La resistencia al golpe de estado en Valladolid: un libro recoge los 17 procesos judiciales que encausaron a 500 personas

La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHVa) ha editado el libro 'Sucesos en la Casa del Pueblo de Valladolid', que recupera qué pasó en la Casa del Pueblo de la capital a medios de julio de 1936 a través de los 17 consejos de guerra a los que fueron sometidos más de 500 personas que esperaban unas armas —para defender la democracia— que nunca llegaron.

“Cuatro o cinco días antes del golpe de estado de 1936 ya había unas 600 personas reunidas en la Casa del Pueblo a la espera de armas por si finalmente se producía una sublevación”, explica a este diario el portavoz de la asociación memorialista, Julio del Olmo, que recuerda con ironía que a la ciudad se la conoce como 'Fachadolid'.

“El bando sublevado no tenía ni mucho menos apoyo numérico, pero el gobierno republicano retrasó el reparto de armas de una manera incomprensible”, expone Del Olmo. Los militares tenían el apoyo civil de unas 300 personas, según calculan en la asociación. Unos cincuenta guardias de asalto salieron a las calles de Valladolid en 18 de julio por la tarde, adelantándose al general Saliquet en el golpe de estado. “Si hubiera habido una respuesta en ese momento por parte de la Guardia Civil... Pero cuando el gobierno autoriza las armas, ya es tarde. Pero si hubieran llegado antes, no habrían tomado la ciudad”, zanja Del Olmo, que participó en la presentación del libro este 14 de abril en Valladolid.

Más de 300 reconocieron ser de UGT y PSOE

Cuando el Ejército sublevado detuvo a los 500 'resistentes', muchos dijeron que estaban en la Casa del Pueblo por casualidad, pero más de trescientos aseguraron que eran afiliados de UGT y del PSOE y otros 61 reconocieron que estaban vinculados a la CNT, al igual que otros pertenecían a otros partidos y sindicatos republicanos.

Estos últimos años, varios miembros de la asociación han ido analizando la documentación judicial para elaborar una cronología de los hechos. “Hemos resumido en poco más de cien páginas más de 4.000 páginas de documentación que estaba en el Archivo Militar de Ferrol, cuyo acceso nos permitió hace años Carme Chacón [ministra de Defensa entre 2008 y 2011].

“La idea es poner sobre la mesa la documentación y ver cómo los hechos podrían haber sido de otra manera. Relatamos qué, cómo y por qué sucedió lo que sucedió en Valladolid capital”, insiste el portavoz de la organización memorialista.

En un primer momento, juzgaron a 448 procesados en un Consejo de Guerra (causa número 102/1936), aunque la ARMH ha identificado otros 16 procesos judiciales en los que se encausó a más personas que intentaron resistirse al golpe de estado. Algunos de estos juicios se producen años después del golpe de estado, incluso en 1939.

“Emilio Pedrero, médico, fue un 'topo' hasta 1937 y cuando le encuentran, le condenan a muerte por los sucesos en la Casa del Pueblo”, recuerda Del Olmo. En concreto, a Pedrero se le acusa de repartir armas, pero en la causa no figura una relación de armas requisadas como sí sucede en otros sitios como en Cigales“, explica Del Olmo. Según los cálculos de la asociación, no habría más de una decena de armas cortas a repartir entre más de quinientas personas.

Más de 400 personas condenadas a muerte o cárcel

De los 515 procesados en todos los juicios, 40 fueron condenados a muerte —entre los que destacan el concejal socialista José Garrote—, 326 fueron condenados a 30 años de cárcel, 27 menores de edad que fueron condenados a veinte años de cárcel y 17 personas que fueron absueltas. “Fueron absueltas pero realmente no es así, sino que se convierten en presos gubernativos y no les dejan salir a la calle, o son encausados en uno proceso judicial o son asesinados extrajudicialmente”, replica Del Olmo.

El mismo 29 de julio los sublevados mandaban un mensaje claro: José Garrote fue ejecutado, y aparece el cuerpo fusilado del diputado socialista Eusebio González Suárez. Estaba en la cárcel y fue 'paseado' para ser fusilado extrajudicialmente. “Se van alternando los juicios sumario con los 'paseos'”, añade Del Olmo. Los otros casi cuarenta fusilados fueron ejecutados en cuatro días seguidos.

Las fuerzas sublevadas aplicaron la represión como arma contra aquellos que se habían opuesto al golpe de estado. En el macrojuicio a 435 personas —la principal fuente de información, porque es la causa más grande— se citan las ciudades de Málaga y Badajoz, donde sí hubo reparto de armas y hubo asesinatos de sublevados. “Plantean que en Valladolid habría ocurrido lo mismo si hubieran llegado las armas y por eso se les condena”, apunta este arqueólogo, al frente de la asociación desde hace veinte años. El abogado defensor de estas personas insistió en que las condenas eran desproporcionadas, pero sirve de poco.

Las dudas que da García-Gallardo sobre la democracia de la II República

hace unos días, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, instaba a los jóvenes a reflexionar “si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático”. “Los propios militares dan por sentado que antes del golpe había un estado democrático que creen que tiene unos riesgos y por eso justifican el golpe”, explica el portavoz de la ARMH de Valladolid.

“Lo que dicen los militares en los juicios sumarios es que aquella democracia no les interesaba, pero el golpe de estado fue contra la democracia. Si no hubiera sido así, se habría instaurado una república como la de 1931, pero se instauró una dictadura”, concluye.