El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa (Asturias) ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los algunos católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen “una burla organizada y consciente” contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo “viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas” y ha añadido que “nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones”.

Asimismo, Castellanos ha defendido que “la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda”, sino “un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa”.

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y otros 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia.

No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

La expresión “gilipollas del año”, sostenía Abogados Cristianos, “carece de interés informativo y no puede ampararse en la libertad de expresión”. “Los juicios de valor (como calificar a Polonia Castellanos Flórez y la Fundación como egoístas, 'gilipollas', estafadores o afirmar que tiene un ego desmedido) utilizan un lenguaje claramente insultante e innecesario”, resaltaba la entidad.

La entrada del Museo del Infantado en Guadalajara, que alberga el museo provincial, ha vivido en la tarde de este viernes un enfrentamiento dialéctico protagonizado por los simpatizantes y detractores de la exposición 'Alonso Cano. Like a Virgin'.

Se trata de una muestra cuyo cartel expone a un hombre caracterizado de virgen y que recibió esta semana la denuncia de Abogados Cristianos. Una denuncia contra “su autor”, aunque en este caso la exposición está creada por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

“Ni censura ni sermón”

A través de redes sociales, ambos bandos organizaban convocatoriasde concentración. Los detractores, a rezar un rosario bajo el lema 'Madre, Virgen y sagrada: no manipulada'; y los simpatizantes en respuesta con 'Trae tu silla y palomitas, más arte y menos censura'.

Decenas de personas de ambos grupos han coincidido en este espacio a las puertas del museo de forma pacífica, aunque separados por un cordón policial.

Desde el punto detractor, cerca de un centenar de personas -entre los que se encontraban algunos curas y algunas monjas- han procedido al rezo del rosario.

La concentración de los defensores de la cultura, de su lado, han contraprogramado los rezos con eslóganes y soflamas a la que también se han sumado cerca del centenar de personas. “Menos rosarios y más salarios”, “Vivimos en el siglo XXI”; “El arte no entiende de religión”; “Ni censura ni sermón”; o “Donde ves pecado yo veo arte”, son algunos de los cánticos con los que han querido contrarrestar a los detractores.

La postura de Abogados Cristianos

Fue el pasado martes cuando Abogados Cristianos presentaba un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición, inaugurada el pasado 7 de mayo en el Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos se enmarcaban dentro de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno regional, organismo que autorizó la exposición y del que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara, donde actualmente se exhibe, tal y como informó la entidad.

Consideraban en su denuncia que la imagen del cartel anunciador tergiversaba la obra 'Virgen de la Leche' de Alonso Cano, algo que se producía “mediante fotografías y montajes visuales”. “La exposición incluye representaciones blasfemas de la figura de la Virgen María mediante corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”, lamentaban.

Educación señala que la muestra “reinterpreta” la estética del arte sacro

La Escuela de Arte Elena de la Cruz, impulsora de la exposición, defendió la muestra entonces. Del mismo modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Amador Pastor, apuntaba esta semana que la muestra no pretendía ridiculizar símbolos religiosos, sino “reinterpretar” la estética vinculada al arte sacro.

Explicó entonces que la muestra fue organizada junta a los estudios de diseño de moda de la escuela artística y que el objetivo planteado al alumnado era reinterpretar vestuarios inspirados en obras de arte barrocas.

El Tribunal Supremo ha avalado que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante de eutanasia pueda recurrir judicialmente una muerte digna ya avalada por los médicos. El Alto Tribunal consagra así la brecha que hallaron asociaciones ultras como Abogados Cristianos para impugnar eutanasias de familiares.

Los 34 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se han reunido pleno para fijar jurisprudencia sobre un asunto controvertido: si un familiar ajeno a las administraciones puede impugnar una eutanasia ya avalada por los informes médicos y juristas de la Comisión de Garantías. La decisión se ha tomado por 23 votos a 9, en una muestra de división en el seno del Alto Tribunal. La sentencia del caso se conocerá en los próximos días, según informa en una nota el Alto Tribunal.

Los jueces han examinado caso de un hombre de 55 años, Francesc A., que ha discurrido en paralelo al de Noelia, la joven parapléjica, cuyo padre frenó durante casi dos años en los tribunales su derecho a la muerte asistida.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia.

La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideraban que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepaba de la Generalitat y argumentaba que debía reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. habían dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con su decisión, el Alto Tribunal avala esta última sentencia del TSJC y abre la puerta a consagrar el derecho de los familiares a recurrir una eutanasia legal y avalada por los médicos, esto es, que la negativa de un padre a un derecho de su hijo baste para retrasarlo, por encima del criterio de los médicos y juristas expertos en muerte digna.

Nueva ofensiva de Abogados Cristianos contra la cultura libre, en esta ocasión contra la exposición ‘Alonso Cano. Like a Virgin’ que alberga el Museo de Guadalajara, de titularidad autonómica.

Esta muestra, que se inauguró el pasado 7 de mayo en el Palacio del Infantado de la ciudad, revisa la imagen del pecho femenino desde el arte clásico hasta la cultura pop, tomando como referencia el icónico cuadro ‘La Virgen de la Leche’ del mencionado artista barroco, conservada en el propio museo. Se trata de una colaboración entre la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ y el Museo Provincial de Guadalajara.

Pero a la Fundación de Abogados Cristianos, como es habitual en este tipo de casos, no le ha gustado nada. Ha presentado un recurso ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara solicitando la retirada “cautelarísima” de la exposición. Lo ha hecho a través de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, de la que depende directamente el Museo Provincial de Guadalajara.

Además, la organización ultra ha interpuesto una denuncia penal contra “el autor” de la exposición por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos. Sin embargo, esta exposición no tiene un único autor: es una muestra colectiva creada de forma interdisciplinar por más de 70 alumnos y cinco docentes de tres departamentos de la Escuela de Arte ‘Elena de la Cruz’ de Guadalajara, bajo la coordinación y comisariado de Jorge Jiménez.

Este colectivo ultra considera que la exposición “tergiversa” el cuadro de Alonso cano mediante sus fotografías y montajes visuales. Interpreta que hay representaciones “blasfemas” de la figura de la Virgen María mediante “corsés, cuero, lencería erótico-fetichista y travestismo”.

En su opinión, con ello, la exposición “desnaturaliza deliberadamente” el significado “espiritual y sagrado” de la iconografía mariana, convirtiendo símbolos centrales del cristianismo en “elementos de provocación ideológica y sexual”. Señala además, que el hecho de que la exposición se desarrolle dentro de un museo público y cuente con financiación y respaldo institucional “agrava todavía más la situación”.

La organización solicita la retirada inmediata de las obras al considerar que mantener abierta la exposición provoca un “daño irreparable a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos de millones de católicos”.

Lo cierto es que el objetivo de la exposición es bien diferente. Busca proponer un “diálogo” que conecta la tradición artística con la vanguardia, un recorrido histórico y visual sobre “cómo la imagen del pecho femenino ha oscilado entre lo sagrado, la censura y la actual reivindicación contemporánea”.

En ese sentido, afirman sus organizadores, la figura de la Virgen María es muy representativa porque ha sido históricamente “un territorio de construcción simbólica”. La exposición se estructura en torno a esta evolución, explorando cuatro ejes fundamentales: “El origen, la sospecha, la idealización y la subversión”.

De las 'Vírgenes del vestir' al corsé como intimidad femenina

La exposición está compuesta por piezas históricas (algunas del propio Museo de Guadalajara), fotografías, modelismos y otras piezas textiles. Destaca especialmente el análisis de la indumentaria: cómo el tradicional barroquismo de las ‘Vírgenes de vestir’ (diseñado para ocultar y normativizar) entra en diálogo con el corsé, una prenda históricamente restrictiva que diseñadores como Jean Paul Gaultier “resignificaron” para exteriorizar la intimidad femenina.

Las piezas expuestas demuestran que la moda actual es un lenguaje de reclaiming, rompiendo definitivamente “con las lógicas de la censura”.

En el proyecto han participado alumnos de la asignatura de Fundamentos Artísticos de Bachillerato, junto con los ciclos de grado superior en Estilismo, Fotografía, Gráfica Impresa y Modelismo. “Esta colaboración evidencia la gran riqueza que surge del intercambio entre instituciones patrimoniales y la práctica artística joven y actual”, destaca el Gobierno castellanomanchego en su descripción de la exposición dentro del Portal de Cultura.

Nacho Hernández arrancó su exposición La Voz Humana en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid a mediados de marzo con normalidad. Se trataba de una exposición muy trabajada que reinterpretaba “de forma muy libre” la obra teatral homónima de Jean Cocteau que escribió en 1930. Para ello, recurrió, entre otros aspectos, a la iconografía religiosa, algo que han criticado Vox y Abogados Cristianos, que han intentado que la Diputación, que dirige el Partido Popular, censure y retire dos de las piezas que componen la muestra, que se mantendrá hasta el 4 de mayo.

El artista denuncia el acoso que está sufriendo a través de redes sociales después de los reproches de Vox y la fundación de abogados ultra, especialmente en Instagram. “Estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes homófobos y de mensajes de odio... y mensajes bastante groseros. Estamos en el 2026 y creo que la sociedad tiene que avanzar hacia adelante. Mientras haya ese tipo de desprecio, homofobia y odio hacia todo lo que es diferente, yo creo que la sociedad no va a avanzar”, reflexiona. Nacho Hernández asegura que cada vez que abre su cuenta de Instagram tiene que bloquear gente y eliminar mensajes de odio desde el viernes 3 de abril.

“Esto me está violentando muchísimo. Es muy violento cuando alguien te está criticando pero no sabe muy bien o tiene mucho desconocimiento de lo que está criticando”, lamenta Hernández, aunque reconoce que también está recibiendo aliento por otros usuarios. En conversación con elDiario.es, el pintor vallisoletano agradece el apoyo de la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, institución con la que ajustó las piezas que formarían parte de la exposición de manera “precavida” y con la que ha tenido una relación “muy estrecha y muy bonita”.

Hernández se considera cristiano, aunque alejado de la Iglesia Católica, y reivindica el uso de iconografía religiosa en el arte. También ensalza que mientras los artistas continúen utilizando la iconografía religiosa “el mito de Cristo seguirá vivo”. “No hay nada malo en trabajar con elementos cristianos”, reclama. También recuerda que este uso no es nuevo y que se utiliza también en otros ámbitos culturales como la música, la escultura o la pintura. “Yo siempre recurro mucho a la iconografía porque yo soy cristiano, y creo que esta gente está muy equivocada porque cuando un artista trabaja con la iconografía cristiana, en cierta medida es porque hay un vínculo, hay una creencia hacia lo que está trabajando; si no, no lo haría. Considero que nada de mis imágenes es irreverente, absolutamente nada”, reivindica.

“Es una manera de contemporaneizar la iconografía”

El pintor, nacido en León y residente en Barcelona, rechaza que se pretenda ofender a nadie con su exposición. “Es más, creo que es una manera de contemporaneizar la iconografía religiosa. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que es muy conservador y cuando se trabaja con conceptos que no son los clásicos, se llevan las manos a la cabeza. Pero no hay nada ofensivo en esas dos crucifixiones que están expuestas”, defiende.

“Yo siempre trato la imagen de Cristo con muchísimo respeto. La iconografía me atrae y la respeto. Y me escandaliza que se me tache de lo contrario”, continúa Hernández, que cree que, en general, el arte puede servir también a la Iglesia para atraer más feligreses. “La Iglesia debería ser más hábil y contemporánea. A través del arte se llega a nuevas personas con ideas muy distintas. El arte es el que ha hecho que la imagen de Cristo tenga mucho poder”, sostiene.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida. La crítica de Vox y de Abogados Cristianos incluía, concretamente, a dos crucifixiones que, según ellos, atacaban a los sentimientos religiosos. “Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica.

En general, Hernández suele trabajar a partir de textos teatrales o de obras que pueden ser adaptadas en fotografía y en pintura. En el caso de La Voz Humana, el artista quería hablar de la pérdida de un ser querido —no necesariamente un amante como en el caso de la obra de Cocteau— que ha servido como “sustento, muleta y apoyo” durante toda la vida.

“Supongo que les habrá escandalizado que ese chico —crucificado— lleve tacones, aunque esta haya sido una prenda que históricamente empezaron usándola los hombres en la corte del rey Sol. Y que los tonos de colores sean rosas. Claro, que todo tiene un sentido: en el texto de Cocteau, el vestido de la mujer es rosa, y por eso jugué mucho con esos tonos”, explica. El artista recuerda que, además, la crucifixión era una pena de muerte y que no era algo exclusivo de Cristo. A través de estas piezas, Hernández quiere hablar de cómo cada uno 'carga su propia cruz' y convive con sus frustraciones, todo ello inspirado también en el pintor Edgar Guanipa y la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

Nacho Hernández carga contra aquellos que “distorsionan la realidad para conseguir votos, atrapar la atención y tener publicidad” porque “descontextualizan” la exposición. El pintor lamenta que “un sector de la sociedad” pretenda decidir “qué es arte y qué no”, “cómo se tiene que expresar y cómo no”. “Existe la libertad de expresión, y si algo no te gusta, puedes hacer una crítica correcta y educada, no insultando o faltando al respeto. Lo que no puedes hacer es clausurar o censura algunas imágenes”, protesta.

La fundación ultracatólica de Abogados Cristianos ha solicitado a la Diputación de Valladolid que censure dos obras concretas incluidas en la exposición “La voz humana”, del artista Nacho Hernández, que se exhibe en el Palacio Pimentel de Valladolid, que estará abierta al público hasta el 3 de mayo de 2026. Poco después de la inauguración de la muestra, justo antes de Semana Santa, Vox criticó que la Diputación Provincial de Valladolid apoyara la celebración religios “como expresión de Fe y de Tradición” en la provincia, mientras se exponen en la sala de su sede “obras que hieren la sensibilidad de los católicos”.

Abogados Cristianos considera que las dos piezas podrían suponer “un delito contra los sentimientos religiosos” porque interpreta que Hernández ha utilizado “la crucifixión de forma ofensiva y como una provocación deliberada en plena Semana Santa y Pascua”, según han señalado a través de un comunicado. No es el primer intento de censura relacionado con la Semana Santa: en febrero un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent declararon como investigados por la performance de una procesión que hicieron en Tarragona. En diciembre, fueron contra un festival porque su cartel recomponía La Sagrada Cena y la Virgen María llevaba gafas de sol.

La organización ha presentado una solicitud de información y una reclamación administrativa ante la Diputación por dos obras concretas: 'Raúl, voz humana. Crucifixión' y 'Crucifixión Edgar Guanipa. Godot', en las que “se utiliza la imagen de la crucifixión de Jesucristo de forma grotesca y vejatoria en una exposición financiada y promovida por una institución pública”. “El uso de la imagen de la crucifixión, uno de los símbolos centrales de la fe cristiana, en este tipo de representaciones supone desvirtuar su sentido original, al desvincularlo de su carácter sagrado y convertirlo en un elemento meramente provocador”, interpreta Abogados Cristianos. 

Abogados Cristianos critica el “respaldo institucional” de la Diputación de Valladolid a esta muestra y se jacta de que consiguió que en 2025 la Justicia mexicana ordenase la censura de una exposición de Fabián Chairez, como si las leyes de ambos Estados fueran equiparables. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha defendido en el comunicado que no se utilice dinero público para “difundir obras que banalizan o ridiculizan los símbolos más sagrados del cristianismo”.

Tras las críticas de Vox, la Diputación de Valladolid (PP), defendió libertad creativa de los artistas. La Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León tildó estos reproches de “censura” porque Vox defendió que el arte debía “transmitir valores estéticos y emocionales positivos”. “Eso no describe el arte, sino la censura”, zanjó hace unos días la asociación de artistas, que consideró que Vox pretende “intimidar” a los artistas al llevar este asunto al pleno provincial del 24 de abril.

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Donostia contra la rapera dominicana Tokischa por un presunto delito de profanación tras la publicación de unas imágenes de “alto contenido sexual” tomadas en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro. Según critica la fundación en un comunicado, la artista “aparece semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- posando de forma provocativa dentro del templo”, situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.

La imagen forma parte de un cortometraje creado por la artista y que, para Abogados Cristianos “evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”. “Los hechos han tenido ”una gran trascendencia pública, lo que ha generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España“, aseguran.

La organización ultra defiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal, al tratarse de actos realizados en un templo “con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos”. “No se trata de un hecho aislado, ya que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega (República Dominicana) por realizar actos similares en un santuario religioso, lo que evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación”, aseguran desde Abogados Cristianos, quienes recuerdan que “en defensa de la libertad religiosa y por profanación” ya lograron una sentencia condenatoria contra las activistas de FEMEN por “asaltar la Catedral de la Almudena desnudas” durante una protesta.

Por su parte, el Obispado de Donostia ha detallado este miércoles que no ha concedido autorización alguna para la grabación o producción del video de la rapera y ha señalado que está estudiando si estos hechos “pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica”. Según ha explicado el Obispado en un comunicado, el 18 de julio del pasado año la Productora Visore solicitó la autorización para filmar una escena “breve” dentro de algún templo de la Diócesis de San Sebastián, asegurando que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpa la dinámica del lugar”. “Al solicitar una ampliación de la información sobre el proyecto, el 21 de julio la productora indicó que se trataba de un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética, en la que nos interesa especialmente contar con el acompañamiento y la colaboración de instituciones locales que le den aún más sentido y arraigo a lo que estamos contando”, recoge el escrito, que sostiene que tras indagar trabajos de la Visore y de la artista, el Obispado de San Sebastián comunicó a la productora que no autorizaba la grabación del proyecto “en ninguno de los templos o ermitas” de la Diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la Basílica donostiarra de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, pero “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado”, ha señalado el Obispado. Ha sido después del estreno del vídeo y de la difusión de imágenes en las redes sociales, cuando el Obispado ha tenido conocimiento tanto del lugar como del contenido de la grabación. Por ello, “de forma inmediata” se ha puesto en contacto con la productora para exigir la retirada de las imágenes grabadas en la basílica y recordar la negativa para dicha grabación.

En este sentido, ha lamentado “profundamente” el “uso indebido de un espacio sagrado” para la realización de contenidos que “resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”. Según el derecho canónico, en un lugar sagrado “sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar”, detallan desde el Obispado, añadiendo que en casos concretos y particulares, el Obispo puede permitir que se lleven a cabo otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (conciertos, exposiciones).

Por todo ello, desde el Obispado se está estudiando si estos hechos pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica. Además, se ha invitado a mantener “siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad”, sentencian.

Por el momento ni la artista ni la productora se han pronunciado al respecto, pero sí que han difundido las imágenes y vídeos de su proyecto a través de redes sociales con un mensaje dedicado a Dios, explicando que la grabación se ha realizado “en una iglesia en San Sebastián”. “Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten. Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma. Es amor puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores. Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo [...] pero ustedes creen que solo está en la Iglesia”, publicó la rapera.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

Un polémico tuit del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, publicado en 2024 donde se reafirmaba en que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”, provocó la reacción del ex secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique quien, a su vez, difundió en la misma red social X una réplica con un tuit relativo a los abusos sexuales en la Iglesia.

Por este comentario, Echenique será juzgado el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la querella interpuesta contra él por la Fundación Española de Abogados Cristianos que pide que se le imponga una pena de un año de cárcel por un delito de provocación a la discriminación y al odio.

La Fiscalía se opuso a que se abriera una causa contra el ex secretario de Organización de Podemos al no apreciar la existencia de delito alguno, por lo que no ha formulado acusación.

El tuit de Echenique

“Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X y que ha motivado la interposición de la querella.

Para Abogados Cristianos, este tuit de Echenique “no es ni mucho menos un hecho aislado” y considera que ha sido una “constante” en las publicaciones en sus redes sociales “el discurso de odio” hacia la Iglesia católica y sus miembros.

“Entre los ataques más graves se encuentra el llamamiento a que la Iglesia católica en España directamente se disuelva”, destacaba la Fundación en su querella contra el exdiputado.

“No supone un delito de odio”

Echenique declaró en el juzgado de instrucción que la publicación de ese mensaje en X no supone un delito de odio, dado que su intención no fue la de criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los migrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Su tuit respondía, según explicó, a las afirmaciones de Sanz Montes en un artículo publicado por el diario La Voz de Asturias, que se titulaba 'Las polémicas palabras del arzobispo de Oviedo sobre inmigración': “Dentro de esta apertura buenista, se nos pude colar gente que son indeseados”.

Los polémicos tuits del arzobispo

Unas declaraciones que se habían reproducido de una entrevista concedida a Infovaticana y publicada en dos partes, en mayo de 2024, y de la que se hicieron eco numerosas publicaciones, entre otras elDiario.es Asturias.

En sus manifestaciones, el arzobispo suavizaba el posicionamiento de la Iglesia al abordar los casos de pederastia, al remitirse a la estadística de la Fundación Anar que calcula que no superan el 0,2%, y se pronunciaba sobre otros temas como el cambio climático, la Agenda 2030 o insistía en que era imposible la regularización de 500.000 inmigrantes en España, como recoge la Iniciativa Legislativa Popular, porque “aquí no caben todos”.

Sanz: “En España caben los que caben”

En esta entrevista, el arzobispo se reafirmaba en que nuestro país no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles: “Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos”.

“Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento etc…”, contestaba sin tapujos.

A continuación, se puede leer la información que elDiario.es Asturias publicó, el 10 de mayo de 2024, con el extracto de las frases pronunciadas por Jesús Sanz Montes, que fueron difundidas en varias redes sociales, entre otras, en X.

Jesús Sanz Montes es, a diferencia de sus predecesores como arzobispo de Oviedo, una persona que suele recurrir a volcar en todas sus declaraciones su propia opinión personal muy cercana a la ultraderecha.

El enfrentamiento con Barbón y Lastra

Es el primer arzobispo que aprovecha sus homilías en la festividad del día de Asturias, que se celebra el 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga y a la que habitualmente siempre asistían las principales autoridades religiosas, civiles, militares y de todos los ámbitos de la sociedad española como altavoz de estas opiniones, generalmente de índole política que le ha llevado a protagonizar enfrentamientos, entre otros, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno Adriana Lastra.

Unos enfrentamientos que se escenificaron públicamente y que se saldaron con la ausencia de los dos políticos socialistas asturianos en los actos religiosos en la Basílica de Covadonga.

Sanz se refirió a Lastra como 'la seño'

A la petición de Adriana Lastra pidiendo al arzobispo que abandonara los discursos ultraderechistas, Sanz Montes utilizó la red social para contestarla, pero en su respuesta se refería a ella, de forma despectiva, como “la seño”. A continuación reproducimos el tuit que le dedicó a la delegada del Gobierno en Asturias, en 2024.

El arzobispo no se limita a exponer su punto de vista sobre la política regional asturiana, sino que no tiene límites, como se puede comprobar en cada tuit, ahora post, en X, principalmente.

Las críticas al Gobierno

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluía una tribuna de opinión publicada en 2023 en el diario ABC.

Sanz Montes no solo calificaba de “inmoral” el pacto con los independentistas sino que también justificaba las protestas que se producían en todo el país frente a las sedes del PSOE y que en varias ocasiones han finalizado con cargas policiales.

El juicio

Para el arzobispo “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Pese a todas las polémicas protagonizadas por Jesús Sanz Montes, un tuit de réplica de Pablo Echenique a uno de sus comentarios le llevará a tener que defenderse en la Audiencia Provincial de Madrid frente a la acusación formulada por Abogados Cristianos.

Los testigos

En el juicio, que está señalado para el próximo viernes, está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Echenique había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y, según fuentes consultadas, ha pedido que se mantenga su comparecencia.

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por un delito de coacciones contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castelllanos. Héctor de Miguel anunció en enero una retirada temporal tras la última ofensiva ultraderechista contra él.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la Cadena SER.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse. La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.

En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó archivar la causa abierta contra el humorista Héctor de Miguel, procesado por la denuncia de Abogados Cristianos que le acusaba de incitar al odio contra los sacerdotes por bromear en el programa 'Hora Veintipico' de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. Los jueces, tal y como defundió el propio humorista, estimaron su recurso apoyado por la Fiscalía y ordenaron el sobreseimiento tras anular la decisión del juez Valle, que comparó su broma sobre el Valle de los Caídos con amenazas de agredir a homosexuales en Chueca, de procesarle y dejarle al borde de juicio.

Héctor de Miguel y los trabajadores de 'Hora Veintipico' recibieron amenazas explícitas en enero tras un programa emitido dos días después de la tragedia de Adamuz, en el que hacían una crítica mordaz al sensacionalismo con el que ciertos formatos televisivos habían abordado el accidente. Algunas cuentas con decenas de miles de seguidores, como la del sindicato policial Jusapol o Alt Rigth España, iniciaron el señalamiento. “Es para reventarlos pero bien”, “se asesina poco en España”, “tiene que llegar el día que esta gente no pueda pisar la calle con normalidad”, “hasta que los periodistas de este país no lleven escolta, estaremos perdiendo”, “se les buscará casa por casa y se les ajusticiará en el portal, esa es la correcta solución”, fueron algunos de esos mensajes.

Menos de un mes ha durado el último intento de Abogados Cristianos de intentar impedir la eutanasia de la joven N.,  que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para revertir en los tribunales el criterio médico que la avaló.

Según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado, su Sala Segunda, en sesión extraordinaria convocada para este viernes y por unanimidad, ha inadmitido “por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo” el recurso de amparo del padre de la joven N. La Sala está formada por cuatro magistrados progresistas —Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Saez y Laura Díez— y dos conservadores —Enrique Arnaldo y César Tolosa.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado mes de enero el recurso del padre. Una vez agotada las instancias judiciales, Abogados Cristianos anunció que proseguiría su estrategia dilatoria primero ante el Constitucional e incluso ante la Justicia europea. Las puertas en España ya se han cerrado.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo que Abogados Cristianos frene la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hizo decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimado para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven. En esta causa, pese a no ser el objeto del pleito, los ultras han pedido la suspensión de la eutanasia de N. hasta que se someta a tratamiento psiquiátrico.

Los ultracatólicos Abogados Cristianos lo han vuelto a hacer. Un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent, han tenido que declarar como investigados este miércoles por un delito de escarnio a los sentimientos religiosos por la performance de una procesión que hicieron en Tortosa (Tarragona) en honor a Santa Baldana, un embutido típico de la zona.

El caso de la performance de Tortosa vuelve a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Según han informado fuentes jurídicas, el artista Josep Pinyol y los otros tres investigados han explicado el motivo artístico y contexto de la obra: durante el VII Foro de Cultura y Ruralidades celebrado en Tortosa en 2024, ocho costaleros portaban el paso (una estructura con patas de cerdo y morcillas), precedido por una banda de música y seguido por unas 300 personas en romería para conmemorar la Santa Baldana y llevar a los asistentes de un punto a otro del evento.

También han desmentido que con su creación artística buscaran burlarse u ofender a los sentimientos religiosos. “La Santa Baldana nos acompaña con el mismo espíritu de paz y abundancia con el que vino, pese a que algunos les dé miedo”, ha manifestado a las puertas del juzgado Pinyol, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Por su lado, el abogado del artista, Eric Sanz de Bremond, ha confiado en que el juzgado archive el caso una vez practicadas todas las declaraciones: “Es un claro ejercicio de libertad de expresión y artística sin burla”.

Al margen de la actividad judicial de Abogados Cristianos y otras entidades ultras, el Gobierno se comprometió a derogar el delito contra los sentimientos religiosos a lo largo de 2025. Se trata de una reivindicación histórica de la izquierda y una promesa del Ejecutivo de coalición desde hace ocho años. A día de hoy, el delito sigue en el Código Penal.

Los investigados han recibido el apoyo de Amnistía Internacional. En un comunicado, la entidad ha lamentado que la perfomance haya tenido que afrontar una causa penal, y ha reclamado una reforma “urgente” de los artículos del Código Penal “que atentan contra la libertad de expresión y que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.

Nueva ofensiva in extremis de los ultracatólicos Abogados Cristianos en contra de la eutanasia de la joven N. Pese al aval que el Tribunal Supremo dio a la muerte digna de la solicitante, su padre, representado por la entidad ultra, ha reclamado en dos instancias distintas que la paralice de nuevo. Ya son 18 meses los que lleva esperando N. a poder ejercer su derecho a morir.

Pese a no ser el juzgado de lo contencioso que decidió sobre la muerte de la joven y carecer de competencias, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga (por una querella de la entidad ultra) al médico y a la juristas que la autorizaron a que suspenda la eutanasia de la joven N. y la obligue a someterse a un “tratamiento psiquiátrico”.

La organización también ha pedido al Tribunal Constitucional que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven mientras estudia el recurso que ha interpuesto contra el aval del Supremo a la medida.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, extremos que ya fueron constatados por todo el equipo médico que evaluó su caso y decidió avalar la eutanasia en julio de 2024. Desde entonces, el padre y la entidad ultra han emprendido una batalla legal para impedirla que ya se alarga año y medio.

Sin embargo, todas las instancias judiciales que han evaluado el caso han concluido que los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte digna.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la entidad ultracatólica Abogados Cristianos y ha avalado la eutanasia de N., la joven de Barcelona que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para impedirla en contra del criterio médico.

En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideran los magistrados que la entidad ultra “no fundamenta suficiente” que concurran alguno de los requisitos legales que permitiría al Supremo abordar el fondo del caso. Es decir, que se trata de un recurso formalmente mal planteado.

Los ultras no se dan por vencidos y ya han anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce “una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva”.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo la estrategia dilatoria de Abogados Cristianos para impedir la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimido para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y el Supremo ahora ante el Constitucional, la batalla judicial contra la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia. El recurso al Constitucional anunciado por los ultras alargará más su padecimiento.