La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

Carlos Castresana (Madrid, 1957) es uno de los mayores especialistas de España en derechos humanos y derecho penal internacional. Actualmente fiscal en el Tribunal de Cuentas, Castresana publica Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), un libro en el que, a través de 25 casos históricos y recientes de errores judiciales, realiza un ejercicio inusual en todos los gremios: autocrítica y descripción de los vicios que perviven en un poder del Estado tan necesario como peligroso cuando descarrila.

¿Cómo se llega al error judicial? ¿Es intrínseco a la condición humana?

El proceso penal es una obra humana y, por lo tanto, es susceptible de error. Para que se produzca un error grave que dé lugar a la condena a un inocente, normalmente tiene que haber una cadena de errores. Se puede equivocar el denunciante (incluso con mala intención), la policía al investigar, el juez al instruir, el fiscal al acusar o el tribunal al sentenciar. Incluso si uno de estos eslabones falla, la cadena no tiene por qué romperse del todo. La cadena se rompe cuando el fallo no es corregido o se produce en el último eslabón.

Además de un posible error, usted habla en el libro de las “disfunciones” del proceso penal, a cada cual más peligrosa. 

Las disfunciones son reiteradas y las conocemos. Están la palabra (a veces se estima más de la cuenta a un testimonio y otras lo despreciamos y se tendría que ser más serio); la prueba basada en indicios (el gran jardín donde la mayor parte de los tribunales se pierden, aunque con paciencia y buena intención no es tan difícil valorar los indicios inculpatorios y exculpatorios); o el burladero (alguien que de manera aviesa se sirve del proceso penal para deshacerse de un adversario). 

Pero también están la tortura (que va más allá del maltrato físico al detenido para que confiese y sirve para hablar de todas las maniobras para presionar al inculpado para que colabore con la investigación cuando no tiene que hacerlo, como algunos malos usos de la prisión provisional) y la razón de Estado (no solo el interés del Gobierno en llevarse por delante a alguien, sino la presión de los poderes económicos o los medios de comunicación en los tribunales que termina en catástrofe). El tren de la justicia descarrila a veces, pero no suele ser culpa de una sola persona que deliberadamente o por negligencia comete un error, sino que suele ser un error que después es refrendado una y otra vez.

En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces

¿Por qué todavía hoy le cuesta tanto a la Justicia admitir que se equivoca? Pienso en el caso de Ahmed Tommouhi, privado de libertad 15 años por una violación que no cometió.

No me parece que sea un problema general, sino que es muy específico de la jurisdicción española. En otros países que han disfrutado de independencia judicial, Estado de Derecho y transparencia informativa durante más tiempo no hay tantos problemas para admitir los errores judiciales. Nosotros hemos heredado una Justicia de una dictadura, no solo por la cuestión del franquismo.

La Justicia española nunca ha sido transparente, desde los tiempos de Felipe II. Era una Justicia autoritaria que pasa por el filtro de la transición y que debe convertirse de la noche a la mañana, como Cenicienta, en una Justicia democrática. Pero no ocurre. No se ha hecho una reforma integral del Poder Judicial como debería haberse hecho y por eso todavía tenemos una Justicia que tiene muchos tics autoritarios y que es muy refractaria a la transparencia y a la crítica. En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces. Pues sí se debe poder.

¿Los elementos de reparación a una víctima inocente, tanto materiales (indemnizaciones exiguas) como simbólicos (nadie le pide perdón) son insuficientes en nuestro país?

Son totalmente insuficientes, tanto en el procedimiento administrativo como en la vía penal, donde el recurso de revisión sigue siendo extraordinariamente restrictivo y es casi un imposible. ¿Si el tribunal condenó sin una demostración palmaria de la culpabilidad, por qué debería haberla para rectificar esa conducta cuando hay una duda razonable o cuando hay una prueba razonable de que fue un error? Esto también forma parte de la tradición de un Poder Judicial refractario a la crítica, al que no le gusta ni que un periodista le diga que lo ha hecho mal ni que otro tribunal le revoque la sentencia porque se equivocó. Parece nombrar un tabú, pero los jueces sí se equivocan, igual que todo el mundo en su ejercicio profesional.

¿Hay todavía, en el carácter de algunos jueces, un exceso de soberbia y autoridad? ¿Les falta humanidad?

Es como si en un partido de fútbol fuese más importante el árbitro que los jugadores, cuando no es así. El juez solamente tiene que mantener un poquito el orden para que no se den más patadas de las aceptables. Cuando se erige al árbitro en protagonista del juego, empiezan todas las patologías y no se le puede criticar o invitar a rectificar lo que ha hecho mal.

Finalmente, se provoca la situación que vivimos en España actualmente: los tribunales viven encerrados en sí mismos y la sociedad no se fía. Esto debería llevar a los titulares del Poder Judicial a reflexionar por qué existe esta desconfianza de los ciudadanos, y a los legisladores a pensar qué parte del sistema no está bien y qué leyes deberíamos modificar para acabar con este divorcio entre la sociedad y lo que, según la Constitución, es un servicio público.

El sistema de acceso a la carrera judicial termina siendo elitista

¿Cómo se corrige? ¿Sería necesario cambiar el sistema de acceso a la carrera para que antes de ser juez se tuviera un mínimo de experiencia laboral como abogado?

El sistema de acceso a la carrera, decimonónico por supuesto, habría que cambiarlo para que fuera mucho más fácil ingresar y también mucho más fácil salir. Ahora es demasiado difícil entrar, es un poco endogámico, exige un esfuerzo económico que algunos aspirantes no se pueden permitir y termina siendo elitista. Una vez dentro, sentir que tienes 40 años por delante, prácticamente sin controles y sin muchas responsabilidades, no representa un incentivo para hacer bien el trabajo. Bien o mal, pagarán el sueldo igual… 

Alerta en el libro de que, pese a las sucesivas reformas que lo han “matizado”, el poder de los jueces de instrucción, especialmente en los casos de “relevancia política”, es importante. ¿Por qué? 

Porque no ha habido un consenso entre los grandes partidos para forjar un pacto por la Justicia. Igual que con la Constitución, tendría que haber sido posible negociar una gran reforma de la Justicia. 

¿Que los ciudadanos conozcamos de memoria el nombre y apellido de los jueces que instruyen casos con carga política es una mala señal para la Justicia? 

No es bueno. En general, los jueces deberían ser desconocidos porque su papel no debería ser relevante ni famoso. Desgraciadamente, demasiadas veces en España hay jueces que, si jugasen un partido de fútbol, querrían tirar el penalti en vez de ser el árbitro.

¿Los tribunales son indolentes con el falso testimonio?

Sí. En demasiadas ocasiones se producen falsos testimonios y no se persiguen. Somos demasiado tolerantes con ello y se producen errores judiciales porque se cree a testigos que dicen que vieron una cosa que no vieron. Deberíamos ser mucho más firmes contra esas conductas.

Dice en el libro que la Justicia penal es muy vulnerable a la corrupción y a la desviación del poder. ¿Todavía hoy? 

Sí. En España no hay un problema de corrupción judicial. Los casos que hay son afortunadamente excepcionales. Lo que sí hay es una desviación de poder, que desgraciadamente es endémica en cuanto al acceso a los cargos más altos. Se tiende a pensar que si se quiere llegar al Tribunal Supremo, no se tienen que afectar determinados intereses y se debe ser complaciente con otros. La promoción dentro de la carrera judicial está bastante mediatizada por la política, el poder económico y los medios de comunicación, y los jueces son sensibles a eso.

¿Ha notado la tentación de ser corrompido en algún caso particular que ha llevado como fiscal?

He llevado casos muy importantes contra personas muy poderosas y casi nunca nadie me ha querido presionar. Los casos los puedo contar con los dedos de una mano y ha sido una presión muy sutil, nadie ha venido con un sobre a ofrecerme dinero.

¿Los puede explicar, aunque solo sean menos de cinco?

No hace falta. Es gente que dice 'qué necesita para que nos libremos usted y nosotros de este caso', o que te ofrecen un avión privado porque, dicen, casi ni lo usan. Lo que sí se recibe más es un tipo de presión que te quiere torcer la mano. Es importante señalar que la independencia de los jueces, que también debe ser extensiva a los fiscales, no es un privilegio sino una obligación. Nuestro deber es mantener la independencia frente a esas presiones porque el que tiene el derecho es el justiciable, a quien la Constitución le garantiza que su caso va a ser resuelto por un magistrado independiente e imparcial, que no tomará partido en el caso concreto y que no se dejará torcer el brazo por las presiones que le vengan de fuera (que antes o después le vendrán).

En el traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos

¿Qué papel jugamos en todo esto los medios de comunicación? ¿Hay un excesivo seguimiento de casos mediáticos y morbosos?

En parte, los medios de comunicación están contaminados por la política. Como los políticos no son capaces de resolver, en su ámbito, los problemas, se acaban extrapolando al ámbito judicial o mediático. Hay veces que hasta parece que según qué periódicos son el órgano de prensa de un partido.

La otra parte del problema es la batalla por las audiencias. La competencia es feroz, pero no por influencia del poder político o económico. Es una competición sensacionalista entre los propios medios. El ejemplo más sangrante es el de Dolores Vázquez, condenada de antemano antes de que el juicio empezara tras un linchamiento. La presión mediática sobre el tribunal del jurado fue tal que se la daba ya por condenada sin pruebas, como efectivamente ocurrió. Eso se corrige con mayor sentido de la responsabilidad de los propios medios, que son el puente entre la información que está en los tribunales y los ciudadanos. El periodista es el servidor del derecho a la información, cuyo titular es el ciudadano. En ese traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos y tiene que hacer rigurosamente su trabajo.

¿La Justicia sirve para perpetuar al poder más que para controlarlo?

La Justicia, para empezar, es un servicio público. Y es uno de los tres poderes del Estado. Por eso a mí me asombró y hasta me escandalizó ver cómo algunos magistrados se manifestaron con toga, olvidando que son un poder del Estado, para oponerse a una ley que estaba en plena deliberación en el Congreso [la ley de amnistía]. Se actuó políticamente. Hablamos de las presiones que recibe el Poder Judicial de los otros poderes del Estado, que son ciertas, pero las presiones que el Poder Judicial ejerce sobre los otros poderes del Estado son igualmente censurables. En la división de poderes de los estados democráticos, cada uno tiene claramente su función, y el Poder Judicial haría muy bien, en servicio y beneficio de todos, en limitar su actuación a lo que la Constitución dice que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y nada más. No hay que meterse en otros jardines.

Negar que existe 'lawfare' en España es como negar que el sol sale por la mañana

Hablando de manifestaciones con toga, ¿existe el lawfare en España?

Claro que existe. Existe en todas partes. La instrumentalización del proceso penal es una herramienta muy poderosa, ya sea por parte de un partido, un Gobierno o un grupo de presión económico. Negarlo es como negar que el sol sale por la mañana. Otra cosa es identificar los casos donde se está produciendo un uso torticero de la institución, y naturalmente corregirlos. Lo malo no es la institución, lo malo es el uso torticero. Es como cuando dicen que hay que derogar la acción popular. No hay que derogarla porque es una buena manera de garantizar la participación de los ciudadanos, lo que hay que corregir son los abusos que se han producido y se siguen produciendo.

Al final del libro realiza varias reflexiones sobre las víctimas de la dictadura y su falta de reconocimiento. ¿Los tribunales en democracia han permitido la impunidad del franquismo?

Sin duda. Los políticos hicieron el pacto de olvido de la transición, que se tradujo en la ley de amnistía del 1977, en la Constitución, y en no mirar hacia atrás. La ley de amnistía del 1977 tiene una parte legítima que procura la reconciliación, algo que era necesario, pero tiene otra parte que comporta la preterición absoluta de los derechos de las víctimas, algo que no se corresponde con las obligaciones internacionales que España para entonces ya había contraído. Ya habíamos ratificado el pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Esto lo bendijo el Tribunal Constitucional y luego la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha impedido las investigaciones de los de los crímenes cometidos contra las víctimas de la dictadura.

Pero no nos engañemos. Hay culpa en el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero también el conjunto de la sociedad española se ha desembarazado de las víctimas de la dictadura. Hemos preferido mirar hacia delante y dejarlas en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de ellas, cuando en realidad ofrecieron su vida y su libertad para traer la democracia de la que disfrutamos. Somos una sociedad amnésica y no por accidente, sino por una decisión voluntaria. Hicimos de la ignorancia virtud y decidimos, en un pacto no escrito, no mirar hacia atrás. Fue como un secreto de familia y como si, como condición de nuestro éxito democrático e ingresar en la Unión Europea, tuviéramos que dejar a las víctimas olvidadas. Tenemos una deuda con ellas.

¿Cómo se puede corregir esta situación y que las víctimas del franquismo que quedan vivas no mueran olvidadas por el Estado?

Estamos a tiempo de realizar una gran comisión de la verdad. Los americanos hicieron una sobre el trato a los americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial 50 años después. No pierdo la esperanza de que aquí, antes o después, se pueda hacer una comisión de la verdad para reparar a las víctimas y enseñar a nuestros jóvenes su historia, porque la desconocen absolutamente. Hay tantos jóvenes de extrema derecha a los que les parece que la dictadura fue como Disneylandia porque no saben lo que fue.

Hemos preferido mirar hacia delante y dejar en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de las víctimas de la dictadura

Philippe Sands, autor que lo menciona en varios tramos de su último libro sobre el caso Pinochet, tiene la tesis de que a España le faltó legitimidad al no haber enjuiciado el franquismo para reclamar la extradición del dictador chileno. ¿Está de acuerdo?

Sí, e incluso voy más allá. Con el general Pinochet hicimos una especie de exorcismo de Franco, porque su extradición tuvo un apoyo de la opinión pública española espectacular, por mucho que nos pudiera suponer problemas políticos o diplomáticos. Como Franco se nos murió en la cama, no quisimos que Pinochet se nos escapara. Es una contradicción absurda que nosotros, que hemos sido incapaces de dar protección jurídica y social y política a nuestras víctimas, vayamos ahora redimiendo a las víctimas de América Latina. Pero así somos. Es un quijotismo pretender enmendarle la plana a los demás con una trastienda tan horrorosamente revuelta como la nuestra.

¿De otros sistemas judiciales del mundo que conoce como experto en derecho internacional, qué copiaría para España?

Traería íntegramente el jurado escabinado del modelo francés [el tribunal lo forman tres magistrados y seis jurados ciudadanos] y el Consejo Superior de la Magistratura Italiana [el equivalente del Consejo General del Poder Judicial español]. Y una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI y no del XIX, que es la que tenemos ahora, y que cumpla con todos los estándares de la Unión Europea. Estamos peor que los países que se han incorporado más recientemente. En Bulgaria o Rumanía tienen leyes de procedimiento más modernas. No sé si es por desinterés, desconfianza o falta de voluntad política, pero estamos subdesarrollados en materia judicial y tenemos menos de la mitad del promedio de jueces de la UE.

¿Qué le ha parecido el juicio al fiscal general?

No quiero pronunciarme por ser un caso pendiente de sentencia. Además, me parece una obligación moral no hacerlo porque soy todavía un fiscal en el servicio activo.

¿Sea una sentencia absolutoria o condenatoria, que cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal ya hubieran acordado hace unos meses que había que investigar al fiscal general no afecta a su apariencia de imparcialidad?

No necesariamente. Depende de qué clase de pronunciamientos hayan hecho, pero admitir a trámite una denuncia no supone entrar al fondo del asunto. En todo caso, tampoco me consta que haya habido recusaciones por este motivo.

La Comisión Europea reprocha a España que no haya impulsado una estrategia nacional contra la corrupción. Es el gran tirón de orejas en el informe anual sobre la situación del estado de derecho que se lleva el Gobierno en un momento en el que está en horas bajas, entre otras cosas, por el gran escándalo que afecta a los dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último en prisión provisional. El gobierno comunitario recrimina que no se haya dado ningún paso para impulsar esa estrategia, que está comprometida en la ley de protección a los denunciantes.

“Aún no se ha empezado a trabajar en la estrategia nacional anticorrupción prevista por ley para septiembre de 2024”, recoge el informe, que alerta: “De acuerdo con las partes interesadas, a pesar de la inclusión de prioridades anticorrupción en los planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada corre el riesgo de fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas”.

Preguntado por los escándalos de corrupción que recientemente han afectado al entorno de Pedro Sánchez, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ha evitado pronunciarse sobre “casos individuales”. “El régimen general de lucha contra la corrupción en el estado miembro se examina como un pilar fundamental del proceso del Estado de Derecho. Y en relación con España, el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global de prevención y lucha contra la corrupción, pero aún no se ha empezado a trabajar en ella. Se está revisando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se han proporcionado más recursos para reducir la duración de las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel, mientras que el nivel de aplicación de la ley en materia de soborno extranjero sigue siendo bajo”, ha resumido.

Tampoco el informe hace referencias expresas a los casos, pero sí recoge de nuevo el “alto riesgo de corrupción” en sectores como “la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos”. Y se basa en las respuestas del Eurobarómetro en el que un 40% de las empresas piensan que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos años (la media de la UE es del 25%).

Y, en relación a la financiación de los partidos políticos, España se lleva otro tirón de orejas por no haber “tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”. Por el contrario, ve progresos en el intento de poner límite a las investigaciones de las macro-causas de corrupción, aunque recomienda que se dé el impulso definitivo a la tramitación de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para culminar ese proceso.

También señala los avances para que el mandato del Fiscal General del Estado se desligue de la duración de la legislatura para adecuarse a los “estándares europeos”. La pretensión es que se desvincule lo máximo posible esa figura del ejecutivo, aunque Bruselas no cuestiona que sea el Gobierno el que nombre al máximo responsable del Ministerio Público. En sus recomendaciones, apunta a la necesidad de “continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía”.

El informe menciona el procesamiento de Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de información confidencial sobre el fraude de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Respecto a ese caso, también recoge la imputación de cuatro periodistas y la correspondiente queja de las asociaciones de informadores.

El informe vuelve a pasar de puntillas por la amnistía al procés, pese a los intentos del PP de que la Comisión Europea cuestionara esa ley en su análisis del estado de derecho. Lo que hace Bruselas es tomar nota de que el Tribunal Constitucional ha avalado la norma y recuerda que su evaluación será parte de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ese análisis fue crítico con la ley de amnistía, aunque Bruselas no ve perjuicio a las finanzas de la UE, que es uno de los principales motivos por los que el conflicto se elevó al tribunal de Luxemburgo.

También desaparece prácticamente el que durante años fue el gran reproche de Bruselas respecto a la situación del estado de derecho en España: el Poder Judicial. Tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en junio de 2024, el gobierno comunitario ve avances en los nombramientos que se han ido desbloqueando. Y también menciona los “pasos” que se han dado para cambiar el sistema de elección y acomodarlo a los “estándares europeos”. Sin embargo, el acuerdo para la renovación del CGPJ dio un plazo de seis meses para que el organismo emitiera un informe sobre cómo proceder. Pero no hubo entendimiento dentro y el asunto ha quedado como estaba.

“Actualmente hay acciones de protesta de jueces y fiscales que reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas sobre el poder judicial. Algunas asociaciones judiciales y fiscales convocaron una huelga de tres días manifestándose en contra del proyecto de ley sobre la carrera judicial y fiscal, pidiendo su retirada del proceso legislativo”, señala sobre la ley de eficiencia de la justicia impulsada por Félix Bolaños y que tiene al sector conservador de la carrera judicial en pie de guerra. De hecho, este mismo martes han viajado a Estrasburgo, de la mano del PP, para quejarse al respecto. El informe recoge que el derecho a huelga de jueces y fiscales no está regulado.

El informe, que en la mayoría de casos se limita a enumerar las medidas y apenas hace un puñado de recomendaciones sobre la necesidad de reforzar los sistemas frente a la corrupción, la regulación de los lobbies y la modificación de la ley de secretos para dar más transparencia, tiene una lectura radicalmente opuesta para el Gobierno y el PP.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el informe avala sus reformas y “echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas”. La secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat, cree que es “demoledor” porque recoge “persecución de jueces y periodistas”, “nula independencia judicial”, “dudas de la legalidad de la amnistía”, y “fiscal general procesado”, a pesar de que la Comisión Europea no entra en esas valoraciones. “Sánchez es un peligro”, concluye en un post en X.

La victoria en Polonia del candidato ultraconservador Karol Nawrocki es un doble castigo para el Gobierno de centroderecha de Donald Tusk y para el conjunto de la Unión Europea, especialmente para la Comisión Europea, que recibió al primer ministro con alfombra roja al recuperar el poder en 2023. Los votantes polacos han mantenido un elevadísimo nivel de apoyo a la estrategia del partido Ley y Justicia (PiS), que durante años supuso un quebradero de cabeza para el club comunitario, junto con el ultraderechista Viktor Orbán. Supone una sanción al año y medio de gobierno de Tusk, que se ha quedado lejos de sus promesas electorales. Pero el golpe se recibe también en Bruselas, donde habían ‘indultado’ a Polonia tras años de deriva autoritaria y ahora ven cómo el camino para dejarla atrás vuelve a ponerse cuesta arriba.

Sin haber tomado siquiera posesión, Tusk fue recibido con todo el boato por Ursula von der Leyen en la sede de la Comisión Europea. Atrás quedaba un gobierno antieuropeo, xenófobo y de extrema derecha al que el Gobierno comunitario había abierto un procedimiento bajo el artículo 7 del Tratado de la UE por las vulneraciones del Estado de derecho. Esa medida puede acabar con la suspensión del derecho a voto de ese país en el Consejo, pero Polonia y Hungría se protegían mutuamente dado que se requiere de la unanimidad.

Tusk, que había estado en la diana con una ley que pretendía perseguir a la oposición, recuperó el poder en Polonia prometiendo contrarreformas que aplaudían en Bruselas: cambios en el sistema judicial que estaba completamente politizado, levantar la ilegalidad del aborto… Pero chocó con el presidente del país, Andrzej Duda, del PiS, que empleaba su derecho a veto para paralizar las iniciativas legislativas del nuevo Gobierno.

Las presidenciales de este domingo eran, por tanto, la prueba de fuego y el primer ministro de la Plataforma Cívica se involucró en la campaña de su candidato, el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski. Al fin y al cabo, las elecciones eran un plebiscito sobre su año y medio de mandato.

Pero también era un test para ver si la mano tendida de Bruselas tenía un efecto positivo. La Comisión Europea comenzó a desbloquear fondos –hasta 137.000 millones de euros– a medida que el Gobierno iba anunciando contrarreformas, especialmente relativas a la independencia del sistema judicial. También planteó cerrar el expediente a Polonia por sus ataques al Estado de derecho. “La Comisión considera que ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en Polonia”, afirmó Von der Leyen en un comunicado apenas un mes antes de las elecciones europeas y en la víspera de un acto de campaña en Varsovia. Von der Leyen convive con la contradicción de reprochar al PiS su política autoritaria y antieuropea al mismo tiempo que busca el apoyo del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) del que forman parte en el Parlamento Europeo.

Pero el idilio de Bruselas y Varsovia ha recibido en las urnas un golpe que está por ver si es mortal. El presidente tiene capacidad de veto de las iniciativas legislativas y, entre los proyectos que Polonia tiene por delante, hay varios de relacionados con la reparación del Poder Judicial, un requisito imprescindible para la recepción de los fondos europeos.

Anticipándose a una muy posible actitud de bloqueo del nuevo jefe de Estado, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció el lunes por la tarde que someterá su gobierno a un voto de confianza. En un discurso retransmitido por televisión, aseguró que está dispuesto a cooperar con el nuevo presidente “en lo necesario y en la medida de lo posible”, pero que quiere dejar patente, en el extranjero y dentro del país, que su Ejecutivo “comprende la gravedad del momento” y no se dispone “a dar un solo paso atrás”.

Las reformas, cuesta arriba

“Confiamos en que las reformas iniciadas por el Gobierno polaco prosigan y continúen”, fue la respuesta de la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución. Previamente Von der Leyen había felicitado a Nawrocki por su victoria, pese a que es una de las dirigentes que menos ha ocultado la felicidad por el retorno de Tusk, a quien ha evitado incluso reprochar que dijera en su presencia que Polonia incumplirá el Pacto de Migración y Asilo acordado en la UE.

“La presidencia de Nawrocki será una dura prueba para el Gobierno de Tusk. El primer ministro se enfrenta a un duro final de su proyecto político centrado en la restauración del estado de derecho y la liberalización social. No serán posibles grandes proyectos de reforma, por ejemplo, sobre el aborto o las decisiones judiciales, ya que la principal misión de Nawrocki en el cargo será socavar el Gobierno y allanar el camino para que el PiS vuelva al poder en las elecciones de 2027”, reflexiona Piotr Buras, jefe de la delegación en Polonia del think tank Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales (ECFR, por sus siglas en inglés).

“Nawrocki carece de experiencia política y de base en un partido político. Es poco probable que desempeñe un papel independiente más allá de apoyar al PiS como principal partido de la oposición. Sus opiniones políticas son mucho más radicales y de derechas que las de Andrzej Duda, lo que hace presagiar una cohabitación con el Gobierno de Tusk mucho más dura que en el último año y medio”, advierte Buras.

La vuelta de Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo, a la primera línea resituó a Polonia en una posición predominante respecto a la política internacional de la que había carecido durante los años de gobierno del PiS. La foto del denominado ‘triángulo de Weimar’ —Francia, Alemania y Polonia— ha vuelto a verse con asiduidad en la prensa europea. Pero el presidente tiene un peso relevante en la política exterior de Polonia y es otra de las inquietudes que emergen en Bruselas, sobre todo en lo que tiene que ver con Ucrania.

El test del euroescepticismo

“Es probable que las relaciones con Estados Unidos y con Ucrania se conviertan en objeto de controversias políticas partidistas, un fenómeno nuevo en la política polaca. Nawrocki y el PiS jugarán la carta Trump-Estados Unidos en la política interna criticando el supuesto abandono de la asociación transatlántica por parte de Tusk al ponerse del lado de los aliados europeos de Polonia. Reducirá el margen de maniobra de Tusk en política exterior y de la UE”, señala el investigador del ECFR, que recuerda que Nawrocki “acarició tonos antiucranianos” al rechazar rotundamente el camino de Ucrania hacia la OTAN durante la campaña electoral. “Tanto el papel de Polonia como promotor de una política de defensa de la UE más sólida como el de actor importante en el proceso de integración de Ucrania en la UE y la OTAN podrían verse seriamente obstaculizados, dado el cambio del contexto político interno”, sentencia.

A nivel de política interna, la victoria del candidato ultra es un golpe para Tusk ante sus aspiraciones de repetir en el Gobierno en unas elecciones que podrían adelantarse a 2026. “Un gobierno que no puede sacar adelante sus proyectos clave es poco probable que sobreviva otros dos años y medio”, dice Buras.

Y ahí la UE volvería a tensionarse ante un nuevo escenario electoral en uno de los países del este, que elección tras elección ve cómo crecen las fuerzas euroescépticas.

Los tribunales se han convertido en la principal línea de defensa para frenar las aspiraciones absolutistas del presidente estadounidense, Donald Trump. En medio del incesante goteo de decretos con los que busca extralimitar su poder ejecutivo e invadir las competencias del Legislativo, los jueces no han dejado de emitir resoluciones de emergencia para bloquear sus medidas debido a su dudosa legalidad. Ante este freno judicial, la administración Trump ha comenzado a orquestar una campaña para desafiar la Justicia y deslegitimar su autoridad.

El fin de semana pasado, el vicepresidente J.D. Vance puso en entredicho la autoridad de los jueces federales para frenar las órdenes ejecutivas que ha estado firmando el presidente. “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo utilizar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”, escribió Vance el domingo en X.

Cuando el equipo legal de la administración Trump presentó un recurso contra el bloqueo cautelar impuesto por un juez, que ordenaba restablecer el flujo de las ayudas federales a los programas sociales, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, aseguró: “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”. Incluso Elon Musk ha pedido la “destitución” de un juez que frenó la suspensión de unos 2.000 trabajadores de USAID.

El martes, durante su comparecencia conjunta con Musk desde el Despacho Oval, el propio Trump criticó los bloqueos cautelares a muchos de sus tijeretazos administrativos, asegurando que algunos jueces tienen “inclinaciones”. El presidente afirmó que esperaba que los tribunales le permitieran hacer aquello para lo que había sido elegido. Más contenido, Trump aseguró que “siempre acataré” las decisiones judiciales, aunque el lunes un juez federal denunciaba que el Ejecutivo no está cumpliendo la orden de descongelar las ayudas federales a programas sociales.

La Casa Blanca reiteró este miércoles la idea de que existe un supuesto sesgo entre los jueces y los acusó de “instrumentalizar” los tribunales. “Desde nuestro punto de vista, esto es una continuación de la instrumentalización de la justicia que hemos visto contra el presidente Trump. Luchó contra esto durante dos años en la campaña electoral y no se detendrá ahora”, afirmó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

“Creemos que las medidas cautelares emitidas por estos jueces no tienen ninguna base legal ni fundamento y, como el presidente dejó muy claro ayer, cumpliremos estas órdenes. Sin embargo, la posición de la administración es que seremos reivindicados. Las acciones ejecutivas que tomó el presidente fueron completamente legales y constitucionales, y esperamos con entusiasmo el día en que pueda seguir implementando su agenda”, insistió la portavoz.

Las afirmaciones sobre la autoridad del poder judicial son el inicio de una maniobra para erosionar uno de los pocos consensos sociales que los republicanos aún no han roto: el papel de la Justicia dentro del sistema de separación de poderes en Estados Unidos.

En muchas de sus órdenes, Trump ha intentado arrebatar competencias al Congreso, como en el caso de la congelación fallida de las ayudas federales a los programas sociales o el plan para incentivar las bajas de los funcionarios.

Dentro del tándem presidencial, Vance ha adoptado el rol de provocador social y lidera la ofensiva para empujar el marco político, de modo que cuando Trump haga las mismas afirmaciones, no resulten tan alarmantes. Además, esto le permite al presidente estadounidense proyectar una imagen más moderada de cara al público.

A pesar de que el vicepresidente afirme que la Justicia no tiene ninguna autoridad sobre la voluntad del Ejecutivo, el artículo III de la Constitución otorga a los jueces federales la potestad de dictaminar sobre casos que involucren al presidente, así como a otros poderes del Gobierno. Se trata de la revisión judicial. Lo que sugiere Vance en su publicación supondría desmontar el Estado de derecho actual y sentar las bases para que, más adelante, Trump pueda rebelarse contra los jueces.

Primera indisciplina de Trump con los tribunales

En coordinación con la fabricación de un relato que deslegitime el poder judicial, parece también que la Casa Blanca ha empezado a desafiar la autoridad de los jueces. Este lunes, el juez federal John McConnell denunció que Trump ignoró su fallo del 29 enero en el que ordenaba reactivar el flujo de las ayudas federales destinadas a los programas sociales. 

Trump paralizó las ayudas federales a finales de enero para poder revisar si el gasto federal se alineaba con su agenda. La retención de los fondos desató el caos en todos los niveles administrativos, ya que de ellos dependen miles de hogares. Después parecía que el gobierno del republicano reculaba en sus intenciones. De hecho, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) anunció que rescindía la orden. Sin embargo, el comunicado emitido por el juez federal este lunes apunta lo contrario. 

En el texto, McConnell asegura que tiene pruebas de que aún hay subvenciones y préstamos federales que continúan suspendidos. Por ello, el juez ha ordenado a los funcionarios que cumplan con el “texto simple” de la sentencia. En la orden emitida inicialmente, McConnell escribió que era “clara e inequívoca y no hay impedimentos para su cumplimiento por parte de los acusados”. 

Los abogados de Trump ya han llevado la orden inicial del juez ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos pidiendo que suspenda la sentencia de McConnell mientras se analizaba el caso. “Cada orden ejecutiva se mantendrá en pie en los tribunales porque cada acción de la administración Trump-Vance es completamente legal”, afirmó Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca. “Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”, añadió.

Esta no es la primera vez que los abogados de la Administración Trump desafían un bloqueo judicial. El domingo por la noche presentaron otro recurso contra la orden judicial que impide a los colaboradores de Elon Musk acceder a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. El equipo legal de la Casa Blanca argumentaba que esta actuación afecta a los poderes absolutos del presidente, los cuales, según ellos, la Justicia no puede usurpar. 

La resolución publicada el sábado por el juez Paul A. Engelmayer iba un paso más allá de la que emitió el viernes una jueza federal de Washington, ya que esta solo limitaba el acceso a la información del Tesoro a Musk y dejaba que sus colaboradores sí pudieran consultarla. Egelmayer bloqueó el acceso para todos los empleados del grupo de trabajo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, según sus siglas en inglés), ya que se trata de empleados externos que cumplen órdenes de un asesor gubernamental. El DOGE no es un departamento, por mucho que el nombre lo diga. 

Musk no es un cargo electo y en teoría no puede tener acceso a informaciones tan sensibles como el número de la Seguridad Social de los contribuyentes. Algunos miembros del DOGE habían revisado las bases de datos para identificar gastos que pudiesen recortarse. El escrito del juez sostiene que la iniciativa desafía la separación de poderes establecida en la Constitución, según la cual el Congreso determina los gastos del Gobierno. Engelmayer ordenaba a los colaboradores de Musk que destruyesen “de inmediato todas y cada una de las copias de material descargado de los registros y sistemas del Departamento del Tesoro”.

La reacción de Musk a la orden del juez Egelmayer no se hizo esperar y el domingo publicaba en X: “¡Un juez corrupto protegiendo la corrupción. ¡Necesita ser destituido AHORA!”. Trump se sumó a las críticas y dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a la Super Bowl el domingo, que estaba “muy decepcionado” con la decisión del juez, pero que aún “queda un largo camino por recorrer”.

Este lunes, no dejaron entrar en la sede de Washington a los empleados federales de USAid que fueron a trabajar, a pesar de que el viernes un juez había bloqueado temporalmente la suspensión de más de 2000 empleados. La agencia de cooperación internacional  se ha convertido en el proyecto piloto de la incursión de Musk para desmantelar a gran escala todo el gobierno federal.

El cuestionamiento del vicepresidente Vance de los poderes de los tribunales es una referencia explícita a la orden de emergencia emitida por Engelmayer y llega en medio de la oleada de resoluciones judiciales que han frenado temporalmente muchas de las acciones ejecutivas de Trump.

Cuando los magistrados han dado la razón a Trump, el presidente siempre ha aplaudido el poder de la judicatura. Cuando la jueza a cargo de la investigación contra él por los papeles clasificados de Mar-a-Lago aceptaba constantemente los recursos que interponían sus abogados, Trump siempre lo celebraba como una victoria de la justicia. 

Tres jueces ya han bloqueado la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense por ir en contra de la Constitución y este lunes otro juez federal mantuvo paralizado el plan de bajas incentivadas para empleados públicos debido a su dudosa legalidad. Este miércoles, un juez permitió a Trump continuar con ese plan de bajas.

El Gobierno de Trump había ofrecido siete meses de sueldo hasta septiembre a todos los funcionarios que renunciaran a su plaza antes de la medianoche del pasado jueves con el objetivo de facilitar a Elon Musk el trabajo de desmantelar las agencias federales. Despedir a un funcionario no es fácil, por lo que el presidente quería ahorrarle meses de batallas legales al DOGE. 

Críticas a Vance

Las palabras de Vance han desatado la indignación en Washington. Diversos congresistas y expertos han advertido de las consecuencias que tendría aceptar el relato que quiere imponer la Administración Trump sobre la autoridad judicial. 

Daniel Goldman, congresista demócrata de Nueva York, escribió en X: “Se llama ‘Estado de derecho’. Nuestra Constitución creó tres poderes de gobierno para dotarse de controles y equilibrios entre sí (‘separación de poderes). El poder judicial se asegura de que el Ejecutivo cumpla la ley. Si lo haces, entonces no tendrás problemas.”

La investigadora del grupo de expertos Brookings Institution Quinta Jurecic explicó al New York Times que “la formulación de Vance sugiere que el poder Ejecutivo podría potencialmente responder a una orden judicial diciéndole al tribunal: ‘Estás invadiendo inconstitucionalmente mi autoridad y no voy a hacer lo que dices’. Jurecic afirmaba que ”en ese punto, la Constitución se desmorona“.

La violencia contra la mujer se agrava, incluso, en las instituciones públicas. La igualdad y la no discriminación son principios básicos en la protección de los derechos humanos. Constituyen la base del Estado de Derecho y son esenciales para construir sociedades más justas, democráticas e igualitarias. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la igualdad, el desarrollo, la paz, y el pleno respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), se posiciona como el instrumento internacional más completo en materia de derechos de las mujeres. Su finalidad principal es eliminar la discriminación y la violencia de género, garantizando la igualdad plena entre mujeres y hombres. 

Resulta necesario subrayar que la igualdad entre las personas constituye es un derecho humano universal, reconocido ampliamente en diversos documentos internacionales. Este principio establece que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción de género, y promueve un trato equitativo en ámbitos, como el acceso a bienes y servicios, la participación política, la toma de decisiones y la libertad de expresión.

Es crucial comprender que la igualdad de género no implica tratar a hombres y mujeres de manera idéntica en todas las circunstancias. Más bien, se refiere a garantizar que las oportunidades, los derechos y el acceso a recursos no se vean condicionados por el sexo de las personas. Esto significa que la ley debe aplicarse de manera justa, considerando las circunstancias particulares de cada sujeto, para asegurar un trato equitativo y no discriminatorio.

A pesar de los avances conseguidos, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas en todo el mundo. Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual al menos una vez en su vida. En 2023, las cifras revelaron que aproximadamente 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, y en 2024, una mujer fue asesinada cada 10 minutos debido a la violencia machista. 

Nos encontramos con una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los conflictos y el cambio climático. Ante esta alarmante realidad, es fundamental movilizar a todos los miembros de la sociedad para frenar la escalada de violencia contra las mujeres, revitalizar compromisos institucionales, exigir responsabilidades y adoptar medidas concretas a los garantes de la toma de decisiones. 

Actualmente, en nuestro país, la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo silenciada por un sistema que favorece la impunidad de los agresores, estigmatiza a las víctimas y perpetúa su propia vergüenza. En particular, las instituciones públicas han demostrado ser un foco preocupante de esta problemática. Las mujeres son a menudo acosadas por sus “puritanos” superiores que, con una doble imagen, las persiguen y apartan de sus derechos por no entrar en sus sucios intereses personales. Lamentablemente, estos comportamientos, sostenidos por estructuras de poder corruptas y encubiertos por subordinados cómplices, son un reflejo de un sistema que protege a los agresores y calla a las víctimas. Espero que, en fecha no muy lejana, afloren públicamente estos desdeñables comportamientos sexistas de los “demócratas” acosadores. No olvidemos que el acoso psicológico es la forma más habitual de violencia contra las personas (sean hombres o mujeres) y que, estamos siendo silenciadas por los sicarios de los que ostentan el poder.

La violencia influye en la salud física, sexual y psicológica de las mujeres. Sus repercusiones son devastadoras, impactando todas las etapas de la vida, desde la educación hasta el acceso al empleo y otras oportunidades fundamentales. Es preciso denunciar que la violencia afecta de forma más significativa a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo aquellas que enfrentan crisis humanitarias, migración, discapacidad, edad avanzada, o que viven en zonas rurales. 

Razonadamente, la declaración de intenciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve no dejar a nadie atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Este compromiso es indispensable, ya que la sostenibilidad está intrínsecamente ligada al empoderamiento de todas las personas, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial y promoviendo un crecimiento económico inclusivo. En consecuencia, si nuestro objetivo es garantizar un futuro sostenible y resiliente, debemos comprometernos con el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto de la dignidad individual de cada persona.

La solución está en la educación desde la más temprana edad y en acabar con la impunidad de los acosadores, independientemente del cargo que ostenten. Esto incluye la adopción y el financiamiento de planes de acción efectivos, así como la inversión en soluciones impulsadas por los diversos movimientos que luchan por los derechos de las mujeres

El avance hacia sociedades más justas y equitativas requiere la aplicación de principios como la universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad. Estos valores deben guiar las políticas y enfoques dirigidos a proteger a los grupos en condición de vulnerabilidad. La erradicación de la pobreza y la promoción de oportunidades equitativas en el acceso a los medios de vida solo serán posibles cuando estos principios se traduzcan en acciones concretas. 

La solución está en la educación desde la más temprana edad y en acabar con la impunidad de los acosadores, independientemente del cargo que ostenten. Esto incluye la adopción y el financiamiento de planes de acción efectivos, así como la inversión en soluciones impulsadas por los diversos movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Todo ello debe desarrollarse en el marco de una sociedad que valore y respete los derechos humanos de todas las personas.

Las políticas implementadas por el Gobierno de Carlos Mazón en materia de transparencia y conflictos de intereses chocan con las recomendaciones de la Comisión Europea. Un informe de trabajo sobre el Estado de Derecho en España, elaborado por la Comisión Europea, evidencia los distintos rumbos entre Europa y el Gobierno valenciano en materia anticorrupción.

La Comisión Europea ha remitido al Parlamento y al Comité de las Regiones el documento sobre las estrategias anticorrupción de los Estados. Aborda la renovación del poder judicial, las reformas del Código Penal, la legislación en materia de lobbies, medios de comunicación y también medidas autonómicas, como las agencias de prevención contra el fraude.

El organismo insta a España a adoptar legislación en materia de lobbies y crear un registro obligatorio de grupos de interés. También a fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos y funciones ejecutivas, incluso reforzando la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses. La ley valenciana de transparencia, aprobada por la exconsellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, incluye esta obligación, aunque las modificaciones adoptadas por el Consell del PP con el apoyo de Vox en el primer año de Gobierno han ido reduciendo los controles a los lobbies y las incompatibilidades de altos cargos.

La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada el pasado junio, reduce las incompatibilidades para los altos cargos, tanto durante como después del ejercicio de la responsabilidad pública, y reduce las obligaciones de transparencia del Gobierno autonómico. Los cargos públicos no electos podrán pertenecer a consejos de administración de empresas privadas, sin cobrar por esta labor, y siempre que éstas no estén directamente relacionadas con su actividad política. Es un sistema similar al de los concejales con dedicación exclusiva, recogido en la Ley de Régimen Electoral nacional. Esta incompatibilidad, ahora resuelta, es la que forzó al ya exconseller y vicepresidente, Vicente Barrera, a abandonar sus responsabilidades en media docena de empresas.

La reforma elimina la rendición de cuentas semestral del Ejecutivo autonómico -en la pasada legislatura, se organizaban seminarios en los que el Gobierno se autoevaluaba y establecía nuevos objetivos-, que pasará a ser un plan anual; y abre la mano a mantener acciones de empresas a los altos cargos, siempre que no superen el 10% y fueran adquiridas con anterioridad a su nombramiento. La limitación afecta también a propiedades en común con la pareja y a empresas “que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público o que sean subcontratistas de estas empresas o que reciban subvenciones provenientes del sector público”. En la última ley de medidas fiscales se introdujo un apartado para que los altos cargos pudieran dar clase y cobrar por ello hasta 22.000 euros anuales.

Respecto a los lobbies, el Gobierno del PP con el apoyo de Vox ha aprobado excepciones en los proyectos de interés autonómico, los llamados proyectos estratégicos. La ley de Ordenación del Territorio elimina la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”.

Además, el decreto recién convalidado del Plan Simplifica establece excepciones para mostrar la huella de los lobbies en las inversiones económicas. El decreto cambia la ley de transparencia para eximir de su aplicación a los instrumentos de planificación territorial; es decir, que en proyectos urbanísticos desaparezca la obligación de informar si ha habido actividades de lobbies relacionadas si no se han manifestado en un primer momento. En concreto, “si previamente o a lo largo del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o de un proyecto de decreto del Consell no se han producido actividades de influencia relacionadas con el anteproyecto o proyecto, no sea necesario emitir informe de huella de los grupos de interés negativo para su tramitación, como se exigía hasta ahora, sino una mera constatación en el expediente de esta circunstancia por parte del órgano de tramitación”.

La Abogacía de la Generalitat ha puesto reparo a este punto: los letrados consideran que debe seguir siendo obligatorio emitir los informes sobre la actividad de los grupos de interés en los proyectos estratégicos en todas las etapas de su tramitación. El texto está abierto a enmiendas al tramitarse como proyecto de ley, pero sus medidas ya están en vigor.

El documento de la Comisión Europea muestra su preocupación por los cambios que los gobiernos de PP y Vox -ahora del PP en solitario desde la reciente ruptura- han ido impulsando en las agencias autonómicas contra el fraude. Estos organismos, que en su momento se adelantaron a la legislación estatal, han ido perdiendo fondos o directamente desapareciendo, como en el caso Balear.

El informe insiste en que debe ser designada una autoridad estatal independiente para luchar contra el fraude. El texto recoge: “Las organizaciones de la sociedad civil y los servicios de fiscalía han expresado su preocupación por los recientes iniciativas legislativas regionales que cerrarían agencias regionales que trabajan en la prevención y luchar contra la corrupción o limitar sus recursos”. Y añade: “Las autoridades denunciantes han expresado su preocupación por el cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. Además, la Fundación Hay Derecho señala que el año 2024 el presupuesto de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana se ha reducido un 3,61%”.

Ante este punto, el PSPV denuncia: “La Agencia Antifraude valenciana, que ha sido un ejemplo de lucha contra la corrupción, desde que gobierna Carlos Mazón se ha convertido en un fraude de agencia”. El portavoz parlamentario de los socialistas, José Muñoz, considera que el recorte en los medios de la agencia antifraude “impedirá que haga su trabajo de manera efectiva”. Pero además, Muñoz ha querido señalar que Mazón “ha colocado a dedo al director de la agencia, Eduardo Beut, una persona de su estricta confianza para controlar la agencia rompiendo el principio fundamental de independencia”. Europa pide más controles; la Comunitat Valenciana, los relaja.

Ursula von der Leyen retrasó la presentación de los informes sobre la situación del estado de derecho en la UE. Inicialmente previstos para principios de julio, los documentos que hacen un análisis de la calidad democrática de los países europes, se han publicado este miércoles, seis días después de que la alemana fuera reelegida en el Parlamento Europeo con la incógnita hasta el final de qué harían los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. En la burbuja bruselense se dio por hecho que el aplazamiento de los informes sobre el estado derecho tenía bastante que ver con esa votación y las posibilidades de que la primera ministra ultraderechista apoyara a Von der Leyen ante la evidencia de que la Comisión Europea cuestionaría la deriva del Ejecutivo italiano.

Finalmente así ha sido. Aunque los técnicos comunitarios se cuidan mucho de excederse en sus críticas a los estados miembros, salvo en casos como el de Hungría, que tiene abierto un procedimiento bajo el artículo 7 por sus constantes vulneraciones del estado de derecho, o en el pasado con Polonia por su deriva autoritaria, sí dejan un tirón de orejas a Meloni por sus decisiones respecto a los medios de comunicación, especialmente el control de la televisión pública y el cerco a periodistas.

“Continuar el proceso legislativo sobre el proyecto de reforma en materia de difamación, protección del secreto profesional y de las fuentes periodísticas, evitando al mismo tiempo cualquier riesgo de impacto negativo sobre la libertad de prensa y garantizar que tenga en cuenta las normas europeas sobre protección de los periodistas”, recoge el informe relativo a Italia en sus recomendaciones en el que confirma que no ha habido progresos en la aprobación de esa normativa que ha provocado preocupación.

“Las partes interesadas acogieron con satisfacción la propuesta de abolir formalmente la pena de prisión por difamación de la prensa, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y de ampliar la protección del secreto profesional y de las fuentes periodísticas a los periodistas no profesionales. Sin embargo, también expresaron su preocupación por otros aspectos de la reforma propuesta relacionados con las sanciones penales y disciplinarias por difamación de la prensa, la introducción de una obligación de rectificación automática, y los criterios jurisdiccionales de las demandas por difamación, considerando que estos elementos corren el riesgo de desencadenar un efecto amedrentador sobre la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión”, expone el documento.

Otro de los motivos de preocupación que recopila la Comisión Europea tiene que ver con el intento de Meloni de limitar el periodismo de investigación para los que ha colado penas de cárcel en un proyecto de ley de ciberseguridad. “Las iniciativas legislativas que regulan el acceso a determinada información judicial y su publicación son motivo de preocupación para los periodistas”, señala el informe, que también recaba la opinión del Gobierno italiano de que la norma pretende proteger “el derecho a la intimidad, el respeto de la confidencialidad de la correspondencia y las comunicaciones, y la presunción de inocencia” y que “estas iniciativas no afectarían a la libertad de prensa ni a la libertad de información”.

La otra gran recomendación de la Comisión Europea respecto al respeto a los medios de comunicación tiene que ver con “garantizar” la financiación adecuada para los medios de comunicación públicos y, con ella, su independencia. “Se expresó preocupación por la decisión del Gobierno, adoptada con la Ley de Presupuestos para 2024, de reducir el canon de la RAI y compensar esta reducción con la provisión de una financiación directa adicional de 430 millones de euros”, señala la Comisión Europea.

“Las partes interesadas también informaron de que tras el nombramiento del nuevo director general de la RAI y otras figuras de alto nivel, incluidos los editores de los programas informativos, se produjo un cambio editorial que provocó la dimisión de varios periodistas y presentadores”, recoge el informe sobre la revuelta en la radiotelevisión pública italiana en la que los periodistas llegaron a denunciar el intento del Gobierno de que se convirtiera en un “megáfono” durante la campaña electoral de las europeas: “Las partes interesadas expresaron su preocupación por las nuevas normas sobre igualdad de tiempo en antena, aplicables a las comunicaciones e informaciones políticas emitidas en la RAI durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, que permitirían a los candidatos con un papel en el Gobierno disponer de más tiempo en antena y visibilidad en comparación con los candidatos de los partidos de la oposición”.

Bruselas se hace eco de las amenazas del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es en su informe sobre el estado de derecho en España. El documento asegura que los periodistas “siguen enfrentándose a retos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales” y menciona las siete alertas que, en ese sentido, ha lanzado el Consejo de Europa, entre ellas una por “acoso e intimidación” en la que cita expresamente al alto cargo del Gobierno regional por “amenazar y reprender” a periodistas por sus informaciones.

“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo en un mensaje de WhatsApp Rodríguez a la adjunta al director de este medio Esther Palomera por las informaciones sobre la investigación por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. “¿Es una amenaza?”, preguntó la periodista. “Es un anuncio”, desafió la mano derecha de Ayuso, quien posteriormente justificó ese comportamiento.

El lanzamiento de la alerta de nivel dos -aquellas que suponen una amenaza a la “libertad de prensa” para supuestos de “intimidación y acoso”- conlleva una petición de investigación a España. El movimiento de la institución con sede en Estrasburgo se produjo el pasado 28 de marzo, después de que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reclamara una investigación “exhaustiva” sobre el comportamiento de Rodríguez: “Las autoridades españolas deben investigar de forma inmediata y transparente las amenazas y falsas acusaciones proferidas contra elDiario.es y sus periodistas, así como el señalamiento de dos reporteros de El País, y garantizar que se haga justicia”. 

La intención de la plataforma de defensa del periodismo del Consejo de Europa, en la que colaboran organizaciones de periodistas y entidades especializadas en derechos fundamentales, es que España lleve a cabo una investigación por las “amenazas y falsas acusaciones contra elDiario.es” así como la difusión de imágenes de periodistas de El País que informaban sobre la pareja de la presidenta madrileña.

La Comunidad de Madrid respondió recientemente en ese proceso presumiendo de su respeto a la “libertad de prensa”. En su escrito al Consejo de Europa, el gobierno regional evitaba desmarcarse de los insultos y amenazas a este medio y se limita a esbozar generalidades sobre el derecho a la libertad de prensa recogidos en la Constituión y el Estatuto de Autonomía.

“Los periodistas siguen enfrentándose a retos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales. Desde la publicación del Informe 2023 sobre el Estado de Derecho, se han activado siete nuevas alertas activadas para España en la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, relativas a agresiones contra la seguridad física y la integridad de los periodistas, acoso e intimidación de periodistas, detención y encarcelamiento de periodistas y otros actos que tienen efectos amedrentadores sobre la libertad de los medios de comunicación”, señala el informe.

Entre los casos que menciona el documento está el apuñalamiento al periodista de La Voz de Galicia Alfredo López Penide por el mismo hombre que hace unos años agredió a Mariano Rajoy, las amenazas de agentes cubanos al reportero exiliado Abraham Jiménez Enoa, la detención de dos reporteros durante una manifestación contra la amnistía, la retención del colaborador de El Salto Rodrigo Mínguez por grabar con su móvil al presidente de Vox, Santiago Abascal, cuando se dirigía a votar; y la denegación de una acreditación a una periodista por parte del Gobierno de Murcia.

La Comisión Europea pasa de puntillas por la ley de amnistía en su informe sobre el estado de derecho. A pesar de la presión ejercida desde hace meses por la derecha en Bruselas para que cuestione la medida de gracia para los independentistas, el gobierno comunitario sigue sin expresar su opinión sobre esa medida que ya está en vigor y que siempre ha dicho que estaba analizando. El informe se limita a mencionar que la adopción de la ley de amnistía “suscitó polémica” y que ha sido objeto de un informe de la Comisión de Venecia “que abordaba una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho”.

Entre las cuestiones que la Comisión Europea menciona, como hicieron los expertos de la Comisión de Venecia, está la tramitación por la vía de urgencia que, recuerdan esas instituciones, “sólo permitía una consulta pública limitada”.

“Estamos todavía analizando”, ha dicho la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourova, en la rueda de prensa en la que ha presentado junto al comisario de Justicia, Didier Reynders, los informes sobre el estado de derecho. Jourova ha recordado que no tienen ninguna fecha límite para culminar ese análisis. “Tenemos que ver la reacción de los tribunales y los jueces sobre la implementación”, ha agregado la vicepresidenta, que ha rechazado las “especulaciones” sobre un hipotético procedimiento de infracción.

“Continuaremos con la evaluación”, ha sentenciado Jourova. Lo que explican fuentes de la Comisión Europea es que están analizando el texto con intercambios con el Gobierno sobre la ley y viendo las resoluciones judiciales dado que ha habido distintas interpretaciones. También están a la espera de si el asunto escala al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el que el gobierno comunitario tendría que dar una opinión.

La principal novedad en este informe respecto a los cuatro anteriores es que por primera vez Bruselas ha dejado fuera la que hasta ahora era su principal preocupación sobre la situación del estado de derecho en España: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo sucrito por PSOE y PP precisamente en las instalaciones del gobierno comunitario en Bruselas y que este martes se aprobó en el Congreso lo ha permitido.

Lo que recuerda el informe es que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para adecuarlo a los estándares europeos, es decir, dar más peso a los magistrados en el proceso.  “Lo que tratamos de conseguir es tener una mayoría de jueces [en el CGPJ] elegidos por sus pares”, ha dicho Reynders.

Ese fue uno de los puntos que formaba parte del acuerdo firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons, pero que lo dejaba para más adelante en contra de lo que había exigido el PP durante años como excusa para el bloqueo. El nuevo CGPJ tendrá que elaborar por mayoría de tres quintos una propuesta para modificar ese sistema que ha estado vigente tres décadas y se remitirá al Congreso. Esa redacción permitió a las partes verderlo como un éxito. Por un lado, el PP aseguraba que los socialistas habían claudicado a su exigencia mientras que el Gobierno dejaba en el aire que esa modificación se fuera a ejecutar. En su informe, Bruselas deja claro que es una de las patas que queda pendiente, aunque fuentes de la Comisión Europea recalcan que las recomendaciones de los años anteriores, que apremiaban a renovar el CGPJ e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el sistema, se han cumplido con este acuerdo.

El informe también recoge el acuerdo para la “reforma del estatuto del Fiscal General, que excluirá del cargo a las personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años e impedirá que el Fiscal General actúe en casos que le afecten personalmente”. “Algunos avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, pero no en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General de los del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, señala en las recomendaciones.

Uno de los toques de atención que llega de Bruselas a los políticos en España son las declaraciones sobre la carrera judicial. “El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza de los ciudadanos en la independencia judicial ha suscitado preocupación”, recoge la comunicación sobre el estado de derecho en la UE.

“El Consejo del Poder Judicial y otras partes interesadas siguieron expresando su preocupación por declaraciones públicas de políticos sobre el poder judicial. Ha habido declaraciones declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial. El Consejo del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado en repetidas ocasiones sobre dichas declaraciones, tanto cuando criticaban decisiones judiciales individuales como al judicial en su conjunto”, apuntala en el informe dedicado a España.

“Aunque los tribunales no son inmunes a la crítica y el escrutinio, la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. El daño a esta confianza es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, advierte la Comisión Europea.

Otra de las críticas tiene que ver con la falta de avances en la estrategia para luchar contra la corrupción y Bruselas reclama que se reduzcan los plazos de duración de las investigaciones judiciales sobre esos casos. También cuestiona que no se hayan dado pasos en la regulación de los conflictos de interés así como de los lobbies, incluyendo el establecimiento de un registro obligatorio de esas organizaciones de presión. Igualmente, reprocha que no haya cambios en la ley de secretos oficiales para garantizar el acceso a documentos en línea con los estándares europeos. Esa es una reclamación histórica del PNV que lleva años en el cajón, pese a las promesas para actualizar una ley que data de los tiempos franquistas.

A Donald Tusk le recibieron en Bruselas con alfombra roja. Tras años de Gobierno ultranacionalista de Ley y Justicia, el retorno del dirigente del Partido Popular Europeo fue un alivio para la UE, que ha comenzado a dar pasos para normalizar las relaciones con Varsovia tras años de distanciamiento, como con Hungría, por su deriva autoritaria. Apenas un mes antes de las elecciones europeas, la Comisión Europea ha planteado a los 27 cerrar el expediente que tiene abierto contra Polonia por las vulneraciones del estado de derecho. El anuncio ha coincidido, además, con un viaje de la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular a la reelección, Ursula von der Leyen, a ese país.

“La Comisión considera que ya no existe un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en Polonia”, señala el gobierno comunitario, que considera que ese país debe salir del procedimiento del artículo 7 que se le abrió en 2017 y que no pasó de ahí porque para tomarmedidas se requiere unanimidad y Varsovia y Budapest se protegían mutuamente. Ese artículo es la herramienta de la que dispone la UE para castigar los incumplimientos de sus principios y valores por parte de sus estados miembros y puede derivar incluso en la pérdida del derecho a voto.

“Polonia ha puesto en marcha una serie de medidas legislativas y no legislativas para abordar las preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial, ha reconocido la primacía del Derecho de la UE y se ha comprometido a aplicar todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con el Estado de Derecho, incluida la independencia judicial”, agrega el comunicado de la Comisión Europea.

Desde Bruselas han intentado desvincular la decisión de la llegada de Tusk al poder por sí misma y han asegurado que ese país ya ha dado “pasos” en la buena dirección en los cinco meses que han pasado desde que tomó posesión. Una de las medidas en las que se ha basado el ejecutivo comunitario es el Plan de Acción presentado por el nuevo Gobierno polaco en febrero para ir desmontando las reformas de Ley y Justicia. La conclusión de la Comisión Europea es que ya no hay “riesgo” de brechas en el estado de derecho.

La retirada del expediente es un paso más en las nuevas relaciones entrela UE y Varsovia. Dos meses y medio después de que Tusk fuera investido -y nueve días después de presentar su plan de acción-, la Comisión Europea anunció el desbloqueo de hasta 137.000 millones de euros para Polonia (una cifra casi equiparable al dinero que España recibirá en préstamos y transferencias del conjunto del plan de recuperación). El dinero ha comenzado ya a fluir y Polonia ha recibido los primeros 6.300 millones de euros, correspondientes al primer desembolso de su plan de recuperación.

“Hoy se abre un nuevo capítulo para Polonia. Después de más de seis años, creemos que el procedimiento del apartado 1 del artículo 7 puede cerrarse. Felicito al Primer Ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance. Es el resultado de su duro trabajo y de sus decididos esfuerzos de reforma. El restablecimiento en curso del Estado de Derecho en Polonia es magnífico para el pueblo polaco y para nuestra Unión en su conjunto. Es un testimonio de la resistencia del Estado de Derecho y de la democracia en Europa”, señala en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que horas después ha aterrizado en Katowice, donde este martes participará en un acto de campaña con Tusk.

Tras la desconcertante crisis personal experimentada por Pedro Sánchez durante la pasada semana, España aguarda expectante el anuncio de medidas concretas para frenar el lawfare. Quienes niegan la existencia de estas prácticas antidemocráticas están ya, sin fundamento, poniendo el grito en el cielo por lo que supuestamente vendrá. Quienes, por el contrario, sabemos que supone un grave problema para el funcionamiento de nuestra democracia, tenemos la esperanza de que se actúe con decisión.

Hasta ahora, la atención se ha centrado en el Consejo General del Poder Judicial. Es comprensible, tras más de cinco años de bloqueo auspiciado por el PP, el ambiente en el tercer poder del Estado se ha vuelto irrespirable. Con los vocales del Consejo haciendo política descaradamente, mientras un grupúsculo de jueces activistas se esfuerza en revertir el resultado de las urnas a golpe de sentencia, el prestigio de la magistratura atraviesa uno de los peores momentos de su historia. 

Pero, en lo que al lawfare se refiere, la renovación del CGPJ no es la única solución posible. De hecho, supone un abordaje indirecto del problema. Al fin y al cabo, estamos hablando de un órgano de naturaleza administrativa, que, si bien es cierto controla el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados, no dicta resoluciones judiciales. El Consejo puede amparar, tal y como viene haciendo, el ejercicio del lawfare por parte de algunos miembros del Poder Judicial, pero no practicarlo por sí mismo. Por eso, su renovación pondrá más difícil a los jueces activistas hacer política desde el estrado, exponiéndoles a sanciones u obstaculizando su ascenso, pero no acabará por completo con la posibilidad de que sigan instrumentalizando la Justicia para atacar a sus rivales ideológicos. Desbloquear la renovación de este órgano constitucional supone, sin duda, un imperativo constitucional indispensable para normalizar la situación del Poder Judicial, pero no solventará per se el problema del lawfare.

Existen, no obstante, otras medidas menos conocidas por la opinión pública que en su conjunto podrían poner coto a la instrumentalización política de los procesos judiciales, con la ventaja de servir, además, para modernizar nuestra Justicia, adecuarla a los estándares internacionales y homologar nuestro sistema judicial al de los países de nuestro entorno. A continuación, se plantean cuatro de ellas que, por su obviedad y concreción, resultan particularmente indicadas:

Primera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. El código legislativo que regula nuestro proceso penal, la LECrim, tiene casi 150 años, se encuentra totalmente obsoleto e impone un sistema de enjuiciamiento superado en la práctica totalidad de países del mundo. En el centro de esta construcción procesal decimonónica se encuentra la figura del juez de instrucción, que es quien a día de hoy impulsa, de oficio, la investigación de los delitos. Encomendar la investigación penal a un órgano judicial y no al fiscal supone, además de un anacronismo, la principal puerta de entrada al lawfare.

Actualmente, en España, un juez instructor puede, sin necesidad de que nadie se lo pida, iniciar un proceso contra cualquier persona y, en el marco del mismo, decidir sin cortapisas que hechos son los que desea investigar. Si luego la cosa queda en nada o nadie llega nunca a sostener una acusación contra esa persona, la causa se archiva por el propio juez y el daño reputacional queda hecho…

Estamos ante una quiebra del principio acusatorio tan difícil de justificar que incluso la UE nos ha obligado a prescindir de esta figura en los casos donde conoce la Fiscalía Europea. De hecho, su disfuncionalidad ha sido reconocida expresamente tanto por el PP como por el PSOE, que ya en 2001 acordaron mediante un gran Pacto de Estado para la Justicia renovar el modelo y atribuir la investigación al fiscal bajo la tutela de un juez de garantías; que en vez de indagar vela por el respeto a los derechos de las partes. Esa fue precisamente la propuesta que hizo el ministro Ruiz Gallardón en 2013, cuando presentó su borrador de Código Procesal Penal, elaborado bajo la dirección del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Hoy, sin embargo, los populares parecen haber olvidado su compromiso histórico con la modernización de nuestra justicia penal. Saben, como todos, que superar de una vez por todas la figura del instructor evitaría en buena medida la indeseable judicialización de la política. 

Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Nuestro sistema jurídico es el único del mundo que permite ejercer la acusación penal a cualquier persona, física o jurídica, pese a no ser víctima ni afectada por el delito cuyo castigo se solicita. Esta singularidad está consagrada en el artículo 125 de la Constitución como una forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia, pero no se encuentra suficientemente regulada en la ley, lo que ha dado lugar a su utilización torticera por parte de partidos políticos y entidades opacas como Manos Limpias. El histórico de querellas sin fundamento presentadas para desprestigiar a personajes públicos bajo la forma de acusación popular es largo. Y, al igual que ocurre con la iniciación de oficio por parte del instructor, puede que el proceso finalmente no prospere, pero una vez presentada la querella, el daño reputacional está hecho. Regular de forma razonable esta institución, estableciendo límites lógicos y consecuencias para quienes abusan de ella, resulta fundamental de cara a garantizar así que sirva a su propósito original. 

Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuando un órgano judicial perjudica injustificadamente a alguien, se producen dos tipos de responsabilidad: objetiva y subjetiva. La objetiva es del Estado como último responsable del funcionamiento de la Administración de Justicia; la subjetiva es de los concretos jueces que dictaron indebidamente la resolución perjudicial. Dentro de la responsabilidad subjetiva puede distinguirse, a su vez, entre la disciplinaria, que dirime el CGPJ; la penal, que tiene lugar cuando la actuación de juez o magistrado es, además, constitutiva de delito y la civil, que tiene que ver con la obligación general de reparar el daño causado por parte de quien lo causa. Es decir, el juez responde como juez ante el gobierno del Poder Judicial; como ciudadano ante la sociedad y como particular ante quien perjudica. Por eso, debería indemnizar con su propio patrimonio cuando produce, a sabiendas o negligentemente, un daño injusto mediante sus resoluciones.

Así era al menos hasta 2015, momento en que el gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Ley Orgánica 7/2015, eximió a la judicatura de la responsabilidad civil sobre sus propios actos. Desde ese día, a diferencia del resto de trabajadores públicos y privados, los miembros del Poder Judicial no responderán con su patrimonio de los daños que puedan causar por su mala praxis, a no ser que sea constitutiva de delito y así se demuestre. La recuperación de esta forma de responsabilidad que fue eliminada sin justificación alguna podría jugar un importante papel en los casos de lawfare.

Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia. Que, tal y como pasa a día de hoy, los jueces recién incorporados a la carrera judicial decidan individualmente sobre las primeras etapas del proceso, contrasta con el hecho de que sus colegas más experimentados lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de la audiencias y tribunales. Es más fácil que un juez que decide en solitario cometa excesos o pueda servir a intereses espurios, que lo haga un tribunal al completo. Por eso, imitar los modelos organizativos de otros países europeos como Francia e integrar los órganos unipersonales en tribunales colegiados, donde unos jueces controlan a otros, permitiría aportar transparencia y seguridad a sus decisiones. 

A estas cuatro medidas, deberían sumarse además otras de carácter estructural, como la reforma de las vías de acceso a la carrera judicial o el establecimiento de más y mejores mecanismos de participación ciudadana en la Administración de Justicia. Porque, si algo evidencia la situación actual, es que, para preservar la democracia, resulta necesario acometer una reforma integral sobre nuestro sistema de justicia. El lawfare no solo consecuencia de la contaminación política que sufren ciertos jueces. Buena parte del problema reside en las deficiencias que arrastra el Estado liberal y la obsolescencia de los mecanismos de control interno en que se fundamenta. Utilicemos el impulso que nos da esta toma de conciencia para regenerar el sistema constitucional y proponer soluciones distintas a las planteadas hasta el momento.

Ahora cuando cada año hay una boda del siglo, cuando se casan los reyes con las plebeyas, las aristócratas con los alcaldes, con los toreros o con los prologuistas. 

Ahora que los invitados parecen confundirse con las carreras de Ascot, entre pendientes de bisabuelas, pamelas y mascarillas quirúrgicas, a ritmo de chotis y con el Borbón de guardia saliendo luego de un afterhours. 

Ahora cuando en las bodas de barrio se imita a las de la prensa de color, con un tierno tufo a quiero y no puedo, pero con menos caspa que en las pudientes.

Ahora cuando en la barra libre de las corbatas cortadas y las ligas en los antebrazos, entre el chapuzón de los recién casados en las piscinas, suena “Soy el novio de la muerte” en vez de “Paquito El Chocolatero”.

Ahora, cuando la secuencia de la boda de El Escorial se entrelaza con la boda de El Padrino y, entre café, copa y puro, corren las ofertas que nadie podrá rechazar.

Ahora, cuando amanecemos con la cabeza de un caballo entre las sábanas y cantamos en los videos de la ceremonia “es que estoy tan a gustito”.

Ahora, cuando se divorcian el Congreso y el Senado, mientras que la ley y la justicia duermen en habitaciones separadas.

Ahora, cuando los electores no se casan con ningún partido y la utopía ya hace tiempo que huyó de nosotros como si fuera la novia de El graduado y sólo nos queda el pragmatismo de la señora Robinson. 

Ahora, cuando las arras son sobres bajo cuerda y los tahúres y los carteristas se cuelan siempre en la fiesta de las libertades.

Ahora, cuando las lunas de miel con la democracia se convierten en lunas de hiel con quienes la prostituyen. 

Ahora, cuando nos llevan ante el altar de las urnas a comulgar con ruedas de molino.

Ahora, cuando no casa el dicho con el hecho, la palabra con el honor, ni la razón con el corazón.

Ahora que nos tiramos las tartas a la cara y las bodas de la política suelen ser de sangre.

Ahora que en la riqueza siempre están los mismos y, en la pobreza, muchos más que antes.

Ahora que el pueblo soberano vuelve a enamorarse de los déspotas y vuelven las banderas victoriosas al paso alegre de los comisionistas. 

Ahora que San Pablo ha vuelto a ser funcionario de Hacienda y ya no escribe epístolas a los romanos ni canciones de José Luis Perales, ni dice aquello de que “el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta”.

Ahora que buscamos una dispensa para seguir a nuestra bola y que pagamos al Vaticano para que declare la nulidad de nuestro casamiento con la memoria.

Ahora que ya no queremos acabar con la corrupción, porque sabemos que es sumamente improbable, y buscamos simplemente una corrupción sostenible en nuestro acuerdo prematrimonial con quienes nos gobiernan. 

Ahora que hemos firmado un papel en blanco y hemos puesto un anillo en el dedo de quienes dicen representarnos por poderes. 

Ahora que –el muerto al hoyo y el vivo al bollo– ya pasó a mejor vida la inmensa mayoría de quienes lucharon por algo distinto a ello, sería cuestión de ir preparando el funeral del estado de derecho, la incineración de la decencia, el réquiem por aquello a los que alguna vez llamamos los valores republicanos y que enterramos entre paletadas de olvido y de conveniencia; junto al adulterio de algunos sindicalistas, entre la sumisión a los sacerdotes de los partidos que se han convertido en propietarios de la fe, y bajo el canto de las sirenas de los medios, o nuestra vieja pereza sobre un sofá desde el que contemplamos la vida en diferido.

Acatamos el matrimonio de conveniencia o el entierro de tercera de nuestros sueños, por la ciega obediencia a los intereses de transnacionales, a la curia financiera y a todos aquellos tiranos que nos quieren en casa y con la pata quebrada, hasta que la muerte nos separe de su jaula dorada. 

Ojalá, más temprano que tarde, llegue también el día de la Resurrección y sólo digamos que si a quienes quieran conquistar con nosotros el pan y la cebolla de intentar comer perdices a despecho de quienes busquen ser felices a nuestra costa. 

Gritaremos fieramente entonces vivan los novios. O vivan las novias. Como si no hubiera un mañana, lo que resulta a todas luces un maridaje inevitable.  

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace casi cinco años, entra de lleno en el debate sobre la hipotética amnistía a los encausados por el procés. Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitarán este jueves la celebración de un pleno extraordinario en el que piden la aprobación de una declaración institucional muy crítica con la posibilidad de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía.

El texto propuesto carga contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Todo ello, a pesar de que por el momento no hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público— sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

Los vocales que suscriben esta petición, a la que ha tenido acceso elDiario.es, son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. La voluntad de los vocales conservadores es que esta reunión se celebre el próximo lunes, aunque la determinación de la fecha corresponde al presidente, el también conservador Vicente Guilarte.

El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas. 

Para que la citada declaración institucional sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo dependen de que pueda conciliar algún apoyo más dentro del bloque conservador e incluso del minoritario sector progresista.

El argumento que esgrimen los conservadores para exigir la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que Sánchez ya se refirió públicamente a la amnistía. Lo hizo el pasado 28 de octubre, cuando defendió la medida “en nombre de España y de la convivencia” ante el Comité Federal del PSOE.

Los vocales firmantes creen, sin embargo, que la amnistía tendrá “consecuencias en perjuicio del interés real de España” y acusan a Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”. Añaden, además, que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.

La propuesta de declaración hace estas consideraciones “incluso al margen del debate general sobre la viabilidad” de las amnistías en el marco de nuestra Constitución, que también niegan. Y lo hacen en base a tres argumentos principales. Primero, porque consideran que “no es compatible con el principio de Estado de derecho (...) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales” para “conseguir el beneficio personal y político” de un aspirante a presidente. Segundo, “porque supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune”. Y, tercero, porque “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”. 

El movimiento de estos ocho vocales coincide con las reacciones críticas que ya han expresados en las últimas semanas los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. También el presidente interino del CGPJ, que no firma esta petición, ha cuestionado la amnistía “sin otra justificación que la mera coyuntura electoral”.

Alarma en Bruselas por la nueva deriva autoritaria en Polonia con la creación de una comisión de investigación en el marco del Parlamento sobre las injerencias de Rusia entre 2007 y 2022 que tendría potestad para inhabilitar cargos públicos. La Comisión Europea ha lanzando una advertencia al Ejecutivo polaco al entender que la ley que la ampara “podría ser utilizada para afectar a los individuos que se postulen a cargos públicos sin un juicio justo”. “La Comisión Europea está analizando esta nueva ley y no dudará en tomar de inmediato las medidas necesarias”, advierte el ejecutivo comunitario en un comunicado.

La polémica norma fue aprobada en el Congreso pero rechazada en el Senado por lo que tuvo que ser el presidente, Andrzej Duda, quien la sancionara para que entrara efectivamente en vigor. “La influencia rusa requiere una aclaración y el pueblo polaco debe saber cómo actuaron sus representantes en cuestiones de gran importancia durante las últimas dos décadas”, argumentó, según informa la Agencia EFE. La norma da cabida a una comisión de investigación que se creará a instancias del partido ultraderechista Ley y Justicia y que estará integrada por el jefe del Ejecutivo, Mateusz Morawiecki, y ocho parlamentarios de su elección.

La iniciativa es un traje a la medida de la persecución de la oposición y, especialmente, del líder de la Plataforma Cívica, Donald Tusk, que fue primer ministro entre 2007 y 2014 y, posteriormente, presidente del Consejo de la UE. Tusk, que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo, ha sido señalado directamente por miembros del Gobierno y del partido que lo sustenta.

La decisión ha provocado una gran “preocupación” en Bruselas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han abordado el asunto en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. No obstante, no han entrado en una “discusión profunda”, según ha dicho Jourová.

La advertencia sobre esta ley, en todo caso, se suma al cuestionamiento que las instituciones europeas ya han hecho sobre el estado de derecho en Polonia. De hecho, este mismo martes los 27 han vuelto a analizar la situación del estado de derecho Polonia, y también en Hungría, en el marco de su diálogo por infracciones de los valores fundamentales en estos países bajo el artículo 7 del tratado de la UE.

Ese procedimiento se inició en 2017 y 2018, respectivamente, a instancias del Parlamento Europeo, que advertía del incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. La pelota está desde entonces en el tejado del Consejo, que ha analizado en varias ocasiones el asunto. No obstante, el Consejo requiere de unanimidad para concluir que si ha habido una grave y persistente brecha del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en el país para imponer sanciones, que podrían llegar incluso a la pérdida del derecho a voto en el Consejo, pero Hungría y Polonia se protegen mutuamente.

El Parlamento Europeo ha abierto, además, el debate sobre la idoneidad de que el ultraderechista Viktor Orbán asuma la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de la UE a través de una resolución que será debatida el jueves. Sin embargo, los 27 no han llegado aún a ese punto. “No estaba en la agenda”, ha afirmado la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessika Roswall, que ha rematado: “Cada presidencia representa a todo el Consejo y a todos los estados miembros”. Fuentes comunitarias apuntan a que aparcar a Hungría de la presidencia sería contraproducente.

“El problema del estado de derecho que tiene España es su gobierno”. Ese es el mensaje que ha enviado el PP a la Eurocámara y a la Comisión Europea en un debate sobre el informe anual de la situación de la democracia en Europa para el que la derecha maniobró para colar la especificidad de España. Mientras el gobierno comunitario trabaja en un informe sobre el estado de derecho que presentará el próximo mes de julio, PP, Vox y Ciudadanos han aprovechado para sembrar dudas sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. De hecho, la extrema derecha ha reiterado que el de Pedro Sánchez es el “peor Gobierno de la historia”, lo que incluye los años de la dictadura. No es la primera vez que Vox defiende esa tesis y este jueves lo ha hecho en Bruselas.

“España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno socialista y comunista”, ha afirmado la jefa de la delegación española del PP, Dolors Montserrat, que ha vuelto a sacar a relucir los cambios en el Código Penal para eliminar la sedición, rebajar las penas por los delitos de malversación o la ley del 'solo sí es sí' que ha permitido la reducción de penas a agresores sexuales. Como ya hizo el PP en el Congreso este miércoles, Montserrat ha atizado al Gobierno por la anulación del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

“El Gobierno español no ha cumplido ni va a cumplir con ninguna de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho”, ha aseverado Montserrat ante la vicepresidenta de la Comisión Věra Jourová, que ha insistido en que es necesario que España “proceda con la renovación [del Consejo General del Poder Judicial] como algo prioritario” y que después ajuste el sistema de elección del gobierno de los jueces a los estándares que exige Bruselas y que pasan por que al menos el 50% de los miembros del CGPJ los elijan directamente los jueces. Al PSOE no le convence esa fórmula y sostiene que, con el sistema que lleva vigente 35 años, la carrera judicial ya hace una preselección de los magistrados y las Cortes Generales eligen la representación por mayoría reforzada a partir de ese listado.

A vueltas con el Poder Judicial

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha asegurado que las “recomendaciones de la Comisión Europea no han servido para nada” y ha acusado a PP y PSOE de no cambiar el sistema para “seguir controlando” la justicia. “La clave es cambiar la ley primero”, ha señalado siguiendo la posición del PP, que ha recuperado la exigencia de que se modifique el sistema de elección como condición para renovar el CGPJ en contra de lo que defiende Bruselas, que apuesta por salir del bloqueo en el que el CGPJ lleva inmerso más de cuatro años y luego acometer los cambios legislativos.

Ha sido el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé el que ha ido un paso más allá en su cuestionamiento de la situación de la democracia española al lanzar en la sede parlamentaria de Bruselas infundios como que “los fondos europeos se subastan en noches de drogas y prostitutas” en referencia al caso Mediador o que en España se permite la “mutilación genital femenina y la profanación de tumbas” por la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. “Será este año en las urnas cuando los españoles desharemos el engaño y ponderemos fin al peor gobierno de nuestra historia”, ha dicho el dirigente de la extrema derecha en línea con otros portavoces de Vox que blanquean así el periodo de la dictadura. 

El debate ha tenido tintes nacionales -aunque otros eurodiputados han sacado temas de otros países, como la prohibición de las parejas del mismo sexo a inscribir a sus hijos en Italia- y se ha producido un choque con los partidos que sustentan al Gobierno. “España no tiene un problema de Estado de derecho, España tiene un problema con la oposición del Partido Popular, cada vez que la izquierda ganas las elecciones”, ha reprochado el socialista Juan Fernando López Aguilar. “El problema del estado de derecho en España se resume en dos palabras: Partido Popular Dejen de hacer el ridículo”, ha dicho Sira Rego (IU). La eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva ha emplazado a sus socios del PSOE a explorar las mayorías alternativas para cambiar la ley y renovar el CGPJ. Ernest Urtasun (ICV) ha afeado al PP que no esté “a la altura de cara a la presidencia española”, le ha preguntado qué va a hacer con Xavier Albiol, a quien se ha abierto juicio oral, y ha reprochado la “coalición Frankenstein” de los conservadores con los independentistas, que apoyaron la introducción de ese punto en el orden del día.

De hecho, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha agradecido al PP que propusiera un debate para cuestionar el estado de derecho en España. “No esperaba que fuera el PP el que siguiera una de las líneas de defensa para impedir la extradición”, ha dicho el eurodiputado de Junts, que ha aprovechado el cuestionamiento de la “politización” de la justicia por parte del principal partido de la oposición para asegurar en el pleno que eso demuestra que el independentismo sufre una “persecución”.

La garantía del juez imparcial no solo viene reconocida en la Constitución española sino, también, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, normas de obligado cumplimiento en España.

La necesidad de imparcialidad es una garantía en cualquier sistema judicial democrático y esto el Tribunal Constitucional lo tenía claro, al menos cuando se dedicaba al derecho y no a la política.

El juez, cuando se aproxima a un tema, ha de hacerlo desde una posición de tercero ajeno al proceso y, como decía el propio Constitucional, quien ha de resolver cualquier asunto “no puede asumir procesalmente funciones de parte (...) y no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en su contra” (STC 140/2004, Fj 4).

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) garantizar el derecho al juez imparcial es clave que el juez no sólo sea imparcial, sino que también tiene que parecer que lo es; esto lo manifiesta reiteradamente el TEDH citando el adagio inglés “justice must not only be done: it must also be seen to be done” o, como ha dicho en su sentencia del caso Delcourt contra Bélgica, 17.1.1970, parágrafo 31: “No sólo debe impartirse justicia; también ha de verse cómo se imparte”.

En el fondo, la imparcialidad la podemos resumir como la ausencia de prejuicio, también de interés en el resultado del pleito cuyo conocimiento le es sometido a consideración, y, todo ello, visto desde la perspectiva de un observador objetivo y razonable, desapasionado y con la distancia suficiente.

Con estos criterios en la mano, resulta más que sorprendente que el Tribunal Constitucional pretenda revisar los recursos planteados tanto por el Partido Popular como por Vox en contra de las reformas ya aprobadas en el Congreso y pendientes de su tramitación en el Senado; al menos en lo que respecta a aquellos magistrados que se ven directamente afectados por esas reformas.

En un caso como este, un observador imparcial debería hacerse, como mínimo, la siguiente presunta: ¿cómo se compatibiliza el derecho al juez imparcial con el interés personal del juez si la materia sobre la que se tiene que pronunciar le afecta directamente incluso respecto a su propia condición de Juez?

Dicho más claramente: ¿puede sostenerse que se cumple con el criterio, como mínimo, de apariencia de imparcialidad si quien ha de resolver sobre la constitucionalidad o no de una determinada norma es, al mismo tiempo, el afectado directo de la norma en caso de aprobarse?

Creo que cualquier observador objetivo, razonable y desapasionado dirá que en un caso así no se cumple, como mínimo, con el criterio de la apariencia de imparcialidad.

Basta ver las prisas que le ha entrado a un sector del Constitucional de cara a resolver la solicitud de medidas cautelares planteadas por el PP frente al más de un año que lleva sin pronunciarse sobre el caso de Alberto Rodríguez, también pendiente de, entre otras cosas, medidas cautelares.

Sería razonable que antes de pronunciarse sobre las cautelares del PP lo hiciese respecto de las de Alberto Rodríguez ¿o es que Alberto tiene menos derechos que el PP a los ojos del Constitucional?

El Constitucional, a la vista de estas inusitadas prisas, no parece estar por la labor de cuestionarse su propia falta de imparcialidad pero, al menos, debería tratar de guardar las formas y, por ello, tendría que iniciar, de oficio o a petición de parte, un diálogo entre tribunales y realizar una remisión prejudicial el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que por este órgano se dictamine la compatibilidad de su futura decisión con las normas de Derecho primario de la Unión Europea.

Las preguntas y sus derivadas son múltiples, especialmente porque todas afectan a la forma en que se han de aplicar las normas nacionales para no colisionar con las garantías recogidas, entre otros, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con lo previsto en los artículos 258, 259 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otras normas de la Unión de obligado cumplimiento también para el propio Constitucional.

Un planteamiento de cuestiones prejudiciales como el que propongo -que sería de obligada tramitación según establece el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal”) suspendería la tramitación del recurso y de la solicitud de cautelares planteadas por el PP hasta que las prejudiciales fuesen resueltas por el TJUE, cosa que no parece ser la intención de un sector del Constitucional aferrado al asiento y al sueldo, así como a los compromisos políticos contraídos con quienes les han designado para el cargo.

La pregunta que entonces surgiría, en el supuesto de negarse a cumplir con tal obligación, sería de mayor relevancia aún: ¿están dispuestos, el PP y un sector mayoritario del Constitucional, a arrastrar a España a un procedimiento de infracción con las consecuencias que ello tendría? Seguramente sí pero es un buen momento para que se definan sobre cuán patriotas son y cuánto de lo que hacen solo tiene sentido desde una perspectiva tanto personal como partidista.

No estoy de acuerdo en cómo se ha hecho la reforma, tan cuestionada por el PP y en vías de sabotaje por parte del Constitucional, pero mis discrepancias, que son técnicas, no pueden llevarme a pensar que sea correcto que un poder del Estado, carente de cualquier contrapeso, secuestre las competencias de los restantes poderes del Estado y se termine de cargar lo poco que de democracia queda en España.

Las disfunciones sistémicas son muchas y las vengo denunciando desde hace mucho tiempo, clamando en el desierto, y lo que ahora está sucediendo puede ser, si así lo quieren aquellos que ostentan la gestión de la mayoría parlamentaria, que no el poder del Estado, un punto de inflexión para abordar, con serenidad pero sin pausa, las reformas necesarias para que ningún poder del Estado carezca de los necesarios contrapesos que permitan que todos nos sintamos cómodos y seguros en un Estado absolutamente desbalanceado, como se está viendo en estos días.

La salida de la encrucijada constitucional en la que se encuentra España está escrita y se llama derecho de la Unión; encontrarla ya es cosa de voluntad política y, sobre todo, de valentía y compromiso con los valores democráticos.

La Comisión Europea se reafirma en su evaluación: hay que activar el mecanismo de condicionalidad por la deriva autoritaria del Gobierno de Viktor Orbán y bloquear 7.500 millones de fondos de cohesión. Un análisis que los 27 ministros de Finanzas de la UE no ratificaron el pasado martes en la reunión del Ecofin. Decidieron pedir más información, que es lo que ha proporcionado este viernes la Comisión Europea, sin cambiar de parecer.

“La evaluación general de la Comisión es que, a pesar de las medidas tomadas por Hungría, el riesgo general para el presupuesto de la Unión permanece sin cambios”, escribe el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, en su carta a la presidencia checa de turno del Consejo de la UE.

Algunos países, como Italia, Francia y Alemania, han estado defendiendo que la cifra de 7.500 millones debería rebajarse en virtud de unos supuestos avances legislativos de Budapest, en contra de la propuesta de Bruselas.

Los días, eso sí, se acaban: el plazo dado por la Comisión Europea vence el 19 de diciembre, fecha en la que decaería el expediente si no lo aprueban los Gobiernos que, por otro lado, también podrían decidir aprobar la sanción pero con una cifra inferior.

Las negociaciones sobre este expediente son muy transversales. Porque Hungría también tiene pendiente una condicionalidad reforzada para recibir los 5.800 millones de euros del fondo de recuperación. Y, mientras los miles de millones permanecen en Bruselas, el Gobierno de Viktor Orbán chantajea con expedientes clave en la coyuntura actual: los 18.000 millones de ayuda a Ucrania para 2023 y el impuesto de sociedades mínimo del 15% para las multinacionales, asunto que también ha sido suprimido de la agenda por el veto húngaro.

Los 27 también tienen pendiente tomar una decisión sobre el plan de recuperación de Hungría, condicionado a 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si los Gobiernos de la UE no aprueban formalmente el plan antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, ha abogado, en la apertura del Año Judicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la colaboración y cooperación sincera de todas las instituciones para el mantenimiento del Estado Derecho.

Sin hacer referencia a la polémica que rodea al Poder Judicial por la falta de renovación de sus órganos, entre ellos, el CGPJ, cuyo miembros llevan en funciones desde hace cuatro años por haber finalizado su mandato, Tena Aragón, ha señalado, citando las palabras de la vicepresidente de la UE, que “el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político”.

De lo contrario, ha dicho, “no es una institución concreta la que se resiente, sino el Estado de Derecho como tal. Sin ese contrapeso institucional entre los tres poderes del Estado, se podrá ser otra cosa, pero este país no será un Estado de Derecho”.

Lo ha dicho claramente, sin nombrar a instituciones ni a partidos políticos que, en los últimos años, y en los últimos meses, pero, sobre todo, en los últimos días están obstaculizando la renovación de los órganos judiciales y las instituciones del Poder Judicial.

Necesidades de la Justicia en Extremadura

La presidenta ha aprovechado su discurso para destacar las principales necesidades que tiene en estos momentos la Administración de Justicia en Extremadura, entre ellas, dijo, un segundo juzgado de lo penal en Plasencia; la creación del juzgado número 8 de Cáceres, que posibilitaría la separación de las jurisdicciones civil y penal por juzgados, y una mayor especialización de los mismo, así como la futura puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, que se espera esté en funcionamiento el próximo año.

“Nos seguimos creyendo que el nuevo edificio de los juzgados se terminará en los primeros meses de 2023, lo que posibilitará el traslado de los órganos judiciales unipersonales, ahora diseminados por la ciudad de Badajoz, así como la implantación de la nueva Oficina Judicial que dará mayor fluidez a la tramitación de los procedimientos”.

La fusión de las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena conllevará, indicó, la fusión de los dos partidos judiciales en uno sólo, con un importante número de órganos judiciales, similar a los que existen en Plasencia, que se espera estén cubiertos por jueces con la categoría de magistrados, lo que fidelizará la permanencia de éstos en la nueva ciudad.

Espacios más accesibles, sentencias más sencillas

Por otra parte, Tena Aragón se ha referido a los proyectos existentes para hacer más inclusiva la Administración de Justicia en Extremadura, no sólo en materia de espacios físicos, sino también en escritos, notificaciones, resoluciones y sentencias, que deberán ser redactadas con claridad y sencillez, para una fácil lectura cuando entre las partes personas en cualquier causa haya personas con discapacidad cognitiva y sensorial y con dificultades de comprensión.

En cuanto a la situación de los órganos judiciales en Extremadura, la presidenta del TSJEx manifestó que se caracteriza por la más “absoluta normalidad, ni vieja ni nueva, la normalidad”.

En el primer semestre de este año han ingresado en los órganos judiciales de la región 61.737 asuntos, un 5,5% más que en el mismo periodo que el año anterior, se han resuelto, 61.994, un 0,7% más y han quedado en trámite 45.107, un 1,8% menos que en el primer semestre del año pasado.

Ese buen funcionamiento se ha constatado, además, en el Juzgado de violencia sobre la mujer de Cáceres que inició su funcionamiento el 1 de marzo y hasta el 30 de junio ha incoado 185 procedimientos, acordado 104 medidas de protección, de las que 44 eran órdenes de protección, y el tiempo de respuesta de las primeras diligencias es de 24-48 horas como máximo.

El TSJEx continuará este nuevo curso con el programa “Educar en Justicia”, que busca dar a conocer y acercar la Justicia a los estudiantes extremeños. En este nuevo año judicial se esperan duplica las plazas de los años prepandemia, llegando a uno 2.000 alumnos de los 194 centros de Secundaria de la Comunidad Autónoma.

Igualmente, se seguirá trabajando con las comisiones territoriales de Policía Judicial y la de Violencia sobre la mujer, así como con la revisión del Protocolo de Actuación Policial y Judicial en los supuestos con Víctimas Menores y Personas Necesitadas o el Protocolo para la Prevención y Atención a la Violencia Sexual en Extremadura.

La presidenta también resaltó el trabajo realizado en la elaboración de una guía con las pautas a seguir en los supuestos de autorización judicial para la extracción de órganos para su posterior trasplante que, en su opinión, “es una guía sencilla” que pretende agilizar trámites que pueden salvar vidas.

En el acto de apertura de Año Judicial también ha intervenido el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, quien ha dado a conocer los datos de la Memoria de la Fiscalía extremeña del 2021, destacando un “preocupante” incremento de la delincuencia en la región.

Asimismo, el secretario de Gobierno, Domingo Bujalance ha dado cuenta de la actividad de la Oficina Judicial, destacando que algunas de las medidas adoptadas durante la pandemia han llegado para quedarse, como el teletrabajo, la tramitación electrónica y los juicios telemáticos.

Ha destacado la realización de 1,2 millones de documentos electrónicos y 675.000 procedimientos incoados electrónicamente.

El Consejo Judicial del Poder Judicial lleva casi cuatro años en funciones. El órgano emana de una mayoría absoluta del PP del 20 de diciembre de 2011. Y, 11 años después, sus integrantes siguen en el cargo, cuando ya ha caducado su mandato hace más de 1.000 días, por la negativa del PP a negociar su renovación.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.

Ahora, el comisario de Justicia, Didier Reynders, viajará el 29 y 30 de septiembre a España para abordar este asunto con Gobierno, oposición, asociaciones de jueces y personas implicadas en una situación que recoge año tras año la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho.

“Voy a reunirme con el gobierno, con la oposición, con el Parlamento, con asociaciones de jueces o de abogados, colectivos de la sociedad civil o universidades”, ha explicado Reynders este martes a su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, que reúne a los ministros de Asuntos Europeos: “En el debate sobre el apartado de justicia del informe relativo a España, el Consejo General del Poder Judicial es determinante. Y nos gustaría ver hechos los nombramientos y la reforma implementada muy rápidamente. De ahí el interés de discutir tanto con la mayoría como con la oposición, para lograr el objetivo de la reforma”.

Reynders explica que “han pasado dos años desde que hice los primeros contactos. De hecho, la situación no es nueva. Lo que estamos tratando de hacer organizar una discusión, un diálogo entre las fuerzas políticas. Porque la renovación del CGPJ, al igual que la designación de ciertos órganos constitucionales, exige mayorías tales que se hace necesaria la colaboración entre las principales formaciones políticas del país. Y aquí es donde tenemos un doble papel que desempeñar: el primero es aclarar cuáles son las expectativas, con el informe sobre el estado de derecho y sus recomendaciones, unas expectativas que van ligadas a estándares europeos como el Consejo de Europa, del que España es miembro, en la línea de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, elegidos por otros jueces, sin que haya injerencia de la política, ni del gobierno ni del Parlamento”.

“Aparte de eso”, prosigue Reynders, “lo que también podemos hacer es, obviamente, entablar un diálogo. No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Y eso es algo que he hecho antes, pero que también intentaré hacer durante esta visita”.

Eso sí, el comisario europeo insiste en separar la situación de España de la que se vive en países como Hungría y Polonia, sujetos a procedimientos por sus asaltos al Estado de Derecho: “Debemos distinguir claramente la situación que tenemos en otros Estados miembros donde ha habido una regresión y un deterioro de la situación. En tales casos, por supuesto, pueden utilizarse otras fórmulas, como los procedimientos de infracción. Esto es lo que hemos hecho con el sistema disciplinario de los jueces en Polonia, por ejemplo. En el caso de España, como en el caso de otros países, lo que estamos tratando de hacer es mejorar una situación existente, así que no es lo mismo en absoluto. Haremos todo lo posible para intentar implementarlo a través del diálogo. Y, repito, la diferencia es muy clara. Cuando iniciamos procedimientos de infracción es porque hay un problema con una nueva ley que viola la ley europea o conduce al deterioro de la situación. Ese no es el caso. El objetivo es reunir tanto a las formaciones políticas de la mayoría como de la oposición, el Gobierno por supuesto el Parlamento, para designar a los nuevos miembros, pero también para iniciar una reforma rápidamente”.

“Si la situación fuera a durar mucho tiempo, si vemos durante unos años que la situación no mejora, obviamente, tendremos que pensar en otros mecanismos. Pero ahora lo que tenemos por primera vez es una recomendación del informe sobre el Estado de Derecho”, concluye Reynders.