Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Donostia contra la rapera dominicana Tokischa por un presunto delito de profanación tras la publicación de unas imágenes de “alto contenido sexual” tomadas en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro. Según critica la fundación en un comunicado, la artista “aparece semidesnuda -en topless y vistiendo únicamente una prenda íntima (tanga)- posando de forma provocativa dentro del templo”, situada directamente frente a una imagen de Jesucristo, “utilizando el espacio sagrado como escenario erótico completamente ajeno al culto religioso”.

La imagen forma parte de un cortometraje creado por la artista y que, para Abogados Cristianos “evidencia la premeditación y la utilización consciente de un templo católico para fines comerciales y de exhibición, desvirtuando su significado religioso”. “Los hechos han tenido ”una gran trascendencia pública, lo que ha generado una profunda indignación y ofensa en la comunidad de fieles católicos, tanto de la ciudad de San Sebastián como del resto de España“, aseguran.

La organización ultra defiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de profanación recogido en el artículo 524 del Código Penal, al tratarse de actos realizados en un templo “con evidente carácter ofensivo hacia los sentimientos religiosos, mediante el uso irrespetuoso de un espacio sagrado y de sus símbolos”. “No se trata de un hecho aislado, ya que la artista fue sancionada en 2021 por la Fiscalía de La Vega (República Dominicana) por realizar actos similares en un santuario religioso, lo que evidencia una conducta reiterada y una voluntad deliberada de utilizar lugares de culto para generar provocación”, aseguran desde Abogados Cristianos, quienes recuerdan que “en defensa de la libertad religiosa y por profanación” ya lograron una sentencia condenatoria contra las activistas de FEMEN por “asaltar la Catedral de la Almudena desnudas” durante una protesta.

Por su parte, el Obispado de Donostia ha detallado este miércoles que no ha concedido autorización alguna para la grabación o producción del video de la rapera y ha señalado que está estudiando si estos hechos “pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica”. Según ha explicado el Obispado en un comunicado, el 18 de julio del pasado año la Productora Visore solicitó la autorización para filmar una escena “breve” dentro de algún templo de la Diócesis de San Sebastián, asegurando que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpa la dinámica del lugar”. “Al solicitar una ampliación de la información sobre el proyecto, el 21 de julio la productora indicó que se trataba de un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética, en la que nos interesa especialmente contar con el acompañamiento y la colaboración de instituciones locales que le den aún más sentido y arraigo a lo que estamos contando”, recoge el escrito, que sostiene que tras indagar trabajos de la Visore y de la artista, el Obispado de San Sebastián comunicó a la productora que no autorizaba la grabación del proyecto “en ninguno de los templos o ermitas” de la Diócesis.

A pesar de ello, la productora se puso en contacto con los responsables de la Basílica donostiarra de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, pero “silenciando su contenido auténtico y la negativa que ya habían recibido del Obispado”, ha señalado el Obispado. Ha sido después del estreno del vídeo y de la difusión de imágenes en las redes sociales, cuando el Obispado ha tenido conocimiento tanto del lugar como del contenido de la grabación. Por ello, “de forma inmediata” se ha puesto en contacto con la productora para exigir la retirada de las imágenes grabadas en la basílica y recordar la negativa para dicha grabación.

En este sentido, ha lamentado “profundamente” el “uso indebido de un espacio sagrado” para la realización de contenidos que “resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”. Según el derecho canónico, en un lugar sagrado “sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar”, detallan desde el Obispado, añadiendo que en casos concretos y particulares, el Obispo puede permitir que se lleven a cabo otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (conciertos, exposiciones).

Por todo ello, desde el Obispado se está estudiando si estos hechos pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica. Además, se ha invitado a mantener “siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad”, sentencian.

Por el momento ni la artista ni la productora se han pronunciado al respecto, pero sí que han difundido las imágenes y vídeos de su proyecto a través de redes sociales con un mensaje dedicado a Dios, explicando que la grabación se ha realizado “en una iglesia en San Sebastián”. “Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten. Mi relación es con Dios, no con la religión. Dios me acepta como soy, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma. Es amor puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores. Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo [...] pero ustedes creen que solo está en la Iglesia”, publicó la rapera.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que han provocado una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

Un polémico tuit del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, publicado en 2024 donde se reafirmaba en que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”, provocó la reacción del ex secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique quien, a su vez, difundió en la misma red social X una réplica con un tuit relativo a los abusos sexuales en la Iglesia.

Por este comentario, Echenique será juzgado el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la querella interpuesta contra él por la Fundación Española de Abogados Cristianos que pide que se le imponga una pena de un año de cárcel por un delito de provocación a la discriminación y al odio.

La Fiscalía se opuso a que se abriera una causa contra el ex secretario de Organización de Podemos al no apreciar la existencia de delito alguno, por lo que no ha formulado acusación.

El tuit de Echenique

“Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X y que ha motivado la interposición de la querella.

Para Abogados Cristianos, este tuit de Echenique “no es ni mucho menos un hecho aislado” y considera que ha sido una “constante” en las publicaciones en sus redes sociales “el discurso de odio” hacia la Iglesia católica y sus miembros.

“Entre los ataques más graves se encuentra el llamamiento a que la Iglesia católica en España directamente se disuelva”, destacaba la Fundación en su querella contra el exdiputado.

“No supone un delito de odio”

Echenique declaró en el juzgado de instrucción que la publicación de ese mensaje en X no supone un delito de odio, dado que su intención no fue la de criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los migrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Su tuit respondía, según explicó, a las afirmaciones de Sanz Montes en un artículo publicado por el diario La Voz de Asturias, que se titulaba 'Las polémicas palabras del arzobispo de Oviedo sobre inmigración': “Dentro de esta apertura buenista, se nos pude colar gente que son indeseados”.

Los polémicos tuits del arzobispo

Unas declaraciones que se habían reproducido de una entrevista concedida a Infovaticana y publicada en dos partes, en mayo de 2024, y de la que se hicieron eco numerosas publicaciones, entre otras elDiario.es Asturias.

En sus manifestaciones, el arzobispo suavizaba el posicionamiento de la Iglesia al abordar los casos de pederastia, al remitirse a la estadística de la Fundación Anar que calcula que no superan el 0,2%, y se pronunciaba sobre otros temas como el cambio climático, la Agenda 2030 o insistía en que era imposible la regularización de 500.000 inmigrantes en España, como recoge la Iniciativa Legislativa Popular, porque “aquí no caben todos”.

Sanz: “En España caben los que caben”

En esta entrevista, el arzobispo se reafirmaba en que nuestro país no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles: “Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos”.

“Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento etc…”, contestaba sin tapujos.

A continuación, se puede leer la información que elDiario.es Asturias publicó, el 10 de mayo de 2024, con el extracto de las frases pronunciadas por Jesús Sanz Montes, que fueron difundidas en varias redes sociales, entre otras, en X.

Jesús Sanz Montes es, a diferencia de sus predecesores como arzobispo de Oviedo, una persona que suele recurrir a volcar en todas sus declaraciones su propia opinión personal muy cercana a la ultraderecha.

El enfrentamiento con Barbón y Lastra

Es el primer arzobispo que aprovecha sus homilías en la festividad del día de Asturias, que se celebra el 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga y a la que habitualmente siempre asistían las principales autoridades religiosas, civiles, militares y de todos los ámbitos de la sociedad española como altavoz de estas opiniones, generalmente de índole política que le ha llevado a protagonizar enfrentamientos, entre otros, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno Adriana Lastra.

Unos enfrentamientos que se escenificaron públicamente y que se saldaron con la ausencia de los dos políticos socialistas asturianos en los actos religiosos en la Basílica de Covadonga.

Sanz se refirió a Lastra como 'la seño'

A la petición de Adriana Lastra pidiendo al arzobispo que abandonara los discursos ultraderechistas, Sanz Montes utilizó la red social para contestarla, pero en su respuesta se refería a ella, de forma despectiva, como “la seño”. A continuación reproducimos el tuit que le dedicó a la delegada del Gobierno en Asturias, en 2024.

El arzobispo no se limita a exponer su punto de vista sobre la política regional asturiana, sino que no tiene límites, como se puede comprobar en cada tuit, ahora post, en X, principalmente.

Las críticas al Gobierno

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluía una tribuna de opinión publicada en 2023 en el diario ABC.

Sanz Montes no solo calificaba de “inmoral” el pacto con los independentistas sino que también justificaba las protestas que se producían en todo el país frente a las sedes del PSOE y que en varias ocasiones han finalizado con cargas policiales.

El juicio

Para el arzobispo “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Pese a todas las polémicas protagonizadas por Jesús Sanz Montes, un tuit de réplica de Pablo Echenique a uno de sus comentarios le llevará a tener que defenderse en la Audiencia Provincial de Madrid frente a la acusación formulada por Abogados Cristianos.

Los testigos

En el juicio, que está señalado para el próximo viernes, está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Echenique había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y, según fuentes consultadas, ha pedido que se mantenga su comparecencia.

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por un delito de coacciones contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castelllanos. Héctor de Miguel anunció en enero una retirada temporal tras la última ofensiva ultraderechista contra él.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la Cadena SER.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse. La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.

En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó archivar la causa abierta contra el humorista Héctor de Miguel, procesado por la denuncia de Abogados Cristianos que le acusaba de incitar al odio contra los sacerdotes por bromear en el programa 'Hora Veintipico' de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. Los jueces, tal y como defundió el propio humorista, estimaron su recurso apoyado por la Fiscalía y ordenaron el sobreseimiento tras anular la decisión del juez Valle, que comparó su broma sobre el Valle de los Caídos con amenazas de agredir a homosexuales en Chueca, de procesarle y dejarle al borde de juicio.

Héctor de Miguel y los trabajadores de 'Hora Veintipico' recibieron amenazas explícitas en enero tras un programa emitido dos días después de la tragedia de Adamuz, en el que hacían una crítica mordaz al sensacionalismo con el que ciertos formatos televisivos habían abordado el accidente. Algunas cuentas con decenas de miles de seguidores, como la del sindicato policial Jusapol o Alt Rigth España, iniciaron el señalamiento. “Es para reventarlos pero bien”, “se asesina poco en España”, “tiene que llegar el día que esta gente no pueda pisar la calle con normalidad”, “hasta que los periodistas de este país no lleven escolta, estaremos perdiendo”, “se les buscará casa por casa y se les ajusticiará en el portal, esa es la correcta solución”, fueron algunos de esos mensajes.

Menos de un mes ha durado el último intento de Abogados Cristianos de intentar impedir la eutanasia de la joven N.,  que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para revertir en los tribunales el criterio médico que la avaló.

Según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado, su Sala Segunda, en sesión extraordinaria convocada para este viernes y por unanimidad, ha inadmitido “por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo” el recurso de amparo del padre de la joven N. La Sala está formada por cuatro magistrados progresistas —Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Saez y Laura Díez— y dos conservadores —Enrique Arnaldo y César Tolosa.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado mes de enero el recurso del padre. Una vez agotada las instancias judiciales, Abogados Cristianos anunció que proseguiría su estrategia dilatoria primero ante el Constitucional e incluso ante la Justicia europea. Las puertas en España ya se han cerrado.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo que Abogados Cristianos frene la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hizo decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimado para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven. En esta causa, pese a no ser el objeto del pleito, los ultras han pedido la suspensión de la eutanasia de N. hasta que se someta a tratamiento psiquiátrico.

Los ultracatólicos Abogados Cristianos lo han vuelto a hacer. Un artista y tres miembros del colectivo cultural Konvent, han tenido que declarar como investigados este miércoles por un delito de escarnio a los sentimientos religiosos por la performance de una procesión que hicieron en Tortosa (Tarragona) en honor a Santa Baldana, un embutido típico de la zona.

El caso de la performance de Tortosa vuelve a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Según han informado fuentes jurídicas, el artista Josep Pinyol y los otros tres investigados han explicado el motivo artístico y contexto de la obra: durante el VII Foro de Cultura y Ruralidades celebrado en Tortosa en 2024, ocho costaleros portaban el paso (una estructura con patas de cerdo y morcillas), precedido por una banda de música y seguido por unas 300 personas en romería para conmemorar la Santa Baldana y llevar a los asistentes de un punto a otro del evento.

También han desmentido que con su creación artística buscaran burlarse u ofender a los sentimientos religiosos. “La Santa Baldana nos acompaña con el mismo espíritu de paz y abundancia con el que vino, pese a que algunos les dé miedo”, ha manifestado a las puertas del juzgado Pinyol, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Por su lado, el abogado del artista, Eric Sanz de Bremond, ha confiado en que el juzgado archive el caso una vez practicadas todas las declaraciones: “Es un claro ejercicio de libertad de expresión y artística sin burla”.

Al margen de la actividad judicial de Abogados Cristianos y otras entidades ultras, el Gobierno se comprometió a derogar el delito contra los sentimientos religiosos a lo largo de 2025. Se trata de una reivindicación histórica de la izquierda y una promesa del Ejecutivo de coalición desde hace ocho años. A día de hoy, el delito sigue en el Código Penal.

Los investigados han recibido el apoyo de Amnistía Internacional. En un comunicado, la entidad ha lamentado que la perfomance haya tenido que afrontar una causa penal, y ha reclamado una reforma “urgente” de los artículos del Código Penal “que atentan contra la libertad de expresión y que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.

Nueva ofensiva in extremis de los ultracatólicos Abogados Cristianos en contra de la eutanasia de la joven N. Pese al aval que el Tribunal Supremo dio a la muerte digna de la solicitante, su padre, representado por la entidad ultra, ha reclamado en dos instancias distintas que la paralice de nuevo. Ya son 18 meses los que lleva esperando N. a poder ejercer su derecho a morir.

Pese a no ser el juzgado de lo contencioso que decidió sobre la muerte de la joven y carecer de competencias, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga (por una querella de la entidad ultra) al médico y a la juristas que la autorizaron a que suspenda la eutanasia de la joven N. y la obligue a someterse a un “tratamiento psiquiátrico”.

La organización también ha pedido al Tribunal Constitucional que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven mientras estudia el recurso que ha interpuesto contra el aval del Supremo a la medida.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, extremos que ya fueron constatados por todo el equipo médico que evaluó su caso y decidió avalar la eutanasia en julio de 2024. Desde entonces, el padre y la entidad ultra han emprendido una batalla legal para impedirla que ya se alarga año y medio.

Sin embargo, todas las instancias judiciales que han evaluado el caso han concluido que los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte digna.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la entidad ultracatólica Abogados Cristianos y ha avalado la eutanasia de N., la joven de Barcelona que desde hace casi año y medio sufre las impugnaciones de su padre, representado por los ultras, para impedirla en contra del criterio médico.

En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideran los magistrados que la entidad ultra “no fundamenta suficiente” que concurran alguno de los requisitos legales que permitiría al Supremo abordar el fondo del caso. Es decir, que se trata de un recurso formalmente mal planteado.

Los ultras no se dan por vencidos y ya han anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce “una grave vulneración del derecho fundamental a la vida y una falta de tutela judicial efectiva”.

La decisión recae ahora sobre el juzgado de lo contencioso de Barcelona que avaló en primera instancia la eutanasia, que debe decidir si sigue permitiendo la estrategia dilatoria de Abogados Cristianos para impedir la materialización del derecho a la muerte digna de N.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

El caso del hombre de 54 años también está en el Supremo, que sí ha considerado que la duda planteada por la Generalitat sobre si un familiar está legitimido para recurrir una eutanasia tiene interés para sentar jurisprudencia, y estudiará el fondo del recurso (al contrario de lo que ha ocurrido con el de Abogados Cristianos).

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que aprobó la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y el Supremo ahora ante el Constitucional, la batalla judicial contra la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia. El recurso al Constitucional anunciado por los ultras alargará más su padecimiento.

Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.

“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.

Acudir a los tribunales para extender a la Justicia una batalla política que no se gana en la calle o el Parlamento no es algo inédito entre los colectivos ultracatólicos: hace 20 años, el caballo de batalla fue el aborto, con la causa penal del doctor Morín (fallecido en 2022) como exponente. En aquella ocasión, fue la entidad E-Cristians, con un amplio historial de campañas y pronunciamientos antiabortistas en Catalunya, quien acudió a los tribunales contra el médico y empresario de dos clínicas privadas de interrupción del embarazo. 

A caballo de reportajes sensacionalistas en la prensa británica y danesa sobre los abortos que se practicaban en las clínicas y de testigos protegidos que se retractaron en el juicio, E-Cristians presentó una denuncia en 2007 contra Morín, los psiquiatras y anestesistas que colaboraban con sus centros. Y hasta pidió imputar a 21 mujeres, que llegaron a tener que comparecer como investigadas. La causa se terminó archivando para ellas, pero luego tuvieron que testificar y rememorar su traumática experiencia en la vista oral.

En 2013 la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín y al resto de acusados, aunque el juicio tuvo que repetirse tres años después ya que el Supremo anuló la primera sentencia al considerar que no se habían valorado a los periodistas de la televisión danesa que habían hecho un reportaje con cámara oculta en sus clínicas. 

Tras un nuevo juicio, Morín fue condenado por tres abortos ilegales al considerar “defectuosa o insuficiente” la elaboración del dictamen psiquiátrico que debía acompañarles, pero lejos de los relatos de terror planteados por las acusaciones, a quien la primera sentencia llegó a reprochar su “insistencia casi obsesiva” en la presencia de un triturador en la clínica, algo evidente en un centro médico.

Junto a Morín, la otra diana de los colectivos antiabortistas fue la clínica Isidora de Madrid. Tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió un caso en el que 25 mujeres, usuarias del centro, fueron llamadas a declarar como testigos, y tres médicos fueron imputados. El caso se terminó archivando por ausencia “del más mínimo indicio de delito”, según el auto del juez.

Las acciones judiciales ultracatólicas terminaron empujando al histórico cambio legal de 2010, actualmente en vigor y que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Así se abandonó la anterior ley de 1985, que despenalizó el abortó en solo tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto.

Las recientes acciones judiciales de Abogados Cristianos contra la eutanasia provocan que, desde hace 16 meses, tanto la joven N. como un hombre de Barcelona de 54 años no puedan ver materializado su derecho a morir dignamente. Ello incrementa a diario sus padecimientos físicos y psicológicos, tal y como trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia.

Desde Derecho a Morir Dignamente en Catalunya, Ramon Riu ha planteado a los partidos una reforma en la ley de la jurisdicción contenciosa para que los recursos contra la eutanasia (ya sean de familiares en contra o de pacientes a los que la Comisión de Garantía ha rechazado su solicitud) se solventen con mucha más celeridad y evitar así que se repitan casos como el de N.

“Los recursos por la ley electoral u otros derechos como el de reunión y manifestación se sustancian en 20 días y después solo se pueden recurrir ante el Constitucional. ¿Por qué no hacerlo en contextos de sufrimiento como el eutanásico?”, reflexiona Riu. Acortar los plazos para resolver los recursos permitiría, argumenta el abogado, achicar la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley de eutanasia.

Además de los plazos, la otra disputa jurídica que se resolverá en 2026 es la de la legitimación de los familiares para recurrir eutanasias: el Supremo determinará si un padre u otro familiar puede impugnar judicialmente el reconocimiento de la prestación de eutanasia realizada por el comité científico y jurídico “a un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”. La ley estaba pensada para que los recursos los interpusieran los pacientes con solicitudes denegadas, y no los familiares que se oponen a la eutanasia (el derecho es del paciente, no del familiar).

En paralelo al Supremo, un juzgado de Barcelona tendrá que decidir si imputa a un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que Abogados Cristianos acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Antes de resolver si investiga formalmente por primera vez en España a dos profesionales que evalúan las eutanasias, la magistrada ha pedido el expediente completo de la causa en el juzgado contencioso del caso de N. En el juicio, los profesionales explicaron que, como la de N. era una petición compleja, tuvieron que manifestar un desacuerdo entre ellos para que el caso fuera elevado al pleno de 19 profesionales de la Comisión.

La magistrada de lo contencioso avaló por completo la actuación de los profesionales, pero aun así Abogados Cristianos se ha querellado contra ellos. “No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales de la dupla. En el informe se hace constar que la jurista considera que el caso genera dudas, lo que concuerda con el carácter complejo del caso que, según han manifestado en juicio, les llevó a elevar la decisión al pleno de la comisión”, resolvió la magistrada en la sentencia que avaló la eutanasia a la joven.

Para Riu, esta querella “quedará en nada”, aunque destaca el “tiempo y dinero perdido” que ocasionará la acción legal de Abogados Cristianos. La preocupación del abogado está en los dos pacientes que esperan al Supremo para poder morir en paz: “Están sufriendo cada día, llevan casi un año y medio, y van a peor”. 

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado a la Justicia medidas cautelarísimas para obligar al festival de música Santas Pascuas que celebra su décima edición se celebra hasta el 5 de enero de 2025 en Pamplona a retirar su cartel oficial, que recrea la Última Cena sustituyendo la figura de Cristo por una imagen “burlesca” de la Virgen María, representada con gafas de sol.

La solicitud se enmarca dentro de un recurso contencioso-administrativo en el que la organización exige al Ayuntamiento de Pamplona que obligue a la organización del festival a devolver la subvención recibida. Alega que la convocatoria de la subvención excluye a los proyectos que “puedan resultar ofensivos para la ciudadanía”. Añade que el festival ha recibido desde 2021 un total 130.000 euros en subvenciones.

Según la denuncia, “el cartel utiliza una composición reconocible por cualquier creyente, imitando deliberadamente la disposición clásica de la Última Cena, pero alterada para generar un efecto burlesco”. La Fundación ha subrayado que “la imagen central, presentada como una falsa Virgen María, incorpora elementos frívolos absolutamente incompatibles con el respeto debido a las figuras sagradas de la fe católica. La imagen es una expresión grosera e insultante, totalmente innecesaria para realizar cualquier tipo de publicidad que ofende a los sentimientos religiosos más profundos de la población católica”. Por ello, Abogados Cristianos exige “la retirada inmediata de dicha imagen o sustitución por cualquier otra imagen sin connotaciones religiosas de ningún tipo”.

La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, ha afirmado en una nota que “esto recuerda a lo ocurrido en la inauguración de los JJOO de París, otra burla pública hacia símbolos cristianos”. “No vamos a tolerar que se ridiculice la Última Cena ni a la Virgen María. No permitiremos que se utilicen imágenes sagradas en tono de burla para promocionar espectáculos financiados con dinero público”, ha indicado.

Desde Santas Pascuas defienden que los personajes representados son artistas y músicos que participan en el festival y que no se pretende la burla de símbolos religiosos. “El cartel objeto del requerimiento constituye una reinterpretación artística contemporánea de referentes culturales ampliamente reconocibles, realizada desde parámetros estéticos actuales y utilizando elementos propios de la escenografía musical y cultural contemporánea. Los personajes que aparecen representados son artistas y músicos navarros participantes en el propio festival, lo que refuerza el carácter contextual, artístico y no religioso de la composición. En ningún caso puede sostenerse razonablemente que la imagen tenga como finalidad la burla, el escarnio o la denigración de símbolos religiosos, ni que incorpore expresiones objetivamente ofensivas, vejatorias o insultantes hacia la religión católica o hacia quienes la profesan”, han informado.

En este sentido, han lamentado “sinceramente que el cartel haya podido resultar molesto u ofensivo para algunas personas”, pero la organización del festival recuerda que la percepción subjetiva no puede confundirse con una infracción legal ni justificar la limitación de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Y por ello anuncia su intención de mantener el cartel en cuestión, pese a que desde hace días y coincidiendo con la demanda de Abogados Cristianos están “sufriendo desde hace días una campaña de ataque que incluye arrancar y vandalizar distintos elementos publicitarios del festival ubicados en la vía pública”.

Por último, la organización del festival reitera su “voluntad permanente de diálogo, desde el respeto mutuo y la convivencia de sensibilidades diversas”, y reafirma su “compromiso con una cultura crítica, plural y libre, entendida como espacio de encuentro, reflexión y creación compartida”.

Este viernes ha declarado en los juzgados de Bilbao la humorista Ane Lindane denunciada por “subirse al altar mayor de una iglesia, simular que se masturbaba con un crucifijo y difundir los vídeos en sus redes sociales” durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ) celebrado en Iparralde, en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue (en euskera Arberatze-Zilhekoa). Abogados Cristianos acusa a Lindane de incurrir en un delito de escarnio (artículo 525 del Código Penal) aunque la misma fundación ultra reconoce que no se trata de un delito recogido en el Código Penal francés. “La actriz fue a hacerlo a Francia porque es de los pocos países europeos donde este delito no está recogido en su Código Penal. Esto es un claro ejemplo de lo que va a ocurrir en España si se despenaliza el delito contra los sentimientos religiosos”, criticó cuando interpusieron la denuncia la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Una concentración ha apoyado a Lindane en la entrada del Palacio de Justicia con una pancarta en la que se leía “Abogados Cristianos = Inkisizioa”, “Inquisición”, en euskera, mientras ella sostiene que su declaración es un “mero trámite burocrático” y critica que “no es una cuestión de sentimientos religiosos”. “Esto es un ataque fascista a la libertad de expresión y a la libertad de creación artística. Este no es un ataque contra mí como individuo, ni como artista, no como humorista. Esto es un ataque contra todos. Contra todos los artistas, contra los escritores, contra cualquier persona que se exprese libremente. Abogados Cristianos es el brazo jurídico de la secta integrista católolica y fascista El Yunque y como fascistas y católicos que son, son unos liberticidas. Su objetivo es atacar las libertades de todos y todas”, lamenta tras asegurar que juegan al “desgaste” para que “la gente se calle”.

“Lo de hoy ha sido simplemente una declaración, pero ellos han convocado a medios porque es la única oportunidad que tienen para montar un circo mediático dado que probablemente esto no llegue a juicio. Lo más seguro es que como con todas las denuncias de Abogados Cristianos esta también la archiven”, detalla tras la declaración en la que no ha respondido a preguntas de la acusación, pero sí las de su abogado y las del juez. “Saben que no va haber juicio y que lo van a archivar”, confía Lindane.

Por su parte, desde Abogados Cristianos han señalado que su objetivo es “defender un derecho fundamental, que es la libertad religiosa”. “Venimos a pedir simplemente respeto. No es necesario insultar para ser cómico ni para ejercer la libertad de expresión. Los que apelan a la libertad de expresión para tapar un delito son los principales intolerantes que no defienden la libertad de expresión, por ejemplo, cuando se va a presentar un libro. En definitiva, pedimos respeto, no es necesario hacer lo que esta señora hizo y que se aplique el Código Penal”, ha indicado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos tras llamar a Lindane “cobarde por llamar a que la apoyen” y no acudir a los juzgados sola.

La humorista detalla cómo surgió su actuación en Francia y que hasta el propio párroco de la iglesia les dejó actuar por estar “casi en desuso”. “Me ofrecieron hacer un monólogo en euskera el festival y me hacía ilusión porque nunca he actuado en Iparralde. Cuando llegué me dijeron que iba a actuar en una iglesia. Era una iglesia convencional, no desacralizada que el propio párroco les dejó porque está casi en desuso. Me flipó porque era muy bonita, di una vuelta por la sacristía y vi que había mucha ropa de curas, crucifijos y decidí improvisar”, reconoce.

De esta manera, Lindane improvisó su entrada e inicio de su actuación tomando un crucifico y escenificando una masturbación. “Fue algo que no estaba planeado, siempre entro de forma rompedora y lo hice sin pensar. No pensaba que tendría esta repercusión. En mis monólogos hago ese tipo de cosas, aunque es cierto que nunca lo había hecho en una iglesia de verdad. Hablo de euskera, de feminismo, de política y también denuncio abusos sexuales en la Iglesia católica. Fue un honor hacer reír con esos temas dentro de una iglesia católica”, concluye la cómica, que realizó la actuación frente a 200 personas.

El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Eibar por un delito contra el patrimonio histórico, con “agravante de discriminación por motivos religiosos”, a raíz del reciente derribo de la cruz de cemento situada en la cima del monte Morkaiko, en el término municipal de Elgoibar. Este monumento estaba dedicado a un miembro de la familia Borbón que apoyó la sublevación contra la II República y que falleció en combate durante la Guerra Civil.

Según la querella, durante la pasada noche del 17 al 18 de noviembre un grupo de jóvenes, “actuando de forma concertada y premeditada”, accedió a la cima del monte equipado con rotaflex, escalera y focos de gran potencia, “provocando el colapso de la cruz, de grandes dimensiones, entre gritos de celebración”.

En la base del monumento aparecieron pintadas con mensajes en euskera que “evidencian una clara motivación ideológica y antirreligiosa”, añade, según ha informado Europa Press.

Abogados Cristianos ha asegurado que la cruz de Morkaiko fue construida al finalizar la Guerra Civil y que “carece de inscripciones” y se agarra a que el PNV ha apuntado que desde el propio Ayuntamiento guipuzcoano defiende que se trata de “un elemento icónico del paisaje elgoibartarra y un símbolo más del pueblo” y no un icono franquista.

La organización insiste en que “siguiendo las recomendaciones del Instituto Vasco de la Memoria, se optó por su mantenimiento, integrándola en la Ruta de la Memoria”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que “derribar una cruz en plena noche, entre gritos y pintadas, es un acto de cristianofobia intolerable”. “No estamos ante una simple gamberrada, sino ante un ataque al patrimonio y a la fe de miles de cristianos. Exigimos que se identifique a los responsables, se les condene y se reponga la cruz en su lugar”, ha subrayado.

Abogados Cristianos solicita además que, en aplicación del Código Penal, se ordene la restauración de la cruz de Morkaiko a cargo de los autores del daño.

“Incoherente” y “artificioso”. Así califica la Generalitat el último intento de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia a la joven N., quien desde julio de 2024 ve impedido su derecho a morir por la ofensiva judicial de la entidad ultracatólica. La abogacía de la Generalitat ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita de plano el recurso de Abogados Cristianos contra el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la eutanasia de la joven.

El abogado del Govern, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene que este nuevo recurso de Abogados Cristianos solo busca paralizar “de forma espuria” la eutanasia de N., avalada por los médicos desde hace más de un año pero que la batalla judicial de la entidad está logrando, por ahora, frenar.

De admitir el recurso de la entidad, que representa al padre de la joven, y estudiar su fondo, el Supremo todavía alargaría más el sufrimiento de la paciente. Los ultras ya han avanzado que su intención es agotar las instancias nacionales e internacionales para que N. no pueda morir en paz.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. supone, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que avaló la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y ahora ante el Supremo, el aval judicial a la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo informó ella misma en una carta al TSJC, que adelantó este diario, y en la que denunció que dos monjas entraban en la habitación del hospital en el que está ingresada para coaccionarla e intentar que cambiara de opinión. Pero N. sigue decidida a morir.

El pasado mes de septiembre, el TSJC confirmó que se podía practicar la eutanasia a N. Al contario de lo que había resuelto la magistrada de lo contencioso que celebró el primer juicio en España por una eutanasia, el TSJC acordó que su padre sí estaba legitimado para recurrir, una decisión que causó preocupación en expertos y entidades promuerte digna, ya que, de confirmarse por el Supremo, puede suponer una grieta a la ley de eutanasia y paralizar en vía judicial durante años las muertes dignas.

El Supremo tiene pendiente resolver esta cuestión central sobre la legitimidad de los familiares para recurrir. Lo hará en el otro procedimiento abierto por la eutanasia, el del hombre de 54 años. La resolución de este caso todavía no tiene fecha.

Respecto a N., el Supremo tiene ahora que decidir, en primer lugar, si admite el recurso de Abogados Cristianos. La Generalitat, que representa a la Comisión de Garantía de la eutanasia en Catalunya, ha pedido al Alto Tribunal que no lo haga, toda vez que la entidad no aporta ni un solo motivo legal que lo fundamente. Inadmitir el recurso de la asociación implicaría, en la práctica, confirmar la eutanasia de N.

Remarca la Generalitat en su escrito que, tal y como ocurre desde que realizara el primer recurso, Abogados Cristianos no ha aportado un solo informe médico que contradiga todos los dictámenes que avalan la muerte digna de N. Pese a ello, la entidad ultra manifiesta “categóricamente” (aunque sin sustanciarlo en documento alguno) que N. no tiene un “pronóstico de vida limitado ni un contexto de fragilidad progresiva”.

Abogados Cristianos, insiste la Generalitat, “no guarda recato en reiterar valoraciones libres sobre la situación médica de la paciente que fueron sometidas a prueba y desmentidas” en el juicio y ante el TSJC. Todo ello pese a que el Supremo viene advirtiendo reiteradamente que el recurso de casación no puede servir para revisar la valoración de los hechos realizada por las instancias inferiores (que es precisamente lo que le pide la entidad ultra).

Además, Abogados Cristianos también acusa a la magistrada que resolvió el caso en primera instancia y al TSJC de “apartarse deliberadamente” de la jurisprudencia, aunque no concreta cuál, advierte la Generalitat. “Ni si invoca la jurisprudencia objeto de contraste ni se significa la supuesta 'doctrina constitucional' (sic) infringida”, apostilla el escrito.

En suma, para la Abogacía de la Generalitat, el escrito de Abogados es un nuevo intento de dilatar la muerte digna de N. al intentar “replantear cuestiones probatorias” que no han sido favorables a sus intereses.

La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.

La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.

La entidad ultra ya impugnó, en julio de 2024, la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que, en pleno y tras los informes de los médicos que atienden a la joven N. (que padece un trastorno límite de la personalidad y es parapléjica), decidió concederle la eutanasia. Pese al aval judicial en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Abogados Cristianos ha recurrido ante el Supremo, por lo que N. lleva ya más año y medio sin poder materializar su derecho a la muerte digna.

Antes de citar a declarar como investigados a los querellados, la magistrada ha solicitado al juzgado de lo contencioso que avaló la muerte digna de N. la sentencia sobre el caso, así como la grabación de la vista en la que se resolvió el recurso de Abogados Cristianos.

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que simularon un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de N. es “nulo desde el origen”.

En realidad, lo que contaron los médicos a la jueza fue que, ante un caso complejo como el de N., la única alternativa legal que tuvieron para que fuera el pleno de 19 juristas y médicos de la Comisión de Garantía el que decidiera sobre la eutanasia y no ellos dos fue declararse en desacuerdo y que todos los expertos vieran el caso, como así ocurrió. Luego el padre, representado por Abogados Cristianos, impugnó la decisión.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre han recurrido la sentencia del TSJC del pasado mes de septiembre ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.