Otra vez sin éxito. Este viernes han finalizado sin resultado los trabajos arqueológicos en el barranco de Cortasogas (Calatayud) enfocados en la búsqueda de los restos de al menos cuatro personas asesinadas —aunque podrían ser cuatro más— a mediados de agosto de 1936: el ‘médico de los pobres’, Eradio López Táppero; el abogado Germán Baquedano Barra; el sacerdote Serafín Gracia Jimeno, y el sindicalista Eugenio Castillo Ibarra. Pero las familias no pierden la esperanza.

Se trata de la tercera campaña que se lleva a cabo para encontrarlos. La diferencia con las anteriores es que por fin se ha conseguido el permiso para excavar en la zona donde los testimonios —recabados por el hijo de López Táppero varias décadas atrás— situaban la fosa. Las familias han logrado recientemente, tras años de espera, el permiso por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder realizar los trabajos en la cuenca del barranco de Cortasogas, situado a pocos kilómetros de la localidad bilbilitana de Torres.

A pesar de que el resultado no ha sido el esperado, tanto las familias como la asociación mantienen la expectativa. A la vez que se desarrollaban los trabajos arqueológicos, se han podido recabar más testimonios acerca de los hechos que tuvieron lugar 90 años atrás. El próximo paso a seguir pasa por solicitar a la Dirección General de Carreteras la autorización pertinente para excavar en una zona próxima a la calzada.

Asimismo, el equipo de Arqueología y Antropología Forense de Aragón, encargado de esta investigación, va a buscar documentación que pueda servir de ayuda en archivos parroquiales y en registros de cementerios. Uno de los arqueólogos, Ricardo Galán, explicaba que esta última intervención no consistía en excavar un punto concreto, sino en rastrear el barranco entero en busca de la fosa. “Estamos peinando el terreno haciendo catas: zanjas de unos 30 centímetros, con menos de un metro entre ellas, a lo largo de todo el barranco, para ver si podemos localizarla”, detallaba. El lugar que se ha cubierto ha comprendido alrededor de 1.000 metros cuadrados en esta fase que se basaba en localizar, no en exhumar.

El médico de los pobres

Una de las familias que ha estado presente durante esta campaña ha sido la de Eradio López Táppero. Trabajaba en La Azucarera pero era conocido en Calatayud y alrededores como el 'médico de los pobres’ ya que atendía a las personas enfermas aunque no pudieran pagarle por su trabajo e incluso financiaba sus medicamentos en caso de necesitarlos. Ese fue su delito y la razón por la que un 11 de agosto de 1936 fue fusilado en el barranco de Cortasogas.

Dos de sus nietas, Lourdes y Cristina López, recuerdan lo mucho que marcó este episodio a toda la familia —que tuvo que huir a Barcelona— y especialmente al padre de ambas, que tan solo tenía 5 años: “A sus hermanas las traían en verano a Calatayud pero a él no le dejaban venir porque mi abuela pensaba que lo iban a matar, pero nunca se lo contó”. Eradio López hijo creció pensando que no lo querían y sintiendo que lo dejaban apartado, “toda la vida hemos oído a mi padre diciendo que no tiene familia y nos costó mucho entender por qué, si además tenía ocho hijos”, asegura Lourdes.

La abuela Aurora nunca explicó a su hijo la razón por la que no lo llevaba con sus hermanas a la ciudad bilbilitana en verano como tampoco contó a nadie que su marido había sido fusilado. “Nosotros sabíamos que había muerto en la guerra”, afirman sus descendientes. No fue hasta que se casó su padre, y visitó por primera vez Calatayud, cuando se percató de que algo pasaba. La gente con la que se cruzaba, actuaba de manera extraña. Era la viva imagen de su padre y los que lo veían, o pensaban que estaban viendo un fantasma o sabían lo que había pasado con su padre y por eso le rehuían. Fue a partir de entonces cuando el hijo del 'médico de los pobres' comenzó a investigar.

En una de sus visitas, unos hombres se acercaron al padre de Lourdes y Cristina y lo citaron, unas horas más tarde, en la carretera vieja que recorre los pueblos bañados por el río Perejiles para mostrarle dónde fue asesinado y enterrado López Táppero. Al lugar se llevó una cámara de fotos para documentar la ubicación y son esos los testimonios que han marcado el punto de partida para la búsqueda tanto del médico como de los otros tres asesinados. Aun hoy, las nietas buscan a familiares de los hombres que amablemente le contaron a su padre lo que había sucedido para agradecerles el gesto.

Visita institucional

La campaña ha sido posible gracias a una ayuda de 12.000 euros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, después de que las dos anteriores se financiaran con fondos del Gobierno de Aragón. Este miércoles, la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, y la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, han visitado el barranco para conocer los trabajos y reunirse con las familias.

El contraste con la administración más cercana es, sin embargo, la espina de la asociación. “Las personas que estamos buscando eran bilbilitanas: vivían en Calatayud, fueron asesinadas en Calatayud y llevan 90 años enterradas en Calatayud”, reprocha Julia Olivas, de AMEDECC, y añade que “el Ayuntamiento algo tendrá que decir en algún momento, no le cuesta absolutamente nada: teníamos el proyecto hecho, solo había que solicitarlo y la respuesta fue NO, en mayúsculas”.

El Ayuntamiento de Santoña ha intentado salvar de la Ley de Memoria Democrática la estatua del que fuera vicepresidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco, argumentando que también fue víctima del terrorismo, ya que perdió la vida como consecuencia de un atentado de ETA. La estrategia no ha funcionado.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha emitido una resolución el 2 de septiembre que ordena su derribo en el plazo máximo de seis meses al ser contrario a la ley.

En paralelo, el Ayuntamiento santoñés recurrió a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitó sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconociese que Carrero Blanco es una víctima. El Gobierno de Buruaga respondió que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le indicó que debía dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo, donde tampoco han accedido a su petición.

Las autoridades locales pretendían que se autorizase la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

No fueron los únicos en solicitar el indulto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla apoyó en el Parlamento autonómico declararlo Bien de Interés Cultural para protegerlo de la Ley de Memoria y evitar su retirada. Además de “antidemócrata” también “fue un benefactor del pueblo de Santoña”, justificó el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Reacción

La Asociación Héroes de la República y la Libertad considera que tanto el Ayuntamiento de Santoña como el Gobierno de Cantabria (PP) “han hecho verdaderos malabares para intentar colar por Bien de Interés Cultural la nostalgia que aún destilan de franquismo”.

En un comunicado, su presidente Jorge Suárez, reivindica esta resolución como “un paso importante de higiene democrática”.

La resolución ministerial puede ser recurrida.

Las historias de las mujeres represaliadas durante la dictadura franquista han llegado a Ciudad de México a través de la mirada de la fotoperiodista Eva Máñez. El Colegio de México acoge hasta el próximo 30 de septiembre las exposiciones Las Rosas de Paterna y Las Guardianas de la Memoria, dos muestras que recuperan los rostros, las historias familiares y las huellas de quienes sufrieron la represión y de las mujeres que durante décadas conservaron y transmitieron su memoria.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable de Memoria Democrática e Igualdad, Natàlia Enguix, ha participado en la inauguración de las exposiciones, en un acto en el que también ha estado presente la vicerrectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba y que ha contado con la participación de representantes de las entidades impulsoras de las muestras: el Ateneo Español de México, El Colegio de México y la Cátedra del Exilio Republicano Español, creada conjuntamente por la Universitat de València y el Ateneo Español de México.

Durante la inauguración, Enguix ha reivindicado que las mujeres ocupan un lugar central en la memoria democrática, “no solamente como víctimas de la represión, sino también como protagonistas de nuestra historia y como transmisoras de memoria”. En este sentido, ha destacado la importancia de conectar las políticas de memoria democrática y de igualdad para visibilizar tanto a las mujeres que fueron represaliadas y fusiladas como a aquellas que tuvieron que sacar adelante a sus familias y conservaron durante décadas fotografías, cartas, documentos y relatos familiares. “Gracias a las mujeres y a esa transmisión de la memoria oral somos capaces ahora de tener estas historias de vida”, ha señalado.

En este sentido, las dos exposiciones permiten acercarse a esta memoria desde perspectivas complementarias. “Las Rosas de Paterna” recupera la historia de las veinte mujeres fusiladas en el cementerio de Paterna entre 1939 y 1957, de las 2.238 personas ejecutadas allí durante ese periodo. La muestra reúne fotografías, documentos y objetos recuperados durante los procesos de exhumación y reconstruye las historias personales de estas mujeres, muchas de ellas marcadas durante décadas por la represión y el silencio.

Por otro lado, Las Guardianas de la Memoria dirige la mirada hacia las mujeres descendientes de las víctimas, protagonistas de los procesos de recuperación e identificación de las fosas comunes de Paterna. A través de testimonios, retratos y fotografías documentales de las exhumaciones desarrolladas desde 2016, la muestra refleja el papel de estas familiares en la conservación y transmisión de una memoria vinculada también a la reparación y la justicia.

El trabajo de Máñez parte precisamente de su relación con las familias y del seguimiento durante años de los procesos de exhumación. La fotoperiodista ha explicado que comenzó a documentar estos trabajos en 2016 y que, a partir de su contacto con las familias, descubrió especialmente el papel de las mujeres que estaban al frente de los procesos de recuperación de las víctimas. De ahí nació un trabajo que reúne más de un centenar de entrevistas y fotografías y que pone el foco en la denominada “posmemoria”, en las generaciones que han crecido en democracia y buscan reconstruir las historias familiares que durante décadas permanecieron silenciadas.

En este sentido, Enguix ha destacado que Máñez ha hecho “mucho más que fotografiar”, ya que “ha escuchado, ha investigado y ha buscado a las familias”, logrando que sus fotografías y testimonios acerquen al público a personas concretas y a historias que permanecieron durante décadas en silencio.

Enguix ha subrayado que el trabajo de recuperación de las víctimas debe ir acompañado de una labor de investigación y divulgación. “Sabemos que en las fosas de Paterna hay más de 2.200 personas que fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes y es importante el trabajo que desde la Diputació de València estamos haciendo de exhumación y de identificación de los cuerpos. Pero también es importante explicar la historia que hay detrás de estas personas, por qué fueron fusiladas, qué injusticia sufrieron y, sobre todo, transmitir a las futuras generaciones la importancia de la paz, la justicia y de fortalecer la democracia”.

Cabe tener en cuenta que este proyecto se enmarca dentro del trabajo que la Delegación de Memoria Democrática está desarrollando esta legislatura. Además de poner el foco en la localización, exhumación e identificación de las víctimas que se encuentran en las fosas de la provincia de València, trabajos a los que se han destinado más de 4,5 millones de euros desde 2015, la Diputació busca reforzar la investigación, divulgación y difusión de la memoria como herramientas para la concienciación ciudadana.

De la recuperación a la transmisión de la memoria

La vicepresidenta Natàlia Enguix ha defendido en México que “no basta con recuperar el pasado: tenemos que conseguir que las nuevas generaciones lo conozcan”, una evolución que busca que las historias recuperadas no queden limitadas a los archivos o al ámbito especializado.

En el marco de su estancia en Ciudad de México, Enguix también ha conocido a familiares de Josep Renau y de Bellviure, acercándose a través de ellos a las historias personales y familiares vinculadas al exilio republicano valenciano y a la huella que dejó en México.

Es en esta línea donde se enmarca también el nuevo proyecto de investigación que desarrollará el área de Memoria Democrática de la Diputació sobre el exilio republicano valenciano en México. El trabajo permitirá recopilar un mínimo de 13 testimonios de personas vinculadas al exilio republicano valenciano y sus descendientes, además de fotografías, documentación histórica y los lugares de Ciudad de México relacionados con sus vidas. El objetivo es reconstruir sus trayectorias personales y familiares y recuperar también la huella que dejaron en la ciudad.

La investigación permitirá, como ha explicado Enguix, “pasar de los grandes datos del exilio a las historias personales, a las familias y a los lugares en los que aquellas personas vivieron y trabajaron”. La Diputació dará continuidad a este trabajo mediante la edición de una publicación y su posterior traslado a una exposición en València, de forma que los resultados de la investigación puedan incorporarse también a las políticas de divulgación y transmisión de la memoria.

Esta voluntad de acercar la memoria democrática a las nuevas generaciones se refleja también en iniciativas como los Premis La Memòria a l'Escola y el Premi Maria la Jabalina de Memòria Democràtica, así como en el programa Memòria a les Biblioteques, que lleva estos contenidos a las bibliotecas de la provincia para facilitar el acceso de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, a los testimonios, investigaciones y recursos relacionados con la memoria democrática.

“Tenemos que conseguir que la memoria democrática no se quede en los archivos ni en las generaciones que vivieron aquellos hechos. Tenemos que conseguir que forme parte también del conocimiento y de la cultura democrática de nuestros y nuestras jóvenes”, ha concluido Enguix.

El monumento a los 'Héroes del Simancas' que se encuentra adosado en la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón ha sido incluido en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y tendrá que ser retirado en el plazo de seis meses, según ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La resolución ministerial ha sido acogida con gran satisfacción por Rafael Velasco, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), que lleva años intentando que desde el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Principado de Asturias se realice una política activa para suprimirla de su emplazamiento como símbolo de exaltación franquista y ha denunciado reiteradamente la inacción de la administración en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La conservación

La resolución consta de 21 páginas, a las que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, donde va detallando las características del monumento y la valoración de la Comisión Técnica que, en un informe definitivo y vinculante, destaca que “no existen razones artísticas o arquitectónicas” suficientes que justifiquen su conservación y concede a la Compañía de Jesús, propietaria del inmueble, un plazo máximo de seis meses para proceder voluntariamente a su retirada.

“No se considera conveniente la conservación del elemento, una vez efectuada su retirada. No obstante, en caso de que el titular decida conservar total o parcialmente los elementos retirados, su depósito y custodia se realizarán en una dependencia determinada por el titular del elemento, sin que ello implique en ningún caso su exposición pública”, explica.

El plazo se considera “adecuado”

Este plazo se considera “adecuado, suficiente y plenamente respetuoso con el principio de proporcionalidad”, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones materiales que pudieran resultar necesarias, así como a la eventual complejidad “técnica, administrativa o patrimonial inherente a la ejecución de la retirada, garantizando de este modo una oportunidad razonable para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución”.

La resolución incide en que en el caso de que se incumpla esta obligación en el plazo de seis meses dará lugar a la incoación de un procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La paralización judicial

La resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma cabe recurrir en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática en el plazo de un mes.

Esta decisión abre un nuevo capítulo en este polémico caso, ya que el pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó estimar la petición de la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, propietaria del edificio, para que se suspendiera una resolución dictada por el Gobierno asturiano, el pasado 5 de mayo, para que se ordenara su retirada.

A continuación reproducimos íntegra la resolución dictada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del pasado mes de mayo.

La memoria del franquismo

La resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática supone, a juicio de Famyr, un importante avance para quienes durante años han reclamado la eliminación de este vestigio de la dictadura franquista.

“Es importante -señala Rafael Velasco- que la propia resolución reconoce que el significado del monumento no puede separarse del contexto en el que fue promovido e inaugurado, de su finalidad conmemorativa, su iconografía y sus inscripciones, todos ellos vinculados a la política de memoria del franquismo”.

Evitar “nuevas maniobras”

Famyr considera que ha llegado el momento de dejar atrás las excusas y las propuestas de resignificación: “El monumento fue construido para glorificar un episodio de la sublevación franquista y debe ser retirado del espacio público, tal y como establece la legislación de memoria democrática”, asevera.

La Federación reclama ahora a la Compañía de Jesús, al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón/Xixón que faciliten el cumplimiento de la resolución y no se produzcan “nuevas maniobras destinadas a retrasar o impedir su ejecución”, señala.

La exaltación del fascismo

El presidente de la federación opina que la impunidad del franquismo, la permanencia durante décadas de sus símbolos y la ausencia de una verdadera política de memoria democrática han contribuido a que hoy siga vigente la exaltación del fascismo en las calles.

“Retirar el monumento de Simancas no es solamente reparar una injusticia del pasado; es también combatir la normalización del fascismo en el presente porque donde se conserva la simbología de una dictadura, se alimenta su legitimación. Y donde se permite su impunidad, el fascismo vuelve a sentirse impune”, subraya.

La intenció del Govern balear, presidit pel PP, d’implantar en set municipis de les Illes un memorial per a les víctimes civils dels bombardejos de la Guerra Civil ha despertat les crítiques del moviment memorialista. En un manifest difós aquest dijous, Memòria de Mallorca acusa l’Executiu de plantejar aquests reconeixements de manera aïllada, sense contextualitzar la repressió sistemàtica exercida pel franquisme i sense haver-los sotmès prèviament a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica, l’òrgan previst per la legislació autonòmica per desenvolupar aquestes polítiques.

En concret, la controvèrsia se situa entorn de la iniciativa “Mur de la Dignitat”, un memorial concebut per recuperar i fer visible el record de les víctimes dels atacs aeris produïts durant el conflicte bèl·lic i que, tal com va anunciar el passat 25 d’agost la presidenta del Govern, Marga Prohens, l’Executiu té previst estendre -ja se'n va celebrar un a Palma- als municipis d’Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó i Eivissa, la població dels quals va patir durant la guerra les conseqüències dels bombardejos. L’Administració autonòmica proposa que cada consistori determini l’emplaçament, que podrà ser un lloc directament relacionat amb els bombardejos o qualsevol altre espai que garanteixi la dignitat, la visibilitat i l’accessibilitat del memorial.

En el seu comunicat, Memòria de Mallorca deixa clar que el seu rebuig no es dirigeix contra el reconeixement de les persones que varen morir en els bombardejos, sinó contra la manera de desenvolupar els homenatges. Recorda, així mateix, que va ser precisament la mateixa entitat la que va proposar al Govern elaborar un informe específic sobre totes les víctimes d’aquests atacs, un treball que va acabar incorporant-se al IV Pla de Fosses i Memòria i Reconeixement Democràtics de Balears. L’estudi ha permès identificar i documentar 152 persones mortes: 97 a Mallorca, 29 a Menorca i 26 a Eivissa.

Des de l’associació memorialista recorden que es tracta de víctimes “d’una guerra conseqüència d’un cop d’estat contra el govern legal i legítim de la II República que mai no s’havia d’haver produït”, alhora que defensen “el reconeixement de totes les víctimes del cop d’estat de 1936, de la guerra que aquest va desencadenar i de la posterior dictadura franquista”. Precisament per això consideren “inacceptable” que les polítiques públiques de memòria “puguin convertir-se en una selecció interessada de víctimes o en una recuperació parcial d’un relat històric que durant dècades va ser imposat per la dictadura franquista”.

En aquest sentit, l’associació recrimina que el Govern hagi traslladat directament als ajuntaments diversos oficis per instal·lar els memorials sense haver sotmès prèviament les propostes a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica -òrgan tècnic previst en la llei balear de memòria democràtica per desenvolupar aquest tipus de reconeixements- i mesos després que PP i Vox aprovessin derogar aquesta norma. El text es troba recorregut davant el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicció” que el mateix Executiu que va intentar eliminar aquest marc legal presenti ara aquestes actuacions com a polítiques de memòria democràtica.

“No acceptarem que es presentin memorials públics a víctimes de la guerra de manera aïllada”, insisteix l’entitat, que reclama que qualsevol memorial relacionat amb els bombardejos inclogui específicament les víctimes de l’aviació del bàndol sublevat que operava des de les bases militars de Mallorca, amb el suport de l'aviació italiana i alemanya. També exigeix la participació de les entitats memorialistes i de víctimes i que els projectes, insisteix, siguin sotmesos prèviament a la Comissió Tècnica.

Des de la Conselleria de Presidència, de la qual depèn la gestió de les polítiques de memòria democràtica, defensen, a preguntes d'elDiario.es, que la iniciativa respon a un mandat aprovat per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears i que els reconeixements parteixen de l’estudi històric elaborat pel doctor en Història Manuel Aguilera, que, incideix l’Executiu, ha permès censar i posar nom i llinatges per primera vegada a totes les víctimes dels bombardejos patits a les Illes.

El que fa ara el Govern, assenyalen, és oferir als municipis que varen patir bombardejos la possibilitat de comptar també amb un monument en record de les víctimes, si bé, precisen, seran els mateixos municipis i les famílies de les víctimes qui decidiran si desitgen acollir aquests actes i monuments. Des del departament dirigit per Antònia Maria Estarellas asseguren que es tracta del mateix criteri que s’aplica amb les conegudes com a “Pedres de la Memòria”: el Govern, assenyalen les mateixes fonts, facilita i posa a disposició dels municipis aquests elements de record, però són els ajuntaments i les famílies qui han de decidir com i on es materialitza aquest homenatge.

“L’objectiu és molt senzill: reconèixer totes les víctimes, recuperar-ne els noms i preservar-ne la memòria amb rigor històric, respectant sempre la voluntat dels municipis i de les famílies”, sentencien.

Més de 2.000 assassinats pel bàndol franquista

En el mateix manifest, Memòria de Mallorca reclama l’elaboració d’una relació nominal de les víctimes dels bombardejos del bàndol feixista procedents de les bases de Mallorca contra poblacions de la costa peninsular, amb especial atenció a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia, a més d’un memorial amb els noms de les víctimes civils de l’anomenada “carretera de la mort”, en al·lusió als atacs patits per la població que fugia per la carretera de Màlaga a Almeria el febrer de 1937, i un altre amb les víctimes causades per l’aviació sublevada procedent de Mallorca a la costa peninsular. Per a aquest darrer reclama una ubicació al passeig Sagrera, integrat en l’actual espai del Mur de la Dignitat.

En aquesta mateixa línia, reclamen un memorial al centre de Palma amb els noms de les més de 2.000 persones assassinades, moltes de les quals víctimes de desaparició forçada els familiars de les quals encara desconeixen el seu parador i les circumstàncies de la seva mort. Finalment, exigeixen que el Govern convoqui “amb caràcter urgent” la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica per explicar les actuacions que està impulsant i que qualsevol projecte de memorial relacionat amb els bombardejos sigui debatut prèviament per aquest òrgan, amb la participació d’entitats memorialistes i especialistes en història, dret i altres disciplines vinculades a la memòria democràtica.

Les actuacions previstes pel Govern del PP donen continuïtat al memorial inaugurat el 27 de juliol al passeig Sagrera de Palma en homenatge al centenar de civils que van morir sota els bombardejos republicans registrats a Mallorca entre 1936 i 1938. A l'acte van assistir els descendents de diverses d'aquelles víctimes així com Prohens i altres alts càrrecs conservadors i d'extrema dreta. Cap formació d'esquerres va ser present com tampoc Memòria de Mallorca, que havia supeditat la seva presència al fet que el Govern renunciés públicament a la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica, exigència que l'Executiu en cap moment ha atès.

Durant l'homenatge, Prohens, que mai no ha expressat una condemna pública específica a les víctimes de la repressió franquista desfermada a les Balears després del cop militar de juliol de 1936 i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, va defensar que la societat balear ha pres consciència de la necessitat de “tancar ferides restituint la dignitat” de les persones assassinades durant la guerra civil, reconduint després d'això el seu discurs cap als bombardejos de l'Exèrcit republicà.

La intención del Govern balear, presidido por el PP, de implantar en siete municipios de las Islas un memorial para las víctimas civiles de los bombardeos de la guerra civil ha despertado las críticas del movimiento memorialista. En un manifiesto difundido este jueves, Memòria de Mallorca acusa al Ejecutivo de plantear estos reconocimientos de forma aislada, sin contextualizar la represión sistemática ejercida por el franquismo y sin antes someterlos a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, el órgano previsto por la legislación autonómica para desarrollar estas políticas.

En concreto, la controversia se sitúa en torno a la iniciativa 'Mur de la Dignitat', un memorial concebido para recuperar y hacer visible el recuerdo de las víctimas de los ataques aéreos producidos durante el conflicto bélico y que, como anunció el pasado 25 de agosto la presidenta del Govern, Marga Prohens, el Ejecutivo tiene previsto extender -ya se celebró uno en Palma- a los municipios de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa, cuya población sufrió durante la guerra las consecuencias de las deflagraciones. La Administración autonómica propone que cada consistorio determine el emplazamiento, que podrá ser un lugar directamente relacionado con los bombardeos o cualquier otro espacio que garantice la dignidad, visibilidad y accesibilidad del memorial.

En su comunicado, Memòria de Mallorca deja claro que su rechazo no se dirige contra el reconocimiento de quienes murieron en los bombardeos, sino contra la forma de desarrollar los homenajes. Recuerda, asimismo, que fue precisamente la propia entidad la que propuso al Govern elaborar un informe específico sobre todas las víctimas de estos ataques, un trabajo que acabó incorporándose al IV Plan de Fosas y Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears. El estudio ha permitido identificar y documentar 152 personas fallecidas: 97 en Mallorca, 29 en Menorca y 26 en Eivissa.

Desde la asociación memorialista recuerdan que se trata de víctimas “de una guerra consecuencia de un golpe de estado contra el gobierno legal y legítimo de la II República que nunca se tenía que haber producido”, al tiempo que defienden “el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que éste desencadenó y de la posterior dictadura franquista”. Precisamente por ello consideran “inaceptable” que las políticas públicas de memoria “puedan convertirse en una selección interesada de víctimas o en una recuperación parcial de un relato histórico que durante décadas fue impuesto por la dictadura franquista”.

En este sentido, la asociación recrimina que el Govern haya trasladado directamente a los ayuntamientos diversos oficios para instalar los memoriales sin previamente haber sometido las propuestas a la Comisión Técnica de Memoria Democrática -órgano técnico previsto en la ley balear de memoria democrática para desarrollar este tipo de reconocimientos- y varios meses después de que PP y Vox aprobasen derogar esta norma. El texto se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicción” que el mismo Ejecutivo que trató de eliminar ese marco legal presente ahora actuaciones como políticas de memoria democrática.

“No aceptaremos que se presenten memoriales públicos a víctimas de la guerra de manera aislada”, incide la entidad, que reclama que cualquier memorial relacionado con los bombardeos incluya específicamente a las víctimas de la aviación del bando sublevado que operaba desde las bases militares de Mallorca, con apoyo de la aviación italiana y alemana. También exige la participación de las entidades memorialistas y de víctimas y que los proyectos, insiste, sean sometidos previamente a la Comisión Técnica.

Desde la Conselleria de Presidencia, de la que depende la gestión de las políticas de memoria democrática, defienden, a preguntas de elDiario.es, que la iniciativa responde a un mandato aprobado por unanimidad por el Parlament de les Illes Balears y que los reconocimientos parten del estudio histórico elaborado por el doctor en Historia Manuel Aguilera, que, incide el Ejecutivo, ha permitido censar y poner nombre y apellidos por primera vez a todas las víctimas de los bombardeos sufridos en las Islas.

Lo que hace ahora el Govern, señalan, es ofrecer a los municipios que sufrieron bombardeos la posibilidad de contar también con un monumento en recuerdo de las víctimas, si bien, precisan, serán los propios municipios y las familias de las víctimas quienes decidan si desean acoger estos actos y monumentos. Desde el departamento dirigido por Antònia Maria Estarellas aseguran que se trata del mismo criterio que se aplica con las conocidas como 'Piedras de la Memoria': el Govern, señalan las mismas fuentes, facilita y pone a disposición de los municipios estos elementos de recuerdo, pero son los ayuntamientos y las familias quienes deben decidir cómo y dónde se materializa ese homenaje.

“El objetivo es muy sencillo: reconocer a todas las víctimas, recuperar sus nombres y preservar su memoria con rigor histórico, respetando siempre la voluntad de los municipios y de las familias”, sentencian.

Más de 2.000 asesinados por el bando franquista

En el mismo manifiesto, Memòria de Mallorca reclama la elaboración de una relación nominal de las víctimas de los bombardeos del bando fascista procedentes de las bases de Mallorca contra poblaciones de la costa peninsular, con especial atención a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, además de un memorial con los nombres de las víctimas civiles de la denominada 'carretera de la muerte', en alusión a los ataques sufridos por la población que huía por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937, y otro con las víctimas causadas por la aviación sublevada procedente de Mallorca en la costa peninsular. Para este último reclama una ubicación en el paseo Sagrera, integrado en el actual espacio del Mur de la Dignitat.

En esta misma línea, reclaman un memorial en el centro de Palma con los nombres de las más de 2.000 personas asesinadas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada cuyos familiares todavía desconocen su paradero y las circunstancias de su muerte. Finalmente, exigen que el Govern convoque “con carácter urgente” la Comisión Técnica de Memoria Democrática para explicar las actuaciones que está impulsando y que cualquier proyecto de memorial relacionado con los bombardeos sea debatido previamente por este órgano, con participación de entidades memorialistas y especialistas en historia, derecho y otras disciplinas vinculadas a la memoria democrática.

Las actuaciones previstas por el Govern del PP dan continuidad al memorial inaugurado el 27 de julio en el paseo Sagrera de Palma en homenaje al centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. Al acto asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como Prohens y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, defendió que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

El Ayuntamiento de A Coruña incluirá la próxima semana, en el pleno que celebrará el jueves, la anulación de los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron entonces que el inmueble de la Casa Cornide pasase a manos de la familia Franco.

Se trata de un trámite necesario en el proceso iniciado por el consistorio herculino para que la Casa Cornide, ubicada en la Ciudad Vieja, pase de nuevo al patrimonio municipal, en línea con lo conseguido con el Pazo de Meirás, en la actualidad propiedad ya del Estado.

A preguntas de los periodistas sobre esta iniciativa –recogidas por Europa Press–, la alcaldesa, la socialista Inés Rey, ha remarcado que el inmueble pasó a ser propiedad del dictador en base a una subasta que calificó de “ficticia” e “ilegítima”.

Con este asunto que se llevará al pleno y otras actuaciones, ha remarcado que se están “dando pasos para anular ese regalo”. “Hay un recorrido administrativo para anular esos acuerdos”, ha recalcado en relación a las actuaciones que incluyen también un procedimiento judicial.

Y es que, en concreto, el pleno anulará sendos acuerdos, uno de julio de 1962 y otro de agosto de ese mismo año, por el que el inmueble pasó a ser propiedad del conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que, cuatro días después, lo vendía a Carmen Polo, mujer del dictador.

La construcción pública de una memoria democrática, explica a elDiario.es el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, implica también saber qué sucedió. Qué sucedió, por ejemplo, con las casi 200 personas que, calculan los investigadores del grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se encuentran en una de las fosas comunes del cementerio de Serantes, en Ferrol. Fueron víctimas de la violencia franquista entre 1936 y 1942, e historiadores y arqueólogos han iniciado una cata arqueológica en el lugar para “determinar la localización y el estado” de los enterramientos. Prevén acabar los trabajos el viernes 11 de septiembre.

El noroeste gallego concentra algunas de las mayores fosas comunes con fusilados y paseados por el fascismo. Serantes es, junto a Aranga u O Val, una de ellas. “Esta en concreto”, relata Fernández Prieto, ocupaba mucho espacio. Ha sufrido mucho movimiento, las familias realizaban exhumaciones clandestinas. Y las autoridades, civiles y eclesiásticas, manejaban todo con una lógica de ocultación“. Las excavaciones comenzaron el lunes, 31 de agosto, y hasta ahora no han encontrado nada. ”Hemos llegado a un metro de profundidad, aunque los enterramientos suelen encontrarse a un metro veinte, un metro y medio“, asegura.

La cifra de 197 víctimas procede, sobre todo, de los archivos militares. Estos, señala Fernández Prieto, indican quién fue fusilado pro no dónde está enterrado. “Hay que contrastar esa información con familiares, vecinos, otra documentación”, añade. Serantes, en todo caso, no permaneció en silencio. Familias, asociaciones, organizaciones políticas “memorializaron” el emplazamiento. “Estos homenajes también fueron cambiando. Al principio había cruces. Después desaparecieron. Ahora hay colores republicanos y banderas”, comenta Fernández Prieto. Los nombres de los asesinados pueden consultarse en la página web del proyecto Nomes e Voces, que censa las víctimas del franquismo en Galicia.

La intervención en Serantes depende del convenio firmado entre la universidad compostelana y la Deputación da Coruña, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. “Nosotros formulamos además una pregunta: ¿Por qué tuvieron que matarlos?”, afirma Fernández Prieto, coordinador científico de la operación, “es una pregunta de derechos humanos, histórica y democrática. Nuestro trabajo también tiene que ver con honrar a las personas asesinadas”.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias ha informado este martes del estado de los proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, así como de las actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria, con una inversión total de 74.804 euros.

La comisión se ha reunido este martes bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para abordar estas actuaciones, financiadas con fondos propios de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y con los aportados por el Ministerio en virtud del acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática del pasado 24 de abril.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha informado también sobre la localización de fosas, entre las que se encuentra la exploración e intervención en el pozo La Vuelta del Francés en Arucas y el proyecto de localización de fosas en los campos de trabajo de presos en Los Rodeos, en La Laguna.

También, un proyecto de investigación y catalogación sobre centros de detención que albergaron represaliados en Canarias durante la Guerra Civil.

Además, la Comisión Técnica ha aprobado que el próximo acto institucional del Día de la Memoria Histórica de Canarias, que se celebra el 7 de mayo, sea en Arucas.

Asimismo, en la Comisión informó sobre el estado de la solicitud de la Agrupación de Familiares de la documentación de los casos de víctimas del franquismo inhumadas en el Cementerio de Vegueta.

Ámbito editorial

En el ámbito editorial, se ha dado cuenta de la edición de la publicación sobre Memoria Democrática en Tenerife titulada La capital del miedo, de Luis Ortega, que forma parte de la serie Memoria y Cultura Democrática.

La obra se centra en el papel de Tenerife durante el alzamiento y la posterior represión, abordando sus consecuencias sociales, económicas y culturales mediante testimonios, fuentes periodísticas, radiofónicas y audiovisuales y aportaciones de especialistas.

También se dio cuenta del desarrollo editorial de una obra que recupera la memoria de una familia de origen canario, los Rodríguez de la Sierra, combinando el relato y la memoria familiar con la investigación histórica a partir de fuentes documentales y orales.

La autora, Rosalba Rodríguez de la Sierra Escobar, aporta la memoria familiar y personal, así como sus indagaciones y pesquisas en este relato sobre su familia paterna y Sergio Millares, historiador se encarga de la utilización e interpretación de las fuentes documentales y orales de la historia.

Por otra parte, en conmemoración del Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias, la consejera destacó la inauguración de la exposición fotográfica Cosmos de la artista Espe Pons, el próximo jueves, 3 de septiembre, en el Parlamento de Canarias.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, está centrada en la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo y aborda cuestiones vinculadas con la identidad, el silencio, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática firman un convenio para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, a través de la cual definirán líneas de investigación en diferentes temáticas del ámbito de actuación de la misma. Así lo ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyo convenio tendrá vigencia hasta la finalización de las actividades programadas, y en todo caso, el 30 de noviembre de 2027.

El objetivo de esta institución es desarrollar la cooperación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas. Por otro lado, proyectar actividades dentro y fuera de los campus universitarios para enlazar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática; así como favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica e histórica del conjunto de la sociedad española.

La financiación de esta Cátedra se hará con una aportación máxima de 100.000 euros por parte del Gobierno de España, así como otros 100.000 euros desde la UCLM, para los dos años de vigencia del convenio (2026 y 2027).

Investigación y actividades

En primer lugar se aprobará la dirección de la Cátedra a propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha, que procurará la participación del estudiantado de la Cátedra en actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en calidad de oyentes y ponentes.

Se organizarán foros y encuentros entre el estudiantado de esta y otras cátedras de Memoria Democrática establecidas en las universidades públicas y se facilitará y asesorará al estudiantado de la Cátedra el acceso a la documentación pública que se refiera al periodo de la dictadura franquista.

De igual forma, se promoverá la celebración de congresos científicos, seminarios y jornadas de difusión, se promoverán actividades formativas, de reconocimiento y vínculos con proyectos de investigación I+D, se presentarán libros y guías didácticas relacionadas con la memoria democrática, se proyectarán materiales visuales y documentales relacionados con la memoria democrática.

La Cátedra también estudiará el tratamiento de los años de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo procurando establecer colaboraciones con institutos y grupos escolares, se presentarán unidades didácticas en colaboración con institutos y grupos escolares y se fomentarán la creación de redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades.

Se estudiará y difundirá la persecución que sufrió el pueblo gitano, así como el Patronato de la Mujer durante la época de estudio de la Cátedra. Cualesquiera otras que quepan dentro del objeto de este convenio.

Se creará una página web específica para la Cátedra a la que podrá accederse desde la web de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se incluirán los datos esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos responsables de la Cátedra, así como las Memorias anuales de actividades.

La Dirección de la Cátedra elaborará un registro de dedicación mensual que sirva de soporte documental a la Memoria Económica anual.

Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones de la historiadora Jacinta Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

Marcial, que siempre fue el poeta de El Margen, una pedanía de Cúllar Baza (Granada), tenía previsto leer una obra dedicada a su madre el mismo día en que 'Los Paraísos', un documental contra la desmemoria rural, se iba a emitir por primera vez en su propio pueblo. No llegó a tiempo. Murió días antes de poder verse en un film que, con el destino de por medio, ha acabado contando, dentro y fuera de la pantalla, lo que queda cuando las miradas y la gente se marchan de unas calles y unas casas que albergaron mucha vida.

Aunque esta obra audiovisual, creada por los hermanos Armando y Mercedes Camacho, no pretende ser un llanto que recuerde el pasado, sino una oda a quienes lo construyeron, lo cierto es que Los Paraísos sirve de ejemplo perfecto de cómo escuchar brinda las mejores historias. Los relatos de Genoveva Castillo, Antonio Simón, Benita Barea, que sigue cantando copla a sus 'noventa y tantos' y el propio Marcial Rodríguez construyen lo que un día fue El Margen, en un mundo que parece destinado a convertir en realidad su nombre y que documentales como este están dispuestos a cambiar.

Así, durante algo más de media hora, las cuatro personas, que ya han superado las nueve décadas de vida, hablan de un pasado rural que sigue muy presente en cada uno de sus poros. Alternado con imágenes captadas por dron que dan muestra de la belleza del paisaje que rodea el altiplano de Granada, el corazón del documental es un ejercicio de respeto y memoria. Sobre todo memoria. Por y para quienes nunca han deseado perderla.

Un ejercicio de memoria

Porque ese fue, precisamente, el punto de partida de sus autores. Hijos de un padre de Cúllar y una madre de Galera, Armando y Mercedes Camacho crecieron vinculados a esta comarca del norte de la provincia y decidieron convertir ese arraigo en un homenaje a sus padres, a sus antepasados y a una forma de entender la vida que se desvanece al mismo ritmo que la despoblación. “Ha surgido como un homenaje a nuestros padres, a nuestros ancestros, a nuestra tierra y a poner en valor unas costumbres que ya se están perdiendo”, explica Armando Camacho en conversación con este periódico.

El proyecto, completamente autofinanciado, se prolongó durante un año. Armando asumió la grabación, tanto con cámara como con dron, el montaje y hasta la composición musical. Sin embargo, pronto comprendieron que el documental dejaría de pertenecerles para convertirse en un espacio donde los protagonistas hablaran con total libertad. “Les planteamos unas preguntas básicas, pero han sido ellos quienes han querido contar lo que han querido contar. No queríamos una fórmula exacta, sino que se sintieran cómodos y transmitieran sus sensaciones”, explica.

Y lo que cuentan no es únicamente la historia de un pueblo. Es la historia de toda una generación. La de quienes nacieron entre finales de los años veinte y mediados de los treinta, crecieron marcados por la Guerra Civil y la posguerra, apenas pudieron acceder a la escuela y aprendieron a leer gracias a vecinos que enseñaban lo imprescindible entre faenas agrícolas. También la de quienes hicieron del campo una escuela de vida, fabricando sus propios aperos, conservando alimentos durante años o aprendiendo a cultivar una tierra donde el agua siempre fue escasa.

“Son personas de 90 años, pero muy jóvenes. No son los típicos abuelos ancianos”, insiste Camacho. De hecho, uno de los momentos más espontáneos del documental llega cuando Benita rompe a cantar con la naturalidad de quien sigue celebrando la vida. Esa vitalidad fue una constante durante todo el rodaje. Los directores compartieron comidas, migas junto a la lumbre, canciones, bailes y también lágrimas. “Esto ha superado el mero hecho técnico o artístico de hacer un documental. Hemos acabado teniendo una relación de amistad con cada uno de ellos”, reconoce.

Un pueblo que resiste

La realidad que rodea a El Margen hace aún más valiosos esos testimonios. La pedanía, que llegó a reunir a miles de habitantes durante el siglo pasado, apenas supera hoy los tres centenares de vecinos. La emigración hacia Cataluña y el Levante, primero, y el envejecimiento posterior han ido vaciando sus calles hasta el punto de que este ha sido el último curso de su colegio, que cerrará definitivamente tras quedarse con solo dos alumnos.

Sin embargo, Los Paraísos evita caer en la nostalgia fácil. No idealiza el pasado ni esconde la dureza de unas vidas atravesadas por el hambre, el trabajo desde la infancia o las privaciones. Algunas de esas historias, reconoce Camacho, ni siquiera aparecen en el montaje final. “Había testimonios de cosas muy duras y preferimos dejar algunas fuera”. La intención nunca fue recrearse en el sufrimiento, sino conservar la dignidad de quienes lo vivieron.

Quizá por eso el documental está despertando una respuesta que trasciende el propio pueblo. Personas que emigraron hace décadas a Barcelona, Madrid o el norte de España reconocen en estas conversaciones la voz de sus abuelos y la memoria de unos lugares que también forman parte de su identidad. “Todo el mundo que lo está viendo dice que le recuerda a su abuelo”, dice con orgullo su director.

El efecto, además, ya se deja notar en El Margen. Gracias al impulso generado por la película volverá este año una antigua cuadrilla musical que llevaba tres décadas desaparecida, mientras sus autores ya preparan nuevos documentales en otras localidades del Geoparque de Granada con el mismo propósito: registrar la memoria antes de que sea demasiado tarde.

Porque eso es, en el fondo, Los Paraísos. No un documental sobre cuatro personas mayores ni sobre un pueblo que pierde habitantes. Es el intento de conservar una forma de mirar el mundo antes de que desaparezca con quienes todavía pueden contarla. Y en tiempos en los que todo parece medirse por la velocidad, detenerse durante treinta y siete minutos para escuchar a Genoveva, Antonio, Benita y Marcial quizá sea la mejor forma de recordar que la memoria también necesita quien la escuche.

Hay pocos nombres tan asociados a las calles de Madrid como el de Pedro de Répide gracias a las innumerables ediciones del grueso volumen enciclopédico llamado, precisamente, Las calles de Madrid. Paradójicamente, su figura es muy poco conocida a pesar de encontrarse su libro en todas las bibliotecas públicas, secciones locales de librerías y no pocas estanterías de nuestros salones.

Tiene una calle y una sala de estudio dedicadas en el distrito de Latina. También una placa en la casa en la que nació, en la céntrica calle de la Morería. Pero si uno prueba a preguntar quién fue Pedro de Répide se da cuenta de lo poco conocida que es su figura.

Valga la información que el propio Répide dio de la vetusta calle de la Morería, de la que se sentía orgulloso por ser genuinamente madrileña, para entender cómo eran las entradas de su conocido diccionario de calles: “Distinguíase antes entre la calle de la Morería, que era el trozo entre la plaza de este nombre y la calle del Alamillo, y la calle de la Morería Vieja, que era el comprendido entre la plaza de la Morería y la cuesta de los Ciegos, parte ya muy transformada por la construcción del Viaducto y la prolongación de la calle de Bailén. Paraje que atrae particularmente el afecto de quien esto escribe, pues nació en tan venerable recoveco de la villa de Madrid”.

Como sucede con todos los madrileñistas de la época, hay que coger sus crónicas con pinzas, filtrarlas de leyendas –no dejar de disfrutarlas– y quedarse con la información valiosa, que no es poca. Algo así sucede también con su vida.

Se decía de él –y Répide alimentaba la leyenda– que descendía de Caterina Cornaro, la última reina de Chipre. Que era hijo natural de uno de los hijos del matrimonio entre la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón, y el duque de Riánsares. Y hasta que era hijo natural de la reina Isabel II y un cura, rumor que debió estar alimentado por su cercanía con la reina.

Sobre su infancia él mismo contaba lo siguiente:

“Dentro de mis más remotas memorias, para hacer arrancar estos recuerdos literarios desde mi primera infancia, evocaré el teatrito que tenía la princesa Ratazzi, prima de Napoleón III. Esta famosa mujer vivió mucho en Madrid, de cuya sociedad era una de las más señaladas figuras, y acabó casándose con el diplomático español Rute. Era escritora y publicaba una revista literaria de temas españoles, que era editada en francés. Vivía en el paseo de la Castellana, número entonces 16, casa en la que ella ocupaba el piso bajo y el primero y nosotros habitábamos en el de encima. La princesa Ratazzi tenía uno de los salones literarios madrileños y sus contertulios eran Castelar, Cánovas, Martos, Zorrilla, Campoamor, Echegaray, Valera… Yo era una breve personilla de apenas media vara sobre el suelo, y la princesa Ratazzi me levantaba en brazos, me acariciaba, me daba dulces y me enseñaba el teatro que tenía en su casa, vacío naturalmente, a aquellas horas, porque cuando tenía su público, hacía ya rato que me había acostado”.

Después de estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central (en la calle de San Bernardo) y ampliar estudios en la Sorbona, sirvió como biógrafo y bibliotecario de Isabel II en el exilio parisino desde 1900. A la muerte de la reina, en 1904, regresó a Madrid y comenzó su carrera periodística y literaria, que le consagraría como uno de los grandes cronistas de la vida en la capital.

En 1919 fue cofundador del periódico La Libertad, donde publicaría sus artículos dentro de la sección La Guía de Madrid (al principio bajo el seudónimo El ciego de las Vistillas). Estas notas aparecidas en el periódico se compilarían en 1971 como Las calles de Madrid que todos conocemos.

Durante estos años cultivó también la poesía, el teatro y la novela corta, con algunos títulos tan preñados de madrileñismo como sus textos periodísticos. Así sucede, por ejemplo, con Del Rastro a Maravillas, que apareció dentro de la mítica colección de Zamacois El cuento semanal.

De ideología republicana, participó de la fundación en 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, aunque el miedo a la situación revolucionaria le hizo exiliarse en Tánger durante la guerra. Allí trabajó en Informaciones y fundó el periódico El Presente. Desde el norte de África marchó al exilio venezolano y regresó a España en 1947, ya con la salud muy deteriorada. Falleció en su querida ciudad de Madrid con 66 años, solo un año después.

Durante su estancia en Caracas escribió distintas crónicas sobre los primeros momentos de la guerra en Madrid, que fueron recogidos más tarde en Memorias de un aparecido, un texto que hace gala de propaganda franquista y oculta su trayectoria republicana, quizá con la inquina del converso, a lo mejor pensando en su regreso. A su vuelta a España volvió a escribir en Informaciones y vivió breves momentos de reconocimiento, como ejercer de pregonero de las fiestas de San Antón. En general, no encontró más que silencio, marcado por su pasado y por su reconocida homosexualidad.

Répide fue bohemio de callejuela y taberna. De la biblioteca del ateneo y café de tertulia. Su apariencia no dejaba a nadie indiferente: con su sempiterna capa española, la cara empolvada y monóculo. Uno de tantos bohemios del primer tercio de siglo olvidados antes de ser recuperados en algún momento. Uno cuyo nombre, sin embargo, ha volado más alto que su biografía gracias a una obra publicada muchos años después de su muerte.

PARA SABER MÁS:

A las tres de la madrugada, la Guardia Civil sacó de su casa a Rosario y Joaquina Buenaventura Blesa. Las dos hermanas, que todavía eran niñas, vivían con su familia en la masía de Alcafas Bajas, en Valbona. Los agentes las llevaron hasta el pinar e hicieron con ellas un simulacro de ahorcamiento. La misma Guardia Civil entró posteriormente en la masía y la destrozó con picos. Rosario (1929-2021) y Joaquina (1926-2016) sobrevivieron a aquella noche y vivieron durante décadas en Valbona. Sus historias forman parte de las 96 personas represaliadas que el antropólogo Sergio Yanes ha conseguido documentar en este municipio turolense dentro de su proyecto 'Valbona 1936-1952', una investigación que comenzó hace siete años y que ha permitido reconstruir con nombres, fechas y documentación buena parte de lo ocurrido en el pueblo desde el periodo del Frente Popular hasta la guerrilla de los maquis.

Yanes es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y su relación con Valbona comenzó antes que la investigación: es el pueblo en el que veranea, ya que su pareja es de esta localidad. Su interés por cuestiones históricas le llevó a comenzar un trabajo documental que fue ampliando con entrevistas a vecinos y familiares. A medida que avanzaba, comenzó a organizar toda la documentación en una web que le servía como “bitácora”. La publicación del material permitió que otras personas conocieran la investigación y generó un primer diálogo con quienes tenían interés o podían aportar nuevos datos procedentes de la memoria familiar: “Así empieza. Es una investigación levantada muy a pulso, de forma constante”, resume Yanes.

El resultado reúne 2.103 documentos analizados, 23 entrevistas, consultas a diez archivos y 30 entradas publicadas en la web. El proyecto contabiliza 96 valboneros represaliados sobre una población que rondaba los 700 habitantes. “Al ser una población muy pequeña permite profundizar muchísimo, llegar hasta detalles que tal vez en otras poblaciones no es tan sencillo”, explica Yanes. El principal resultado de la investigación, señala, es haber podido documentar al 100% de la población represaliada de Valbona, aunque no descarta que pueda aparecer alguna persona más. En ese caso, explica que se trataría de algún familiar de una persona que ya ha sido identificada.

El trabajo de Yanes no se limita a elaborar una relación de nombres, sino que busca mostrar las distintas formas que adoptó la represión en el municipio: 34 personas encarceladas por “adhesión a la rebelión”, 19 exiliadas en Francia, cuatro ejecutadas por la Guardia Civil, 28 detenidas, apaleadas o torturadas por este cuerpo, una persona ejecutada en un campo de concentración nazi y entre dos y tres ejecutadas por la guerrilla, además de otras víctimas de la guerra y la posguerra. “Lo que es interesante es cómo en un pueblo tan pequeño tenemos de todo. Esa diversidad de historias es muy interesante. Si eso pasó aquí, ¿qué pasaría en las ciudades más grandes?”, se cuestiona Yanes.

“Tenemos claro que alguien represaliado ha pasado por la cárcel, por tortura, por el exilio, pero las mujeres, por ejemplo, no están documentadas ni forman parte de la memoria oral de la misma manera”, explica Yanes. Una de ellas fue María Hormichea Martín, conocida como “la Jaimona”. Nacida en Valbona en 1895, las declaraciones incorporadas a su expediente la sitúan como una mujer especialmente activa en los ambientes políticos de izquierdas del municipio. Uno de los testimonios la calificó como una de las mujeres de izquierdas “más extremistas”, aunque reconocía que no podía precisar hechos concretos contra ella. Fue condenada a seis años de prisión por estas denuncias de sus vecinos.

Del relato de la “guerra entre hermanos” a los nombres y apellidos

El trabajo sobre Valbona también cuestiona la imagen del pueblo rural como una comunidad homogénea en la que la Guerra Civil irrumpió desde fuera y enfrentó a vecinos que hasta entonces habían vivido en armonía. El dossier de la investigación señala que esa visión, construida en buena medida “desde una mirada urbana” y teñida de nostalgia, tiende a ocultar las diferencias de clase, las relaciones de poder y los conflictos sociales que ya existían en los pueblos antes de 1936.

En Valbona, la investigación permite identificar esas diferencias con nombres concretos. El acceso a la tierra, las posiciones de jornaleros, pequeños propietarios y grandes propietarios y el peso de determinadas familias forman parte del contexto local. También la figura del cacique, representada en este caso por Alberto Ibáñez, alcalde de Valbona y hermano de José Ibáñez Martín, que posteriormente sería ministro de Educación durante el franquismo.

“En Valbona no eran vecinos contra vecinos”, explica Yanes. Lo que aparece al revisar los documentos son diferencias de clase y posiciones políticas que la guerra y la posterior represión llevaron a situaciones extremas. Por eso considera que una investigación a esta escala permite “desmitificar historias de la Guerra Civil” y sustituir algunos relatos generales por “hechos, fechas y nombres”.

El expediente de Joaquín Monleón Hormichea es un ejemplo. Secretario de Izquierda Republicana antes de la guerra y después afiliado a la CNT y miembro de la Colectividad, fue detenido al terminar el conflicto y acusado de participar en una muerte, realizar requisas y participar en la destrucción de la iglesia. Desde la prisión negó parte de las acusaciones y trató de aportar su propia versión de los hechos. Para defenderse citó como posibles testigos a varios vecinos de derechas de Valbona, entre ellos Alberto Ibáñez, a quien consideraba una persona de confianza. Sin embargo, el propio Ibáñez, ya como alcalde, terminó firmando una declaración contra él. “Los grandes relatos nos hablan de dos bandos perfectamente definidos y coherencia interna”, explica Yanes.

La represión más allá del 36: el papel de los maquis

Las trayectorias posteriores permiten comprobar también que la represión no terminó necesariamente en 1939. Eleuterio Formentín y su esposa, Nieves Martín, huyeron de Valbona con sus hijos cuando llegaron las tropas franquistas, regresaron después al pueblo y fueron detenidos. Eleuterio pasó por prisión y posteriormente se trasladó a Sabadell; Nieves fue encarcelada y realizó trabajos forzados. Otros vecinos fueron condenados a muerte: Joaquín Mengod Fuertes fue ejecutado en 1941 y Tomás Vicente Izquierdo, en 1939.

A partir de 1947, la aparición de los maquis en la provincia de Teruel coincide en Valbona con la huida de varios vecinos hacia la guerrilla y con la creación de una red clandestina de apoyo. Un documento de marzo de ese año recoge que diez valboneros habían “huido al monte” para unirse a los guerrilleros tras las detenciones practicadas en distintos pueblos de la provincia. Entre ellos estaba Onofre Gargallo, que había pasado por prisión y se incorporó posteriormente al 17º Sector de la Agrupación Guerrillera de Levante. Murió en 1948, a los 39 años, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. La red incluía también a personas que ayudaban a los guerrilleros desde las masías: Miguel Escriche y su hijo Manuel fueron detenidos por acompañar hasta los campamentos a personas que huían de Valbona.

La propia guerrilla aparece también atravesada por contradicciones. Manuel Torres Camallonga, “Rodolfo”, terminó colaborando con la Guardia Civil después de ser detenido y murió en un enfrentamiento con antiguos compañeros. Además, entre los casos documentados por Yanes figuran entre dos y tres valboneros ejecutados por la propia guerrilla, acusados de traición. “Dentro de los maquis hubo algunos guerrilleros de Valbona ejecutados por el propio maquis”, explica.

El trabajo de Yanes no se queda en la reconstrucción de los hechos. La investigación también ha generado nuevas aportaciones de familiares y ha permitido recuperar historias que permanecían incompletas. “Ahora la familia puede reinterpretarse a sí misma. Es interesante y es el papel que tiene que tener la investigación histórica”, explica. “Uno de los resultados más habituales en una investigación al detalle es que aparecen familiares que te dan las gracias y que hacen su propio proceso. Eso es la memoria histórica precisamente”. Yanes plantea que este tipo de investigaciones puedan reproducirse a una escala mucho mayor: “Con este trabajo reivindico que se pueda hacer en cada pueblo de España, en cada barrio, microinvestigaciones que lleguen hasta el final del asunto, que puedan indagar muy en profundidad. La historia de nuestros antepasados nos interpela a todos, tiene que ver con nuestro presente”.

El franquismo no solo encerró a mujeres. Consiguió algo mucho más duradero: que durante décadas nadie preguntara por ellas.

Entre 1941 y 1985, el Patronato de Protección a la Mujer vigiló, clasificó e internó a miles de adolescentes y jóvenes consideradas en «riesgo moral». Su misión oficial era “protegerlas”; en realidad, fue una institución destinada a controlar la conducta femenina y a preservar el modelo moral que la dictadura consideraba aceptable. Sin embargo, durante mucho tiempo apenas se habló de ellas. No hubo homenajes, ni reconocimiento ni una memoria compartida.

Mientras otras víctimas del franquismo comenzaban lentamente a ocupar un lugar en la historia, ellas siguieron siendo las grandes olvidadas. Como si nunca hubieran existido. Como si el silencio impuesto entre los muros de aquellos centros hubiera continuado acompañándolas mucho después de recuperar la libertad.

Quizá ese fue el mayor triunfo de aquel sistema: convertir el silencio en una segunda condena. Y el silencio, como las cicatrices, también se hereda.

Podría haber ocurrido en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. Una mañana cualquiera de finales de los años sesenta. Una adolescente cruza la plaza con una pequeña maleta entre las manos. Su madre llora y su padre apenas habla. Las campanas de la iglesia marcan la hora mientras dos mujeres la acompañan hasta un coche que espera a la salida del pueblo. Nadie pregunta. Algunos vecinos bajan la mirada mientras otros murmuran que «es por su bien». El párroco ya ha hablado con la familia y todo parece estar decidido.

La muchacha ni ha robado, ni ha matado, ni ha cometido ningún delito. Quizás se enamoró antes de tiempo o se quedó embarazada o quizá simplemente quiso vivir una vida distinta de la que otros habían imaginado para ella. Cuando el coche se aleja, no solo abandona el pueblo. Deja atrás sus amigos, su casa y su infancia. Y, durante un tiempo, también deja de pertenecerse a sí misma.

Descubrí que las Adoratrices habían dirigido numerosos centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer. Entonces comprendí que había convivido con uno de esos silencios sin reconocerlo

Durante muchos años pensé que esta era una historia lejana. Una de esas páginas oscuras que siempre ocurrían en otros lugares. Hasta que un recuerdo regresó.

Cuando estudiaba Magisterio viví en la residencia Jorbalán, en Ávila, dirigida por las religiosas Adoratrices. Desde una galería podía verse un amplio patio interior y, al fondo, otro edificio., en el que, alguna vez, veíamos alguna joven. Nunca pregunté qué había allí. Nadie nos habló de aquel lugar. Formaba parte del paisaje cotidiano y jamás imaginé que, tras aquellos muros, podían esconderse historias que durante décadas permanecerían silenciadas.

Mucho tiempo después descubrí que las Adoratrices habían dirigido numerosos centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer. Entonces comprendí que había convivido con uno de esos silencios sin reconocerlo. Y una pregunta comenzó a acompañarme.

¿Qué ocurrió en Castilla-La Mancha? ¿Qué pasó con las muchachas de nuestros pueblos?

Las respuestas no aparecieron de golpe. Fueron llegando poco a poco gracias al trabajo de quienes llevaban años investigando una institución prácticamente desconocida para la mayoría de la sociedad. Las encontré en documentales y reportajes que comenzaron a rescatar esta historia del olvido. Pero, sobre todo, en la investigación de la historiadora Carmen Guillén Lorente, cuya obra “Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)” constituye, hoy por hoy, una referencia imprescindible para comprender el funcionamiento y el alcance de esta institución. Su trabajo desmonta una de las grandes ficciones del franquismo.

El Patronato no fue una simple obra de beneficencia. Fue un sistema de vigilancia y control que reunió a autoridades civiles, religiosas y judiciales con un mismo objetivo: corregir a aquellas mujeres que no respondían al ideal femenino impuesto por la dictadura.

Mientras leía aquellas investigaciones me di cuenta de que seguía existiendo una pregunta que, al menos para mí, permanecía abierta.

¿Cómo se vivió todo aquello en Castilla-La Mancha? No encontré una respuesta completa. Y esa ausencia también me pareció significativa. Porque el silencio no solo afectó a las mujeres que pasaron por el Patronato. También alcanzó a la memoria de los lugares donde vivieron. Hay documentos cuya lectura resulta difícil. No por el lenguaje que utilizan, sino por la normalidad con la que describen decisiones capaces de cambiar una vida.

Los expedientes que han salido a la luz gracias al trabajo de historiadoras como Carmen Guillén Lorente muestran una burocracia minuciosa: informes, solicitudes, autorizaciones, valoraciones morales y resoluciones administrativas. Todo aparece escrito con una frialdad que impresiona.

Tras ese lenguaje burocrático no había delincuentes. Había adolescentes, jóvenes cuya conducta era juzgada porque mantenían una relación sentimental, porque habían quedado embarazadas, porque escapaban del control familiar o, sencillamente, porque alguien consideraba que se encontraban en «peligro moral».

Castilla-La Mancha no permaneció al margen de aquella realidad. Las investigaciones disponibles permiten afirmar que el Patronato también desplegó aquí su estructura de control

La violencia del Patronato no se ejercía únicamente entre los muros de los centros. También residía en esa aparente normalidad administrativa que convertía la vida de una muchacha en un expediente.

Castilla-La Mancha no permaneció al margen de aquella realidad. Las investigaciones disponibles permiten afirmar que el Patronato también desplegó aquí su estructura de control, como ocurrió en el resto del país. Sin embargo, la historia concreta de su funcionamiento en nuestra región todavía necesita ser reconstruida con mayor profundidad. Quedan archivos por estudiar. Edificios cuya historia apenas conocemos. Y, quizá lo más importante, testimonios de mujeres que durante décadas nunca encontraron un espacio donde ser escuchadas.

Resulta difícil no preguntarse cuántas adolescentes desaparecieron durante un tiempo de la vida cotidiana de nuestros pueblos sin que nadie volviera a preguntar por ellas. Cuántas regresaron años después sin explicar nunca dónde habían estado. Y cuántas aprendieron que el silencio era la única forma posible de seguir adelante.

El Patronato no desapareció con la muerte de Franco. Continuó existiendo hasta 1985. Es un dato que todavía sorprende porque obliga a revisar la imagen simplificada que a veces tenemos de la Transición.

Mientras España aprendía a convivir con la democracia, muchas de aquellas mujeres seguían viviendo con una culpa que nunca les perteneció. No fueron consideradas presas políticas, ni recibieron reconocimiento público. Su historia apenas ocupó espacio en los libros de texto. Y muchas nunca contaron lo ocurrido ni siquiera dentro de sus propias familias.

La historia del Patronato en Castilla-La Mancha dista mucho de estar completamente reconstruida. Cada documento recuperado y cada testimonio que sale a la luz ayudan a comprender una realidad que durante demasiado tiempo permaneció oculta.

Necesitamos seguir investigando, leyendo, escuchando. Y, sobre todo, seguir preguntando. No para juzgar el pasado desde el presente, sino para comprenderlo. Porque la memoria no consiste únicamente en recordar los grandes acontecimientos. También exige devolver un lugar a quienes fueron apartadas de la historia.

Posiblemente, mañana volvamos a pasar delante de un antiguo convento, una residencia o un edificio que un día formó parte de aquella red de control. Lo haremos sin que nada haya cambiado en sus muros.

Pero habrá cambiado nuestra mirada. Y eso también es memoria. Porque detrás de cada expediente hubo una vida. Detrás de cada decisión hubo una adolescente. Y detrás de cada silencio hubo una mujer que nunca eligió callar. No eran mujeres caídas ni descarriadas. No eran un problema moral. Eran hijas, hermanas, vecinas... Eran jóvenes de Castilla-La Mancha o de otros lugares. Y durante demasiado tiempo fueron, sencillamente, las hijas del silencio.

El municipio de Fuendejalón, en la comarca zaragozana del Campo de Borja, celebra este fin de semana unas jornadas de memoria democrática que tienen como objetivo reivindicar la memoria y la dignidad de todas las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre ellas María Domínguez, primera alcaldesa democrática de España y fusilada hace justo 90 años, que es Hija Adoptiva y cuyos restos están depositados en el cementerio de la localidad.

Bajo el título 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón', las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la Asociación por la Memoria Democrática de Fuendejalón, y se han presentado este jueves en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Eduardo Arillo y el alcalde, Javier Tolosa.

En rueda de prensa, Arilla ha celebrado la iniciativa para “dignificar su memoria, dignificar lo que fue y lo que trabajó” María Domínguez, fusilada para castigar “cruelmente” los derechos y los valores que defendía.

El alcalde, por su parte, ha elogiado el trabajo que desempeña la asociación memorialista local para conseguir una dignificación de todas aquellas personas que fueron represaliadas “brutalmente” y expuestas a “aberraciones que hoy en día no entenderíamos” por el simple hecho de “tener convicciones o pensamientos distintos a otras personas”. La asociación está compuesta fundamentalmente por nietas o bisnietas de esas mujeres represaliadas en Fuendejalón y, aunque hubo un “miedo” inicial al “qué dirán” o a posicionarse en un entorno rural en el que todos son conocidas, “están haciendo un buen trabajo”, ha asegurado Tolosa.

Programación

El propio programa recuerda que, el 29 de agosto de 1936, hasta 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles de Fuendejalón, sometiéndolas públicamente a humillación y castigo por su condición o por sus vínculos familiares o políticos.

Las actividades comenzarán este sábado, 29 de agosto, a las 18.00 horas con la apertura y presentación de las jornadas y, a continuación, tendrá lugar la lectura teatralizada 'Voces rapadas', un conversatorio entre Emilio Silva y Pura Sánchez sobre la represión como castigo de género.

Al día siguiente, la programación seguirá con la Ruta de la Memoria, que saldrá a las 11.00 horas de la antigua cárcel del pueblo y, a las 11.30 horas, se celebrará un acto de homenaje en el cementerio de Fuendejalón, con la lectura de un manifiesto en recuerdo de las mujeres represaliadas y de María Domínguez.

Coincidiendo con las jornadas, Fuendejalón acogerá también la exposición 'Mujeres en el exilio: Represión y olvido', una muestra itinerante compuesta por 13 paneles y producida por la Fundación 14 de abril con el apoyo económico de la DPZ.

La exposición permite acercarse a la historia de las mujeres que padecieron tanto el exilio exterior como el interior, que sufrieron aislamiento, persecución, detenciones, torturas, deportaciones y otras formas de represión, pero que también desempeñaron un papel fundamental en la defensa de la democracia, la libertad y la cultura.

La muestra pretende también ensalzar la trayectoria de mujeres que destacaron en ámbitos como la ciencia, la política, la literatura, el periodismo, las artes o el deporte, contribuyendo a recuperar una parte de nuestra historia que durante mucho tiempo quedó relegada.

Por último, el alcalde de Fuendejalón ha destacado que la Ley de Memoria Democrática, ahora derogada en Aragón por el Gobierno PP-Vox, ha permitido que tanto asociaciones como entidades públicas puedan realizar actos y homenajes para los que antes no tenían “la cobertura ni el marco regulatorio”. “Se trata de hacer una dignificación y poner un poco de bálsamo a estas personas que indudablemente tuvieron una vida bastante cruda y un trágico final”, ha remachado.

La Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha denunciado que continúan la “opacidad, los incumplimientos legales y el compromiso real con la memoria en el Pazo de Meirás”, ubicado en el municipio coruñés de Sada, por parte de la Xunta y del Estado.

En un comunicado, la entidad expone que no ha tenido acceso al expediente administrativo de la declaración como lugar de memoria, pese a que lo pidió tras publicarse la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de agosto. Lamenta que ha pasado ya la mitad del plazo para poder presentar recurso de reposición ante la resolución y no ha podido consultar el documento, lo que considera “un nuevo episodio de opacidad y vulneración de derechos”.

Pide explicaciones también por la retirada de bienes muebles del Pazo de Meirás por parte de los Franco que asegura que están vinculados a la etapa de Emilia Pardo Bazán y la dictadura y reclama a la Xunta que intervenga “sin demora” para que se garanticen las visitas al lugar, declarado bien de interés cultural (BIC) y sujeto, por lo tanto, a una obligación de permitir el acceso del público.

Además, la CRMH pide “transparencia y compromiso en la defensa del interés público” en el proceso que se está desarrollando sobre la liquidación de posesión de la finca y la “actualización y puesta en marcha” de las comisiones previstas en el Protocolo de actuaciones que el Estado promovió y firmó en el Pazo de Meirás hace más de seis años.

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica, ha fet una crida a la ciutadania per a localitzar familiars d’11 represaliats de la Guerra Civil que van ser inhumats a Bétera i Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de l’àrea, atén així la petició d’ajuda de l’associació Per la Nova República i de l’Ajuntament barceloní de Sant Pere de Ribes. La primera entitat comunica que les restes de 10 valencians que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, estan inhumades al cementeri de Bétera. El consistori català, per la seua banda, adverteix que les restes del soldat valencià Alfredo Lloret es troben al seu cementeri municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importància de localitzar els familiars d’aquestes persones represaliades per a posar en marxa el procés de recuperació i identificació de les restes. En cas d’èxit en les proves, el procediment culminarà amb el lliurament d’aquestes als seus familiars. “Sense l’aparició de parents que puguen participar en la identificació genètica és impossible que el procés fructifique”, explica Enguix, qui remarca el valor d’aquestes campanyes reparadores impulsades per ajuntaments i associacions. “Nosaltres tenim molt clara la nostra intenció de participar i ajudar els familiars de les víctimes sempre que siga possible, com demostra la inversió que fem en memòria històrica, amb més d’un milió d’euros anuals”, apunta.

En aquest cas, la sol·licitud enviada per l’associació Per la Nova República i l’ajuntament català busca difondre la identitat dels represaliats les restes dels quals ja s’han localitzat o estan en procés de recerca, perquè apareguen familiars que contribuïsquen a les proves genètiques. “La memòria no són només les campanyes d’exhumació. És l’esforç de tota una societat per rescatar la veritat històrica i reconéixer els drets humans, i ací entra el treball de documentació i localització, les campanyes d’exhumació i identificació i la part divulgativa que estem reforçant des de la Diputació”, assenyala la vicepresidenta.

Víctimes de Portacoeli

La presidenta de l’associació Per la Nova República, María José Meseguer, s’ha dirigit a la Diputació de València per a informar del procés de localització de 62 republicans que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, i que van ser soterrats a la fossa comuna del cementeri de Bétera. Entre ells hi ha 10 valencians d’entre 24 i 51 anys, les restes dels quals podran recuperar-se i identificar-se si apareixen els seus descendents o parents.

El llistat de represaliats valencians inhumats a Bétera el componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, veí del Cabanyal, a València; José Martínez Montell, de la Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, d’Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; i els alacantins Tomás Albert Sort i Vicente Fornés Ribes, de Xàbia i Pedreguer, respectivament. Tots ells van morir entre abril de 1940 i abril de 1941.

Front de Llevant

L’onzena víctima és el soldat valencià Alfredo Lloret Soler, les restes del qual descansen juntament amb les d’altres 18 soldats al cementeri barceloní de Sant Pere de Ribes. Alfredo va morir a causa d’una infecció al cap de 19 anys a l’Hospital de Carabiners de Mas Solers, igual que les altres víctimes identificades pel consistori català i l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant. L’objectiu de la recerca és trobar familiars que desitgen recuperar les seues restes i retre-li homenatge. Els impulsors de la iniciativa en terres catalanes desconeixen la localitat natal del soldat valencià, qui va servir en el 3 BM —secció de Transmissions— i va morir el 19 d’agost de 1938.

El punt de partida del projecte es deu a la investigació de l’arqueòloga Irene Estévez. L’especialista va observar un grafit amb la inscripció “1937” a l’edifici de l’antic hospital de Sant Pere de Ribes, cosa que la va motivar a consultar historiadors locals fins a esbrinar que l’immoble va prestar servei sanitari durant la contesa. L’examen posterior de l’arxiu municipal va confirmar l’existència de les actes de defunció de 19 soldats en dates coincidents amb les batalles de l’Ebre i del Segre.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.

En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.

Víctimas de Portacoeli

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

Frente de Levante

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.