La justicia admite un recurso sindical contra el plan del Gobierno de Azcón para concertar el Bachillerato

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso-contencioso administrativo presentado por CSIF contra la Orden de 27 de noviembre de 2025 por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027. Esta Orden abre la puerta al concierto del Bachillerato, una etapa no obligatoria.  

CSIF ha llevado esta Orden a los tribunales porque permite la implantación de la concertación del Bachillerato para el curso 2026-27. Esta etapa —que hasta ahora no estaba financiada por la administración autonómica— podrá ser gratuita en centros privados que lo soliciten, siempre que el Gobierno autonómico lo financie vía presupuesto y que los centros cumplan los requisitos previstos. 

Desde el Departamento de Educación exponen que la admisión de este recurso “no prejuzga nada” y que este concierto ya existe en la comunidad en ocho centros. Explican además que la orden objeto de recurso “no dice expresamente nada sobre la concertación de Bachillerato” y destacan que la intención del Gobierno de Aragón es “concertar las aulas que ya están en Bachillerato privado, o sea alumnado que ya ha optado por esa red, y por tanto no tendría afecciones a la red pública”.

CSIF recuerda que el Bachillerato no forma parte de la enseñanza básica obligatoria y, por tanto, “no existe la obligación jurídica de garantizar la gratuidad del Bachillerato en centros concertados”.  

Este concierto, según el sindicato, “carece de fundamento constitucional expreso; desborda la finalidad del régimen de conciertos educativos, y compromete la eficiencia del gasto público”. Por ello abogan por mantener la gratuidad del Bachillerato en la red pública y “garantizar el acceso equitativo” mediante becas y ayudas. 

“La concertación del Bachillerato es totalmente innecesaria, ya que ahora mismo hay más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos en Aragón. El dinero público debe ir para la educación pública, donde tenemos muchas carencias de personal docente y no docente, y muchos problemas de infraestructuras. Rechazamos rotundamente la privatización de la enseñanza por parte del Gobierno de Aragón. Seguiremos movilizándonos en la calle, mientras está abierta la vía judicial”, ha afirmado Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón.