“No es un monumento a un barco asesino”: una entidad cultural impugna la batalla del Gobierno contra Sa Feixina

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Mallorca (ARCA) ha acudido a los tribunales para impugnar la resolución del Gobierno central de declarar elemento contrario a la memoria democrática el monumento erigido en el parque de sa Feixina, en Palma, en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista -episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'-. 

El anuncio se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, aprobase una moción dirigida a recurrir la misma decisión, adoptada el pasado mes de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El departamento alega que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos”, una de las principales herramientas que empleó el franquismo para justificar su legitimación política y que excluyó de facto a las víctimas del bando republicano.

En aras a blindar el monumento, los de Santiago Abascal también han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se garantice la conservación del monolito al considerarlo “patrimonio de todos los españoles”.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Desde ARCA rechazan la interpretación del monumento como un homenaje franquista y subraya que “nunca fue un monumento a un ‘barco asesino’”, sino que recuerda “a más de 800 hombres que murieron ahogados o quemados tras su bombardeo y hundimiento”.

La entidad sostiene, asimismo, que la decisión del Ejecutivo central contradice la Ley estatal de memoria democrática al ignorar la resignificación que en 2010 se llevó a cabo por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Palma, que, amparándose en la norma vigente, acordó despojar la estructura de su simbología franquista, tranformando el sentido del monumento, según ARCA, “en un símbolo contra las guerras y las dictaduras”.

El debate sobre su derribo, señala la entidad, resurgió años después, cuando la coalición de izquierdas que gobernaba el Consistorio que impulsó su eliminación. “Fue un hecho gratuito y generador de polémicas estériles”, recrimina ARCA, que entonces inició un proceso judicial para defender el valor patrimonial del monumento, considerado “un ejemplo único de art déco en Palma”. Desde el colectivo conservacionista inciden en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avaló la protección del conjunto, mientras el Consell de Mallorca acabó catalogándolo como monumento.

Los conservacionistas recriminan, en esta línea, lo que consideran una “instrumentalización política” continuada de este elemento patrimonial y piden que “todos los partidos dejen de utilizarlo en función de sus intereses”. “La Secretaría de Estado está haciendo un uso capcioso de la ley”, considera la entidad, que también advierte de posibles vulneraciones constitucionales -en referencia a los artículos 24 y 46- y de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, que obliga a conservar los bienes catalogados en su entorno original.

“El patrimonio es un rastro que nos ayuda a explicar la historia y aprender de ella. Destruirlo es un síntoma de incivilización y barbarie”, concluye la asociación, que insiste en que comparte los principios de la ley de memoria pero rechaza “falsear el significado de un monumento y su valor”.

La resolución impugnada recuerda que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

De este modo, mientras el régimen franquista convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.