Jonathan Felipe pide al Gobierno de Canarias un Decreto-Ley urgente que dé seguridad jurídica a los propietarios de alquiler vacacional de las Islas Verdes “tras el rechazo de PSOE y NC a esta iniciativa

Jonathan Felipe pide al Gobierno de Canarias un Decreto-Ley urgente que dé seguridad jurídica a los propietarios de alquiler vacacional de las Islas Verdes “tras el rechazo de PSOE y NC a esta iniciatival, destaca Coalición Canaria (CC) en una nota de prensa. El diputado de CC por La Palma afirma que la isla ”no puede permitirse perder ni una cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad“.

El diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, solicita al Gobierno de Canarias la aprobación urgente de un Decreto-Ley que establezca “unos requisitos mínimos para la actividad del alquiler vacacional, una medida necesaria después de que PSOE y Nueva Canarias no respaldaran la iniciativa cuando fue presentada in voce por los nacionalistas”.

Este Decreto-Ley, se señala en la nota, tiene como principal objetivo ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y evitar que las islas con menor oferta alojativa sufran una pérdida de camas turísticas durante el periodo de adaptación a la nueva normativa.

Felipe defiende que este Decreto-Ley debe ser especialmente sensible con las denominadas Islas Verdes, donde la mayor parte de la oferta de alquiler vacacional se desarrolla en viviendas unifamiliares aisladas, una realidad muy diferente a la de otras islas de la Comunidad Autónoma.

Además, Jonathan Felipe recuerda que La Palma se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, que también afectó a la economía y dinamización social y turística de la isla con la pérdida de viviendas vacacionales.

“La Palma no puede permitirse perder ni una cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad. Necesitamos una solución transitoria que aporte seguridad a los propietarios y permita mantener la actividad económica ligada al turismo”, insiste el diputado de CC.

En este sentido, Felipe explica que durante la tramitación en el Parlamento del Proyecto de la ley para la agilización y simplificación de licencias se presentó una enmienda in voce para habilitar un procedimiento transitorio con exigencias muy básicas que permitiera continuar con la actividad, “una propuesta que no llegó a tramitarse tras el voto en contra del PSOE y Nueva Canarias”, recuerda.

La iniciativa planteaba como “requisitos mínimos”, se apunta en la nota, la presentación de un plano de situación de la vivienda, fotografías del exterior e interior, así como la copia o, en su defecto, la indicación del número de expediente de la autorización o de la declaración responsable correspondiente.

Asimismo, para las edificaciones “ya en funcionamiento no adaptadas a la legalidad vigente, se planteaba acreditar la existencia de sistemas de protección contra incendios y, en el caso de disponer de piscina, demostrar que contaba con el equipamiento necesario para el adecuado tratamiento del agua y las condiciones de seguridad exigidas”. La propuesta también contemplaba “una moratoria de cinco años para que las viviendas pudieran adaptarse plenamente a las exigencias derivadas de la actividad clasificada”.

Jonathan Felipe considera que esta fórmula permitiría mantener la oferta alojativa en islas como La Palma mientras los propietarios llevan a cabo las adaptaciones necesarias para cumplir con los estándares de calidad, garantizando, por un lado, que las personas de la isla puedan continuar desarrollando su actividad mientras trabajan para adaptar las instalaciones a la normativa vigente.

Garantías para las viviendas vacacionales afectadas por la erupción

Jonathan Felipe recuerda, además, que la normativa autonómica sobre la reconstrucción reconoce expresamente la posibilidad de reconstruir edificaciones destinadas a uso residencial, incluida la vivienda vacacional, cuando estas fueron destruidas por las coladas y se encontraban en situación legal o asimilada a la legalidad.

En esta línea, prosigue la nota, la legislación para la recuperación del Valle de Aridane también contempla la recuperación de los usos turísticos preexistentes, entre ellos la vivienda vacacional.

Por eso, Felipe defiende que “no tendría sentido que Canarias reconociera el derecho de las familias afectadas por el volcán a reconstruir sus viviendas, incluidas aquellas destinadas a vivienda vacacional, y al mismo tiempo generara una inseguridad jurídica que impidiera desarrollar esa actividad, algo esencial para la recuperación de la isla y su modelo alojativo”.