Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos días de caos. “En esas semanas hicimos de todo. Prendimos fuego a la sala de actos, recuperamos los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tirábamos piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre, quien vivió en esos días sus primeros momentos de libertad.

Él acabó en La Ciudad porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas con los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

Roberto Cid encontró en Sevilla su segundo hogar. Descendiente de gallegos, el joven mexicano espera a que la administración general certifique su nacionalidad española después de haber jurado y obtenido el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática. Así, recupera el legado de su abuela, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero, y reivindica su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas en las que ha estado inmerso en los últimos cuatro años. “Denunciamos el limbo jurídico de tantas personas que han estado en situación irregular y que son nietos o bisnietos de españoles, para lo que tendría que haber un fortalecimiento desde la administración: hay que saber cómo responder la promesa”, llama la atención.

En las últimas semanas, el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular las indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes a causa de su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso el reconocimiento y la reparación para el joven malagueño Manuel José García Caparrós y sus tres hermanas. El texto original de la norma recoge en su disposición adicional octava que pueden adquirir la nacionalidad los descendientes de españoles que renunciaron a ella y sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Entre los requisitos, también se concede la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de los españoles a quien les fue reconocida su nacionalidad en virtud de la norma y, de la misma forma, a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de promulgación de la Constitución de 1978.

Este último supuesto fue el que afectó a la abuela de Roberto: Dolores Riobó. A los 13 años, embarcó rumbo hacia México junto a sus hermanos y padres, quienes decidieron emprender una nueva vida al otro lado del Atlántico. En aquel entonces, el bisabuelo decidió darse a conocer como Guillermo Riobó, en vez de utilizar su apellido original, que era Gómez de Rioboó. Esta es la razón por la que no dieron con su partida en el Registro Civil, pese a que se les dieran las fechas de su nacimiento y los detalles relativos a su pueblo de origen o nombres. “En este caso, no atendieron el principio de realidad material, que significa que hay que darse a lo escrito y a lo que se ve”, indica Leal, es decir, haber inspeccionado las bases de datos con mayor profundidad teniendo las principales claves en su haber.

“Política migratoria de apertura y de reparación”

Las fotografías de boda permanecen intactas. Dolores se casó con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano, y fue entonces cuando perdió la nacionalidad española. La ley franquista establecía que una mujer perdía tal derecho al casarse con un extranjero, impidiendo así que lo heredase en un futuro su progenie. De esta forma, se desprotegía a los exiliados y se discriminaba doblemente a las mujeres, quienes perdían el vínculo con su país de origen. Con su vestido blanco y rodeada por sus damas de honor, Dolores sonríe desde el pasado.

“Los descendientes son el vínculo más reciente que tiene España con Latinoamérica”, reflexiona Leal, “estamos en un momento de política migratoria de apertura y de reparación, porque más allá de la ideología de los abuelos y bisabuelos o de los propios descendientes, somos beneficiarios de la ley”. A pesar de este reconocimiento, los trámites burocráticos impiden que muchas de estas personas se vean beneficiadas a causa de los retrasos o la inoperancia de los registros civiles, motivo por el que los colectivos afectados, tanto en México como en países como Argentina, tienen que acudir a abogados especializados que les ayuden en el procedimiento.

“La queja es generalizada, ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”, critica. El 21 de octubre de 2022, momento en el que entra en vigor la disposición octava, se dio un plazo de tres años para tramitar la declaración y otro extensible de prórroga, por lo que el pasado 22 de octubre de 2025 fue el último día para realizar el trámite. Durante ese periodo, Leal tuvo que contratar los servicios de una genealogista en vista de que la solicitud en el Registro Civil de la ciudad de Ferrol daba una respuesta negativa, solo porque el apellido no cuadraba.

De 1890 a 2026

Al otro lado del teléfono se encuentra Helena González. En el año 2016 fundó Bisagras de Papel, dedicada a la investigación genealógica que trata de poner luz sobre el pasado de tantas personas. Desde Galicia, ha atendido a casi 300 personas de países destinos clásicos de la emigración gallega, como Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, así como México, Puerto Rico y Uruguay, al igual que otros no tan usuales, como Chile, Costa Rica, Honduras, Perú y Filipinas. Después de que los interesados presenten la documentación en sus respectivos consulados, la labor de la investigadora se centra en encontrar los documentos certificados de nacimiento o las partidas bautismales que prueben que el antepasado nació en la comunidad, logrando así su amparo bajo la ley de memoria democrática.

Acerca del caso de Roberto Cid, no deja de recordarlo con un sabor agridulce, ya que, como explica, el Registro Civil de Ferrol solo daba respuestas negativas. “Partimos de la información del certificado de matrimonio y del de defunción de su bisabuelo, con los que hicimos una búsqueda exhaustiva en padrones, registros civiles e, incluso, testamento del padre”, detalla. El nacimiento de Guillermo lo ubicaron en los primeros meses de 1890, en Ferrol, y, tras mucho insistir, lograron que por fin dieran con él tras percatarse del intercambio de apellidos que realizó el exiliado al comenzar una nueva vida en México.

La genealogista gallega explica que las primeras pistas son confusas. Tal vez los migrantes partieron del Puerto de Vigo, pero, ¿de qué localidad eran, dónde estaban registrados? Hay cientos de parroquias y ayuntamientos que consultar uno a uno. Muchos de los descendientes optaban por enviar una petición masiva, provocando así un colapso en los registros, hasta que daban con su ayuda especializada. “El registro civil solo está digitalizado e indexado a partir de 1950 y en las localidades un poco más grandes, pero en los archivos diocesanos hay que buscar a mano y habría que tener en cuenta la pérdida de material por incendios, inundaciones o mal estado”, detalla.

Más recursos

En el blog de su página web, González recoge las anécdotas de vidas que toma en sus manos. Por ejemplo, recuerda con cariño la historia de una mujer gallega que emigró a Estados Unidos y trabajó como institutriz en una familia acodada. En los viajes que compartió con ellos, conoció en Turquía a un hombre del que se enamoró y con el que compartió su vida. Décadas más tardes, fue su nieta quien le escribió para recobrar las raíces españolas que le habían sido extirpadas por la ley. “Es muy emocionante entrar en contacto con el mundo del que proceden”, reitera, por lo que pide un esfuerzo a la administración para dotar de recursos y medios digitales a los archivos.

En la actualidad, el lío burocrático persiste. El joven espera una respuesta por parte de Madrid tras jurar la nacionalidad y su padre, Roberto Cid Riobó y de 69 años, prevé que en dos años llegue su certificado. Frente a las declaraciones políticas que atacaban esta regularización, Leal manifiesta que “no somos ni más ni menos que otros migrantes, es más, merecemos ser acogidos como nuestros abuelos lo fueron en otros países”. Además, reclama que muchas de las personas que podrían haberse beneficiado de esta medida finalmente optarán por la regularización extraordinaria que comienza este mes de abril, aunque la diferencia sustancial entre ambas vías radica en que una concede la nacionalidad mientras que la segunda concede la residencia española.

Roberto aterrizó en Sevilla en 2020 para cursar el máster público de abogacía y, desde entonces, ha hecho de la ciudad su nuevo hogar. “El migrante viene abierto a conocer y la sociedad también debe abrirse a él porque, al final, las conductas son amoldables”, ya sea por el idioma o las costumbres que comparten estas latitudes, unidas por siglos de flujos migratorios, ha encontrado su hueco. Desearía que el principio de la ley de Memoria Democrática se extendiese en el tiempo, como la normativa italiana, en la que la obtención de la nacionalidad por descendencia es un derecho permanente, aunque el Gobierno de Giorgia Meloni ha introducido importantes restricciones en la legislación.

Hasta el 19 de septiembre de 2025, el Gobierno central ha concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos de las 876.321 solicitudes realizadas. Dentro del entramado político internacional, poseer la nacionalidad española supone la diferencia. El abogado mexicano, que tiene a su hermano Fernando viviendo en Estados Unidos, hace la comparación con las posibilidades del visado en comparación con sus compatriotas latinos en un contexto en el que la persecución del ICE y de las autoridades norteamericanas produce detenciones indiscriminadas: “La nacionalidad española uno de los mejores calificados para accesos y, al final, abre un mundo”.

Nadie esperaba en julio de 1936 que el pronunciamiento militar se convirtiera en una larga guerra civil. El ejército quedó fraccionado y el armamento con que contaban los contendientes era obsoleto y de mala calidad, aunque la situación fue cambiando progresivamente gracias a la ayuda exterior que ambos bandos se procuraron, empleando para ello todos los subterfugios posibles.

A pesar de la llegada de buques soviéticos con armamento a los puertos de Santander y Bilbao y de la permeabilidad intermitente de la frontera francesa, el territorio del norte de España quedó aislado y a más de 200 kilómetros de las posiciones republicanas más próximas. La consecuencia directa fue una escasez crónica de equipamiento militar, mientras que el bando insurgente, por el contrario, nunca tuvo problema para acumular suministros, armas y recursos ofensivos con los que romper las líneas republicanas y ocupar en pocos meses un territorio rico en recursos de todo tipo. 

La intervención italiana al lado de Franco fue persistente durante toda la guerra, respaldada por el objetivo personal de Mussolini de afianzar su poder político y militar en el área mediterránea. Por su parte, la ayuda alemana fue más importante en calidad que en cantidad, dejando siempre en manos italianas el mayor peso de la colaboración.

El bando sublevado tuvo una ventaja de partida que resultó esencial: las armas italianas y alemanas fueron manejadas de forma coordinada por los especialistas de sus respectivos ejércitos, mientras que en el bando leal los hombres que habían de utilizar aquellos arsenales tan variopintos no estaban familiarizados con ellos y nunca llegaron a recibir la necesaria capacitación para su empleo eficaz.

El conflicto civil español se desarrolló en los últimos años del periodo de entreguerras, por eso el armamento empleado por ambos bandos consistió una mezcla de modelos antiguos y modernos. Se utilizaron de manera abundante medios obsoletos de la Primera Guerra Mundial, y también se diseñaron y produjeron nuevos modelos y prototipos de aviones, blindados, artillería, con una eficacia aún no vista en los campos de batalla europeos.

Compra de armamento a la mafia

A los pocos días del pronunciamiento militar, y en un país prácticamente dividido por la mitad, al Gobierno republicano le quedó claro que no tenía capacidad para sofocar la insurrección. Sus carencias para sostener una contienda debido a la falta de equipamiento y a la política de no intervención impulsada por Francia e Inglaterra le obligaron a abastecerse de armamento en el 'mercado gris' centroeuropeo, controlado por todo tipo de mafias criminales.

El escaso entusiasmo de las democracias europeas a la hora de prestar su apoyo a la República y la conducta obstruccionista de sus respectivas bancas, dificultando las transferencias de fondos, obligó al Gobierno a emprender una alocada carrera para aprovisionarse de material bélico a través de delegados gubernamentales y de variopintos representantes del Frente Popular que se hicieron la competencia entre sí para comprar a cualquier precio a través de contactos en Bélgica, Suiza, Polonia, Holanda, los estados bálticos e, incluso, en la propia Alemania nazi.

La gran mayoría de estos enviados no sabían nada de la industria militar, ni estaban preparados para negociar con traficantes de armas, militares sin escrúpulos y regímenes políticos de todo tipo. Disponían de dinero en abundancia y tenían mucha prisa para cerrar acuerdos. Por eso, las negociaciones supusieron enormes sobrecostes, dando lugar, en algunos casos, a prácticas corruptas y al cobro de generosas comisiones.

Las poderosas redes de traficantes vendieron a la República abundante material obsoleto, procedente de los stocks almacenados de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, facilitaron información sobre las operaciones a los agentes secretos franquistas cuando el material vendido a la República era de calidad. De ese modo, algunos de los barcos republicanos cargados con el armamento recién adquirido fueron desviados y acabaron en puertos controlados por los sublevados.

En paralelo a esta precaria situación, barcos alemanes e italianos burlaban el pacto de no intervención firmado con las potencias democráticas europeas y arribaban a territorio costero bajo control franquista, cargados con el más moderno material bélico, técnicos, instructores, piezas de repuesto, munición y combustible.

En el plano operativo, las compras realizadas en el mercado negro supusieron que el Ejército Popular contase con los más variopintos modelos de armas, tanto en calidad como en calibres, municionamiento y tipología; una circunstancia que pronto tuvo graves consecuencias en los campos de batalla. 

Tras un periodo inicial de caos y corrupción, se produjo una segunda fase de negociación con México, la URSS y Estados Unidos, en la que los suministros empezaron a llegar de una manera más regular al territorio republicano. A partir de ese momento, México se convirtió en el mejor garante de las operaciones, gracias a que su presidente, Lázaro Cárdenas, ordenó a sus diplomáticos defender la causa de la Segunda República española, autorizándoles también a adquirir suministros en su nombre para enviarlos a Madrid.

Los “Tiznaos”: Artesanía obrera para la defensa popular

Durante los primeros compases de la sublevación militar, y con el fin de hacer frente a la escasez de medios y recursos para combatir, aparecieron por Santander unas enormes y grotescas moles blindadas construidas apresuradamente en los talleres metalúrgicos de la ciudad y en La Naval de Sestao, en Vizcaya.

Aquellos impresionantes artefactos customizados (llamados popularmente 'Tiznaos' por su color negruzco) no eran más que vehículos civiles (autobuses, camiones o furgonetas) cubiertos con una protección de planchas metálicas. Además del blindaje artesano, muchos de ellos llevaban pintadas para indicar el bando en el que combatían, mensajes de ánimo o soflamas contra el enemigo.

Las zonas industriales del Norte y de Cataluña iniciaron una especie de 'carrera armamentística' para blindar el mayor número de vehículos posible y enviarlos rápidamente al frente. Grupos de obreros, secciones sindicales, amigos o clubes políticos con acceso a talleres mecánicos y a vehículos con ruedas participaron en la transformación, a veces de la manera más extravagante, de vehículos que no habían sido diseñados para participar en batalla alguna.

Para su blindaje se emplearon chapas de distintas calidades y grosores. En algunos casos se llegaron a utilizar incluso colchones atados con cuerdas a los laterales de los vehículos. El afán por reforzarlos lo máximo posible hizo que muchos de estos camiones y furgonetas resultaran demasiado pesados, impidiendo así que pudiesen maniobrar con libertad y limitando su velocidad, de tal manera que generalmente solo pudieron desplazarse en trayectos cortos y en terrenos totalmente llanos.

Tan imponentes como poco efectivos, los Tiznaos, construidos apresuradamente debido a la ausencia de medios blindados, rodaron desafiantes por las calles de Santander durante algún tiempo, generando una enorme expectación popular. A pesar de que no significaron nada desde el punto de vista militar, resultaron importantes en el plano de la moral republicana, aunque pronto fueron sustituidos por las auto-ametralladoras blindadas que se empezaron a adquirir en el mercado negro europeo.

Jóvenes cantando el 'Cara al sol' entre risas, la figura del dictador Francisco Franco convertido en meme o la historia reducida a eslóganes que circulan por redes sociales en publicaciones vacías de contexto. La escena se repite entre los estudiantes mientras el profesorado asiste a “una peligrosa banalización de las dictaduras y a la simplificación de los regímenes totalitarios entre las generaciones más jóvenes”.

Es el diagnóstico que hace Javier Giráldez, profesor de Historia en el IES Fuente Alta de Algodonales (Cádiz), uno de los siete institutos de la provincia de Cádiz que han participado en la última jornada de 'Estudiantes con memoria', organizada por el IES Carlos III en el municipio gaditano de Prado del Rey. Este instituto lleva 15 años celebrando este encuentro educativo “único en España”, en el que el alumnado investiga y comparte sus trabajos sobre memoria histórica para combatir desde las aulas lo que sus organizadores denominan “memoricidio”.

El director del IES Carlos III, David Fernández, resume el memoricidio como “negar las evidencias de lo que ha ocurrido en el pasado”. Frente a ello, en un contexto donde el profesorado percibe “un auge del fascismo entre los jóvenes”, cobra aún más sentido celebrar una iniciativa que reúne a cientos de estudiantes andaluces en torno a una idea sencilla: conocer la historia para entender el presente.

Sembrando democracia

Lo que comenzó en 2008 como un trabajo de clase ha terminado convirtiéndose en una cita consolidada en la provincia de Cádiz. Fernández recuerda cómo, al llegar al centro, empezó a escuchar a sus alumnos hablar de historias que les contaban sus abuelos, relatos que se quedaban encerrados en el ámbito familiar. “Empezamos a recopilar testimonios y aquello acabó en un primer encuentro con otro instituto de San Fernando”, explica.

15 años después, aquella intuición se ha transformado en una experiencia pedagógica que busca llenar un vacío. “Existe una profunda ignorancia sobre la historia contemporánea en España entre los jóvenes”, sostiene el director del IES Carlos III. Un desconocimiento que, en muchos casos, se ve agravado por el hecho de que el alumnado se acerca a episodios históricos clave como la Guerra Civil o la dictadura franquista a través de redes sociales, donde proliferan los bulos y la desinformación.

El resultado, advierte, es preocupante: “Alumnos cantando el Cara al sol o frivolizando con la dictadura y el franquismo”. Frente a ello, el objetivo es claro: “Formarlos para que tengan sentido crítico y sepan argumentar sus opiniones”. Fernández está convencido de que, si conocen con rigor lo que supusieron la guerra y los 40 años de dictadura, “van a optar por la democracia y no por ideologías que derivan en el totalitarismo”. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de “enseñarles a pensar por sí mismos” para que sean ellos quienes confronten los discursos fascistas que proliferan en el entorno digital.

El alumnado, en el centro

La evolución del proyecto también se mide en cifras. De los dos institutos que participaron en los primeros años se ha pasado a siete centros en esta edición, con cerca de 400 estudiantes, desde tercero y cuarto de ESO hasta Bachillerato. Pero más allá de los números, lo que define el encuentro es su enfoque innovador: “Una experiencia por y para el alumnado”. Son ellos quienes protagonizan el encuentro, conducen el acto y se encargan de presentar los proyectos en los que han estado trabajando en sus respectivos centros.

Durante el curso, cada instituto desarrolla su propio proyecto, que luego comparte en Prado del Rey en formatos que van desde el teatro hasta los cortometrajes o las performances. “No es común que se organice un evento de este calibre con tanta libertad y tanta implicación por parte del alumnado”, destacan los docentes participantes, que destacan el carácter “reivindicativo de la memoria histórica y fortalecedor de la democracia” que propicia este encuentro.

Entre los participantes está el IES Vía Verde de Puerto Serrano. Su profesor de Geografía e Historia, Óscar, coincide en el diagnóstico de Javier Giráldez: “Hay un auge de discursos que banalizan el fascismo entre los jóvenes, que se lo toman como algo divertido cuando fue la época más oscura de nuestra historia”. A su juicio, ese fenómeno no puede entenderse sin el peso de una Transición que dejó muchas cuestiones sin abordar. “Se impuso la ley del olvido”, recuerda para señalar que eso hace aún más necesarias iniciativas que recuperen la memoria democrática empezando por las aulas.

En esa línea se expresan también las alumnas Claudia y Adriana, de 3º de ESO, que defienden la importancia de este tipo de actividades. “Es muy necesario porque muchos jóvenes se creen lo que ven en redes sociales sobre la época de Franco y piensan que fue algo bueno, cuando fue todo lo contrario”, aseguran. Para ellas, estos encuentros permiten “aprender todos de todos” y entender mejor “de dónde venimos para no querer volver a esa época”.

Igual de directo se muestra Jesús Hinojo, alumno de 2º de Bachillerato y uno de los presentadores del acto: “La derecha está blanqueando la historia”, señala. A las puertas de convertirse en votante, reivindica la importancia de conocer el pasado con rigor. “En Alemania e Italia tienen bastante conciencia sobre los totalitarismos, pero en España todavía no”.

La memoria como herramienta de futuro

Más allá de la teoría a la que están acostumbrados en las aulas, la jornada en Prado del Rey se convierte en una puesta en común práctica en la que el alumnado “expone, argumenta, comparte y vivencia” el contenido que han estado trabajando durante el curso desde una perspectiva interdisciplinar entre asignaturas.

La directora del IES Fuente Alta de Algodonales, Cristina Sánchez, explica que el proyecto de su centro se ha centrado este año en el intento de golpe de Estado del 23-F, a través de un enfoque de “microhistoria” que conecta los grandes acontecimientos con la experiencia cotidiana de la población. “El objetivo principal era recuperar el recuerdo de las personas que vivieron el golpe y que muchas veces no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta mucho después”, señala al término del encuentro.

Sánchez, que es también profesora de Geografía e Historia, reconoce además que, pese a las dificultades del sistema educativo, iniciativas como esta generan cierta esperanza. “Cuando se dedica tiempo a trabajar la memoria, a reflexionar sobre la democracia y a desmontar bulos, se pueden hacer cosas como estas”, afirma. Tras quince años de recorrido, concluye, la experiencia del IES Carlos III de Prado del Rey se ha convertido en una referencia de trabajo colaborativo entre centros: “Ojalá hubiera más experiencias como esta”.

Quince años después, aquel experimento surgido casi por casualidad se ha convertido en una referencia entre centros andaluces. Una forma de sembrar preguntas más que certezas. De generar conciencia en lugar de consignas. Porque, como coinciden profesores y alumnos, la memoria no es solo pasado. Es, sobre todo, una herramienta para no repetirlo.

Olvidadas tras casi tres años de guerra civil y cerca de cuatro décadas de dictadura franquista, y desplazadas del relato histórico por una transición democrática donde el componente republicano quedó relegado al silencio, recuperan su lugar de la mano del periodista e historiador Miguel Ángel Villena en una biografía coral: Republicanas. Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas.

El autor trabajó en las secciones de Cultura e Internacional de El País durante más de 20 años y ha sido editor de la revista tintaLibre. Actualmente es colaborador de elDiario.es y Levante-EMV. Durante su trayectoria ha publicado otras biografías, como las de Ana Belén o Victoria Kent, entre otras obras.

El 21 de enero de 2026 publicó lo que él mismo describiría más tarde como un homenaje, más que una biografía, de estas mujeres, figuras clave en la historia de España. El pasado martes 14 de abril, coincidiendo con el Día de la República, presentó el libro en un acto celebrado en la biblioteca municipal Casa de la Reina, situada en el Cabanyal (Valencia), acompañado de la destacada periodista Rosa Solbes.

Al coloquio asistió un público numeroso. Mediante una charla entre ambos periodistas, devolvieron a la memoria colectiva las historias de vida de estas mujeres, tan diferentes entre sí pero con un propósito común: el sueño de una España progresista en la que las mujeres tuvieran voz y voto. Ese sueño se vería posteriormente truncado por el golpe de Estado de julio del 36, que condenaría a estas mujeres al exilio y, en algunos casos, al olvido.

Algunos de estos nombres han resistido mejor al paso del tiempo que otros. Clara Campoamor, Victoria Kent o Dolores Ibárruri, más conocida como “la Pasionaria”, han gozado de una suerte mayor que sus compañeras, quienes han tenido mucha menos visibilidad pública pese a su excelente trayectoria, no solo como activistas sino como académicas.

La mayoría de ellas procedían de familias de la burguesía ilustrada, con excepciones como la Pasionaria, de origen más humilde. Son mujeres educadas: abogadas, en casos como los de Campoamor, Kent o Julia Álvarez Resano; escritoras, como Margarita Nelken y María Lejárraga; o docentes, como Matilde de la Torre, Veneranda García Manzano o Francisca Bohigas. Pese a su posición relativamente privilegiada, orientaron su vida a la defensa de los derechos sociales, la educación y la causa feminista y obrera.

Estas mujeres afrontaron una doble batalla: por un lado, debido a su compromiso con la República y, por otro, por el hecho de ser mujeres en un espacio dominado por hombres. Todas tuvieron que remar contracorriente en un entorno político especialmente hostil. Durante la presentación del libro, se destacó la existencia de testimonios sobre interrupciones, infravaloración y cuestionamiento de su autoridad, así como el hecho de que fueron también juzgadas por su vida privada y su papel social.

Precisamente, este contexto de hostilidad compartida contribuiría a generar entre ellas ciertos vínculos de complicidad y apoyo mutuo, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas: desde posiciones socialistas hasta marxistas —como Ibárruri—, pasando incluso por la derecha católica conservadora, como la militante de la CEDA Francisca Bohigas. Pese a episodios de fuerte desacuerdo político, como el célebre enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent en torno al voto femenino, se profesaban un profundo respeto personal y mantenían una fuerte sororidad.

Hacia el final del coloquio se abrió el debate en torno a la necesidad de recuperar una memoria histórica relegada durante décadas. “Se ha fallado en explicar y entender la República y tu libro ayuda a esto”, señaló uno de los asistentes, quien subrayó la importancia de seguir impulsando una labor pedagógica sobre este período histórico, sobre todo entre los más jóvenes.

“El PSOE no ha reivindicado todo lo que debería a estas mujeres. El desconocimiento sobre ellas hay que atribuirlo a la falta de memoria democrática de este país, que afecta a la derecha, pero también a la izquierda”, critica el historiador y autor de la obra.

Durante los años de la Transición se priorizó la reconciliación y el mirar al futuro, dejando muchos debates fundamentales sin resolver y perpetuando un “memoricidio” por el cual “la etapa republicana mejor no tocarla y la guerra civil todavía menos”, apuntó el autor durante la charla. Señala, por un lado, al partido socialista por no hacer un esfuerzo por conservar la memoria histórica y, por otro, a una derecha tradicional todavía incapaz de reconocer como tal el golpe de Estado. De esta manera, no solo se diluyen responsabilidades históricas, sino que se condena al olvido a quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia.

En ese contexto, Villena hace un trabajo apremiante y excelente al recuperar la memoria de estas mujeres, lo cual supone ampliar los límites del relato heredado de la Transición y devolver al espacio público a unas protagonistas que fueron apartadas injustamente por una terrible falta de reconocimiento histórico.

El Gobierno ha incluido la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha ordenado su retirada del espacio público, en una decisión que choca frontalmente con el reciente acuerdo entre PP y Vox en Extremadura para proteger este monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado este viernes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, la inclusión de la cruz en dicho catálogo responde, entre otros motivos, a que el monumento “no presenta ningún elemento artístico singular” y “carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido apenas unas horas después de hacerse público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en la región, en el que ambas formaciones se comprometen a impulsar actuaciones para la “protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda”. En ese mismo documento, se recoge expresamente la intención de tramitar la declaración como BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, la cruz cacereña fue una de las primeras levantadas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España, tras un acuerdo del pleno municipal del 9 de septiembre de 1937. Durante la dictadura franquista, el monumento fue utilizado como escenario de actos de exaltación del régimen, incluidos desfiles y conmemoraciones tanto militares como civiles.

El departamento que dirige el Gobierno subraya que, pese a la eliminación de algunos símbolos o la modificación de inscripciones originales a lo largo del tiempo, “su naturaleza original no se ha desvirtuado”, ya que mantiene el elemento principal que define su carácter y su “alto valor simbólico”.

En este sentido, el Ministerio rechaza que pueda considerarse un símbolo religioso, al entender que su origen es “claramente político”, y sostiene que su permanencia en el espacio público supone aún hoy un elemento de humillación para las víctimas de la dictadura.

La Cruz de los Caídos fue levantada por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado, en el contexto del denominado “Movimiento Nacional”. El monumento se ubicó en la plaza de América, en el lugar que ocupaba la fuente conocida como La Palmatoria, construida durante la Segunda República.

Aemececa

Por su parte, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América en la capital cacereña, con lo que atiende una de sus “históricas reivindicaciones” y para lo cual pide “celeridad” en los trabajos.

Desde hace varios años, Amececa desarrolla una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres, entre los que destaca dicha cruz, según ha expuesto en un comunicado.

“En una labor paciente, iniciada en septiembre de 2015, nuestra Asociación solicitó, en no pocas ocasiones, a diferentes administraciones públicas extremeñas (diversos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y distintos gobiernos de la Junta de Extremadura) la retirada de la ”cruz de los caídos“ sin obtener resultado alguno”, ha insistido.

Ayuntamiento

Del mismo modo pero en sentido contrario, el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que recurrirá la orden de retirada del espacio público de la Cruz de los Caídos de la plaza de América emitida por el Gobierno central cuando la reciba y ha afirmado que defenderá en la calle este elemento “si es necesario”.

Así se ha pronunciado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, en redes sociales tras emitir el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un comunicado este viernes en el que explica que ha incluido el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha dispuesto que sea retirada del espacio público.

A su juicio, entre otras cosas “no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

Para el alcalde de Cáceres, este símbolo es “un punto de referencia, que debe quedarse donde está”.

Ángeles Marichalar Llano, a quien desde niña le gustó que la llamaran Lines, nació el 1 de marzo de 1929 en Comillas, en el barrio próximo a la calle Fuente Real, a la entrada de El Capricho, que llevaba ya décadas formando parte del paisaje del pueblo, aunque entonces no era símbolo ni reclamo, sino simplemente una casa más junto a caminos de tierra y fincas de labor.

En junio de ese mismo año, cuando Lines tenía apenas tres meses, el llamado Pájaro Amarillo —el avión francés que logró cruzar el Atlántico y aterrizó de emergencia en la playa de Oyambre— se convirtió en noticia en toda España. Fue el primer vuelo transatlántico que tocó tierra en el país y el acontecimiento quedó inscrito en la memoria de la comarca.

Con el tiempo se erigió un monumento en Oyambre para conmemorar aquel aterrizaje. A ese homenaje parece referirse su recuerdo cuando dice: “Mi padre fue con otra persona a las minas de Escobedo, cerca de Santander, a buscar la piedra. La trajo él (…) Yo tenía tres meses o seis cuando lo inauguraron”. La historia colectiva se filtró en su casa convertida en objeto: una piedra asociada a aquella conmemoración.

Su infancia no se desarrolla en un espacio urbano ni monumental, sino fundamentalmente en la finca de La Terena, donde su familia trabaja en régimen de aparcería en las tierras de María Cossío. Allí se cría. En una casa que durante años carece de luz eléctrica y de agua corriente. En una cocina de leña donde la plancha se calentaba sobre las brasas y la ropa se cosía de noche, a la luz de una vela. En una estructura doméstica sostenida por el trabajo diario.

Su mundo cotidiano estuvo marcado por el trabajo constante: ordeñar cinco o seis vacas, entregar cada día la leche correspondiente, recoger la hierba seca en verano, cuidar el maíz, mezclar harina de maíz con pequeñas cantidades de trigo para poder hacer pan, sostener la economía doméstica con ingenio y esfuerzo.

Aunque Comillas era un municipio costero, el mar no estructuró su vida. El Cantábrico estaba ahí, visible y cercano, pero no organizaba su economía ni su pertenencia. Bajaba a la playa con la comida cuando su padre trabajaba allí —en alguna etapa cargando arena y mezclando mortero para obras—; se sentaba a cierta distancia y observaba el movimiento del verano, siempre desde fuera. Nunca se bañó. El mar fue escenario, no oficio.

Lines creció viendo a su padre recorrer caminos a pie o con carro, acudir a ferias, negociar animales; fue un trabajador del campo que dependía del clima, de los precios del ganado y de acuerdos verbales. Ella creció entre prados, vacas y cuestas. Esa pertenencia a la tierra atraviesa toda su biografía.

Lines estudió en el colegio de las monjas de Comillas, regentado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, históricamente vinculadas al Seminario Pontificio y a la educación femenina del municipio. Recuerda con claridad la diferencia entre aquel colegio y las Escuelas Nacionales, situadas en la zona del actual Espolón. Recuerda especialmente a una monja, sor Concepción, que la trataba con amabilidad. No guarda memoria de castigos ni de dureza extrema; al contrario, habla de un ambiente “bien arregladito”, estructurado. Allí aprendió lo esencial: lectura básica, catecismo —que memorizaba con facilidad— y, sobre todo, costura. Por las tardes dedicaban una o dos horas a repasar, a coser. Ese aprendizaje fue decisivo. Cuando más tarde quedó sola con su padre, aquellas habilidades se convirtieron en sustento. Desde los diez años, hacia 1939, dejó la escuela y ya cosía pantalones gastados por el trabajo, a la luz de una vela, hasta la madrugada, para que él pudiera salir al día siguiente con la ropa remendada. No fue una decisión ideológica, sino económica y de supervivencia; fue una necesidad. La finca necesitaba dos cuerpos trabajando.

Ese vínculo estrecho entre ambos marcó toda su juventud. No recuerda juegos prolongados ni ocio despreocupado. Aun así, hubo destellos de juventud. Lines recuerda que, con nueve o diez años, una prima la esperaba algunas tardes cuando su padre bajaba al pueblo. Se reunían en el corro junto a la iglesia, bajo los castaños, donde colocaban un altavoz para las verbenas. A veces iban un rato al cine; otras, simplemente daban vueltas en la plaza mientras sonaba la música. Recuerda tareas, responsabilidad y cuidado. Esa es la base de su identidad: una infancia y juventud atravesada por la cultura del esfuerzo, por la economía campesina y por una ética del deber que no se formula, pero se practica.

Cuando estalla la Guerra de España en 1936, Lines tiene siete años. La guerra no se vive en su casa como discurso político, sino como irrupción concreta: registros, miedo y objetos que desaparecen. Recuerda el ganado escondido para evitar requisas y el silencio que siguió.

El final oficial del conflicto en 1939 no trajo alivio inmediato. Llegaron los años del racionamiento, de las cartillas insuficientes y del mercado negro. En su casa no siempre hubo pan. El maíz —cultivado por ellos mismos— fue la base de la alimentación. Cuando su padre conseguía un poco de harina de trigo en la feria de Potes o en el estraperlo, ella mezclaba ambas para mejorar la masa. El ingenio era supervivencia.

En esos mismos años, la presencia de “los del monte” —los guerrilleros antifranquistas vinculados a Juanín— formaba parte del paisaje nocturno. Lines recuerda cruzarse con hombres que atravesaban la finca en silencio. Recuerda la tensión y también la prudencia: nadie hablaba demasiado. En el entorno se produjeron enfrentamientos y muertes. Para una adolescente campesina, aquello no fue épica política, sino inquietud cotidiana.

Pero lo más duro no fue la escasez. Fue la enfermedad de su madre. Tras un parto complicado, quedó debilitada para siempre. La falta de recursos médicos y el desgaste físico hicieron el resto. Murió cuando Lines aún era niña —ya en la posguerra—, dejando la casa reducida a padre e hija. Ese tránsito —de hija a sostén— no fue gradual: fue abrupto. La infancia se acortó de golpe.

Tres meses después, con trece años, un pequeño corte en la mano mientras trabajaba en la finca se complicó con una infección grave. No había penicilina disponible. La fiebre subió y la infección avanzó con rapidez. Ella misma recuerda que quedó “a siete horas de vida”.

Fue trasladada al Hospital Valdecilla, en Santander. Los médicos llegaron a valorar la amputación del brazo. Lograron salvarle la vida, pero perdió un dedo como consecuencia de la infección.

Durante aquellos meses vivió en Gornazo (Miengo), en casa de una tía viuda, y acudía desde allí a las curas en Valdecilla. Su padre caminaba hasta el apeadero de Cabezón, tomaba el tren y repetía el recorrido cada domingo para verla. Ese ir y venir resume el vínculo entre ambos. La enfermedad fue una frontera. Y, sin embargo, volvió al campo.

Su juventud transcurrió en continuidad con la infancia: ordeño, hierba, maíz, leche entregada diariamente a la dueña de la finca. Alguna verbena en San Pedro. Alguna sesión de cine. Pero siempre con hora de regreso. Mientras el país entraba lentamente en el desarrollismo de los años cincuenta.

En 1949, con veinte años, Lines se casa en la iglesia de Comillas. El noviazgo había sido breve —nueve meses—, pero la relación con Mariano venía de la infancia. Su marido, habilidoso en carpintería y construcción, participa en la fabricación de pequeñas embarcaciones y en obras del municipio. Lines colabora cuando es necesario. La finca sigue marcando el ritmo.

En 1950 nace su primer hijo, Manuel. Después llegarán José Carlos y María de los Ángeles. La maternidad no interrumpe nada: vacas, campo, casa, crianza. Todo se superpone.

En los años sesenta, mientras España entraba en el desarrollismo y muchas familias emigraban, Lines permaneció en Comillas con los suyos. No hubo traslado ni ruptura. La vida continuó anclada a la casa y a la tierra.

Su marido falleció tres años antes que su padre. Tras esa pérdida, su padre siguió viviendo con ella hasta los noventa y seis años. No fue una convivencia circunstancial, sino prolongada en el tiempo. Cuando le preguntaron si lo cuidó, respondió sin vacilar: “Igual que me cuidó él a mí. Porque, francamente, no puedo tener una queja ni que me haya reñido, ni que me haya hecho nada. Al contrario”.

En esa frase se condensa una biografía entera: el cuidado como reciprocidad. Ahora es ella quien vive por semanas con uno de sus hijos. La dirección ha cambiado; la lógica permanece.

Lines ha vivido casi un siglo atravesado por guerra, posguerra, escasez, trabajo físico, maternidad y duelo. Ha cuidado y despedido a quienes la precedieron y ha visto crecer a hijos y nietos.

Hoy, con noventa y siete años cumplidos hace unas semanas, no se define por la hazaña ni por el sufrimiento, sino por la constancia. Si algo atraviesa su recorrido es una idea sencilla: hacer lo que había que hacer.

El tiempo, dice, pasa deprisa. Y al mirar atrás no formula reproches. Su vida no fue fácil, pero fue suya. Y quizá ahí resida su legado más silencioso: en haber sostenido lo cotidiano sin estridencias y poder decir, casi un siglo después, que no tiene queja.

El Ayuntamiento de València ha programado una agenda excepcional con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Durante este fin de semana, del 17 al 19 de abril, la ciudad ofrecerá visitas guiadas a cinco refugios de la Guerra Civil habitualmente cerrados, además de acceso gratuito a sus monumentos más emblemáticos.

La programación centra su interés en el patrimonio subterráneo de la ciudad, una red defensiva que fue vital entre enero de 1937 y el final del conflicto. En este periodo, València sufrió más de 400 bombardeos, principalmente por parte de la aviación y la marina italiana, que causaron 800 muertos y la destrucción de más de 900 edificios. Ante esta situación, la Junta de Defensa Pasiva impulsó la construcción de más de 250 refugios, tanto públicos como privados, para proteger a la población y amortiguar los impactos de los proyectiles.

Refugio de la Calle Serranos

Construido en 1937, el refugio de la calle Serranos fue uno de los primeros en edificarse en la ciudad y contaba con capacidad para acoger a 400 personas. Se trata de un refugio adintelado de planta alargada, compuesto por una sala de tres naves separadas por dos filas de pilares de hormigón que sujetan una cubierta de más de 1,50 metros de espesor.

El espacio destaca por conservar sus elementos originales, como las rejillas de ventilación y los bancos corridos adosados a las paredes y columnas. Uno de sus elementos más icónicos es el rótulo de la entrada que conserva íntegras las letras 'Refugio' en estilo Art Decó.

Tras la guerra, el refugio tuvo usos muy diversos, funcionando como almacén de plátanos y más tarde como casal fallero, etapa en la que sufrió algunas reformas. Tras años de abandono, fue rehabilitado y reinaugurado en 2018 como espacio cultural. Actualmente, está declarado Bien de Relevancia Local y se utiliza para actos e iniciativas culturales.

Refugio del IES Lluís Vives

En el corazón de Ciutat Vella se encuentra el refugio de mayor capacidad de los que se conservan actualmente en València. Este imponente espacio defensivo fue edificado en la fase final de la contienda, con un periodo de construcción que abarcó desde el 6 de mayo de 1938 hasta el 23 de marzo de 1939.

Arquitectónicamente, el edificio se compone de cuatro galerías cercadas que se extienden sobre un rectángulo de 13,78 por 33,50 metros. Sus vueltas, diseñadas para resistir los impactos, presentan un diámetro de 2,67 metros con una separación de un metro entre ellas. Aunque el diseño original contaba con rampas de entrada, el acceso actual se realiza a través de una escalera instalada, posiblemente, durante la remodelación del instituto en la década de los setenta.

A pesar de que el paso del tiempo y su uso posterior como almacén provocaron la desaparición de los bancos corridos de asiento, las paredes han sido recuperadas mediante trabajos de enlucido y pintura. En la actualidad, este espacio de dimensiones excepcionales ha sido rehabilitado para la vida pública de la ciudad, sirviendo de escenario para la celebración de diversos actos culturales.

Refugio de la Falla Ripalda-Sogueros

Ubicado en la calle Alta del popular barrio del Carmen, este fortín subterráneo destaca por ser uno de los más amplios de la zona, con una dimensión de 362 metros cuadrados diseñados para dar cobijo a 600 personas. Su ubicación es fácilmente reconocible gracias a que la fachada exterior aún conserva el emblemático letrero de 'Refugio, cuya tipografía fue diseñada por el artista Josep Renau. Este rótulo, acompañado por dos flechas laterales, permitía a la población identificar rápidamente los accesos durante el estruendo de las sirenas.

Los accesos al refugio se construyeron bajo una lógica militar de supervivencia: las entradas se situaron lo más alejadas posible entre sí para evitar que un mismo proyectil inutilizara ambas. Además, las puertas se diseñaron en forma de “codo”, una solución técnica que impedía que la metralla de una explosión exterior penetrara en el interior del fortín y alcanzara a los refugiados.

En la actualidad, el espacio conserva sus bancos laterales y el suelo original, aunque su distribución ha sido levemente modificada. Tras la gran riada que asoló Valencia en 1957, la Falla Ripalda-Sogueros se ofreció a rehabilitar el recinto tras los graves desperfectos sufridos. A cambio, y aunque el refugio sigue siendo de propiedad municipal, la comisión fallera obtuvo el derecho de uso del espacio, convirtiéndolo en su sede actual y garantizando su mantenimiento.

Refugio del Ayuntamiento de València y refugio del Colegio Vedruna-Sagrado Corazón

Ubicado en el patio interior del edificio del Ayuntamiento y visitable desde el año 2017, este refugio de tipo escolar fue construido en 1938 por el arquitecto José Luis Testor. Su función principal era albergar a 700 niños del centro escolar situado en un lateral del propio edificio consistorial, una labor de protección a la infancia que también compartía el refugio del Colegio Vedruna–Sagrado Corazón.

El espacio del refugio del Ayuntamiento de València consta de dos entradas simétricas con escaleras y cinco naves alargadas paralelas. Estas naves están cubiertas con vuelta rebajada de hormigón y comunicadas entre sí mediante arcos de medio punto. Las dos naves de los extremos son más largas: una albergaba la sala de máquinas con el extractor de aire (eléctrico y manual) y la otra contenía los retretes con desagüe a un pozo ciego.

Todas las naves disponían de bancos de obra para los escolares (desaparecidos por reformas posteriores). El sistema eléctrico funcionaba mediante tubos de cobre que contenían el cableado para las bombillas del techo. En 2016 fue rehabilitado para recuperar su aspecto original bajo un proyecto museográfico de baja intensidad.

El corredor de acceso incluye información sobre los diferentes tipos de refugios en València, un mapa con la ubicación de los mismos y los impactos de las bombas lanzadas por la aviación nacional. En la primera sala se proyectan audiovisuales con imágenes de bombardeos de las tropas italianas y testimonios de vecinos de la ciudad. También se detalla el bombardeo que sufrió el propio Ayuntamiento el 28 de mayo de 1937.

Jornada de puertas abiertas en monumentos emblemáticos

Además de la red de refugios, la programación incluye una Jornada de Puertas Abiertas el sábado 18 de abril, permitiendo el acceso libre y gratuito a los monumentos municipales más emblemáticos de la ciudad. Entre ellos destaca la Lonja de la Seda, declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996.

También se podrán visitar las Torres de Serranos, construidas entre 1392 y 1398 como una de las principales puertas de acceso a la ciudad, y las Torres de Quart, edificadas entre 1441 y 1460. Ambas construcciones defensivas están protegidas como Bien de Interés Cultural y cuentan con el título de Monumento Histórico-Artístico desde 1931.

Los cuerpos localizados en una fosa común en Mirones (Miera) son los de Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, tres soldados republicanos que fueron fusilados y arrojados al río de esa localidad y enterrados por vecinos de la zona.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer, en sus redes sociales, que los equipos forenses de su departamento han cotejado los restos y confirmado que son los tres soldados cántabros, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado mes de noviembre en la zona donde uno de los vecinos que los enterró dijo a la familia que habían dado sepultura a los soldados.

Investigadores de la sociedad Aranzadi encontraron los restos el 28 de noviembre con motivo del proyecto impulsado por la Asociación Héroes de la República y la Libertad.

Ángel Víctor Torres ha comunicado, por teléfono, a las familias de los soldados que los cuerpos hallados en Miera son los de sus parientes. “Ha sido un gesto y un acto absolutamente emocionante”, ha afirmado el ministro.

El responsable de Memoria Democrática del Gobierno central ha asegurado a los familiares que su equipo se pondrá en contacto con ellos para hacerles entrega de los cuerpos de esos tres soldados, fusilados en 1937 cuando intentaban volver del frente a su localidad natal: Castro Urdiales.

Para su regreso a casa, los tres soldados decidieron ir a pie por la montaña y, en la zona de Miera, fueron localizados por un grupo de falangistas que les fusilaron y les tiraron al río.

Un grupo de vecinos de Miera recogieron los cuerpos y los enterraron junto al cementerio, donde han sido localizados sus restos, gracias a que uno de esos ciudadanos, ya fallecido, se lo comunicó a uno de los familiares de los soldados.

En sus llamadas a los familias de los tres soldados, estos parientes han agradecido al ministro la localización de los cuerpos y la confirmación de que son sus familiares.

“Después de 80 años vuelven a casa”, ha agradecido uno de los familiares de Alejandro Miquelarena, mientras que el nieto de Cecilio Romaña ha asegurado, entre lágrimas, que le ha dado “un calambrillo” al oír a Torres confirmar que en la fosa de Miera estaba el cuerpo de su abuelo.

La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

El Gobierno ha homenajeado este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid bajo el mensaje “nunca más impunidad”. Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el encuentro ha servido también para reconocer oficialmente a las víctimas con la entrega de una Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina.

Durante el homenaje, Torres, ha mostrado su gratitud hacia todas las víctimas de dictaduras, fallecidas y hechas desaparecer, y ha subrayado la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. “Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure”, ha reclamado. El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el BOE el pasado 24 de marzo, cuando se cumplían 50 años del golpe militar, los “nombres y apellidos” de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla y cuyo único delito era, según ha denunciado, “ser fieles a la democracia”, algo que también ocurrió en España con el franquismo. “La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía”.

Torres ha recalcado que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber “qué pasó y reparar el daño”, a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes “en un cajón”, lo que considera “un error absoluto”. Ante ello, el ministro ha abogado por “desterrar para siempre esa amnesia voluntaria” que “debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata”.

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor “antídoto” para “contrarrestar la oleada de nostálgicos” actual: “Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos”, ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la “realidad histórica” y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el “deber de recordar y acompañar” a las víctimas. Además, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de “acallar las voces” de “generaciones comprometidas” tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido y que es hijo de un desaparecido argentino, ha reprochado que la falta de concienciación o de “dar la batalla” frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente “negacionista” o en España “se cante el Cara al Sol”. También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después “juzgar a los genocidas”, como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al “genocidio” en la Franja de Gaza.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Dos hermanas han presentado en Barcelona la primera querella que se interpone en España por exilio forzado tras el golpe de Estado franquista de 1936. Las nietas de Luis Robles Francisco, militante de CNT-FAI convertido en comisario político del Ejército del Ebro republicano, han impulsado la querella para reclamar una investigación por la huida de su abuelo, que se exilió a Francia en febrero de 1939 para escapar de la represión tras la entrada de los franquistas en Catalunya.

“Fue una situación tremenda para la familia y queremos que el Estado español se vea obligado a investigar de una vez por todas hasta las últimas consecuencias”, ha señalado Silvia Garófalo Robles. Al igual que otros muchos exiliados, tras salir de España, su abuelo, que vivía en Barcelona, fue encerrado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Posteriormente sería reclutado por una empresa vinculada al régimen nazi para hacer trabajos forzados. Logró escapar y se integró en el llamado “Batallón del Río”, formado por anarquistas y libertarios que ejercieron acciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tiempo después, establecido en Niza y ya habiendo logrado reunirse con su familia –su mujer y sus hijos, que lograron pasar a Francia en 1946–, Luis intentó lograr la ciudadanía francesa, pero no lo consiguió. Entonces la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nacieron sus nietas y de donde se han trasladado esta semana para interponer la querella en los tribunales españoles. “Nuestro abuelo tuvo un exilio forzado, pero fue un doble exilio, en Francia y Argentina, porque era imposible para él regresar a España”, ha apuntado Silvia ante los medios de comunicación.

Una verdad judicial

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y califica los hechos como crímenes contra la humanidad, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, que presta el apoyo jurídico. Se dirige contra “la totalidad de los miembros” del Ejército que dieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, contra quienes formaron parte de todos los gobiernos durante la dictadura y contra los cuatro integrantes del Juzgado Militar que procesó a Luis Robles por un delito de auxilio a la rebelión, todos fallecidos.

“Somos muy conscientes de que la responsabilidad criminal de los investigados ha quedado extinguida como consecuencia de su fallecimiento, pero desde CEAQUA entendemos que se debe desplegar una investigación en el orden judicial penal”, señala Lara, que recuerda que el objetivo es el establecimiento “de la verdad judicial y de las responsabilidades de los hechos que son objeto de denuncia”. “Es una obligación en base al Derecho Internacional y así debe ser interpretado por nuestros tribunales”, ha señalado el abogado, que apunta a que, de esta forma, “se revertería parcialmente el modelo de impunidad” que la organización denuncia en España.

Más allá de la querella presentada por las nietas de Luis, el objetivo es también “rendir homenaje a todas las personas que fueron obligadas a abandonar su país como consecuencia del golpe de Estado fascista”, ha añadido Lara. “Buscamos justicia por nuestra historia y nuestra familia y también poner en agenda el por qué del exilio, que es eterno. Fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra madre y nosotras. Somos hijas y hemos vivido también las consecuencias”, ha continuado Sonia Garófalo Robles, que lleva dos décadas investigando en archivos la historia de su abuelo y que ha resaltado cómo su abuela y sus hijas se quedaron en Barcelona tras la huída de Luis.

La violencia ejercida por los sublevados desde 1936 provocó el exilio de cientos de miles de personas como el abuelo de Silvia y Sonia. En diferentes momentos y desde diferentes zonas de España, numerosas oleadas de personas salieron del país. Tras la invasión de Catalunya por parte del Ejército franquista, se suele cifrar en cerca del medio millón de personas las que se exiliaron. Alrededor de 9.000 fueron deportados a campos de concentración nazis, de los cuales más de la mitad murieron. A finales de 1938, cuando aún ni siquiera había acabado la Guerra Civil, las autoridades francesas contabilizaron 400.000 españoles en el país.

Con esta, son más de 150 las querellas presentadas por CEAQUA por crímenes del franquismo, 25 de ellas después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero la mayoría de ellas han sido archivadas, según ha cifrado Rosa García Alcón, portavoz de la organización. CEAQUA lleva años reclamando la investigación judicial de estos hechos y denuncia que “a día de hoy siguen manteniéndose de forma inequívoca las políticas de impunidad implementadas por el conjunto del Estado desde la época de la Transición”.

El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.

Pasado, presente y, sobre todo, futuro, se han fundido este 14 de abril en la plaza Unzaga de Eibar. Hace 95 años el balcón del Ayuntamiento que preside esta plaza fue el primero de España en proclamar la II República y ondear la bandera roja, amarilla y morada que daba paso a una nueva era. Era martes, como este 14 de abril de 2026 en el que la localidad guipuzcoana ha sido proclamada lugar de memoria para que se recuerde, o para que no se olvide. Porque “la memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente”, sobre todo cuando “la sombra gris” del fascismo y el totalitarismo se extienden por el mundo, según ha apuntado el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.

Bustinduy comparte apellido con Gregorio, uno de los concejales de Eibar que firmaron aquella primera acta republicana hace 95 años. Era primo de su bisuabuelo. El ministro ha presidido un emotivo acto, sólo deslucido por la lluvia intermitente, presidido por una bandera republicana y en el que no han faltado la música ni las alusiones a poetas clave en la República como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Se ha descubierto la placa en la fachada del ayuntamiento que certifica el reconocimiento a esta localidad como lugar de memoria. Junto al ministro Bustinduy, han participado en el acto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez,la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Arritxu Marañón, y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, todos ellos socialistas.

Bustinduy ha resaltado la importancia del mensaje que se lanzó aquel 14 de abril de hace 95 años desde el balcón del Ayuntamiento. “Hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero: un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Un mensaje que decía que nadie es menos que nadie, que el pueblo tiene todo el derecho y todo el saber para gobernarse a sí mismo”, ha dicho. El ministro ha señalado que “el destino de los países no lo han forjado nunca ni los reyes ni los terratenientes, sino los trabajadores que han levantado la vida de cada uno de nuestros países”. En este sentido, ha considerado que es un mensaje que es hoy es “particularmente importante” porque en el mundo “vuelven a campar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles”. “Es obligación democrática hacer ese mensaje nuestro” y, tal y como “está haciendo el Gobierno”, decir “alto y claro” que “la solución a los problemas del mundo nunca puede pasar por la guerra, por la violencia y por el conflicto”.

Ha recordado que sobre Eibar se lanzaron 7.000 kilos de bombas en la guerra civil, “que quisieron acabar con toda la historia a base de bombas, de fusilamientos, de exilio y de hambre”. “Esta ciudad lo lleva grabado en su seno. Pero han de saber con certeza los imitadores de aquellos verdugos que ni 7.000 kilos de bombas pudieron apagar la llama que prendió aquí, no han podido borrar su memoria. Seguimos siendo ese pasado que está vivo y en este 14 de abril, en el que las negras tormentas vuelven a ensombrecer el futuro de Europa y del mundo, nuestra voz debe alzarse de nuevo con la misma determinación que hace 95 años contra los imperios y contra sus guerras”, ha señalado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ya el año pasado visitó el 14 de abril Eibar para anunciar que sería proclamada lugar de memoria, ha destacado también los bombardeos que sufrió la localidad y sobre todo la represión posterior del franquismo contra este pueblo por haber sido precisamente la vanguardia de la declaración de la República. “La memoria contempla el pasado para aprender de él, para que los hechos traumáticos de ese pasado no vuelvan a repartirse nunca más, pero también es una apuesta de presente y es una apuesta de futuro. Nos permite estar alerta de los peligros que tiene la democracia en estos momentos ante los avances de las extremas derechas y de la derecha extrema en España en Europa y en el mundo”, ha señalado.

Martínez ha recordado que “costó muchísimo conquistar la democracia que hoy felizmente se disfruta” y que “se puede perder en cualquier momento”. Por eso, ha señalado que la memoria alerta de los peligros y por eso es “uno de los principales antídotos contra el avance del populismo y el avance del neofascismo de las extremas derechas”. “Por eso, las derechas de este país se oponen a la memoria democrática”, ha añadido.

Por su parte, Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivenci,a ha agradecido desde Euskadi al Gobierno central su reconocimiento hacia Eibar y por el trabajo de recuperación que se está haciendo a lo largo de toda España. “Gracias por abrir esas cunetas, por desenterrar a tantas personas asesinadas y desaparecidas durante tantos y tantos años y sacar esa dignidad que nunca han perdido a respirar de nuevo, y a que sus familiares vuelvan otra vez a llevarles flores”, ha indicado.

También ha habido agradecimientos por parte del alcalde de Eibar, el socialista Jon Iraola. “Es muy importante que se reconozca la valentía de Eibar con ese reconocimiento como lugar de memoria, democrática. Es una cuestión de dignidad y muy merecida que tengamos ese título”, ha señalado. Iraola ha agradecido al ministro Bustinduy su presencia, al que ha adoptado como vecino de la localidad obsequiándole con una camiseta del Eibar con su apellido en la espalda. El mismo de Gregorio, aquel concejal de Izquierda Republicana que formó parte del pleno de Eibar que aquel 14 de abril de 1931 se adelantó y fue el primer consistorio que proclamó la II República.

Introducción: El despertar de una conciencia

Hubo un tiempo -no tan lejano- en que las llanuras de Castilla y los campos de la Mancha se llenaron de voces nuevas, discretas pero firmes. Bajo el sol de la Segunda República Española, mujeres valientes comenzaron a abrir caminos: aprendieron a leer para comprender el mundo, a votar para decidir su destino, a enseñar para liberar mentes y a ocupar la plaza pública con coraje y voz propia.

La República fue más que un cambio político: fue el despertar de una ciudadanía femenina. Por primera vez, las mujeres dejaron de ser testigos pasivos para convertirse en protagonistas de su historia. Pero la libertad tiene precio, y tras el golpe de Estado de 1936 muchas pagarían con humillación, castigo y olvido.

I. La Primavera de los Derechos: Logros de la II República

Los años 30 trajeron a España un soplo de justicia y esperanza. Para la mujer manchega, estos fueron logros tangibles y llenos de significado:

II. El castigo de género: Represión en tierras manchegas

Cuando la sombra de la guerra y la dictadura se extendió, la represión adquirió un matiz cruelmente específico contra las mujeres. No solo se las castigaba por sus ideas, sino por el simple hecho de ser libres.

III. Rostros de la dignidad: Nombres que vencen al olvido

Hubo un tiempo en que enseñar a leer, a pensar y a soñar podía costar la vida. Tras la Guerra Civil Española, la represión franquista cayó con dureza sobre miles de mujeres, muchas de ellas maestras, y otras comprometidas con una sociedad más justa.

En Castilla-La Mancha, como en tantos lugares de España, fueron depuradas, encarceladas, humilladas, exiliadas o asesinadas. Se quiso borrar no solo sus nombres, sino también la esperanza que representaban: la de una escuela pública, laica y transformadora nacida al amparo de la Segunda República.

Pero no lo consiguieron.

Hoy, sus nombres vuelven a pronunciarse. Mujeres como Blasa Jiménez Chaparro, alcaldesa de Alhambra en 1938, que murió en prisión sin renunciar a sus ideales; o Dionisia Manzanero Salas, una de 'Las Trece Rosas', fusilada en 1939, símbolo de una juventud comprometida con la libertad.

Junto a ellas aparecen otros nombres rescatados de archivos y proyectos de memoria histórica, como el impulsado por la Universidad de Castilla-La Mancha: Concepción Beltrán Mateos, represaliada por su militancia política; María García Torrecilla, Petra Cuevas, Felicidad Rojas, Antonia García, Eusebia Muñoz o María Hernández, mujeres que sufrieron prisión, sanciones o exclusión social. En muchos casos, su único “delito” fue su entorno familiar o su compromiso con los valores republicanos.

En la provincia de Albacete, especialmente en localidades como Villarrobledo, numerosas mujeres fueron procesadas por ayudar a la guerrilla antifranquista, acusadas de “encubrimiento” por proporcionar alimentos o refugio. La represión alcanzó así también a quienes simplemente trataban de sobrevivir o de ayudar.

El ámbito educativo fue uno de los más castigados. Según investigaciones de Teresa Marín Eced y Sara Ramos Zamora, alrededor del 20% de las maestras de Cuenca fueron sancionadas en los primeros años del franquismo. Docentes como Avelina de Castro o Enriqueta de la Cruz fueron apartadas de la enseñanza, evidenciando el intento del régimen de controlar no solo las aulas, sino también las conciencias.

Muchas de estas mujeres pasaron además por cárceles como la de Ventas o la prisión de Saturrarán, lejos de sus familias y en condiciones extremadamente duras. Tal como recogen diversos estudios históricos, la represión incluyó también castigos específicos contra las mujeres, como humillaciones públicas o marginación social.

Frente al silencio impuesto, algunas voces lograron rescatar su memoria. Tomasa Cuevas, antigua presa política, dedicó su vida a recoger testimonios de mujeres represaliadas, evitando que sus historias desaparecieran.

En Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Guadalajara, en cada pueblo y en cada escuela, hubo mujeres como estas. Algunas con nombres que hoy empezamos a recuperar; otras aún anónimas, pero igualmente dignas de memoria.

No fueron solo víctimas. Fueron maestras, trabajadoras, madres, mujeres valientes que representaron la cultura, la conciencia y el futuro. Y aunque intentaron silenciarlas, no lo lograron.

Recordarlas hoy no es solo memoria. Es justicia.

IV. Epílogo: La memoria como acto de justicia

Nombrar a estas mujeres no es nostalgia; es un acto de justicia, de reparación y de verdad histórica. Durante décadas, se intentó que sintieran vergüenza de su libertad, de su compromiso y de su coraje. Hoy sabemos que su resistencia fue la semilla de la democracia que disfrutamos, y que su ejemplo ilumina nuestra memoria colectiva.

Fueron humilladas, perseguidas y silenciadas, pero nunca vencidas. Fueron arrancadas de sus aulas, de sus pueblos y de sus hogares, pero su voz sigue viva, resonando con fuerza en cada rincón de Castilla-La Mancha.

Este homenaje no solo recuerda a las mujeres cuyos nombres conocemos: también honra a las “sin nombre”, maestras y ciudadanas anónimas que sostuvieron, en silencio, los valores de la educación, la libertad y la justicia. Su legado nos interpela en el presente y nos recuerda que la dignidad, la educación y la libertad son conquistas que deben cuidarse cada día.

Porque mientras sus nombres se pronuncien, no habrá olvido.

Juliana Garrote ha necesitado casi nueve décadas para comprender quién fue realmente su padre y por qué desapareció de su vida cuando ella era apenas un bebé. Durante todo ese tiempo convivió con la idea de que aquel hombre la había abandonado. No ha sido hasta hace muy poco, cuando ya ha cumplido 87 años, que una fotografía, unas cartas y una investigación sobre memoria histórica la han obligado a rehacer por completo su propia biografía. Su padre siempre la quiso. Se propuso cuidarla con esmero en cuanto saliera de la cárcel, pero un pelotón de fusilamiento le impidió cumplir aquella promesa.

José Atienza Corrales era jornalero, estaba vinculado al movimiento obrero, a la CNT y participaba en organizaciones republicanas en Arcos de la Frontera (Cádiz). Tras el golpe militar de 1936, como tantos otros hombres señalados por su compromiso político o sindical, tuvo que huir y se sumó a distintos frentes en zona republicana. Fue en estas batallas cuando conoció a una miliciana, Guadalupe Garrote, con la que inició una relación extramatrimonial. Ella se quedó embarazada y dio a luz a Juliana en 1938. Fue, al terminar la guerra, cuando José fue detenido, sometido a un consejo de guerra y finalmente ejecutado en la plaza de toros de Jerez en el verano de 1940.

El investigador Antonio Ortega Castillo ha reconstruido su caso dentro de un trabajo más amplio sobre la justicia militar franquista en Arcos, que consiguió una de las ayudas públicas que el actual gobierno de la Diputación de Cádiz mantiene abiertas para proyectos sobre memoria histórica. Lo llamó Limpiar el pueblo de parásitos. La justicia militar en Arcos de la Frontera y arcenses en consejos de guerra. Ortega subraya que el proceso contra Atienza responde a un patrón repetido en la época: “Se le acusa de un asesinato que en ningún momento se llega a demostrar con pruebas sólidas. Es una justicia al revés, donde la acusación pesa más que la prueba y donde la pertenencia política o sindical acaba siendo, en la práctica, el verdadero motivo de la condena”.

Sin embargo, esa historia, que en los archivos puede seguirse con fechas, cargos y documentos, en la vida de Juliana fue durante décadas otra cosa muy distinta: un vacío difícil de explicar. Ni siquiera llevó los apellidos de su padre, porque cuando intentaron inscribirla él ya estaba en fuga. En la España de posguerra esa ausencia administrativa se convertía también en una marca social. “Decir que no tenías el apellido de tu padre era una deshonra”.

Pero lo más duro no fue solo la falta de un apellido, sino la construcción de un relato equivocado que Juliana asumió como propio desde niña. Durante años interpretó ese silencio, la ausencia de información sobre su padre, como la prueba de que aquel hombre se había desentendido de ella. Esa idea condicionó incluso su manera de relacionarse con el pasado. Años después, los cuatro hijos de Juliana seguían atentamente el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?, con el que el periodista Paco Lobatón buscaba en la década de los noventa a personas desaparecidas, algunas de ellas a causa de la guerra. “Mis hijos me decían que llamara para buscar a mi padre (entonces ninguno sabía que estaba muerto), pero yo les decía que si cuando era pequeña no se hizo cargo de mí, ahora no lo iba a buscar yo”.

La verdad, sin embargo, estaba más cerca de lo que parecía. Estaba en su propia casa, en forma de unas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel. Su madre se las entregó cuando ya era adulta, pero ninguna de las dos pudo o supo leerlas en profundidad. María, una de las hijas de Juliana, incluso recuerda que jugaba con ellas, sin leerlas, sin saber que su autor era su abuelo. Y sin imaginarse, claro, que en esas cartas estaba todo.

José Atienza escribía desde la cárcel de Jerez tratando de mantener un vínculo con su hija a la que apenas había podido conocer. “Son documentos muy potentes desde el punto de vista humano”, explica Antonio Ortega. “En ellas se ve claramente que hay una preocupación por la niña, por su bienestar, por la familia que la está criando. Eso deshace por completo la imagen de desamparo con la que Juliana cargó durante décadas”. Ese gesto remite a una experiencia compartida por muchos represaliados de la época, que, como Miguel Hernández, tuvieron en esas cartas dirigidas a los hijos una forma de agarrarse a la esperanza y al futuro.

La carta más reveladora, sin embargo, no la escribió José Atienza, sino un compañero suyo. “Julianita, te escribo estas cuatro letras para hacerme lo que exige tu padre… y al mismo tiempo siento comunicarte que ha muerto de la enfermedad que padecía… Esto lo escribo porque él me lo encarga en sus últimos momentos…”. La carta está fechada el 15 de agosto de 1940 en Jerez y termina con un “mi más sentido pésame”. Pero José no había muerto por ninguna enfermedad. Lo habían fusilado.

Juliana no ha entendido el sentido de estas cartas hasta hace muy poco. Fueron sus hijos quienes empezaron a cuestionar la historia de su abuelo y a buscar respuestas. Esa búsqueda personal acabó cruzándose con la investigación histórica de Antonio Ortega. “Me llamó una de las nietas de José Atienza pidiendo información sobre José Atienza”. Y fue este feliz encuentro, casi fruto de la casualidad, el que ha permitido encajar todas las piezas. Ortega cuenta que otro investigador, Santiago Moreno, había desarrollado ya información sobre este caso en una etapa anterior, cuando en la Diputación gaditana el socialista Carlos Perales abrió una oficina de atención a las víctimas de la represión. En este mandato, con La Línea 100x100, socio de gobierno del PP, se han mantenido ayudas a la investigación sobre memoria que han contribuido al trabajo de Ortega. “Que Juliana complete la historia de su vida es una forma de reparación”.

Ese proceso culminó de la manera más emocionante hace apenas unos días, cuando Juliana viajó por primera vez a Arcos de la Frontera junto a sus hijos. Allí recorrió los lugares vinculados a su padre, visitó su entorno y, sobre todo, vio por primera vez su rostro gracias a un retrato fotográfico que se conserva de él. “He sentido emoción, rabia y todo”, confiesa Juliana. Ella, que es muy fuerte, rompe a llorar cada vez que evoca esa imagen.

Ese “todo” incluye una infancia atravesada por la ausencia, pero también por la represión. Su madre fue encarcelada y ella quedó siendo muy pequeña con sus abuelos. “Un guardia civil le dijo a mi madre que me sacara de la cárcel, que allí estaban muriendo muchos niños”, recuerda. Años después, ya en Madrid, la familia se recompondría como pudo, entre trabajos precarios, instituciones del Auxilio Social y una vida marcada por las consecuencias de la posguerra. “Ver esta foto de mi padre es una alegría, pero me da mucha rabia porque yo cuando los necesitaba, a él y a mi madre, era cuando era niña”.

Queda una parte de la historia sin cerrar. Los restos de Atienza no han sido localizados y todo apunta a que podrían encontrarse en una fosa común o en un osario en Jerez. “Es una investigación que sigue abierta”, explica Ortega, aunque reconoce la dificultad de avanzar tras tantos años. Juliana, por su parte, no se hace demasiadas ilusiones. “Me encantaría, pero no tengo esperanza”, admite. Antonio Ortega sigue trabajando en profundizar en la historia de Guadalupe, la madre de Juliana, y en la de todos esos vecinos cuyas memorias fueron segadas tras la guerra. El investigador acompañó a Juliana y sus hijos por las calles de Arcos. Se hicieron fotos en sus calles, en el portal 34 donde estaba la casa de José Atienza. Un viaje por esos barrios que son el origen de esa familia. Una alegría mezclada con rabia por tardar 87 años en descubrirlo.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.

La lluvia arreciaba en esta mañana fría y gris del domingo 12 abril. Con el paraguas en una mano y con un clavel en la otra, la gente se agrupaba en torno al Memorial por las víctimas del franquismo del Cementerio de Torrero. Por primera vez desde que se realiza el homenaje (2010), llovía en este día de recuerdo y memoria, lo que no ha impedido que se lleve a cabo. Tras unas breves palabras, la comitiva avanzaba a depositar las últimas flores en la tapia del cementerio donde se produjeron los fusilamientos. Allí leía unas palabras Pilar Coloma, graduada en Historia y doctoranda en la Universidad de Zaragoza, en memoria de las profesoras represaliadas en Aragón y, finalmente, el Coro Libertario de Torrero entonaba unas canciones, acompañado del coro francés La Rojinegra.

Se cerraba así un homenaje que ha salido adelante, un año más, gracias a la solidaridad ciudadana. “Seguiremos tirando de solidaridad, ya que no podemos tirar de ayuda oficial”, explica a este medio Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que convoca y organiza este acto. Por tercer año consecutivo, desde la llegada de Natalia Chueca (PP) al poder, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha colaborado en el homenaje. Preguntados por la falta de apoyo institucional, desde el Consistorio se limitan a decir que no saben dónde está la noticia y que simplemente es el tercer año que no se financian las flores.

Desde 2010 y hasta el gobierno de su predecesor –Jorge Azcón (PP)–, el Ayuntamiento de Zaragoza había contribuido en la financiación de las flores, la contratación del equipo de sonido y la aportación de sillas para los asistentes. “Por lo que nosotros sabemos, las flores valían alrededor de unos 1.500 euros, los 3.700 claveles, más o menos”, dice Gómez, en base a la experiencia de los últimos dos años, sobre la ofrenda floral, que de nuevo ha sido financiada a través de donaciones. Una vez más, el grupo María Confussion –a pesar de que no ha podido cantar por las condiciones meteorológicas– ha aportado el equipo de sonido y tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida iban a prestar las sillas para esta ocasión, que finalmente no se han podido utilizar por la lluvia. “Las sillas, eso sí que fue muy sangrante, porque hay mucha gente que es muy mayor. Están ahí al sol, una hora que puede llegar a durar el acto (…), ya era como un ataque directo a familiares de personas que están allí representadas”, comenta el presidente de ARMHA.

Pedagogía de la memoria

El Memorial del Cementerio de Torrero fue aprobado en 2009 por unanimidad de todos los partidos políticos que entonces formaban el Ayuntamiento de Zaragoza: PSOE, PP, CHA, PAR e IU. “No queríamos números, queríamos nombres”, recuerda Gómez sobre dicho momento en el que parecía que había cierto consenso democrático. El memorialista recalca la necesidad de este tipo de actos y de que esas 3.543 personas que fueron asesinadas no caigan en el olvido debido al momento de polarización en el que vivimos: “Lo verdaderamente grave es que haya grupos de WhatsApp que dicen que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta”, dice en relación a los mensajes salieron a la luz en 2020 de ex altos mandos del Ejército y a los que Vox se refirió como “su gente”.

Con esto en mente, ARMHA –que cumplió 20 años el pasado mes de marzo– trabaja para que la memoria histórica de Aragón no quede en el olvido. Su proyecto 'Con nombres y apellidos' ha superado los 50.000 registros. Una base de datos con 50.000 nombres, historias de vida, resistencia y memoria, accesible para familiares, investigadores y el público general. A través de la investigación histórica, distintos homenajes, exposiciones, actividades y rutas memorialistas, la asociación busca hacer pedagogía de la memoria para que esa parte de la historia de España, y de Aragón en concreto, no se vuelva a repetir.

“Siempre hemos dicho verdad, justicia y reparación, pero también hemos añadido garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son obviamente un desiderátum, porque nunca se puede saber lo que puede pasar”, reflexiona Gómez. “Si haces verdaderas políticas de memoria, es más fácil que los chavales no puedan decir que con Franco se vivía mejor. Pero claro, si no tienen ni puñetera idea de cómo se vivía con Franco, porque no se lo ha explicado nadie, pues entonces difícilmente van a poder hacer ninguna comparación”.