía. En la publicación muestran varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés, en la calle Miguel Servet.

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina con la imagen de una bandera de Israel y el símbolo de prohibido, colocada en la fachada “donde se prohíbe la entrada a sionistas”.

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social X el ataque a la Taberna Garibaldi a un “escuadradista sionazi”. Echenique asegura que “los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo”.

La Garibaldi, situada junto a la glorieta Embajadores, se mudó hace unos meses a su actual ubicación -el local que ocupaba antes un restaurante indio- después de iniciar sus pasos empresariales en el año 2024 en la parte alta del barrio, al principio de la calle Ave María.

El Tribunal Supremo ha condenado al periodista Eduardo Inda y su medio OkDiario a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar en 2016 el bulo de que tenía una cuenta oculta en el paraíso fiscal de Granadinas. Los jueces de la Sala de lo Civil consideran que fue el propio Inda el que modificó las informaciones de un redactor para dar por buena la existencia de esa cuenta con cientos de miles de euros pero, en realidad, “la información no fue veraz” porque “no se basaba en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”. Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.

El bulo sobre el dinero que el exlíder de Podemos atesoraba en una cuenta en Granadinas fue uno de los que se lanzaron contra Iglesias y su entorno un mes antes de las elecciones generales de 2016, cuando las encuestas acercaban al partido a los resultados del PSOE. Bajo el titular “El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, el digital de Inda exponía un supuesto documento bancario y afirmaba que el dinero llegó desde Venezuela a la cuenta de Iglesias en Granadinas dos meses después de la fundación del partido.

El digital, un día después, reforzó su información con otra pieza que aseguraba: “Las autoridades españolas acreditan que los documentos del pago a Pablo Iglesias son auténticos”. La realidad es que esa cuenta bancaria no existía y ese documento, con un supuesto origen policial, nunca fue verificado y ni siquiera fue judicializado por la propia Policía.

El pleito ha tardado casi una década en quedar resuelto en firme por el Supremo con una condena económica de 18.000 euros para Eduardo Inda y su digital, quedando exonerado el redactor de la noticia. Su tramitación se solapó con las causas penales impulsadas por Pablo Iglesias contra el periodista y esta causa civil quedó paralizada hasta que las deliberaciones volvieron a arrancar hace pocas semanas.

El Supremo concluye que hay una prueba principal para condenar a Inda y OkDiario: la declaración de Francisco Mercado, el periodista que firmó esa información y cuyo testimonio ha sido clave para llegar a una sentencia condenatoria. Él relató a los tribunales cómo su información original se limitaba a firmar que la Policía investigaba si esa cuenta en Granadinas existía, y que fue Inda el que manipuló el texto para acabar afirmando que la cuenta era real y que la Policía confirmaba la veracidad de las pruebas.

La realidad, además de que la cuenta no existía, es que la Policía no tenía ni la más mínima prueba de la veracidad de esos documentos, tal y como reconoció el propio Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y ya condenado por maniobrar ilegalmente desde el cuerpo en la causa contra los Pujol, además de a la espera de juicio en el caso Kitchen e imputado en la causa por la guerra sucia policial contra Podemos.

“La información no fue veraz porque, tal como fue publicada definitivamente, no se basó en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”, dice el Supremo a pocos meses de cumplirse la publicación del bulo. Eduardo Inda, declara probado el tribunal, fue quien manipuló esa información y tanto él como el periódico deben responder económicamente por el bulo: una indemnización de 18.000 euros para Iglesias además de la obligación de borrar la información falsa y de difundir su condena tanto en el medio como en sus redes sociales.

“Sabíamos que era mentira”

El Supremo constata que el bulo llegó en un momento político delicado para Podemos y la candidatura que entonces encabezaba Iglesias a la Moncloa, con las encuestas dándole su mejor resultado histórico: “Se publicaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales en las que el demandante encabezaba la candidatura de su partido político. Los hechos que se le imputaban afectaban considerablemente a su reputación y se realizaron en un medio de comunicación con importante presencia en Internet, no solo mediante la web del diario sino también por las redes sociales”.

La creación de este falso documento bancario y su difusión en OkDiario es considerada por Iglesias y Podemos como una de las primeras operaciones coordinadas de la cloaca policial para perjudicar el ascenso del partido en sus primeros años de vida. “Sabíamos que era mentira”, dijo por ejemplo Francisco Martínez, número dos de Interior con Mariano Rajoy, en una conversación con el empresario Javier Pérez Dolset. Un recorrido por la cronología del bulo detalla cómo el bulo nació en el seno de la Policía y llegó a las portadas a menos de dos meses de las elecciones generales.

elDiario.es fue el primer medio en desmentir la existencia de esta falsa cuenta en Granadinas: antes de salir en OkDiario había sido difundido, con ligeros cambios, por una periodista venezolana desde Miami. La exclusiva, por tanto, había sido copiada de YouTube. En una conversación grabada por el comisario José Manuel Villarejo, el policía llegó a confesar al periodista Antonio García Ferreras que el documento era una “bacalada”.

La creación del bulo sobre la cuenta en Granadinas es uno de los objetos de la investigación que lleva desde hace meses el juez Santiago Pedraz en torno a la guerra sucia policial contra Podemos. Una investigación en la que, tal y como ha revelado elDiario.es, el magistrado ha obtenido la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo a través de una nota informativa. Lo que, semanas después, terminó publicando OkDiario a un mes de las elecciones en las que Podemos buscaba el 'sorpasso' al PSOE.

El fundador de Podemos Miguel Urbán Crespo ha conseguido por fin que un juez escuche su testimonio sobre el montaje urdido contra él desde la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha citado a Urbán como testigo en la causa que dirige en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos en la primera legislatura del Ejecutivo del PP, más intensas en 2016, cuando el partido estuvo cerca de gobernar. 

elDiario.es desveló en mayo de 2025 cómo Urbán fue investigado en aquel periodo por la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior a partir del testimonio de un confidente que aseguraba haberle visto vender 40 kilos de cocaína en el piso superior a un pub de Malasaña. 

El disparatado relato, monitorizado por uno de los mandos de la brigada política del PP, incluía cómo Urbán habría confesado a voces que la cocaína era de Venezuela y que su venta estaba destinada a financiar a Podemos. Antes de marcharse, el entonces eurodiputado habría volcado cocaína sobre la barra del bar e invitado a todos los clientes para celebrar la operación. Urbán, contaba el confidente, era un traficante de menudeo habitual de Malasaña.  

Ese mando policial es José Luis Olivera, hoy jubilado, procesado en el caso Kitchen y en el momento de los hechos director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su firma está en los documentos que motivaron la apertura de las diligencias de la Fiscalía Antidroga que reveló este medio. El pasado 24 de noviembre, Olivera declaró en la Audiencia Nacional, como testigo, que él solo dio traslado de una fuente del CITCO y que ni siquiera sabía a ciencia cierta, en pleno apogeo de Podemos, quién era Urbán, por lo que tuvo que buscarlo en Wikipedia.

Durante su declaración, Olivera trasladó la responsabilidad de la Operación Cardenal –como se bautizó la investigación a Urbán– a dos subordinados en la etapa del CITCO, un comisario y un inspector jefe que el juez ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a petición de la acusación particular, que ejerce Podemos. El día antes está prevista la declaración de la víctima del montaje, Miguel Urbán. 

La investigación a Urbán resultó un pretexto para dar el salto a las cuentas de Podemos y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En la causa consta como investigado el policía Antidroga que utilizó la apertura de la Operación Cardenal para rastrear en las bases de datos al ex secretario general del partido. Cuando declaró en la Audiencia Nacional aseguró que siempre que se investiga a alguien por drogas se consulta a su entorno más cercano. 

De todas las personas que la Policía consideró cercanas a Urbán, la Policía escogió a Pablo Iglesias y a un senador de Podemos con apellido vasco y antigua militancia en la ETA que actuó durante el franquismo, Josetxo Arrieta. 

La primera querella

La querella que dio origen a la investigación de la guerra sucia contra Podemos incluía una conversación entre el número dos de Interior Francisco Martínez y uno de los comisarios de la brigada política. El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad dice a través de WhatsApp: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. Cuando el comisario Enrique García Castaño contesta “nada”, Martínez escribe: “¡Cagüenlaputa!”. La búsqueda sobre los antecedentes de Arrieta, que se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, se había realizado el 8 de enero anterior. 

Entre la documentación que la Audiencia Nacional solicita ahora a la Udyco de la Policía están las “fichas de los investigados” que se hubieran elaborado en el marco de la Operación Cardenal, así como “la totalidad de personas” a las que la unidad antidroga buscó en las bases de datos policiales con la excusa de la investigación por narcotráfico a Miguel Urbán. 

También a petición de Podemos, el juez Pedraz ha solicitado todos los “datos coordinables” que hubiera introducido la policía en esas bases de datos para realizar sus búsquedas y cualquier “documento interno de trabajo, notas o mensajes” que consten en los archivos policiales sobre la citada Operación Cardenal. El juez también se dirige al CITCO, el órgano que dirigía Olivera y de donde partió la declaración del confidente, al que se reclama cualquier documento relacionado con la investigación a Urbán. 

Urbán declarará como testigo en la causa por la guerra sucia a Podemos después de que una jueza de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, rechazara una querella que presentó en relación con el montaje. La Sala de lo Penal confirmó ese rechazo por una cuestión de competencia, pese a que en el momento de los hechos Urbán era europarlamentario. 

La causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente desde la admisión a trámite de la querella, en febrero de 2024, y gracias a las diligencias que va solicitando el partido, ante la inacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y entre confesiones y documentación que van acreditando las maniobras policiales contra la formación política. 

Episodios de crisis de identidad tanto personales como colectivas, la construcción de rituales, la fe en las instituciones, la posverdad, las guerras injustificadas, la incapacidad de convivir con la propia felicidad, la politización del placer, las policías cívicas. Todas ellas aparecen en la Gran Madriguera de la fábula Auge y caída del conejo Bam (Anagrama), del escritor, traductor y guionista Andrés Barba. Un libro en el que consigue, poniendo al lector en la piel de estos pequeños animales, hablar sobre tantos temas que nos atañen como partícipes de sociedades globales, como seres humanos, como personas.

El autor optó por abordarlos desde el prisma de estos mamíferos porque, tras una experiencia de la política de los últimos años “tan espídica”, considera que “no se nos ha permitido ni siquiera llevar a cabo el pensamiento crítico ni poder tomar distancia sobre lo que nos estaba pasando”. Barba explica a elDiario.es que la crisis derivada de este contexto, “de hastío, de agotamiento, de cansancio incluso de ser humano, lleva a una especie de tentación y disidencia de lo humano”. Con todo esto en cuenta, valoró que necesitaba “una distancia emocional lo bastante grande como para poder contarlo”, y usar a los conejos como personajes se convirtió en la manera de materializarlo.

Algo parecido a lo que Art Spiegelman hizo en Maus: “Decía que le resultaba tan imposible contar la historia del Holocausto con humanos que contarla a través de animales, gatos y ratones fue la estrategia perfecta para generar un bloqueo sentimental y poder ver la narración sin más”.

El narrador de Auge y caída del conejo Bam es Copito, que habla de su propia experiencia tras conocer al gran líder Bam, y a su lado llevan a cabo acciones como nombrar a todos los habitantes de la Gran Madriguera, manipular los discursos, instigar al odio y ser incapaz de gestionar la realidad, hasta cuando parece placentera, de una forma que no sea a través del enfrentamiento, de la guerra. De su mano se pone en evidencia la importancia de distinguir entre lo esencial y banal que nos rodea, desde dentro de las propias instituciones, como arma para entender de qué deberíamos prescindir y qué es lo realmente necesario.

El nacimiento del líder

Uno de los momentos de la novela en los que se activa el odio colectivo es cuando se pone en peligro el status quo de la Gran Madriguera, donde el grupo de los supuestos mejores conejos se sienten amenazados por la llegada de un nuevo líder. “El libro habla sobre el nacimiento y la identidad del líder. ¿Cómo se construyen? ¿Hasta qué punto es un líder responsable de sus acciones? ¿Somos nosotros quienes le empujamos a hacer ciertas cosas?”, plantea Barba. Tampoco van mejor las cosas cuando, ya en un contexto de estabilidad, los conejos no son capaces de asumir su propia felicidad. “No responsabilizarse es un pecado muy contemporáneo, y del populismo. Si la responsabilidad es exógena, siempre está fuera, dependiente de otro, el miedo a mirar hacia dentro y lo que uno es, pasa a ser un activador de la violencia”, apunta el escritor.

Los personajes de la novela beben de personajes reales, como Jesucristo, Stalin, Gandhi, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Donald Trump y Boris Johnson. “Todos están en algún punto, porque todos responden en cierto modo a ciertas categorías, y a la decadencia de los líderes. Como sociedad que se desresponsabiliza de todo tenemos siempre la tentación de pensar que los defectos de los líderes son suyos”, argumenta, poniendo como ejemplo el “acusar a Pablo Iglesias de que su personalismo es una especie de delirio de grandeza suyo, cuando en realidad era el propio movimiento el que le empujaba al personalismo constantemente”.

Acusar a Pablo Iglesias de que su personalismo es una especie de delirio de grandeza suyo, cuando en realidad era el propio movimiento el que le empujaba al personalismo constantemente

Andrés Barba — Escritor, traductor y ensayista

De hecho, opina que en el mundo actual “los líderes están hiperpersonalizados”, al tiempo que son “catalizadores de una energía social que los modifica y transforma”. “Por mucho que pensamos que Trump es una persona muy concreta o específica, en realidad es una categoría vacía, un hueco que llenamos de cosas. Los líderes nacen para ser devorados por la multitud que los ha ensalzado”, señala.

El autor destaca que todas estas dinámicas aplican a todos los líderes, sin excepción: “No debemos cometer la ingenuidad de pensar que un líder totalitario nace de un huevo totalitario. El totalitarismo se construye de manera sibilina, muy sofisticada aunque a veces no tanto, pero desde luego sí lo bastante lenta como para que no percibamos su evolución”.

Analizar las primeras espadas de la política conlleva hacer lo mismo con la propia historia, sobre la que Barba recurre a Marx para reflexionar en cuanto que “se repite como tragedia, y luego como parodia”, ya que considera que ahora estamos en “un ciclo paródico de la historia”.

No debemos cometer la ingenuidad de pensar que un líder totalitario nace de un huevo totalitario. El totalitarismo se construye de manera sibilina, muy sofisticada aunque a veces no tanto, pero desde luego sí lo bastante lenta como para que no percibamos su evolución

Andrés Barba — Escritor, traductor y guionista

Un ciclo en el que los 'políticos clown' han tomado protagonismo: “La mayoría de los políticos actuales tienen un lado de clown. Ayuso, Trump, Bolsonaro, Milei ni te cuento. Una cosa del 'político clown' es que es simultáneamente su versión idealista y la paródica. Y al convertirse en su versión paródica, se convierte en inatacable. Una cosa propia del payaso es que uno no sabe cómo interpretarle en clave cómica o seria todo el tiempo. Entonces, el propio discurso político se blinda precisamente por el doble sentido del clown. Y cuando todo está dicho en clave clown, e histriónica, no se puede pedir justificaciones ni nada”.

De ahí que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sea para Barba como “la reina del clown, tan eficaz. Todo lo que hace es absolutamente inatacable”. En conjunto, define a este tipo de políticos como “una especie de 'kriptonita' de la política. Es imposible dialogar con ellos sin quedar atrapado, sin perder los poderes naturales de las instituciones a las que, por otra parte, desprecian por completo”. Y pone como ejemplo cómo Milei ha utilizado todas las instituciones del Estado en Argentina para “vaciarlas por completo. Están ahí, pero como figuras de escenografía, de una especie de atrezo, atrezo de la democracia en realidad”.

Liberar a la literatura de la ideología

Andrés Barba defiende la literatura política, pero liberada de ideología, ya que considera que “la izquierda tiene la tentación de hacer en la literatura la justicia que no ofrece la vida. Usarla como para generar una especie de canal vicario de justicia”.

En parte, hablando también en primera persona, como pensante de izquierdas, critica: “Tenemos un sentido de autocrítica bastante menos desarrollado del que pensamos, y al usar la literatura de esta forma, es ideologizada. Yo tengo pensamientos y valores de izquierda, pero no quiero usar este libro para decir lo malos que son los otros, lo quiero para pensar políticamente qué nos está pasando. Incluso a costa de decir que el resultado sea un poco pesimista”.

Para el autor, la “misión” de la literatura es “facilitar el pensamiento crítico, habilitar la narración en contra de la información, porque la información es consumo y lleva aneja la opinión”. “Siempre que recibimos una cápsula de información lleva una interpretación al lado. La narración no admite la opinión, es como un lugar de sentido de comunidad. Un espacio de identidad, de pensamiento crítico”, sostiene. “Si la literatura no nos sirve para pensar, no sirve para nada”, concluye.