El juez tumba el intento de Vox por frenar el derribo de la cruz de Bezas (Teruel) y le impone las costas
A Vox le ha salido caro su intento por frenar el derribo de la cruz franquista de Bezas, en la Sierra de Albarracín: concretamente, 1.000 euros por las costas de la parte demandada, a lo que hay que sumar el castigo político por la batalla judicial perdida. El juez de lo Contencioso-Administrativo de Teruel ha inadmitido el recurso presentado en marzo del año pasado por la formación de extrema derecha ante el acuerdo del concejo abierto turolense de aprobar el derribo por motivos de seguridad, ya que presentaba riesgo de venirse abajo.
El fallo judicial es claro. Por un lado, rechaza la personación de las tres partes demandantes: José Ignacio R. M., que según el escrito pertenece a Abogados Cristianos −como deja caer el juez en la sentencia− pero que se presenta como particular, el grupo político Vox y el portavoz de esta formación en las Cortes, Alejandro Nolasco.
De esta forma, el juez expresa en su sentencia que no aprecia en ninguno de los actores “la existencia de una conexión directa o un interés legítimo suficiente como para considerar habilitada su posición de legitimación activa para ejercitar la pretensión de nulidad” de la mencionada resolución municipal. Por ello, no llega a examinar los motivos de fondo del recurso.
Una decisión del Gobierno de Aragón
Pero es que, tal y como alegó el Ayuntamiento de Bezas en su contestación a las demandas, la decisión de demoler la cruz correspondió al Gobierno de Aragón, a través del Servicio Provincial de Teruel, quien emitió un informe en el que, como recuerda el Consistorio, “se justifica la demolición por razones de seguridad, debido al deterioro de la estructura y el riesgo de accidentes por rayos”.
Así, la asamblea vecinal de Bezas se limitó a ratificar el informe del Ejecutivo autonómico: “El Ayuntamiento no ha realizado ninguna acción para llevar a cabo la demolición”, refleja en el escrito. Esta correspondería en todo caso al Gobierno regional, “que no ha comparecido en el proceso”.
Por último, el Consistorio de Bezas refuta otra afirmación de los demandantes: “La Cruz no tiene valor patrimonial o cultural que justifique su protección”, sostiene en su contestación.
El fallo, dado a conocer este viernes, es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Vox anunció en marzo del año pasado que recurriría el acuerdo plenario y que pediría la nulidad del derribo, al tiempo que impulsaría una iniciativa para declarar bienes de interés cultural bienes históricos y artísticos de carácter franquista. “En Vox hemos empezado a dar los primeros pasos para evitar esa tropelía que nace de la cristianofobia y del odio más repugnante contra nuestra historia, con excusas”, manifestó entonces Alejandro Nolasco.
El riesgo que entraña la cruz de Bezas, según los argumentos técnicos aportados por el Gobierno de Aragón, es que atrae los rayos y corre riesgo de venirse abajo. En septiembre de 2024, de hecho, un rayo ya rompió parte de la piedra sobre la que se asienta el monumento y los restos cayeron cerca del guarda que permanecía junto a la torre de vigilancia.
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