Una privatización salvaje

La legislatura ha comenzado de manera tortuosa para el presidente, Jorge Azcón, que tiene levantadas a la educación y a la sanidad públicas –en este caso, también el Gobierno central está invoclucrado–. 

La pitada que se tuvo que escuchar el dirgente popular el miércoles en Huesca –a la que contribuyó una diatriba de la alcaldesa, Lorena Orduna, en el pleno anterior– fue de órdago. Incluso los vecinos o los periodistas que acudimos al evento en el Matadero nos sorprendimos de la intensa convocatoria de camisetas verdes, que simbolizan a la escuela pública. Azcón intentó en vano acercarse a ellos para dialogar, pero lógicamente no lo consiguió; al terminar el acto sí pudo reunirse con representantes de CSIF y CGT, como mostró el gabinete de comunicación del Ejecutivo.

Por la tarde, miles de profesores y padres llevaron sus gritos y sus carteles a las calles de Zaragoza, donde reclamaron echar atrás el Bachillerato concertado e invertir ese dinero en mejorar unas instalaciones públicas que en muchos casos se caen a pedazos y en las que falta personal a todos los niveles.

No es el único indicio de la deriva del Gobierno de Aragón desde la llegada del PP al poder en 2023. El título del post proviene de una denuncia de CCOO: el sindicato tachó de “privatización salvaje” el hecho de que el próximo curso siete de los nueve grados superiores de formación profesional vayan a centros privados o concertados. Una frase en el informe de la central sindical lo resume bien: “Se provoca un déficit artificial de plazas públicas al no atender la demanda creciente de las familias, abriendo una pasarela directa para que grandes corporaciones y fondos de inversión absorban al alumnado excedente con el consecuente perjuicio económico para las familias”.

Cuestionado por las protestas y las huelgas de la educación pública en Aragón, Azcón ofrece siempre la misma respuesta: el PP ya avanzó meses atrás la idea de concertar el Bachillerato, lo llevó en su programa electoral y ganó con suficiencia las elecciones; esto llevaría a pensar que una mayoría de los aragoneses está a favor. Pero las preferencias de la ciudadanía conjugan mal con la aritmética, un voto no se decide por una única propuesta y, además, si algo condicionó los comicios del 8-F fue la deriva nacional: apenas se habló de cuestiones locales. Es decir, que aunque frente a las cámaras de televisión suponga una escapatoria válida, mal haría el presidente aragonés en convencerse a sí mismo de ello.

Además, olvidamos que sobre el Bachillerato concertado pesa un recurso de CSIF que aún no está resuelto y que hasta 17 organizaciones presentaron recientemente otro contencioso ante la Justicia para tratar frenarlo. Y no será la primera vez que el PP ve cómo los tribunales tumban por discriminatoria una medida para favorecer a la educación privada: sucedió en 2024 en Zaragoza, sin ir más lejos. En ese contexto, quizás lo más prudente fuera esperar a ver cómo se resuelven estos procesos antes de poner en marcha una maquinaria que, a posteriori, será mucho más gravoso detener.

El patrimonio por los suelos de Zaragoza

Se trata un tema recurrente en este boletín semanal pero es que los nuevos capítulos se suceden a velocidad de vértigo. Nunca ha sido Zaragoza –que llegó a ser conocida como la Florencia española– una ciudad en la que se cuide particularmente el patrimonio: los monumentos y edificios que no cayeron por la fuerza de las bombas lo hicieron por la necedad de sus mandatarios, como con la Torre Nueva –“el muñón más tenaz” de la capital aragonesa, lo definió Paco Sanz–. Pero lo que vivimos en los últimos años no tiene parangón.

La última parada ha sido el inmueble de Estébanes, 12, en pleno Casco histórico y cuyos orígenes se remontan a hace 500 años. Ya no queda nada, salvo elementos puntuales que la jueza ha exigido preservar: la misma magistrada que autorizó el derribo por lógicos motivos de seguridad, lo cual no exime de responsabilidad política a los dirigentes municipales, que tienen el deber de proteger el patrimonio y de exigir esta misma protección a los particulares.

Y ¿quién está detrás del –ahora ya– solar? TON Desarrollos SL, que pertenece a un socio de Juan Forcén, el polémico constructor íntimo del presidente, Jorge Azcón. De ahí que la transparencia en el proceso deba ser máxima.

Por todo ello decidimos hacer esta semana un recuento del patrimonio destruido en Zaragoza en los últimos años, y así lo plasmamos en esta pieza. Porque en el camino se han quedado el colegio Jesús y María o el edificio de Correos en el Portillo, que precisamente está siendo derruido estos días. Sin olvidar cómo un espacio cómodo y familiar como el Parque Grande ha acabado convertido en pasto de cadenas de restauración o de reductos cerrados para el brillibrilli de las autoridades municipales.

Y mientras el Gobierno municipal decide gastar 20 millones de euros en convertir una antigua fábrica en un plató de cine, hay motivos para sospechar que el Palacio de Fuenclara –bien de interés cultural y para cuya restauración no se necesita ni la mitad de esta inversión– corre el riesgo de acabar convertido en un hotel. No tenemos remedio.