Izquierda Unida celebrará mañana, 22 de julio, el Día de las Víctimas del Franquismo para rendirles homenaje ante la “falta”, según ha señalado la diputada Hener Moreno, “por cuarto año, de un acto institucional que de cumplimiento a la ley regional”. El 22 de julio fue declarado oficialmente en La Rioja, a través de la Ley 5/2022 de Memoria Democrática, como el Día de las Víctimas del Franquismo.

La ley establece la obligación del Gobierno regional de realizar un acto institucional y colocar un monumento conmemorativo en Logroño en esta fecha. Sin embargo, “no cumple con esta premisa”. ha denunciado. Consultado por ello, el Gobierno de La Rioja ha explicado que en 2024 se presentó un adelanto del documental de Rocandio, La Flor del Almendro, que se estrena precisamente mañana en Alcanadre. En 2025, el documental en la Biblioteca de La Rioja, Recuerdos para quien por mi pregunte, de Fernando Vilchez y este año está previsto un acto en la ESDIR a las 20 horas en el que participará Antonio Altarriba, autor de El Arte de Volar, premio nacional del Cómic 2010. En cualquier caso, se han celebrado proyecciones pero no “la instalación de una placa o monumento de recuerdo en un lugar céntrico de la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja”, prevista por ley.

Henar Moreno ha recordado cómo la fecha elegida para el 22 de julio se refiere al asesinato de obreros de 'La Tabacalera', en 1936. En total, ha apuntado, se asesinó en la Provincia de Logroño a 2.000 personas, sin ser este lugar frente de guerra. Para Moreno, “en este tiempo de negación de los efectos del franquismo la respuesta tiene que seguir siendo memoria, memoria, memoria; memoria como conocimiento de la historia, memoria también como reparación y memoria específicamente como garantía de no repetición”.

El Franquismo, ha apuntado, fue “una dictadura fascista que impuso unas normas específicamente a los que pensaban diferente, ya sea por el hecho de ser de izquierdas o por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener otra orientación u otra identidad sexual”. Por eso, las nuevas generaciones deben “conocer cuáles son los efectos de una dictadura como ésta” en una época en la que se ve, incluso, cómo algunas mujeres “desprecian” los derechos adquiridos.

En este sentido ha señalado cómo la Ley de Memoria Democrática es una ley “muy avanzada”, pero, según ha considerado “lamentablemente, sigue en un cajón”. Así, “la disposición adicional cuarta de esa ley establece que, conjuntamente con el Ayuntamiento de Logroño, se ubicará un lugar en el centro de la localidad para que sea un lugar de reconocimiento a estas víctimas”.

Ante falta a su juicio de un acto suficiente, Izquierda Unida colocará dos placas junto a la antigua Tabacalera, en un lateral de la actual Biblioteca de La Rioja. En ellas se ofrece un homenaje a quienes “lucharon por construir un mundo mejor frente a la barbarie del fascismo” y recuerda cómo, en ese lugar, se produjeron los primeros asesinatos y, durante los meses siguientes, miles de trabajadores fueron asesinados.

Desde Izquierda Unida, ha dicho, van a hacer ese homenaje “donde lo debería hacer el Gobierno de La Rioja”, en la calle Portales, frente a la Biblioteca de La Rioja, a las 19:00 horas. Colocarán dos placas “que tienen un efecto muy positivo, porque el mes que aguantan, hasta que alguien que se las lleva, la gente para a leerlas”.

“Creemos que es un sitio importante aunque estamos dispuestos a que se busque otro; lo que no estamos dispuestos es a seguir en las cunetas. Lo que no estamos dispuestos es a que se invisibilice algo tan importante”, ha resaltado. Este año, además, el acto se completará con la visita a la placa colocada junto a la Universidad a Distancia (UNED) en conmemoración a Miguel Sarabia, abogado laboralista que sobrevivió a la matanza de Atocha; homenaje que, en esta ocasión, ha apuntado, el Gobierno de La Rioja sí ha hecho.

El Partido Popular ha solicitado la anulación de la instrucción que ha permitido conceder la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados, una medida conocida como ley de nietos. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Social del PP, ha insistido esta mañana en rueda de prensa en que existen dudas sobre “las garantías del proceso de nacionalidades” y exige al gobierno de Pedro Sánchez que suspenda las inscripciones para conseguir este derecho hasta que “se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido”.

Ezcurra sostiene que el PP duda sobre estas garantías, tanto sobre el procedimiento para conseguir la nacionalidad como del “voto exterior” al que asocian esta medida. Por su parte, ha explicado que el Partido Popular intentará “incluir mayores garantías” en su tramitación. Además, el PP reclama “la nulidad de oficio de una instrucción, que es nula de pleno derecho” y esperan que “el Gobierno haga transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas.

Aunque la 'ley de nietos' incluida en la ley de Memoria Democrática lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

Más de tres años después de su aprobación

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción pidiendo su suspensión cautelar en diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Después se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Pero fue archivada.

Agustina Recio tenía seis años cuando vio cómo se llevaban a su padre.

Era noviembre de 1936. La familia cenaba en el patio de su casa, en Recas, un pequeño pueblo de Toledo, cuando varios hombres llamaron a la puerta. Florentino Recio apenas tuvo tiempo de levantarse de la mesa. Agustina, sin comprender, le pidió que no hiciera caso y siguiera cenando. Él la miró, dejó el plato y salió con quienes habían ido a buscarlo. Aquella fue la última vez que lo vio.

Durante décadas, su padre no tuvo una tumba. No hubo un lugar donde llevar flores, ni una lápida donde leer su nombre, ni una fecha que permitiera cerrar el duelo. Solo existía una ausencia que llenaba la casa y que nadie podía nombrar.

Ochenta y siete años después, en febrero de 2023, la ciencia pudo responder a una pregunta que había atravesado tres generaciones. Los trabajos arqueológicos y las pruebas genéticas permitieron identificar los restos de Florentino Recio, fusilado junto a otros vecinos y sepultado en una fosa común del cementerio municipal. Cuando Agustina recibió la pequeña caja con los restos de su padre, no habló de política, ni de leyes, ni de bandos. Entre los objetos recuperados aparecieron una tabaquera de cuero y un mechero de pedernal. Ella solo expresó el deseo que había custodiado toda una vida: “Solo quiero que esté junto a mi madre y mi hermana”

Porque la memoria democrática no comienza en un boletín oficial, ni en un debate parlamentario, ni en una sentencia judicial. Comienza el día en que una hija deja de preguntarse dónde está su padre.

El lenguaje de las familias

Durante años, el debate público ha girado alrededor de conceptos como reparación, exhumación o reconciliación. Son palabras necesarias, pero a veces demasiado abstractas para explicar el peso de una espera que roza el siglo. Los arqueólogos hablan de excavaciones. Los antropólogos forenses, de identificación. Los genetistas, de perfiles de ADN. Pero las familias utilizan un lenguaje mucho más elemental. Ellas hablan de volver a casa.

“Los científicos recuperan restos humanos; las familias recuperan personas”.

Ese mismo hilo invisible se hizo visible en el cementerio de Manzanares, en Ciudad Real. Entre 2021 y 2025, un proyecto de exhumación sistemática en las fosas comunes del municipio permitió devolver la identidad a veintiuna personas. En noviembre de 2025, sus familias recibieron los restos de sus padres y abuelos. El Ayuntamiento definió el acto con tres adjetivos que explican el proceso mejor que cualquier discurso: humano, histórico y necesario.

Entre quienes esperaban estaba Marne García-Abadillo Padilla. Cumplía una promesa heredada. Su padre, Bernardo García-Abadillo, dedicó buena parte de su vida a intentar localizar a su propio progenitor, fusilado tras la contienda. Murió sin conseguirlo. Fue su hija quien terminó cerrando el círculo.

Historias como las de Agustina y Marne no son excepcionales. Precisamente por eso resultan extraordinarias. Castilla-La Mancha ocupa un lugar singular en la geografía de la Guerra Civil y la posguerra. Aquí se libraron algunos de los episodios más determinantes del conflicto: Toledo quedó ligada al asedio del Alcázar; Guadalajara fue el escenario de la primera gran derrota de las tropas fascistas enviadas por Mussolini; Albacete acogió el cuartel general de las Brigadas Internacionales, y en numerosos pueblos de Ciudad Real, Cuenca y Toledo la violencia de la retaguardia dio paso a una represión institucionalizada y tardía.

Pero la historia de la región no se escribió únicamente en los frentes de batalla. Se escribió también en las cocinas donde se impuso el mutismo, en las habitaciones donde una fotografía permaneció escondida tras el marco de una estampa religiosa, y en las tapias de los cementerios donde muchas familias intuían la verdad, aunque nadie se atreviese a señalarla con el dedo.

El peso del silencio

Historiadores como Francisco Alía Miranda, en sus investigaciones sobre el alcance de la represión en el centro peninsular, y Julián Casanova coinciden en un diagnóstico que hoy cuenta con un sólido consenso académico: tras el conflicto, el nuevo Estado construyó una memoria oficial que monopolizó el duelo. Los caídos del bando vencedor recibieron honores públicos, pensiones, inscripciones en fachadas e iglesias, y sepulturas dignificadas. Sus nombres se integraron en el relato heroico del régimen.

Por el contrario, las familias de los ejecutados o desaparecidos por la represión franquista quedaron excluidas de cualquier reconocimiento. Muchas ni siquiera supieron dónde yacían sus familiares; otras comprendieron pronto que preguntar implicaba un riesgo directo. No se trata de establecer una jerarquía del sufrimiento. La muerte de un padre o de un hijo dolió igual en todas partes. Lo que la investigación histórica documenta es que el reconocimiento público de ese dolor fue radicalmente desigual.

Quizá por eso Agustina nunca supo exactamente dónde estaba enterrado su padre. Sabía, como tantas otras familias, que había una ausencia. Pero durante décadas nadie pudo convertir esa intuición en una certeza.

El silencio se convirtió así en una herramienta de supervivencia. Durante décadas, en miles de hogares manchegos hubo conversaciones que solo se mantenían con las ventanas cerradas. Los niños crecían escuchando consignas que se repiten de forma idéntica en los archivos de fuentes orales: «De eso no se habla», «No preguntes», «Ya lo entenderás». No era olvido. Era miedo. Y el miedo también se hereda.

En medio de ese silencio, fueron las mujeres quienes sostuvieron el recuerdo. La historiografía ha preferido a menudo los grandes despachos, las directrices políticas y los movimientos de tropas, pero la permanencia del hilo familiar dependió de un gesto cotidiano e invisible: una mujer que abre un cajón, saca una fotografía gastada por las esquinas, la limpia y la vuelve a guardar.

Fueron ellas quienes memorizaron la ubicación difusa de una fosa en una linde o un camino, y quienes transmitieron los nombres en voz baja para que no se disolvieran con el tiempo. Muchas sufrieron castigos específicos encaminados a la humillación pública, la exclusión económica y el rapado de pelo, pero reducirlas a la condición de víctimas desbuja su papel principal: fueron las guardianas de la memoria. Sin ellas, los equipos científicos que hoy abren la tierra no habrían encontrado a nadie esperando al borde de la zanja.

La verdad documentada

Hoy, la tecnología ha cambiado la gestión del duelo. La arqueología y la genética han aportado una certeza que sustituye a la conjetura. En la región, el Proyecto de Memoria Democrática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha resultado decisivo para cartografiar fosas y documentar identidades que parecían perdidas en la burocracia penitenciaria.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria suele repetir una premisa fundamental: las exhumaciones no abren heridas, sino que ayudan a cerrarlas. El verdadero desenlace de una investigación científica no ocurre en el laboratorio, sino en el instante en que una familia puede escribir, por fin, un nombre y un apellido sobre una lápida.

“Las dictaduras imponen una única memoria. Las democracias tienen la obligación de escuchar todas las memorias, investigarlas con rigor y reconocer la dignidad de todas las víctimas”.

Este proceso plantea debates lógicos sobre la fisonomía del espacio público, como ha sucedido en Llanos del Caudillo o Alberche del Caudillo, o en las disputas jurídicas por la nomenclatura de las calles. Conviene distinguir dos planos: la historia no se borra al retirar un símbolo; los libros, los archivos y el conocimiento permanecen intactos. Lo que se modifica es el honor público. No se trata de reescribir el pasado, sino de decidir qué valores fundamentan la convivencia actual. Resulta difícil sostener el equilibrio democrático cuando una persona acude a buscar los restos de su abuelo al cementerio atravesando una avenida que homenajea a los responsables directos de su desaparición.

El final del duelo

Al final, desprovista de la retórica partidista, queda una pregunta estrictamente humana, universal, ajena a cualquier filiación ideológica: ¿Qué haría cualquiera de nosotros si nuestro padre o nuestro abuelo llevase casi noventa años en una cuneta? Probablemente haríamos lo mismo: buscar, preguntar y esperar a que alguien nos diese una respuesta.

Por eso este asunto trasciende los boletines oficiales. No hay revancha en el deseo de depositar unas flores en un lugar concreto; no hay partidismo en exigir que el nombre de un ciudadano deje de ser una incógnita en un legajo borroso.

No todas las historias terminan como la de Agustina. En Castilla-La Mancha aún hay familias que siguen esperando una llamada, una identificación o una certeza. También por ellas merece la pena seguir buscando.

Cuando Agustina Recio salió del cementerio de Recas llevaba entre las manos una pequeña caja. Para la ciencia contenía unos restos identificados. Para ella era su padre. Ochenta y siete años después sabía, por fin, dónde dejar unas flores.

Quizá la memoria no consista en cambiar el pasado, sino en impedir que una familia tenga que vivir para siempre sin un lugar donde recordar a los suyos. Solo entonces las flores dejan de buscar una cuneta, encuentran una tumba, un nombre, unos apellidos y un lugar donde, por fin, descansan los nuestros.

Me han enviado de Las Palmas algunos artículos de la prensa en los que se pone en duda el asesinato. También se ha hecho en El Debate madrileño.

No me siento molesto. Si respondo es por solidaridad con los dos coautores del libro en el que se demostró: el patólogo Dr. Miguel Ull Laita y mi primo hermano y piloto de Cecilio Yusta Viñas. Ambos con larga experiencia y que me habían ayudado en dos intentos previos (2010 y 2011). Fallecidos en la covid.

En el tercero estuvimos mejor armados. Había aparecido nueva documentación oficial. No pretendimos haberla descubierto. Lo hizo un aficionado cuyo nombre no viene al cuento. Se hallaba en el Ministerio de Defensa en la dirección general que conservaba la documentación sobre pensiones. Hoy se encuentra en otro archivo militar.

En ella figura una supuesta “autopsia” del general. Invalida lo mucho que se ha escrito (y que ha llegado hasta Wikipedia) sobre tal asesinato, es decir, una sarta de estupideces e inverosimilitudes anatómicas, como ya había supuesto el Dr. Ull en 2011.

Tal “autopsia” no se había hecho pública, pero permitió colmar numerosos huecos y reforzar la tesis del asesinato. Tampoco se había realizado con las formalidades previstas por la legislación vigente en 1936. Un “apaño” para ocultar lo ocurrido con los subterfugios necesarios. Justificó un aumento de la pensión de viudedad de la esposa del general tras mover estos numerosos contactos con el fin de ablandar al “Caudillo”, ya que en principio la pensión reconocida había sido mucho menor.

El expediente es una joya y en él participaron algunos de los militares que desempeñaron papeles importantes en la preparación del asesinato y su encubrimiento.

La supuesta “autopsia” no fue un original, sino una copia ya adaptada a las circunstancias creadas por la evolución de la guerra. “Justificó” la mentira con que se rodeó el crimen. Balmes apareció como “muerto en acto de servicio”.

Lo que destaca en la copia es el recorrido del proyectil según los destrozos descritos por los galenos en julio de 1936. No son en modo algunos compatibles con el lugar por el que supuestamente penetró la bala. Balmes no se pegó un tiro. Se lo pegaron.

Casi cien páginas del libro de 2016 describen pormenorizadamente lo que tuvo que ocurrir en el cuerpo del general y la imposibilidad anatómica del “resultado” que algunos airean todavía.

Eso sí, no sabemos cómo y quién le disparó. Lo que se contó adolece de numerosas incongruencias. No es casualidad que la única información certera que se publicó en un diario vespertino de Las Palmas el 16 de julio no se repitiera más y se sustituyera, manu militari, por la tesis oficial.

También se “compró” el silencio del único testigo, el chófer, a quien se le rehizo, a posteriori, un nuevo expediente personal. Se retocó, incluso, muchos años más tarde. Estuvo lejos de los peligros de la guerra pero se le concedieron las medallas de la campaña, como si hubiera batallado en primera línea. Llegó a teniente, pero no ascendió a capitán a pesar de sus esfuerzos. Murió alcoholizado.

Posteriormente, al suceso de 1936 el juez militar que se hizo cargo de la investigación, y apartó a manotazos al civil, redactó en sus memorias un capítulo sobre cómo habría empleado Balmes hasta entonces la mañana. De creerlo, habría visitado dos cuarteles, un barquichuelo militar antes de ir a sus prácticas de tiro.

Tal juez consignó en el expediente que figura en el de la pensión que Balmes iba en pantalón corto y llevaba consigo una camisa de seda. Ambos no reglamentarios. Es decir, se le endilgó una vestimenta más apropiada para pasar revista a las tropas que habrían formado ante su visita a dos cuarteles y al barquichuelo. Como si Las Palmas hubiera sido el remedo de una ciudad india bajo dominación británica.

En contra de lo que servidor había escrito en 2011 no identificamos al autor del asesinato. Nos ahorramos, quizá, consecuencias como las que sufrió un colega catedrático de la Universidad de Alicante. Es notorio que por haber osado mencionar el papel de un militar franquista como secretario del consejo de guerra contra Miguel Hernández.

Preferimos abrir una paleta que iba desde el general Luis Orgaz (topo de Franco ante la guarnición de Las Palmas) a embusteros uniformados. En el primer tiempo del saludo, “testimoniaron” por su honor que Balmes fue a probar pistolas para hacer frente a la supuesta “revolución” que preparaban las izquierdas.

Quizá con los fondos del Gobierno canario y los de la Asamblea de Madrid pueda financiarse una nueva investigación. ¿Descubrirá más documentos que apoyen una tesis para nosotros grotesca y absurda? Ciertamente en las islas vive gente que, quizá para salvar el “honor” de sus antepasados, no se atreve a hacerlos públicos.

La recuperación de la memoria democrática todavía no se había convertido en tendencia literaria. Tampoco se trataba de 400 páginas pensadas para el asueto veraniego y repletas de torsiones de guión. Su narración avanza mediante elipsis y un estilo lírico que se aleja del grado cero del lenguaje. Ni siquiera está escrito en castellano, sino en gallego. Contra todos esos lugares comunes del best seller levantó Manuel Rivas O lapis do carpinteiro (Xerais, 1998), una novela breve e intensa sobre la represión fascista y sus cicatrices que se convirtió en una de las más vendidas de la literatura gallega, 100.000 ejemplares solo en gallego según cifras de la editorial. Traducida a 40 idiomas y con versión cinematográfica a cargo de Antón Reixa, O lapis do carpinteiro recogió además alabanzas de Günter Grass, Eduardo Galeano, Vázquez Montalbán o Erri De Luca.

La historia es una historia de amor atravesada por las turbulencias del siglo XX, o las turbulencias del siglo XX atravesadas por una historia de amor. El médico republicano Daniel da Barca y su pareja, Marisa Mallo, sobreviven a la cárcel de A Falcona, en el Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela. Verano del 36. No lo hace, sin embargo, el pintor que dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero e ilustra a los presos y a quien pasea una cuadrilla fascista. Rivas (A Coruña, 1957) escribe sobre sombras: al fondo de su novela hay personas reales, porque su novela trabaja con la verdad. “El momento germinal de O lapis”, cuenta por teléfono a elDiario.es, “ocurre en Tui, a finales de los 80”. Era entonces un reportero freelance que entrevistó al doctor Francisco Comesaña y a su esposa, Asunción Concheiro, republicanos, socialistas, exiliados en Cuba y retornados a Galicia.

“Aquella entrevista quedó ahí guardada, como una célula madre, creciendo en las esquinas de la memoria”, relata. Pero no fue hasta que se cruzó con un objeto que el libro tomó forma: el lápiz de carpintero que, junto a una garlopa, conformó la única herencia que recibió de su abuelo, Manuel de Sigrás. “Había comenzado la historia varias veces. Llegue a tener 20 páginas escritas. No me convencía. Un día me fijé en el lápiz y dije: ya sé quién va a contarla”, afirma. Se nutrió además de decenas de notas en cuadernos, visitas a la isla de San Simón en la ría de Vigo -campo de concentración durante la Guerra Civil- y de uno de sus propios relatos, el célebre A lingua das bolboretas, incluido en Que me queres amor? (Galaxia, 1995), Premio Nacional de Narrativa. “No veo mis obras como leiras [fincas] separadas, sino más bien como los anillos de un árbol, una cosa lleva a otra”, describe.

A lingua das bolboretas, que José Luis Cuerda convirtió en largometraje con Fernán Gómez como protagonista en 1999, cuenta un maestro y su escuela durante la Segunda República. “Un día les llega un microscopio. Por fin podrían ver lo invisible, la lengua de las mariposas”, explica. Solo que Franco se alza contra la democracia y las luces se apagan. Rivas tardó apenas un día en escribirlo. “No había un esquema previo, solo la idea del microscopio. Pero la memoria es algo activo y camina hacia adelante. Aquello prendió y creció como una hiedra de sombra”, se extiende. Los anillos del árbol: el más exterior de la literatura de Rivas sobre la Guerra Civil es Os libros arden mal (Xerais, 2006), una novela de 600 páginas, fragmentaria y coral -“más que coral, está llena de gente por todas partes”, dice el autor. Su tiempo de escritura, añade, fue otro, demorado, arquitectónico.

Porque O lapis do carpinteiro tardó, tras años de fermentación, unos tres meses “de arresto domiciliario” en transformarse en la novela de 162 páginas que deslumbró a lectores de toda condición. La escribió en Urroa, un lugar de Vimianzo, en la Terra de Soneira, donde vivió años. Acompañaba a su pareja, profesora. “No cuenta solo la historia de lo que pasó en la guerra y del fascismo”, vuelve sobre el argumento, “sino también la del silencio y la del factor humano, una pareja que mantiene la pulsión creativa y el deseo frente al horror”.

“Una mirada a un inmenso silencio”

La agitada y celebrada peripecia del libro O Lapis do carpinteiro no tardó en anunciarse. Su editor en Xerais, el histórico Manuel Bragado, enseguida se dio cuenta de que había interés. Lo percibía por la demanda de las librerías. La presentación en A Coruña desbordó expectativas y, recuerda Rivas, dejó más gente en el exterior del auditorio de Caixa Galicia que dentro. “Creo que parte de su impacto tiene que ver con la cerilla que se enciende en la oscuridad, con el movimiento de alas de la mariposa que no sabes qué va a provocar”, considera, “estaba en el aire la necesidad de una historia como esta”. Sucesivos actos, a veces acompañado del brillante dramaturgo y contacontos Quico Cadaval o de la banda folk punk Os Diplomáticos de Monte Alto, confirmaron aquellas impresiones iniciales.

El de la Galería Sargadelos de Barcelona resultó memorable. “Hubo mucha gente. Aparecían personas con vidas quebradas y ganas de hablar”, señala. O lapis do carpinteiro fue también, en su opinión, “una mira a a un inmenso silencio, al vacío. No digo que fuese el primero, había ya libros extraordinarios, pero sí apareció antes de la supuesta moda de la memoria histórica”. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid sucedió algo. “Estaba firmando libros y, de repente, se acercó una señora que dijo: 'Yo soy la hija de Herbal'. Levanté la vista y vi una mujer con los ojos llorosos. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue”, relata. Herbal es uno de los más impactantes personajes de O lapis, verdugo, chivato, envidioso y a la vez atormentado. No existió en la realidad.

Al libro no solo lo acompañó el favor de los lectores y las lectoras. La crítica fue generosa y obtuvo premios de relieve: el de la Crítica Española, el Arcebispo San Clemente, el de la Asociación de Escritores en Lingua Galega o el del 50 aniversario de la sección belga de Amnistía Internacional. Algunos ilustres colegas de Manuel Rivas lo celebraron entusiasmados. Con Manuel Vázquez Montalbán coincidió en San Simón. “Recuerdo que me dijo '¿cómo carajo has hecho para escribir esto?”, dice con un punto de emoción. El Nobel alemán Günter Grass la calificó de impactante. También le gustó a Eduardo Galeano, mito de la literatura emancipadora latinoamericana. Y la faja de la última reedición, acabada de salir, reproduce una cita del italiano -más en concreto de Nápoles- Erri De Luca: “Si trabajase en una viña quizás recibiría vino. Pero recibo libros. Y entre los tantos que acaban varados en mi casa, hay alguno que olfateo y viene conmigo. Uno de esos descubrimientos fue O lapis do carpinteiro”.

Durante la primavera y el verano de 1933, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una de las luchas sociales más relevantes de la historia de Canarias: una huelga de alquileres. Duró desde el 4 de abril hasta el 7 de julio y culminó en una huelga general de dos días, que acabó desembocando en una espiral de violencia callejera y represión institucional.

La capital tinerfeña llevaba años sufriendo una crisis habitacional sin precedentes. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en treinta años, de 38.000 a 62.000 habitantes, según el historiador Carlos David Aguiar.

Era común que las familias de clases medias vivieran hacinadas en las “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva barata que el profesor Ramón Pérez González describe como: “construcciones de habitaciones independientes entre sí, desarrolladas por lo general en planta baja y de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o en torno a un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina”.

La situación empeoró cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.

En el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, del historiador Alexis Rodríguez Mendoza, se describe una situación cuyo eco resuena en la actualidad: “Nos encontramos, por un lado, con un amplio número de trabajadores/as ahogados/as para poder subsistir y, por otro, a un grupo, más o menos reducido, de propietarios/as y realquiladores de ciudadelas que sacaban cuantiosos beneficios de este negocio”.

Los historiadores Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, cuentan en su trabajo Techo y Dignidad: La lucha del Sindicato de Inquilinos de Tenerife durante la segunda República que, “mientras los inquilinos entregaban prácticamente todo su sueldo para no quedarse en la calle, los caseros obtenían grandes beneficios, incluso defraudaban a la Hacienda Pública al declarar cobros inferiores a los reales”.

El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife

En 1928 se creó en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Inquilinos. Desde julio de 1923 ya existía la Liga de Inquilinos, pero no sería hasta agosto de 1932 cuando la Federación Obrera, en una asamblea realizada en el cine La Paz, reorganiza el sindicato y sitúa su sede en la calle Miraflores, en las mismas dependencias de la CNT, donde tenían su imprenta.

A finales de 1932, el Sindicato de Inquilinos contaba con unos 200 afiliados. Durante el verano de 1933, en el momento más álgido de la huelga de alquileres, superan los 3.500 afiliados. Meses antes habían creado una publicación llamada La voz del inquilino, lo que les ayuda a crecer rápidamente.

El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. No estaba solo. Tres organizaciones pactaron tres acuerdos fundamentales. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo estipularon que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40%; que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife.

“Esos son los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife el año anterior. En abril de 1932 se había hecho una asamblea para crear la Federación Obrera, la organización de todos los sindicatos, y en esa asamblea participaron representantes de lo que sería el Sindicato de Inquilinos. Las cosas venían de lejos, no fue instantáneo”, señala Alexis Rodríguez.

Según explica el historiador, al principio se intenta cambiar la situación de la vivienda “utilizando la ley”. Intentaron que Hacienda cobrara a los propietarios los tributos correspondientes, “ya que no declaraban realmente los precios que cobraban”. Intentaron que los inspectores revisaran las condiciones de higiene de las casas, incluso pidieron amparo en los juzgados, “porque había una ley que permitía una rebaja de los alquileres, y la empezaron a reclamar”, apunta Rodríguez.

“Era normal que los inquilinos no estuvieran al día, tardaban uno o dos meses y pagaban casi siempre con retraso, con lo cual en abril no pasó nada. En mayo, instigados por la Cámara de Propiedad, la entidad que agrupaba a los propietarios, empezaron a presentar denuncias de desahucio en los juzgados. Pero el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, los paralizó hasta el 5 de julio de 1933, en búsqueda de una solución pactada entre las partes. Obviamente, los propietarios se negaron a cualquier acuerdo”, afirma Rodríguez.

5 de julio: huelga general

El momento clave de la huelga de alquileres llega el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero se desaloja a una familia del número 62 de la calle Santiago. Las pertenencias de la familia son arrojadas a la calle. La gente se junta alrededor de la vivienda y cuando se marcha la policía y el secretario judicial, vuelven a restituir a la familia y devuelven sus pertenencias a la casa. Cuando se iba a ejecutar el segundo desahucio, “el propietario llega a un acuerdo de rebaja del alquiler con el inquilino. Pero ya el tercer desahucio no se produce”, explica Rodríguez.

Aquel día se habían fijado varios desalojos: en el número 63 de la calle San Miguel, en el 23 de la calle Emilio Calzadilla y en el 18 de la calle del Pasaje Ojeda. “El tercer desahucio no se produce por la cantidad de gente que se había aglomerado alrededor, y la policía y el secretario del juzgado y los funcionarios se retiran. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había convocado la huelga general”, relata Alexis Rodríguez, que añade: “Tres cohetes sonaron en Santa Cruz de Tenerife, e inmediatamente se paralizó toda la ciudad. Así comienza la huelga”.

“Inmediatamente se convierte en una huelga, podríamos decir, revolucionaria. Empiezan a atacar las casas de los propietarios y, sobre todo, de los administradores. Se les queman sus muebles, en algunos casos se derruye toda la casa, y también se empiezan a producir hechos más violentos como quemarle la fábrica a Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical y propietario de una fábrica de Salazón, que había despedido hacía unos días a varios trabajadores de la CNT”, señala Rodríguez.

Según la historiadora Yanira Hermida, “lo fascinante de ese momento es que las trabajadoras y trabajadores son conscientes plenamente de que la cuestión de la vivienda es una consecuencia de una violencia estructural que sufren y padecen dentro de una sociedad injusta y desigual, ante la cual es fundamental el apoyo mutuo. Ya no es sólo señalar a propietarios usureros, sino un enfrentamiento con la clase explotadora: el problema de la vivienda queda en conexión clara con la explotación laboral”, asegura.

Esa misma tarde, se convocó una reunión en la plaza de toros para valorar el alcance de la huelga. Se acuerda mantener el paro y buscar la mediación entre propietarios e inquilinos del Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, afiliado al Partido Republicano Radical Socialista.

6 de julio: la represión

El Gobernador Civil, asustado por la gran cantidad de personas que habían secundado la huelga general, y el giro violento que habían tomado los acontecimientos, deja de intentar mediar. Prohíbe todas las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes de los sindicatos, y ordena a la Guardia Civil disolver la reunión de inquilinas en la que se habían congregado más de 2.000 personas.

“Se empieza a detener a todas las personas más significativas del movimiento obrero de Santa Cruz. Se detiene a la directiva del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera, un montón de gente, llegando más de 60 personas encerradas en Paso Alto. Eso hace que la huelga termine, pero siguen con las reivindicaciones”, asegura Rodríguez

Hay constancia de que se empiezan a reducir algunos alquileres. La Cámara de Propietarios emite distintos comunicados pidiendo que no se negocie con los inquilinos, pero muchos propietarios negocian y aceptan rebajas porque temen problemas mayores. “Esta situación se mantiene hasta 1936”, asegura Rodríguez.

El papel crucial de las mujeres en la lucha

La presencia y el papel de las mujeres fue masivo y muy destacado. Isabel González González, conocida como Azucena Roja y que llegó a ser la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció las estafas de los caseros y exigió desde las instituciones que no se cortara la luz o el agua a los desempleados. Sorprende también la figura de Isabel Cabrera, que a pesar de ser propietaria apoyó la causa del Sindicato de Inquilinos con tal fervor que fue nombrada tesorera del sindicato.

El diario La Tarde, un destacado periódico de información general de Santa Cruz de Tenerife, relata los acontecimientos del 5 de julio de la siguiente manera: “Contingentes enormes de obreros, entre los que destacan no pocas mujeres, recorrían la población formando distintas manifestaciones, vitoreando la huelga general y su inmediato triunfo”.

La represión policial que siguió a las protestas no hizo distinciones y el 6 de julio entre los encarcelados están los 12 dirigentes obreros más representativos de la protesta y 4 mujeres: Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga, y las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García, como recoge el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, de la CNT.

“Sin embargo, está bastante silenciada la presencia femenina en esta huelga por la prensa y la documentación de la época”, señala Rodríguez, que explica que eran ellas las que llevaban el día a día de la casa, quienes sufrían el acoso por parte de los administradores y quienes llevaban la carga del cuidado de la familia.

7 de julio: “Casa desahuciada, casa que explota”

Tras dos días de huelga general, el 7 de julio se recupera la actividad habitual en Santa Cruz de Tenerife, pero la huelga de inquilinos continúa en marcha.

Presionado por la alta burguesía, el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, endurece aún más la represión y ordena a la Guardia Civil disolver cualquier reunión de más de tres personas, ilegaliza a la Federación Obrera, clausura su imprenta y prohíbe sus publicaciones. Además, se decreta la ejecución inmediata y sin demora de todos los desahucios.

Esta medida genera una violenta dinámica de represalias: por cada desahucio que logran ejecutar las autoridades, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Ante esto, la Guardia Civil comienza a detener a todas las familias desalojadas como sospechosas.

“A partir del 7 de julio, cada vez que se produce un desahucio explota un cartucho de dinamita en la casa. Casa desahuciada, casa que explota. No es que tumben abajo la casa, pero se crea una especie de ansiedad y psicosis entre los propietarios y administradores, que ven que dejar a los inquilinos en la calle suponía un grave problema para ellos. Esto se produce de manera reiterada, y es muy común”, explica Rodríguez.

Los cartuchos de dinamita o los artefactos incendiarios de elaboración casera, eran habituales en la época, “no eran extraños en las protestas obreras”, afirma Yanira Hermida, y destaca que “las fuentes muestran que eran atentados contra la propiedad privada y no contra las personas”.

Fin y resurgimiento del Sindicato de Inquilinos

Tras varias semanas marcadas por la ejecución de desalojos y los estallidos de explosivos como respuesta, los últimos coletazos de la huelga de inquilinos se notarán hasta la última semana de agosto, momento en que puede considerarse concluida.

A finales de 1933 se deja en libertad a los últimos detenidos, y se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, hay una gran división interna. Los socialistas, la pequeña burguesía y los trabajadores liberales empiezan a abandonar el sindicato. Rechazan la violencia que se había desatado y consideran que ellos pueden negociar por su parte los alquileres. “Al mismo tiempo, los administradores crean su propia organización, que llaman Sindicato de Propietarios de Fincas Urbanas, para hacer un frente común y evitar la presión del sindicato”, explica Rodríguez.

Durante los años siguientes, el sindicato prácticamente desaparece. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 se sucede el conocido bienio radica-cedista o bienio negro, en el que la República es gobernada por la derecha en alianza con la ultraderecha. “Se ilegalizan todos los sindicatos y en estos dos años la represión del movimiento obrero es muy fuerte, lo que impide que el Sindicato de Inquilinos pueda actuar”, señala Rodríguez.

Ante las elecciones de 1936, “ya desde enero se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos y se expande por la isla, creando sedes en la Laguna, en Güímar y en la Orotava”, asegura Rodríguez. Se nombra presidente a Francisco Sosa, vinculado a la CNT, y se fija la sede en la calle Méndez Núñez, donde estaba la sede de los tabaqueros, que era el gremio más potente de la CNT.

Vuelven las rebajas de los alquileres

En 1936, el Sindicato de inquilinos crea una comisión de revisión de los alquileres. De las 114 viviendas que revisaron entre febrero y mayo del 36, dictaminaron un descuento del 25% de media, “pero hubo casos del 50% y 70%, así que el sindicato funcionaba y obligaba a propietarios y administradores a aceptar esas rebajas”, apunta Rodríguez.

No hay datos precisos de los acuerdos alcanzados, ni un número exacto de personas que secundaron la huelga o consiguieron rebajas. Pero hay un hecho que Alexis Rodríguez destaca y resulta muy significativo. El Sindicato de Inquilinos crea una cuenta en Caja Postal para que los inquilinos ingresen todo el dinero del alquiler en esa cuenta, y así el Sindicato es quien negocia con los administradores y propietarios. “En los primeros pagos del alquiler, la rebaja se la quedaba el Sindicato de Inquilinos como caja de resistencia y para crear una cooperativa de vivienda y construir casas”, relata Rodríguez.

Lo más destacado es la cantidad de dinero que consigue el Sindicato de este modo: 106.516, 65 pesetas. “Una cantidad brutal de dinero. Eso habla de que es muchísima gente que utiliza el Sindicato de Inquilinas y se acoge a la rebaja. Al mismo tiempo se les había pagado a los propietarios 12.612 pesetas. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las viviendas de Santa Cruz se pagaron a través del sindicato de Inquilinas”, asegura Alexis Rodríguez. Según el historiador, este dato se hace público el 17 de julio de 1936, horas antes de comenzar el golpe de estado.

El trágico epílogo

Años después, con el estallido de la sublevación militar y el inicio de la dictadura franquista, la burguesía y los grandes propietarios aprovechan la nueva situación de poder para vengarse de los líderes obreros de 1933 y decenas de dirigentes y personas implicadas en la defensa de los inquilinos fueron asesinadas.

Líderes como Francisco Sosa Castilla (Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936), Jorge Hernández Mora, Francisco Infante Díaz, o Francisco Reyes Martín (quien escribió diversos artículos en defensa de los inquilinos) fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados, mientras que otros, como Amadeo Hernández, fueron arrojados vivos al océano envueltos en sacos.

Consecuencias de la huelga de alquileres

Historiadores como Miguel Ángel Cabrera destacan que su mayor logro fue forjar una “alianza interclasista sin precedentes”. Esto sentó las bases para que en las elecciones de febrero de 1936 fueran juntas en la coalición de izquierdas del Frente Popular.

“¿La huelga de inquilinos funciona? Pues claro que funciona. Sobre todo cuando hay solidaridad de clase. Cuando hay grupos sociales que sólo velan por su interés, entonces no. Pero si paran de pagar todos los alquileres durante dos o tres meses, eso obliga a los propietarios a negociar”, reflexiona Alexis Rodríguez.

Para Yanira Hermina, “sobran” motivos para una huelga de alquileres “en el contexto actual”. Y concluye: “La huelga de inquilinos tuvo un claro éxito, mostró las dimensiones de una lucha solidaria y colectiva en la capital de la isla”.

“¿Es necesaria la acción para rebajar los alquileres?”, se pregunta Rodríguez, que responde: “Claro que sí. No es de recibo que buena parte del parque de viviendas se dedique a vacaciones y no a la vivienda residencial. Por eso es necesaria una huelga de inquilinas”, concluye el historiador.

Canarias: 50 años tras la oscuridad' es un documental producido por Clan de Medios sobre el golpe de estado y la brutal represión que ejerció el franquismo en Canarias. Cuenta con historiadores como Ángel Viñas, Sergio Millares, Maisa Navarro, entre otros, o los testimonios de la nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife o la nieta de Juan Negrín. Se trata de una serie documental que se enmarca dentro de las acciones de 50 años de España libertad y que consta de tres capítulos: El Golpe, La Represión y La Reparación.

Se llamaba José Carlos Gómez Viera y fue la primera víctima del golpe de Estado en el municipio de Arucas. Falleció el mismo 19 de julio de 1936, cuando la ciudad encabezó uno de los principales focos de resistencia al bando sublevado en el norte de Gran Canaria. Gómez Viera fue una de esas personas que defendió el municipio y que se mantuvo fiel a sus ideales, los de la “libertad, la justicia y la legalidad democrática”.

Mónica Rodríguez, su sobrina nieta, explica a este periódico que en casa de su abuela siempre se habló de lo que había sucedido. “Mi madre nos contaba que lo mató un guardia civil al que llamaban el garbanzo”, asegura. También le contaron que cuando trasladaron su ataúd al cementerio su abuelo y otra persona lo llevaron casi arrastrando porque se oían disparos.

Rodríguez señala que su tío abuelo era panadero, cazador y de ideas anarquistas. “Se reunían en la peluquería, en la barbería, para hablar y pese a que él no sabía leer ni escribir quería mejorar la vida de la gente, trabajar menos y cobrar más”.

Así lo describió también su amigo Juan Henríquez González, en julio de 1986 , en un artículo en el periódico La Provincia en el que dijo que era panadero, analfabeto, buen conversador a pesar de su gaguera, que le gustaba la cacería y estar al tanto de la política. Era además en la barbería donde se reunían personas de todas las esferas sociales a conversar. También contó que fue en la azotea de la casa de los Blanco donde el cabo lo fulminó a bocajarro.

“En Arucas, en el 36 ya se olía a pólvora y se había recrudecido la lucha de pensamiento. Se hablaba de las huelgas de los obreros, de los distribuidores de leche, de las amas de casa. Había destrozos en las fincas, se prendió fuego a un coche en el puente…”, dijo en ese artículo en el que se mencionaba además que José Gómez ya comentaba que si se daba una revolución él sería de los primeros en caer.

En el documental Canarias: 50 años tras la oscuridad se ahonda en el papel de Canarias como lugar desde donde Francisco Franco conspiró para dar ese golpe de estado ilegítimo contra la II República. Arucas fue precisamente el epicentro del norte de Gran Canaria que lideró la resistencia al golpe. Una resistencia liderada por el delegado gubernativo de la zona norte, Fernando Egea, y el diputado comunista Eduardo Suárez. Se llegaron incluso a dinamitar varios puentes para evitar la entrada de los sublevados al municipio. Pero finalmente, muchos de esos dirigentes se vieron obligados a huir y fueron capturados y condenados a pena de muerte.

Una familia atravesada por el dolor

Mónica Rodríguez explica a este periódico que su bisabuela, Anastasia, era comunista. Se separó de su marido y crió sola a sus cuatro hijos: a sus dos hijas y a sus dos hijos, entre ellos José Carlos Gómez Viera. A ella la llamaban “madrina tata” porque llevaba a bautizar al barrio de Cardones a niños de familias represaliadas o que no tenían padres o que sus madres eran prostitutas. Tenía más de 60 ahijados. “Ella llevaba a mi madre muy pequeñita a Gando, al campo de concentración, para mandar mensajes a las familias de los que estaban allí presos”. Llevaban unos pequeños papeles y se los pasaban a través de la niña.

“Me imagino que los ideales que tenía José Carlos serían los ideales que tenía mi bisabuela, lo que vivió dentro de su casa”, añade Monica Rodríguez. Ya en democracia cuenta que una persona de una conocida ferretería de Arucas le aseguró a su familia que aún conservaba el arma que portaba su tío abuelo el día que fue asesinado.

Rodríguez incide en que en su familia siempre se habló de este tema y que José Carlos al final perdió su vida simplemente por sus ideales siendo una persona sin estudios, que era panadero y que trabajaba por su jornal y defendía que mejorase la vida de los demás.

En este sentido, incide en que ahora más que nunca es necesario seguir reivindicando la historia de estas personas que lucharon por la democracia y por defender unos valores. Explica que ya el Ministerio de Memoria Democrática otorgó en 2025 el reconocimiento de víctima del franquismo a su tío abuelo, primera víctima del franquismo en la ciudad de Arucas.

Este domingo está previsto un homenaje a las 11.30 horas en la calle León y Castillo número 8, en Arucas. “Será un espacio de recuerdo, reconocimiento y compromiso con la memoria democrática, en homenaje a José Gómez Viera y a todas las personas que defendieron la libertad, la justicia y la legalidad democrática sufriendo por ello la represión”.

El destino de Sevilla el 18 de julio de 1936, hace ahora 90 años, se decidió en unas pocas horas. La ciudad en la que la mitad de los trabajadores estaban sindicados y en la que había un aplastante apoyo a las fuerzas de izquierda era considerada por los golpistas que el día antes sublevaron al Ejército de África como una de las plazas más difíciles de tomar. Pese a ello, Sevilla la Roja cayó a una velocidad meteórica, salvando así a los franquistas del hundimiento al darles la llave para establecer su mejor base en la España peninsular.

A todo ello ayudó el juego de tretas que desplegó el que a partir de ese momento sería el líder de los sublevados en el sur: el general Gonzalo Queipo de Llano, luego apodado el virrey de Andalucía. Y como en todo alzamiento, la suerte también jugó su papel, con tres momentos que cimentaron las opciones de unos golpistas que se desplegaron en una ciudad amodorrada a la hora de la siesta. Pero por encima de todo, la acelerada toma de la capital responde a un plan operativo muy bien diseñado que se empezó a pergeñar en febrero de 1936, al día siguiente como quien dice de la inesperada victoria del Frente Popular.

“Queipo no organiza nada del golpe en Sevilla, es un golpista de ultimísima hora” al que le endilgaron la tarea de alzarse desde Sevilla, “que no era plato de gusto”, apunta Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que recuerda que el por entonces inspector general de Carabineros llevaba años alardeando de su republicanismo. Esto produjo no poca confusión entre los sublevados en Sevilla, que no terminaban de fiarse de este “espadón republicano” y para más inri consuegro de Niceto Alcalá Zamora, hasta abril presidente de la República.

Un Ejército que “no fue depurado”

Pero vayamos por partes y situemos el contexto, en una capital andaluza en la que “estaba latente la inquina y el odio furioso de los militares a la República”, señala el también historiador Juan Ortiz Villalba, autor entre otras obras de Sevilla 1936. Del golpe militar a la guerra civil. Este caldo de cultivo propició que el general José Sanjurjo se viniese aquí en 1932 para una asonada (la Sanjurjada, el primer golpe militar contra la República) abortada en horas. Entonces cayó algún que otro mando, pero “el Ejército no fue depurado” tras aquello.

“Todavía no sabemos las razones que impulsaron a Queipo a ponerse con los sublevados”, indica Álvarez Rey, aunque ambos historiadores tienen claro que la caída de Alcalá Zamora tuvo mucho que ver. Pese a que fue el primer capitán general de Madrid que nombró la República, los sucesivos gobiernos acabaron destituyéndolo de cada cargo que ocupaba. Él, que es “de su carrera y sus medallas”, apostilla Ortiz Villalba, teme que le condenen al ostracismo de una plaza militar de escaso rango. Esto le lleva a acercarse al general Emilio Mola (director de la sublevación) con escaso éxito, ya que éste cree que es “un gancho del Gobierno” para destapar la traición.

Al final, tras la mediación de terceros, hay entendimiento y le encargan alzar la II División Orgánica con sede en Sevilla, lo que indica que en la fecha señalada tiene que estar por una capital andaluza a la que no estaba destinado. Pero como inspector general de Carabineros (una especie de guardias de aduanas) está en continuo movimiento por el país, y el viernes 17 de julio –cuando realmente empieza el golpe– aparece en Huelva con la excusa de acudir a la entrega de una bandera en Isla Cristina y después inspeccionar el puesto de Ayamonte.

El Guadiamar, “el Rubicón de Queipo”

Ortiz Villalba tiene claro que en realidad se está cubriendo las espaldas, acercándose a Portugal por si se tiene que exiliar como ya hizo tras la cuartelada en Cuatro Vientos en 1930. Pero la mañana del sábado 18 de julio todo está tranquilo y Queipo se entrevista con el gobernador civil de Huelva, al que le jura y perjura su fidelidad a la República y le dice que sí, que ha escuchado eso de unos sublevados en Marruecos, pero que eso es cosa de “cuatro locos” que no va a ningún lado.

Al final pone rumbo a Sevilla y hasta es parado por una patrulla de la Guardia Civil, que tiene órdenes de detener a todo militar que esté en carretera por los movimientos sospechosos que se están produciendo. Tirando de rango, argumenta que va para recibir órdenes de las autoridades y le dejan marchar, unos pocos minutos antes de que desde Madrid se ordene su arresto. Este primer golpe de suerte ocurre entre La Palma del Condado (Huelva) y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por donde fluye un río Guadiamar que “fue el Rubicón de Queipo”, según Ortiz Villalba.

Al mediodía del 18 de julio, en una Sevilla con el runrún de las noticias de África corriendo por todos lados, hay reuniones en el Ayuntamiento y en la Diputación, pero no se toman medidas ante la calma chicha que reina. El gobernador civil, José María Varela Rendueles, abunda ante la prensa que “la normalidad en la provincia de Sevilla es reflejo exacto de la que existe en toda la Península”.

A continuación, toma una doble decisión que es el segundo golpe de una suerte que sonríe a los golpistas. Por un lado, y siguiendo indicaciones del Gobierno, ordena la disolución de los piquetes sindicalistas apostados por si acaso ante los cuarteles, con el argumento de no molestar a unos militares que se declaran indignados. Y por otro, decide que a partir de las 14 horas se vayan a sus casas a descansar buena parte de los guardias de asalto que desde el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio están en máxima alerta y custodiando edificios clave.

A Capitanía, escondido en un coche

Así que a la hora de la siesta, entre las 15 y las 16 horas, se puso en marcha la maquinaria golpista. “El autor del guión es José Cuesta Monereo [comandante de Estado Mayor] y el actor es Queipo, pero es un actor magnífico”, subraya Ortiz Villalba, que defiende que lo mandaron a Sevilla porque era amigo del general José Fernández de Villa-Abrille, comandante de la II División, en un último intento de captarlo para la sublevación y así facilitar las cosas.

Queipo es introducido en la sede de Capitanía escondido en un coche para ocultarse a continuación en un despacho, y tras fracasar el último intento por convencerle, Villa-Abrille es detenido junto a otros oficiales fieles a la República. Álvarez Rey incide en que Villa-Abrille no se sumó al golpe, pero que sabía de los preparativos desde hacía meses y nunca lo transmitió a las autoridades, un ponerse de perfil que a la postre le salvó de ser fusilado y –aunque pasó un tiempo en prisión– hasta mantuvo su paga como militar.

Con los altos mandos ya arrestados, Cuesta Monereo se queda rematando el bando de guerra y conminando a otras guarniciones (Jerez, Córdoba, Granada...) a levantarse mientras Queipo se traslada al cuartel de San Hermenegildo, a tiro de piedra de la sede de la División, para empezar a lanzar tropas a la calle. Pero aquí, frente a lo que creía, se encuentra con que los oficiales no están dispuestos a sublevarse y esto nos lleva al tercer golpe de suerte: en franca desventaja numérica, los convence para ir todos a Capitanía para que Villa-Abrille dicte las órdenes. Allí son todos arrestados.

Miles de fusiles sin cerrojo

En el plan de Cuesta Monereo, la prioridad es controlar el centro de la ciudad. Los soldados van a la Plaza Nueva, con el Ayuntamiento en un extremo y el Gobierno Civil en el otro, y al principio los guardias de asalto creen que vienen a reforzar el enclave. Cuando se resuelve la confusión, los guardias pone en fuga a la tropa y hasta se hacen con algunas ametralladoras, que poco pueden hacer ante las piezas de artillería que traen los sublevados para bombardear la sede del Gobierno Civil y la de Telefónica. En pocas horas, todos los centros de poder político y administrativo están en manos de los golpistas, que ya han detenido también a las máximas autoridades de la ciudad.

Quitadas ya las caretas, los barrios obreros se movilizan sin conseguir acceder al centro. Desde Triana se intenta asaltar la Maestranza de Artillería para hacerse con los 25.000 fusiles que allí se almacenan, algo que no consiguen pero que tampoco habría servido de nada: Cuesta Monereo había ordenado días antes quitarles los cerrojos para inutilizarlos. Al caer la noche, Queipo emite la primera de sus arengas vía Radio Sevilla (se estableció una conexión directa entre la emisora y Capitanía) y poco después se suma a los sublevados la base aérea de Tablada, donde ya se habían saboteado unos aviones que el Gobierno envió para bombardear en África a los sublevados.

La resistencia quedó en manos de una Guardia de Asalto que poco pudo hacer y que fue desarticulada con rapidez, manteniendo vivos los últimos focos los obreros y sindicalistas que levantaron barricadas en Triana, la Macarena, San Julián, San Marcos o San Bernardo. Las iglesias y conventos ubicadas en estos barrios populares, hasta 16, fueron quemadas por una turba que reaccionó contra unos símbolos religiosos que sabía que eran lo más preciado por unas derechas a las que culpaban de lo que estaba ocurriendo.

Las derechas no se fían

Unas derechas, por cierto, que salvo algún que otro exaltado de partida lo que hacen es taparse porque no están muy convencidas del éxito de la jugada: en la mente de todos está el fracaso de la sanjurjada y los falangistas por ejemplo están hechos un lío porque no tragan a Queipo, así que no asoman del todo la patita hasta que, controlada Tablada, se establece el primer puente aéreo de tropas de la historia. Empiezan así a llegar legionarios y los temidos moros, punta de lanza de unas tropas de Marruecos que son las mejores y más experimentadas de todo el Ejército español.

El 18 de julio anocheció en Sevilla con las cartas ya muy favorables a los golpistas, a los que en general no les han ido bien las cosas en la mayoría de plazas, hasta el punto de que Mola ya prepara su huida a Francia cuando escucha a Queipo por la radio y se da cuenta de que no todo está perdido. Pero pese a la ventaja de controlar el centro de la ciudad, y en medio de una huelga general que deja sin pan a la población, es la llegada del Ejército de Marruecos el que “saca las castañas del fuego” a los sublevados.

Aún así, fracasa el primer intento de tomar Triana el día 20, pero el 21 se forman tres columnas que hacen pinza y acaban con la resistencia. El siguiente paso, antes del resto de barrios, es tomar esa misma tarde Alcalá de Guadaíra para garantizarse el suministro de pan, y ya el 22 las tropas franquistas acaban con los últimos focos en la Macarena, San Julián y San Bernardo.

En estos días, el único peligro real al que tuvo que enfrentarse Queipo fue al de la columna minera que llegó el 19 desde Huelva, pero fueron traicionados por los guardias civiles que les acompañaban a las puertas de Sevilla y acabaron muertos o detenidos. El caso es que amanece el 23 con la ciudad ya en manos de los golpistas, que se concentran en una feroz represión mientras siguen conquistando el resto de la provincia pero sin una prisa excesiva y con columnas mixtas que se convertirán en la unidad básica operativa: tropas del Tercio y Regulares, soldados de infantería, guardias civiles o de asalto, falangistas y requetés. Los últimos pueblos en caer, el 11 de septiembre, son Villanueva de San Juan y Algámitas, en la Sierra Sur sevillana.

Una historia mitificada

Así cayó Sevilla, víctima de un error de cálculo de las autoridades republicanas, que temían que los problemas más serios les llegaran desde sindicatos y fuerzas de izquierda antes que del Ejército. “Nunca ha habido un Gobierno que tuviera más información del golpe de Estado que se preparaba”, resume Álvarez Rey, que de paso desmonta la figura que Queipo se hizo de sí mismo, “no era ni un organizador ni un estratega, era más de bravuconadas”.

“La historia del 18 de julio se ha falsificado y ocultado para ensalzar el mito de que Queipo tomó Sevilla paseando moros en camiones”, apostilla Ortiz Villalba. Ambos historiadores desmienten que se enfrentase a decenas de miles de ciudadanos con un puñado de soldados, y recuerdan la desproporción entre la artillería y las escopetas de caza de los que resistieron, ya que se tomó tarde y mal la decisión de armar a los obreros.

Y como ejemplo de la tendencia a abrillantar su currículum del líder golpista, se recuerda la anécdota de que semanas antes de la insurrección informó al cardenal de Sevilla, Eustaquio Ilundain, de la que se avecinaba, y que éste preguntó que con qué apoyos contaba. “Con 180 hombres y con la ayuda de Dios”, vino a ser su respuesta, ante lo que su eminencia se llevó las manos a la cabeza. Tras el golpe, eso dio pie a Queipo de Llano a, en los chascarrillos de salón, bromear con que “el señor cardenal de Sevilla no cree en Dios...”.

“Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, tampoco entre los historiadores”. “No se puede contar la historia de la Guerra Civil desde un prisma ideológico, debe explicarse también la represión por parte del bando republicano”. “La ley debe incluir a las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular, todos los actos de violencia política que se hayan cometido desde 1931”. “La etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”. “La Guerra Civil inauguró el período de paz más prolongado, fructífero y libre de golpes internos que haya vivido España en al menos dos siglos”. “Si Dios existiera se llevaría a Sánchez y traería a Primo de Rivera”. “Ganamos una vez y ahora nos piden la revancha”. “Vamos a volver al 36”.

El párrafo anterior recoge frases oídas o leídas recientemente. No diré quién dijo qué, pueden jugar a adivinar la autoría: una intervención de un diputado en el Congreso de los Diputados, la exposición de motivos de una ley autonómica, palabras de una concejala de cultura, un libro que ha vendido más de 300.000 ejemplares, unos versos cantados por dos raperos con miles de seguidores, y una canción supuestamente humorística interpretada en mítines políticos.

En el día de hoy, noventa años después del comienzo de la Guerra Civil (que comenzó en 1936, no en 1934 ni en 1931, no está de más recordarlo), no parece que hayan alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos ni que la guerra (ahora cultural) haya terminado: la propaganda neofranquista avanza en todos los frentes (político, institucional, mediático, editorial y digital), ha normalizado su discurso y obtenido legitimidad creciente, en tanto resuena en tribunas de parlamentos, ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

Lo comento con el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz, que trabajó durante años en el intento de resignificación democrática del Valle de Cuelgamuros (ex Valle de los Caídos): “Es un fenómeno global, no solo español; y multidimensional, tiene que ver con una nueva relación con el pasado derivada de muchas cosas: el vértigo de la información, las redes sociales, los pasados fingidos y hasta generados con IA; junto a la decadencia e incluso el fracaso del modelo ético memorial que se basaba en la idea pedagógica de que recordar el pasado impediría su repetición. Estamos ante una situación de emergencia memorial”.

De aquellos Moas, estos revisionistas

Que la República no era tan democrática ni Franco tan sanguinario, o que la guerra la empezaron los socialistas en el 1934, no son ideas nuevas ni las ha traído TikTok. Hace más de veinte años ya conocimos una primera ola de pseudohistoriadores que, con generoso respaldo de medios y de editoriales, y con la simpatía del primer gobierno del PP (Aznar decía ser lector del más vendido de entre ellos), intentaron colarnos como nueva la misma vieja propaganda de la dictadura. Un éxito editorial en un tiempo en que todavía la letra impresa marcaba la opinión pública. Sus autores siguen hoy publicando con éxito, y son invitados y hasta homenajeados en conferencias y jornadas por fundaciones y universidades privadas.

Algunos historiadores bajaron entonces al barro para rebatir a los propagandistas. El más combativo fue Francisco Espinosa, investigador imprescindible para conocer la represión franquista en Andalucía y Extremadura. Le pregunto a Espinosa, que recuerda cómo el revisionismo actual tiene su semilla hace décadas. No se refiere solo a los Pío Moa y compañía, que “se sentían seguros y amparados por la prensa de derechas y el PP en el gobierno”, sino que señala la responsabilidad de una parte de la universidad española, que “durante los 80 y todavía los 90 no favorecía las investigaciones más problemáticas”. “Los departamentos de Historia, al menos en Andalucía, estaban controlados por el Opus, y cuando les llegó la jubilación dejaron en su lugar a gente de orden que no tenía interés en trabajar esos temas”, y eso hizo que investigadores como él trabajasen al margen del mundo académico y con sus propios medios. “No conozco otro caso como el español, ningún país europeo se ha negado así a abordar el pasado”.

Un historiador de la generación ya nacida en democracia, y que sí trabaja en una universidad que no es ya la de aquellos años, es el catedrático de la Autónoma de Barcelona Javier Rodrigo. Para él, aquel revisionismo de los 2000 “no tenía nada de historiográfico, era un relato sesgado y presentista sin más objetivo que oponerse al relato de la llamada memoria histórica. Sus aportaciones eran y son irrelevantes. Otra cosa son las redes sociales, forocoches, videojuegos o tribunas mediáticas: terrenos donde la historiografía tiene un espacio muy limitado; resumir años de investigaciones en un TikTok es complicado e insatisfactorio. No es mi terreno. Las simplificaciones y mistificaciones se las dejamos a otros, vengan de donde vengan, porque desde las instituciones públicas también se simplifica sobre el pasado”.

¿Tienen alguna responsabilidad los historiadores de la Guerra Civil en el éxito social del revisionismo? Lo comento con los investigadores Pablo Sánchez León y François Godicheau, que han reflexionado conjuntamente sobre el asunto y son muy críticos con la forma de trabajar de algunos de sus colegas. Godicheau señala “la preocupante situación de los estudios sobre un asunto de tanta relevancia como la destrucción de la República” y añade que “el paisaje historiográfico actual presenta una tensión irresuelta entre el acopio de investigaciones de campo que en ocasiones abren nuevas temáticas y contribuyen a mejorar la comprensión del período, y el predominio de un formato general de preguntas y métodos de investigación, marcos interpretativos y esquemas narrativos, que no despegan de sus orígenes en el final del régimen de Franco.” Sánchez León apunta un riesgo: “El público al que antes iba dirigida la versión deslegitimadora de la República está ya proyectando un tipo de régimen cuando menos postdemocrático, si es que no ajeno a la democracia, lo cual anticipa que va a ir dejando de demandar relatos que se queden en subrayar el fracaso de la democracia republicana.” Coinciden ambos en que “en un escenario así se necesita un esfuerzo intelectual e institucional que no puede quedarse en la mera reforma de las asignaturas de la enseñanza obligatoria”.

Las víctimas, desprotegidas ante el revisionismo

Volviendo a los propagandistas neofranquistas, todos los consultados coinciden en que su proyección pública en el cambio de siglo fue una respuesta al naciente movimiento de memoria histórica, impulsado por familiares (hijos, nietos, bisnietos) de las víctimas. ¿Cómo ve el activismo memorialista la ofensiva revisionista? Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desde aquella primera apertura de una fosa en Priaranza del Bierzo en el año 2000, denuncia “las narrativas hegemónicas que se han fomentado en España por las elites del franquismo, que lo han seguido siendo en la recuperada democracia desde ámbitos políticos, económicos, académicos o culturales. Para blanquear sus presentes esas élites han necesitado edulcorar la visión de sus pasados. Una narrativa paralela a la impunidad jurídica”.

Y Paqui Maqueda, activista y escritora, de la asociación andaluza Nuestra Memoria, ve un peligro añadido: “Las víctimas y las familias soportamos estas situaciones en indefensión, poniendo el cuerpo; encabezando un movimiento como el de memoria histórica nos sentimos señaladas, desprotegidas.” Se muestra muy crítica con el Estado “que no ha hecho los deberes a tiempo, sobre todo en materia educativa, donde no hemos perdido la guerra, pero sí batallas muy importantes. Además, las leyes de memoria no se han desarrollado como debían, o se han quedado congeladas y sin presupuesto, como hizo Rajoy o aquí Moreno Bonilla. Leyes que muy raramente han servido para sancionar la exaltación franquista, lo que aumenta nuestra indefensión”.

La concordia y la nueva memoria “de ambos bandos”

Unas leyes de memoria, estatales y autonómicas, que se convierten hoy en la primera presa a abatir por los gobiernos de derecha y ultraderecha. De la “memoria democrática” a la “concordia” de PP y Vox, que llevan el revisionismo a las instituciones y a la legislación. La ley valenciana, por ejemplo, incluía en 2024 “los actos de violencia política desde 1931”. Preguntado el entonces portavoz de Vox por su insistencia en la violencia del Frente Popular (creado en 1936, no en 1931), su respuesta lo decía todo: “No estamos aquí para dar una clase de historia”. En Extremadura, más recientemente, la portavoz del nuevo gobierno PP-Vox defendía su ley de concordia para “alcanzar la paz social”. Ninguna sorpresa si un futuro gobierno Feijóo-Abascal comienza por derogar la actual ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de concordia.

No solo leyes: el revisionismo político hace que gobiernos autonómicos y locales de derecha y ultraderecha intervengan, modifiquen y resignifiquen los lugares de memoria previamente significados por gobiernos de izquierda y asociaciones de memoria. Lo mismo en el proyectado y paralizado Museo de la Guerra Civil de la Batalla de Teruel, que en los refugios antiaéreos de Alicante. Todos pasan a convertirse en lugares de memoria “de ambos bandos”, mientras se protegen cruces de los caídos y otros monumentos franquistas.

Fachosfera, raperos y TikTok

Un revisionismo legitimado en instituciones, discursos políticos, medios y publicaciones, y que con esa legitimidad llega a donde ni siquiera la necesita para extenderse: las redes sociales. Si en los 2000 eran los pseudohistoriadores los que marcaban el paso, hoy son creadores de contenidos, influencers, youtubers y usuarios de TikTok (la red más joven y donde Vox tiene más seguidores) quienes propagan las simplificaciones neofranquistas: “la guerra la empezaron comunistas, socialistas y separatistas”, “todos perdimos”, “con Franco se vivía mejor”, etc. Que se lo digan a los profesores de Secundaria, que se encuentran a diario con adolescentes que vienen ya aprendidos de casa y reproducen el discurso revisionista, exhiben adornos rojigualdas, la renacida Cruz de Borgoña (esas aspas rojas que tantos llevan), y a veces cantan el Cara al Sol como una forma de rebeldía.

La llamada “fachosfera” de Youtubers es parte del frente revisionista, junto a los muchos contenidos que parecen espontáneos y en realidad elaborados y difundidos por grupos ultraderechistas muy activos en redes, y que abundan en el blanqueamiento de Franco (que construyó pantanos, creó la Seguridad Social y dio vivienda a todos los españoles, a cambio de una represión que no era para tanto, ya saben). Añadan el último fenómeno: raperos como El Jincho, Swit Eme o Angie Corine, que falsifican los códigos habituales del hip-hop (de tradición antiautoritaria) para rimar consignas revisionistas, todos con cientos de miles de seguidores en sus canales y redes.

Últimamente abundan, sobre todo en TikTok, contenidos creados por jóvenes que exhiben su “orgullo facha”. Un formato muy repetido es el de quienes publican una foto o vídeo de ellos mismos, en pose muy cuidada, y rodeados de una constelación de palabras que representan sus valores, aquello en lo que creen y que defienden: junto a familia, educación, amor o respeto, incluyen España, Dios, monarquía, jamón (un guiño islamófobo), matrimonio, Semana Santa, y a menudo también derecha, Vox o directamente Franco.

Vuelvo a Francisco Ferrándiz, que no da esta guerra por perdida: “los modelos memoriales que nos han servido para revisar críticamente el pasado necesitan ser actualizados, transformados, porque es evidente que no tienen la suficiente pujanza para enfrentarse a esta nueva realidad. Es un reto tremendo que tenemos, y un mandato de generación: tenemos que trabajar hacia la gente más joven. Cómo hacer que esto se traslade a otras generaciones que no van a leer nuestros libros ni acudir a nuestros actos, que se van a manejar con otros códigos distintos. El daño es inmenso y todavía no somos conscientes de su profundidad. No queda más remedio que rearmarnos, reconfigurar nuestra lucha memorial para buscar soluciones. Si no, este movimiento nos va a arrasar”.

En la tarde de este viernes se ha presentado en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria el documental Canarias: 50 años de oscuridad, producido por Clan de Medios. El acto contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y representantes de asociaciones de memoria histórica, entre las que destaca Pino Sosa, presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas y símbolo de la brutal represión franquista en las islas.

Presentó el documental su directora de contenidos y periodista de Canarias Ahora, Jennifer Jiménez, quien condujo un diálogo inicial con el ministro Ángel Víctor Torres en el que se abordaron temas clave para entender lo que supuso la represión franquista en Canarias tras el golpe fascista de 1936 y los desafíos democráticos a los que se enfrenta la sociedad ante las corrientes reaccionarias que proponen retrocesos en derechos fundamentales.

El ministro habló de un golpe militar al que, hace 90 años y casualmente también de un viernes a un sábado, “no le bastó con ganar, sino que tuvo que demostrar lo peor del ser humano”, refiriéndose al sadismo y la brutalidad de las persecuciones, asesinatos y desapariciones que sufrieron personas como el padre de Pino Sosa, cuyo cuerpo fue arrojado a los conocidos como Pozos del Olvido, en Arucas, tras ser ejecutado junto a otras personas.

“A mí me tocó decirle a Pino Sosa, siendo alcalde Arucas, que en el primer pozo no estaba su padre. Me dijo que estarían los de otros. Jamás le he escuchado una frase de venganza”, recuerda hoy el ministro. “Aquí estuvieron las primeras víctimas del golpe. Nunca hubo paz, lo que hubo fue victoria”.

Derechos conquistados

El ministro reflexionó también sobre la encuesta del CIS, en la que los jóvenes perciben que con Franco se vivía mejor, y lo asocia con la proliferación de noticias falsas y pseudomedios que, por un clic, son capaces de difundir mentiras tan peligrosas.

“Es mentira que con Franco se vivía mejor. Era una sociedad machista, porque involucionamos, porque se aplastó la educación de las grandes maestras de la República. Esa es la reacción que podría volver”, sostiene. “Tenemos que decirle a la gente joven que contraste la información que le llega”.

Sobre los coqueteos con el pensamiento reaccionario normalizado en medios y redes, Torres reflexiona acerca de si alguien podría imaginar que en el centro de Berlín existiera una estatua dedicada a Hitler o, en Roma, a Mussolini.

“La democracia es un bien tan preciado que hoy homenajeamos a personas que la perdieron por defenderla. Son mártires y lo son para que yo pueda estar aquí, para que nadie me ataque por decir lo que pienso. Que nadie se olvide en las instituciones de que están ahí por el voto de la gente”, concluye.

A continuación, tomó la palabra la directora de producción de Clan de Medios, Yurena de León, quien habló de la importancia de abordar la represión que existió y de divulgar este tipo de contenidos, también en los centros educativos.

El documental

Producido por Clan de Medios, Canarias, 50 años tras la oscuridad, desglosa en tres capítulos la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas. Consecuencia de ello se va a generar una brutal represión. Muchos de los desaparecidos en el archipiélago no saben de qué fueron acusados. Sindicalistas, maestros, personas humildes… Miles de víctimas directas e indirectas. Víctimas que a día de hoy siguen buscando reparación, ya que creen que pese a los avances de las leyes de memoria democrática no se han cerrado las heridas.

Esta miniserie documental consta de tres capítulos y el viernes será proyectado el primero, El golpe. El acto incluirá un diálogo entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la periodista de Canarias Ahora Jennifer Jiménez, experta en la materia, que ha coordinado los guiones de esta producción.

Sinopsis del primer capítulo

Este primer capítulo aborda la llegada de Franco llega a las Islas en marzo de 1936 cuando nadie aún pudiera imaginar el terror que se desataría tres meses después. Historiadores como Ángel Viñas, Sergio Millares o Germán Santana van a ahondar en la decisión de la República de enviar al destituido jefe de Estado Mayor a Canarias y cómo conspiró para iniciar la sublevación militar.

La catedrática Maissa Navarro hablará de esas fotos en Las Raíces en las que Franco pasó lista para comprobar el grado de adhesión al golpe entre sus subordinados. También se profundizará en la muerte en extrañas circunstancias del general Balmes, la excusa perfecta de Franco para salir de Tenerife y partir de Las Palmas hacia el norte de África en el Dragon Rapide. Pero también se hablará de la resistencia que encabezaron diferentes islas y municipios (en especial La Palma) en lo que profundizarán Salvador González Vázquez, Ricardo Guerra Palmero, Alexis Orihuela o Ramón Díaz.

El documental se detiene también en historias como la del alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife José Carlos Schwartz, del que habla su nieta, Mercedes Pérez Schwartz, pero también se ahondará en la figura del gran contrincante de Franco: Juan Negrín, a través de su nieta, Carmen Negrín o de la asesora de la Fundación Juan Negrín, Cristina Martín Gómez.

El primer capítulo se emitirá el 18 de julio en Televisión Española en Canarias a las 11.00. Los próximos capítulos La Represión y La Reparación se emitirán el sábado 25 de julio y el 1 de agosto. Ambos cuentan con un importante elenco de historiadores e historiadoras así como de testimonios de familiares de represaliados por el franquismo.

Los tres capítulos se emitirán esas mismas fechas en elDiario.es y en Canarias Ahora.

El estreno del documental Canarias: 50 años tras la oscuridad, producido por Clan de Medios, registró un lleno absoluto en la sala de cine del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología este viernes 17 de julio. Un acto que ha contado con la intervención del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha mantenido un diálogo con la directora de contenidos y periodista de Canarias Ahora, Jennifer Jiménez.

El documental desglosa en tres capítulos la llegada de Franco a Canarias, los motivos por los que el Gobierno de La República decide enviar al destituido jefe del Estado Mayor a las Islas y cómo se convierte en capitán general de Canarias, para desde aquí, conspirar y liderar un golpe de Estado al que se opone resistencia en varias islas.

El primer capítulo se emitirá el 18 de julio en Televisión Española en Canarias a las 11:00 horas. Los próximos capítulos La Represión y La Reparaciónse emitirán el sábado 25 de julio y el 1 de agosto. Ambos cuentan con un importante elenco de historiadores e historiadoras así como de testimonios de familiares de represaliados por el franquismo.

La Guerra Civil comenzó en Yeste. Durante décadas, en la memoria colectiva de la Sierra de Albacete, se conservó el mito de que el conflicto se inició el 29 de mayo de 1936 en la pedanía de La Graya. Aquel día se vivió un terrible episodio de violencia social que acabó con 18 muertos y 29 heridos. Quizá por la resonancia del suceso y la cercanía de la tragedia, los vecinos de la comarca creían que esta fue la causa. En verdad, la guerra prendió tras el fracaso parcial del golpe militar iniciado el 17 de julio en Melilla y extendido al conjunto de España al día siguiente.

Durante años, otro mito se asentó en la memoria de generaciones de españoles. Según la dictadura franquista, en una mezcla argumental de verdades y mentiras, las razones estaban claras. La conflictividad política y social de la primavera de 1936, una revolución comunista en ciernes y el asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo empujaron a un considerable grupo de militares y patriotas a la salvación espontánea de España. Sin embargo, hoy existe un amplio consenso entre los historiadores: la conspiración militar y civil venía forjándose desde mucho antes. Entre quienes más han contribuido a documentar ese proceso destaca Ángel Viñas, de orígenes rodenses.

Cuando el 15 de julio los sublevados ultimaban los primeros movimientos en África, en Albacete, un falangista escribía en su diario: “Ayer, en el ambiente de las graves decisiones, se hizo el ajuste y recuento de las fuerzas para la sublevación”. En la capital manchega estaba determinado el mando del 'alzamiento', tan solo faltaban las órdenes provenientes de Madrid. Y volvía a preguntarse el seguidor de José Antonio Primo de Rivera: “¿Podrá Albacete, sin guarnición militar alguna, hacer frente a los millares y millares de milicianos marxistas, tan cuidadosamente preparados?”.

Estas palabras las escribió Vicente Navarro Vergara y se publicaron en 1967, en un especial de La Voz de Albacete. En otras grandes localidades de la provincia como Hellín, Villarrobledo, La Roda o Almansa, grupos ya organizados se dispusieron a cumplir las órdenes del general Mola, el director de la conspiración.

Las instrucciones no se cumplieron por igual en todo el territorio. Desde aquellos días de julio, España quedó partida en dos: sublevados y quienes permanecieron fieles a la República. Entre las provincias que hoy conforman Castilla-La Mancha, la intentona golpista se frustró en Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara. En Toledo, la sublevación no triunfó inicialmente. Sin embargo, un grupo de militares encabezado por Moscardó se atrincheró en el Alcázar y resistió durante semanas. El franquismo convirtió aquel episodio en uno de los principales símbolos de su propaganda.

Una calma tensa

Así pues, en aquellos calurosos días de julio, Albacete quedó rodeada de provincias leales a la República: Murcia, Alicante, Jaén y las provincias manchegas. Hecho que la elevó a enclave estratégico. Como se señala en “La Guerra en Castilla-La Mancha”, libro coordinado por Francisco Alía Miranda, del total de 86 municipios de la provincia albaceteña, la sublevación triunfó en 12 pueblos, incluida la capital. En la mayoría de las localidades se mantuvo una calma tensa.

En esas horas de confusión, el alcalde republicano de Elche de la Sierra, Manuel Salvador López, emitió un bando en el que decía: “Tengamos serenidad, prudencia y mucha cordura; reconociendo que nosotros no hemos de resolver el problema, abstengámonos de todo cuanto pueda ocasionar disgustos y mirándonos no como vecinos y amigos, sino como hermanos unidos todos como un solo hombre”. Mientras el alcalde redactaba esas palabras llamando al sosiego, en Hellín, Villarrobledo, La Roda y la ciudad de Albacete las fuerzas sublevadas trataban de mantener el control de las instituciones tras sustituir a las autoridades surgidas de las elecciones de febrero de 1936.

A partir de la victoria electoral del Frente Popular, la conflictividad social y política experimentó una rápida escalada. La República no había solventado por completo los grandes problemas de España y se intensificó la polarización. En esta deriva, España no era una excepción. La Europa de entreguerras se caracterizó por la “brutalización” de la política, en expresión del historiador George. L. Mosse. Los autoritarismos disuadían con mayor efecto; resultaban más atractivos que la democracia.

Mientras tanto, la ciudad de Albacete ya contaba con más de 50.000 habitantes y esa primavera de 1936 sufrió algo insólito en su historia. Como describió Rosa María Sepúlveda Rosa: “Durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular, vivió un periodo de gran tensión en el que se produjeron graves desórdenes políticos y sociales”.

La historiadora fue una de las pioneras en investigar este periodo en la provincia. En su trabajo de referencia sobre la primavera conflictiva del 36, dice la autora: “En Albacete, los enfrentamientos violentos fueron similares a los registrados en otras provincias. La derecha se mostraba activa y desafiante, lo que provocaba aún más a la izquierda.

Falangistas y monárquicos manifestaban abiertamente su oposición a la República, realizando pintadas, protagonizando desórdenes públicos y enfrentamientos con los socialistas que ocasionaron múltiples detenciones y muertos. Mientras, la izquierda consideraba llegada la hora de mejorar su precaria situación y vengar la actitud y el comportamiento de la derecha durante el bienio anterior. Además, se quejaba de las constantes provocaciones fascistas sin que los gobernantes tomasen medidas contundentes contra ellos“.

Según Sepúlveda, el desempleo, el descontento de los grandes propietarios por la expropiación de tierras y “la intoxicación del ambiente” provocada por la prensa son algunas de las causas que explican el clima de tensión previo a la Guerra Civil. En la crónica negra de esos meses, se registraron incidentes en las cárceles de Albacete y Chinchilla, donde hubo quema de colchones y mantas, y un preso perdió la vida. Otra persona murió en un tiroteo entre falangistas y socialistas en Albacete. En Bonete, un cabo de la guardia civil falleció durante un enfrentamiento con vecinos que habían talado árboles en una propiedad privada. Y en esta relación de incidentes, deben señalarse los hechos del 16 y 17 de marzo, cuando se atacaron edificios religiosos y el ex gobernador republicano Arturo Cortés y el socialista Andrés Arcos fueron tiroteados.

Como ha señalado Eduardo González Calleja: “Durante los años de la posguerra y hasta bien entrados los años sesenta prevaleció la estrategia oficial de culpabilizar al régimen republicano y a las fuerzas progresistas del desastre nacional”. La defensa del orden público fue uno de los grandes argumentos para el “Alzamiento”. Este historiador, uno de los mayores especialistas en la violencia política en tiempos de la República, calcula en 22 el número de víctimas mortales en Albacete durante este proceso de creciente crispación en la primavera de 1936. El libro Cifras cruentas desgrana, episodio a episodio, los sucesos acontecidos durante la Segunda República. A la luz de este recorrido, podría interpretarse que el régimen político surgido el 14 de abril de 1931 quedó atrapado entre las expectativas no cumplidas y la intransigencia de quienes veían peligrar sus privilegios.

En palabras de Manuel Ortiz Heras: “El año 1936 representa la culminación de un proceso de confrontación política y social reflejo de la propia dialéctica de clases. Las elecciones de febrero sirvieron para aglutinar muchos en pos de la conquista electoral, pero, también, pusieron de manifiesto el nivel de enfrentamiento y de crispación social. Después, las diferentes formaciones entraron en un juego de ataques y manifestaciones que tuvieron algunos conflictos especialmente significativos”.

El historiador de Tarazona de la Mancha publicó en 1996 un novedoso libro sobre la violencia política durante la II República y el primer franquismo. A finales del siglo XX, la historiografía española “adolecía de una teoría contrastada” sobre este ámbito. Con respecto a Albacete, los estudios monográficos eran casi inexistentes.

Sucesos de Yeste

“Al sonar la descarga son las diez y media de la mañana. Una cigüeña se mece voluptuosamente en el aire y, alarmada por la violencia del tiroteo, siega el cielo veloz y se refugia en la espadaña de la iglesia de Yeste”. No se trata de un suelto periodístico. Es un pasaje del libro “Señas de identidad”. Tres décadas después de la tragedia, el novelista Juan Goytisolo narró los hechos en un ejercicio literario que aúna documentación y memoria.

Los hechos constituyen una de las peores matanzas de campesinos durante la Segunda República. Esta historia sucedió el 29 de mayo de 1936. Explica el profesor Francisco José Peña Rodríguez: “La supervivencia económica de unas mil familias, especialmente de la aldea de La Graya, se resintió como consecuencia directa de la construcción del pantano. El desempleo acuciante no fue solventado ni con asentamientos de colonos ni tampoco con el permiso del gobierno para explotar la madera de las tierras públicas”. Este historiador es uno de los últimos que ha investigado los sucesos tras la línea de trabajo abierta por Manuel Requena Gallego a principios de los años 80.

Durante mucho tiempo los sucesos estuvieron ocultos. Después de noventa años, siguen despertando el interés. De hecho, a principios de junio, Yeste ha acogido unas jornadas de memoria histórica donde distintos profesionales han abordado cuestiones de aquellos tiempos. Aquellos tiempos convulsos y desesperados que llevaron a decenas de personas a roturar tierras que, desde antiguo, eran consideradas de aprovechamiento comunal.

Así pasó en la aldea de La Graya, en la finca de la Umbría del Río, propiedad de los Alfaro. Ante las quejas de los terratenientes, se personaron en el lugar un numeroso contingente de guardias civiles. La tarde del 28 de mayo se produjo un primer encontronazo entre beneméritos y ocupantes.

Se detuvo a seis de los campesinos y se inició el traslado al juzgado de Yeste. La mañana del 29 de mayo, un grupo de doscientas personas se situó a lo largo del recorrido que debían hacer agentes y detenidos. El alcalde socialista trató de negociar y, al parecer, cuando iban a ser liberados, uno de los jornaleros hirió mortalmente a un guardia con un gancho resinero.

A partir de ese momento, se produjo un enfrentamiento fatídico que acabó con multitud de heridos y diecisiete personas más perdieron la vida; todos ellos eran vecinos de la zona. Escribió Requena Gallego: “La gente que había vuelto a La Graya estaba asustada por lo ocurrido y todo el mundo marchó a casa de familiares afincados en otras zonas o durmieron en el monte, pues temían que aquella noche llegasen los guardias, detuvieran a todos y quemasen el pueblo”.

La nación os llama

A principios de junio, los sucesos se debatieron en el Congreso de los Diputados. Solo unos días después llegó la sublevación militar. Y a pesar de que la urgentísima actualidad engulló la tragedia, las consecuencias de lo ocurrido en Yeste se prolongaron durante años. No extraña que en la Sierra de Albacete pensaran que la guerra había comenzado en La Graya. De alguna manera no les faltaba razón. En verdad, todo comenzó el viernes 17 de julio, con aquella primera alocución radiada: “¡Españoles! A cuantos sentís el santo nombre de España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa!”.

Entre tanto, en Radio Albacete estaría sonando alguna canción popular del momento. Para el domingo estaba prevista una velada cinematográfica en la Plaza de Toros y el concierto de la Banda Municipal en el Parque de Canalejas. Se informaba en una croniquilla local a sus lectores: “Para el campo y la playa van saliendo en estos días cuantos quieren y pueden proporcionarse un descanso o disfrutar de las caricias del mar o del monte que aminoran los rigores del estío”. No iban a ser unas vacaciones rutinarias. El Defensor de Albacete publicó un primer comunicado del Gobierno Civil: “Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República”.

Cuatro días después, el mismo periódico informaba en sentido completamente opuesto: “Las fuerzas de Albacete se sumaron al movimiento el domingo último, declarándose el estado de guerra en toda la provincia”.

La sublevación arrancó hacia las tres de la tarde. Se ocuparon los edificios principales; se procedió a la sustitución de las autoridades; se detuvo a los “elementos de las izquierdas” y se clausuraron los centros obreros. Aquella mañana del 22 de julio un aeroplano sobrevoló la capital arrojando octavillas en las que se decía: “¡Albacetenses! El movimiento militar que salvará a España ha triunfado plenamente”. Sin embargo, mientras los sublevados difundían mensajes de victoria, las fuerzas leales a la República trabajaban ya por la recuperación de Albacete. Así lo constató el propio falangista Navarro Vergara en su diario: “Se aprieta el cerco sobre nuestra provincia. Las radios rojas lo anuncian y, por confidencias, se confirma”.

En uno de sus libros dedicados a Albacete, el periodista Andrés Gómez Flores relata: “La iniciativa de la sublevación la tomó la Guardia Civil, teniendo como principales instigadores al teniente coronel y comandante militar de la plaza, Enrique Martínez Moreno, quien asumió todos los poderes de la provincia, auxiliado por el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Fernando Chápuli Ansó, el comandante Ángel Molina Galano, también de la Guardia Civil, el comandante de Infantería, Valerio Camino Peral, y el capitán de la Compañía de Asalto, Alfonso Cirujeda, cuya especial dureza se dejó notar en los asuntos de orden público previos al estallido de la guerra”.

Ellos fueron los protagonistas de una sublevación militar que cuatro días después comenzó a desmoronarse. Desde Madrid, el diario La Voz compartía este titular: “La situación de los rebeldes es desesperada”. Como contábamos más arriba, la provincia de Albacete había quedado aislada en la zona republicana. La rebelión en esta tierra, según los historiadores, la habían secundado 278 guardias civiles y 700 partidarios entre falangistas, monárquicos, cedistas y agrarios. Pero desde el 20 de julio, la respuesta republicana comenzó a organizarse en distintos pueblos, mientras desde las provincias vecinas avanzaban las columnas encargadas de recuperar Albacete.

Antes del desenlace, anotamos dos libros de publicación reciente, editados por el Instituto de Estudios Albacetenses, que vienen a completar una visión global de los hechos. El primero es de Carmen Martía Parreño Tébar, II República y Guerra Civil en La Roda. El segundo, El 18 de julio en los campos de Hellín: de la violencia republicana a la represión franquista, de Francisco José Peña Rodríguez. Las historias locales están ayudando a comprender los trazos generales de unos hechos tan complejos y trascendentes. Un conflicto que ha atravesado las décadas y que sigue generando debate y controversia.

Al fin y al cabo, la tragedia de la guerra nos ha conformado como país. Una patria que en julio de 1936 se encaminó hacia las más terribles de las violencias. Regresando al detalle, apuntaremos que, en Almansa, con gran tradición izquierdista, la sublevación fue un sueño efímero. Diremos que, en La Roda, los rebeldes no encontraron resistencia y consiguieron el poder sin derramar una sola gota de sangre.

Proseguiremos señalando que, en Villarrobledo, milicianos de Socuéllamos y otras poblaciones cercanas acabaron con el 'Alzamiento'. Concluiremos esta mención breve, indicando que en Hellín las columnas procedentes de Murcia, Cartagena y Alicante encontraron cierta oposición. En la zona de Minateda se sucedieron los tiroteos y un avión de Los Alcázares lanzó una bomba en el cuartel de la Guardia Civil. “Después de dos horas de absoluta calma, comienzan a correr las primeras noticias. En la refriega han resultado siete muertos y varios heridos”, contaba la prensa.

Defensa imposible

Tras la caída de Hellín, las columnas republicanas procedentes del Levante, formadas por militares y milicianos se concentraron en las proximidades de Chinchilla de Montearagón. De nuevo, el 24 de julio, aviones de Los Alcázares bombardearon Albacete y causaron cuatro víctimas mortales. Al mando militar de las fuerzas republicanas se encontraba el comandante José Balibrea Vera. Entre los jefes de la milicia, el teniente de Carabineros, Emeterio Jarillo.

La noche antes de la derrota, los rebeldes habían improvisado trincheras desde el hospital hasta la plaza de toros, pero el ánimo en los sublevados albaceteños era ya muy precario. El paso de aviones con banderas republicanas no mejoró las esperanzas. El falangista Navarro Vergara apuntó en su cuaderno con concisión: “Defensa imposible”. Y añadía, quizá tiempo después, estas líneas: “Mañana, el día de nuestro holocausto, en el día de Santiago, ¿Permitirá el Apóstol guerrero el aniquilamiento de los guerreros de una moderna Cruzada?”. En efecto, el día 25 de julio todo acabó para los conspiradores en Albacete.

Francisco Sevillano o Antonio Selva también han estudiado el inicio de la Guerra Civil en Albacete. Éste último compartió en una investigación el mensaje final de los sublevados a Franco y Cabanellas. Eran las 12.40 de la mañana y decía así: “Artillería, aviones nos bombardean incesantemente. ¡Socorro! ¡Socorro! Primer jefe de Comandancia suicidarse. Imposible sostenerse esta situación”. No hubo auxilio.

Tal y como relató el teniente Jarillo para el diario El Sol: “Previo reconocimiento de nuestra aviación, comenzó el ataque, entablándose durísimo combate. Las fuerzas rebeldes entraron en la cárcel para pedir a los presos izaran bandera blanca en la torreta del edificio, sin duda para que nuestros aviones no dispararan sobre él y quedaran, en cambio, ellos libres para hostilizar”. Finalmente, tras unos tiros que sembraron el pánico y la huida de un avión 'enemigo', la 'columna libertadora' entró en Albacete y hacia las 13 horas del Día de Santiago, la sublevación fue derrotada.

Durante días, la prensa republicana, consciente del potencial propagandístico de esta victoria, difundió la conquista. Diarios míticos como Ahora ofrecían su interpretación de los hechos: “La vida normal se restablecerá en seguida, y dentro de breves horas Albacete, que no ha sufrido ningún daño, recobrará su aspecto habitual”.

Realmente, Albacete ya nunca fue la misma. Sus calles y algunos pueblos de la provincia acogieron a las Brigadas Internacionales. En demasiados hogares entró la violencia, la venganza y la necesidad. Ni en Albacete ni en España hicieron mucho caso de aquello que había escrito el alcalde de Elche de la Sierra, Manuel Salvador, en aquella fatídica semana: “Comprendamos que no es éste el momento de liquidar resquemores de baja política sino al contrario, unidos todos y defendamos nuestra tranquilidad”.

Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa “muy cerca” la localización de la fosa buscada durante décadas, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios “muy relevantes” de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron “por la libertad y la democracia”.

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Fotex, constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase.

“Sin verdad no puede haber reconciliación”, es el lema con el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca ofrecerá una ponencia el próximo 18 de julio, justo cuando se cumplen 90 años del Golpe de Estado de 1936, donde los sublevados franquistas se alzaron para derrocar “de manera anticonstitucional” la II República Española. Desde asociación reivindican que este hecho trajo una dictadura que “violó todos y cada uno de los derechos humanos durante décadas” y que es “importante explicar y contar lo que se documenta” para no caer en errores.

Matizan que este golpe de Estado en la provincia de Cuenca “fue un fiasco”. El territorio “no tenía guarniciones, dado que la organización e instrucciones para el golpe venían de estos coordinados con los partidos de derechas, se nos dejó algo al margen”. Sin embargo, apuntan que a pesar de ellos “las élites hicieron un esfuerzo financiero importante y la Iglesia y la Guardia Civil prepararon el golpe, ya que serían los más beneficiados por él”.

Para contar lo que llevan investigando durante más de dos décadas, este 18 de julio a las 19.30 horas se celebrará un encuentro en el Mercado de las Artes Luisa Sigea de Tarancón (Cuenca). Para elaborar la investigación acerca de la que van a hablar se han documentado en los archivos militares de Madrid y Ávila, municipal de Tarancón y con las numerosas entrevistas realizadas por la asociación entre 2004 y 2009.

El presidente de la ARMH Cuenca, Máximo Molina, nos cuenta que llevan 22 años trabajando para esclarecer qué ocurrió en Cuenca durante esa época, pero que “es muy complicado”. “La memoria colectiva está muy colonizada por falacias y nadie se preocupa por investigar qué pasó en una provincia como la nuestra, donde fue una conspiración civil de la Iglesia Católica y la Guardia Civil”, apunta. A través de diferentes tesis doctorales y otros documentos, han conocido que los sacerdotes de la época “usaban los púlpitos como forma de propaganda política, comunicación o también para pasar mensajes, y más cosas”.

Aunque la información “más potente” es la que han podido recopilar del partido judicial de Tarancón, también cuentan con archivos de los partidos de Huete, Belmonte, San Clemente o Motilla del Palancar y será lo que expondrá como ponente en el encuentro que tendrá lugar en el Mercado de las Artes. “Hablaremos desde la previa de las elecciones de febrero de 1936 hasta principios de septiembre de 1966, momento en el que podemos hablar de golpe de Estado y consecuencias”, aclara.

“La sociedad prefiere creer a saber”

Molina explica que unos días antes del 18 de julio la cúpula de la Falange “es detenida”, y que un mes antes había tenido una “reunión ilegal que hemos documentado en Tarancón el 29 de junio en el Colegio de las Hermanas Mercedarias”. Además, apunta que el papel de la Guardia Civil “fue clave”. Desde la ARMH Cuenca trasladan que “la indecisión de la Guardia Civil creó un impás en el que los golpistas parecen no haber tenido el cuajo suficiente de intentar hacerse con la situación sin ellos en la mayoría de los casos, aunque hubo muchos pueblos en los que se pusieron a las órdenes de los señoritos”. Por otro lado, en contraposición las organizaciones obreras “aun controlando los pueblos no estaban tan bien armadas como para enfrentarse a una Guardia Civil que contaba con ametralladoras en las jefaturas de línea en las cabezas de partido”.

A través de esta ponencia, Máximo quiere que “aunque sea complicado porque la sociedad prefiere creer a saber”, que “escuchen todos los datos que hay documentados, porque no podemos aceptar cosas que no tienen rigor histórico, y por desgracia todo lo que genera la propaganda franquista se sigue diciendo y escuchando a día de hoy, cosas a veces que son un poco lamentables”.

Reivindica que “las cosas son como son, y nos gustarán más o menos, pero los hechos son así, son trágicos por desgracia, pero habrá que saberlos e intentar comprender”.

En definitiva, aboga porque este encuentro sirva para conocer más de cerca cómo impactó este hecho histórico en la provincia de Cuenca, sobre todo en “un mundo de creencias del capitalismo liberal, donde este no quiere que hagas fact-checking, sino solo consumidores” y de igual forma anima “no solo a los más jóvenes, sino a toda la sociedad a que dejen de creer e intenten saber, y cuando ya sepan los hechos decidan”.

El Gobierno de Navarra distinguirá a la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo' por su trabajo por la memoria, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral ha organizado un programa especial de actividades con motivo del doble aniversario de los golpes de Estado militares que sufrieron Navarra (1936) y Argentina (1976).

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo Foral, Ana Ollo, ha anunciado en este contexto que el reconocimiento institucional anual que el Gobierno de Navarra realiza con motivo del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, estará dedicado en esta ocasión a la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo' por su trabajo para identificar y recuperar a los recién nacidos desaparecidos por la represión militar argentina.

Además, aprovechando la presencia de las representantes de la asociación 'Abuelas de la Plaza de Mayo', está prevista, durante el mes de septiembre, la celebración de conferencias y encuentros de las reconocidas con jóvenes, dentro del programa Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia, así como una exposición sobre las 'Abuelas de la Plaza de Mayo' con fotografías de los nietos restituidos. La muestra se completará con una recopilación de relaciones directas e indirectas de la represión de la dictadura argentina en personas navarras o de ascendencia navarra.

La búsqueda de los restos de las personas asesinadas en Navarra tras el golpe militar de julio de 1936 y después por el régimen franquista será el argumento de una exposición monográfica sobre fosas de represión que el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera organizará, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la apertura del Centro de Memoria y Convivencia del rehabilitado edificio de Rozalejo, prevista para finales de este verano. La muestra sobre las 'Abuelas de la Plaza de Mayo' también será en este lugar.

Éstas exposiciones son dos de las actividades principales que se incluyen en el programa denominado 'Memorias compartidas. Navarra-Argentina en dictadura, 1936-1976-2026', presentado este viernes por la vicepresidenta Ollo. Se trata de un programa que pretende profundizar en los contactos encaminados a generar una red de trabajo internacional en el ámbito de la memoria y de los derechos humanos, en su gran parte con entidades y asociaciones de América Latina.

Desde hace una década, el 21 de septiembre el Gobierno de Navarra conmemora el Día Internacional de la Paz, fecha en la que se realiza un reconocimiento institucional a personas o entidades que han trabajado por los valores de una paz y una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y una memoria colectiva. Habitualmente se realiza en Tudela con la participación de la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite. El año pasado, a propuesta del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, se reconoció el compromiso de las mujeres afganas en favor de la educación por la paz y la igualdad de género en la figura de Nadia Ghulam, fundadora de la ONGD 'Ponts de Pau' (Puentes de Paz).

Para este año 2026, se ha decidido conceder este reconocimiento institucional a la asociación argentina 'Abuelas de la Plaza de Mayo', siendo de nuevo la lucha de las mujeres por la defensa de los derechos humanos desde la memoria colectiva su seña de identidad.

En 1977 surgió en Argentina un movimiento de madres que desafiaron a la Junta Militar presidida por el general Jorge Rafael Videla. Se concentraban en la plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, para exigir información sobre sus hijos e hijas desaparecidos. Eran las 'Madres de la Plaza de Mayo'. Poco después, una parte de ellas empezó también a buscar a sus nietos y nietas, ya que muchas detenidas por el régimen militar estaban embarazadas, la mayoría, o acababan embarazas -al ser utilizada la violación como una forma de violencia y tortura contra las mujeres-, cuando los militares les arrebataban a sus hijos e hijas nada más nacer.

“La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés, niñas y niños, con centros de detención ilegal donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 recién nacidos de personas desaparecidas o en cautiverio fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres y separados de ellos entre los años 1975 y 1980. Algunos fueron entregados a familias cercanas a las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad; otras, abandonadas en diferentes instituciones. En todos los casos les robaron su identidad y les privaron de vivir con sus familias, en conocimiento de la verdad, de sus derechos y de su libertad”, explican desde la asociación reconocida.

Este grupo de madres, que pasó a llamarse 'Abuelas de la Plaza de Mayo', es un colectivo con el que parte del equipo del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera mantuvo un encuentro en el marco de una visita institucional, en noviembre de 2025, a Chile y Argentina. En este viaje tuvieron lugar varias reuniones en las que se profundizaron las alianzas internacionales en materia de memoria y convivencia.

En los últimos 49 años, esta asociación argentina ha impulsado un gran trabajo de movilización social, además de diversos contactos con el mundo científico e intelectual. De hecho, los avances en la técnica genética -algo que también está dando buenos resultados en Navarra con el Banco público de ADN- han logrado restituir la identidad a 140 personas, aún que faltan encontrar casi 300. Además, continúan con las tareas de transmisión de la memoria colectiva para “construir el legado de la lucha y garantizar que esta terrible violación de los derechos humanos no se repita nunca más”, indican desde la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

Según ha explicado la vicepresidenta Ollo, “el reconocimiento lo hacemos extensible a todo el movimiento de mujeres, madres y abuelas, que han mantenido viva esta lucha y siguen reivindicando la importancia de consolidar una memoria colectiva para que estos hechos no puedan repetirse, además de seguir con su trabajo de búsqueda e identificación”. Ollo también ha contextualizado la distinción en un marco más amplio y en unas líneas de trabajo estratégicas que considera fundamentales en la actual coyuntura mundial, en la que “ante un movimiento reaccionario global, hay que tejer puentes y alianzas entre diferentes países, instituciones y colectivos como los de Argentina”.

Antes, coincidiendo también con otra efeméride, el Instituto Navarro de la Memoria lanzará dos exposiciones virtuales (en línea) destacadas en el portal Oroibidea, sobre dos mujeres clave en ese periodo, como son la cineasta María Luisa Elío (nacida el 17 de agosto de hace cien años) y Carmen Huder (nacida el 12 de septiembre de 1891), pedagoga y activista del gobierno de la II República exiliada, como parte de una programación más amplia.

La declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria o una nueva edición de Las Botellas de la Libertad y del proyecto Ruta del Exilio (en Navarra del 21 al 28 de julio) son algunos otros hitos de este programa que tiene en el final del verano y el otoño su parte más destacada de eventos y actividades con el 'III Congreso Internacional de Historia con Memoria en la Educación', del 12 al 14 de noviembre.

El Ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca) ha comenzado esta semana los trabajos de intervención para localizar y exhumar los cuerpos de cuatro hombres ejecutados por arma de fuego el 4 de agosto de 1950 y que fueron enterrados en una fosa común del cementerio municipal de la localidad, según refleja el Mapa de Fosas estatal.

Estas labores, amparados en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, han sido visitadas por la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, junto a la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana.

María Luz Fernández ha conocido los detalles del proyecto de localización y exhumación que permitirá recuperar una parte de la historia de esos años de represión de la dictadura franquista, “que se intentó ocultar y que debe de aflorar”, porque “la mejor herramienta para que esto nunca vuelva a ocurrir es el conocimiento de nuestra historia y la dignificación de las víctimas”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha manifestado su satisfacción porque este proyecto haya salido adelante tras muchos años de trabajo, enfatizando que estas labores de exhumación son un compromiso con la historia de este pueblo, y servirán para “dignificar la memoria” de las víctimas y sus familias.

Los trabajos están financiados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con un importe total de 18.000 euros. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Sotorribas y está siendo desarrollado por la Asociación Científica ArqueoAntro.

A la visita se han sumado el alcalde de Santa Cruz de Moya, y delegado provincial de Reto Demográfico de la Junta, Virgilio Antón, y la senadora Carmen Torralba, junto con vecinos del municipio de Sotos.

El Gobierno ha vuelto a desoír a las víctimas del franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en la comisaría de Via Laietana 43 de Barcelona, a pesar de que fue uno de los epicentros de la represión contra la disidencia política en la dictadura y los primeros años de democracia.

En un comunicado, las entidades de represaliados han tildado de “intolerable” el mantenimiento del uso policial del edificio porque “representa una forma de continuidad institucional del silencio, el olvido y la impunidad”.

La decisión también ha levantado críticas en el seno del Ejecutivo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha exigido al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el traslado de la Policía de Via Laietana “por respeto a las víctimas”. “No podemos compartir y rechazamos absolutamente que en la resolución se diga que la Policía pueda seguir operando en el edificio”, ha agregado Urtasun.

A un día del 90 aniversario del golpe de estado que dio inicio a la Guerra Civil, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recoge que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo culmina así el procedimiento iniciado hace un año y marcado por las críticas de las entidades de represaliados y de derechos humanos, que consideran que el Gobierno no las ha tenido en cuenta durante el proceso administrativo.

La resolución, firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martín, no menciona las alegaciones presentadas por varios colectivos de represaliados, que reclamaron que el edificio dejara de tener usos policiales para ser únicamente un espacio para que no se olvidara la represión política de la dictadura y la Transición. Las entidades también aportaron informes académicos favorables a que la comisaría fuera tan solo un lugar de memoria.

El Ejecutivo vuelve a dejar en un cajón la histórica petición de las entidades de represaliados, que desde décadas piden que la conocida como 'casa de los horrores' franquista abandone sus usos policiales, tal y como ocurre en Buenos Aires con la antigua sede de la ESMA o en Berlín con el centro de tortura y represión a la oposición de la Stasi, la policía política de la RDA.

En la resolución del BOE, el Gobierno da pocas muestras de querer avanzar en esta dirección y ensalza la labor de la Policía. “Tras la recuperación de la democracia, el inmueble pasó a desempeñar funciones propias de la actual Policía Nacional, integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”, reza la publicación oficial.

Las palabras del Gobierno chocan con el hecho de que la represión policial en el edificio contra la disidencia política siguió en el edificio también durante el periodo democrático, tal y como ha constatado la primera investigación de la Fiscalía de Memoria de Barcelona con la histórica activista Blanca Serra, fallecida este año.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene que, desde la recuperación de la democracia, “la actividad desarrollada en el edificio responde a los principios del Estado de Derecho y carece de cualquier vinculación con las prácticas represivas propias del periodo dictatorial”.

Esta “circunstancia”, a juicio del Ejecutivo, “refuerza la necesidad de diferenciar con claridad ambas etapas históricas en el marco de la presente declaración”. En suma, que la Policía se queda en Via Laietana.

Por su lado, las entidades de represaliados han criticado el “gesto memorialista” que supone “colocar una sola placa o un reconocimiento simbólico”. “La sede histórica de la Brigada Político Social debe convertirse en un espacio dedicado íntegramente a la memoria en el que las personas torturadas puedan volver a entrar con dignidad”, reclaman.

La declaración del edificio como lugar de memoria no comportará medidas de protección específicas de espacios de Via Laietana 43 más allá de que se deberán evitar “la desaparición de vestigios erigidos en recuerdo de la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”.

El Estado también impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y “promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo” en el edificio, algo que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona llevan años haciendo. Algunas placas instaladas frente al edificio han sufrido daños a las pocas horas de instalarse.

El Campo de Gibraltar se ha convertido en el escenario de una nueva controversia en torno a cómo se interpreta y se convierte en producto turístico su pasado más sensible. La reciente puesta en marcha de 'La ruta de los italianos', un itinerario histórico impulsado por la empresa GuiaTour, ha abierto un choque de lecturas sobre el papel de la memoria democrática, el rigor histórico y los límites del turismo cultural.

La propuesta plantea un recorrido por distintos enclaves de la Bahía de Algeciras y su entorno vinculados a las operaciones clandestinas de la Décima Flottiglia MAS, una unidad de buceadores de combate de la Marina italiana durante la Segunda Guerra Mundial, asociada al régimen fascista de Benito Mussolini.

El itinerario se articula alrededor de varios puntos clave. En el Puerto de Algeciras, según la documentación del proyecto, se encontraba uno de los principales centros de operaciones encubiertas, con el buque mercante Olterra como base secreta desde la que partían los torpedos tripulados conocidos como maiales. En La Línea de la Concepción y distintos puntos de la bahía se situaban áreas de apoyo logístico y vigilancia utilizadas por la red de espionaje que facilitaba estas incursiones. Y en Gibraltar, objetivo estratégico de las operaciones y lugar de actualidad por la caída de la Verja, se conservan vestigios de la presencia militar aliada durante la guerra, entre ellos los conocidos túneles excavados en el Peñón.

La ruta se apoya en trabajos de divulgación como Tras las huellas de los italianos. Guía del Campo de Gibraltar, del investigador Alfonso Escuadra, además de referencias literarias como la novela El italiano, de Arturo Pérez-Reverte, que ha contribuido a popularizar estos episodios históricos entre el gran público.

La empresa defiende una lectura “histórica, no ideológica”

El responsable de Guíatour, José Luis Benítez, rechaza que la ruta pueda interpretarse como una exaltación del fascismo o una banalización del contexto histórico.

“No estamos banalizando nada, sino haciendo una ruta por los lugares donde ocurrieron hechos históricos”, sostiene. El empresario insiste en que el objetivo es puramente divulgativo: “Simplemente estamos explicando lo que ocurrió en estos sitios en una época determinada”.

Benítez defiende que se trata de una lectura histórica sin carga política: “No es que estemos haciendo fascismo ni nada parecido”, afirma, y añade que el proyecto se limita a poner en valor episodios poco conocidos de la comarca.

También cuestiona las críticas por el enfoque del itinerario: “Es como decir que por visitar ruinas romanas se está haciendo apología de las conquistas”, señala, defendiendo que la ruta se basa en documentación histórica y en investigaciones previas.

“No podemos permitir que se idealicen ese tipo de unidades militares”

Frente a esta visión, el movimiento memorialista ha expresado su rechazo al enfoque del proyecto y ha advertido del riesgo de trivializar episodios vinculados a regímenes totalitarios.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido, y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democráticca (FAMD), es especialmente crítico con la iniciativa y rechaza que pueda presentarse como un simple producto turístico desvinculado del contexto político de la época. “Están blanqueando la historia porque esto fue bajo el mandato de Mussolini, Hitler y Franco”, afirma.

García insiste en que el problema no es la existencia de la ruta, sino la forma en la que se narra: “La historia es para aprender, no para hacer caja despojando a los hechos de su gravedad ética y política”, sostiene.

En su opinión, el proyecto corre el riesgo de transformar un episodio ligado al fascismo europeo en una experiencia turística descontextualizada: “No estamos hablando de una historia neutra ni de aventuras, sino de una unidad militar de un régimen fascista que operaba en suelo español gracias al amparo de otra dictadura”, recalca.

El dirigente socialista va más allá y cuestiona el enfoque general del relato histórico que plantea la ruta: “La historia debe estudiarse con rigor científico, pero no puede convertirse en un reclamo turístico que despoje a los hechos de su gravedad”, insiste.

García advierte además de la necesidad de vigilar el tipo de público al que se dirige la iniciativa, especialmente si incluye a jóvenes o centros educativos. “Lo que no podemos permitir es que se idealicen este tipo de unidades militares ni que se conviertan en un reclamo atractivo sin el contexto adecuado”, subraya.

Un debate sobre cómo narrar el pasado reciente

El PSOE de Algeciras anuncia que seguirá de cerca el desarrollo del proyecto y reclama que cualquier actividad de este tipo se ajuste estrictamente a la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).

Al mismo tiempo, la formación insiste en que el Campo de Gibraltar posee un patrimonio histórico relevante que puede y debe ser difundido, pero siempre desde una perspectiva crítica que evite la romantización de los regímenes totalitarios.

La propuesta de GuiaTour se enmarca en el crecimiento del llamado turismo histórico o “turismo oscuro”, que recorre escenarios vinculados a guerras, dictaduras o conflictos del siglo XX.

Mientras la empresa defiende el rigor documental y el interés divulgativo del proyecto, el PSOE insiste en que el relato debe contextualizarse políticamente para evitar interpretaciones que, a su juicio, puedan suavizar la naturaleza del fascismo europeo.

El resultado es un nuevo foco de debate en una comarca marcada históricamente por su papel estratégico en la Segunda Guerra Mundial y que ahora vuelve a situar su pasado en el centro de la discusión pública.

Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.

De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspirativos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.

“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.

Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.

El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.

Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.

Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército, llegando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.

Los monárquicos, los primeros conspiradores

Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.

La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.

“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.

Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.

Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.

El Director

Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.

Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.

Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a España.

“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.

La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará [...] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.