Juan Carlos I ha asegurado que las relaciones de su hijo, el rey Felipe VI, con el actual Gobierno español de Pedro Sánchez “deben ser muy difíciles”, en una entrevista que concedió hace una semana al diario Le Figaro al recibir un premio en París por sus memorias, y que se publica hoy sábado. “En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”, asegura el rey emérito en una entrevista que se hizo en el bar del hotel Plaza, uno de los más lujosos de la capital francesa y donde se alojó durante su visita el pasado fin de semana para recoger en la Asamblea Nacional el premio especial del jurado del libro político del año.

El exmonarca asegura que “los tiempos cambian y España ha cambiado”, al tiempo que se pregunta “¿en qué dirección?”, sin responder a la cuestión: “Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra”.

El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014, asegura que toda su vida “ha estado dictada por las exigencias de España y del trono” y lamenta: “Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella”. Defiende tradiciones como la caza o los toros: “La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional”. También considera que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país y recuerda que durante su reinado “todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno” y que “ahora esos encuentros son menos frecuentes”.

Además, Juan Carlos I señala que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no sucede con su hijo. Juan Carlos no duda en defender la monarquía como sistema de Gobierno aunque reconoce que “es criticada en ciertos países”. “Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido”, señala. Y recuerda que “actualmente hay once monarquías en Europa, eso quiere decir algo”.

Leonor “tendría que estar más en primera línea”

El rey emérito considera que su nieta Leonor, heredera del trono, “tendría que estar más en primera línea” porque “da una muy buena imagen de la monarquía”.

Juan Carlos repasa también algunos hechos del pasado, como cuando el presidente socialista Felipe González (1982-1996) le pidió que intercediera entre los países árabes para que España pudiera reconocer el Estado de Israel: “Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: 'Adelante'”.

También rememora su primer discurso en la Asamblea Nacional francesa pronunciado en 1993 y como, al pasar entre la guardia con los tambores, le dijo al entonces presidente de la cámara, Philippe Seguin: “Esto me recuerda algo”, haciendo con la mano el signo de la guillotina.

Residente en Abu Dabi, el monarca también se refiere a la situación en Oriente Medio por la que siente “inquietud, como todo el mundo”. “Estuve presente en la ceremonia de celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa en 1971. Iba dos veces al año, sobre todo cuando viajaba a China. Tenía una relación amistosa con el Sha”, rememora. “Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así”, agrega.

También se refiere a la princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, que ha oficializado su relación amorosa con el líder de la extrema derecha francesa Jordan Bardella, brazo derecho de Marine Le Pen: “Es la rama italiana pero lejana de la familia”.

La plaza número 2 de la sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Bilbao ha estimado el recurso presentado por el portavoz del PP en Erandio, Iker Iribarren, y ordena al Ayuntamiento a restituir la bandera de España tanto en el exterior del edificio municipal como en el interior del salón de plenos. En concreto, la sentencia, con fecha 26 de marzo de 2026, obliga a colocar la enseña nacional en un lugar visible y destacado junto al resto de banderas oficiales, así como a situarla en el salón plenario en posición de honor. Además, la resolución judicial establece también la colocación de la efigie del rey Felipe VI en un lugar preferente dentro de la sala donde se celebran las sesiones plenarias, según ha informado el PP.

Este pronunciamiento judicial llega tras la iniciativa impulsada por el PP de Erandio en febrero de 2025, cuando la formación llevó al pleno una moción para exigir el cumplimiento de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas oficiales. Desde el PP de Erandio han valorado la decisión como un “paso importante en defensa de la legalidad y de la representación institucional de todos los vecinos del municipio”. “Hoy se hace justicia y se restablece una obligación que nunca debió dejar de cumplirse. Las instituciones tienen que representar a todos los ciudadanos, sin exclusiones”, ha sentenciado Iker Iribarren.

A su vez, el portavoz popular ha subrayado que esta resolución supone “una victoria de la convivencia democrática y del respeto al marco constitucional”, insistiendo en que la reclamación del PP “nunca ha buscado confrontación, sino garantizar que el Ayuntamiento cumpla con la ley”. “No se trata de imponer nada, sino de asegurar que el Consistorio refleje la pluralidad y la realidad institucional que nos representa a todos”, ha añadido el edil.

Desde la formación recuerdan que el Ayuntamiento llevaba años sin cumplir con esta obligación legal, una situación que consideran “impropia” de una administración pública. Por último, el PP de Erandio ha puesto en valor la importancia de defender el cumplimiento de la ley desde las instituciones, animando a otros representantes constitucionalistas del País Vasco a seguir trabajando en la misma línea.

El juez José Castro y otras 60 personas han firmado un escrito que han enviado por mail a distintos grupos parlamentarios del Congreso en el que les piden que apoyen que se pueda votar una enmienda presentada por el PNV en el Congreso que elimina la inviolabilidad del rey de la Constitución. Los nacionalistas vascos registraron la citada enmienda para reformar el artículo 56.3 de la Carta Magna en la modificación de la Constitución que se tramita actualmente de forma urgente en el Congreso que busca que Formentera pueda elegir un escaño en el Senado independiente del que le corresponde junto con Ibiza.

En concreto, el citado artículo que quiere modificar el PNV y cuya supresión también respaldan los firmantes está redactado de la siguiente manera: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado. En este caso, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65.”

En su texto, los firmantes recuerdan que “según la Constitución, el Poder Judicial es quien interpreta las leyes y dicta las sentencias para asegurar su cumplimiento”. “Por tanto, el texto vigente del articulo 56.3 impide el cumplimiento del artículo 14, en tanto que establece la igualdad de todos ante la Ley 'sin que pueda prevalecer discriminación alguna', un principio fundamental que no se cumplió en el caso del anterior jefe del Estado al permitir que disfrutara de la discriminación positiva derivada del privilegio de no haber tenido que comparecer ante la Justicia, lo que, en su caso, se repetiría con el actual jefe del Estado”. 

Con todo, los firmante piden a los diputados que presionen para que la Mesa del Congreso permita que se someta a votación la propuesta de reforma del artículo 56.3 presentada por el Grupo Parlamentario del PNV, incluida en la citada reforma de la Constitución para dar un senador a Formentera, y que está previsto que se vote en los próximos días en la Cámara Baja. En numerosas ocasiones la Mesa no suele aceptar estas iniciativas al entender que se exceden de sus funciones.

Entre los firmantes, además del juez Castro que se encargó de la instrucción del 'caso Nóos' en la que se vio involucrada la infanta Cristina de Borbón, están el activista y exsacerdote Cecili Buele i Ramis, el también activista Floren Dimas, el histórico abogado mallorquín Ferran Gomila, y la presidenta de Memoria de Mallorca Maria Antònia Oliver París. Según ha podido conocer elDiario.es, la petición se la han enviado a diputados de PSOE, PNV, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos.

La monarquía es una institución conservadora por definición. Su éxito se basa en la permanencia histórica de un linaje familiar. Si nada cambia, su supervivencia es más sencilla. Pero en el último lustro, Felipe VI está perdiendo apoyos por el flanco más inesperado, precisamente por la derecha, a cuenta de tres posicionamientos nada novedosos en la corona española: su habitual papel neutral en la política, su respaldo a la causa palestina y su papel de interlocución con Iberoamérica.

La polémica más reciente se produjo este lunes. El jefe del Estado visitó la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, en el Museo Arqueológico Nacional, acompañado del embajador del país latinoamericano en España, Juan Nepomuceno. Una cámara les siguió durante el recorrido. 

En una conversación informal, Felipe VI muestra su interés por una exposición que, dice, “abre una ventana de conocimiento” y permite “conocer más a fondo esa historia antigua” de una civilización que se “encontró” con otra, la proveniente de Europa, “con sus momentos de lucha, conflicto y controversia”.

El rey sostiene en el vídeo que el “criterio de hoy en día” y los “valores” actuales “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” de lo que hicieron los antepasados de los españoles. El monarca asegura que esos hechos “hay que conocerlos”. “En su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, con análisis objetivo y riguroso”, matiza, para concluir: “Y sacar lecciones. También ha habido controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. La reina Isabel [la Católica] con sus directrices, con las leyes de indias, [tiene] un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla y hay mucho abuso”.

La Casa del Rey no informó de la visita a la exposición ni distribuyó las imágenes por los cauces habituales. Publicó el vídeo íntegro que escondía estas afirmaciones de Felipe VI en Twitter. Y ahí lo dejó, hasta que saltó a los titulares. 

España y México buscan la forma de reconducir unas relaciones bilaterales maltrechas desde hace años. La actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitó al jefe del Estado español a su toma de posesión, y el Gobierno respondió con un plante total: nadie acudió oficialmente a la cita. 

Los intentos de arreglar las relaciones tienen una fecha clara en el horizonte próximo: La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, una de las citas más importantes en el ámbito internacional tanto para España como para el resto de países implicados. 

Esta edición se celebrará en noviembre en Madrid, y la intención del Gobierno, que era conocedor del tono del mensaje que iba a dar Felipe VI, es llegar a noviembre con todas las relaciones diplomáticas rehechas. La presidenta de México dijo este martes que valora con matices la alusión del Rey a los excesos de la conquista: “No es todo lo que hubiéramos querido”. Según publicó ‘El Periódico de Catalunya’, Sheinbaum ha invitado personalmente tanto al rey como al Gobierno al España-Uruguay del Mundial de Fútbol que se disputará el próximo 26 de junio en la ciudad mexicana de Guadalajara.

De los indultos y la amnistía a Gaza

Las palabras del rey provocaron la inmediata reacción de la derecha española por, según sus críticos, asumir la “leyenda negra” sobre la conquista de América. Con más cuidado desde la más alta dirección del PP, y sin ambages desde Vox.

Feijóo afirmó que “hacer un examen” ahora de lo que ocurrió en el siglo XV “es un disparate” y defendió que la conquista de América “ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional”. 

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, aseguró que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal” y que se hizo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona”.

Otros perfiles relevantes, como Cayetana Álvarez de Toledo, rescataron antiguas intervenciones propias críticas con el revisionismo de lo ocurrido durante siglos de control español de buena parte de América. 

En redes sociales se multiplicaron las críticas contra Felipe VI, algunas lanzadas desde cuentas reales y otras desde usuarios falsos manejados de forma coordinada con una intencionalidad política. Redes de ‘bots’ que campan a sus anchas en Twitter, por ejemplo, por decisión de Elon Musk.

Las andanadas contra Felipe VI que llegan desde la derecha no son nuevas, y se remontan a 2021. El Gobierno concedió el indulto a los líderes del proceso independentista catalán. Y muchos confiaron en que el rey de España se negara a firmarlos antes de su publicación en el BOE.

Una decisión que hubiera hecho saltar por los aires los principios básicos de la monarquía constitucional y hubiera provocado una crisis institucional cuyas dimensiones son difíciles de calcular.

Fue entonces cuando se aplicó al jefe del Estado un mote que se ha consagrado entre la derecha más extrema: Felpudo VI. Tal y como analizó el experto Julián Macías, el origen está en usuarios muy próximos a Vox.

La tormenta contra el inquilino del Palacio de la Zarzuela se reavivó en 2023 con la investidura de Pedro Sánchez y la posterior aprobación de la ley de amnistía, que fue de nuevo sancionada por Felipe VI ante el estupor de quienes confiaban, otra vez, en un plante que no se produjo.

Al rey le criticaron primero por designar a Sánchez candidato a recibir el voto del Congreso pese a no haber ganado las elecciones del 23 de julio de ese año. Y eso que, previamente, Felipe VI había dado paso a Alberto Núñez Feijóo pese a saber que la votación sería fallida, como finalmente ocurrió.

Tras la investidura llegó la negociación de la amnistía y el llamado “noviembre nacional”, una serie de protestas, bastante minoritarias y de carácter violento, que protestaban contra la ley que iba a perdonar los delitos de los independentistas, pero también de policías que actuaron durante el referéndum de octubre de 2017

Uno de los objetivos de las críticas fue, de nuevo, el rey, quien estampó su firma en la norma emanada de las Cortes Generales para su publicación en el BOE en junio de 2024. Desde Vox le reclamaron un discurso contra la ley que había sancionado similar al que pronunció el 3 de octubre de 2017. Felipe VI hizo de su mensaje de Nochebuena un alegato a favor de la Constitución, que marca expresamente sus funciones.

También la posición en política internacional de España y su defensa de los Derechos Humanos más básicos en Gaza supusieron una lluvia de críticas contra Felipe VI. 

En enero de 2024, apenas unas semanas después de los ataques del 7 de octubre de 2023 que Israel usó como excusa para la destrucción total de Gaza, el rey ya pidió un “alto el fuego” e insistió en el reconocimiento del Estado palestino.

En septiembre de 2025, ante la Asamblea General de la ONU, Felipe VI exigió expresamente a Israel “detener ya la aberrante masacre” en Gaza, aunque no usó la palabra “genocidio”. Isabel Díaz Ayuso afirmó: “El rey reina, pero no gobierna”.

En esas mismas fechas, el jefe del Estado realizó una visita oficial a Egipto. Ante el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, volvió a reclamar un Estado palestino que incluya Jerusalén. Estas declaraciones le valieron las críticas de un lobby proisraelí y de la extrema derecha. Este viernes, Feijóo será recibido en el Vaticano por el papa León XIV, quien también puso en duda el papel de los europeos en la conquista de América, siguiendo los pasos de su predecesor, Francisco.

La extrema derecha española arremete contra el rey Felipe VI después de sus declaraciones sobre la conquista de América. Este lunes, el rey reconoció que España había cometido “mucho abuso” durante la colonización del territorio mexicano y admitió “controversias morales y éticas” en dicho periodo de la historia. Las declaraciones no han sentado bien en la ultraderecha, que hace años que critica a Felipe VI porque, consideran, sus intervenciones no se alinean con los intereses más conservadores de la Corona.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha condenado las palabras del rey. “Mi Rey, con todo respeto, le recuerdo que 'mucho abuso' hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución de su Majestad”, asegura en redes sociales el eurodiputado ultraderechista, aprovechando para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tertsch califica la conquista de América de “inmensa gesta” y “salto glorioso”, y afirma que “los posibles abusos” contra la comunidad humana indígena “son insignificantes” frente a “los abusos que perpetraban habitantes de aquellas tierras” y frente a la “colosal” gesta de España. “Estamos estupefactos”, asegura. “Somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España. Juan Carlos Girauta, también eurodiputado del partido, ha repetido parte del argumento de Tertsch. ”Hombre, abuso abuso el de los aztecas sobre el resto de pueblos indígenas antes de tener la suerte de convertirse en españoles“, ha dicho en su perfil de X.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha afirmado que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”, y que esto se hizo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona”.

No solo han mostrado su rechazo a las palabras del monarca quienes forman parte del partido de Santiago Abascal. También han llegado críticas desde la derecha liberal y conservadora. El propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido su opinión una entrevista en esRadio: “Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”. Para el dirigente popular, la llegada de España a América “ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional”. Ha defendido también que los Reyes Católicos consiguieron para los pueblos indígenas derechos “muy superiores” a los “que tenían en su territorio”, después de pedir que se contextualicen las palabras de Felipe VI.

La calificación y el reconocimiento histórico de las consecuencias que tuvo la colonización de América durante el siglo XV ha sido razón de desavenencia entre los gobiernos español y mexicano durante los últimos años. En 2019, el entonces presidente de México, Andrés López Obrador, exigió a la corona española que admitiera públicamente la responsabilidad de los crímenes cometidos en dicho momento de la historia contra los pueblos nativos. Felipe VI se negó y las relaciones diplomáticas se enfriaron. Hace dos años, la dirigente de México, Claudia Sheinbaum, no invitó a ningún representante de la Casa Real ni del Ejecutivo a su toma de posesión del cargo.

Losantos: “El rey bajo ningún concepto puede atacar la memoria de los reyes católicos”

El periodista Federico Jiménez Losantos se ha mostrado especialmente duro con las declaraciones: “El rey de España, de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, jamás, puede atacar la memoria de los reyes católicos, la memoria de la corona de España, sagrada memoria civilizatoria”, ha asegurado durante su programa en esRadio. Losantos ha asegurado que “España nunca ha cometido abusos en América” y que “llevó la civilización occidental, la más avanzada del mundo”, a América. Ha afirmado que antes del siglo XV quienes cometían crímenes contra la humanidad eran los propios indígenas, que practicaban “sacrificios humanos” y “mataban a miles cada año”. “Los españoles hoy podemos estar muy orgullosos. ¿Quién salva a todos indígenas? España”.

También han expresado su desacuerdo varias organizaciones y activistas de la extrema derecha más radical, como Núcleo Nacional, e incluso algunos medios y sus directores, como OkDiario.

El medio OkDiario publicaba este lunes por la tarde la noticia de las palabras de Felipe VI con el siguiente titular: 'Felipe VI se suma al relato de la leyenda negra: “Hubo mucho abuso durante la conquista de América'. La presidenta del periódico digital ha publicado un mensaje en la red social X, acompañado de la noticia. ”El único abuso que hay es el del Rey Felipe VI con la paciencia de los españoles en los últimos años. Qué vergüenza“, ha criticado.

La organización ultra Núcleo Nacional —cuyo lema es 'No parar hasta conquistar' y que habitualmente utiliza una bandera de España de la que retiran o borran el escudo real— respondió, en la misma plataforma, al vídeo de las declaraciones con un: “Masonada histórica”. Los activistas más ultraderechistas han intentado relacionar reiteradamente a Felipe VI con la masonería. El bulo suele rescatarse cada pocos meses en redes sociales.

Son muchos los ciudadanos anónimos de extrema derecha que también han expresado su descontento con las palabras del rey. Algunos son el escritor Guillermo Rocafort, el falangista Martín Ynestrillas, Marcos de Quinto o cuentas de “divulgación” ultras contra la “batalla cultural”, como A pie de calle. “Increíble y vergonzoso”, se ha quejado Rocafort en su cuenta de X. “Abusos hubo también en la Conquista de Iberia por Roma pero a nadie se le ocurre condenarla porque dicha Conquista configuró nuestra Nación”, asegura. Ynestrillas ha calificado a Felipe VI de “felón” y “títere”. “Un indigno, representante ideal de la época que nos ha tocado vivir, donde ni siquiera el monarca es capaz de mantener la mínima dignidad nacional”, añade. El empresario y exdiputado Marcos de Quinto ha tuiteado: “Es increíble que el rey asuma un relato falso [...] ¿Por qué se muestra siempre sumiso con quienes no respetan a España… y tan distante con quienes la defendemos?”. Y la cuenta de bulos A pie de calle pregunta: “¿Esto debe ser coña con la que tenemos en el puto país, no?”.

Recuerdo bastante de aquella noche, aunque yo era un niño. Llegué a casa del colegio y mi madre, como solía, estaba escuchando la radio. Retransmitían el debate de investidura. Al poco, comenzaron los conocidos gritos de Tejero y los tiros. Poco después, marchas militares. En aquellas horas, mi familia, como la de tantos, se dividía entre los que estaban encantados y con ganas de abrir botellas de “champán” –hoy cava–, existiendo, no obstante, otros, más experimentados, que habían sufrido la Guerra Civil y guardaban muy buena memoria de ella, no corrompida por la propaganda del franquismo. Estos últimos estaban aterrorizados, pues sabían lo evidente: que aquello podía ser el detonante de otra guerra. En ese escenario, la intervención de madrugada del entonces rey provocó decepción en los primeros y un muy tenso e incierto alivio en los segundos. Al final, todos sabíamos que circulaban tanques por Valencia y eso no auguraba nada bueno, incluso tras el mensaje de Juan Carlos I. Duró aún años la tensión amenazante de un ruido de sables con el que se frivolizaba con frecuencia. 

Pero no les voy a contar más de mis vivencias de aquel día, que a nadie interesan. Lo que me parece relevante es destacar que esa ruptura ideológica en la sociedad, que fue a menos con los años pero que persistió, de hecho, hasta el día de hoy, no acabó con el proceso que condenó a algunos de los implicados, porque tampoco se pretendía eso. Es evidente que ningún conflicto político se acaba jamás con un proceso judicial.

El proceso, en realidad, sirve sobre todo para averiguar la verdad, ya que se trata de un mecanismo milenario de resolución de conflictos que se basa precisamente en eso: en determinar la realidad de los hechos, dándole la razón, no al más fuerte o poderoso, sino a aquel que tiene la verdad de su lado. Pues bien, es obvio que en el proceso contra los golpistas no se averiguó toda la verdad, sino que quedaron lagunas relevantes. Este, por cierto, es uno de los puntos que sí cambian decisivamente tras la reciente publicación de los documentos que hasta ahora estaban clasificados.

En concreto, hemos sabido algo que hubiera sido muy relevante para aquella sentencia, e incluso para el global del proceso: el hoy rey emérito se entrevistó en secreto, justo antes del inicio del proceso, con uno de los principales acusados: Jaime Milans del Bosch.

Esa entrevista es indudablemente impropia, e incluso hubiera podido tener relevancia penal –obstrucción a la justicia–, más allá del impacto político tremendo que hubiera provocado de haber sido conocida en su momento. Todo un rey entrevistándose personalmente con un golpista… De haberse sabido ese dato, con seguridad se le hubiera interrogado al militar sobre qué habló con el monarca. Y aunque cualquier reo tiene derecho a guardar silencio y, visto lo visto, muy probablemente lo hubiera guardado, el dato de esa entrevista hubiera sobrevolado en el ambiente, asentando la tesis de la implicación del rey en el golpe que profirieron varios de los reos, entre ellos el propio Tejero, que afirmó en el Congreso estar actuando en su nombre.

De hecho, puede que la sentencia no hubiera podido eludir pronunciarse sobre esa implicación. El rey es constitucionalmente inviolable y jamás hubiera podido ser juzgado, pero la revelación de esa entrevista era relevante en el terreno probatorio. No es lo mismo hablar con un capitán general la noche del golpe para conocer, al parecer, si apoyaba la asonada, lo que es lógico, que dirigirse a él en secreto, una vez pasado todo, no se sabe para decirle qué justo antes de ser juzgado. Se ha especulado con que no se quería que el militar pudiera implicar de algún modo a la Corona, pero… de ser solamente eso, ¿era imprescindible esa entrevista? Si Milans del Bosch hubiera hecho el clásico relato con efecto ventilador, típico de tantos acusados que buscan vanamente vengarse o protegerse, de nada le hubiera servido, como de poco le valió a Bárcenas todo lo que contó, por poner un solo ejemplo. Por ello, ¿cabría deducir que la preocupación estribaba, en realidad, en revelar datos concretos contrastables sobre la trama de apoyos del golpe?

Y esos datos debieron existir, puesto que, de lo contrario, las conversaciones del monarca con Milans del Bosch el día del golpe no hubieran sido “tensas”, como han revelado los servicios secretos. También parece ser que lo fueron con Armada. Y la tensión solo puede derivar de la discrepancia. ¿Sobre qué discrepaban dos casi ancianos militares de altísima graduación con un reciente rey de cuarenta y pocos años? ¿Por qué se produjo un evidente desencuentro final entre Armada y Milans del Bosch si, según parece ya seguro, el segundo apoyaba al primero para que fuera presidente de un Gobierno de concentración? Puede que nunca lo sepamos ya.

Por supuesto, la opción aparentemente más sencilla es pensar que el rey defendía la democracia y aquellos generales, un giro autoritario, y que Tejero lo estropeó todo, no solo cuando irrumpió a tiros generando una situación internacionalmente escandalosa y grotesca, sino cuando echó a Armada de la sede del Congreso, echándole así un cable involuntario a la democracia. Pero la llamada “navaja de Ockham” no ayuda a resolver en todos los casos los embrollos, puesto que no siempre es la opción más sencilla aquella que ha sucedido realmente. Y, de hecho, la hipótesis que se acaba de exponer no tiene nada de fácil. Supondría asumir que Armada fue por orden del rey al Congreso, pero por libre en cuanto a sus intenciones, y que Tejero, un nacionalista español exaltado, pero militar al fin, habría desobedecido no solo a Armada, sino nada menos que a Milans del Bosch en un momento así. Tejero contaba con antecedentes de insubordinación, ciertamente, pero no a ese nivel.

Sea como fuere, se trata de un interesante caso a nivel probatorio. Lo curioso es que existen personas vivas que sí saben lo sucedido y que de hecho han hablado, como el rey emérito. Tal vez nunca se sabrá si contaron la verdad. Cuando el proceso judicial se acaba, solo puede proseguir la labor de los historiadores. Veremos qué cuentan en el futuro de lo acaecido, si es que se acaban ocupando de ello en algún momento.

Como fichas de dominó cayendo una sobre otra, la desclasificación de los archivos del intento de golpe de estado del 23-F ha abierto el debate sobre el potencial retorno del rey emérito Juan Carlos I a España, una vuelta que pasa, sí o sí, por que el antiguo monarca establezca de nuevo su residencia fiscal en España, ha advertido la Zarzuela.

El rey emérito lleva ya cinco años residiendo en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y desde entonces ha efectuado dos regularizaciones con Hacienda por las que abonó más de cuatro millones de euros. El retorno a España, más allá de volver al país que reinó durante casi cuatro décadas, supondría volver a la disciplina fiscal de la Hacienda española y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

Según varios expertos en fiscalidad consultados por elDiario.es, el precio de su vuelta podría ser elevado, toda vez que el emérito carece de rentas conocidas desde que el rey Felipe VI le retiró su asignación del presupuesto de la Casa Real y cualquier potencial donación de alguno de sus colegas que le han dado cobijo durante este lustro podría enfrentar un gravamen de hasta el 81%. Eso, sin contar las tarifas por el patrimonio que declare en el extranjero.

183 días en España y pagar el IRPF

El primer requisito para el retorno ante los ojos de Hacienda, el más conocido, es permanecer 183 días en el país, aunque con matices, ya que las ausencias esporádicas contabilizan como tiempo de estancia –el caso más conocido es el del fraude fiscal que reconoció la cantante Shakira– y también si la mayor parte de actividades o intereses económicos están en el país. El emérito ha vuelto puntualmente a España para realizarse chequeos médicos o participar en regatas a bordo del Bribón, pero no lo suficiente como para recuperar la condición de contribuyente.

Ahora bien, la condición que ha impuesto la Zarzuela para el retorno de Juan Carlos I a España parece seguir la estrategia del palo y la zanahoria. El premio, volver a España. El palo, el alto precio fiscal y reputacional que supondrá para el rey emérito hacer un desglose completo de sus cuentas y activos en el extranjero.

El primer frente que tendrá que abrir el rey emérito será el IRPF. El Estado exige declarar en el país las rentas percibidas en cualquier parte del mundo, con deducciones para evitar la doble imposición. “Todas: intereses, dividendos, alquileres de todo el mundo, ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones tengas tu cuenta de valores en España o en Suiza… España no es un paraíso fiscal y las rentas generales pueden llegar a tributar fácilmente casi al 50%. Y las rentas del ahorro, van en un cajón aparte que pagan entre el 19% y el 30%”, explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio fundador de DMS Legal Intelligence, un bufete con sede en Palma de Mallorca con experiencia en la tramitación de residencias fiscales para contribuyentes extranjeros.

Aflorar su patrimonio en el extranjero

Pero, además, el emérito debería hacer frente al Impuesto de Patrimonio, bien a través de la comunidad autónoma donde fije su residencia, bien a través del Impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que creó el Gobierno central para tapar los agujeros que dejaban algunos Ejecutivos regionales, singularmente los del PP en Madrid o Andalucía.

Vinculado a este último, el emérito debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales.

“Si ya tenía un patrimonio en el exterior cuando hizo estas declaraciones complementarias, podrían no tener validez porque no eran completas. Tendría que aclararse de dónde sale ese dinero. Y algún ejercicio estaría todavía sin prescribir”, advierte el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado, ya que, por cuantías, podría tratarse de delitos fiscales agravados, que tienen un periodo de prescripción de diez años.

Las donaciones de amigos: un impuesto del 34% al 81% de la cuantía

Otro potencial roto al bolsillo del emérito serían los pagos por parte de sus amigos jeques que presuntamente costean su estancia en el extranjero. El emérito carece de una asignación por parte de la Casa Real y, como se quejó amargamente en sus memorias, tampoco cobra una pensión. ¿Quién pagaría su estancia –y dónde– tras esa potencial vuelta a España?

El monarca podría recibir transferencias por parte de sus patrocinadores, pero estas tendrían que pasar sí o sí por el Impuesto de Sucesiones o donaciones. Está cedido a las autonomías, que aplican diversas deducciones o bonificaciones, pero en el caso de Juan Carlos I, la tarifa podría oscilar entre el 34% y el 81%.

“Si el rey emérito se hace residente y recibe una donación de algún colega suyo, de algún jeque, le hará tributar por esa transmisión aunque se haya producido en cualquier lugar del mundo. Porque ahora, siendo residente de Emiratos Árabes Unidos, si un jeque le hace una transferencia de 1.000 millones de euros, en España no declara nada porque es una donación de bienes en el extranjero a una persona que, hoy por hoy, no es residente fiscal”, apunta Del Campo.

El portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, detalla el funcionamiento del impuesto de donaciones en el supuesto de una entrega entre personas sin relación familiar: “Con carácter general se parte de un tipo del 7%-8% mínimo que se va incrementando en función del grado de parentesco de quien te da la donación o la herencia. No es lo mismo heredar de padres a hijos que recibir de unos tíos o de un desconocido”. “Otro factor es el patrimonio que tiene el que recibe, que también incrementa la tarifa”, puntualiza.

Así, una persona que reciba una donación o herencia de más de 800.000 euros, el tramo a partir del cual se aplica el 34% del impuesto, por parte de alguien que no es familiar y cuenta con un patrimonio de más de 400.000 euros, ya tendría que abonar un 64%. Que podría elevarse hasta el 81% en el caso de que el receptor tenga un patrimonio de más de 4,2 millones de euros, previsiblemente el caso del emérito, de acuerdo con los cálculos de Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Entonces, ¿le compensa al emérito volver en estas circunstancias? “Fiscalmente, no le sale muy a cuenta volver porque ahora está en un lugar donde se pagan pocos impuestos. Ahora, si quiere venir a morir a España y hacer residencia fiscal en España, tendrá que pagar aquí, no hay otra manera”, asevera Gimeno.

Del Campo, experto en asesorar fiscalmente a grandes patrimonios, lo tiene claro: “A muchos clientes que tienen muchísimo dinero les digo: ‘Es verdad que sale caro, pero si quieres calidad de vida… ¡Cómprala!”.

La desclasificación relativa al 23F ha liberado algo más de 150 documentos con información sobre el intento de golpe de Estado considerada secreto hasta ahora. Entre los papeles no están algunos de los considerados de mayor relevancia para los investigadores ni resuelven algunas zonas grises que siguen planeando, pero se trata de “toda la documentación” hallada por el momento, según el Gobierno. Respecto a uno de los puntos que más expectación había generado, el del papel del rey Juan Carlos, los nuevos fondos no suponen un giro de guion sobre lo conocido hasta ahora, aunque aportan algunos detalles adicionales.

Buena parte de los papeles novedosos describen un escenario marcado por los rumores y por el uso del nombre del monarca por parte de los golpistas para legitimar la toma del Congreso, un extremo al que ya aludía la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que en 1982 les condenó. También figura otro documento custodiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que se hace un “relato sucinto” de los hechos “según fueron conocidos en Zarzuela” y que incluye contactos para frenar el golpe durante las horas críticas con Alfonso Armada y Milans del Bosch, ambos condenados por un delito de rebelión militar.

La desclasificación no aporta apenas información sobre movimientos previos al 23F que esclarezcan qué rol jugó el monarca en la atmósfera conspiranoica que se respiraba entonces, pero sí hay papeles que le sitúan en reuniones posteriores a aquel día. Uno de ellos, tildado de “confidencial” y en manos del CESID, el antiguo servicio de inteligencia, describe cómo en “algunos núcleos cualificados de opinión” en Cantabria y “en ambientes castrenses” de Madrid “se dan por seguro” entrevistas “confidenciales y sigilosas” del rey con los golpistas días antes del inicio del juicio.

El texto asegura que “alguien muy importante” de la Casa Real se entrevistó con el general Armada “matizando comportamientos relativos a la vista oral del proceso” y que, cuando quiso hacerlo con Milans del Bosch, este “exigió” que fuera el monarca personalmente. “En tales círculos de opinión se asegura que, en efecto, el rey se ha entrevistado confidencialmente” con él. Y añade: “Por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso [judicial]”. La fuente reconoce que “el rumor es grave” pero asegura que da traslado porque no es un “rumor popular”, sino que da cierta autoridad a quienes lo afirman y apunta a que algunos de ellos pertenecen “al sector militar”. Pero no hay confirmación.

El nombre del rey

El uso del nombre de Juan Carlos es otro de los aspectos que aparece en algunos documentos hechos públicos. Uno de ellos, sin ninguna firma pero bajo el poder del Ministerio del Interior, afirma que existió “una campaña” de “mentiras y tergiversaciones” puesta en circulación por los abogados de los sublevados, los grupos políticos afines y los “simpatizantes” con la causa. Entre los argumentos que supuestamente utilizaron, estaban el de que el rey había dispuesto un avión para huir de España o que mandó a sus hijos a Inglaterra antes del golpe. El Partido Comunista Español (PCE) llegó a alertar de que la extrema derecha quería “implicar” al monarca en el golpe, según otro documento.

De acuerdo con las notas que hizo el CESID de las vistas orales del juicio, también desclasificadas, Juan Carlos “ha sido nombrado no menos de 96 veces con la intención de implicarle en los hechos”, escribió el servicio de inteligencia el 17 de marzo de 1982. Durante su turno, Tejero declaró que, aunque “no le gusta el rey” se unió a la operación porque Armada le aseguró que la Corona estaba de su lado y le dijo que él mismo estaría en Zarzuela. Otra de las notas recoge cómo Milans del Bosch declaró que había prestado “un servicio a España” coincidente “con los deseos de su Majestad”, según sostuvo que le había trasladado Armada.

El CESID tomó notas de las vistas durante todo el proceso, en el que dos de sus agentes estaban procesados –José Luis Cortina fue absuelto y Gómez Iglesias, condenado–. Uno de los papeles abiertos a consulta este miércoles reconoce precisamente que seis miembros del servicio de inteligencia tuvieron una “participación activa” en el golpe. Cuatro de ellos nunca fueron procesados. Otro documento destacado, posterior al golpe de Estado, parece detallar la opinión de una facción del Ejército sobre el alzamiento y advierte de que el error fue “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”.

Los hechos, según Zarzuela

Bajo custodia del CNI está también el documento que da cuenta de los sucesos “según fueron conocidos en Zarzuela”. En él se recogen las intervenciones del rey a partir de las 18.20 horas, cuando Tejero entró armado a la Cámara Baja. Según el papel, el monarca “oyó por la radio la novedad” y entonces “empiezan los contactos telefónicos para conocer la situación”. El texto apunta a que, entre las 18.20 y 19.00 horas, Armada hace una primera llamada para ir a Zarzuela y el rey “le responde que no”.

También recoge que es a las 19.30 horas cuando “se decide” que el rey transmita un mensaje por televisión. “Aproximadamente a las 20.00” se habla con TVE, pero se conoce que “está vigilada y ocupada”. De hecho, una de las conversaciones desclasificadas este miércoles revela que los militares que tomaron la televisión tenían órdenes de “tirar a matar”. A las 22.30, cuando ya han abandonado TVE, se anuncia que el mensaje será emitido, algo que ocurre finalmente a las 1.14 de la madrugada.

El documento incluye otros contactos ya conocidos o reveladas en algún momento por sus implicados o en la sentencia del juicio, entre ellas, las órdenes que dio Juan Carlos a Milans del Bosch para que frenara su actuación en Valencia, donde había declarado el estado excepcional y sacado a las tropas a la calle. A las 22.30, el papel recoge que Zarzuela envía un télex a todos los capitanes generales en el que afirma que “para evitar cualquier posible confusión”, se ha ordenado “a las autoridades civiles y militares y junta de jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro de la legalidad vigente”.

La misma orden la repetirá en otras ocasiones. A la 1.20 de la madrugada, el rey mantiene otra conversación teléfonica con Milans del Bosch [ya revelada en 2017] en la que afirma su “rotunda decisión de mantener un orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey”. Según el texto, Milans del Bosch responde que “cumplirá” las órdenes, pero añade que “Tejero ya no obedece”. El teniente coronel ha fallecido justo este miércoles a los 93 años.

El “trato exquisito” a los militares

Del Palacio de la Zarzuela salió el 14 de diciembre de 1981 una carta firmada por Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, en la que se dirige al director del Centro Superior de Información de la Defensa para enviarle el “guion que sirvió de base” para la reunión que el monarca mantuvo hacía días con el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

En el texto, el rey justifica sus intervenciones el 23F y utiliza un tono conciliador con las Fuerzas Armadas, de las que asegura que fueron “vencedoras” en la Guerra Civil, pero “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y que “sirvieron a España con espíritu de sacrificio” durante el franquismo. El monarca llama a la “protección de su dignidad” y califica de “necesario” que los militares se sientan “considerados y protegidos”. Reconoce en el guion que la situación militar “es delicada y digna de atención” tras el 23F e insta a analizar la situación “entre civiles y militares”, con “sinceridad y el tacto más exquisito”.

Los fondos reconstruyen precisamente un ambiente muy tensionado en los cuarteles tras la asonada, en los que llegaban a aparecer pintadas de “el rey a declarar”, según consta en un documento secreto custodiado por Interior.

La noticia de la desclasificación fue celebrada por los historiadores, que llevan años reclamándolo. Las expectativas versaban sobre elementos considerados clave, como la transcripción de las llamadas que se hicieron desde el Congreso al exterior durante el golpe, especialmente con La Zarzuela, o los informes previos que pudo hacer el CESID sobre un eventual intento de golpe, pero no consta que estén entre la documentación. El catedrático de Historia Contemporánea de la universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ya descartó en conversación con este medio que fuera a haber “grandes sorpresas” entre los papeles y advirtió de que no todos acaban llegando a la actualidad: “Hay que tener en cuenta que alguien clasifica los documentos y han podido perderse o destruirse”.

Han transcurrido 45 años de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y los españoles seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que enjuició a los golpistas fijó para la posteridad una versión oficial a través del fallo judicial, según el cual el golpe de Estado fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército a la Constitución. La realidad es que los meandros del suceso más grave de nuestra democracia desde el levantamiento militar que en 1936 acabó con la Segunda República y dio paso a cuatro décadas de dictadura siguen siendo un secreto de Estado.

La justicia militar rechazó recabar la versión del monarca, siquiera por escrito, sobre lo ocurrido aquel día, privándonos del testimonio de quien la historiografía oficial señala como el hombre que salvó a nuestra joven democracia. Ha sido el propio interesado quien en un reciente libro de memorias (Reconciliación. Editorial Planeta, 2025) nos desvele el papel que jugó, autoerigiéndose en el artífice principal, si no el único, del fracaso del golpe. “Aquella tarde, MI proyecto político estuvo en peligro, y el destino de todos los españoles en MIS manos. ¿Sería capaz de salvar la democracia que habíamos construido entre todos con una esperanza de renovación?”, se pregunta el emérito.

El rey escribe que conocía el creciente descontento que existía en los cuarteles por la legalización del PCE, el enemigo declarado del Ejército durante la Guerra Civil; el desarrollo del Estado autonómico, que los militares interpretaban como una ruptura de su indisoluble unidad de la patria, y el terrorismo de ETA, que había señalado a los militares y las fuerzas de la Seguridad del Estado como objetivos prioritarios, pero que nunca sospechó que fuese a producirse un levantamiento militar. Consumado el golpe con el asalto del Congreso de los Diputados por más de tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por los tanques del teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región, el rey refiere de manera somera su febril actividad de aquella noche, dando órdenes por teléfono para hacer fracasar el golpe. “Hablaba con aplomo y persuasión, porque sabía que estaba en juego el destino de la Corona y del país”, escribe.

En una de esas llamadas habló con quien había sido su preceptor, secretario general de la Casa Real y en aquel momento era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Alfonso Armada Comyn, a la postre condenado como uno de los líderes de la asonada. Una conversación que resulta definitoria del papel del monarca. Juan Carlos I afirma que cuando Armada le pidió autorización para ir al Congreso a negociar con Tejero le contestó: “No te doy ningún permiso, y no vayas allí en mi nombre”, entrecomilla el monarca sus propias palabras.

No es eso, sin embargo, lo que sostiene el general Sabino Fernández Campo, sucesor de Armada como secretario general de la Casa del Rey, que vivió aquellas horas con él en el Palacio de la Zarzuela. En una declaración por escrito ante el juez instructor de la causa sostiene que sobre las nueve de la noche del 23F el monarca telefoneó al general Armada y que “después de una conversación que dura varios minutos, Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él. Armada me expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, más grave de lo que puede deducirse del estado de cosas en la III Región Militar (Valencia). Se refiere a otras regiones que pueden adoptar la misma postura, me pone de manifiesto la tensión que existe en el Congreso, que puede acabar en una verdadera masacre, y añade que es preciso evitar la división del Ejército. Para ello me sugiere trasladarse al Palacio del Congreso y, en nombre del rey, establecer las conversaciones y realizar las gestiones que conduzcan a la liberación del Gobierno y de los diputados”.

Sabino relata que trasladó a su compañero la dificultad que entrañaba su misión, a lo que Armada respondió que estaba dispuesto a intentarlo “sacrificándome si es necesario y ofreciéndome a ocupar la Presidencia del Gobierno a fin de buscar la forma de terminar con la tensión y evitar un final sangriento”. El secretario general de la Casa del Rey asegura que trasladó al monarca la propuesta de Armada y, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre de su Majestad” (Sumario 2/81, tomo 9, folios 2.281 a 2.301).

Aún va más lejos Sabino, que para que no queden dudas de que fue el rey quien autorizó a Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno escribe lo siguiente en su declaración judicial: “En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera, pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”. La versión contraria a la dada ahora por el emérito en sus memorias.

Como apostilla, dos datos: El tribunal que juzgó a los golpistas no autorizó la comparecencia del general Sabino Fernández Campo como testigo en la vista oral, y la sentencia condenatoria atribuye al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la autorización al general Armada para acudir al Congreso, haciendo caso omiso del testimonio del primero.

El relato empieza a gestarse

Lo ocurrido después es conocido, el general Armada se presentó en la Cámara al filo de la medianoche para hablar con Tejero y pedirle que retirase a sus hombres del hemiciclo para dirigirse a los diputados sin la amenaza de las armas y proponerse como presidente del Gobierno. El teniente coronel de la Benemérita quiso saber la composición del futuro Ejecutivo, y al contarle Armada que de él formarían parte representantes de todos los partidos políticos, salvo los nacionalistas, le echó de forma destemplada por proponerle “una chapuza de categoría”, según palabras del propio Tejero. “Para cambiar el nombre de Calvo-Sotelo por el suyo no hacía falta el campanazo que he dado”, declaró ante el juez.

Él esperaba una Junta Militar y aquella componenda le pareció inaceptable. Fue su negativa a que Armada se dirigiera al pleno la que hizo fracasar el golpe. Y aunque sea un ejercicio de historia contrafactual, cabe preguntarse qué habría ocurrido si Tejero hubiese accedido a las pretensiones de Armada. El miércoles 25 de febrero, al día siguiente de la liberación del Gobierno y de los diputados, el pleno de la Cámara Baja continuó con la sesión de investidura interrumpida y eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, que en su alocución agradeció “el firme pulso de Su Majestad el rey de España, que ha garantizado el orden constitucional y ha asegurado nuestra liberación”, y alabó “la lealtad y disciplina del conjunto de las Fuerzas Armadas, que han obedecido con gran patriotismo a Su Majestad”.

Comenzaba a gestarse la versión oficial del golpe, en la que insistiría fechas después, el martes 17 de marzo, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien compareció ante la Cámara para dar cuenta de las investigaciones practicadas hasta ese momento, y cuantificó en un increíble 99,40% la lealtad y obediencia a la Constitución y al rey de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado. La sentencia judicial fijó definitivamente la versión oficial del golpe.

Ahora, 45 años después, el rey emérito reconoce que “de los 11 capitanes generales, calculo que la mitad apoyaba la rebelión, pero no se atrevían a desobedecer”, y un documento obrante en el archivo particular del ministro Oliart recoge que solo tres de los 11 capitanes generales fueron leales al rey y a la Constitución; el resto se mantuvo a la espera del discurrir de los acontecimientos. Hasta el propio general Alfonso Armada dijo años después que a sus compañeros de armas “lo que les importaba era si aquello (el golpe) iba para adelante o no. Lo que dijera el rey no les preocupaba, suponían que acataría lo que sucediera en esa primera hora. Los capitanes generales no preguntaban lo que opinaba el rey, sino: Oye, ¿esto tiene visos de salir adelante o no? (…) Mi impresión es que por lo menos una parte estaban felices de que el golpe triunfase”, según consta en El 23F. Conversaciones con Alfonso Armada, de José Manuel Cuenca Toribio (Actas Editorial, 2001).

Concluye Juan Carlos I en el capítulo de sus memorias dedicado al golpe de Estado que sigue teniendo “preguntas y dudas sobre la forma en que se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos”, aunque no dice quiénes, contradiciendo a quienes llevan años tratando de convencernos de que los hechos probados de la sentencia judicial son la verdad de lo ocurrido.

El rey Felipe VI ha mostrado este viernes su “preocupación” por la amenaza de EEUU sobre Groenlandia. “Hoy nos encontramos con una inquietante expansión de la confrontación, que es perfectamente visible tanto en conflictos prolongados que siguen erosionando la estabilidad de las regiones afectadas, como en otros focos de tensión cuya evolución nos preocupa y que seguimos con particular atención en la actual coyuntura internacional. Pienso en Ucrania, en Oriente Próximo, en la región del Sahel, o en Groenlandia y en la región ártica, que tanto nos afecta a todos”, ha afirmado, en un acto con el cuerpo diplomático en España.

Esa preocupación la ha extendido también al “pueblo iraní”, o “el pueblo venezolano y en todos los presos políticos que todavía deben ser liberados”. “¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción? ¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?”, se ha preguntado.

El monarca también ha defendido este viernes que la relación con Estados Unidos, incidiendo en que debe sustentarse en “la confianza y el diálogo” al tiempo que ha reiterado el compromiso de España con la OTAN tan solo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a criticar al Gobierno por no alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa.

“La relación con Estados Unidos se ha construido históricamente sobre la base de la confianza y del diálogo”, ha sostenido el monarca durante su discurso con motivo de la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, entre los que se encontraba la encargada de negocios estadounidense, a la espera de que presente cartas credenciales el nuevo embajador.

“Preservar el vínculo transatlántico”

Felipe VI ha defendido que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este año, constituye una “ocasión especialmente relevante para poner en valor la decisiva contribución” de España a este hecho y “reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva y orientada al futuro”.

Al hilo, el rey ha recalcado que “España también defiende la importancia de preservar el vínculo transatlántico, que continúa siendo imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales”. Según el monarca, “exige, más que en ningún otro momento, una mayor capacidad de adaptación y un ejercicio responsable de los objetivos compartidos”.

España, ha remarcado Felipe VI, “mantiene su compromiso firme” con la OTAN, que ha tildado de “alianza estratégica”, “siendo muy consciente de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad de todos”, incluida la española, “y la de todos nuestros socios y aliados”.

El día de Navidad, los partidos vascos tienen por costumbre realizar una valoración -casi siempre de forma crítica- del discurso de Nochebuena del rey. En esta ocasión, por tercer año consecutivo, EH Bildu ha optado por no realizar ninguna valoración de las palabras de Felipe VI por considerarlo el “heredero del legado franquista y reaccionario”, el PNV ha criticado que el monarca en su mensaje navideño no haya hecho “ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana”, Podemos Euskadi ha reprochado que no haya dicho nada sobre “genocidio de Gaza o al rearme”, mientras que el PP vasco ha alabado la “lección magnífica” que ha ofrecido el rey “para cualquier demócrata”.

“Las vascas y los vascos no tenemos rey. Gora Euskal Errepublika! (Viva la república vasca)”, ha expresado la coalición independentista en un mensaje en redes sociales en el que ha calificado a Felipe VI como “el heredero del legado franquista y reaccionario” para evitar así realizar valoraciones sobre su mensaje. Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha criticado que el Rey Felipe VI en su mensaje navideño no haya hecho “ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana”, una de las “ausencias que viene siendo habitual”. “Sobre todo, sí hubiéramos deseado que se hubiera dicho algo de esos ataques que ha tenido el euskera este año, que han sido unos ataques muy graves”, ha reprochado.

En declaraciones realizadas este jueves en Donostia, Vaquero ha realizado una valoración del mensaje de Felipe VI “no sobre lo que dijo, sino sobre las ausencias, sobre aquello que no dijo”. “Sí dijo, por un lado, que han pasado 50 años desde que murió Franco. Tenemos que recordar que Franco murió en la cama después de nombrar a su padre jefe de Estado y que durante estos 50 años hay todavía claroscuros y muchos oscuros que faltan por conocer”, ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el PNV ha pedido en numerosas ocasiones que se desclasifiquen todos los documentos para conocer “la verdad, y que haya una nueva Ley de Secretos Oficiales, porque ésta impide conocer los hechos de aquel final de dictadura y también de la transición”, y hechos como el fallido golpe de Estado del 23-F. Según ha defendido la representante jeltzale, para que una democracia tenga valor y tenga un “pilar fuerte tan importante como el diálogo, tan importante como respetar las instituciones, es conocer la verdad para que estos hechos tan graves no se vuelvan a repetir”.

En concreto, ha aludido a hechos sin aclarar como el caso Zabalza, el caso Aldama, el 3 de marzo o el golpe de Estado, que no se conocen y se “está ocultando esa verdad”. “Creemos que hay que desclasificar esos documentos y que se tiene que conocer la verdad, porque uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad y, por lo tanto, habría que dar valor también a que se conozcan todos los hechos y que se derogue una ley 1968, que aprobó Franco”, ha añadido. Por último, ha insistido en que hay “muchas ausencias” en el mensaje navideño de Felipe VI. “Una de ellas, que nos importa mucho como pueblo, es el respeto a nuestra lengua y creemos que ante los ataques que está teniendo hubiera sido deseable que hubiera hecho algún tipo de referencia”, ha subrayado.

La secretaria de Organización de Podemos Euskadi, Leticia Jiménez, ha reprochado que en su mensaje de Navidad el rey Felipe VI afirmara que “hay que situar la dignidad del ser humano en el centro de todo el discurso y acción política” y, sin embargo, no hiciera “ninguna referencia al genocidio de Gaza o al rearme”. “Defender al pueblo palestino, la paz y decir que lo que allí ocurre es un genocidio, sí es dignidad, y ocultarlo es todo lo contrario”, ha advertido. Jiménez ha valorado este jueves en Vitoria el discurso del rey, al que ha considerado “jefe de una institución antidemocrática y anti igualitaria, heredera del franquismo, que vive a costa de la clase trabajadora, sin responder ni ante la justicia ni ante Hacienda”.

En referencia a la convivencia que centró el discurso del monarca, la representante de la formación morada ha exclamado “¡Qué fácil es convivir cuando lo haces en un palacio y se habla desde el trono!”. “Es precisamente esta situación privilegiada desde la que habla, la que le hace vivir ajeno a los problemas a los que nos enfrentamos la mayoría social”, ha alertado. Asimismo, ha criticado las alusiones de Felipe VI al coste de la vida, el difícil acceso a la vivienda, la incertidumbre laboral o el fenómeno climático “como si fueran cosas que caen del cielo, cosas sobrevenidas, y no fruto de la acción u omisión de las políticas, y, por tanto, responsabilidad de las instituciones, a las que, por otra parte, no exigió absolutamente nada”.

También ha destacado que se le olvidó al rey hablar “de los incendios de este verano, de la corrupción o de los casos de acoso sexual”. “Ni una palabra sobre cuidados, sobre políticas sociales o sobre nuestros servicios públicos”, ha lamentado. Por otro lado, ha llamado la atención sobre la mención al 50 aniversario de la instauración de la monarquía, señalando que “como heredero de la dictadura, se resistió a mencionarla o a alertarnos de los peligros que nos puede traer del fascismo o los discursos de odio”. Tras expresar su deseo de que este sea el “último discurso de un rey”, ha deseado también que “la salud mental de muchas familias deje de verse consumida porque no pueden asumir los costes necesarios de la vida, la cesta de la compra, el pago de sus alquileres o sus hipotecas”.

En el lado contrario, la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha afirmado que el discurso navideño del rey Felipe VI fue una “lección magnífica para cualquier demócrata, una apelación a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, todos los ciudadanos, para defender lo que tenemos en común, para defender el bien común, para defender la democracia y además también la libertad”. En declaraciones realizadas este jueves en Bilbao, Martínez ha recordado el ejemplo cercano de generaciones anteriores que fueron capaces “desde la concordia, desde el abrazo, de llevar adelante la transición, que no fue nada fácil”. “Eso es un ejemplo también para poder garantizar la convivencia de las generaciones venideras y de las generaciones actuales”, ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que ningún ciudadano se puede inhibir y es “una responsabilidad” de todos, alejarse de “toda suerte de populismos y de toda clase de sectarismos, porque los populismos se alimentan entre ellos, se necesitan entre ellos para construir muros y para excluir al otro”. Tras constatar que la mayoría de los ciudadanos lo que quiere es poder convivir en libertad, “convivir todos juntos, sin ningún tipo de muro”, ha subrayado el “marco magnífico que garantiza todo esto, que es el marco de la Constitución y el marco de Europa”. Por lo tanto, ha reiterado la lección “valiosa” del rey de “apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y poder afrontar además los desafíos que sabemos que todos tenemos”.

El rey Felipe VI ha ofrecido esta Nochebuena su decimosegundo mensaje de Navidad, el tercero desde el Palacio Real y el segundo consecutivo desde la Sala de Columnas, donde hace 40 años España firmó su adhesión a las Comunidades Europeas, predecesoras de la actual UE.

En su discurso, ha alertado de que “las sociedades democráticas atraviesan una inquietante crisis de confianza” que “afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones”. Puedes leerlo íntegro a continuación:

“¿Es usted partidario de que España sea una monarquía o de que España sea una República?”. Esta fue la pregunta que hizo el hoy Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre de 1979, en una encuesta encargada por el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,19% y de la República , un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”, se respondió hace 46 años en esa encuesta que “nunca se hizo pública”, según ha explicado este martes el actual presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre el instituto que dirige, Tezanos ha reconocido que el problema de esa encuesta encargada por Suárez fue que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”. Pero su conclusión es que, en su conjunto, “monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”. 

También ha defendido Tezanos que “el CIS ha hecho ocho preguntas distintas sobre la monarquía” en los últimos años, y que “la última vez que se preguntó por la monarquía fue en el mes de junio de 2015”, aunque el planteamiento no fue tan claro como el de 1979, y se limitó a preguntar por la sucesión de Juan Carlos I. No obstante, el presidente del CIS ha afirmado que “generalmente las opiniones que se han vertido sobre la monarquía son positivas”. 

En 2016, La Sexta desveló un fragmento inédito de una entrevista de la periodista Victoria Prego a Adolfo Suárez, en 1995. Entonces, el expresidente confesó, tapándose el micrófono con la mano, que blindó a la monarquía legalmente cuando se dio cuenta de que un referéndum se inclinaría a favor de la república. “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república..., hacíamos encuestas y perdíamos”, admitía el expresidente fallecido en marzo de 2014.

Una labor “rigurosa” e “independiente”

En su intervención, el presidente del instituto ha afirmado que el CIS es “absolutamente independiente”. “Nunca hemos recibido ninguna instrucción de Moncloa”, ha señalado, además de explicar que, por ejemplo, los ministros del Gobierno conocen los resultados de los barómetros a la vez que el resto de la ciudadanía. También ha dicho que el suyo es “un modelo de estimación que está dando buenos resultados”, aunque ha insistido la posibilidad de que se produzcan fallos. “Nos podemos equivocar”. 

Tezanos ha reivindicado la “labor rigurosa” e “independiente” de las encuestas que publica, incluyendo las estimaciones de voto que se incorporan a cada uno de los barómetros mensuales. “Hemos dado siempre en el clavo, ha asegurado. ”La crítica actual al CIS es una crítica no científica, es de carácter político. A mí me llama la atención teniendo en cuenta la historia, casi todos los presidentes han salido del CIS con la sensación de que han sido criticados injustamente y en mi caso se ha exagerado“, ha remarcado Tezanos. No obstante, el también dirigente socialista ha insistido en que en todas las encuestas se manejan márgenes de error. ”Nos podemos equivocar, porque la sociología es una ciencia relativa“, ha afirmado.

El 22 de noviembre se cumple medio siglo de la restauración borbónica en la persona de Juan Carlos de Borbón. 50 años después de su coronación, el rey emérito vive desterrado en Abu Dabi por sus polémicas financieras y judiciales. Su hijo y sucesor, Felipe VI, ha organizado para este viernes dos actos institucionales: uno en el Congreso, para homenajear la fecha, y otro previo para rendir honores a su madre, Sofía de Grecia. Juan Carlos I no ha sido invitado a ninguno de los dos eventos. Sí acudirá a un “almuerzo privado” el sábado en el Palacio de la Zarzuela, al que ha aceptado acudir a regañadientes.

El primero de los actos se celebrará en el Palacio Real y es muy revelador del momento que vive la familia real, entendida de forma amplia. Felipe VI impondrá a su madre, Sofía de Grecia, la mayor distinción que concede la monarquía española desde hace siglos: el Toisón de Oro. El motivo: “Su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”.

La concesión de la condecoración se produjo formalmente en octubre del año pasado y se publicó en el Boletín Oficial del Estado en enero, pero Felipe VI ha querido esperar al quincuagésimo aniversario de la restauración borbónica para homenajear a su madre. Y en ausencia de quien fue el principal protagonista hace 50 años. El jefe del Estado solo había condecorado con este galardón a una mujer desde que en 2014 asumió el trono: a su hija y heredera. También a él le impuso esta distinción su padre en 1981.

En el evento de este viernes en el Palacio Real serán también condecorados los dos redactores de la Constitución que están vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Y también el expresidente del Gobierno, Felipe González. El motivo de este último galardón, su papel en el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), precursora de la actual Unión Europea, lo que para algunos “se puede considerar el final de la Transición”, según explican desde la Zarzuela a elDiario.es.

El acto lo organiza en exclusiva la Casa del Rey, que ha optado por no invitar a Juan Carlos de Borbón. El motivo alegado oficialmente es que “él mismo decidió en 2019 apartarse de la agenda pública e institucional”. Por tanto, prosiguen las mismas fuentes, “no está invitado” a sendos actos, que son institucionales. Desde Zarzuela recuerdan que tampoco asistió hace dos años a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.

La relación entre padre e hijo ha sufrido un notable y ostentoso deterioro con el paso del tiempo que se ha acelerado en los últimos años. Juan Carlos de Borbón abdicó en 2014, asediado por sus escándalos y para intentar salvar al sistema surgido precisamente de la Transición. Pero no fue suficiente. Los consiguientes procesos judiciales (que fueron cerrados sin consecuencias) socavaron tanto su imagen que el rey emérito optó por el destierro.

Pero no solo Juan Carlos de Borbón se benefició del dinero opaco que atesoraba al margen de la Hacienda española en fundaciones ocultas en el extranjero. La condecorada Sofía de Grecia también disfrutó de las tarjetas opacas que usó buena parte de la familia real para sufragar sus gastos privados. 

El propio Felipe VI y su primogénita, Leonor de Borbón, eran beneficiarios de dichas fundaciones. Ambos prometieron renunciar al dinero de dos de ellas que les pudiera corresponder en herencia cuando fallezca el rey emérito. 

Un último detalle: Miquel Roca fue el abogado de Cristina de Borbón en el juicio del ‘caso Noos’. Ella fue absuelta y su ya exmarido, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años de prisión.

Ajuste de cuentas de Juan Carlos I

El destierro no ha ayudado a mejorar la situación. De hecho, Juan Carlos de Borbón ha aprovechado la publicación de su biografía autorizada para ajustar algunas cuentas. “Ni una guerra ni ningún proceso legal me obligaron a hacerlo”, apunta en sus memorias sobre lo que él denomina “expatriarse”.

El ex jefe del Estado acusa a “medios de comunicación” y al “Gobierno” de haber “presionado” para echarle del país “tras la revelación de la existencia de una cuenta bancaria que tenía en Suiza, y las acusaciones completamente infundadas de comisiones”.

“Jamás imaginé que cinco años después seguiría en Abu Dabi”, reconoce. En este tiempo, Juan Carlos I ha pasado de regresar temporalmente a España por la puerta grande y ser recibido en la Zarzuela de forma pública a ver limitadas sus visitas, cerradas las puertas de la que fue su casa y ser criticado por sus declaraciones y actividades.

“Me centré en los pequeños placeres”, cuenta Juan Carlos en el libro. “Me despierto con nostalgia y me acuesto con nostalgia”, sostiene. Y lanza la primera puya: “Mis breves estancias en España dependen de la aprobación de la Casa Real y me veo privado de la vida familiar en el Palacio de la Zarzuela”.

Pero el rey emérito tampoco comparte algunas decisiones de su hijo. Por ejemplo, retirarle la asignación económica que recibía del presupuesto de la Casa Real, y que él denomina “pensión”. “Renunció a mi herencia ante notario. ¿Esto es legalmente válido? Aún me lo pregunto”, afirma, para remachar: “Fue un golpe doloroso para mí como padre. Me sentí solo ante los ataques de los medios y el aluvión de noticias falsas”.

Plantón político en Palacio y en el Congreso

Al acto en el Palacio Real y al del Congreso están invitados todos los miembros del Gobierno, pero solo acudirán los de la parte socialista del Ejecutivo. Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los demás ministros elegidos bajo el paraguas de Sumar declinaron la invitación por cuestiones de agenda. 

Díaz, por ejemplo, participa en Eslovenia en la segunda edición de la Internacional del Trabajo, que se celebró el año pasado en Madrid por primera vez. La ministra de Juventud, Sira Rego, tiene agenda precisamente por el día de los derechos de la infancia. La de Sanidad, Mónica García, firma y presenta junto al director de la OMS en Europa, Hans Kluge, la Declaración de Madrid, “que plasma los compromisos y retos en materia de igualdad de género en la salud”. El resto ha optado por declinar la invitación.

Otro de los invitados por protocolo será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado este mismo jueves a una pena de inhabilitación por participar en la filtración del correo de la confesión de delitos fiscales por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia no se ejecutará hasta que se comunique formalmente. Algo que no habrá ocurrido el viernes. Al cierre de este reportaje, se desconoce si García Ortiz asistirá al evento.

Tras la imposición de los respectivos toisones, la comitiva se desplazará al Congreso, donde se celebrará el acto oficial de homenaje por los 50 años de coronación de Juan Carlos de Borbón. Y también sin su presencia.

Este evento está organizado por el Congreso a petición de la Casa del Rey, y tendrá un trasfondo más académico que institucional. Será un coloquio bajo el título '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia' en el que participarán los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega, que actuarán como moderadores, la catedrática de Ética Adela Cortina, el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, el expresidente del Senado Juan José Laborda y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Al Congreso están invitados todos los grupos parlamentarios. Del PP asistirán, al menos, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz, Ester Muñoz. Feijóo también está invitado al acto del Palacio Real como líder del primer partido de la oposición.

Las ausencias a este evento serán muy notables. Y no las protagonizarán solo los habituales. Además de la izquierda parlamentaria y los independentistas, al plante al rey se sumará otra vez Vox. Santiago Abascal ya optó por no asistir a la recepción del pasado 12 de octubre presidida por Felipe VI.

Tanto Sumar como Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG se ausentarán también este viernes. El acto del Congreso estará así principalmente respaldado por el PP y el PSOE, los partidos que, con la breve excepción inicial de la UCD de Adolfo Suárez, han gobernado España desde la Transición, que se celebrará sin el que la historiografía oficial ha señalado como uno de los principales impulsores, Juan Carlos de Borbón.

“Trabajé mano a mano con todos los jefes de Gobierno, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y, finalmente, Mariano Rajoy”, reconoce Juan Carlos I en su nuevo libro de memorias, Réconciliation (Stock, 2025), escrito en colaboración con la periodista Laurence Debray. En la autobiografía publicada en Francia la pasada semana y que llegará a las librerías españolas en diciembre destaca, no obstante, su relación con dos de ellos, Suárez y González, evidencia algunas discrepancias con Aznar y Zapatero. A Rajoy, que era el jefe del Ejecutivo en el momento de su abdicación, solo lo menciona en el listado de los jefes de gobierno con los que coincidió durante sus 39 años de reinado, pero no cita ni una sola experiencia con él.

“Cada uno tenía su personalidad y estilo”, apunta, sobre los expresidentes. “La prensa dijo haber detectado preferencias por mi parte hacia uno u otro”, añade, aunque después afirma haber “mantenido una relación fluida y personal con todos, basada en la plena confianza”. Dice que en sus habituales conversaciones con los presidentes del Gobierno “nunca” utilizó “eufemismos”. “Me mostré muy directo”, recalca, además de presumir de haberles comentado sin tapujos sus críticas ante lo que él consideró como “peligrosos errores” para el país. Todavía mantiene relación con algunos exministros y destaca su relación con José Luis Corcuera, exministro de Felipe González, o con Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior franquista que, siendo ministro de Relaciones Sindicales, la Policía perpetró la matanza de Vitoria de 1976 contra unos trabajadores en huelga.

A lo largo de las páginas Juan Carlos I sí realiza, no obstante, críticas sucintas tanto a Aznar como a Zapatero, vinculadas en ambos casos a la guerra de Irak y, posteriormente, a los atentados del 11 de marzo de 2004 de Madrid en los que Al Qaeda asesinó a 192 personas. Aquella jornada es, para el emérito, la “más difícil” de todo su mandato. “Aún me atormenta”, reconoce. “Fue un trauma nacional y personal, una pesadilla de la que no salí indemne”, añade. Pero además del terror que alteró el día a día de miles de personas que viajaban en aquellos trenes que los terroristas islamistas hicieron explotar en aquella aciaga mañana, el monarca también menciona las derivadas políticas y, en concreto, la mentira que mantuvo el Gobierno de Aznar de que la autora de la masacre era ETA, incluso cuando ya tenían datos que apuntaban al yihadismo.

“Mientras todos estamos conmocionados por el horror, Aznar considera que ETA es la responsable de estas atrocidades antes de que Al Qaeda se atribuya la autoría. La izquierda acusa a la derecha de explotar este drama con fines electoralistas. Las emociones están a flor de piel, los ánimos se caldean y abundan las sospechas de manipulación”, recuerda. Solo tres días después del atentado, el 14 de marzo, se celebraron elecciones generales y, contra todos los pronósticos, las ganó el PSOE de Zapatero después de varias jornadas de informaciones falsas lanzadas desde la Moncloa controlada por el PP. “Sin el atentado el resultado [de los comicios] habría sido bien distinto”, señala.

El 'No a la guerra'

Juan Carlos I reconoce en todo momento la autoría de Al Qaeda y se desmarca de las teorías de la conspiración alentadas por el PP que fueron magnificadas por algunos medios de comunicación y ciertos periodistas que siguen cuestionando la verdad judicial. “La barbarie se produjo en un momento crucial. Estábamos en plena campaña electoral, y Mariano Rajoy, impulsado por una excelente trayectoria económica, aspiraba a suceder a Aznar, enfrentándose a un socialista en apuros, Zapatero. Aznar había desplegado las tropas españolas en Irak, que había movilizado un fuerte movimiento pacifista. Y Zapatero había prometido retirarse del conflicto en caso de ganar”, rememora.

Precisamente el rey emérito muestra ciertas discrepancias sobre la gestión realizada por Zapatero una vez llegado al poder, tras retirar las tropas españolas de Irak y pedir a los socios de la OTAN que hicieran lo mismo. La invasión del país y el derrocamiento de Sadam Hussein fueron motivados por el bulo lanzado por la Casa Blanca, asumido al dedillo por la administración de Aznar, de que Irak estaba fabricando armas de destrucción masiva, lo cual nunca se probó y provocó grandes manifestaciones en las ciudades españolas –también en otros lugares del planeta– bajo el lema del 'No a la guerra'. Precisamente por el rechazo al conflicto de Zapatero, Juan Carlos I considera que cuando el socialista llegó al poder “las relaciones entre Washington y Madrid estaban en su peor momento”.

Para el monarca, el hecho de que Zapatero, en señal de protesta, no se levantara al paso de la bandera estadounidense durante el desfile militar del 12 de octubre de 2003, cuando todavía estaba en la oposición, fue una “afrenta” y “una muestra de antiamericanismo”, aunque en realidad el dirigente socialista lo hizo por la paz en el Golfo Pérsico. Para el emérito, se trató de una actitud “desproporcionada” que afectó a las relaciones entre España y EEUU aunque, a renglón seguido, se muestra a sí mismo como el salvador de la diplomacia entre los dos países.

Tras destacar que estaba “preocupado” por las “tensiones” con EEUU, país con cuyos presidentes afirma haber tenido “buenas relaciones”, Juan Carlos I explica en su libro que aprovechó un viaje a Seattle para visitar la fundación de Bill y Melinda Gates para llamar a Bush y decirle que quería hablar con él “en privado”. El entonces presidente le reunió en el rancho familiar de Texas, donde también coincidió con Bush padre, con el que el emérito asegura tener una relación de confianza.

Las relaciones con EEUU

Esto es lo que, según él, les dijo en aquella cita: “Por favor, disculpen el comportamiento de Zapatero. Cometió un error político cuando era secretario general del PSOE, pero eso no debe dañar la relación entre nuestros dos países, que es una relación fundamental. He venido aquí para asegurarme de que nuestra cooperación entre estados no se vea afectada”. “Así fue como restablecí las relaciones bilaterales entre nuestros dos países y resolví una crisis. Sin mi intervención, las tensiones seguramente habrían empeorado”, se vanagloria.

Algunas páginas antes, Juan Carlos I destaca la llegada del PSOE al poder en 1982. “¿Podía reinar con un Gobierno socialista? No estaba preocupado”, reconoce. A continuación, alaba a Felipe González y a su entonces vicepresidente y número dos de los socialistas, Alfonso Guerra: “Pude comprobar su ambición por el país y su lealtad a las instituciones”. “Ambos, sin embargo, habían defendido la República cuatro años antes”, recuerda, si bien señala que una vez en el poder demostraron ser “escrupulosos” en el “respeto a las prerrogativas de la Corona”. “Se encontraron al frente de un Gobierno cuya edad media ni siquiera alcanzaba los 40 años, decididos a impulsar una sociedad moderna y próspera. Demostrarían ser verdaderos hombres de Estado, dispuestos a construir una nueva España conmigo”, añade Juan Carlos I.

De González, el rey emérito insiste en que sus 13 años en la Moncloa le permitieron “tejer lazos fuertes” con el líder socialista. Incluso cuenta cómo un expresidente venezolano le confesó en 1976 que había llevado a González a España “de forma clandestina” en su avión. “Sabía que Felipe González operaba clandestinamente en España”, añade, antes de destacar que lo primero que le preguntó fue por qué era republicano y, justo después, le pidió tutearse mutuamente. “Íbamos a trabajar codo con codo y no quería que el protocolo fuera un obstáculo entre nosotros. Siempre se dirigió a mí con formalidad e insistió en que se respetaran las normas de protocolo. Se esforzó por mostrar el respeto que merecía mi cargo”, concluye.

“No tengo nada que ocultar”, sostiene el rey emérito al relatar su particular versión de lo ocurrido durante la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 (el 23F). Durante años, el discurso 'oficial' consideró a Juan Carlos I, huido a los Emiratos Árabes en 2020, como la principal figura que frenó el golpe de Estado. Y el monarca ahonda en esa misma tesis en su nuevo libro de memorias Réconciliation (Stock, 2025), escrito en colaboración con la periodista Laurence Debray, publicado en Francia la pasada semana y que llegará a las librerías españolas en diciembre.

El padre del actual rey afirma que aquella tarde había jugado una partida de squash con su “fiel amigo” Miguel Arias en el Palacio de la Zarzuela, y que sobre las seis de la tarde se fue a cambiarse de ropa. “Al volver de mi habitación pasé por la oficina de mi asistente de campo que tenía la radio encendida para seguir la sesión del Parlamento”, apunta. Durante el Pleno de aquel 23F se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en un contexto muy complejo, en medio de un clima de ruido de sables en los cuarteles y con una gran parte de los militares considerando al Gobierno de Adolfo Suárez como un “traidor” a la patria por sus guiños a la izquierda, según relata el emérito.

En todo caso, la idea de una posible asonada era, para Juan Carlos I, una “boutade”, una provocación sin visos de realidad. Pero aquella tarde, además del monótono tono del presidente de la Cámara Baja llamando uno por uno a los diputados para votar al nuevo presidente, el emérito escuchó en aquella radio de uno de sus colaboradores “el ruido de las ametralladoras”. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero había irrumpido armado en el hemiciclo, ordenó sentarse a todos los parlamentarios y sus colaboradores dispararon al techo. “Me quedé estupefacto. ¿Qué es esta locura?”, escribe el exmonarca.

“Soldados se habían rebelado y desafiado el orden constitucional”, rememora Juan Carlos I. “Además, el golpe se había hecho en mi nombre. Fue indignante. Me quedé aterrorizado”, añade. La tesis de que el rey no conocía nada de lo que iba a ocurrir aquella tarde en el Congreso ha sido cuestionada por algunos historiadores. Carlos Fonseca, que el año pasado publicó el libro 23F, la farsa (Plaza & Janés, 2024), consideró en una entrevista con elDiario.es que puede haber instituciones “cuya actuación no fuera en última instancia tan ejemplar como se dijo”. Y aseguró que “cuando el rey emérito se muera”, posiblemente se conozca “algo más” de su papel. “¿Se sabe todo lo que ocurrió el 23F? Creo que se acabará sabiendo que no eran únicamente Tejero y unos cuantos más”, apuntó, por su parte, la histórica abogada y activista Paca Sauquillo en una entrevista en el número 49 de la revista de elDiario.es.

“Mantuve la sangre fría”

El relato de Juan Carlos I en su nuevo libro responsabiliza directamente a Alfonso Armada, que había sido el secretario general de la Casa Real hasta 1977. Finalmente, lo tilda de “traidor”, pero antes reconoce que se llevó una “sorpresa” cuando, nada más enterarse de la intentona, en una primera llamada que quiso hacer al entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Gabeiras, quien le cogió fue Armada y ante las preguntas del rey sobre el golpe de Tejero le contestó con “un tono de voz anormalmente tranquilo”. “Daba la impresión de saber exactamente qué se estaba tramando”, añade.

Luego se pregunta: “¿Acaso Armada estaba jugando a dos bandas?”. Juan Carlos I reconoce que “la duda se apoderó” de él. “Si insistía tanto en estar a mi lado, sin duda era para comprometerme y hacerme quedar como si apoyara el golpe. No dejé que la ira ni la decepción me dominaran; mantuve la sangre fría”, añade. Y —según este relato— le envió un mensaje: “Quédate donde estás. Si te necesito, te llamaré, pero por ahora, no vengas”. “Inmediatamente”, apunta, informó “al jefe de seguridad del Palacio de la Zarzuela para que le impidiera la entrada”, por si tenía la tentación de presentarse, como le había sugerido.

Una conversación telefónica entre el monarca y Bárbara Rey, hecha pública en 2024, reveló que el emérito se alegraba de que Alfonso Armada, uno de los condenados por su participación en el intento del golpe de Estado, no dijera “ni una palabra” sobre él tras su efímero paso por la cárcel por su papel en la intentona golpista. “Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás!”, dijo.

De regreso al libro, el emérito asegura a renglón seguido que gracias a la intermediación de un miembro de la guardia real, que asistía como civil a la sesión de investidura, su entonces secretario Sabino Fernández Campo logró contactar con Tejero, que mantenía la asonada en la Cámara Baja. “¿Qué haces ahí?”, le preguntó Fernández Campo, siempre según el relato público de Juan Carlos I. “Recibo las órdenes del capitán general de Valencia”, le respondió Tejero, en alusión a Milans del Bosch. “¿Cómo te atreves a hacer lo que haces en nombre del rey? No lo vuelvas a hacer porque no estás autorizado para ello”, añadió.

Según el rey emérito, a Tejero le sorprendieron esas órdenes. “Ahí es cuando comprendí que se imaginaba que contaba con mi acuerdo implícito” para el golpe, añade Juan Carlos I.

“Había sido designado por Franco”

Después habló con la diputada socialista catalana Anna Balletbó, que fue una de las primeras liberadas por los golpistas, a la que dejaron salir por estar embarazada de mellizos. “¿Hay heridos? Fue mi primera pregunta”, apunta el emérito. Durante esa conversación el rey dice que recibió numerosas llamadas de mandos militares “desorientados que querían órdenes de su jefe”. Su reflexión fue la siguiente: “Yo era un rey constitucional, pero era sobre todo el jefe de las fuerzas armadas y era también su antiguo compañero de armas y había sido designado por Franco”. Con todos esos elementos, Juan Carlos I considera que tenía “todas las legitimidades” para dar órdenes.

En el libro el rey emérito asegura que de los once capitanes generales que formaban en aquel momento la cúpula del ejército “la mitad” respaldaba “la rebelión”. Pero destaca que esta no triunfó por sus continuas llamadas y mensajes telegráficos. “No se atrevieron a desobedecer”, apunta, después de garantizarse que esos militares le dijeran: “Estamos a la orden para lo que sea”. Previamente, él les había dicho que “aquel que se subleve contra el rey está en disposición de provocar una guerra civil y será considerado responsable”.

Quien se mantuvo con el golpe casi hasta el final era uno de esos capitanes, Milans del Bosch, que había sacado los tanques a las calles de Valencia y amenazaba con tomar Madrid con la división Brunete, aunque se consiguió revertir esa orden. También recuerda Juan Carlos I que se aseguró la lealtad del mando a cargo de la base aérea valenciana que, siempre según su relato, le dijo a Milans del Bosch que él solo respondía a órdenes del rey. Ante ese escenario, Juan Carlos de Borbón revela que él y sus militares afines llegaron a considerar “organizar un asalto al Congreso para liberar a los rehenes”. Desecharon la idea porque “¿quién aceptaría una misión tan arriesgada?”.

Otro de los aspectos que cuenta Juan Carlos I es que durante el golpe sí hubo un Ejecutivo provisional, dado que los ministros y el presidente entonces al mando estaban secuestrados por Tejero y los suyos en el Congreso. “Para mantener el procedimiento y preservar la legalidad, se estableció un gobierno integrado por los secretarios de Estado, encabezado por Francisco Laína, entonces director general de la seguridad del Estado. Este gobierno duró 14 horas, hasta que los rehenes fueron liberados”, señala.

Fue tras su famoso mensaje emitido por RTVE gracias a que se desplazó un equipo a la Zarzuela cuando el golpe fracasó definitivamente, siempre según Juan Carlos I. También envió varios telegramas a Milans del Bosch de madrugada, hasta que sobre las 4.30 horas del 24 de febrero los tanques regresaron a los cuarteles en Valencia. Pero Tejero siguió en el Congreso hasta la mañana. “No se rindió hasta el mediodía del 24 de febrero”.

Sofía: “Son los tanques que vienen a por nosotros”

Esa mañana el terror se apoderó de la entonces reina, una circunstancia que su marido atribuyó a un cambio de viento. “Son los tanques que vienen a por nosotros”, dijo Sofía. Al parecer, solo cuando hay viento sur, en la Zarzuela, completamente rodeada de enormes zonas verdes, se escucha el ruido del tráfico. Y el ruido que perturbó a la reina era, en realidad “la gente que iba al trabajo”.

Tras lo ocurrido el 23F, la conclusión de Juan Carlos I fue la siguiente: “Los militares intentaron aplastar por la fuerza de las armas la joven democracia española, mi obra, y no podía tolerarlo”. Él se muestra satisfecho: “Evitamos incidentes graves y, sobre todo, los fallecidos”.

Esta versión del rey ha sido refutada por algunos historiadores y periodistas. Por ejemplo, Carlos Estévez, que trabajaba en RTVE cuando se produjo el golpe, pone el énfasis en que Juan Carlos I tardó mucho en grabar su mensaje televisado a pesar de las presiones de militares y civiles con responsabilidades institucionales que le exigían publicarlo. En su libro, Juan Carlos I argumenta que no pudo hacerlo hasta la madrugada porque el ente público estaba tomado por los militares y no consiguió que saliera un equipo que pudiera grabarle. Pero Estévez señala que esos trabajadores del medio público salieron hacia la Zarzuela sobre las 20.00 horas y sin impedimentos.

Lo que sugiere este periodista es que el rey esperó por si triunfaba la conocida como 'Operación Armada' que según dice podrían haber respaldado tanto el monarca como varios mandos militares del momento. La maniobra consistía en que Armada se presentara en el Congreso como enviado por el rey para formar un gobierno de corte autoritario. “O Armada era un golpista y entonces el error es imperdonable, o se trata de un comodín en manos del rey para poder ser utilizado en cualquier momento”, sentencia.

Al margen del juicio por la asonada que llevó a prisión a Tejero (solo estuvo encarcelado hasta 1993 a pesar de haber sido condenado a 30 años) y Armada (fue indultado en 1988), la ley de secretos oficiales aún vigente impide conocer cuál es el relato real de lo ocurrido aquella noche en el Congreso de los Diputados. En julio, el Gobierno presentó una propuesta de ley forzado por partidos que dan estabilidad a la legislatura, como el PNV que lleva décadas exigiendo la derogación de la Ley de secretos oficiales.

Ese texto, cuya tramitación no avanza en el Congreso, recoge la desclasificación automática de todos los documentos cuando pasen 45 años. Es decir, a día de hoy, los fechados hasta 1980, por lo que no se incluirían, por el momento, los acontecimientos del 23F de 1981. Además, en los asuntos que afecten a seguridad nacional, el Gobierno se reserva la capacidad de seguir manteniendo el secreto, aunque no podrá hacerlo si afecta a violaciones de derechos humanos.

El libro del ciudadano Juan Carlos de Borbón se ha escrito mientras su protagonista vive refugiado en una lujosa residencia de Abu Dabi. Se publicará antes en Francia que en España, porque -según se dice en su propia entrevista- el rey emérito encontró en una pluma francesa la disposición que no halló en dos plumas españolas. Al parecer, incluso Felipe VI le pidió que desistiera del proyecto, una biografía que el propio autor anticipa que no gustará a muchos españoles. Todo apunta, pues, a un gesto de capricho: el deseo infantil de tener la última palabra.

Una entrevista zalamera y servil hasta el bochorno nos ha dejado ya los primeros titulares. Juan Carlos se presenta como un hombre herido, traicionado, víctima de la ingratitud de su país. Es la típica actitud del privilegiado: sentirse injustamente tratado cuando cesa el trato de favor. Y resulta paradójico, porque no hay en España nadie que haya sido más protegido que él. Durante décadas fue literalmente la única persona amparada por la Constitución, incluso en el terreno penal.

En la Inglaterra de la monarquía absoluta se decía “the king can do no wrong”, una fórmula que consagraba la inmunidad de los reyes: la ley emanaba de ellos mismos -y de Dios a través de ellos-, por lo que no podían ser juzgados. De ahí nacen los conceptos modernos de inviolabilidad e irresponsabilidad, que subsisten casi intactos en la monarquía española contemporánea. En teoría, el monarca constitucional actúa siempre en representación del Gobierno; en la práctica, se trata de un privilegio que impide perseguir sus delitos. Los constituyentes, cabe suponer, pensaron que el rey no iba a delinquir; pasaron por alto la historia de casi todos los borbones anteriores.

El entrevistador, de notable inclinación conservadora, apunta que “las acusaciones de comisiones en una cuenta suiza o de acoso no han llegado a ninguna parte”, obviando deliberadamente que el destino de las investigaciones estaba decidido desde el principio: la citada inviolabilidad garantizaba su cierre. La fiscalía y los jueces hallaron indicios de delitos fiscales, blanqueo de capitales y cohecho, pero archivaron los casos escudándose en esa protección constitucional. Tan simple -y tan grave- como eso.

A esa impunidad se suman otras prerrogativas. El Código Penal reserva artículos específicos para proteger la monarquía: en España ha habido ciudadanos encarcelados por injurias a la Corona. En este sentido el exilio dorado en Abu Dabi no habrá sido un gran cambio para Juan Carlos, quien ha reconocido sin pudor que el régimen encarceló a un periodista que intentó entrevistarlo -y al que liberó él mismo, mediante su voluntad real-. 

Durante décadas, además, el ciudadano Juan Carlos de Borbón contó con la complicidad de gobiernos, jueces y medios. Adolfo Suárez admitió que no se convocó un referéndum sobre la república porque se habría perdido para los monárquicos, y los periodistas ocultaron esa confesión -y muchas otras cosas más- hasta décadas después. El CIS dejó de preguntar por la “salud democrática” de la monarquía cuando los resultados empezaron a torcerse. Y cuando la situación se volvió del todo insostenible, PSOE y PP acordaron su salida ordenada y privilegiada: puente de plata al rey que huía. Se sacrificaba al monarca para salvar la institución.

Pero Juan Carlos no lo ve así. En su relato, los escándalos y delitos son probablemente el precio que España debe pagar por los “servicios prestados”. El texto destila una desmesurada autocomplacencia y una altísima consideración de su propio papel histórico. “¡La democracia no cayó del cielo!”, proclama, como si la hubiera traído él mismo, y no un pueblo que se jugó la vida por conquistarla. Su mirada es la típica de las élites que se creen guardianas del destino colectivo: juegan al ajedrez de la historia moviendo peones y sacrificando piezas menores cuando lo exige la estrategia. No cuesta imaginar que, en su fuero interno, se vea a sí mismo como un personaje trágico, víctima de la ingratitud de su tiempo. No tanto un Napoleón -que perteneció a una generación que tuvo una tensa y afilada relación con los Borbones- sino como un Julio César abandonado por los suyos. No en vano, Juan Carlos subraya con insistencia que renunció “heroicamente” a los poderes que Franco le concedió, según dice, para “crear un régimen más abierto”.

El libro hará las delicias de las tertulias, pero aportará poco al trabajo del historiador. Es, al fin y al cabo, una biografía: la suya. Intentará redimirse, matizar, justificarse. Dirá algunas verdades, se sincerará de algún modo -el tono de la entrevista sobre el franquismo ya apunta maneras-, y también tratará de convencernos de cosas improbables, como que su muy amado general Armada, quien estuvo fielmente 17 años a su lado, le traicionó al convencer a los generales golpistas de que hablaba en su nombre. Sin duda, es un libro que apunta al desahogo. El de una persona incomprendida y frustrada. Alguien que al mirarse en un espejo se ve un héroe, pero al que todos los demás ven como un privilegiado que abusó de su condición para perjuicio de la sociedad. ¿Héroe o villano?

El tiempo permitirá poner los matices donde corresponda, pero todo apunta a que los delirios de grandeza no están justificados y que estamos ante otro exponente de una larga dinastía que siempre antepuso su interés al de la nación. Del corrupto reinado de Carlos IV a los exilios vergonzosos de Isabel II y Alfonso XIII, ambos huyendo bajo las sólidas acusaciones de corrupción, Juan Carlos I pasará a la historia como un Borbón más: uno que actuó, sencillamente, como todos los anteriores. Mientras tanto seguirá viviendo una vida de lujo; que no se queje tanto.

“El rey reina, pero no gobierna”. Así ha respondido este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la pregunta sobre su opinión acerca del discurso del rey Felipe VI en Naciones Unidas la semana pasada. El monarca calificó de “masacre” y de “actos aberrantes” los ataques israelíes contra la población civil en Gaza, que supera los 65.000 asesinatos. Para Ayuso, el rey “no tiene que tomar más postura que la conciliación” y cree que tanto en Israel como en la Franja de Gaza hay “víctimas de Hamás”.

“El rey no tiene que tomar más postura que la conciliación. Y nosotros, por parte de nuestra administración, el máximo respeto. Vamos a estar siempre en una defensa cerrada de una institución importante como la monarquía”, ha apostillado.

Felipe VI pronunció en la Asamblea de la ONU: “Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia”

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha propuesto este lunes en la Junta de Portavoces una declaración institucional que cita textualmente la condena del monarca a la situación que vive la población gazatí. El PP aún no se ha pronunciado sobre su posición respecto a esta declaración institucional, pero la portavoz socialista en la cámara regional, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de “creerse por encima del bien y del mal”: “No sé si es que el rey ya no le gusta tanto”.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha esclarecido el rechazo del grupo popular a esta declaración institucional: “No vamos a permitir que usen la figura del rey con sus fines políticos, el rey hace su labor institucional y no vamos a entrar en ese juego”. Así, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de esta propuesta. “Sánchez ha conseguido que Más Madrid se haga monárquico”, ha dicho.

“La posición del PP es muy clara sobre este tema: la guerra que empezó Hamás el 7 de octubre es una guerra que debe terminar con la desaparición de Hamás”, ha señalado Díaz-Pache ante la pregunta de si el grupo parlamentario madrileño suscribe el contenido de este discurso.

El término 'genocidio' divide al PP

En una entrevista en el programa matinal de Ana Rosa Quintana (Telecinco), Ayuso ha relacionado la utilización del término genocidio, como ya han hecho tres dirigentes populares, con un “abandono” del pueblo judío: “Genocidio es algo que tienen que decidir los tribunales internacionales”. Además, ha afeado acusar de genocidio a un Estado judío después de que su pueblo sufriera el Holocausto, lo que ha calificado “verdadero genocidio” porque murieron 6 millones de personas.

Presidentes autonómicos del PP, como Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Rueda (Galicia) y Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), han condenado públicamente el genocidio, mientras María Guardiola (Extremadura) expresó su rechazo a la “barbarie que está sufriendo el pueblo de Gaza”.

“Yo pienso que aquí hay una serie de víctimas de Hamás que hay en todos los lados, en Israel y en Gaza, población que sufre desde hace muchos años bombardeos diarios y utilización de los recursos de la población para túneles y armamentos para aniquilar a Israel desde el río hasta el mar”, ha sostenido Ayuso. El 78% de la Palestina histórica ahora se considera territorio israelí y el resto de territorio está controlado de manera ilegal por la potencia ocupante.

Los reyes visitarán a partir de mañana, miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, entre ellas el viernes las de Extremadura, según ha informado este martes la Casa del Rey.

Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).

Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.

El sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I a raíz de las informaciones que señalan que ya “ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros”.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato precisa que cuando recibió esos préstamos el rey emérito tenía su residencia fiscal en España y no la cambió a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente.

Es por ello por lo que Gestha solicita a la Dirección de la Agencia Tributaria que ordene iniciar una inspección, “antes de que prescriba el próximo 30 de junio, para poder investigar las garantías, condiciones y cláusulas de los préstamos que se dicen que se han reintegrado, y si en dicho año el Rey emérito disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero y su valoración”.

Haciéndose eco de las informaciones de El Mundo, el sindicato considera que la Agencia Tributaria podrá verificar “dónde está situado el centro principal de los intereses económicos del rey emérito, pues si se localiza en España seguiría siendo residente fiscal en España aunque viviera en Emiratos”.

“Pero si sus intereses económicos principales estuvieran en otro país, podría considerarse que la regularización tributaria de Juan Carlos I fue inveraz, incompleta o incorrecta con las consecuencias penales que conllevaría por supuestos delitos contra la Hacienda pública”, sostiene.

Apátrida fiscal

También pide que se ordene otra investigación al emérito para “verificar el lugar y la naturaleza de las rentas obtenidas supuestamente por la venta de los derechos para la realización de documentales sobre su vida y por la intermediación en operaciones comerciales”, si las ha obtenido personalmente o a través de una sociedad o entidad instrumental española o extranjera, así como el origen y lugar de procedencia de los fondos de sus cuentas.

Los técnicos de Hacienda explican que el fin de esa segunda indagación es determinar el lugar en que se encuentra su centro principal de intereses económicos desde 2022.

Asimismo, solicita que se active el procedimiento de residencia fiscal en España, porque si no el rey Juan Carlos I podría considerarse un apátrida fiscal, pues no tributaría por la obtención de sus rentas mundiales ni en España ni en los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra. “Y la Agencia Tributaria estaría consintiendo un caso abusivo de doble no imposición”, advierten.