Empezó como una movilización social alentada desde el poder político, siguió con un acto de desobediencia civil que desbordó a los partidos, y continuó con una fase de represión judicial para terminar con un pacto inédito para una amnistía a cambio de frenar una nueva intentona secesionista.

El proceso soberanista catalán ha durado más de una década y ha tenido episodios variados. El último ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este martes de corregir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers. El fallo del tribunal de garantías abre la puerta a la vuelta definitiva a España del líder de Junts, que permanece en Bélgica desde 2017. El juez Llarena ha retirado este mismo martes la orden de detención vigente desde hace nueve años. Estos han sido los principales hitos del procés:

El referéndum y las cargas del 1 de octubre de 2017: pese a los avisos del Constitucional, el Govern de Puigdemont siguió adelante con la votación. La movilización de la ciudadanía en los colegios superó todas las previsiones del Ejecutivo catalán. La jornada estuvo marcada por las cargas policiales que dejaron un millar de heridos. Puigdemont emplazó a una última negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, que, como las anteriores, fracasó.

Declaración unilateral y 155: aunque tenía pensado adelantar elecciones para evitar la intervención de la Generalitat, la presión independentista terminó empujando a Puigdemont a promover la declaración unilateral de independencia. Las discrepancias entre ERC y los posconvergentes se mostraron como nunca. 

Tras la DUI, no se arrió ninguna bandera española de las dependencias oficiales, y la Generalitat fue intervenida por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado por los votos de PP y PSOE (el expresident José Montilla se abstuvo). Parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, partió hacia Bélgica el 28 de octubre de 2017. Otros, como Junqueras, se quedaron. Pese a compartir Govern, ERC y Junts siguieron a la greña durante años para mantener el poder.

Encarcelamiento y exilio: el 155 sirvió para poner fin a la aventura unilateral, pero a partir de entonces apareció un nuevo protagonista que irrumpió con toda la fuerza: la alta magistratura abrió una causa por rebelión, delito pensado para los golpes de estado violentos, contra todo el Govern. Los primeros en ingresar en prisión preventiva fueron los líderes de Òmnium y ANC, y después siguieron los exconsellers que permanecieron en España. Las manifestaciones que llenaban las plazas catalanas para mantener la independencia reclamaban ahora la libertad de los presos.

Desde Bélgica, Puigdemont intentó mantener el procés desde el exilio, pero rápidamente se constató que era inviable una presidencia simbólica en el exterior y un president real, Quim Torra investido por el Parlament, en Barcelona. En las elecciones de 2017, Puigdemont prometió que volvería si ganaba. Fue la primera promesa incumplida de su retorno, que tuvo como episodio destacado su arenga en el Arc de Triomf de Barcelona antes de la investidura de Illa, para después huir de los Mossos hacia Bélgica.

Alemania, primera detención: el expresident fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. El Supremo cantaba victoria, pero se dio de bruces con una respuesta contundente de los jueces alemanes: en el procés no había la violencia que precisa el delito de rebelión. Una posición que en España unas pocas decenas de juristas y magistrados defendieron ante la ovación general a la dureza del Supremo. Todos los intentos posteriores del juez Llarena para extraditar a Puigdemont fracasaron.

El juicio y la sentencia del procés: tras casi dos años en prisión preventiva, Junqueras, los exconsellers que se quedaron en España y los líderes de Òmnium y ANC se sentaron en el banquillo del salón de plenos del Supremo en un juicio histórico. Se enfrentaban a penas de más de 20 años por rebelión por parte de la Fiscalía, pero el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena terminó condenando por sedición y malversación (a penas duras, de hasta 13 años de cárcel) al definir el procés como una “ensoñación” sin capacidad real para materializar la secesión.

A la sentencia le siguió una semana de disturbios graves en Catalunya organizados por la plataforma Tsunami Democràtic. La sentencia del Supremo fue confirmada por el Constitucional, con la excepción de dos magistrados, que la consideraron desproporcionada y que restringía de forma indebida los derechos de reunión y manifestación.

Los indultos y la derogación de la sedición: tras el protagonismo de las togas, cogió el testigo la política y la aritmética parlamentaria que, desde la moción de censura de 2018, condicionaba el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC. Los republicanos forzaron un cambio de posición del presidente, que había abogado en un primer momento por el cumplimiento “íntegro” de la sentencia, y lograron los indultos y la derogación de la sedición a cambio del apoyo parlamentario y de no volver a promover la secesión unilateral. Los presos del procés salieron en libertad el 23 de junio de 2021.

El 23J de 2023 y la irrupción de Junts: sin apenas visibilidad en la anterior legislatura, las urnas dieron a Junts un papel clave tras las elecciones de julio de 2023. La amnistía fue la condición de los de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez tras unas arduas negociaciones. La ley, tras otra tortuosa negociación parlamentaria se aprobó en 2024, pero el Supremo frenó su aplicación a Puigdemont y los exconsellers y varios tribunales acudieron a la Justicia europea. El Constitucional ha corregido al Supremo y este martes el juez Llarena ha retirado la orden de detención contra el expresident, vigente desde 2017. La vuelta de Puigdemont, pendiente de concretar el día tras despejarse los obstáculos jurídicos, cierra el círculo del procés.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, despeja cualquier duda y apuesta por Gabriel Rufián para liderar la formación de cara a las elecciones del 29 de noviembre. “Seguro que será el candidato”, ha afirmado en una entrevista en SER Catalunya.  Junqueras ha defendido que la figura de Rufián, diputado en la Cámara baja desde 2016, es la “mejor” baza que tiene hoy su partido para disputar los comicios en Catalunya.

En este sentido, el presidente de ERC se ha mostrado convencido de que Rufián aceptará este planteamiento, después de que el diputado haya apostado desde hace meses por un a candidatura más amplia de las izquierdas estatales y soberanistas. “ERC es el partido que asume la responsabilidad de defender el país en todas las circunstancias, tanto frente a PP y Vox como frente a los socialistas, que no tienen suficiente ambición nacional”, ha argumentado.

Las palabras de Junqueras no esconden sin embargo las desavenencias que han marcado su relación con el grupo que lidera Rufián en Madrid desde hace meses.Este lunes, Rufián aseguraba que debía “reflexionar” sobre su posible candidatura y fuentes de su entorno señalaban que escucharía a distintas partes antes de decidir, mientras podría exigir “un mínimo de condiciones” para repetir como cabeza de lista.

La convocatoria electoral deja a ERC con buena parte de sus principales reivindicaciones pendientes: la reforma de la financiación y la condonación del FLA han quedado sin recorrido, mientras el traspaso de Rodalies tampoco se ha completado. Junqueras ha culpado de ello directamente a Pedro Sánchez y a Junts: “Nosotros somos responsables de lo que negociamos, no de los disparates que hacen los demás”.

Su crítica se ha centrado sobre todo en el nuevo modelo de financiación que queda ahora congelado. “Catalunya se jugaba 4.700 millones más al año y Junts y Sánchez han reventado esta opción”, les ha acusado. “Es muy grave porque era dinero que iba a las escuelas y a los hospitales de nuestro país”, se ha lamentado.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers fueron los primeros candidatos a la amnistía y serán sus últimos beneficiarios. Más de dos años después de la publicación de la norma, el Tribunal Constitucional empieza a debatir esta semana los recursos de los dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles al plantear una novedosa interpretación al delito de malversación. Ahora sí, arranca la cuenta atrás para la materialización de la ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y permitió arrancar la legislatura en 2023.

La fase final de la aplicación de la amnistía vuelve a moverse a caballo entre la política y la judicatura, igual que la última década del procés. El Tribunal Constitucional debate a partir de este martes la petición de amparo del secretario general de Junts y exconseller de Presidència, Jordi Turull, que marcará la pauta para el resto de exmiembros del Govern.

Se trata del primer caso particular de las negativas del Supremo a amnistiar a los líderes del procés que estudia el tribunal de garantías tras 22 sentencias en las que ya ha respaldado la constitucionalidad de la Ley en sentido general.

La deliberación de los recursos más sensibles le llega al Constitucional con el espaldarazo a sus tesis que supuso el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, en contra de lo que pretendían los juzgados españoles refractarios a aplicar la norma.

No cabe esperar una decisión del Constitucional a favor de los líderes del procés este mismo martes. El magistrado José María Macías, del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, quiere dar la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía. No es una sorpresa: en 2024, mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arremetió contra la Ley en una entrevista en OKDiario.

La mayoría progresista del Constitucional, salvo sorpresa, rechazará la ponencia de Macías y designará a un nuevo magistrado para que elabore un texto que avale la aplicación de la ley de amnistía a los investigados o condenados por malversación al entender que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo no es válida. Esta ponencia alternativa podría aprobarse en el pleno del 6 de octubre. Esta es la fecha que tiene marcada en rojo todo el independentismo, ya que la decisión sobre el recurso de Turull señalará el camino del resto de impugnaciones.

Se espera que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers y los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Las consecuencias del fallo del tribunal de garantías son notables: el aval a considerar que es amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés abre la puerta a la vuelta a España definitiva de Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017, y a que Junqueras pueda volver a ser candidato a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El expresident y el exvicepresident son los únicos líderes independentistas de 2017 que permanecen al frente de sus respectivas organizaciones. Especialmente relevante es para Junts el retorno de su presidente, en quien confían para lograr un revulsivo al trasvase de votos que todas las encuestas detectan hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Aunque durante meses se especuló con que el Supremo buscara otra vía para no aplicar la amnistía pese a la decisión del Constitucional, en los últimos días las señales que llegan desde la plaza Villa de París, sede del Alto Tribunal, son más moderadas.

Fuentes próximas a los magistrados del Supremo trasladaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no esperaría a conocer el fallo del recurso de amparo de Puigdemont, sino que tiene previsto actuar cuando el Constitucional dicte la sentencia de Turull, desbloqueando la aplicación de la amnistía a todos los dirigentes independentistas que recurrieron.

Es decir, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, Llarena haría lo propio con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de exconsellers, sin esperar a un goteo de sentencias caso por caso.

La pasada semana, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación tras la sentencia del TJUE, a la espera de lo que ocurra con el fallo del Constitucional.

Este cambio de actitud contrasta con la hemeroteca del propio juez. El año pasado, durante una intervención pública en Granada, Llarena aseguró que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional no tenían “ningún recorrido”.

El magistrado defendió que la particular interpretación del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés provocó la división del tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de amnistía. En consecuencia, agregó, no se daban las razones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional enmendara la plana al Alto Tribunal, como reclaman las defensas de los líderes del procés.

La decisión sobre la malversación

El Constitucional tiene que decidir sobre una de las argumentaciones recientes más controvertidas del Tribunal Supremo. Pese a que la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes se llevaran un euro al bolsillo, los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers por el dinero ahorrado como consecuencia de haber pagado los gastos del referéndum ilegal con fondos públicos y no de su propio bolsillo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, convertida ahora en un acto de enriquecimiento personal para impedir la amnistía, chocó con su propia sentencia, en la que el tribunal constató que los dirigentes soberanistas “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

Tan controvertida fue la argumentación del Supremo que, por primera vez en el procés, se rompió la unanimidad en el seno del tribunal. Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, quiso dejar por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Otros jueces catalanes también desoyeron la interpretación del Supremo y amnistiaron sin problemas el delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de trabas del Constitucional para aplicar al completo la Ley, Junts y ERC solo creerán en la materialización de la amnistía cuando la lean en papel timbrado. 

“Queremos ver las sentencias”, resumió el portavoz de Junts, Josep Rius. Este otoño, salvo giro de guion, será el definitivo para poner punto y final a la judicialización del procés.

Pocos la han mencionado por su nombre, pero Aliança Catalana ha sido una de las protagonistas la Diada. No por su capacidad de movilización en la calle, sino porque el catalanismo y el independentismo han encendido definitivamente las alarmas ante el avance de la extrema derecha. La jornada ha mostrado que existe consenso en advertir contra el auge de los de Sílvia Orriols, pero el contexto preelectoral impide ir más allá. Catalunya no es distinta a tantos países de Europa y tampoco encuentra la tecla para frenar la ola ultra.

Desde el expresident Jordi Pujol al actual jefe del Govern, Salvador Illa, pasando por Junts, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural y los Comuns: las llamadas a la cohesión del catalanismo y a no ceder ante los “discursos de odio” se han repetido a lo largo de la jornada. Este año, además, se cumplían 50 años de la Diada en la que todo el catalanismo salió a la calle en Sant Boi de Llobregat por primera vez tras el franquismo. La Generalitat y varios partidos han pedido recuperar el espíritu de unidad de esa jornada histórica.

La propuesta más clara de este viernes ha venido del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Sin dejar de reivindicar la autodeterminación y la independencia, Antich ha reorganizado las prioridades del soberanismo y ha pedido “un gran acuerdo del catalanismo democrático” para “avanzar de forma constructiva en la defensa de los derechos, las libertades y soberanía nacional”.

“Si Catalunya deja de ser tierra de acogida, pierde su razón de ser”, ha apostillado Antich, que ha pedido “dejar de normalizar” a los que “alimentan la fractura social, pretenden recortar derechos y libertades y movilizan el miedo para transformar el malestar en odio”, en referencia a Orriols.

Por su lado, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse ante la “decadencia lingüística y nacional” mediante “la construcción de una república catalana”. “O independencia o decadencia”, ha zanjado, además de pedir una “gran movilización” en otoño de 2027, coincidiendo con los 10 años del 1-O.

La Diada ha dejado de ser la exhibición de fuerza en la calle que en la pasada década empujó al independentismo hasta el otoño soberanista de 2017. Nueve años después, para poner fin al procés solo queda la amnistía a sus líderes este otoño. El Govern de Illa cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta en 2024 tras años de reproches cruzados.

Por si fuera poco, apareció Aliança Catalana, la extrema derecha independentista a la que todas las encuestas pronostican un gran crecimiento tanto en las municipales de 2027 como en las elecciones al Parlament de 2028.

Al igual que el año pasado, la manifestación independentista se ha descentralizado en tres ciudades (Barcelona, Girona y Amposta), sin la lectura de manifiesto conjunto y cada entidad ha realizado una intervención. En conjunto, las marchas han reunido a unas 60.000 personas.

Las cifras de este viernes confirman una vez más la desmovilización independentista: en Barcelona los asistentes han sido 45.000 personas, según la Guàrdia Urbana (el año pasado, marcado por la lluvia, fueron 28.000). Además, en los discursos políticos de la jornada que antes monopolizaban los planes soberanistas ahora se habla de extrema derecha, servicios públicos y la obra del Govern de Illa.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión se repitió en la víspera de la Diada con los choques en el Fossar con grupos antifascistas. Este viernes no ha ido a más en la manifestación de la tarde, en la que la aparición de banderas de Aliança no ha comportado más que algunos silbidos.

La jornada se cerró con algunos contenedores quemados por grupos antifascistas que protestaron contra la marcha de los neonazis Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 antifascistas, diez de ellos menores, por desórdenes públicos.

“Un solo pueblo”

El apelativo a “un solo pueblo” que, igual que en la Diada de Sant Boi, han repetido todos los partidos este año es más un ideal retórico que una realidad (si es que alguna vez lo fue). Catalunya ha cambiado mucho desde aquel 1976, pero hoy las altas tasas de desigualdad, la crisis de vivienda y el debilitamiento de servicios públicos esenciales son obstáculos a la cohesión social y, a la vez, el caldo de cultivo ideal para Aliança y Vox, como ocurre en toda Europa con las formaciones ultras.

El partido que más sufre por el auge de Aliança es Junts. La formación de Puigdemont, que en los últimos años ha comprado en ocasiones el discurso ultra en seguridad, ha marcado distancias con Orriols esta Diada (aunque en el partido hay debate sobre qué hacer en los pactos tras las municipales). “No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio”, ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha acusado al Govern de buscar la “polarización” con Aliança.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido Catalunya como una “casa amplia”. “No somos un búnker pequeño y aislado”, ha mantenido, al tiempo que ha reivindicado la lengua catalana y “una economía con salarios dignos, vivienda digna y transporte digno para todos.”. “Un país no se construye dividiendo ni restando sino sumando”, ha agregado en su vuelta a una marcha de la Diada, a la que no acudía desde 2021.

Por parte de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Catalunya “no será nunca levantar muros entre catalanes” y ha rechazado que los “extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen” de las personas.

En un tono más duro se ha expresado la CUP, que ha querido “señalar”, en palabras de la portavoz de su secretariado, Su Moreno, “la ofensiva españolista y la extrema derecha que intenta apropiarse de la cuestión nacional para dividir a la sociedad”.

Por la mañana, en línea con el mensaje de este jueves del president, la consellera Sílvia Paneque ha pedido “fraternidad, orgullo y esperanza por una Catalunya sin exclusiones” y ha advertido a la extrema derecha de que “el odio no tiene cabida”: “Catalunya somos todos y todas”, ha remachado.

Hasta el expresident Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la “fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes”, y, a sus 96 años, ha apelado a la “esperanza”. No ha sido la Diada más optimista, pero todo es susceptible de empeorar: el de 2027 puede ser el primer 11 de septiembre con un Gobierno de PP y Vox.

Advertencia de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez. El presidente de ERC ha defendido que la Generalitat “debe ayudar en todo lo que pueda” a resolver la crisis migratoria de Ceuta, en especial la situación de los menores, aunque ha matizado que Catalunya “no puede acoger infinitamente”.

La crisis de Ceuta ha virado el inicio del curso previsto para los partidos catalanes, centrado en la preparación de la Diada y en el nuevo modelo de financiación pactado entre PSC y ERC que sigue sin aprobarse. Los partidos se mueven con cautela en este escenario, toda vez que son las aguas que más conviene remover a la extrema derecha de Aliança Catalana.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha abogado por acoger a parte de los menores, aunque ha insistido en que esta ayuda no puede ser “ilimitada”, al tiempo que ha urgido al Gobierno a “asumir responsabilidades” y vigilar la frontera.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que están en centros de protección en la ciudad autónoma, y ha informado de que 500 niñas migrantes “están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento” para su traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

Con una respuesta humanitaria todavía sin concretar para los miles de migrantes que permanecen en Ceuta, el presidente de ERC ha instado al Gobierno a ser “rápido y eficaz” para resolver la situación en la ciudad autónoma. “De la misma manera que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar”, ha apostillado Junqueras.

Los Comuns, que están en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria. La coordinadora del partido y diputada en el Congreso, Candela López, ha criticado a Sánchez por “ir tarde” en la gestión de la situación en Ceuta.

En contra de lo defendido por el presidente, López ha sostenido que “es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos” en esta crisis, al tiempo que ha considerado que Sánchez “se equivoca” en la estrategia que está siguiendo.

“Es malo para la población migrante, cómo se está viendo, también es malo para la población ceutí, cómo se está viendo, porque lo que está haciendo es centrar la gestión en la seguridad y en la concentración de recursos en Ceuta”, ha aseverado López sobre la posición del presidente.

La líder del partido ha discrepado también frontalmente respecto de las causas de la entrada masiva de personas migrantes. “No fue debido a las mafias, tampoco fue únicamente esa alimentación en las redes sociales. Es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos para desestabilizar al Gobierno”, ha insistido.

Para los Comuns, la prioridad debe ser la seguridad y los derechos de la población en Ceuta y de las personas migrantes y recuperar la convivencia. A diferencia de lo que defiende Sánchez, los Comuns son partidarios de que haya traslados de migrantes a la península de forma inmediata y que los procesos de identificación y eventual retorno se hagan con todas las garantías para los menores y los que puedan ser considerados refugiados.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

El Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

Entre los perjudicados por la decisión del Supremo estaba también Jordi Turull, consejero catalán de Presidencia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Turull será el primero que resolverá el Constitucional.

La ponencia de este caso correspondió al vocal conservador José María Macías, quien defenderá la desestimación del recurso frente a la mayoría de conservadores progresistas, favorables a la tesis de Turull. Este pronunciamiento, que entrará al fondo de la cuestión respecto a la decisión del Supremo de aplicar una interpretación muy controvertida respecto al supuesto enriquecimiento personal de los consejeros catalanes marcará el futuro del resto de los recursos presentados por dirigentes independentistas catalanes en el mismo sentido.

Si la mayoría progresista mantiene su tesis favorable a admitir los recursos, el regreso de Puigdemont a España se producirá inmediatamente después, sin obstáculos legales para que se le aplique la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional esperaba a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional.

El TJUE resolvió que la ley de amnistía no vulneraba la normativa europea y ensalzaba el objetivo declarado en la exposición de motivos de la norma para ayudar a la reconciliación social tras la amenaza de ruptura que supuesto el proceso independentista. Ese aval del TJUE desbloqueó en el Tribunal Constitucional la resolución de los recursos presentados por dirigentes independentistas.

La decisión del Constitucional, según fuentes del Constitucional conocedoras de este caso, supondrá un varapalo para el Supremo, que hizo una interpretación sobre el delito de malversación cometido por los dirigentes independentistas que ni siquiera estaba en los hechos probados de la sentencia condenatoria que firmaron por unanimidad los siete magistrados que integraron el tribunal.

“Ni quiero ni puedo” fue la frase estrella con la que Mariano Rajoy afrontó el procés. El entonces presidente del Gobierno y líder del PP ni quería ni podía negociar un referéndum, algo que puede resultar comprensible, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, ni siquiera a dialogar, sobre ninguna otra cuestión que pudiera concitar el acuerdo de una amplia mayoría de la sociedad catalana. Cuando todo saltó por los aires, el Gobierno también renunció a buscar una solución al enorme choque constitucional que se produjo, de modo que todo quedó en manos de unos tribunales que intervinieron en un conflicto político a golpe de Código Penal.

Ese es el contexto en el que, tras los indultos y con un PSOE que necesitaba a Junts para investir a Pedro Sánchez, surgió la ley de amnistía, aprobada casi siete años después del 1 de octubre. Para entonces se contaban por centenares las personas condenadas o encausadas por causas relacionadas con el procés y la situación política seguía pendiente de normalizarse, con Carles Puigdemont sin poder volver a Catalunya y Oriol Junqueras inhabilitado para presentarse a las elecciones.

La frustración y el inmovilismo político fueron quedando atrás y, gracias a la negociación y al diálogo, comenzaron a darse pasos. Se pretendía poner fin a una situación que no beneficiaba a nadie y que no se correspondía con el deseo mayoritario de mirar hacia adelante. Nadie que conozca la política catalana podrá decir que la ley de amnistía no haya servido precisamente para eso.

Una vez el Congreso convirtió la amnistía en ley, expresando así la voluntad clara del poder legislativo, los del “ni quiero ni puedo” pasaron a centrarse en la segunda parte. Se quería, pero ¿se podía? Algunos se empeñaron en decir que no. No solo desde la esfera política, sino sobre todo desde la judicial. El rechazo de la amnistía a Puigdemont y Junqueras con el argumento de que se enriquecieron por no pagar el referéndum de su bolsillo constituye una pirueta jurídica que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, entre otros, plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la adecuación de amnistiar delitos de terrorismo o sobre si las condenas por malversación podían haber afectado a fondos europeos. En definitiva, preguntaron por la compatibilidad de la ley de amnistía con el marco jurídico de la Unión Europea.

Todo eso ha quedado despejado este jueves con la sentencia del máximo tribunal de la UE que, por cierto, evita cualquier expresión ajena al lenguaje jurídico, un ejemplo que también deberían seguir algunos de nuestros tribunales, tan dados a incorporar florituras innecesarias en sus escritos. La sentencia de Luxemburgo avala la práctica totalidad de la norma del olvido penal, con la única excepción de la obligación de levantar las medidas cautelares, un aspecto cuya redacción ya resultaba muy dudosa.

Con este importante espaldarazo europeo, el Constitucional lo tiene mucho más fácil para terminar de validar la amnistía, algo que ya ha ido haciendo parcialmente, aunque sin entrar en el fondo del asunto. La decisión definitiva llegará en una sentencia muy esperada. El propio tribunal ha preferido no dictarla antes de conocer el parecer del TJUE, pero ahora, despejada la cuestión europea, todo apunta a que acabará pronunciándose en otoño.

Si certifica la constitucionalidad de la norma, el Supremo tendrá muy difícil, por no decir imposible, negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, Junqueras y al resto de afectados. Y se confirmará que el “no se puede” queda reducido a un “no se quiere”, algo que, en una democracia que presume tanto de serlo, un tribunal no debería poder permitirse.

El primer interesado, además de Sánchez y de los directamente beneficiados por la amnistía, en que este embrollo se resuelva definitivamente es Alberto Núñez Feijóo, por más que los populares gesticulen o que José María Aznar hable de una “agresión sediciosa al derecho”.

“Todavía diez años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico”, señaló este jueves el PP en un comunicado. La pregunta que tendría que hacerse el partido es qué ha hecho para contribuir a esa recuperación. Porque la incógnita no es qué hizo Rajoy con Catalunya, eso ya lo sabemos, sino qué hará Feijóo si llega a la Moncloa. Y, por ahora, el PP sigue sin responder a esa pregunta.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

La amnistía fue el pegamento que en 2023 permitió a Pedro Sánchez armar la mayoría para conservar la presidencia del Gobierno. Tres años después, la norma de olvido penal del procés conocerá el resultado de su examen más decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite este jueves su fallo sobre la norma.

El independentismo espera que la sentencia del TJUE sea el primer movimiento para deshacer el nudo en el que se ha convertido la materialización de la amnistía a los líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a causa de la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla. El líder de Junts cumplirá nueve años en Bélgica en octubre, con el único paréntesis de su aparición y fuga en Barcelona de agosto de 2024.

Aunque formalmente el TJUE no ha examinado el caso de Puigdemont y Junqueras del Alto Tribunal, un aval de los jueces de Luxemburgo a la norma pondría en bandeja al Tribunal Constitucional español, que ya ha respaldado la ley en líneas generales, anular la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes soberanistas.

Como en casi todo el mapa judicial del procés, hay que tener en cuenta varios planos:

Qué resolverá el TJUE este jueves

Los jueces de Luxemburgo responderán a las cuestiones prejudiciales que le enviaron cuatro juzgados españoles. Las más destacadas fueron las remitidas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Las dos instancias consideran que la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

El abogado general, una figura del TJUE que da a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo, avaló el grueso de la ley y rechazó los principales argumentos de la Comisión Europea, que se alineó con el PP, contra la norma. Sus conclusiones no son vinculantes, pero guían al TJUE en la redacción de la sentencia.

Lejos de tildarla de “autoamnistía”, como hizo el abogado de la Comisión en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, el abogado general concluyó que la medida de gracia encajaba en la normativa europea.

Al entrar al detalle de la ley, el abogado general la consideró “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación” y rechazó que buscara “proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”.

Qué pasará en España... y en el Supremo

Los efectos prácticos más evidentes en España recaerán en los tribunales que enviaron las cuestiones prejudiciales: si el TJUE avala la norma en línea con el abogado general, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional tendrán que absolver a la treintena de expolíticos y altos cargos del Govern por los gastos del 1-O y a los 12 CDR acusados de terrorismo, pues las resoluciones de Luxemburgo son de obligado cumplimiento para los juzgados nacionales.

Lo mismo ocurre con los otros dos tribunales que plantearon sus dudas al TJUE: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con los exaltos cargos de Economía Lluís Salvadó y Josep Maria Jové por los preparativos del 1-O y un juzgado de Vilanova de un ciudadano acusado de desobediencia.

Lo del Supremo con Puigdemont y Junqueras es distinto. El Alto Tribunal encabezó la negativa judicial a aplicar la amnistía. Mientras la gran mayoría de juzgados catalanes archivaban sin ruido las causas (afectaran a policías o a independentistas), tanto el juez Llarena como el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazaron perdonar a Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers.

Los dirigentes independentistas recurrieron la negativa del Supremo al Tribunal Constitucional. Su caso todavía no se ha estudiado, pues el tribunal de garantías ha priorizado resolver los recursos de las comunidades del PP y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde varios tribunales. El aval a la norma ha sido casi total.

El espaldarazo del TJUE a la amnistía daría al Constitucional impulso para tomar una de las decisiones más delicadas de su historia reciente: deshacer la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont, obligarle a aplicar la norma sobre el líder de Junts y retirar la orden de detención contra él vigente desde hace casi nueve años. El juez Llarena no la ha dejado sin efecto pese a los sucesivos reveses que ha recibido de tribunales europeos en sus intentos fallidos para extraditar al expresident.

La clave: el margen de maniobra de los jueces nacionales

Uno de los puntos a tener en cuenta de la sentencia será el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. Si la sentencia se sitúa en los planteamientos del abogado general, los jueces españoles no podrán ignorar la norma. En cambio, si el fallo del TJUE apoya parte de la tesis de la Comisión, la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” en el caso de los CDR correspondería a la Audiencia Nacional, que ya anticipó su rechazo a amnistiarles.

Para saber qué ocurre con Puigdemont habrá que esperar a lo que diga el Constitucional y una eventual maniobra del Supremo para desoír al tribunal de garantías y mantener sin amnistía a los líderes del procés. En círculos independentistas no descartan una nueva pirueta del Alto Tribunal similar el argumento de que Puigdemont y sus consellers no pagaron el procés de su bolsillo, que sirvió para dejarles fuera del olvido penal.

La dinámica política ha cambiado respecto a 2024, cuando el Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont: aunque con contestación interna en su partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó hace dos semanas por pasar página del procés después de encabezar en la calle y los tribunales la oposición a la amnistía, en vistas a posibles acuerdos con Junts tras las elecciones generales del año que viene.

En suma, con la sentencia de este jueves empieza el último capítulo para cerrar, de una vez por todas, una década de procés, rehabilitar por completo a sus líderes y permitir el regreso de Puigdemont a España sin riesgo de ser detenido. Siempre que el Supremo no quiera añadir un epílogo.

Que a Emiliano García-Page no le gusta la propuesta del nuevo modelo de financiación autónoma es algo que él mismo ya ha reiterado en varias ocasiones. Hoy lo ha vuelto a subrayar, pero afirmando que se trata de imponer a las regiones “el modelo de separatismo fiscal”, en referencia a las negociaciones con Catalunya.

Así, ha afirmado que se trata de un modelo “de privilegios” que ha pactado el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas y “no nos vamos a tragar el modelo de (Oriol) Junqueras de ninguna de las maneras”, en referencia al líder de ERC.

Previamente, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en su petición a Pedro Sánchez para que convoque una conferencia de presidentes que aborde esta cuestión. Preguntando sobre si cree que así lo hará, se ha limitado a afirmar que “estará entretenido con lo de Donald Trump”.

“Pegar el tajo” a la igualdad de oportunidades

En ese sentido, considera que convocar este órgano sería “un mínimo de respeto a lo que merecemos las autonomías” y más allá de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que ya el Gobierno de España “se reserva por reglamento la mayoría”.

“Sería para mí enormemente grave que, como ya ha pasado en los últimos dos o tres veranos, siempre con agosticidad, sin haber querido hablar del tema de financiación en el Comité Federal, en contra de las resoluciones del Congreso del propio Partido Socialista, que sean los que se llaman de izquierda los que le peguen el tajo al principio de igualdad de oportunidades”, ha dicho.

En este punto, ha criticado que negociar al mismo tiempo los Presupuestos del Estado, supone “estar otra vez de rodillas intentando imponernos a todas las autonomías el modelo de separatismo fiscal”.

La dirección de ERC ha puesto en marcha este sábado la maquinaria electoral para hacer frente a las dos grandes citas con las urnas que ocurrirán, como tarde, en los próximos 18 meses: unas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo, y unas generales que, si bien no están fijadas, planean en el ambiente y no podrían arribar más tarde de agosto de 2027. Los republicanos se ponen en modo electoral sin haber resuelto aún el encaje de su cabeza de lista, Gabriel Rufián, y la nueva alianza que impulsa con diferentes izquierdas del conjunto del Estado, opción que no cuenta con el aval del partido.

La secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, ha comparecido ante unos 250 militantes, muchos de ellos candidatos a las próximas municipales. La dirigente, que también es la candidata en Barcelona, ha llamado a “ganar la batalla de la identidad” desde los valores progresistas que representa Esquerra porque, según considera, esa será la batalla que se jugará en las próximas municipales ante el crecimiento de la extrema derecha. La secretaria general ha destacado además que la identidad “no es una bandera vacía”, sino “un síntoma de comunidad”.

“Cuando vamos a algunos lugares y decimos que ese lugar no tiene identidad, no tiene personalidad, es porque no hay una comunidad detrás. Es porque probablemente no hay una lengua, no hay una cultura, es un lugar de paso. Y no podemos permitirnos que Catalunya sea un lugar de paso”, ha remachado.

Alamany además ha cargado directamente contra las posiciones de la derecha independentista que “se repliega cuando no exige hablar catalán sino unos apellidos catalanes” para acceder a la catalanidad. Por eso ha reclamado un independentismo y un catalanismo “que no mire al pasado”.

La secretaria general ha cargado también contra un PSC que “dice que puedes ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no hace falta respetar la lengua, que no hace falta integrarte en la comunidad que tienes a tu alrededor”. En este sentido, la líder de ERC ha pedido evitar “el reaccionarismo y el cosmopolitismo naíf”.

La batalla por las listas

El Consejo Nacional de este sábado era una fecha marcada en el calendario por ser el día en el que se ha aprobado el reglamento para la confección de las listas del partido para las elecciones al Congreso y el Senado. Unas candidaturas que han sido objeto de polémica interna, después de que Gabriel Rufián marcara como condición para seguir como cabeza de lista poder confeccionar las listas, lo que suponía desplazar a algunos de sus actuales compañeros de grupo con los que no mantiene relaciones.

Sin embargo, desde el partido se ha remarcado reiteradamente que esta pretensión del jefe de filas en Madrid no cabe en la tradición asamblearia de ERC, donde son las propias federaciones territoriales las que eligen y validan los nombres que se presentan por cada circunscripción. La ejecutiva nacional sí tiene la posibilidad de introducir hasta un cuarto de los candidatos en las diferentes candidaturas. El reglamento aprobado este sábado no modifica estas condiciones, por lo que la petición de Rufián de elegir directamente a sus compañeros de grupo quedaría descartada.

ERC no tiene un candidato mejor que Gabriel Rufián para las generales. Lo sabe él y lo sabe la dirección. Como en su momento hizo Podemos, Rufián conecta con un determinado votante de izquierdas y eso incluye a nuevos electores o abstencionistas.

Cuando en Catalunya se ironiza, con cierto alivio, diciendo que el procés se ha trasladado a Madrid, no es solo por la crispación diaria en el Congreso o por la actuación de una parte de la judicatura que no se presenta a las elecciones, pero pretende ganarlas. También lo es por algunos discursos que simplifican una complejidad política instalada en un escenario más que confuso.

Daniel Innerarity, siempre atinado, fue uno de los primeros intelectuales en alertar de los riesgos de diferenciar entre el populismo bueno y el malo: el primero, entendido como el que practican algunos dirigentes de izquierdas; el segundo, identificado con líderes de derechas. El primero, democratizador; el segundo, reaccionario. Pero tampoco en política las cosas son tan sencillas.

Rufián, que desde una óptica de izquierdas encarna como pocos ese populismo “bueno” (como antes simbolizó el populismo independentista), ha abierto, con acierto, el debate sobre el futuro del llamado espacio a la izquierda del PSOE. Un enjambre de siglas que, para ponerse de acuerdo, debería empezar por coger la calculadora y comprobar qué fórmula evita que se pierda ni un solo voto. Números y egos, por este orden. Ha sido así desde el primer momento. El resto son discursos bien hilvanados. Populismo “bueno”, el de Chantal Mouffe, aunque populismo al fin y al cabo.

Ese es el principal problema que debe resolver ese espacio. Y es evidente que no depende solo de Rufián, quien, además, ha dado el paso de expresar su disposición a ponerse al frente de un proyecto que aún nadie ha dibujado. Si fructifica, probablemente no haya mejor candidato para encabezarlo. Pero, ¿y si no prospera?

Entonces aparecería la casilla de ERC, si es que la partida no ha estado siempre ahí. La primera diferencia entre Rufián y la dirección es que el partido no quiere autoubicarse, sobre todo en Catalunya, a la izquierda de los socialistas. Su propósito es ser percibido como una formación de centroizquierda, algo que el PSC de Salvador Illa puede permitirle porque este PSC mira más hacia el centro que hacia su izquierda.

Para la actual dirección de ERC, la prioridad es recuperar espacio en ese terreno, estabilizarse tras las tensiones del último congreso, presentarse como una formación capaz de gobernar y convertirse en lo que más le cuesta ser: un partido previsible.

Rufián ya ha explicado en público lo que desde hace meses se sabe en el partido: exige condiciones para repetir. La primera es confeccionar a su gusto las listas al Congreso en las próximas elecciones. Pero eso no es lo único conocido dentro de ERC. La Cadena SER desveló hace unos días algo que este diario también ha podido confirmar: Rufián ha roto relaciones con más de la mitad del grupo parlamentario. Con cuatro de sus diputados ni siquiera se habla.

Fuentes del grupo de ERC describen un clima irrespirable. “No se trata de un problema de discrepancia política, porque entre los diputados a los que Rufián no dirige la palabra los hay de todas las tendencias, incluso de la que a priori sería más cercana a él, como Àgora Republicana. El problema es de trato personal”, defienden fuentes del grupo.

“Es una persona muy difícil en el trato y aplica el esquema de que, si no estás con él, estás contra él”, afirma otra persona que ha trabajado codo con codo con él en Madrid. “Hace tiempo que cree que su partido se le ha quedado pequeño y que, además, la dirección de ERC marca desde Barcelona una línea política que no encaja con lo que él entiende que debería hacerse en el Congreso”, abunda.

Por eso, a nadie en ERC —ni en el grupo de Madrid ni en la dirección en Barcelona— le ha sorprendido su exigencia de decidir personalmente los nombres de las candidaturas, pese a que en este partido son las asambleas territoriales las que eligen los candidatos de cada circunscripción. “Si dependiera de mi opinión personal, es evidente que es un candidato excelente. Siempre lo he defendido y lo continúo defendiendo. Respecto a la lista, todos los militantes de ERC pueden transmitir su opinión.

El partido decidirá a través de sus órganos –la ejecutiva nacional y el consejo nacional–. Y decidirán cada uno de los territorios“, le recordó Junqueras a Rufián hace unos días en una entrevista en La Vanguardia. Su número dos en el partido, Elisenda Alamany, reiteró el mismo mensaje este lunes al insistir en que las federaciones territoriales ”son las que presentan y votan a sus respectivos candidatos“. 

Tensiones que han ido a más

Las fuentes consultadas por este diario explican que, si bien las tensiones han sido constantes desde el inicio de la legislatura, en los últimos meses la situación en el grupo de Madrid se ha agravado.

En concreto, Rufián ha tenido roces (y finalmente ha dejado prácticamente de hablarse) con Teresa Jordà, Pilar Vallugera, Jordi Salvador y Francesc-Marc Álvaro. Estos diputados, de hecho, no participan en las decisiones sobre la posición del partido ante la mayoría de propuestas que llegan al pleno y aseguran que, en ocasiones, se enteran de qué dirá su portavoz al mismo tiempo que el resto del Hemiciclo.

Otras fuentes también hablan de las tiranteces que el líder ha tenido con algunos miembros del personal del grupo. “Es una persona autoritaria y arbitraria, que ha llegado a frenar iniciativas políticas bien trabajadas y que contaban con el aval de la dirección del partido solo porque a él no le interesaban”, explican.

Uno de los diputados, Jordi Salvador, publicó un mensaje este lunes en X donde afirmó que ERC no puede ser la “plataforma personal” de su portavoz, ni aceptar sus “ultimátums”. “La paciencia –añadió– tiene un límite”.

En la dirección de ERC, que anda haciendo pedagogía entre cuadros y bases para que su apoyo a los presupuestos de Illa se entienda como un gesto de “responsabilidad”, son conscientes de los problemas internos que existen en el grupo, aunque hasta ahora han conseguido irlos sorteando.

Primero, porque saben del tirón que puede tener Rufián entre un electorado al que ERC no llegaría si no fuese por él. Para empezar, entre los votantes jóvenes. En estos tiempos (sí, los de TikTok), ningún partido renunciaría a tener un Rufián en sus filas.

Del mismo modo, saben que aquel joven de Santa Coloma de Gramenet al que Junqueras dio su primera oportunidad siempre ha apoyado al presidente del partido, también en el último congreso, cuyas heridas aún escuecen. De ahí que se intente restar trascendencia a los movimientos de Rufián en Madrid y se busque calmar los ánimos en el grupo parlamentario.

ERC es un partido fundado en 1931. Nació ya con discrepancias, entonces entre Francesc Macià y Lluís Companys, convertidos ahora en personajes entrañables del programa Polònia, donde aparecen ‘en el cielo’ comentando y discutiendo sobre la actualidad. Por lo tanto, sin sus broncas internas, esta formación no se entiende.

La cuestión es si, en este caso, el debate sobre el papel de ERC en las izquierdas estatales –y, más en concreto, sobre el que puede jugar Rufián– responde a una estrategia política o a una lógica personalista que poco tiene que ver con el proyecto del partido.

“Yo no voy a volver a presentarme por ERC a las elecciones generales si no se cumplen unas condiciones”. Esas fueron las palabras que pronunció el miércoles el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto celebrado en Madrid en el que también anunció su disposición a encabezar una “confluencia, una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados entre las formaciones soberanistas y las estatales”. Rufián rechazó concretar esos requisitos para mantenerse como candidato de ERC y no irse a su “casa”, pero lo cierto es que son básicamente dos: el control del grupo parlamentario en el Congreso —lo que implica tener, al menos, una mayoría de dirigentes afines en las listas— y la capacidad de marcar la línea política del partido en Madrid.

Con el órdago que lanzó el miércoles, el dirigente señaló públicamente por primera vez una serie de líneas rojas para mantenerse como líder de ERC en el Congreso. Pero, aunque no se hubieran escenificado públicamente antes con tanta claridad, las exigencias de Rufián son producto de unas desavenencias internas larvadas durante largo tiempo tanto en el seno de ERC como en el grupo parlamentario de Madrid. Las discrepancias ideológicas y estratégicas que se evidenciaron en el congreso del partido que terminó con la reelección de Oriol Junqueras como presidente de ERC en diciembre de 2024 también son patentes en la delegación del partido en la Cámara Baja, y las diferencias entre los diputados del sector más nacionalista y los del ala más obrerista —la que representa Rufián junto a dirigentes históricos como Joan Tardà— son profundas.

En ese congreso de hace año y medio, los republicanos demostraron que existe una división profunda en torno a la línea política a seguir, tanto que Junqueras revalidó el liderazgo del partido con el 52% de los votos de la militancia, por el 42% que obtuvo la lista Nova Esquerra Nacional, que agrupó a los críticos. Y Rufián quiere evitar, según confirman fuentes conocedoras de la situación, que esas diferencias —que se han trasladado a Madrid— sigan condicionando el trabajo del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, como está ocurriendo esta legislatura. La reivindicación no es nueva, pero Rufián quiere aprovechar el tirón electoral que ha conseguido en los últimos meses para lograr un equipo más afín.

Otras fuentes del grupo de ERC en Madrid rechazan categoricamente que las desavencias surgidas entre varios diputados y Rufián se deban a cuestiones ideológicas o estratégicas. Según indican, el problema tiene que ver con la forma en que el líder gestiona la discrepancia interna y la manera de relacionarse con los miembros del grupo que en algún momento no han compartido alguno de sus posicionamientos. Y, abundan esas mismas fuentes, Rufián tiene malas relaciones tanto con diputados que se alinearon con la candidatura rival de Junqueras en el Congreso, como serían Teresa Jordà o Pilar Vallugera, como con algunos de los que estuvieron en el otro bando, como podría ser Jordi Salvador, quien además está alineado con Àgora Republicana, la corriente de Joan Tardà en principio más afín a Rufián.

La cuestión no gira solo en torno a las afinidades o desavenencias personales, sino que se debe a que la elección de unos u otros candidatos, explican las fuentes consultadas, será determinante en la línea ideológica y estratégica que seguirá ERC en la próxima legislatura. Por ello, Rufián también aspira a tener mando en plaza para decidir sobre los posicionamientos de los republicanos en el Congreso, una cuestión mucho más delicada porque supondría que la dirección nacional del partido en Barcelona tendría que consensuar posturas con la delegación de Madrid.

Esas diferencias en torno a las listas se suman a las ya conocidas en relación al deseo de Rufián de que ERC se presente a las generales en Catalunya en coalición con los Comuns y la CUP, una posibilidad que la dirección republicana rechaza con contundencia, pero en la que el portavoz insiste. De terminar cerrándose una alianza —algo que parece muy poco probable a día de hoy—, el control de las listas sería incluso más importante, puesto que las negociaciones internas en el grupo parlamentario cobrarían aún más protagonismo en el día a día.

La respuesta de ERC: “No somos un partido a la izquierda del PSOE”

En cualquier caso, la dirección republicana insiste en que no va a ceder a la presión de Rufián para firmar una alianza con los Comuns. “ERC es y quiere ser la izquierda nacional catalana, desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, no un partido a la izquierda del PSOE que nos convierte en minoritarios cuando no lo somos”, enmendaba este jueves un miembro de la cúpula de ERC la línea que Rufián viene marcando desde hace varios meses. 

Los de Oriol Junqueras asisten cada vez más atónitos al movimiento que protagoniza su jefe de filas y se preguntan cuál es su destino final, si está creando un escenario para salir del partido o si quiere negociar unas condiciones que, en todo caso, deberá proponer en los órganos internos del partido y no en los micrófonos del Club Siglo XXI de Madrid.

En la dirección de ERC la consigna sobre los movimientos de Rufián es clara: emitir los mínimos mensajes posibles y remitirse siempre a la línea marcada por su secretaria general en febrero, cuando aseguró que ERC se presentaría a las elecciones con sus siglas y únicamente en circunscripciones catalanas. Este era el manual con el que respondían este jueves a las afirmaciones de su jefe de lista en Madrid, después de que hubiera abierto la puerta a presentarse con una candidatura diferente a la de ERC –algo que negaba hace tres meses– y de que hiciera público que había marcado unas condiciones para quedarse en su partido.

Pero, más allá de la comunicación, el malestar en ERC con Rufián ha ido en aumento. No solo en la dirección, sino también entre cargos institucionales y representantes territoriales, que ya no disimulan la estupefacción ante lo que consideran un pulso de su líder en el Congreso. Un choque al que Junqueras no entrará por estrategia. De hecho, en el partido mantienen la mano tendida a que Rufián siga siendo el cabeza de lista. Pero voces más beligerantes entienden que Rufián transgrede también la propia línea política del partido que, recuerdan, se decide en los congresos y de forma democrática por parte de la militancia.

Respecto a las condiciones que Rufián reclama, a ojos de su partido las hay absolutamente imposibles, como que ERC se sume a unas candidaturas estatales con las diversas izquierdas que se agrupan en Sumar, y las hay negociables, como la confección de las listas. Esta cuestión, sin embargo, es problemática, porque en ERC las candidaturas se aprueban en asambleas territoriales. La dirección tiene, obviamente, mucha capacidad de influir en estas reuniones, pero no infinita. Y la postura de Rufián, que casa con la corriente interna de Àgora Republicana que lidera Joan Tardà, es absolutamente minoritaria en todas las asambleas. 

Algo similar ocurre con la línea política, que se marca en los congresos del partido y queda recogida en las ponencias oficiales que, por cierto, en ERC suelen ser muy minuciosas. Estos documentos marcan la postura del partido en la mayoría de cuestiones, así como el Consejo Nacional es el órgano supremo entre congresos, donde se dilucida todo lo relativo a la interpretación de esos documentos base. Por esta razón, que Rufián pueda decidir desde Madrid la posición de ERC en todos los debates que lleguen al Congreso es una aspiración que en la dirección republicana ven poco realista.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este martes el primer acuerdo de presupuestos de la legislatura, que ya lleva más de 20 meses en marcha. Govern y republicanos han firmado el documento del entendimiento en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, después de que el lunes ambos políticos participasen en un acto sobre la línea orbital ferroviaria, que se ha convertido en el símbolo de este pacto, y también después de que Junqueras se sometiese a un ajetreado consell nacional de su partido.

Tras la fotografía de este martes hay semanas de negociación discreta entre socialistas y republicanos, que han salvado una relación que parecía muy tocada después de que en marzo el president se viera obligado a retirar los presupuestos por no contar con el apoyo de los de Junqueras. Por su parte, ERC ha borrado la condición indispensable que situaban a inicio del año para las cuentas, que era obtener un compromiso verbal de la entonces ministra de Hacienda a favor del traspaso a la Generalitat de la recaudación del IRPF.

En el acuerdo firmado este martes figura una referencia a la cuestión del IRPF, vinculada a la aprovación del nuevo modelo de financiación. “Se trabajará conjuntamente para que las leyes que se acaben aprobando en el Congreso de los Diputados [sobre la financiación] incorporen la delegación de competencias en la recaudación”, reza el documento.

Además de la línea orbital, el Govern y ERC han pactado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sumen mayoría en el consorcio de la Zona Franca, también el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, la puesta en marcha del consorcio de inversiones, o una inyección de 527 millones a la Agència Tributaria de Catalunya. Este miércoles se celebrá una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para que el Gobierno central muestre su compromiso con estas medidas.

ERC ha negociado también la incorporación directa de fondos a algunas partidas, como 250 millones más para sanidad o 400 millones para educación, este último en inversiones para infraestructura escolar.

A falta de acabar de actualizar el pacto con los Comuns, que tienen sus propias exigencias, previsible será el viernes el día que el Govern vuelva a llevar la ley económica al Parlament. De pasar la prueba del legislativo, estos serían los primeros presupuestos que la Cámara apruebe desde el año 2023. El acuerdo de Illa con los mismos socios con los que logró su investidura en agosto de 2024 estabiliza una legislatura que al Govern comenzaba a hacérsele cuesta arriba sin nuevas cuentas.

“Esquerra es un partido exigente y hemos vivido semanas muy intensas de negociación”, ha señalado la consellera de Economia, Alícia Romero, que se ha mostrado confiada en alcanzar también el acuerdo con los comuns. “Negociar es ceder. Estamos satisfechos”, ha remachado en una rueda de prensa posterior a la firma del pacto.

Sobre el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los profesores antes de aprobar las cuentas, Romero ha matizado que los Presupuestos son un “proyecto vivo” y se podrían mover partidas en caso de tener que destinar más recursos a la educación, tal y cómo reclaman los docentes y los sindicatos. La consellera, sin embargo, ha señalado que considera “inasumibles” algunas de las demandas del profesorado aunque ha querido destacar “la voluntad de diálogo” con la que el ejecutivo afronta la reunión del miércoles con los maestros.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.