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El Poder Judicial advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones del ‘lawfare’

Vocales del CGPJ en el pleno extraordinario celebrado el 6 de noviembre.

Elena Herrera

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas. El PSOE, que votó a favor de su creación, está en contra de convocar a jueces a estas comisiones, lo que en principio impedirá que sean citados.

En todo caso, en las últimas semanas había soliviantado a amplios sectores de la judicatura la posibilidad de que jueces y magistrados pudieran ser “requeridos” a participar en las comisiones sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior, en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos el president Pere Aragonés; y sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

Este hecho provocó que la mayoría conservadora del CGPJ pidiera que este asunto fuera tratado en el pleno ordinario de diciembre. Fruto de ese debate se ha suscrito un acuerdo por el que el órgano de gobierno de los jueces también insta al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces para que se pronuncien sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional, ha informado el CGPJ en un comunicado.

El documento señala que dichas comisiones parlamentarias “carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Y sostiene, en consecuencia, que estos “no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto” y “no deberán comparecer en ellas”. Además, si eso ocurriera, la Comisión Permanente “tampoco autorizará comisiones de servicio por tal motivo”.

Esta semana, Junts insistió en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. La formación de Carles Puigdemont aludió, para ello, al artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes.

No obstante, tanto en el CGPJ como en el Gobierno sostienen que lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio Código Penal respecto a la función de los jueces y las garantías del Estado de Derecho establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a esas comisiones.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ha elaborado un informe técnico en el que concluye que, si las Cortes citaran a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, “no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes”. 

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