A Emilia Llanos el olvido la sometió en vida, eligiendo su propia muerte social, y la persigue hasta el día de hoy, más de medio siglo después de su fallecimiento. Leyendo estas líneas, quizás pocas personas puedan saber quién fue, salvo por el titular de este reportaje, pero Emilia resultó ser tan relevante en la Granada de hace un siglo, que su sola presencia fue esencial en la vida de Manuel de Falla, Ismael González de la Serna y sobre todo Federico García Lorca. Era la dama de la Granada más cultural de principios del siglo XX y hoy es su seña invisible.

Nacida en Villanueva del Arzobispo (Jaén) en 1885, su vida sería la de una cuna de clase media-alta. Hija de Guardia Civil, hermana y descendiente de militares, Emilia Llanos vivió rodeada de un abolengo del que, cuando los años y una enfermedad respiratoria la recluyeron durante algún tiempo en la casa de Granada a la que fue a vivir, logró escapar a través del arte y la literatura. Encerrada entre cuatro paredes, la que acabaría siendo el amor platónico de Lorca, fue la mujer más intelectual de los años 10, 20 y 30 del pasado siglo de la ciudad.

Interesada por escritores de otros países, por el arte menos conocido y por los temas que merecían ser debatidos en tertulias, logró situarse como el referente para la generación de plata del ambiente artístico granadino. Así lo recuerda José Javier García Montero, uno de sus mayores estudiosos: “Ismael de la Serna, Manuel de Falla o Federico acudían a ella atraídos por su conocimiento del arte y la literatura”. Causando, además, un interés físico que, por su belleza, era prácticamente obligatorio.

Pero cómo no iba a causar interés una mujer que además vivía en la Alhambra. Primero en la Puerta del Vino y después en la Calle Real del monumento nazarí, Emilia Llanos estableció en la ciudad palatina su cuartel general de sueños. Allí leyó, aprendió y divulgó las novelas, los ensayos y las líneas que llegaban a sus manos y que permitieron ser libre a una mujer de una época en la que la libertad no siempre estaba disponible para ellas. A principios del pasado siglo, comenzó a moverse por el ambiente intelectual granadino, lo que acabaría uniéndola de por vida a Federico García Lorca.

La musa de Federico

De hecho, el encuentro entre Federico García Lorca y Emilia Llanos tiene algo de mito fundacional. Agosto de 1918. Él, un joven inquieto que todavía no había construido el nombre que hoy lo atraviesa todo y ella, una mujer ya formada, trece años mayor, que leía a Maurice Maeterlinck cuando casi nadie en Granada sabía siquiera pronunciarlo. Bastó una visita para que al día siguiente Lorca regresara solo con un ejemplar dedicado de “Impresiones y paisajes”. “A la maravillosa Emilia Llanos, tesoro espiritual entre las mujeres de Granada”, escribió. No era una fórmula. Era una declaración de intenciones.

A partir de ahí, la relación se sostuvo en algo más profundo que la fascinación inicial. Paseos por la Alhambra, conversaciones interminables, libros que iban y venían, versos leídos en voz alta antes de ser publicados. “Llegaron a ser confidentes absolutos”, dice García Montero. Y añade una afirmación que tensiona el relato más conocido: “Yo creo que sí hubo romance”. Las cartas, con su lenguaje de cortejo, y la insistencia de Lorca en convertirla en interlocutora única, apuntan a una relación que desborda lo estrictamente intelectual sin necesidad de ser reducida a una historia de amor convencional.

Un intercambio de misivas entre ambos es lo que mejor explica esta relación. A finales de 1920, un Federico que ya vive en la Residencia de Estudiantes de Madrid y que está completamente embelesado por Emilia, le escribe confesándole su admiración romántica: “Ayer paseaba por la Carrera de San Jerónimo y vi a una mujer que se parecía a ti: igual de alta, igual de elegante”. Llega incluso a rogarle que le envíe una fotografía “para que pueda verte más a menudo” y a cambio él le dedicaría un poema. A lo que la propia Emilia contesta días después rebajando las expectativas y la emoción del artista granadino. “Le dice amigo varias veces en su respuesta”, explica García Montero.

Un rechazo que, lejos de suponer el final de la relación entre los dos, acabará teniendo episodios que algunos estudiosos asumen que fueron de algo más que amigos, sobre todo en sus encuentros madrileños. Hay pruebas incluso de que Emilia fue importante en la creación de “Doña Rosita la soltera”. Todo pese a que a Vicenta, la madre de Federico, no le gustaba demasiado por ser “demasiado avanzada a su época”. Pese a ello, la relación entre ambas también acabó siendo duradera y cordial.

Porque si algo define a Emilia Llanos en ese vínculo es que no ocupa el lugar que la historia suele reservar a las mujeres: no es musa, no es acompañante, no es nota al pie. Es parte activa de la conversación cultural de su tiempo. Participa en la organización, junto con Manuel de Falla, del Concurso de Cante Jondo de 1922, se sienta en las tertulias donde apenas había presencia femenina y se convierte en referencia para quienes pasaban por la ciudad. “Era la persona a la que acudían cuando venía alguien importante a Granada”, explica el investigador. No estaba en los márgenes: sostenía el centro.

Marchante de antigüedades

Su vida, además, desborda cualquier etiqueta simplificadora. Comerciante de antigüedades, intermediaria en operaciones de alto nivel artístico, anfitriona de intelectuales, modelo en campañas publicitarias de la época. Amiga de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, con la que llega a establecer una relación en el mundo de la compraventa de reliquias. Emilia, en palabras de su estudioso, “era muy importante, influyente en muchos aspectos”. Y, sin embargo, sometida a un control constante: no podía pasear sola, necesitaba acompañante, vivía dentro de un corsé social que limitaba incluso la expresión de sus propios deseos. “Qué tonta fui”, llegaría a escribir años después al recordar un poema que Lorca le dedicó. La conciencia de lo que no pudo ser también forma parte de su biografía.

El verano de 1936 rompe definitivamente ese equilibrio precario. El asesinato de Lorca no sólo acaba con una vida: desmantela otra. Emilia intenta intervenir, mover contactos, llegar a quienes podían frenar lo inevitable. “Hizo lo imposible”, señala García Montero. Hay constancia de gestiones incluso con el militar golpista Queipo de Llano, que le contestó quitándose la responsabilidad. Hubo llamadas e intentos de activar influencias en el entorno del poder fascista. No fue suficiente. Y ese fracaso -más que una culpa directa- se convierte en una losa que ya no abandonará.

A partir de ahí, el relato se vuelve opaco. Emilia se encierra en su casa de Plaza Nueva, a la que se trasladó después de abandonar la Alhambra, reduce su vida al mínimo, desaparece del espacio público. “La vida se le rompe”, resume el investigador. Durante años apenas hay rastro de ella, más allá de una existencia suspendida, atravesada por la ausencia. Se sabe que llegó a ser contratada en la propia Alhambra como guía, puesto que pocas personas la conocían mejor que ella. Pero ni escribe, ni publica, ni reconstruye su lugar en la ciudad que había habitado con tanta intensidad. El olvido, en este caso, no llega desde fuera: comienza como una decisión íntima, como una forma de supervivencia.

No será hasta mediados de los años cincuenta cuando vuelva a asomarse, empujada por la investigación de Agustín Penón sobre la muerte de Lorca. Entonces colabora, aporta información, incluso plantea la posibilidad de adquirir terrenos donde podría estar enterrado el poeta. También desliza una idea que sigue incomodando décadas después: que Lorca no se encuentra en Víznar. Su papel en la construcción de la memoria del escritor es activo, pero vuelve a quedar en segundo plano.

El olvido de ser mujer

¿Por qué? La respuesta, en realidad, es más estructural que biográfica. “Lo que ha pasado en Granada es lo que le ha pasado a las mujeres”, afirma García Montero. Emilia no dejó obra firmada, no publicó libros, no construyó un legado que pudiera archivarse en bibliotecas. Su aportación fue otra: tejer relaciones, sostener espacios, impulsar conversaciones. Y esa forma de estar en el mundo, fundamental pero invisible, es la que la historia ha tendido a borrar.

Falleció en agosto de 1967, 31 años después del asesinato de Lorca. Hoy, su tumba en el cementerio de Granada -elegante, discreta, casi silenciosa- funciona como metáfora de todo lo demás. Hace unos años estuvo a punto de ser desahuciada por los impagos propios de una descendencia que tampoco la recuerda. “Tuve que pagar 1.500 euros de mi bolsillo para salvar el nicho porque la querían trasladar a un osario común”, confiesa García Montero.

Afortunadamente, la intervención del estudioso salvó el espacio físico en el que reposa una mujer tan adelantada a su tiempo, que el tiempo se olvidó de ella. Allí descansa una persona que fue central en su época y que, sin embargo, ha quedado fuera del relato. No por falta de relevancia, sino por la manera en que decidimos contar la historia. Porque a veces no se trata de quién estuvo, sino de a quién decidimos mirar.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

La destrucción masiva dejó tantos rastros que muchos episodios de la Segunda Guerra Mundial quedaron documentados con gran detalle. Entre los más conocidos figura la batalla de Stalingrado, donde la ofensiva alemana chocó con una resistencia soviética que transformó el rumbo del conflicto. Aquel enfrentamiento concentró meses de combates, hambre y desgaste humano en una lucha por el control de una ciudad estratégica. Su desarrollo mostró hasta qué punto una guerra podía consumir recursos y vidas a una escala enorme. La derrota alemana en Stalingrado abrió una etapa de retroceso militar que tendría consecuencias en todo el frente oriental, aunque el conflicto todavía guarda historias y enterramientos que permanecieron ocultos durante décadas.

Unos trabajos extractivos sacaron a la luz un enterramiento

Una de esas huellas ha aparecido cerca de la localidad de Boleminna fosa común desconocida con los restos de 14 soldados alemanes ha salido a la luz cerca de la localidad de Bolemin, en el oeste de Polonia. El hallazgo se produjo durante trabajos de movimiento de tierras en una cantera de Efekt-Silikaty y dio pie a una investigación oficial para determinar quiénes eran los fallecidos y en qué circunstancias fueron enterrados.

La actuación comenzó después de que el trabajador Paweł Gontarczyk detectara huesos y calzado militar muy cerca de la superficie mientras manejaba una cargadora. Tras comunicar el descubrimiento a las autoridades, la Fiscalía de Distrito de Gorzów Wielkopolski ordenó una investigación arqueológica y la exhumación del lugar para comprobar el alcance del hallazgo.

Las excavaciones posteriores confirmaron que se trataba de una tumba poco profunda vinculada a la Segunda Guerra Mundial. Los especialistas indicaron que ese enterramiento no figuraba en los archivos conocidos, una circunstancia que convierte el lugar en una incorporación relevante para el conocimiento histórico de la zona.

Varias piezas ofrecieron pistas sobre las víctimas localizadas

Entre los objetos recuperados aparecieron varias piezas relacionadas con los soldados enterrados. Una chapa militar de identificación podría permitir conocer la identidad de al menos una de las víctimas. Los investigadores también localizaron un objeto con el nombre Dechriste, un detalle que podría resultar útil en futuras comprobaciones.

La cronología más probable sitúa el enterramiento en los últimos meses de la guerra. Durante el avance soviético hacia Alemania, amplias zonas del oeste de la actual Polonia vivieron movimientos militares intensos y combates que dejaron enterramientos improvisados o nunca registrados de forma oficial. Ese contexto ayuda a explicar por qué algunos restos continúan apareciendo décadas después.

Los investigadores también relacionan el hallazgo con las transformaciones sufridas por el paisaje local. Años de extracción de materias primas para la producción de silicatos modificaron terrenos que anteriormente eran praderas o espacios abiertos. Esa actividad puede sacar a la luz vestigios ocultos durante décadas, aunque también puede dañarlos si no se detectan a tiempo.

Los restos humanos y los artefactos recuperados siguen ahora bajo examen especializado. El equipo encargado de los trabajos agradeció la colaboración de la fiscal Ilona Szyszkowska-Dominiak y de la empresa Efekt-Silikaty, además de destacar la actuación de Gontarczyk por avisar de inmediato a las autoridades. Gracias a esa comunicación fue posible preservar el lugar y continuar una investigación que todavía busca poner nombre a los soldados enterrados.

La exhumación permitió establecer con certeza que la fosa contenía los restos de 14 soldados alemanes. Esa cifra constituye el dato principal de un descubrimiento que añade una nueva pieza a la historia de los combates librados en la región durante el final de la Segunda Guerra Mundial.

La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena se vistieron el uniforme de la República para defender al país del golpe de estado franquista. Intentaban volver del frente a su localidad natal de Castro Urdiales a pie por la montaña. Al llegar a la zona de Miera, fueron detenidos y torturados en el Alto del Machorro por un grupo de falangistas que les fusilaron en el pueblo cántabro de Mirones, que guardó la memoria del dramático suceso del 6 de septiembre de 1937.

Portillo tenía 22 años y procedía de una familia humilde de pescadores de Castro Urdiales. Romaña era pescador, padre de cinco hijos y afiliado a la CNT. Miquelarena, también pescador, abandonó la escuela siendo niño para ayudar a su familia y había sido concejal del Ayuntamiento de Castro antes de incorporarse a las filas republicanas. Tenía 27 años cuando fue asesinado.

Fue mucho más que un disparo mortal. Sus verdugos no se conformaron con eso y en aquella amarga madrugada arrojaron sus cuerpos al río, tal vez en la convicción de que la corriente lavaría las huellas de aquel crimen.

Pero, en cuanto desaparecieron los pistoleros, los vecinos de Mirones que lo habían visto todo corrieron hacia la orilla a tiempo de rescatar los cuerpos que enterraron posteriomente en una fosa común junto al cementerio parroquial de Mirones, en el municipio cántabro de Miera.

Allí quedaron enterrados en el silencio cómplice del pueblo, que no identificó el lugar para no provocar más represalias. Fueron sepultados sin nombre, sin ninguna señal junto a un muro de piedra.

Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Sucedió hace 89 años. Sobre aquel terreno creció la hierba y la gente olvidó quienes estaban debajo. El trágico suceso habría caído en el olvido de no ser porque un testigo de aquella noche vivió para contarlo. Uno de los vecinos que enterró a los tres jóvenes le contó a la familia de uno de ellos dónde los habían dado sepultura. Con este testimonio, el año pasado se inició la búsqueda. El pasado mes de noviembre se hallaron por fin los restos.

Sus familiares habían estado buscándolos en Asturias, el último lugar desde donde tuvieron noticias suyas. Descubrir la historia ha sido una sorpresa mayúscula. De hecho, en el lugar instalaron una piedra con sus nombres que les ha identificado durante los últimos años. Solo faltaba abrir la fosa y comprobar que efectivamente ahí descansaban sus familiares.

Ahora, una vez que los cuerpos han sido identificados por los forenses y que se ha comprobado su identidad, el propio ministro de PolíticaTerritorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá un acto de homenaje en Castro Urdiales (Cantabria) para entregar los restos de las tres de las víctimas represaliadas a sus familiares.

Casi nueve décadas después sus nombres y su historia salen del olvido. En 2025 se iniciaron los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por la sociedad científica especializada Aranzadi. Según este colectivo la fosa de Mirones no es el único enterramiento clandestino que queda en Cantabria donde calculan que aún existen alrededor de 140 fosas comunes pendientes de abrirse.

Según el mapa de fosas de RTVE.es, hay 154 fosas registradas en Cantabria, de las cuales 15 ya han sido exhumadas.

Manuel Aguilera Povedano remenava a l’hemeroteca de la Guerra Civil quan va ensopegar amb una esquela en què es recordava tres germanes assassinades el mateix dia. Antonia, Magdalena i Mercedes Muñoz Martí. Vint-i-un, dinou i set anys. Pertanyien a una família de filiació republicana. Vivien a Palma, una ciutat en mans dels feixistes des del cop d’estat del 18 de juliol de 1936. No havien mort afusellades, tampoc els havien disparat un tret al clatell sense que hi hagués el simulacre d’un judici sumaríssim. A les joves i a la boixa les va matar “el criminal bombardeig que l’aviació roja va llançar sobre Palma el dia 31 de maig de 1937”. Això afirmava l’esquela.

–Em vaig dir: aquí hi ha una gran història, perquè a més aquestes germanes eren nebodes de Jordi Martí i Rosselló. Aquest personatge era el director de Foch y Fum, una revista satírica tremendament subversiva, i, no se sap gaire bé com, va aconseguir que no el matassin durant la Guerra Civil. Vaig començar a estirar el fil i van aparèixer més casos de víctimes a causa dels bombardejos. No hi havia pràcticament bibliografia sobre aquests fets. A Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939), Josep Massot i Muntaner en fa una cronologia, però no parla de les víctimes. Amb prou feines queden rastres a Palma d’aquells bombardejos, però els atacs van colpejar molts barris de la ciutat. Mira, molt a prop d’aquí, en aquella cantonada va morir una persona…

Diu Aguilera. Aquest historiador, professor i periodista està assegut en un banc de la plaça del Progrés, un gran rectangle –arbres, bars de treballadors sense terrassa, una avinguda que divideix la plaça pel mig i fins i tot una gasolinera– que també és un dels escenaris del llibre que acaba de publicar després de culminar la recerca que va començar amb les germanes Muñoz Martí.

Mallorca en flames. Les víctimes del primer terror aeri de la Guerra Civil (Grupo Editorial Sargantana) és una obra de divulgació ben trempada amb tocs de crònica. Al llarg de 270 pàgines, Aguilera posa nom, cognoms i dades biogràfiques a les 86 persones que –com a mínim– van morir en les múltiples incursions sobre l’illa que van dur a terme els avions que controlava el Govern de la Segona República. Bombes i metralla que tenien com a objectiu emplaçaments militars, però que van acabar omplint hospitals i fosses amb els cadàvers de desenes de ciutadans corrents.

Unes víctimes que ningú reivindica

Els morts van ser incòmodes des del principi: com les germanes Muñoz Martí, alguns tenien ideologia republicana, molts pertanyien a la classe treballadora. L’ugetista Joan Sampol –que estava amagat a sa Colònia de Sant Jordi perquè no el capturessin els colpistes– o Tolo Pizá –un aprenent de ferrer que no havia arribat a la majoria d’edat– són dos exemples a grans trets. Després de la Guerra Civil, ni a l’esquerra li interessava reivindicar-los ni al franquisme recordar-los. I, alhora, les seues morts tenen una gran transcendència historiogràfica. Així ho defensa Aguilera:

–Les víctimes dels bombardejos de Mallorca trenquen el relat que uns només van fer coses bones i els altres només van fer coses dolentes. La cronologia bèl·lica és molt important: la intel·ligència artificial et dirà que el primer bombardeig contra població civil va ser a Gernika. Si li insisteixes una mica més, et dirà Barcelona –on es comença a bombardejar amb més força el 38– o Madrid, on ataquen després de l’estiu del 36. Però a Palma van començar abans, van ser el primer terror aeri de la història.

La cronologia bèl·lica és molt important: la intel·ligència artificial et dirà que el primer bombardeig contra població civil va ser a Gernika. Si li insisteixes una mica més, et dirà que Barcelona –on es comença a bombardejar amb més força el 38– o Madrid, on ataquen després de l’estiu del 36. Però a Palma van començar abans, van ser el primer terror aeri de la història

Manuel Aguilera — Periodista i doctor en Història

Oviedo, Saragossa i Còrdova també van patir bombardejos republicans durant l’estiu del 1936. Eren ciutats on les autoritats de la feble democràcia no van poder aturar els revoltats, s’havien convertit en punts blaus envoltats de tinta vermella. Els governs de José Giral Pereira i Francisco Largo Caballero (Izquierda Republicana) i Francisco Largo Caballero (PSOE) van intentar recuperar-les per la via ràpida. “Els atacs de l’aviació reforçaven una ofensiva miliciana per terra. La diferència és que Palma no vivia una situació de setge”, apunta Aguilera. “En els papers que he trobat es descarta acompanyar els bombardejos amb un desembarcament”.

Els italians –abans que Mussolini prengués el poder marxant sobre Roma– ja havien bombardejat població civil a la guerra italo-turca lliurada a Líbia. Allò va ser un preludi d’una Primera Guerra Mundial –en què Espanya no va participar i els seus industrials es van enriquir venent armament i matèries primeres a tots dos bàndols– on es van repetir –amb zeppelins– els atacs aeris. Però, com insisteix Aguilera, “no de manera sistemàtica”.

–Aquesta paraula, sistemàtica, és important –raona l’historiador– perquè implica atacar una vegada i una altra objectius de rereguarda. Qui va començar? Els republicans. Per què? Van mantenir sota el seu control el 70% de l’Exèrcit de l’Aire. Els hidroavions militars que hi havia a Mallorca van enlairar-se i van anar a Menorca, que va continuar fidel a la República. Aquí només va quedar una avioneta, a la qual van instal·lar una metralladora i van donar unes granades al pilot que va fer una única missió: allunyar un submarí republicà que era a prop de Cabrera.

–Des de la Mallorca dels gairebé 34 milions de passatgers anuals costa imaginar una illa sense avions.

–L’aviació, el 1936, era eminentment naval: el correu o el primer transport de passatgers amb Barcelona per aire es feia amb hidroavions. Son Bonet i Son Sant Joan ja existien com a aeròdroms, però eren molt precaris. Els havien habilitat perquè, de tant en tant, hi aterrés algun avió.

Bombes que van fabricar els franquistes

Acer fos, TNT i octavetes amb un missatge: “Mallorca en flames”. Aguilera es va servir de la propaganda republicana per titular el seu treball, reconegut amb el Premi Mallorca d’Assaig. A més de baixes, els avions republicans buscaven infondre por. “Per això hi va haver 46 bombardejos durant el primer mes de guerra! Només Palma en va patir vint-i-cinc”, exclama l’historiador. El propòsit era desmoralitzar els revoltats. Va succeir, però, el contrari. “Un munt de gent es va fer franquista: veien com una injustícia el bombardeig de civils. Hi va haver manifestacions que van accelerar la repressió. Quan el general Goded va marxar per intentar la conquesta de Barcelona, a l’oficial que es va quedar al capdavant dels revoltats se’l va acusar de ‘tou’ perquè no matava ningú”, diu Aguilera.

Un munt de gent es va fer franquista: veien com una injustícia el bombardeig de civils. Hi va haver manifestacions que van accelerar la repressió. Quan el general Goded va marxar a intentar la conquesta de Barcelona, a l’oficial que va quedar al capdavant dels revoltats se’l va acusar de “tou” perquè no matava ningú

Manuel Aguilera — Periodista i doctor en Història

El coronel Aurelio Díaz de Freijó va arribar a afirmar públicament que per cada “mort de bombardeig” afusellarien “un pres”. Després no ho va complir. “Hi ha cartes que es queixen a Franco de la seva ‘debilitat’ –continua l’historiador– i, al cap d’uns mesos, el van suspendre per retirar-lo. El maig del 37, si mires la quantitat d’avions republicans que van atacar una ciutat que amb prou feines tenia 94.000 habitants i la mida de les bombes (més de cent quilos), t’adones de la desproporció entre els mitjans i l’objectiu. Quan comences a escorcollar, veus que hi ha diferents personalitats a cada bàndol”.

Aguilera no considera que els atacs del maig del 37 fossin una resposta a la matança –1.654 morts– que va causar a Gernika la Legió Còndor nazi unes setmanes abans, el 26 d’abril. L’art, la música i el cinema han immortalitzat un dels episodis més dolorosos de la Guerra Civil. El roure plantat davant la Casa de Juntes d’aquesta vila biscaïna forma part de l’inconscient col·lectiu i transcendeix les fronteres d’Euskadi. Els fets de Mallorca, no. “Jo crec que el que va passar aquí té més a veure amb el canvi de govern republicà. Quan el 17 de maig Negrín accedeix a la presidència del Consell de Ministres i posa Indalecio Prieto al capdavant de Defensa, ataquen amb tot el que poden. Largo Caballero era més independent i no tenia tan bona relació amb els russos. Quan salta, comença a entrar millor material bèl·lic, que es compra amb el famós or de Moscou”.

Temps després, el capità Alberto Bayo dirà: “Vam perdre Mallorca, vam perdre la guerra”. “Pot semblar exagerada la frase”, contextualitza Aguilera, “però s’entén quan s’analitza el paper que jugarà l’aviació italiana. Mussolini va enviar a Franco gairebé 800 avions. Una bogeria. Molt més que els alemanys. Els avions italians, tot i ser molt més moderns que els hidros de la República, havien de fer escala a Mallorca perquè, si no, no arribaven a la zona nacional”.

Primer, la Regia Aeronautica va colpejar les defenses dels milicians que, sota el comandament de Bayo, havien conquerit l’illa –i les Pitiüses– l’agost del 36. A Artà (Mallorca), van morir onze persones. A la Marina (el barri portuari d’Eivissa), mig centenar. Sota control feixista, les illes es van convertir en un portaavions que va minar les fàbriques, les comunicacions i la moral d’una costa mediterrània que era republicana des de Portbou fins a Màlaga. Continua Aguilera: “Els testimonis dels pilots italians ens ajuden a entendre que els objectius eren militars, però les bombes fallaven i acabaven matant la gent”.

A Palma va passar el mateix. La tecnologia militar “encara funcionava una mica a ull” i les bombes queien on no tocava. “De fet, només van encertar al port i a l’Almudaina, on hi havia la Comandància”, diu l’autor de Mallorca en flames. “Per què van bombardejar tant el barri de sa Gerreria? Perquè allà hi havia els quarters militars que donaven al carrer Socors i a les Avingudes. Apuntaven a aquests objectius, però no sempre encertaven. I, també, es va llançar molta artilleria sobre zones plenes de comerços i tallers artesans”.

[La tecnologia militar] encara funcionava una mica a ull. De fet, només van encertar el port i l’Almudaina, on hi havia la Comandància. Per què van bombardejar tant el barri de sa Gerreria? Perquè allà hi havia els quarters militars que donaven al carrer Socors i a les Avingudes. Apuntaven a aquests objectius, però no sempre encertaven. I també es va llançar molta artilleria sobre zones plenes de comerços i tallers artesans

Manuel Aguilera — Periodista i doctor en Història

Un perill que venia del cel

Qui desconeix un perill no sap com protegir-se. Ho il·lustra molt bé la mort de Bernat Batlle Nigorra. Era mosso de comandes a sou dels Mercadal, els propietaris d’un negoci emblemàtic a la plaça Major de Palma. El 28 de juliol de 1936 va sortir de la sastreria on feia feina cridant “ja venen els nostres, ja venen els nostres!”. I el foc amic dels seus el va matar. Van morir set persones més i hi va haver una vintena de ferits.

Aquell dimarts, només deu dies després de l’inici de la Guerra Civil, milers de palmesans van descobrir un perill que venia del cel. Sense bateries antiaèries, ni refugis, ni una línia de metro sota la qual aixoplugar-se, es van acostumar ràpidament a buscar qualsevol forat cada vegada que sentien els brunzits dels avions –de fabricació russa o francesa– que la República va comprar per atacar l’illa. “La població depenia dels soterranis, de les criptes de les esglésies o fins i tot de coves naturals”, diu Aguilera, que en la seua recerca ha arribat a entrevistar una vintena de familiars i, fins i tot, supervivents dels bombardejos.

Aguilera ha criticat que el PP i Vox deroguin la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears, però tampoc entén per què els governs de centreesquerra no van voler homenatjar els morts dels bombardejos republicans quan van governar l’Ajuntament de Palma i el Govern (2015-2023): “Al llibre incloc l’acta del ple de Cort on l’equip de govern de Palma, llavors format per partits d’esquerra, va rebutjar una moció de Ciutadans per homenatjar les víctimes dels bombardejos”. L’excusa va ser la negativa de l’extint partit taronja a donar suport a la retirada del monument franquista de sa Feixina.

Gairebé sis anys després d’aquella votació municipal, els 786 mariners i oficials que van morir a bord del creuer Baleares davant les costes murcianes durant la batalla del cap de Pals mantenen el monòlit que els va erigir la dictadura a Palma. Els palmesans que va matar l’aviació republicana continuen sense una placa que els recordi a la ciutat on vivien quan va esclatar la Guerra Civil. El socialista Indalecio Prieto dona nom a un carrer que travessa la barriada de Son Gotleu i fa un quilòmetre.

El PP deroga la llei, però vol recordar els bombardejos

El passat octubre, Marga Prohens va anunciar un acte d’homenatge amb motiu del norantè aniversari d’uns atacs sobre Mallorca que es van estendre fins al maig de 1938, quan als republicans –amb Catalunya aïllada, el Mediterrani bloquejat per als soviètics i amb la batalla de l’Ebre a punt de començar– no els va quedar altra opció que allargar al màxim la guerra esperant una intervenció de França o el Regne Unit que mai no va arribar. “En altres ciutats i pobles bombardejats sí que s’ha fet un homenatge col·lectiu col·locant plaques als llocs on van morir les víctimes. Això és el que farà el Govern”, explica l’historiador, que va assessorar l’executiu autonòmic del PP amb un informe ple de dates, noms, fotografies, ubicacions marcades en plànols i mapes.

–No ha estat oportunista Prohens en derogar una llei que tracta de dignificar la memòria de molts assassinats de la Guerra Civil i anunciar un homenatge a les víctimes dels bombardejos?

–Crec que Prohens realment vol fer aquest homenatge perquè no es va fer i perquè, a més de ser un acte de memòria, romp el relat que uns només van fer coses bones i els altres només coses dolentes. Jo crec que aquest relat és injust, pens que s’ha d’explicar tot. Igual que la repressió republicana que hi va haver a Eivissa o Menorca. Gent dolenta n’hi ha a tots els bàndols. En un moment en què tothom està armat i no hi ha autoritat es produeixen unes atrocitats que crec que la gent ha de conèixer perquè no es tornin a repetir.

–Memòria de Mallorca no reivindica aquestes víctimes?

–Jo he parlat amb Maria Antònia Oliver [presidenta d’una associació memorialista clau per aconseguir que s’estiguin exhumant, estudiant i documentant amb diners públics les fosses comunes de la repressió franquista] i la seva resposta és que no es dediquen a aquest tipus de víctimes perquè saben on estan enterrades. És una llàstima. Hi ha un nin, per exemple, que no he pogut identificar perquè el seu nom no apareix en cap notícia ni tampoc al Registre Civil. Si no apareix cap familiar en el futur, mai no sabrem com es deia.

Avui, en aquell carrer tan comercial i aquella plaça tan turística, s’hi aixequen finques molt més contemporànies. S’aprecia a simple vista que no són de principis del segle XX. Una ullada al cadastre confirma que unes quantes es van construir durant els anys seixanta, la dècada per excel·lència del desarrollismo franquista. Així es van acabar d’omplir els buits que havien causat uns bombardejos que la dictadura va decidir esborrar del seu disc dur. Almenys, parcialment. Per al franquisme, els morts de l’aviació republicana van ser “una patata calenta”, descriu Aguilera.

Els runams de l’oblit

El silenci que va decretar la postguerra espanyola és una substància enganxosa que encara costa d’arrencar. Aguilera s’ha trobat amb descendents dels 86 assassinats per l’aviació republicana que mai no van parlar del que va passar amb els familiars que van sobreviure. El record havia quedat sepultat sota un altre tipus de runams. Els de l’oblit. Potser més pesants que els que van aixafar la dona i les filles d’Arnau Terrasa Lloret, un perruquer de la plaça del Banc de s’Oli que vivia en un edifici que es va esfondrar al carrer Velázquez. Potser més difícils d’aixecar que els que van asfixiar l’apotecari Bennàssar, enterrat durant tot un dia al costat del seu fill –que sí que ho va poder explicar–, quan les bombes van esborrar la farmàcia que tenien a la Porta de Sant Antoni. Tothom va pagar cara la factura de viure o treballar a sa Gerreria. Massa a prop del quarter dels aviadors italians.

Avui, en aquell carrer tan comercial i en aquella plaça tan turística, s’alcen finques molt més contemporànies. Es veu a simple vista que no són de principi del segle XX. Una ullada al Cadastre confirma que unes quantes es van construir durant els anys seixanta, la dècada per excel·lència del desenvolupament franquista. Així es van acabar d’omplir els buits que havien causat uns bombardejos que la dictadura va decidir esborrar del seu disc dur. Si més no, parcialment. Per al franquisme, els morts de l’aviació republicana van ser “una patata calenta”, descriu Aguilera.

Víctimes menystengudes pel franquisme

L’historiador contrasta el menyspreu que van patir totes les víctimes amb els homenatges que es van retre als dinou falangistes o guàrdies civils que van morir sota les bombes. A qui vestia camisa blava o uniforme verd se’l va incloure a les llistes de “caiguts per Déu i per Espanya”, explicant que no havien mort al front ni per la repressió, sinó en un bombardeig, precisa Aguilera. “Tots els altres no van rebre mai res. L’única va ser la mare de tres germanes que van morir a la plaça des Pes de sa Palla. Era vídua i tenia dos fills més: li van donar un estanc. Sí que he vist algun comunicat a la premsa on s’animava els afectats pels bombardejos a anar a l’Ajuntament per rebre ajudes. Però les persones que he entrevistat m’han dit que les seves famílies no van rebre mai res. És cert que alguns van morir de camí al refugi, al carrer –com dos matrimonis als quals va impactar una bomba quan anaven a refugiar-se a l’església de la Missió–, però molts altres es van quedar sense casa”.

[Als falangistes i guàrdies civils] se'ls va incloure a les llistes de caiguts per Déu i per Espanya, explicant que no havien mort al front ni per la repressió, sinó en un bombardeig. Tots els altres mai no van rebre res

Manuel Aguilera — Periodista i doctor en Història

Manuel Aguilera Povedano ja estava immers en la seua recerca quan va descobrir un altre trio de germanes que havien mort pels avions de la República. “La història de Joana, Àngela i Magdalena Ferragut Pradeny és molt dura: vaig entrevistar la família i mai no van saber si el cadàver de la germana petita se’l van endur o si, amb la deflagració, va quedar tan consumit que no se’n va trobar cap resta”, explica el professor del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG). Tenien edats paregudes a les Muñoz Martí –vint-i-set, vint-i-dos i deu– i van morir tot just una setmana abans: el dilluns 24 de maig de 1937. En localitzar l’adreça de les finades, Aguilera va fer un bot, i no perquè el carrer portàs el nom del primer president de la Segona República: “Niceto Alcalá Zamora, 12. Jo havia viscut allà, en un edifici nou, és clar. Em va impactar molt adonar-me de la coincidència i, d’alguna manera, vaig sentir que havia de continuar investigant. Hi ha hagut moltes casualitats i cops de sort que m’han ajudat a acabar Mallorca en llamas”.

Manuel Aguilera Povedano buceaba en la hemeroteca de la Guerra Civil cuando tropezó con una esquela donde se recordaba a tres hermanas asesinadas el mismo día. Antonia, Magdalena y Mercedes Muñoz Martí. Veintiuno, 19 y 7 años. Pertenecían a una familia de filiación republicana. Vivían en Palma, una ciudad en manos de los fascistas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. No habían muerto fusiladas, tampoco les habían pegado un tiro en la nuca sin que mediara el paripé de un juicio sumarísimo. A las jóvenes y a la niña las mató “el criminal bombardeo que la aviación roja lanzó sobre Palma el día 31 de mayo de 1937”. Eso afirmaba la esquela.

–Me dije: aquí hay un historión porque, además, estas hermanas eran sobrinas de Jordi Martí y Rosselló. Este personaje era el director de Foch y Fum, una revista satírica tremendamente subversiva, y, no se sabe muy bien cómo, consiguió que no lo mataran durante la Guerra Civil. Empecé a tirar del hilo y aparecieron más casos de víctimas a causa de los bombardeos. No había prácticamente bibliografía sobre estos sucesos. En Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939), Josep Massot i Muntaner realiza una cronología, pero no habla de las víctimas. Apenas quedan huellas en Palma de aquellos bombardeos, pero los ataques golpearon a muchos barrios de la ciudad. Mira, muy cerca de aquí, en aquella esquina murió una persona…

Dice Aguilera. Este historiador, profesor y periodista está sentado en un banco de la Plaça del Progrés, un gran rectángulo –árboles, bares de trabajadores sin terraza, una avenida que parte la plaza por la mitad y hasta una gasolinera– que también es uno de los escenarios del libro que acaba de publicar tras culminar la investigación que comenzó con las hermanas Muñoz Martí.

Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil (Grupo Editorial Sargantana) es una obra de divulgación bien regada con gotas de crónica. A lo largo de 270 páginas, Aguilera pone nombre, apellidos y señas biográficas a las 86 personas que –por lo menos– mataron las múltiples incursiones sobre la isla que realizaron los aviones que controlaba el Gobierno de la II República. Bombas y metralla que tenían como objetivo emplazamientos militares, pero que acabaron llenando hospitales y tumbas con los cadáveres de decenas de ciudadanos de a pie.

Unos muertos que nadie reivindica

Los muertos fueron incómodos desde el principio: como las hermanas Muñoz Martí, algunos tenían ideología republicana, muchos pertenecían a la clase trabajadora. El ugetista Joan Sampol –que estaba escondido en sa Colònia de Sant Jordi para que no lo capturaran los golpistas– o Tolo Pizá –un aprendiz de herrero que no alcanzaba la mayoría de edad– son dos ejemplos a vuela pluma. Tras la Guerra Civil, ni a la izquierda le interesaba reivindicarlos ni al franquismo recordarlos. Y, a la vez, sus muertes tienen una gran trascendencia historiográfica. Así lo defiende Aguilera:

–Las víctimas de los bombardeos de Mallorca rompen el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia.

La cronología bélica es súper importante: la inteligencia artificial te dirá que el primer bombardeo contra población civil fue en Gernika. Si le insistes un poco más, te dirá que Barcelona –donde se empieza a bombardear más fuerte en el 38– o Madrid, donde atacan después del verano del 36. Pero en Palma empezaron antes, fueron el primer terror aéreo de la Historia

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Oviedo, Zaragoza y Córdoba también sufrieron bombardeos republicanos durante el verano de 1936. Eran ciudades donde las autoridades de la débil democracia no pudieron pararle los pies a los golpistas, se habían convertido en puntos azules rodeados por tinta roja. Los gobiernos de José Giral Pereira y Francisco Largo Caballero (Izquierda Republicana) y Francisco Largo Caballero (PSOE) intentaron recuperarlas por la vía rápida. “Los ataques de la aviación reforzaban una ofensiva miliciana por tierra. La diferencia es que Palma no vivía una situación de asedio”, apunta Aguilera. “En los papeles que he encontrado se descarta acompañar los bombardeos con un desembarco”. 

Los italianos –antes de que Mussolini tomara el poder marchando sobre Roma– ya habían bombardeado a población civil en la Guerra Italo-turca librada en Libia. Aquello fue un preludio de una I Guerra Mundial –en la que España no participó y sus industriales se lucraron vendiendo armamento y materias primas a ambos bandos– donde se volvieron a repetir –con zepelines– los ataques aéreos. Pero, como insiste Aguilera, “no de forma sistemática”.

–Esa palabra, sistemática, es importante –razona el historiador– porque implica que se ataquen una y otra vez objetivos de retaguardia. ¿Quién empezó? Los republicanos. ¿Por qué? Mantuvieron bajo su control el 70% del Ejército del Aire. Los hidroaviones militares que había en Mallorca despegaron y se fueron a Menorca, que permaneció fiel a la República. Aquí sólo quedó una avioneta, a la que le instalaron una metralleta y le dieron unas granadas al piloto que realizó una única misión: alejar a un submarino republicano que estaba cerca de Cabrera.

–Desde la Mallorca de los casi 34 millones de pasajeros anuales cuesta imaginarse una isla sin aviones. 

–La aviación, en 1936, era eminentemente naval: el correo o el primer transporte de pasajeros con Barcelona por aire se hacía con hidroaviones. Son Bonet y Son Sant Joan ya existían como aeródromos, pero eran súper cutres. Los habían habilitado para que, de vez en cuando, aterrizara algún avión. 

Bombas que fabricaron franquistas

Acero fundido, TNT y octavillas con un mensaje: “Mallorca en llamas”. Aguilera se sirvió de la propaganda republicana para titular su trabajo, reconocido con el Premi Mallorca d’Assaig. Además de bajas, los aviones republicanos buscaban infundir miedo. “¡Por eso hubo 46 bombardeos durante el primer mes de guerra! Sólo Palma sufrió veinticinco”, exclama el historiador. El propósito era desmoralizar a los golpistas. Sucedió, sin embargo, lo contrario. “Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie”, dice Aguilera. 

Un montón de gente se hizo franquista: veían como una injusticia el bombardeo de civiles. Hubo manifestaciones que aceleraron la represión. Cuando el general Goded se marchó a intentar la conquista de Barcelona, al oficial que quedó al mando de los sublevados se le acusó de ‘blando’ porque no mataba a nadie

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

El coronel Aurelio Díaz de Freijó llegó a afirmar públicamente que por cada “muerto de bombardeo” iban a fusilar “a un preso”. Luego no lo cumplió. “Hay cartas quejándose a Franco de su ‘debilidad’ –continúa el historiador– y, al cabo de unos meses, lo suspendieron para retirarlo. En mayo del 37, si miras la cantidad de aviones republicanos que atacaron una ciudad que apenas tenía 94.000 habitantes y el tamaño de las bombas (más de cien kilos), te das cuenta de la desproporción entre los medios y el objetivo. Cuando empiezas a escarbar, ves que hay diferentes personalidades en cada bando”. 

Aguilera no considera que los ataques de mayo del 37 fueran una respuesta a la masacre –1.654 muertos– que causó en Gernika la Legión Cóndor nazi unas semanas antes, el 26 de abril. Arte, música, cine han inmortalizado uno de los episodios más dolorosos de la Guerra Civil. El roble plantado frente a la Casa de Juntas de esta villa vizcaína forma parte del inconsciente colectivo y trasciende las fronteras de Euskadi. Los sucesos de Mallorca, no. “Yo creo que lo que ocurrió aquí tuvo más que ver con el cambio de gobierno republicano. Cuando el 17 de mayo, Negrín accede a la presidencia del Consejo de Ministros y pone a Indalecio Prieto al frente de Defensa, atacan con todo lo que pueden. Largo Caballero era más independiente y no tenía tan buena relación con los rusos. Cuando salta, empieza a entrar mejor material bélico, que se compra con el famoso oro de Moscú”. 

Tiempo después, el capitán Alberto Bayo dirá: “Perdimos Mallorca, perdimos la guerra”. “Puede parecer exagerada la frase”, contextualiza Aguilera, “pero se entiende cuando se analiza el papel que jugará la aviación italiana. Mussolini envió a Franco casi 800 aviones. Una locura. Mucho más que los alemanes. Los aviones italianos, aunque fueran mucho más modernos que los hidros de la República, tenían que hacer escala en Mallorca porque, si no, no llegaban a la zona nacional”. 

Primero, la Regia Aeronautica machacó las defensas de los milicianos que, al mando de Bayo, habían conquistado la isla –y las Pitiüses– en agosto del 36. En Artà (Mallorca), murieron once personas. En la Marina, el barrio portuario de Eivissa, medio centenar. Bajo control fascista, las islas se convirtieron en un portaaviones que minó las fábricas, las comunicaciones y la moral de una costa mediterránea que era republicana desde Portbou a Málaga. Sigue Aguilera: “Los testimonios de los pilotos italianos nos ayudan a entender que los objetivos eran militares, pero las bombas fallaban y acababan matando a la gente”.

En Palma sucedió lo mismo. La tecnología militar “todavía funcionaba un poco a ojo” y las bombas caían donde no debían. “De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia”, dice el autor de Mallorca en llamas. “¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos”.

[La tecnología militar] todavía funcionaba un poco a ojo. De hecho, sólo acertaron en el puerto y en La Almudaina, donde estaba la Comandancia. ¿Por qué bombardearon tanto el barrio de sa Gerreria? Porque allí estaban los cuarteles militares que daban a la calle Socorro y a las Avenidas. Ellos apuntaban a esos objetivos, pero no siempre acertaban. Y, también, se lanzó muchísima artillería sobre zonas llenas de comercios y talleres artesanos

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Un peligro que venía del cielo

Quien desconoce un peligro no sabe cómo protegerse. Lo ilustra muy bien la muerte de Bernat Batlle Nigorra. Era mozo de pedidos a sueldo de los Mercadal, los dueños de un negocio emblemático en la Plaça Major de Palma. El 28 de julio de 1936 salió de la sastrería donde trabajaba al grito de “¡ya vienen los nuestros, ya vienen los nuestros!”. Y el fuego amigo de los suyos lo mató. Fallecieron siete personas más y hubo una veintena de heridos. 

Aquel martes, sólo diez días después del inicio de la Guerra Civil, miles de palmesanos descubrieron un peligro que venía del cielo. Sin baterías antiaéreas, ni refugios, ni una línea de metro bajo la que guarecerse, se acostumbraron pronto a buscar cualquier agujero cada vez que escuchaban los zumbidos de los aviones –fabricación rusa o francesa– que la República compró para atacar la isla. “La población dependía de los sótanos, de las criptas de las iglesias o hasta de cuevas naturales”, dice Aguilera, que en sus pesquisas ha llegado a entrevistar a una veintena de familiares e, incluso, supervivientes de los bombardeos. 

Aguilera ha criticado que PP y Vox deroguen la Llei de Memòria Democràtica de las Illes Balears, pero tampoco entiende por qué los gobiernos de centroizquierda no quisieron homenajear a los muertos de los bombardeos republicanos cuando mandaron en el Ajuntament de Palma y en el Govern (2015-2023): “En el libro incluyo el acta del pleno de Cort donde el equipo gobierno de Palma, entonces formado por partidos de izquierda, rechazó una moción de Ciudadanos para homenajear a las víctimas de los bombardeos”. La excusa fue la negativa del extinto partido naranja a apoyar la retirada del monumento franquista de sa Feixina.

Casi seis años después de aquella votación municipal, los 786 marineros y oficiales que murieron a bordo del crucero Baleares frente a las costas murcianas durante la Batalla del Cabo de Palos mantienen el monolito que les erigió la dictadura en Palma. Los palmesanos a los que mató la aviación republicana siguen sin una placa que les recuerde en la ciudad en la que vivían cuando estalló la Guerra Civil. El socialista Indalecio Prieto da nombre a una calle que atraviesa la barriada de son Gotleu y mide un kilómetro.

El PP deroga la ley, pero quiere recordar los bombardeos

El pasado octubre, Marga Prohens anunció un acto de homenaje con motivo del noventa aniversario de unos ataques sobre Mallorca que se extendieron hasta mayo de 1938, cuando a los republicanos –aislada Catalunya, bloqueado el Mediterráneo para los soviéticos y con la Batalla del Ebro a punto de comenzar– no les quedó otra opción que alargar lo posible la guerra esperando una intervención de Francia o el Reino Unido que nunca llegó. “En otras ciudades y pueblos bombardeados sí que se ha realizado un homenaje colectivo colocando placas en los lugares donde murieron las víctimas. Eso es lo que va a hacer el Govern”, explica el historiador, que asesoró al ejecutivo autonómico del PP con un informe lleno de fechas, nombres, fotografías, ubicaciones marcadas en planos y mapas.

–¿No ha sido oportunista Prohens al cargarse una ley que trata de dignificar la memoria de muchos asesinados de la Guerra Civil y anunciar un homenaje a las víctimas de los bombardeos?

–Creo que Prohens quiere realmente hacer ese homenaje porque no se hizo y porque además de ser un acto de memoria rompe el relato de que unos hicieron sólo cosas buenas y los otros sólo hicieron cosas malas. Yo creo que ese relato es injusto, pienso que hay que contarlo todo. Igual que la represión republicana que hubo en Ibiza o Menorca. Gente mala hay en todos los bandos. En un momento en que todo el mundo está armado y no hay autoridad se producen unas atrocidades que creo que la gente debe saber para que no se vuelvan a repetir.

–¿Memòria de Mallorca no reivindica a estas víctimas?

–Yo he hablado con Maria Antònia Oliver [presidenta de una asociación memorialística clave para conseguir que se estén exhumando, estudiando y documentando con dinero público las fosas comunes de la represión franquista] y su respuesta es que no se dedican a este tipo de víctimas porque saben dónde están enterradas. Es una lástima. Hay un niño, por ejemplo, al que no he podido identificar porque su nombre no aparece en ninguna noticia ni, tampoco, en el Registro Civil. A no ser que aparezca un familiar en el futuro, nunca sabremos cómo se llamaba.

Los cascotes del olvido

El silencio que decretó la posguerra española es una sustancia pegajosa que sigue resultando difícil de arrancar. Aguilera se ha encontrado a descendientes de los 86 asesinados por la aviación republicana que nunca hablaron de lo que ocurrió con los familiares que sobrevivieron. El recuerdo había quedado sepultado bajo otro tipo de cascotes. Los del olvido. Más pesados, quizás, que los que aplastaron a la mujer y las hijas de Arnau Terrasa Lloret, un peluquero de la Plaça del Banc de s’Oli que vivía en un edificio que colapsó en el Carrer Velázquez. Más difíciles de levantar, quizás, que los que asfixiaron al apotecario Bennàssar, enterrado durante un día entero junto a su hijo –que sí pudo contarlo–, cuando las bombas borraron la farmacia que tenían en la Porta de Sant Antoni. Todos pagaron cara la factura de vivir o trabajar en sa Gerreria. Demasiado cerca del cuartel de los aviadores italianos. 

Hoy, en esa calle tan comercial y esa plaza tan turística, se alzan fincas mucho más contemporáneas. Se aprecia a simple vista que no son de principios del siglo XX. Una ojeada al Catastro confirma que unas cuantas se construyeron durante los años sesenta, la década por excelencia del desarrollismo franquista. Así se terminaron de rellenar los huecos que habían causado unos bombardeos que la dictadura decidió borrar de su disco duro. Al menos, parcialmente. Para el franquismo, los muertos de la aviación republicana fueron “una patata caliente”, describe Aguilera. 

Víctimas ninguneadas por el franquismo

El historiador contrasta el ninguneo que sufrieron todas las víctimas en comparación con los homenajes que se rindió a los diecinueve falangistas o guardias civiles que perecieron bajo las bombas. A quien vestía camisa azul o uniforme verde se le incluyó en las listas de “caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo”, precisa Aguilera. “Todos los demás nunca recibieron nada. La única fue la madre de tres hermanas que murieron en la Plaça des Pes de sa Palla. Era viuda y tenía dos hijos más: le dieron un estanco. Sí he visto algún llamamiento en prensa donde se animaba a los afectados por los bombardeos a acudir al Ayuntamiento para recibir ayudas. Pero las personas que he entrevistado me han dicho que sus familias no recibieron nunca nada. Es verdad que algunos murieron de camino al refugio, en la calle, –como dos matrimonios a los que alcanzó una bomba cuando iban a refugiarse en la iglesia de la Missió–, pero otros muchos se quedaron sin casa”.

[A los falangistas y guardias civiles] se le incluyó en las listas de caídos por Dios y por España, explicando que no habían muerto en el frente ni por la represión, sino en un bombardeo. Todos los demás nunca recibieron nada

Manuel Aguilera — Periodista y doctor en Historia

Manuel Aguilera Povedano ya estaba enfrascado en su investigación cuando descubrió a otro trío de hermanas que habían matado los aviones de la República. “La historia de Joana, Àngela y Magdalena Ferragut Pradeny es muy dura: entrevisté a la familia y nunca supieron si el cadáver de la hermana pequeña se lo llevaron o si, con la deflagración, quedó tan consumido que no se encontró resto alguno”, explica el profesor del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). Tenían edades parecidas a las Muñoz Martí –veintisiete, veintidós y diez– y murieron apenas una semana antes: el lunes 24 de mayo de 1937. Al localizar la dirección de las fallecidas, Aguilera dio un respingo y no porque la calle llevara el nombre del primer presidente de la II República: “Niceto Alcalá Zamora, 12. Yo había vivido allí, en un edificio nuevo, claro. Me impactó muchísimo darme cuenta de la coincidencia y, de alguna manera, sentí que tenía que seguir investigando. Ha habido muchas casualidades y golpes de suerte que me han ayudado a terminar Mallorca en llamas”.

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos. Y sería pernicioso que muchos los dieran” (Francisco Tomás y Valiente).

Hablamos de la tortura. Y ello nos lleva a recordar, como dijo Josep Fontana, que de las investigaciones realizadas se deduce “la brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos”. Desde este presupuesto analizamos lo siguiente.

Como, lamentablemente, acaba de ocurrir, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto rotundamente a la instalación de una placa en la actual sede de la Comunidad de Madrid en memoria de las víctimas de la dictadura, que tanto dolor sufrieron por su internamiento en los calabozos de dicha sede cuando era la Dirección General de Seguridad. Con la particularidad de que ha sido apoyada por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Una particular muestra y expresión de la “parcialidad” que vemos en ciertos sectores de la judicatura.

Parece que ni la presidenta ni los magistrados hayan leído el Acuerdo de 20 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En ella, el Gobierno acordó instalar una placa en dicha sede que mantuviera la memoria de unos de los espacios más violentos de la dictadura, la Dirección General de Seguridad. Acuerdo que pretende actualizar el papel central de dicha sede en la “represión política y social durante la dictadura franquista”. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas”, señala el texto, añadiendo que “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo”, hasta el punto de “extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar” a los detenidos por medio de una “extrema brutalidad”. “La represión desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española” y se convirtió en un “símbolo del terror estatal” que “evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”. Esta inmensa y dolorosa realidad es la que la presidenta Ayuso y los magistrados tratan de evitar que se difunda.

Para justificar, aún más, la necesidad de instalar en dicha sede la placa que abra a toda la ciudadanía la memoria de aquella tragedia, basta recordar las palabras contenidas en el informe del Consejo de Europa -marzo de 2006- que expresó con toda claridad y detalle lo que en uno de sus capítulos se denomina: 'Balance de los crímenes del régimen de Franco'. Informe que subraya que “la conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de los jóvenes”. Parece que las citadas autoridades ignoran este informe.

Para complementar lo expuesto, considero necesario rememorar lo que significó la Brigada Social y Política de la dictadura.

Es una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación relevante de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al fin de la contienda militar. La institucionalización de la represión, primero contra las personas fieles a la República y luego contra toda la oposición democrática, disponía de varios instrumentos básicos y necesarios para el ejercicio de su función. Entre ellos, estaban los diversos Cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada una de las Jefaturas Superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes Gobernadores Civiles.

Sin el concurso, primero, de las Comisarías de Investigación y Vigilancia y, después, de dichas Brigadas, los Consejos de Guerra y los Tribunales Especiales -como el TOP- no hubieran podido llevar a cabo su cometido. Para ello, contaban con una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la Dictadura a la que servían y protegían con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la Dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por Ley de 2 de septiembre de 1941, concentrando, con los servicios de Información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta -o no- a la autoridad militar o al TOP, detenciones arbitrarias e indefinidas en Comisarías o Centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Deben tenerse presente dos datos que reflejan el permanente hostigamiento policial de la oposición durante la dictadura. El primero, las detenciones políticas en España en 1961 fueron 1.335 y, en 1962, llegaron a 2.438. Segundo, el total de presos políticos en España al iniciarse el 1961 era de 15.202, entre ellos 1.596 mujeres. 

Debe destacarse la trascendental importancia que llegó a tener, entre otros medios violentos de investigación, la práctica de la tortura, tal como ha quedado ya reflejada en numerosas investigaciones históricas. Basta acceder a las fuentes documentales de quienes, como espina dorsal del régimen, la practicaron gravemente. Ciertamente, tenemos constancia de ello por el testimonio de sus víctimas. Así resulta del de Marcos Ana, Elena Cuartero García, María Salvo Iborra, Heriberto Quiñones, Vicente Cazcarra, Pedro Vicente, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Moisés Hueso Mateo, Francisco Díaz Iniesta, Carles Vallejo y tantos otros miles. Todos, sin excepción, según el gran luchador por la democracia, Miguel Núñez, “quedaron destrozados física y moralmente”.

Las actuaciones de estas Brigadas se mantuvieron activas hasta el periodo final de la Dictadura y la Transición; así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico en la que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaban en esa etapa bajo la dirección de Saturnino Yagüe González “que trabajaba desde 1958 en estos menesteres” y la constante y durísima actuación de Pedro Polo, Eduardo Quintela, Juan Estévez, del “Comisario Ballesteros en Valencia”, el Jefe de Policía de Tenerife José Matute, de González Pacheco, de Carlos Domínguez, de Eleuterio Fernández-Girón, del Inspector Pena, de los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix, Eugenio Nicolás, etc.  Basta examinar las detenciones policiales por razones políticas y sindicales producidas durante el periodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976-un total de 2.815- para valorar el verdadero alcance de la represión. (Fuente: Gabinete Técnico del Ministerio de la Gobernación). A partir de dichos datos, es razonable asumir la hipótesis de que 53.500 personas aproximadamente sufrieron represión en el último periodo del franquismo. Actividad que exigía una amplia y diversificada organización que era similar en toda España. Como la de Catalunya, la VI Brigada Regional, que disponía en 1974 de la siguiente estructura. Grupos: “Jefatura, Secretaria, Servicio de Guardia-Grupo VI, Servicio de Universidad-Grupo VII, Servicios Extraordinarios Prolongados, Asuntos laborales-Grupo I, Actividades catalanoseparatistas -Grupo II, Actividades comunistas-Grupo III, Actividades Anarquistas, Trotskistas y sociales-Grupo IV y Escoltas y Sectas-Grupo V”, disponiendo para esos fines, en dicho año, de 120 funcionarios de plantilla. Y, desde luego, la relación directa de dichas Brigadas con los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, reunión y manifestación. Basta con citar los cinco cometidos en Vitoria en 1976.

En 1975, “continuaban a buen ritmo los apaleamientos y las vejaciones a base de palizas con la porra, con cuerdas o con toallas mojadas, quemaduras con cigarrillos, contusiones generalizadas o cortes con cuchillas de afeitar”. Torturas que determinaron en su día los Manifiestos contra la misma de 1963 (sobre la tortura en Asturias), de diciembre de 1968 (Documento suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976. En la obra de N. Sartorius se contiene una reflexión, tomada de Antoni Batista, sobre la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan los atestados e informes de dichas Brigadas, porque, lo que hoy puede hacer sonreír, “por la propia redacción macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu”, ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no puede ni debe olvidarse.

La organización de la policía política contó desde siempre con colaboradores externos, particulares, funcionarios y agencias privadas de información, además de la extrema derecha, para vigilar, informar y, sobre todo, las delaciones, dados los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Datos que las autoridades policiales aprovecharon al máximo.  

Pese a la enorme gravedad de lo expuesto, la Transición, concretada en la Ley de Amnistía, impidió la persecución procesal y consiguiente sanción penal de tantos y tantos delitos de tortura. Y, hoy, la Justicia, continúa cerrando el paso a una investigación rigurosa de dichos delitos invocando, erróneamente, la prescripción de los mismos, cuando no la Ley de Amnistía, como así ha ocurrido, injustamente, ante la denuncia formulada por Carles Vallejo ante el Juzgado de Instrucción 18 y la Audiencia Provincial de Barcelona, por los 21 días de internamiento en las celdas de la Comisaria de Vía Layetana, sufriendo toda clase de durísimos malos tratos y torturas.

Estimo necesarias las palabras de Guy Aurenche. “La tortura institucionalizada no es solamente la negación misma del hombre, sino también la negación misma del papel que ha sido confiado al Estado por las sociedades humanas.De ahí, el carácter particularmente tortura institucionalizada”. Una gravísima realidad que la Presidenta y los magistrados parece que quisieran olvidar.

Y una observación necesaria. El art.2.3 de la Ley de Memoria Democrática dispone lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretaran y aplicaran de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Basta ya de excusas vacías para no perseguir los crímenes de la dictadura.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que regulan la concesión de subvenciones por importe de algo más de 1,3 millones de euros a una serie de entidades para la divulgación y promoción de la memoria democrática, entre ellas la Fundación Juan Negrín que recibirá 200.000 euros.

Con el primero de esos decretos, que reparte 930.000 euros, asegura el Gobierno que pretende impulsar la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria democrática, en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

También resalta la necesidad de que haya un reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Son diez en total las entidades a las que se destina esa cantidad, y la que mayor subvención recibe, de 250.000 euros, es la Fundación Federico García Lorca, que entre otras tareas divulga la figura del autor que le da nombre.

Subvención al Ateneo

A continuación se sitúa el Ateneo de Madrid, que recibe 225.000 euros para el desarrollo de sus actividades culturales, académicas, divulgativas y de promoción y difusión de la memoria democrática.

La Fundación Juan Negrín recibirá 200.000 euros; 75.000 euros la Asociación Española de Investigación para la Paz para la organización de una Conferencia Internacional y cursos destinados a la promoción de los Derechos Humanos y la Cultura de la Paz; y 50.000 se destinan a Amical de Mauthausen y otros campos víctimas del nazismo en España.

A su vez, la Asociación Casa de la Memoria recibirá un total de 30.000 euros.

Otras entidades beneficiarias con 25.000 euros cada una son el Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), para la musealización, conservación y puesta en valor del mural de la Guerra de España hallado en la antigua fábrica del Batallón de Retaguardia n.º 6; el de Leciñena (Zaragoza), para la creación de un monumento y el desarrollo de un espacio en recuerdo a los vecinos deportados a Mauthausen, por importe de 25.000 euros.

La misma cantidad recibirán el Ayuntamiento de Portbou (Girona), para actividades de memoria democrática vinculadas a la historia de este municipio, y la Fundación Max Aub.

Red de Teatros y Auditorios

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado otro real decreto que establece las normas reguladoras para la concesión directa de una subvención, por importe de 400.000 euros, por razones de interés público, a la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales con el fin de crear el Circuito de Artes Escénicas y Memoria Democrática.

El objetivo de este programa es impulsar espectáculos en torno a esta temática por los espacios públicos asociados, principalmente municipales.

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, constituida en el año 2000, destaca el Gobierno que es la principal plataforma asociativa del sector público de exhibición de las artes en España.

Unas 70 personas han participado este martes en una concentración en la plaza de Caño de Argales de Valladolid para apoyar al pintor Manuel Sierra, minutos antes de entrar en un juicio por el borrado de uno de sus murales en 2023 en memoria de los represaliados republicanos de la guerra civil y del franquismo en el municipio vallisoletano de Castronuño.

“Si fastidian un mural, hacemos dos, si fastidian dos, hacemos cuatro, pero cuando haga falta, (iremos) a los tribunales, que para eso están”, ha aseverado en declaraciones a los periodistas cerca de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Valladolid, en las que ha advertido que actos como la eliminación de un memorial suponen “disparos a la línea de flotación de la democracia”.

Sierra ha reconocido que sentirse “blindado” e “invulnerable” por el apoyo de la gente y espera ganar el juicio contra el teniente de alcalde del municipio de Castronuño, Sergio Ramos, y dos particulares por una vulneración de derechos de autor, así como ha insistido en que su objetivo es que se haga un nuevo mural con la misma motivación.

“No voy a pintar ahí un mural para cualquier otra historia, lo que solicitamos es la restitución, en el mismo lugar con las mismas condiciones y un mural que hable de lo mismo”, ha subrayado, antes de incidir en que la obra destruida es “un mural de autor participado o colectivo”.

También ha señalado que este memorial en una pared de titularidad del Ayuntamiento (entonces gobernado por IU, desde las últimas elecciones municipales lo hace el PP), que no tuvo ningún coste para las arcas municipales al pagarla directamente el partido político de izquierdas y que se inauguró en abril de 2022.

Sierra ha sido recibido con una ovación y, aparte de una gran pancarta con la imagen del mural borrado -con un libro, una calavera, un pájaro, un corazón, un roja con una estrella roja como flor y una banda roja, gualda y morad-, han acudido simpatizantes con camisetas del memorial.

También se borró uno en Medina del Campo

También se han acercado cargos públicos del Ayuntamiento de Valladolid, como los portavoces Pedro Herrero (PSOE) y Rocío Anguita (Valladolid Toma la Palabra), o la concejala de la coalición Gana Medina, María Jesús Vázquez (IU), donde en 2023 fue borrado otro mural de Sierra con un contenido similar, pero esta vez en una pared de un particular y tras tan solo cuatro días pintado.

En declaraciones a los periodistas, Vázquez ha explicado que su formación convocó esta protesta para reivindicar la memoria histórica, la autoría de una persona, el derecho a difundir un mensaje de justicia y de igualdad en estos momentos con “situaciones tan difíciles y tan terribles” que ha relacionado con “la censura de hace 50 años”.

El alcalde defiende que los pueblos pequeños tienen que ser “neutrales”

Hace unos días, el actual alcalde del municipio, José Ignacio Vázquez (PP), avaló la decisión de su teniente alcalde, que se tomó porque el mural incomodaba a algunos vecinos, contenía una “bandera anticonstitucional” -en referencia a la tricolor republicana- y que “los pueblos pequeños tienen que ser neutrales”.

“Al final todos los vecinos tienen los mismos derechos”, subrayó , antes de defender la actuación del número 2 del Consistorio “en una pared municipal”, ya que, a su juicio, “el Ayuntamiento tiene potestad para, en ciertas ocasiones, valorar y ejecutar la obra que crea correspondiente”.

El Govern central portarà davant del Tribunal Constitucional la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears, suprimida el passat mes de març per PP i Vox. La norma, aprovada el 2016, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic dels qui van ser represaliats després del cop militar de 1936. Segons ha defensat el Consell de Ministres, l'eliminació de la llei autonòmica suposa una vulneració dels drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

La portaveu de l'Executiu espanyol, Elma Saiz, ha anunciat aquest dimarts la interposició del recurs després que fracassassin les negociacions obertes amb el Govern balear per intentar revertir la derogació del text, que preveia mesures com l'elaboració d'un cens de símbols franquistes per facilitar-ne la retirada, la prohibició d'actes d'exaltació de la dictadura, la conservació d'arxius vinculats a la memòria democràtica i la garantia d'accés a la documentació relacionada amb la repressió franquista.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, dirigit per Ángel Víctor Torres, va oferir al Govern obrir una via de negociació per restituir la llei. Tanmateix, les converses no varen fructificar i l'Executiu central ha optat finalment per acudir al Constitucional amb la intenció, a més, que la suspensió de la derogació es pugui aplicar de manera cautelar mentre es resol el procediment.

El Govern sosté que la decisió compta amb l'aval del Consell d'Estat, que considera que la supressió de la norma balear vulnera el deure de col·laboració de les comunitats autònomes en el desplegament de la Llei estatal de Memòria Democràtica. L'òrgan consultiu entén, a més, que la derogació afecta drets fonamentals relacionats amb la dignitat de les persones i la integritat moral de les víctimes.

L'ofensiva judicial contra la decisió adoptada a les Balears s'emmarca en la línia ja iniciada per l'Executiu de Pedro Sánchez amb comunitats autònomes com Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, les normatives de memòria històrica de les quals han estat substituïdes per “lleis de la concòrdia” que, amb el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia, mentre manté negociacions sobre iniciatives impulsades en altres territoris com Extremadura.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va succeir i, el que és pitjor, condemnen les víctimes novament a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen aspectes vinculats a les exhumacions però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició.

L'esquerra celebra la impugnació

La decisió ha estat celebrada pels grups d'esquerra a les Balears. El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta autonòmica, Marga Prohens (PP), d'haver cedit davant Vox, defensant que el recurs suposa un fre a l'extrema dreta i assegurant que, si el Constitucional admet la impugnació i acorda mesures cautelars, la derogació podria quedar suspesa i la llei autonòmica tornaria temporalment a estar vigent.

També Més per Mallorca ha acollit positivament l'anunci. La diputada Maria Ramon ha assenyalat que recuperar la norma és especialment rellevant quan es compleixen deu anys de l'aprovació de la llei de fosses de les Balears, i ha defensat que ambdues legislacions formen part d'una mateixa política pública destinada al reconeixement i la reparació de les víctimes.

Vox, per contra, ha carregat durament contra la iniciativa de l'Executiu estatal. La seva portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha qualificat el recurs de “rebequeria” i ha qüestionat que el Govern pugui impedir que una majoria parlamentària autonòmica derogui una llei aprovada pel Parlament. La diputada ha titllat, a més, d'“antidemocràtica” la possibilitat que la derogació quedi suspesa cautelarment i ha insistit que la norma eliminada era, al seu parer, “injusta i sectària”.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica va ser aprovada definitivament pel Parlament el març passat i va entrar en vigor després de la seva publicació al BOE el 10 d'abril. La mesura va formar part de les exigències plantejades per Vox al PP durant la legislatura i va convertir les Balears en una de les comunitats autònomes on l'agenda memorialista impulsada pel Govern central ha patit un major retrocés institucional.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

Cuando uno pasea (o hace turismo) por Valladolid suele pensar en los siglos XV y XVI. El palacio en el que se casaron los Reyes Católicos o los barrotes por los que enseñaron a un neonato Felipe II son solo un ejemplo de las historias que han trascendido. Sin embargo, hay pocas referencias o vestigios al uso más reciente de algunos de esos edificios que todavía quedan en pie. Oquedades en ladrillo o una placa, en el mejor de los casos, es lo que queda de una Valladolid que vivió la guerra civil desde la retaguardia: es decir, en represión. La Asociación para la Recuperación Histórica de Valladolid (ARMHVa) acaba de publicar su séptimo libro, Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española, que recorre los edificios que siguen en pie y que protagonizaron distintos momentos desde que los sublevados dieran el golpe de estado el 18 de julio de 1936.

Valladolid tuvo una represión organizada y dirigida a aquellos que los sublevados veían como enemigos: se han contabilizado 2.700 asesinatos y otras 10.000 personas fueron encarceladas o reprimidas. “Fueron muertes extrajudiciales perfectamente orquestadas, sistemáticas y muy bien seleccionadas”, explica el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que lleva investigando y trabajando en la recuperación de restos desde que se fundó la entidad, hace 24 años.

Esta obra, que incluye un plano de la ciudad por si alguien quiere realizar una lectura sobre la marcha, examina catorce edificios y espacios como el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno Civil —que hoy es parte del Museo Nacional de Escultura—, la Capitanía General, la Casa del Pueblo —casa del pueblo —donde 600 personas esperaban unas armas que nunca llegaron, de los cuales casi 500 de ellos fueron juzgados—, el cementerio del Carmen —en la que aún quedan restos sin localizar—, el manicomio —ubicado en la actual Consejería de Familia—, la Estación del Norte, el páramo de San Isidro, donde más de 400 personas fueron fusiladas.

Estos sitios han sido elegidos porque los hechos que sucedieron afectaron a un elevado número de personas o por la relevancia de los sucesos que acontecieron allí para el triunfo del golpe. “Se trata de recorrer los lugares, pero no hacemos una mera descripción, sino que intentamos dar más luz sobre estos sitios con toda la documentación que tenemos”, avanza Del Olmo en una entrevista a elDiario.es.

Esta 'luz' se aporta a través de las historias de algunos de estos fusilados o encarcelados. Los documentos judiciales o militares incluyen el papel social, político o de actuación de la mayoría de los detenidos, así como los cargos que ejercían en política municipal o en sindicatos y sus filiaciones políticas. Muchos de ellos eran trabajadores públicos como bomberos, policías y barrenderos, además de los miembros de la corporación municipal. También se alude a los antecedentes 'penales' de estos presos, que podían retrotraerse a las huelgas de 1917.

Obstáculos para acceder a algunos documentos

Lugares de la Memoria. El Valladolid de la guerra española se publica como fruto de años de entrevistas personales, investigación documental, visitas a los archivos municipal, provincial y militares y excavaciones que han permitido recuperar cientos de restos de los represaliados. Especialmente importante ha sido el acceso al Archivo Militar IV de El Ferrol —que contenía información sobre la VII Región Militar y más de 6.000 causas— y a la documentación parcial relativa a la cárcel de Cocheras, ubicada en los almacenes en desuso que guardaban viejos coches de tranvía y que llegó a hacinar a más de 2.000 presos.

“Pedimos los libros de registro de esta prisión, que operó hasta el 20 de octubre de 1940. Primero nos dijeron que esa documentación no existía, pero conseguimos una foto de la portada y una foto de una de las páginas. Y entonces nos enviaron los libros de registro”, explica Julio del Olmo. Sin embargo, la ARMH de Valladolid no está satisfecha con los archivos a los que tuvieron acceso: solo les entregaron los libros de registro de 1937 y 1938 —y otro más general y expurgado que abarca hasta 1942—, pero no los del año del golpe.

“El fundamental es el libro de registro de 1936, pero ese nada, no nos lo han mandado”, reprocha Del Olmo. En 1936 fue cuando se produjo un mayor número de presos ejecutados extrajudicialmente tras puestas en 'libertad' firmadas por el gobernador civil, el jefe superior de policía y el director de la prisión. “Algunos testigos nos contaron cómo venían los falangistas a la cárcel y se llevaban a quien querían. Y no. El que salió fue porque se había dado la orden, y los falangistas eran los ejecutores. Los milicianos eran civiles militarizados, sometidos a la jerarquía, disciplina y código de justicia militar”, defiende. En tres semanas, fueron asesinadas más de 500 personas en Valladolid, seguidas de otras 900 en septiembre

Ocultación de víctimas como si hubieran sufrido un bombardeo

El libro también pone el foco en los nueve bombardeos que sufrió la ciudad de Valladolid —y uno en Medina de Rioseco— entre 1936 y 1938, que se saldaron con 80 muertos. La investigación de la ARMH apunta que solo cinco bombardeos (los de 1937 y 1938) fueron ataques de la aviación republicana: fueron dirigidos al centro de la ciudad —donde se concentraba el apoyo a la sublevación— y en puntos estratégicos y acabaron con la vida de 64 personas.

Sin embargo, Valladolid también sufrió ataques en agosto y septiembre de 1936 cuya autoría es más difusa: afectaron a viviendas de la clase trabajadora (en Las Delicias o en los alrededores de la estación de tren, donde vivían los ferroviarios) y mataron a 16 personas. Además, se han localizado escritos del gobernador civil prohibiendo atacar a las fuerzas aéreas y diciendo que estos bombardeos servían “para aglutinar aún más el espíritu colectivo y enardecer el impulso patriótico”.

Una carta escrita desde el frente durante la Guerra Civil. Un carné de Falange. Una cartilla de racionamiento. Una fotografía en blanco y negro en la que casi nadie reconoce ya los rostros. Los objetos pasan de mano en mano en un aula de un instituto de Santa Fe (Granada), mientras un grupo de estudiantes explica qué son, de dónde vienen y qué historia esconden. No están leyendo un libro de texto. Están hablando de sus familias.

Durante dos días, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Jiménez de Quesada de esta localidad granadina ha convertido sus aulas en una exposición abierta a todo el centro. El alumnado de segundo de Bachillerato ha reunido objetos fechados entre 1936 y 1975 y los ha catalogado, contextualizado y explicado al resto de estudiantes. Pero lo que se muestra sobre las mesas es solo una parte del proyecto. La otra parte ocurre fuera del aula. Cada estudiante elige a una persona mayor de su entorno -abuelos, abuelas u otros familiares-, la entrevista, graba su testimonio y lo convierte en material de trabajo. Lo que empieza como una actividad académica acaba abriendo conversaciones que, en muchos casos, nunca se habían producido.

“Las historias hay que vivirlas también en primera persona y conocer las pequeñas, las que están cerca”, explica Ángela Montes, profesora de Historia y una de las impulsoras de “Memoria Viva”, un proyecto que ya suma seis ediciones entre Santa Fe y Motril. La propuesta nace, en parte, de una limitación. Segundo de Bachillerato está marcado por la presión de la Selectividad, con un temario extenso y poco margen para salirse del guion. “Es un año muy agotador, muy centrado en los apuntes”, señala Montes. “Pero cuando llegamos al siglo XX, todavía hay personas que pueden contar lo que vivieron. Y eso cambia la forma de entenderlo”.

Ese cambio empieza por algo básico: dejar de ver la historia como un relato ajeno. “Tienen que entender que el libro no es un cuento, que esto ha pasado de verdad”, explica la profesora. La distancia temporal, sin embargo, juega en contra. Para una parte del alumnado, la Guerra Civil o el franquismo empiezan a percibirse como episodios lejanos e incluso con tintes frívolos, sin conexión directa con su vida cotidiana. El proyecto intenta romper esa distancia a través de lo más cercano: la memoria familiar.

Historias cercanas

En ese proceso aparecen historias que no estaban en los libros ni en las conversaciones habituales. Relatos que habían quedado guardados durante décadas, a veces por miedo, otras por costumbre. “Cuentan cosas que han tenido dentro muchísimos años. Nadie les ha preguntado. Era un tema tabú”, explica Montes. Las entrevistas no siempre son fáciles. Algunas personas mayores se emocionan al recordar. A veces, también quienes escuchan. “Se me han puesto a llorar algunos alumnos”, reconoce la profesora. Y en ese momento, la historia deja de ser una materia académica para convertirse en una experiencia directa.

En ocasiones, lo que emerge cambia la percepción que el propio alumnado tenía de su familia. “Te voy a contar la verdad: tu abuelo no desapareció, se lo llevaron”, relata Montes sobre algunas de las conversaciones que han surgido durante el proyecto. Son historias que habían permanecido ocultas o edulcoradas y que encuentran, por primera vez, un espacio para ser contadas.

Andrea, estudiante de segundo de Bachillerato, lo define como una experiencia “muy significativa”. En su caso, la actividad ha reforzado un vínculo que ya existía. “Soy muy cercana a mis abuelos y me parece muy bonito incluirlos en una actividad en la que ellos cuentan su experiencia”, explica. Sus abuelos, María Martín y Andrés Rueda, vivieron la posguerra siendo niños. Sus recuerdos no hablan de grandes acontecimientos políticos, sino de la vida cotidiana: la escasez, la necesidad de compartir con los vecinos “por poco que hubiera”, o una estructura social marcada por “una diferencia de clase muy rígida”.

Ese tipo de relatos, alejados de los grandes titulares, son precisamente los que permiten al alumnado aterrizar la historia. “He aprendido a valorar las facilidades que tenemos actualmente”, confiesa Andrea. Y también a cuestionar algunas ideas extendidas entre su generación: “Estas actividades nos sacan del mito y nos muestran cómo fue la realidad de la dictadura”.

Contra el auge del franquismo

La distancia entre relato y realidad es uno de los puntos que más preocupan al profesorado. Montes describe un contexto en el que ciertos discursos han dejado de generar rechazo automático. “Ahora mismo no está mal visto decir barbaridades que antes no se podían decir”, afirma. En el aula, eso se traduce en comentarios, símbolos o consignas que evidencian una banalización del franquismo entre adolescentes: “He escuchado a niños de 12 años decir ‘viva Franco’”.

Frente a ese escenario, el proyecto introduce un elemento difícil de relativizar: el testimonio directo. “Les desmonta muchos mitos y su pensamiento va evolucionando”, explica la profesora. La experiencia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas y fomentar una mirada crítica. “Que no se crean todo lo que ven en redes sociales”. Esa falta de un discurso único también se refleja en los materiales. En la exposición conviven cartas del frente con objetos cotidianos, documentos oficiales o símbolos vinculados a la dictadura. “Aquí no hay censura, todo se recibe”, asegura Montes. El objetivo no es construir un relato uniforme, sino mostrar la complejidad de una época a través de las experiencias individuales.

En ese sentido, el aula se transforma en algo más cercano a un archivo o a un museo. “El instituto se convierte en un museo vivo”, señala el director del centro, José Andrés Mateos. Para él, el proyecto representa un cambio de enfoque en la enseñanza de la historia: “Ya no hablamos de una materia basada en la memorización, sino de una disciplina viva”. La clave está en el papel del alumnado. “No estudian la historia, estudian su historia”, argumenta. Ese matiz, aparentemente pequeño, cambia la relación con el aprendizaje. El esfuerzo deja de estar vinculado únicamente a un examen y adquiere un sentido emocional, conectado con la propia identidad y el entorno.

El proyecto se enmarca dentro del programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, pero su lógica va más allá de cualquier etiqueta administrativa. La innovación, en este caso, no pasa por la tecnología, sino por la capacidad de convertir el patrimonio cotidiano en una herramienta educativa. Cartas, fotografías, utensilios domésticos o documentos familiares permiten reconstruir cómo se vivía en la guerra, la posguerra o el franquismo desde una escala concreta: la de las familias de Santa Fe o Motril. Y, al mismo tiempo, facilitan una comparación directa con el presente.

Porque, mientras el tiempo avanza, la memoria se va estrechando. Las personas que vivieron aquellos años desaparecen y, con ellas, las historias que no se han contado. “Esas personas van muriendo y esas historias van muriendo con ellas”, advierte Montes. El proyecto no pretende resolver ese vacío, pero sí intervenir en él. Generar, al menos, un momento de escucha. “Si de 65 alumnos cala en uno o dos, yo me doy por satisfecha”, dice la profesora. Aunque, después de seis años, sospecha que el impacto es mayor. Lo suficiente, quizá, para que dentro de unas décadas alguien vuelva a abrir una caja, saque una carta o una fotografía, y encuentre en ella algo más que un objeto: una historia que alguien decidió no dejar perder.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha denunciado el “incumplimiento” por parte de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de los acuerdos adoptados en el Consejo de la Memoria celebrado el pasado 15 de diciembre de 2025, mediante los cuales la administración se comprometía, a iniciativa propia, a agilizar los expedientes de declaración de Lugares y Senderos de Memoria Democrática pendientes desde que el PP llegó al gobierno.

En dicho Consejo, fue la propia consejera la que estableció el funcionamiento y la planificación, acordándose la convocatoria de la Comisión de Lugares y Senderos de la Memoria con una periodicidad mensual entre enero y junio de 2026, con el objetivo de aprobar un total de 68 expedientes pendientes, informa la FAMD. “Sin embargo, transcurridos ya cinco meses del año, dicha comisión únicamente se ha reunido una sola vez, en marzo de 2026, aprobándose tan solo 8 expedientes”, añaden en un comunicado.

“De nuevo, desde la FAMD tenemos que denunciar la clara falta de voluntad política de la Junta de Andalucía con las políticas públicas de Memoria Democrática y la falta de respeto a los miembros del Consejo de la Memoria, así como la total impunidad pese al incumplimiento sistemático de la ley. A todo esto se suma el incumplimiento de la obligación de convocar el Consejo de la Memoria. La normativa establece la celebración de cuatro reuniones al año, si bien en lo que llevamos de 2026 no se ha convocado ninguna sesión”, denuncia la FAMD.

Esta “paralización administrativa” afecta “directamente al reconocimiento institucional de espacios vinculados a la lucha por las libertades democráticas y a la dignificación de las víctimas del franquismo”. Por tanto, la FAMD exige a la Consejería “el cumplimiento inmediato de los acuerdos adoptados y la convocatoria urgente tanto de la Comisión de Lugares y Senderos como del propio Consejo de la Memoria, y el desbloqueo de los expedientes que siguen pendientes”.

Consultada por este periódico, la Consejería opta por “no hacer comentarios” a esta denuncia pública de la FAMD.

Los conciertos de Bad Bunny han contado con protagonistas infiltrados desde que el pasado mes de septiembre celebrara su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico. Penélope Cruz, Javier Bardem, Lebron James, Kylian Mbappé y Austin Butler fueron algunos de los famosos que Benito Antonio Martínez Ocasio invitó a su 'Casita', un escenario secundario que se ha convertido en uno de los símbolos de su gira –y generador de virales–. Pedro Pascal, Karol G y Jessica Alba fueron sus moradores durante su sonado espectáculo en la Super Bowl.

La lista continuó ampliándose desde que arrancó su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que aterriza este sábado en Madrid tras pasar por Barcelona, en el primero de los diez conciertos que ofrecerá en el estadio Metropolitano. Úrsula Corberó, Priscila Delgado, Marc Giró, Lewandowski y Lamine Yamal fueron algunas de las celebrities que aparecieron en la ciudad condal.

Ahora bien, ¿tiene sentido que un espacio que representa la identidad puertorriqueña, siendo el tipo de hogares de la clase trabajadora, se haya convertido en el club exclusivo de los shows de Bad Bunny, el VIP de celebrities, futbolistas e influencers? Construcción por la que, además, el músico fue denunciado por el dueño de la construcción en concreto en la que se inspiró, por la que le ha reclamado más de un millón de dólares.

La 'Casita' ha dado mucho que hablar también por quienes han subido sus vídeos a redes sociales presumiendo sobre cómo se 'colaron' en ella durante algunos de los shows. La inmensa mayoría de ellas mujeres, jóvenes, con cuerpos normativos. Una 'selección' de perfiles que se repite durante todos los recitales, sobre la que a su vez se ha abierto el debate respecto a si supone o no una cosificación de los cuerpos femeninos, convertidos en una parte más de la puesta en escena de la gira del puertorriqueño.

De la casa del pueblo al VIP, el reciclaje cultural de Benito

El eje del show del artista es la reivindicación de la cultura de su tierra, Puerto Rico. Por eso hay quien ha planteado la duda sobre si Bad Bunny está cayendo en una contradicción por copar su 'Casita' de celebridades. El historiador Rafael L. Carrera, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, considera que no, y que se trata de “un tipo de reciclaje para atraer a un público de otros lugares”. El experto comparte con este periódico que este modelo de casas son muy propias de los años sesenta y setenta, como parte del proyecto de cambio cultural y económico que se dio en estas dos décadas, relacionado con Estados Unidos.

El Gobierno concedía un tipo de terreno específico “clase trabajadora, pero no pudiente, en el que construían sus propias casas, como parte del plan con el que buscaban urbanizar el país, mejorar que hubiera agua potable y suministro de electricidad”. Solían tener entre dos y tres habitaciones, salón, cocina y baño, además del característico balcón que el cantante ha incluido como parte de su espectáculo. Este nuevo contexto llevó a que mucha gente empezara a cambiar estilos de vida, como las celebraciones, que se hacían sobre todo en Navidad. “El balcón se convirtió en el elemento donde la gente se reunía”, señala, que es el modelo que Bad Bunny trata de recrear.

La casa fue inicialmente concebida para el cortometraje Debí tirar más fotos, de cuya dirección de producción se encargó Mayna Magruder Ortiz. La profesional explicó a al medio puertorriqueño El Nuevo Día que fue diseñada para albergar a un cuerpo de bailarines alrededor de treinta personas que debían caber tanto en el interior como sobre su tejado, que es usado como escenario. En su interior, más allá de haber convertido la cocina original en una barra, cuenta con elementos decorativos de artistas locales como Alexis Díaz y que con ellos pretendía contar la historia de estas casas.

Su diseño fue en un principio pensado solamente para la película, pero posteriormente se decidió incorporarla al escenario de la gira. En concreto, como espacio en el que se desarrolla el segundo acto del concierto. En él interpreta sus canciones de perreo más clásicas, como Tití me preguntó, Me porto bonito, Yo perreo sola, Safaera y Monaco, entre otras.

“Muchas de estas casas siguen, aunque los balcones ya no son lo de antes”, apunta el historiador sobre cómo estos espacios se están volviendo “más individualistas” y cómo el cantante está recuperándolo a través de su puesta en escena. Balcones en los que al llegar, “disfrutas de la hospitalidad de la persona que te está recibiendo”, incluida la comida y la bebida. El músico comenzó incluyendo su identitaria 'Casita' en las residencias de Puerto Rico, pero con la Super Bowl y la gira, lleva meses trasladándolo también al resto del mundo, invitando a personas reconocidas de cada ciudad.

“Quiere atraer la atención del país a donde va. Si pusiera a alguien de a pie, no tendría proyección, que es lo que quiere”, argumenta el historiador. Los influencers, artistas, deportistas que ubica en su 'Casita' son “condensadores de la representación de otros países. Un tipo de reciclaje cultural donde tomas unas tradiciones y les vas dando un sentido distinto dentro de la sociedad actual”. De ahí a que valore que incluir únicamente a desconocidos chocaría con la “conversión de la espectacularización de los conciertos. Se convierten en ganchos mediáticos”: “No es tanto que desvirtúe, sino que recicla el concepto de a quién se invita a la casa”.

Rafael L. Carrera recuerda que en la 'Casita' aparecen igualmente los bailarines del músico, que sí representarían a la “gente de a pie. Sigue habiendo gente corriente que no vas a reconocer”. Y recuerda para quienes critiquen el estatus de los invitados de Bad Bunny, en el Puerto Rico de los sesenta y setenta “podías invitar a tus vecinos, pero también al alcalde o incluso al sacerdote”.

En definitiva, argumenta que la 'Casita' es “un lugar de encuentro donde pueden confluir muchas personas a las que se recibe de manera hospitalaria. En tiempos pasados podría ser gente más de barrio, del pueblo pequeño, pero con el tiempo, en un concierto globalizado y amplificado, quienes están subiendo y pueden llamar la atención, son los condensadores sociales, deportivos y culturales de los países que visita”.

Bad Bunny está tomando elementos de la tradición puertorriqueña los administra desde el presente, reciclándonos para traerlos a una sociedad actual

Rafael L. Carrera — Historiador

El historiador vuelve a acudir al concepto de “reciclaje cultural” para explicar que lo que Bad Bunny está haciendo es “recuperar memoria histórica. Cuando consideras elementos en estados invisibilizados o marginados, intentas recuperarlos, darles un sentido distinto. Está tomando elementos de la tradición puertorriqueña los administra desde el presente, reciclándonos para traerlos a una sociedad actual”.

Una demanda por un millón de dólares

Independientemente del debate en torno a la pertinencia o no de la relectura de la 'Casita', Bad Bunny recibió una denuncia por ella el pasado mes de septiembre. Román Carrasco Delgado es el hombre de 84 años que le demandó porque su casa, situada en Humacao, al sureste de Puerto Rico, fue la que sirvió de inspiración para la 'Casita'. Según recoge Los Angeles Times, en la demanda alegaba que “gran cantidad de personas” visitan su hogar diariamente para hacerse fotos y vídeos, privándole de su privacidad.

“La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general”, afirma el escrito, en el que añade que, por el contrario, “es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían” antes de la publicación del cortometraje Debí Tirar Más Fotos. La denuncia acusaba también a Bad Bunny y tres empresas (Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Production, LLC) de enriquecimiento ilícito.

La demanda señala igualmente que Carrasco autorizó el uso de la casa para el vídeo, “aunque no tenía conocimiento detallado de la forma y manera que se utilizaría la Casita”; y que el hombre no recibió ninguna propuesta formal o informal, ni detalles sobre la grabación.

Quién estará en la 'Casita' en Madrid, ¿el Papa?

Como en cada concierto, el público ya está haciendo sus quinielas sobre quiénes podrían ser los invitados de la 'Casita' en Madrid. En el podio de apuestas más alocadas está el mismísimo Papa León XIV, cuya visita a Madrid coincidirá con varios recitales del cantante. La semilla de la duda la sembró el cardenal arzobispo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) José Cobo, que aseguró no descartar algún tipo de encuentro entre el Pontífice y el cantante.

“Madrid da para mucho. Y puede ser, puede haber puentes. Yo creo que en cuanto Bad Bunny se entere de que está, si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos”, afirmó apuntando a un posible encuentro, insistiendo aun así en que “las sorpresas son sorpresas” y que este tipo de uniones con artistas “se llevan muy en sigilo”. En ningún momento hizo referencia ni a los conciertos ni a la Casita, pero ahí queda la conjetura.

El mismo día en que el juzgado de Santoña (Cantabria) celebraba la vista para anular la condena franquista a Tasio Cañedo se cumplían, con poética precisión, 88 años de su fusilamiento. Un motivo más, la coincidencia del aniversario, para añadir emoción al proceso. “Se asesinó a inocentes que respetaban el gobierno legal, que lucharon por la República, por la democracia y por los derechos ciudadanos”, dice su sobrina María Toca.

El Juzgado de Santoña ha celebrado la vista para estudiar la revisión y posible nulidad de las sentencias franquistas dictadas contra Tasio Cañedo y varios miembros de la corporación republicana de Escalante represaliados durante la posguerra franquista. El procedimiento ha quedado visto para sentencia y será ahora el juez quien determine si prospera la petición presentada por la Fiscalía de Memoria Democrática y los familiares de los represaliados.

La vista se ha celebrado a raíz de la petición de nulidad presentada por el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, mientras que la demanda de revisión fue impulsada por María Toca Cañedo, sobrina nieta de Tasio Cañedo y presidenta de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

Tasio Cañedo, teniente del Ejército republicano y militante de UGT, fue fusilado en la madrugada del 28 de mayo de 1938 en el cementerio de Vista Alegre, en Derio (Vizcaya), tras ser sometido a un consejo de guerra franquista. Su figura continúa siendo hoy un referente de la memoria democrática en Cantabria y da nombre al Memorial de Memoria Democrática Tasio Cañedo, ubicado en el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

La coincidencia de la vista con el 88 aniversario del fusilamiento de Tasio Cañedo ha dotado al acto de una especial carga simbólica para su familia. María Toca reconoció a la salida del juzgado sentirse todavía “nerviosa y emocionada” por lo vivido durante la jornada.

“Acabamos de salir de la vista de la rescisión de la pena de muerte a mi tío Tasio Cañedo y también a los compañeros de la corporación de Escalante que fueron condenados a muerte y fusilados. Ha sido muy emocionante”, señaló.

Toca admitió que el reconocimiento llega tarde para quienes sufrieron directamente la represión franquista, aunque considera que supone un paso importante para la reparación histórica.

“Todo esto llega muy tarde porque son 88 años, justamente esta madrugada hacía 88 años que fusilaron a mi tío. Pero de alguna manera estamos cerrando una herida muy profunda a nivel personal de nuestra familia y también a nivel histórico”, afirmó.

Durante su comparecencia, María Toca defendió que los procesos judiciales impulsados por el franquismo carecieron de garantías y reclamó que la revisión sirva para dejar constancia oficial de lo ocurrido.

“Que un juez y un tribunal del Estado español digan que esos juicios fueron completamente ilegales y que esas condenas a muerte fueron crímenes de Estado es muy importante”, manifestó.

A su juicio, el valor de una eventual anulación trasciende el ámbito familiar y debe servir para reforzar la memoria democrática colectiva.

“No es tanto por nosotros, los familiares de los fusilados, que siempre hemos tenido conciencia de ello, sino para que quede en la historia y en la memoria del pueblo español lo que ocurrió en aquellos años”, sostuvo.

Durante la vista, María Toca explicó que una de las cuestiones sobre las que quiso hacer especial hincapié fue el carácter colectivo de la represión franquista. Según indicó, tanto ella como el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, defendieron la necesidad de contextualizar estos hechos dentro de la represión ejercida por el régimen franquista durante la posguerra.

“He querido hacer hincapié en que aquello fue un crimen de Estado. No hablo de la guerra, hablo de la posguerra, de los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas y las humillaciones que sufrieron miles de personas”, explicó.

En este sentido, defendió que quienes fueron perseguidos durante aquellos años lo fueron por mantenerse fieles a la legalidad republicana.

La presidenta de Ágora Solidaria fue más allá y consideró que estos hechos deben formar parte de la memoria colectiva de la sociedad española.

“Lo más importante no es tanto el sentimiento privativo familiar, sino la conciencia colectiva de lo que ocurrió en España. Queremos que quede en la memoria del pueblo español”, aseguró.

La causa también afecta a varios miembros de la corporación republicana de Escalante. En los últimos meses de 1937, tras la entrada de las tropas sublevadas e italianas en Santoña y la comarca de Trasmiera, numerosos vecinos fueron detenidos y sometidos a consejos de guerra sumarísimos acusados de colaborar con la República.

Entre los encausados figuraban el alcalde republicano Pedro Fernández Alonso, Miguel Ruiz Sierra, Ezequiel Ruiz Expósito, Jacinto Castanedo Campos, Manuel Sisniega del Rey, Eusebio de la Hoz Gutiérrez y Braulio Sisniega. Muchos fueron denunciados por vecinos del propio municipio antes de ser trasladados a prisión y condenados a muerte.

Las ejecuciones se llevaron a cabo entre octubre y diciembre de 1937 en Bilbao dentro del denominado Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 75/37. Entre las víctimas se encontraba Pedro Fernández Alonso, agricultor y alcalde designado por el Frente Popular, fusilado el 16 de diciembre de 1937 a los 37 años. Su esposa, María Hazas, también fue encarcelada y condenada a prisión.

Durante su intervención, María Toca tuvo palabras de agradecimiento para las asociaciones memorialistas que han trabajado durante años en la recuperación de estos casos.

“Quiero agradecer muchísimo a las asociaciones de memoria que han luchado durante muchos años cuando no teníamos voz”, señaló, destacando especialmente la labor de Héroes de la República y del fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez.

Sobre este último, aseguró que “además de ser un funcionario cumplidor con sus obligaciones, tiene una calidad humana que excede a sus funciones”.

Asimismo, recordó a los familiares directos de Tasio Cañedo que fallecieron sin llegar a presenciar este momento.

“No queda ningún hermano vivo de mi tío ni nadie de aquella generación que vivió directamente el dolor de la represión. Murieron sin poder ver algo que hoy sí podemos presenciar sus nietas y sus nietos”, lamentó.

Según explicó, durante décadas la familia convivió con las consecuencias sociales de la represión franquista.

“Fueron señalados como rojos, proscritos, humillados y vejados durante muchísimos años”, recordó.

Para María Toca, la celebración de la vista supone ya un importante paso en el proceso de reparación de la memoria de las víctimas del franquismo.

“Esperamos que este proceso contribuya a restituir el honor de mi tío Tasio Cañedo”, señaló emocionada tras la sesión judicial.

El juez ha dejado la causa vista para sentencia y será en las próximas semanas cuando se conozca si prospera la petición de nulidad de las condenas. Mientras tanto, para la familia de Tasio Cañedo, la celebración de la vista supone ya un paso significativo en el camino hacia el reconocimiento institucional de unas víctimas cuya memoria sigue reclamando justicia ocho décadas después de los hechos.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

Durante décadas, decenas de miles de mujeres cruzaron las puertas del número 7 de Sant Pere Més Baix, en Barcelona, para estudiar idiomas, aprender oficios o, simplemente, leer en la que fue la primera biblioteca pública femenina de Europa.

El edificio albergó el Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundado en 1909 por la mecenas Francesca Bonnemaison y convertido pronto en un espacio pionero para las mujeres catalanas. Tras la Guerra Civil, el inmueble pasó a manos de la Diputación de Barcelona y quedó bajo control de la Sección Femenina de Falange.

Casi un siglo después, la entidad heredera de aquel proyecto plantea una pregunta incómoda: ¿y si uno de los principales equipamientos de la Diputación en el centro de Barcelona nunca le perteneció legítimamente?

Esa es la conclusión a la que han llegado varias investigadoras vinculadas al Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison —conocido como La Bonne— tras años de investigación buceando en archivos, actas notariales y documentación previa y posterior a la Guerra Civil.

Trece mujeres —entre ellas juristas e historiadoras— han impulsado una investigación con la que reclaman la titularidad del edificio, situado en el corazón del barrio de Sant Pere. Sostienen que la Diputación ostenta la propiedad gracias a una incautación ejecutada tras la victoria franquista.

La reclamación se apoya en la Ley de Memoria Democrática. Si se acreditara que el inmueble fue confiscado por el régimen, se abriría la puerta a su restitución. Es por esto que, si la Diputación no atiende sus demandas, desde La Bonne aseguran que acudirán a la justicia.

“Se ha hecho una investigación muy profunda, con documentos del Archivo Nacional, antiguas actas de la asociación y numerosos elementos fácticos para justificar lo que pedimos”, afirma Eugenia Canal, magistrada jubilada y una de las impulsoras de la reclamación. “Se mire como se mire, es una cuestión de justicia”.

Canal sostiene que la Ley de Memoria Democrática ampara la reclamación y recuerda que ya se han revisado operaciones patrimoniales del franquismo como por ejemplo el caso del Pazo de Meirás.

Un paraguas del feminismo catalán

Hoy, La Bonne agrupa a más de 80 entidades feministas de Barcelona. La asociación ocupa dos plantas del edificio —propiedad formal de la Diputación— donde decenas de colectivos se reúnen, trabajan, ensayan y prestan apoyo a miles de mujeres cada año.

Sus responsables denuncian que la Diputación lleva tiempo intentando reducir su presencia en el inmueble e incluso expulsarlas del recinto, en un conflicto que se arrastra desde hace años.

Desde La Bonne aseguran que la institución provincial ha amenazado en varias ocasiones con retirarles la gestión del espacio o convocar un concurso público que podría suponer su expulsión.

En el edificio también está la bibloteca pública Francesca Bonemaisson, la escuela de la mujer —con más de 3.000 alumnas— y varios despachos del área de feminismos. Todos estos equipamientos están gestionados y financiados por la propia Diputación.

En 2023 ya hubo movilizaciones para reclamar un convenio estable que garantizara seguridad jurídica a la entidad. De hecho, La Bonne ocupa parte del edificio sin acuerdo vigente desde 2018 ante la falta de entendimiento entre ambas partes.

La asociación denuncia además que la propuesta de la Diputación para un nuevo convenio pasa por destinar parte del inmueble a oficinas y desplazar a la entidad desde una de las dos plantas que ocupa hacia el sótano.

“La Diputación lleva años intentando desgastarnos, con una clara estrategia de ‘mobbing’”, sostiene la directora de La Bonne, Marta Vergonyós. “Les incomodamos porque recordamos la memoria del espacio y cuál era su objetivo original: estar dedicado a las mujeres”.

Desde la Diputación aseguran sentirse “sorprendidos” y “decepcionados” por la ofensiva legal de La Bonne. Fuentes de la institución sostienen que ambas partes seguían negociando una “solución acordada” que permitiera el “encaje jurídico” de la entidad en el edificio.

Mireia Bofill, primera directora de La Bonne, recuerda que fue la propia Diputación quien reconoció a la asociación como heredera del proyecto fundado por Francesca Bonnemaison al cederle dos plantas del inmueble en 2003, cuando se firmó el primer convenio.

Aquel acuerdo recogía expresamente que el franquismo “reprimió las libertades y confiscó bienes y propiedades de particulares, asociaciones, sindicatos y partidos”, contexto en el que el edificio pasó a manos de la Diputación en 1941.

La actual dirección enmarca la actual ofensiva judicial como consecuencia de unas relaciones ya muy deterioradas. “Han actuado durante muchos años con tal soberbia que esta reclamación recoloca las cosas desde el punto de vista de la legitimidad histórica”, afirma Vergonyós. “Este equipamiento sería una referencia en cualquier ciudad como Londres, Berlín o Nueva York”.

¿Cesión voluntaria o expolio?

Tras instalarse en 1922 en el edificio ahora en disputa, el Instituto creado por Bonemaisson atendió cada vez a más mujeres y su influencia fue creciendo de manera exponencial. Si en el curso 1910-1911 hubo 300 matrículas, en 1934-35, antes de la guerra, se superaron las 6.200 alumnas.

Se calcula que entonces unas 30.000 mujeres pasaban cada año por sus instalaciones atraídas por una amplia oferta formativa: gramática, taquigrafía, idiomas, cálculo mercantil o formación profesional... El centro también tomó posición en debates sociales que afectaban a las mujeres, como la prostitución o las condiciones laborales.

El estallido de la Guerra Civil en 1936, sin embargo, interrumpió la actividad. Durante el conflicto, el edificio fue utilizado por organismos de la Generalitat republicana.

Con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939, antiguas dirigentes del Institut intentaron recuperar la actividad. Pero pronto comenzaron las presiones de la Sección Femenina para controlar el espacio, hasta el punto de recibir la visita de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange.

“La visita ha producido muy buena impresión, tanto a Pilar Primo de Rivera como a sus acompañantes”, quedó escrito entonces.

Dos años después, mientras Francesca Bonnemaison permanecía exiliada en Suiza, la junta del Institut acordó en noviembre de 1941 la cesión del edificio a la Diputación. Apenas cinco meses más tarde, en marzo de 1942, la institución provincial cedió la gestión del equipamiento a la Sección Femenina de la Falange.

Las investigadoras de La Bonne sostienen que aquella operación, pese a quedar formalizada en un acta notarial, fue en realidad una incautación encubierta realizada sin el consentimiento real de la propietaria. El objetivo, afirman, era desactivar una institución feminista y poner su estructura al servicio del control ideológico de las mujeres.

“El franquismo aprovechó el poder adquirido tras el golpe de Estado para dar apariencia de cesión a lo que fue un expolio”, sostiene la jurista Marisa Fernández, también implicada en la reclamación.

Otro de los argumentos de La Bonne es que la cesión del inmueble obligaba a mantener la finalidad cultural y social original del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. La actual dirección considera que esa condición tampoco se cumple.

“La Diputación alquila espacios para actos que no tienen nada que ver con ese propósito”, denuncia Vergonyós. “Hemos tenido eventos de Ciudadanos o del PP contra la ocupación, caterings de empresas…”.

La directora sostiene que la Diputación pretende reconvertir el edificio —un caramelo inmobiliario en pleno centro de Barcelona— en un recinto orientado a convenciones y actos corporativos, más que en un espacio cultural. También denuncia trabas constantes para programar actividades.

“Ya es suficientemente difícil sostener el día a día de un centro cultural”, concluye. “Tener que pelear además por esto resulta enormemente desgastante”.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, en manos del PP y con el apoyo de Vox, por mantener en el callejero municipal una vía dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, tras una denuncia presentada por el Partido Comunista de España (PCE).

La Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha incoado las Diligencias de Investigación Preprocesal número 578/2026 para estudiar la permanencia de la denominada “Avenida de José Antonio”, según ha informado el Partido Comunista de Madrid (PCM) en un comunicado.

La denuncia fue formalizada por el secretario político del PCM, Miguel Montero, a raíz de una iniciativa impulsada el pasado mes de febrero por el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama, que denunció públicamente la permanencia de esta denominación en el municipio.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, el PCE sostiene que el mantenimiento de esta vía responde a una “voluntad política expresa de desobediencia” por parte del Gobierno municipal y recuerda que en 2016 ya se acreditó que el nombre original de la calle era “Calle La Era”.

La formación considera que el Ayuntamiento incumple el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar elementos que exalten la sublevación militar, la dictadura o a sus dirigentes. Además, advierte de que esta inacción podría constituir un presunto delito de prevaricación administrativa.

El secretario del Partido Comunista de Madrid, Miguel Montero, ha valorado como “una buena noticia” la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y ha señalado que desde el PCE consideran que “el ensalzamiento de aquellos líderes que atentaron contra las libertades y la vida de un montón de españoles son el caldo de cultivo para una extrema derecha que está en ascenso en el conjunto de Europa”.

Asimismo, ha defendido que quienes creen “en un régimen de libertades y de democracia conquistado en las calles por el pueblo español” deben seguir siendo “tenaces y contundentes en la erradicación de todos esos símbolos de la dictadura franquista”.

Por su parte, el PCM ha propuesto que la vía pase a denominarse “Avenida Abogados de Atocha”, coincidiendo con el próximo 50 aniversario del asesinato de estos referentes del movimiento obrero y la democracia.