Las entidades sociales alertan de recortes en residencias y ayudas a los más vulnerables en los presupuestos de Castilla y León

La Plataforma Social Castilla y León ha asegurado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 no garantiza la aportación autonómica que exige la reforma de la Ley de la Dependencia. La organización ha defendido que el Gobierno autonómico debería incrementar en al menos 73 millones de euros los fondos destinados a este sistema para igualar su contribución a la prevista por la Administración General del Estado (AGE).

Según los cálculos de la plataforma, el Estado aportará 620 millones de euros a Castilla y León para financiar la dependencia durante el próximo ejercicio, mientras que el proyecto presupuestario de la Junta contempla una transferencia de 547 millones a la Gerencia de Servicios Sociales. La diferencia entre ambas cantidades es de 73 millones.

La organización ha avisado de que el aumento de la financiación estatal no debería servir para congelar o reducir el esfuerzo económico de la Administración autonómica. Al contrario, ha reclamado que ambas administraciones refuercen los recursos destinados a las personas dependientes, en un contexto en el que, según sus datos, se han incorporado 6.265 personas al sistema desde enero de 2024.

A las aportaciones públicas se suman los 83 millones de euros que, según la plataforma, abonan las personas usuarias mediante el copago de plazas en residencias y centros de día públicos o concertados. La entidad ha indicado que el incremento de los recursos debe traducirse en una mejora de las prestaciones y de los servicios, así como de las condiciones laborales de quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Menos fondos para la renta garantizada

La Plataforma Social ha criticado la reducción en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que quedarían en 5,5 millones de euros. La organización cifra en 9,2 millones la reducción respecto a 2024 y recuerda que esta prestación llegó a contar con una dotación de 72 millones.

Por ello, han exigido a la Junta que explique el destino de los recursos que, según sus cálculos, han dejado de consignarse para estas ayudas y propone dedicar fondos a un programa específico de inclusión social.

Cierre de plazas públicas en residencias

Según ha afirmado la plataforma, en la última década se han cerrado 837 plazas públicas para personas mayores en residencias con el objetivo de reconvertirlas en plazas para grandes dependientes. Sin embargo, ha reprochado que la mayoría continúa sin abrirse pese a que su recuperación se ha anunciado en distintos presupuestos.

La organización ha afirmado que las cuentas de 2027 no incluyen financiación suficiente para recuperar esas plazas y denuncia que las inversiones en centros de personas mayores se reducen un 46%, lo que equivale a 17 millones de euros menos. Por ello, ha reclamado “la apertura de todas las plazas para personas en situación de dependencia que son de la Gerencia de Servicios Sociales”.

“Mantener estas plazas cerradas sólo favorece a que las residencias privadas hagan negocio y las personas que necesitan una plaza residencial y no puedan pagar una privada, se quedan es situación de exclusión”, han aseverado desde la plataforma.

Dudas sobre los gastos de los centros de discapacidad

La Plataforma Social ha pedido explicaciones a la Junta sobre varias partidas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. Entre ellas, ha señalado el incremento previsto para el gasto en agua, que pasa de 42.477 a 142.477 euros, y el de electricidad, que aumenta de 1,97 millones a 16,13 millones de euros.

La organización ha cuestionado que el presupuesto contemple 11,72 millones de euros para gastos farmacéuticos, frente a 3,5 millones para alimentación. La diferencia, según ha denunciado, supone destinar más de tres veces la cantidad prevista para comida a productos farmacéuticos.

La entidad ha reclamado que la Junta aclare el origen de estas variaciones y explique cómo se han calculado las cantidades consignadas. Su preocupación es que, si las partidas se modifican posteriormente, puedan destinarse a otros fines y reducir los recursos inicialmente previstos para la atención de las personas dependientes.