La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado investigar por el cartel de la fiesta reivindicativa 'Santa Punxada', difundido en enero de 2025 en el marco de las celebraciones de Sant Sebastià de Palma, que representaba al patrón de la ciudad con una sobrassada como pene acompañado por una versión femenina del mártir y ambos rodeados de 'dimonis', uno de los símbolos esenciales de las fiestas populares de Mallorca. También aparecía una figura de Jesucristo caracterizada como DJ. La 'Santa Punxada' se lleva a cabo cada año con el apoyo de Podemos como alternativa de los derechos LGTBIQ+ al programa oficial de las fiestas patronales de Palma. La resolución no declara que se haya cometido ningún delito ni determina la responsabilidad de las personas denunciadas.

La Sección Segunda estima parcialmente los recursos interpuestos por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, Vox y el diputado de éste, Jorge Campos, contra la resolución con la que, en marzo del año pasado, un Juzgado de Palma inadmitió a trámite la querella presentada por todos ellos contra la líder de Podemos en Balears, Lucía Muñoz, y contra la ilustradora Lluïsa Febrer, a raíz de la creación y difusión del cartel promocional.

En cambio, los magistrados mantienen la inadmisión de la querella por un posible delito de odio -al que apuntaban tanto la formación de extrema derecha como Campos-, al considerar que los hechos relatados no contienen elementos que apunten al fomento o la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o sus integrantes por motivos religiosos, como tampoco una lesión de la dignidad de determinadas personas. La nota de prensa con la que Abogados Cristianos ha anunciado esta mañana la reapertura de la causa no menciona este extremo.

Los magistrados consideran, respecto al supuesto delito de escarnio, que no se puede descartar la eventual relevancia penal de los hechos sin investigar antes determinadas circunstancias, especialmente la intención con la que se difundieron las imágenes. El tribunal explica que no puede utilizarle la vía de la inadmisión a trámite como forma de sobreseer una causa y descartar la dimensión penal de los hechos sin antes haber llevado a cabo las averiguaciones pertinentes. En este sentido, la Audiencia cuestiona que pueda descartarse de forma definitiva la posibilidad de que la intención provocadora o polémica del cartel se acompañara de una voluntad consciente de ofender.

La resolución también examina la interpretación artística y satírica de las imágenes. Si bien el archivo inicial consideraba que el cartel constituía una manifestación artística que utilizaba la sátira y la caricatura para provocar, y que no apreciaba un escarnio de la religión católica, la Audiencia entiende que, más allá de su carácter provocador, es preciso practicar las indagaciones oportunas antes de descartar definitivamente la relevancia penal de los hechos.

Tras conocer el auto, Muñoz ha puesto de manifiesto que la resolución no altera la posición de la formación. “Seguimos pensando lo mismo que el primer día y mantenemos todo nuestro apoyo y defensa de la libertad de expresión y de la creación artística”, señala en declaraciones a elDiario.es, recordando que la intención del cartel era mostrar “la cara más reivindicativa de Sant Sebastià” más allá de su dimensión religiosa.

No en vano, recuerda que el santo forma parte también de la historia del arte y que desde el Renacimiento ha sido representado como un símbolo erótico y de disidencia sexual que sigue plenamente vigente. “No nos hemos inventado nada”, incide. La representante de Podemos ha expresado su preocupación por la apertura de una causa judicial sobre una propuesta artística y ha recordado que incluso el cartel de la película La Bola Negra, candidata española a los Oscar, contiene una estatua de San Sebastián atravesado por flechas como parte de esa tradición iconográfica.

La líder de Podemos recordó en su momento que la pretensión de la 'Santa Punxada' es hacer visible “la parte más reivindicativa” de la figura de Sant Sebastià, una parte de su historia, señala, que “muchas veces se omite o se esconde”. “Es el patrón de Palma y nunca hemos hablado de que la comunidad LGTBI lleva haciendo suya desde hace tiempo la imagen de Sant Sebastià, una persona que fue martirizada por defender su manera de vivir y de ver el mundo [fue un tribuno romano ejecutado por su fe en el cristianismo]. Es un icono y su figura está relacionada con el erotismo desde el Renacimiento”, recalcó en declaraciones a este periódico.

Pese a que la resolución no entra en el fondo de los hechos ni determina la existencia de un delito, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, la interpreta como “una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos”. “La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos”, expresa en un comunicado difundido este jueves.

La entidad sostiene que las imágenes constituyen una ofensa a los sentimientos religiosos y defiende que su difusión debe examinarse desde la perspectiva penal. “Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción”, concluye.

El cartel de 'Santa Punxada' generó una fuerte controversia por el uso de imágenes religiosas en un contexto sexual y provocador. La polémica se extendió más allá del ámbito cultural y festivo y alimentó las críticas de sectores conservadores y de la derecha política.

La controversia se inscribe en el debate sobre los límites de la libertad de expresión artística y la protección penal de los sentimientos religiosos. El artículo 525 del Código Penal castiga a quienes hagan públicamente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa con la finalidad de ofender los sentimientos de sus miembros. En este caso, la Audiencia considera necesario investigar las circunstancias de difusión del cartel y la intención con la que se elaboró antes de descartar su posible relevancia penal, sin que la resolución determine que se haya cometido delito alguno.

La coalición PP-Vox en Aragón acaba de incorporar a un representante de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos como asesor jurídico en el Departamento de Medio Ambiente, que tiene al frente al consejero Luis Biendicho. El fichaje de Pablo Jarque es oficial desde este martes, cuando se ha publicado su designación en el Boletín Oficial de Aragón.

El nombramiento, de carácter eventual y libre designación, ya figuraba en todo caso en el organigrama del Gobierno de Aragón. En su perfil profesional de LinkedIn, Jarque, con base en Zaragoza, se presenta como asesor jurídico de la Consejería y declara trabajar como abogado de la Asociación de Abogados Cristianos.

Hay que recordar que la de Medio Ambiente y Turismo es una de las tres áreas que Vox obtuvo en el segundo Gobierno de Jorge Azcón. El acuerdo dio a Alejandro Nolasco la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y a la formación de extrema derecha también Agricultura, además del área medioambiental.

El caso más reciente en el que Jarque ha actuado como portavoz jurídico de la organización es el de los campamentos de Bernedo (Álava), apenas dos semanas antes de la fecha de su nombramiento en el Ejecutivo autonómico. A mediados de septiembre, quince monitores y responsables de las colonias empezaron a declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria y Jarque compareció a las puertas del juzgado para describir los hechos como “muy graves”. Abogados Cristianos, personada como acusación popular, presentó dos querellas por exhibicionismo y coacciones, delitos que según Jarque podrían acarrear penas de hasta tres años de cárcel.

Derrota con costas contra un ayuntamiento del PP

En octubre de 2025, Jarque defendió en Ciudad Real la demanda de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento, gobernado por el PP. El motivo era el cuadernillo infantil ‘Mandalas con valores’, que mostraba distintos modelos de familia. Jarque pidió que se declarara nula la actividad educativa y que se retiraran los cuadernillos. Sostuvo que los mandalas “minusvaloran la familia natural”. En la vista explicó que la organización conoció el caso por socios y contactos en la ciudad y por “unos concejales del Ayuntamiento”, sin precisar cuáles. El cuaderno había roto el pacto de gobierno entre PP y Vox en la capital manchega.

La sentencia llegó tres días después. El juzgado desestimó la demanda sin posibilidad de recurso y con condena en costas. El fallo concluye que no se aprecia vulneración del deber de neutralidad ideológica del Ayuntamiento ni contradicción con el interés superior de los menores.

El pasado mes de abril, Abogados Cristianos denunció a la rapera dominicana Tokischa por posar semidesnuda en la basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. Jarque, como abogado de la fundación, afirmó que la artista había usado un templo católico para hacerse fotografías eróticas y que aquello no era libertad de expresión ni artística. La denuncia invocaba el delito de profanación del artículo 524 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a un año o multa.

En junio, Jarque fue también la voz de la organización en Cáceres. Allí Abogados Cristianos ofreció apoyo jurídico al Ayuntamiento frente a la orden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de retirar la cruz de la Plaza de América. La fundación calificó la inclusión del monumento en el catálogo de vestigios de “persecución ideológica contra los símbolos cristianos”.

Abogados Cristianos en Aragón

La organización ya tiene historia en los tribunales aragoneses. Entre otros casos, recurrió la pancarta LGTBI colgada en el Ayuntamiento de Zaragoza el 26 de junio de 2020 y obtuvo una primera sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso nº 3. El TSJA anuló después esa sentencia al entender que la pancarta no vulneraba la ley de banderas. El Tribunal Supremo desestimó finalmente las pretensiones de la asociación contra el fallo de la Sala de Zaragoza.

El caso más reciente en la comunidad afecta directamente al Departamento que ahora ha fichado a Jarque. En marzo de 2025, Abogados Cristianos logró que el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Teruel paralizara cautelarmente el derribo de la cruz de la Peña de la Cruz, en Bezas. El Ayuntamiento había aprobado la demolición a partir de un informe de la propia Consejería de Medio Ambiente, entonces en manos del PP, que la consideraba un riesgo tras el impacto de un rayo. Vox, con Alejandro Nolasco a la cabeza, también recurrió. El juez acabó inadmitiendo los recursos por falta de legitimación y condenó en costas a los demandantes, entre ellos Vox, Nolasco y un particular al que el juez vincula con la organización.

La trayectoria nacional de la organización acumula derrotas sonadas. El TSJ de Madrid confirmó la condena en costas a la asociación por intentar paralizar el sello de Correos del centenario del PCE. La Audiencia Provincial ratificó también la absolución de Willy Toledo.

'Contra el fascismo, ella nos guía' es el eslogan que acompaña a la 'Santina Queer' cuando procesiona por las calles asturianas y su imagen ha ofendido a Abogados Cristianos que ha denunciado al presidente de la Asamblea Moza d'Asturies (Ama Asturies), Francisco Suárez Fernández, al considerar que “hace escarnio de los sentimientos religiosos”. El Tribunal de Instancia de Villaviciosa ha abierto diligencias de investigación y este martes ha declarado en calidad de investigado.

Varios activistas de AMA Asturies se han desplazado hasta Villaviciosa para apoyar a su presidente y han asegurado que su posición no va a cambiar por la denuncia de Abogados Cristianos: “ni las denuncias, las agresiones ni los intentos de intimidación van a conseguir que dejemos de defender los derechos de las mujeres, las personas LGTBIQ+ y una Asturias libre, diversa y antifascista”.  

Las 'ofensas' 

Francisco Suárez no es el único que esta mañana ha comparecido en sede judicial. Benigno Maujo, hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, también ha sido citado para prestar declaración, pero en su caso es en calidad de testigo. La Hermandad interpuso una denuncia, en marzo de 2025, y pidió al Ministerio Fiscal que se abriera causa penal contra los organizadores, promotores o convocantes y que se oficiase a la Delegación del Gobierno para que informase sobre su identificación, así como a la Comisaría de Policía de Gijón para que aportase las grabaciones y/o fotografías de la manifestación y en concreto del “Paso” en el que se utilizaba “de manera tan inapropiada” la figura de la Virgen de Covadonga. 

La Hermandad de los Estudiantes se sintió ofendida por la expresión 'Santina QUEER Vadonga' y con los 'adornos' con los colores del arco iris, ya que, en su opinión, hubo una voluntad de “humillación evidente, menosprecio, desprecio, discriminación y hostilidad” contra el grupo de los católicos y, concretamente, contra los católicos asturianos por tratarse de una sátira de la Santina, tal y como recogió elDiario.es Asturias en su edición del 11 de marzo de 2025.

Los “intentos de intimidación”

AMA Asturies no solo no comparte que se trate de una ofensa a los sentimientos religiosos, sino que denuncia a su vez este “nuevo intento de intimidación de la ultraderecha” por la 'Santina antifascista de Queervadonga'.

A continuación reproducimos el momento en que, a través del perfil oficial de Ama Asturies en la red social X, Francisco Suárez abre la notificación con la citación judicial para su comparecencia ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villaviciosa, Plaza número 1, para declarar por su presunta autoría en un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por la utilización de la “Santina antifascista de Queervadonga” durante la manifestación del 8M de 2026.

“La Santina ye inquilina”

Para los integrantes de Ama Asturies no es una novedad que colectivos de ultraderecha y asociaciones ultraconservadoras recurran a los tribunales para “intimidar y amedrentar a quienes defendemos los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, el antifascismo y una Asturies plural e inclusiva”, según explican sus integrantes.

La interpretación que desde Abogados Cristianos o la Hermandad de Estudiantes ofrecen no tiene relación alguna con el sentido que tiene para Ama Asturies. Bajo su prisma, la Santina de 'Queervadonga' es una creación ficticia y reivindicativa que resignifica un símbolo “profundamente arraigado en Asturies, que ha servido para defender la igualdad, los derechos LGTBIQ+ y luchar contra las violencias machistas”.

En un momento como el actual, donde el país se moviliza tras el polémico desahucio de Maricarmen en Madrid, la reivindicación del derecho a la vivienda cobra más peso todavía bajo el lema “La Santina ye inquilina”.

“La limitación” de expresiones artísticas

“Abogados Cristianos y otras organizaciones muy concretas de carácter ultra llevan demasiado tiempo utilizando de manera reiterada los tribunales y el delito de ofensa a los sentimientos religiosos como una herramienta para intentar limitar expresiones artísticas, políticas y reivindicativas con las que, simplemente, no están de acuerdo”, reconocen desde Ama Asturies.

La asociación cree que el debate de fondo es otro bien diferente y que a Abogados Cristianos, Vox y a la Hermandad de Estudiantes lo que les molesta no es la Santina sino que las mujeres ya no quieran retrotraerse a tiempos pasados y vivir como en el franquismo, “pidiendo permiso a los maridos para abrir una cuenta bancaria. Lo que realmente les ofende es que las mujeres salgamos a las calles a reivindicar nuestros derechos el 8 de marzo”, citan entre otros ejemplos.

El concepto de feminismo

La lista de las situaciones que a Ama Asturies le ofende son de índole social: “A nosotras nos ofenden las violencias machistas, todas las dificultades que enfrentamos para acceder a la vivienda, donde el precio medio supera ya los 1.000 euros mensuales en muchos lugares, el paro juvenil, el cambio climático, el acoso que sufren mujeres a las puertas de las clínicas donde van a abortar. Nos ofenden los bombardeos en Palestina, Iran o Ucrania. Nos ofende el imperialismo asesino que arrebata vidas y siembra muerte alrededor de todo el globo terráqueo”.

El concepto de feminismo también les separa de este tipo de organizaciones de ultraderecha. Para la asociación, significa afrontar todas las discriminaciones que se sufre “por haber nacido mujer, por amar a quien ames, por tener una identidad que no encaje con tu cuerpo, por ser de otro país o tener un trabajo precario”. Y por ello entienden que la mejor forma de reivindicarlo es a través de un símbolo asturiano como la Santina.

La “reasignación” de un símbolo

Ama Asturies se siente orgullosa de haber reasignado un símbolo profundamente arraigado en el imaginario asturiano para ponerlo al servicio de reivindicaciones contemporáneas relacionadas con la igualdad, los derechos LGTBIQ+, el feminismo, la lucha contra las violencias machistas y el antifascismo.

“Los derechos sociales nunca debería ser motivo de denuncia judicial.  Que una expresión pueda resultar incómoda o irreverente no significa que deba convertirse en un procedimiento penal. Esperamos tener el dudoso privilegio de ser de las últimas personas o entidades llamadas a declarar ante los tribunales por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos que a estas alturas ya debería llevar mucho tiempo suprimido de nuestro Código Penal”, resaltan.

La libertad de expresión

Tampoco se explican cómo, a estas alturas en pleno siglo XXI, una persona pueda ser condenada a cuatro años de cárcel por “pasear una muñeca o hacer una estampita. No tiene sentido alguno en sociedades avanzadas”, corroboran.

Asimismo, recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se posicionó hace ya años al respecto al sostener que “la libertad de expresión recubre también las ideas que ofenden, conmocionan o perturban, de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública” por lo que, a su juicio, no tiene cabida este delito y debería suprimirse de los textos legales.

Con muchos meses de retraso acumulados, la instructora del Tribunal de Instancia de Vitoria Marta Escudero ha dado estos días los primeros pasos relevantes de la investigación penal por las denuncias de presunta violencia sexual en los campamentos de la entidad Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo. Este lunes pasaron por el palacio de justicia los monitores imputados —que en general se acogieron a su derecho constitucional a no declarar— y este martes se ha realizado la “exploración” —que es el nombre de un trámite, no un estudio físico— de una los menores que acudieron a esas colonias.

Hace ahora un año trascendió la existencia de una veintena de denuncias por posibles casos de exhibicionismo y violencia sexual en Bernedo. En uno de los supuestos se investiga si pudo alcanzar la categoría de agresión sexual. Sin embargo, el campamento de 2025 se celebró después de que en primavera ya estuvieran las primeras quejas en la mesa del juzgado. Entonces el instructor era Álvaro Silván y no se movió un papel hasta que el asunto saltó a la esfera pública.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, que habitualmente opera siempre con mesura, criticó duramente la inacción de las partes en un caso con los derechos de menores en juego. Ahora, un año después, se ha limitado a reseñar que “se está trabajando” y a que confía en que “todos los derechos sean respetados” en el procedimiento. En todo caso, la memoria de la Fiscalía, entregada este martes en el Parlamento Vasco, recoge precisamente una crítica a “la falta total de agilidad en los procedimientos”. “Tenemos un problema de ralentización de la Administración de la Justicia que no logramos solucionar”, ha dicho Adán en genérico, sin mencionar ningún sumario en concreto.

En el proceso, además de la Diputación de Álava, competente en materia de menores y de colonias de verano, están personados Vox y Abogados Cristianos. Según ha informado 'El Correo', no se han admitido las personaciones de los grupos ultras Hazte Oír y Manos Limpias, que también pretendían participar.

Desde Abogados Cristianos, su representante Pablo Jarque se saltó varias fases y aseguró a los medios de comunicación en Vitoria que pedirán tres años de cárcel para cada uno de los imputados. “Esperamos que haya pruebas concluyentes, suficientes y que podamos conseguir una sentencia de condena para, al menos, los monitores y el cocinero de los campamentos”, señaló este lunes. Sin embargo, ese trámite de peticiones de penas está muy lejos. Primero ha de finalizar la instrucción y solamente si la instructora encuentra indicios de delito se pediría a las partes un escrito de calificación de cara a la celebración de un juicio.

Desde Euskal Udalekuak, de su lado, siempre han defendido que apuestan por un modelo de actividad que “desexualice” la desnudez y basado en principios transfeministas. Han recibido numerosos apoyos de otras familias participantes y rostros conocidos de la cultura vasca. A finales de agosto celebraron una fiesta en Bernedo, aunque no se haya celebrado la edición de la colonia de este verano. La misma entidad, Euskal Udalekuak, sí ha operado con normalidad en Navarra.

En paralelo a la vía penal, hay abierto un proceso contencioso-administrativo por los mismos hechos. La Diputación de Álava sancionó por vía administrativa a Euskal Udalekuak, aunque las primeras resoluciones cautelares han sido favorables a esta entidad. Igualmente, Euskal Udalekuak ha visto cómo se archivaban las actuaciones promovidas en Navarra por Vox y Abogados Cristianos por sus actividades allí.

Abogados Cristianos vuelve a tender un pulso a la Casa del Temple de Toledo llevando la causa de su cesión por parte del Ministerio de Cultura a la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) ante la Audiencia Nacional. No obstante, su vinculación a la Orden del Temple es falsa, según los historiadores consultados por este medio.

El inmueble nunca fue templario

A su entender porque ese Bien de Interés Cultural “está estrechamente ligado a la historia cristiana de Toledo y a la Orden de los Caballeros templarios”. Sin embargo, historiadores y especialistas rechazan esta idea. Felipe Vidales, historiador y divulgador cultural toledano, relataba a elDiario.es Castilla-La Mancha que se trata de un mito: “No hay ninguna evidencia. Como tampoco de que tuvieran alguna propiedad en Toledo de las que, primero la tradición inventada y luego las propuestas turísticas, les ha ido atribuyendo”.

Además de que se trata de un palacio andalusí, donde “no hay leyendas ni las ha habido nunca alrededor de la casa”, solo desde que “se inventó su vinculación con el Temple” por Amador de los Ríos en el siglo XIX y ahora en tiempos recientes cuando “se ha puesto de moda un lucrativo turismo templario que ha necesitado de distintos enclaves en el barrio para poder desarrollar visitas guiadas mezclando tradiciones inventadas, leyendas y quizá algo de historia como contexto general pero no local”

Mismo argumento que comparte el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ignacio González-Varas, y especialista en patrimonio cultural, que advierte que “hay que distinguir los datos que aporta la arqueología y la investigación científica, y, por otro lado, las tradiciones culturales. Pero es a la credibilidad histórica a la que hay que conceder más atención”.

Abogados Cristianos denunció que la concesión de este inmueble se había realizado “de forma directa, sin concurso público ni procedimiento de concurrencia competitiva, pese a tratarse de un bien de dominio público estatal”. Además hablan de falta de “transparencia y objetividad” solicitando al Ministerio de Cultura la revisión y nulidad de esta decisión. Apuntan que ante el silencio del Ministerio han decidido acudir a la vía contencioso-administrativa.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala: “Es intolerable que el Gobierno entregue un edificio vinculado durante siglos a la historia cristiana de Toledo a una fundación islámica. Si el Ministerio no quiere rectificar voluntariamente, tendrá que dar explicaciones ante la Justicia”.

Nuevo varapalo judicial para los Abogados Cristianos en su ofensiva contra la memoria histórica. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso que la fundación interpuso contra la puesta en marcha de dos de los órganos que ordenó crear la ley en 2022: el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal avala ambos instrumentos e impone 4.000 euros en costas a la organización ultracatólica.

Abogados Cristianos, que mantiene una intensa batalla judicial contra las medidas del Gobierno en esta materia, recurrió el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en abril de 2025 para regular tanto el Consejo de Memoria de la Memoria Democrática, que es un órgano consultivo y de participación de las organizaciones, como el Registro Estatal de Entidades memorialistas. En este, se puede inscribir las asociaciones que tengan entre sus fines la difusión y preservación de la memoria histórica.

Para Abogados Cristianos, su regulación “no es neutral y persigue fines ideológicos”, según describió en su recurso, en el que sostuvo que la creación de ambos entes “constituye un instrumento deliberado para ocultar o minimizar la persecución religiosa durante la Guerra Civil, perpetrada principalmente en la zona republicana contra la Iglesia católica y sus fieles”. Una supuesta “ocultación” que, a su juicio, viola la Constitución porque “ignora o relega a un segundo plano” a “miles de víctimas religiosas” y supone un “revisionismo histórico ideológicamente motivado”.

A lo largo de todo el recurso, la fundación despliega el habitual argumentario de la ultraderecha, con el que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “imponer una narrativa ideológica orientada hacia la 'memoria histórica' del Gobierno, excluyendo perspectivas alternativas” y de “favorecer” a colectivos “afines”. El recurso asegura además que el registro de entidades “establece un sesgo ideológico” que “excluye explícitamente” a organizaciones que “promuevan una visión reconciliadora o defensora de la persecución religiosa, como asociaciones religiosas o conservadoras”.

Rechazada la medida cautelar de suspender ambos órganos, como pedían los ultracatólicos, el Supremo entra al fondo del asunto e inadmite el recurso al concluir que la fundación “carece de legitimidad activa” debido a que sus fines estatutarios no tienen relación directa con el Real Decreto. Entre sus objetivos están la defensa de los cristianos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida o la libertad religiosa, cuestiones que, considera el tribunal, son “muy generales” y “no tienen vinculación” con la norma recurrida. “No hay referencia alguna a actividades de memoria democrática”, apunta.

El auto señala a Abogados Cristianos por plasmar “conjeturas” en forma de “hipotéticas transgresiones de derechos” cuyos posibles afectados podrán defenderse “en el futuro”, concluyen los magistrados de la Sala Tercera. Otro de los argumentos de la fundación fue que le había sido denegada su solicitud para inscribirse en el registro de entidades, sin embargo, el Supremo descarta que ello pueda sustentar el recurso porque, al menos según el auto, quien pidió la adhesión al registro fue la Asociación Abogados Cristianos —siendo esta una fundación—, lo que lleva a los jueces a concluir que de “una entidad jurídica diferente”.

La ofensiva contra la memoria

Esta es la segunda derrota judicial de Abogados Cristianos en menos de un mes, después de que el pasado 13 de julio la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hizo tras el recurso de la entidad contra el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid para pactar los términos en los que va a transformarse el mausoleo franquista.

Antes, en enero de 2024, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia inadmitió el recurso de la nieta de una mujer enterrada en la cripta de Cuelgamuros tras paralizar las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura durante varios días. La resolución tomó esta decisión por dos motivos: la abuela de la mujer, representada por Abogados Cristianos, ni siquiera estaba enterrada en el lugar donde se hacen los trabajos y, además, la Administración no está actuando por la vía de hecho, como apuntaba la fundación. El juez acusó a la recurrente entonces de haberle ocultado información e incluso haber precipitado la paralización de las obras como medida cautelar.

Además de llevar varios años arremetiendo vía juzgados contra todo el que consideran que ofenden a la religión cristiana —son también quienes alargaron en los tribunales la eutanasia de Noelia—, los ultracatólicos tienen en la memoria histórica otra de sus dianas. Son uno de los grupos que de forma sistemática han recurrido de todas las formas posibles cualquiera de los pasos dados en Cuelgamuros, cuya resignificación lleva ocho años lidiando con el asedio ultra que quiere mantenerlo tal y como lo dejó Franco.

El humorista Héctor de Miguel ha sido puesto en libertad tras haber estado detenido en Salamanca desde el pasado miércoles, tal y como han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, y haber pasado la noche en el calabozo.

La Cadena Ser ha adelantado que la detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la Justicia por incumplir la condena por “intromisión ilegítima en el honor” de Alfonso Rojo.

En este sentido, De Miguel, condenado por la Audiencia de Madrid a pagar 41.800 euros a Rojo, ya abonó esta cuantía, pero no cumplió correctamente con la lectura del encabezamiento y el fallo de la sentencia en su programa y en sus perfiles de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación por desobediencia, ya que fue imposible contactar con él en varias ocasiones, y tras ello fue detenido según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Tras negarse a declarar ante el juez de Salamanca, ha sido puesto en libertad.

De Miguel, conocido como Quequé, se enfrenta desde el pasado 16 de marzo a la apertura de juicio oral como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

A primera hora de la tarde, el propio De Miguel ha bromeado con su situación, mediante un vídeo que ha publicado en su perfil oficial de X. En la grabación se ve al propio Quequé en una cafetería viendo en un televisor la noticia de su detención. “Qué hijo de puta, a ver si va p'alante de una vez”, dice girándose a cámara.

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resfignificar el Valle de Cuelgamuros y convertirlo en un Lugar de Memoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido un auto en el que desestima la petición de medidas cautelares de Abogados Cristianos, que buscaba paralizar el acuerdo y frenar el proceso aludiendo a que el Arzobispado de Madrid no era competente para firmarlo, un extremo que rechazan los jueces.

La asociación ultra presentó un recurso el pasado 29 de enero contra el pacto suscrito por el ministro Félix Bolaños y el arzobispo José Cobo después de que el Gobierno cerrara directamente en el Vaticano los detalles de la resignificación. El acuerdo derivó en la convocatoria de un concurso de ideas ya resuelto basándose en el cual se transformará el mausoleo mandado construir por Franco. El proceso está siendo objeto de varios intentos de paralización y, de hecho, hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitió que se retomen los sondeos previos a las obras, algo que había recurrido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En esta caso, la Audiencia Nacional ya había denegado la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos contra el acuerdo el pasado enero y acordó abrir pieza separada para analizar las cautelares. La organización aseguraba que esa supuesta falta de competencia a la que aludía convertía el documento del pacto “en un acuerdo informal sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos” y, a su juicio, cualquier actuación derivada del mismo “debe decaer”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que “no se aprecian” causas para la suspensión debido a que “no resultan palmarias las causas de nulidad absoluta” a pesar de que Abogados Cristianos alegue falta de competencia del Arzobispado de Madrid. “Los datos que obran en el expediente administrativo no permiten aval en tan sentido”, apuntan los magistrados.

Por otro lado, no aprecian que la no paralización del acuerdo vaya a producir daños irreparables, pues “no hay, de suyo, ningún efecto ni positivo ni negativo en el espacio físico a alterar como consecuencia del proceso de resignificación. Y tampoco redunda perjuicio irreparable la continuación del referido procedimiento”. “En consecuencia, no procede la suspensión interesada”, concluye la Sala.

El acuerdo recurrido por Abogados Cristianos establecía las bases de la resignificación, mantenía la basílica como espacio dedicado al culto y aseguraba la permanencia de los benedictinos en el monumento.

La historia de la resignificación del Valle de Cuelgamuros –antes Valle de los Caídos– es la de un proceso marcado por los innumerables intentos de frenar cualquiera de los pasos dados por el Gobierno: desde la exhumación de Franco a la de las víctimas allí enterradas y a las que ahora reclaman sus familiares y la transformación física del espacio.

El concurso para ello dio comienzo en abril de 2025 con la apertura del plazo para presentar los planes con los que convertir en un lugar de memoria el mausoleo, en el que están enterradas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sin ningún cartel o panel que explique nada sobre su origen. El jurado eligió en noviembre el proyecto 'La base y la cruz' como ganador del certamen, que propone la construcción de un centro de interpretación. Los costes totales del proceso alcanzarán los 31 millones de euros.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra un hombre que, durante nueve meses, interrumpió misas en una parroquia de Gran Canaria en medio de gritos, amenazas e insultos.

Según Abogados Cristianos, estos hechos son, a su juicio, constitutivos de los delitos de interrupción de culto, amenazas y coacciones, al entender que con su conducta, este hombre no solo perturbó de forma continuada el culto religioso en la parroquia, sino que también generó un clima de intimidación, violencia y miedo entre los feligreses.

Esta situación comenzó en septiembre del pasado año en una iglesia de San Bartolomé de Tirajana, y se prolongó durante nueve meses aproximadamente.

La forma de proceder del hombre consistía en entrar a la parroquia mientras se celebraba la misa y, una vez dentro, comenzaba a gritar y proferir insultos y amenazas a quienes asistían a la celebración eucarística, según el colectivo ultra.

Cuando se le requería deponer su actitud y abandonar el recinto, respondía con una actitud hostil, según los hechos relatados por Abogados Cristianos, y se enfrentaba verbalmente a los responsables de la parroquia y los fieles presentes

Al repetirse estos hechos durante tanto tiempo, muchas personas que acudían a misa los denunciaron, y ello derivó en una primera investigación policial que acabó con la detención de este hombre en Maspalomas, y el inicio de las correspondientes diligencias judiciales en el juzgado de turno de San Bartolomé de Tirajana.

Sobre estos hechos, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que durante nueve meses “decenas de fieles han visto vulnerado su derecho a practicar su fe con libertad mientras las amenazas y los insultos se convertían en algo habitual”.

“Es intolerable que una parroquia tenga que convivir con una situación de acoso continuado. La Justicia debe actuar con firmeza y enviar un mensaje claro: impedir por la fuerza el ejercicio de la libertad religiosa tendrá consecuencias penales”, ha concluido.

Lo que el Papa León XIV ha dicho estos días en Madrid, eso de que nadie puede arrodillarse ante el Señor y al mismo tiempo despreciar al prójimo, no es ninguna novedad teológica. Durante décadas habría sido considerado simplemente doctrina social básica de la Iglesia, pero la deriva actual es tal que en determinados ambientes se está interpretando como una provocación ideológica, generando incomodidad precisamente en los sectores que llevan décadas reclamando para sí el monopolio de los valores cristianos en la política.  

Hemos llegado a un punto en el que conceptos como la compasión, la solidaridad, el multilateralismo, el respeto al derecho internacional o la defensa de los derechos humanos se presentan como posiciones sospechosamente “de izquierdas”, poco menos que un desliz hacia el comunismo. Ya casi resulta verosímil imaginarse a Abogados Cristianos estudiando una querella contra el Papa por desviacionismo ideológico.  

El pasado mes de noviembre, en su primera reunión con la cúpula de los obispos españoles, el Papa ya había dicho que su principal preocupación era el riesgo de manipulación del mensaje cristiano desde los extremismos, una postura que le ha llevado a criticar en varias ocasiones al gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense llegó a decir que el papa León es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, una afirmación tan ridícula que uno podría pensar que es una publicación de ‘El Mundo Today’. Pero es que Santiago Abascal no anda muy lejos de ese marco mental. Ya cuestionó públicamente al obispo de Canarias después de que este recordara algo tan revolucionario como que atender a los migrantes constituye un deber cristiano y una obligación moral elemental. El obispo añadió que cualquiera que pensara lo contrario debería pasar cinco días sin comer dentro de una pequeña embarcación en alta mar. La respuesta de Abascal fue invitarle a abandonar “su palacio episcopal” y comprobar los efectos de la inmigración irregular sobre la sanidad, la seguridad o los salarios de los españoles.  

El conflicto ya es casi más teológico que político, pero la visita del Papa ha venido a reforzar la política proinmigración de Sánchez en un momento en el que necesita —y mucho— tirar de política exterior para tapar la inestabilidad y la crisis interna, y ha situado al PP, con la sombra de VOX, en un fabuloso encaje de bolillos para no verse retratado en el espejo que el Papa sostiene.  

Un PP que, por cierto, eligió precisamente el fin de semana de la visita papal para posicionarse públicamente a favor de Keiko Fujimori en las elecciones peruanas; es decir, a favor de la hija del dictador condenado por crímenes de lesa humanidad. Feijóo publicó el vídeo de apoyo y luego lo borró en redes sociales, pero asistimos al divertido malabarismo de ver esa publicación junto al retuit de un mensaje del Papa diciendo que la historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, si no la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad.  

Qué tiempos estos, cómo para perdérselos. Parafraseando —aunque probablemente de manera apócrifa— a Groucho: Estos son los valores cristianos. Si no te gustan, tranquilo, que tengo otros perfectamente compatibles con mi xenofobia.  

El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa (Asturias) ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los algunos católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen “una burla organizada y consciente” contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo “viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas” y ha añadido que “nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones”.

Asimismo, Castellanos ha defendido que “la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda”, sino “un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa”.

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y otros 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia.

No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

La expresión “gilipollas del año”, sostenía Abogados Cristianos, “carece de interés informativo y no puede ampararse en la libertad de expresión”. “Los juicios de valor (como calificar a Polonia Castellanos Flórez y la Fundación como egoístas, 'gilipollas', estafadores o afirmar que tiene un ego desmedido) utilizan un lenguaje claramente insultante e innecesario”, resaltaba la entidad.

La entrada del Museo del Infantado en Guadalajara, que alberga el museo provincial, ha vivido en la tarde de este viernes un enfrentamiento dialéctico protagonizado por los simpatizantes y detractores de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin'.

Se trata de una muestra cuyo cartel expone a un hombre caracterizado de virgen y que recibió esta semana la denuncia de Abogados Cristianos. Una denuncia contra “su autor”, aunque en este caso la exposición está creada por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

“Ni censura ni sermón”

A través de redes sociales, ambos bandos organizaban convocatoriasde concentración. Los detractores, a rezar un rosario bajo el lema 'Madre, Virgen y sagrada: no manipulada'; y los simpatizantes en respuesta con 'Trae tu silla y palomitas, más arte y menos censura'.

Decenas de personas de ambos grupos han coincidido en este espacio a las puertas del museo de forma pacífica, aunque separados por un cordón policial.

Desde el punto detractor, cerca de un centenar de personas -entre los que se encontraban algunos curas y algunas monjas- han procedido al rezo del rosario.

La concentración de los defensores de la cultura, de su lado, han contraprogramado los rezos con eslóganes y soflamas a la que también se han sumado cerca del centenar de personas. “Menos rosarios y más salarios”, “Vivimos en el siglo XXI”; “El arte no entiende de religión”; “Ni censura ni sermón”; o “Donde ves pecado yo veo arte”, son algunos de los cánticos con los que han querido contrarrestar a los detractores.

La postura de Abogados Cristianos

Fue el pasado martes cuando Abogados Cristianos presentaba un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcaban dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno regional, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe, tal y como informó la entidad.

Consideraban en su denuncia que la imagen del cartel anunciador tergiversaba la obra 'Virgen de la Leche' de Alonso Cano, algo que se producía “mediante fotografías y montajes visuales”. “La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”, lamentaban.

Educación señala que la muestra “reinterpreta” la estética del arte sacro

La Escuela de Arte Elena de la Cruz, impulsora de la exposición, defendió la muestra entonces. Del mismo modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Amador Pastor, apuntaba esta semana que la muestra no pretendía ridiculizar símbolos religiosos, sino “reinterpretar” la estética vinculada al arte sacro.

Explicó entonces que la muestra fue organizada junta a los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas.

El Tribunal Supremo ha avalado que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante de eutanasia pueda recurrir judicialmente una muerte digna ya avalada por los médicos. El Alto Tribunal consagra así la brecha que hallaron asociaciones ultras como Abogados Cristianos para impugnar eutanasias de familiares.

Los 34 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se han reunido pleno para fijar jurisprudencia sobre un asunto controvertido: si un familiar ajeno a las administraciones puede impugnar una eutanasia ya avalada por los informes médicos y juristas de la Comisión de Garantías. La decisión se ha tomado por 23 votos a 9, en una muestra de división en el seno del Alto Tribunal. La sentencia del caso se conocerá en los próximos días, según informa en una nota el Alto Tribunal.

Los jueces han examinado caso de un hombre de 55 años, Francesc A., que ha discurrido en paralelo al de Noelia, la joven parapléjica, cuyo padre frenó durante casi dos años en los tribunales su derecho a la muerte asistida.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia.

La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideraban que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepaba de la Generalitat y argumentaba que debía reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. habían dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con su decisión, el Alto Tribunal avala esta última sentencia del TSJC y abre la puerta a consagrar el derecho de los familiares a recurrir una eutanasia legal y avalada por los médicos, esto es, que la negativa de un padre a un derecho de su hijo baste para retrasarlo, por encima del criterio de los médicos y juristas expertos en muerte digna.

Nueva ofensiva de Abogados Cristianos contra la cultura libre, en esta ocasión contra la exposición ‘Alonso Cano. Like a Virgin’ que alberga el Museo de Guadalajara, de titularidad autonómica.

Esta muestra, que se inauguró el pasado 7 de mayo en el Palacio del Infantado de la ciudad, revisa la imagen del pecho femenino desde el arte clásico hasta la cultura pop, tomando como referencia el icónico cuadro ‘La Virgen de la Leche’ del mencionado artista barroco, conservada en el propio museo. Se trata de una colaboración entre la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ y el Museo Provincial de Guadalajara.

Pero a la Fundación de Abogados Cristianos, como es habitual en este tipo de casos, no le ha gustado nada. Ha presentado un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición. Lo ha hecho a través de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, de la que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara.

Además, la organización ultra ha interpuesto una denuncia penal contra “el autor” de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos. Sin embargo, esta exposición no tiene un único autor: es una muestra colectiva creada de forma interdisciplinar por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

Este colectivo ultra considera que la exposición “tergiversa” el cuadro de Alonso cano mediante sus fotografías y montajes visuales. Interpreta que hay representaciones “blasfemas” de la figura de la Virgen María mediante “corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”.

En su opinión, con ello, la exposición “desnaturaliza deliberadamente” el significado “espiritual y sagrado” de la iconografía mariana, convirtiendo símbolos centrales del cristianismo en “elementos de provocación ideológica y sexual”. Señala además, que el hecho de que la exposición se desarrolle dentro de un museo público y cuente con financiación y respaldo institucional “agrava todavía más la situación”.

La organización solicita la retirada inmediata de las obras al considerar que mantener abierta la exposición provoca un “daño irreparable a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos de millones de católicos”.

Lo cierto es que el objetivo de la exposición es bien diferente. Busca proponer un “diálogo” que conecta la tradición artística con la vanguardia, un recorrido histórico y visual sobre “cómo la imagen del pecho femenino ha oscilado entre lo sagrado, la censura y la actual reivindicación contemporánea”.

En ese sentido, afirman sus organizadores, la figura de la Virgen María es muy representativa porque ha sido históricamente “un territorio de construcción simbólica”. La exposición se estructura en torno a esta evolución, explorando cuatro ejes fundamentales: “El origen, la sospecha, la idealización y la subversión”.

De las 'Vírgenes del vestir' al corsé como intimidad femenina

La exposición está compuesta por piezas históricas (algunas del propio Museo de Guadalajara), fotografías, modelismos y otras piezas textiles. Destaca especialmente el análisis de la indumentaria: cómo el tradicional barroquismo de las ‘Vírgenes de vestir’ (diseñado para ocultar y normativizar) entra en diálogo con el corsé, una prenda históricamente restrictiva que diseñadores como Jean Paul Gaultier “resignificaron” para exteriorizar la intimidad femenina.

Las piezas expuestas demuestran que la moda actual es un lenguaje de reclaiming, rompiendo definitivamente “con las lógicas de la censura”.

En el proyecto han participado alumnos de la asignatura de Fundamentos Artísticos de Bachillerato, junto con los ciclos de grado superior en Estilismo, Fotografía, Gráfica Impresa y Modelismo. “Esta colaboración evidencia la gran riqueza que surge del intercambio entre instituciones patrimoniales y la práctica artística joven y actual”, destaca el Gobierno castellanomanchego en su descripción de la exposición dentro del Portal de Cultura.

Nacho Hernández arrancó su exposición La Voz Humana en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid a mediados de marzo con normalidad. Se trataba de una exposición muy trabajada que reinterpretaba “de forma muy libre” la obra teatral homónima de Jean Cocteau que escribió en 1930. Para ello, recurrió, entre otros aspectos, a la iconografía religiosa, algo que han criticado Vox y Abogados Cristianos, que han intentado que la Diputación, que dirige el Partido Popular, censure y retire dos de las piezas que componen la muestra, que se mantendrá hasta el 4 de mayo.

El artista denuncia el acoso que está sufriendo a través de redes sociales después de los reproches de Vox y la fundación de abogados ultra, especialmente en Instagram. “Estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes homófobos y de mensajes de odio... y mensajes bastante groseros. Estamos en el 2026 y creo que la sociedad tiene que avanzar hacia adelante. Mientras haya ese tipo de desprecio, homofobia y odio hacia todo lo que es diferente, yo creo que la sociedad no va a avanzar”, reflexiona. Nacho Hernández asegura que cada vez que abre su cuenta de Instagram tiene que bloquear gente y eliminar mensajes de odio desde el viernes 3 de abril.

“Esto me está violentando muchísimo. Es muy violento cuando alguien te está criticando pero no sabe muy bien o tiene mucho desconocimiento de lo que está criticando”, lamenta Hernández, aunque reconoce que también está recibiendo aliento por otros usuarios. En conversación con elDiario.es, el pintor vallisoletano agradece el apoyo de la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, institución con la que ajustó las piezas que formarían parte de la exposición de manera “precavida” y con la que ha tenido una relación “muy estrecha y muy bonita”.

Hernández se considera cristiano, aunque alejado de la Iglesia Católica, y reivindica el uso de iconografía religiosa en el arte. También ensalza que mientras los artistas continúen utilizando la iconografía religiosa “el mito de Cristo seguirá vivo”. “No hay nada malo en trabajar con elementos cristianos”, reclama. También recuerda que este uso no es nuevo y que se utiliza también en otros ámbitos culturales como la música, la escultura o la pintura. “Yo siempre recurro mucho a la iconografía porque yo soy cristiano, y creo que esta gente está muy equivocada porque cuando un artista trabaja con la iconografía cristiana, en cierta medida es porque hay un vínculo, hay una creencia hacia lo que está trabajando; si no, no lo haría. Considero que nada de mis imágenes es irreverente, absolutamente nada”, reivindica.

“Es una manera de contemporaneizar la iconografía”

El pintor, nacido en León y residente en Barcelona, rechaza que se pretenda ofender a nadie con su exposición. “Es más, creo que es una manera de contemporaneizar la iconografía religiosa. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que es muy conservador y cuando se trabaja con conceptos que no son los clásicos, se llevan las manos a la cabeza. Pero no hay nada ofensivo en esas dos crucifixiones que están expuestas”, defiende.

“Yo siempre trato la imagen de Cristo con muchísimo respeto. La iconografía me atrae y la respeto. Y me escandaliza que se me tache de lo contrario”, continúa Hernández, que cree que, en general, el arte puede servir también a la Iglesia para atraer más feligreses. “La Iglesia debería ser más hábil y contemporánea. A través del arte se llega a nuevas personas con ideas muy distintas. El arte es el que ha hecho que la imagen de Cristo tenga mucho poder”, sostiene.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida. La crítica de Vox y de Abogados Cristianos incluía, concretamente, a dos crucifixiones que, según ellos, atacaban a los sentimientos religiosos. “Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida.

“Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica. El artista recuerda que, además, la crucifixión era una pena de muerte y que no era algo exclusivo de Cristo. A través de estas piezas, Hernández quiere hablar de cómo cada uno 'carga su propia cruz' y convive con sus frustraciones, todo ello inspirado también en el pintor Edgar Guanipa y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

Nacho Hernández carga contra aquellos que “distorsionan la realidad para conseguir votos, atrapar la atención y tener publicidad” porque “descontextualizan” la exposición. El pintor lamenta que “un sector de la sociedad” pretenda decidir “qué es arte y qué no”, “cómo se tiene que expresar y cómo no”. “Existe la libertad de expresión, y si algo no te gusta, puedes hacer una crítica correcta y educada, no insultando o faltando al respeto. Lo que no puedes hacer es clausurar o censura algunas imágenes”, protesta.

La fundación ultracatólica de Abogados Cristianos ha solicitado a la Diputación de Valladolid que censure dos obras concretas incluidas en la exposición “La voz humana”, del artista Nacho Hernández, que se exhibe en el Palacio Pimentel de Valladolid, que estará abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026. Poco después de la inauguración de la muestra, justo antes de Semana Santa, Vox criticó que la Diputación Provincial de Valladolid apoyara la celebración religios “como expresión de Fe y de Tradición” en la provincia, mientras se exponen en la sala de su sede “obras que hieren la sensibilidad de los católicos”.

Abogados Cristianos considera que las dos piezas podrían suponer “un delito contra los sentimientos religiosos” porque interpreta que Hernández ha utilizado “la crucifixión de forma ofensiva y como una provocación deliberada en plena Semana Santa y Pascua”, según han señalado a través de un comunicado. No es el primer intento de censura relacionado con la Semana Santa: en febrero un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent declararon como investigados por la performance de una procesión que hicieron en Tarragona. En diciembre, fueron contra un festival porque su cartel recomponía La Sagrada Cena y la Virgen María llevaba gafas de sol.

La organización ha presentado una solicitud de información y una reclamación administrativa ante la Diputación por dos obras concretas: 'Raúl, voz humana. Crucifixión' y 'Crucifixión Edgar Guanipa. Godot', en las que “se utiliza la imagen de la crucifixión de Jesucristo de forma grotesca y vejatoria en una exposición financiada y promovida por una institución pública”. “El uso de la imagen de la crucifixión, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana, en este tipo de representaciones supone desvirtuar su sentido original, al desvincularlo de su carácter sagrado y convertirlo en un elemento meramente provocador”, interpreta Abogados Cristianos. 

Abogados Cristianos critica el “respaldo institucional” de la Diputación de Valladolid a esta muestra y se jacta de que consiguió que en 2025 la Justicia mexicana ordenase la censura de una exposición de Fabián Chairez, como si las leyes de ambos Estados fueran equiparables. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido en el comunicado que no se utilice dinero público para “difundir obras que banalizan o ridiculizan los símbolos más sagrados del cristianismo”.

Tras las críticas de Vox, la Diputación de Valladolid (PP), defendió libertad creativa de los artistas. La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León tildó estos reproches de “censura” porque Vox defendió que el arte debía “transmitir valores estéticos y emocionales positivos”. “Eso no describe el arte, sino la censura”, zanjó hace unos días la asociación de artistas, que consideró que Vox pretende “intimidar” a los artistas al llevar este asunto al pleno provincial del 24 de abril.

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Donostia contra la rapera dominicana Tokischa por un presunto delito de profanación tras la publicación de unas imágenes de “alto contenido sexual” tomadas en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro. Según critica la fundación en un comunicado, la artista “aparece semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- posando de forma provocativa dentro del templo”, situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.

La imagen forma parte de un cortometraje creado por la artista y que, para Abogados Cristianos “evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”. “Los hechos han tenido ”una gran trascendencia pública, lo que ha generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España“, aseguran.

La organización ultra defiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal, al tratarse de actos realizados en un templo “con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos”. “No se trata de un hecho aislado, ya que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega (República Dominicana) por realizar actos similares en un santuario religioso, lo que evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación”, aseguran desde Abogados Cristianos, quienes recuerdan que “en defensa de la libertad religiosa y por profanación” ya lograron una sentencia condenatoria contra las activistas de FEMEN por “asaltar la Catedral de la Almudena desnudas” durante una protesta.

Por su parte, el Obispado de Donostia ha detallado este miércoles que no ha concedido autorización alguna para la grabación o producción del video de la rapera y ha señalado que está estudiando si estos hechos “pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica”. Según ha explicado el Obispado en un comunicado, el 18 de julio del pasado año la Productora Visore solicitó la autorización para filmar una escena “breve” dentro de algún templo de la Diócesis de San Sebastián, asegurando que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpa la dinámica del lugar”. “Al solicitar una ampliación de la información sobre el proyecto, el 21 de julio la productora indicó que se trataba de un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética, en la que nos interesa especialmente contar con el acompañamiento y la colaboración de instituciones locales que le den aún más sentido y arraigo a lo que estamos contando”, recoge el escrito, que sostiene que tras indagar trabajos de la Visore y de la artista, el Obispado de San Sebastián comunicó a la productora que no autorizaba la grabación del proyecto “en ninguno de los templos o ermitas” de la Diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la Basílica donostiarra de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, pero “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado”, ha señalado el Obispado. Ha sido después del estreno del vídeo y de la difusión de imágenes en las redes sociales, cuando el Obispado ha tenido conocimiento tanto del lugar como del contenido de la grabación. Por ello, “de forma inmediata” se ha puesto en contacto con la productora para exigir la retirada de las imágenes grabadas en la basílica y recordar la negativa para dicha grabación.

En este sentido, ha lamentado “profundamente” el “uso indebido de un espacio sagrado” para la realización de contenidos que “resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”. Según el derecho canónico, en un lugar sagrado “sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar”, detallan desde el Obispado, añadiendo que en casos concretos y particulares, el Obispo puede permitir que se lleven a cabo otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (conciertos, exposiciones).

Por todo ello, desde el Obispado se está estudiando si estos hechos pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica. Además, se ha invitado a mantener “siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad”, sentencian.

Por el momento ni la artista ni la productora se han pronunciado al respecto, pero sí que han difundido las imágenes y vídeos de su proyecto a través de redes sociales con un mensaje dedicado a Dios, explicando que la grabación se ha realizado “en una iglesia en San Sebastián”. “Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten. Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma. Es amor puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores. Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo [...] pero ustedes creen que solo está en la Iglesia”, publicó la rapera.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.