Tras pagar el alquiler y lograr llegar a fin de mes, ahorrar puede convertirse en todo un reto. Por eso, a los 30, para muchos pensar en la jubilación o en planes de pensiones puede parecer ciencia ficción. ¿Tiene sentido preocuparse cuanto antes o es mejor esperar a una mejor estabilidad económica?

“A los 30 años lo importante no es tener un plan de pensiones ‘por obligación’, sino entender para qué sirve y en qué casos encaja. Si una persona joven ya tiene cierto margen de ahorro y una situación laboral relativamente estable, empezar a planteárselo es razonable, no tanto por la urgencia de jubilarse como porque el tiempo juega claramente a su favor”, defiende Oliva Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash. “Un plan de pensiones está pensado para la constancia y el largo plazo: es dinero que queda inmovilizado durante años y no sirve para imprevistos”, advierte.

Para aquellos perfiles jóvenes que no tienen tanta capacidad de ahorro y llegan con poco margen a fin de mes, la experta no recomienda dar prioridad a un plan de pensiones, “sino a construir hábito de ahorro y ganar margen financiero”. “Las cuentas de ahorro son una buena opción para empezar, sobre todo para crear un fondo de emergencia, porque permiten disponer del dinero en cualquier momento y empezar con cantidades pequeñas”, apunta Feldman, que da más importancia a la constancia y fijar objetivos realistas que al producto concreto en este tipo de perfiles. “Una vez que ese colchón está cubierto, se pueden valorar depósitos a corto plazo, que ofrecen algo más de rentabilidad sin perder demasiada flexibilidad”, sugiere.

Antes de comprometerse a un plan de pensiones, Feldman cree fundamental contar con un colchón de emergencia y con unos ingresos relativamente estables, ya que el dinero permanecerá bloqueado, como mínimo, durante diez años. “Ese colchón debería cubrir idealmente entre tres y seis meses de gastos y estar en un producto líquido, como una cuenta remunerada o un fondo monetario; en cuanto a la estabilidad laboral, no hace falta un contrato indefinido, pero sí cierta previsibilidad”, afirma la experta.

Con el tiempo a favor

Si los planes de pensiones están pensados como inversión a largo plazo, la economista explica que “su principal atractivo con 30 años es que las aportaciones se hacen con dinero antes de impuestos, lo que reduce la base imponible y hace que parte del esfuerzo lo ‘cofinancie’ el Estado vía IRPF”. “Ahora bien, no es una decisión universal ni prioritaria para todo el mundo: solo encaja si se puede asumir esa falta de liquidez y si también se entiende que la ventaja fiscal se aprovecha bien cuando se planifica correctamente el rescate”, valora.

Sin duda, la gran ventaja de empezar un plan de pensiones siendo joven es el tiempo. “Empezar pronto permite que cada aportación tenga décadas para crecer, no solo se acumula el capital aportado, sino que los rendimientos se reinvierten año tras año”, aclara Feldman. “Un ejemplo sencillo lo ilustra bien: aportar 100 euros al mes durante 35 años supone 42.000 euros de esfuerzo real, pero con una rentabilidad anualizada del 8%, por ejemplo, el capital final puede situarse en torno a los 230.000 euros”, ejemplifica la experta. “Esa diferencia no la genera el dinero, la genera el tiempo. Quien empieza más tarde tiene que compensarlo con aportaciones mucho mayores para llegar a cifras similares”, matiza.

Desde el punto de vista fiscal, Feldman destaca que los planes de pensiones son más interesantes para rentas medias y altas: “Especialmente para quienes soportan una retención de IRPF elevada, porque cuanto mayor es el tipo impositivo, mayor es el beneficio de aportar dinero antes de impuestos. Es decir, cuanto más se paga a Hacienda, más valor tiene la ventaja fiscal del plan de pensiones”. 

Pero subraya la importancia del rescate, porque al recuperar el dinero tributa como “renta de trabajo”. “En términos sencillos: no es que no pagues impuestos, es que los pospones”, explica Feldman. “Si retiras todo de golpe en un año, ese importe se suma a tus ingresos de ese ejercicio y puede disparar la base imponible, haciendo que pagues a un tipo más alto. De ahí que el plan tenga sentido cuando, además de aportar, se piensa con cabeza cuándo y cómo se va a recuperar ese dinero para no perder parte de la ventaja fiscal”, señala.

Los planes de pensiones ofrecen ventajas fiscales que pueden marcar la diferencia con respecto a otros productos de ahorro. Sin embargo, la economista y cofundadora de HelpMyCash Olivia Feldman, apunta que existen varios errores habituales que pueden hacer que los beneficios obtenidos durante años se desvanezcan. Conocerlos es fundamental para no caer en ellos.

Un mal rescate

“El error más grave es rescatar el plan de pensiones de forma incorrecta”, sentencia Feldman. “El dinero que sacas de un plan de pensiones tributa como renta del trabajo en el IRPF, por lo tanto, si rescatas una cantidad muy grande de golpe en un año en el que ya tienes ingresos altos, puedes hacer que tu tipo de IRPF suba mucho y acabar pagando más de lo que esperabas”, aclara. Por eso, la experta apuesta por hacer un plan financiero y un pan fiscal, que ayude a repartir los rescates.

Invertir sin riesgo

“Mucha gente se queda en opciones casi sin riesgo dentro del plan de pensiones, cuando en realidad precisamente por ser una inversión muy a largo plazo es uno de los productos donde más sentido tiene asumir algo de riesgo e incluir renta variable y diversificación, en lugar de quedarse en opciones ultraconservadoras”, explica la experta. “Además, no inviertes solo tu dinero, sino también parte 'del Estado'”, apunta, debido a la ventaja fiscal que supone poder aportar dinero bruto, antes de pagar IRPF.

No revisar el producto

“Un plan de pensiones no es un producto único, es un marco dentro del cual puedes elegir entre muchos fondos y estrategias distintas”, comenta Feldman, que por ese motivo, señala como un error frecuente “no fijarse en las comisiones ni revisar el tipo de inversión” que vamos a realizar. Si diversifica o si tiene renta variable, entre otras opciones. 

“Ojo, porque la fiscalidad no lo es todo, es importante, pero también hay que fijarse en las comisiones, para que lo que estás ahorrando en impuestos no lo estés perdiendo en rentabilidad”, señala.

Confundir el plan con el envoltorio

“Otro error de concepto es pensar que el plan de pensiones es el producto, cuando en realidad es una estructura fiscal que te permite invertir con distintas estrategias dentro”, aclara la economista, ligado al punto anterior. Para Feldman tan importante como revisar y elegir bien el plan es elegir la estrategia que se quiere seguir en la inversión.

Los planes de pensiones son grandes desconocidos para muchos ahorradores debido, en ocasiones, a la falta de pedagogía en torno a los productos financieros: ¿son realmente una buena opción de ahorro? ¿Qué tratamiento fiscal ofrecen? ¿Cómo se recupera el dinero? Una experta en fiscalidad ayuda a separar el mito de la realidad y explica qué debes saber para sacarles partido.

Un plan de pensiones funciona como un depósito de ahorro a largo plazo pensado para complementar en un futuro la prestación por jubilación. Llegado el momento, además de recuperar el dinero aportado durante la vida laboral, se recibe la rentabilidad que haya generado. “El principal beneficio fiscal de un plan de pensiones es que te permite invertir antes de pagar el IRPF, es decir, con dinero bruto. No pagas impuestos sobre el dinero que aportas al plan hasta que lo rescatas”, afirma Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash.

“Dicho de otro modo: la parte de tu sueldo que normalmente iría a Hacienda entra a formar parte de la inversión. Digamos que el Estado se convierte en tu ‘socio de inversión’, porque te deja diferir el pago de esos impuestos. Eso aumenta tu capacidad de inversión hoy y hace que el interés compuesto trabaje sobre una base mayor”, aclara la experta.

Mitos de los planes de pensiones

Actualmente, en un plan de pensiones individual el límite de aportación es de 1.500 euros al año. “Ese es, en la práctica, el máximo sobre el que puedes aplicar la ventaja fiscal en tu declaración de la renta”, explica Feldman. “Aunque el límite se ha reducido mucho respecto a lo que había antes, el plan de pensiones sigue siendo una herramienta interesante precisamente por ese tratamiento fiscal y por el poder del interés compuesto a largo plazo”, valora.

Para la economista, este es el mito más extendido actualmente, que “ya no merece la pena el plan de pensiones porque el tope es muy bajo”. “Sigue existiendo la ventaja de invertir con dinero bruto, antes del IRPF, y sigue funcionando el interés compuesto: lo que vas ganando se reinvierte y también crece con el tiempo”, defiende Feldman. 

“Aunque la cantidad anual esté limitada, el efecto acumulado de años y años de aportaciones, más el interés compuesto y el diferimiento fiscal, puede ser muy potente a largo plazo. Por ejemplo, imagina que inviertes durante 25 años 125 euros al mes en un plan de pensiones que, de media, ofrece una rentabilidad del 8% anual. Al cabo de ese tiempo habrías aportado 37.500 euros de tu bolsillo y habrías generado en torno a 81.370 euros en intereses. En total, al final de los 25 años tendrías unos 118.800 euros acumulados en el plan”, explica. “Al final la constancia y el tiempo son claves cuando hablamos de inversión”.

Para trabajadores por cuenta ajena, también puede existir la opción de adscribirse a un plan de empresa, con el mismo fin que el individual, pero en estos casos, suelen ser las propias compañías las que ingresan el dinero en los planes de sus empleados. “Fiscalmente, hoy en España es más interesante aportar a un plan de empresa que a un plan individual, porque el límite de desgravación puede llegar a unos 10.000€ al año. Pero, ojo, la fiscalidad es importante, pero no lo es todo. Si el plan de empresa cobra muchas comisiones o suele dar malos resultados, puedes estar ahorrando impuestos por un lado y perdiendo rentabilidad por otro”, destaca Feldman. “Por eso decimos desde HelpMyCash que primero miramos fiscalidad, pero luego miramos rentabilidad, comisiones y calidad del plan”.

Cómo y cuándo rescatar el plan

En lo referente a las aportaciones, hay quienes optan por ir mes a mes y quienes prefieren concentrarlas en un único pago a finales de año. “Desde el punto de vista fiscal, da exactamente igual aportar el 1 de enero o el 31 de diciembre, la desgravación es la misma si al final del año has aportado la misma cantidad”, sostiene la experta, que sí da importancia al modo en el que se rescata del plan. “Aquí es donde se puede deshacer, en un momento, todo lo ganado durante décadas”, enfatiza. 

Para no perder el beneficio fiscal, la clave para Feldman es planificar: “Hacer un plan financiero que recoja cuánto necesitas, durante cuánto tiempo y, a la vez, un plan fiscal que te ayude a repartir los rescates para no saltar a tramos de IRPF más altos”.

Así, la experta recuerda la importancia de no sacar cantidades muy grandes de golpe, que el rescate tributa como salario a efectos de IRPF y, por el mismo motivo, recomienda llevarlo a cabo cuando los ingresos sean más bajos. “A partir de los 10 años desde la primera aportación, ya puedes empezar a disponer del dinero. Eso refuerza la necesidad de tener una estrategia clara antes de empezar a rescatar”, insiste.

Cristóbal Montoro ha sido el político español que más años ha ocupado el sillón de ministro de Hacienda. Pero hubo una etapa entre 2004 y 2008 en la que, además de fundar 'Montoro y Asociados' con sus antiguos colaboradores, ocupó un escaño en Bruselas y formó parte del fondo de pensiones de Luxemburgo del que cobró casi 78.000 euros en 2019. El fondo articulado a través de una sicav cofinanciada en esos años con fondos comunitarios y por el que se tributaba menos de un 1% en impuestos. Un año antes de cobrar el dinero, poco antes de que Mariano Rajoy perdiera el Gobierno, el entorno de Montoro aseguró que el todavía ministro había renunciado a ese dinero que finalmente cobró un año después.

Montoro fue eurodiputado en Bruselas durante cuatro años. Ocupó el quinto puesto de la lista del PP entre Ana Mato y José Manuel García-Margallo y formó parte, sobre todo, de la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento, donde tuvo 17 intervenciones plenarias, hizo 20 preguntas parlamentarias y fue ponente de un informe. La misma etapa en la que fundó en 2006 el despacho posteriormente bautizado como Equipo Económico y ahora investigado por los tribunales. Un periodo que le valió para acceder a una de las grandes fuentes de ingresos en la política: las pensiones de eurodiputado.

El sistema que utilizaban los parlamentarios de Bruselas en esos años para canalizar sus pensiones fue desvelado por InfoLibre en 2014. Una sociedad de inversión de capital variable (sicav) radicada en Luxemburgo donde por cada dos euros que aportaba cada eurodiputado para su futura pensión, el Parlamento Europeo aportaba uno. Todo con un régimen fiscal muy favorable: un 0,01% del valor de su activo neto.

El terremoto político se llevó por delante a líderes políticos como Willy Meyer (Izquierda Unida) y puso el foco sobre los parlamentarios que habían aprovechado este sistema. En ese momento uno de ellos era Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda en la primera legislatura de Mariano Rajoy y miembro del Gobierno que congeló las pensiones en España. En los primeros meses de 2018, un portavoz de Montoro afirmó a InfoLibre que había renunciado a ese dinero.

El sumario del caso Montoro, nutrido sobre todo de documentación incautada a Equipo Económico y las empresas investigadas, recoge información sobre los ingresos del político en los últimos años. Y en mayo de 2019, menos de un año después de salir del Gobierno, recibió un ingreso desde Luxemburgo de 77.934,77 euros. El concepto, en francés, es “pensión complémentaire” y el entorno de Montoro ha confirmado a El Independiente que, efectivamente, se trata de la misma pensión que decía un año antes que no iba a cobrar.

En sus años como diputado, mientras el PP estaba en la oposición y él en el Congreso, Montoro cobró dinero de las Cortes, del propio partido y del grupo parlamentario pero también de FAES y varias fundaciones ligadas a bancos y universidades e instituciones privadas. No fue la única persona que cobró dinero desde Luxemburgo, según revela el sumario. Entre 2009 y 2012 Luis de Guindos tuvo transacciones económicas de cientos de miles de euros en ese país, etapa en la que trabajó para Lehman Brothers o PWC.

Las pensiones son la base de la renta de más de un millón y medio de personas en Andalucía y después del proceso de negociación que empezó en 2021 y ha culminado en 2024 entre CCOO, UGT y el Gobierno central, con el apoyo parcial de la patronal CEOE, se ha llevado a cabo una reforma profunda del sistema que ha corregido los recortes que se hicieron en 2012 por el Gobierno del PP.

Dichas reformas se han acometido con el objetivo de mejorar las pensiones y procurar financiación suficiente para que el sistema sea viable a largo plazo. Por ello, a día de hoy, podemos asegurar que el sistema de pensiones español goza de buena salud, en contra de las predicciones agoreras de una parte importante de los gurús económicos y políticos defensores a ultranza del liberalismo absoluto que inspiraron la reforma del Gobierno de Rajoy, que llevó al sistema a una importante crisis financiera, a pesar de los importantes recortes llevados a cabo y a la mala gestión del Fondo de Reserva. Sin embargo, ahora, con una política expansiva, se ha mejorado el importe de las pensiones, tanto de las más bajas como de las más altas, a la vez que se ha dado certidumbre a la financiación a largo plazo y se está recuperando el Fondo de Reserva. Una mejora de las pensiones que, sin duda, no habría sido posible sino se hubiera hecho en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos, con una participación inconstante, eso sí, de la patronal.

A partir del último acuerdo en 2023, con el que se han concluido los aspectos más importantes de la reforma, el compromiso de diálogo social es seguir negociando el desarrollo de estos acuerdos y también seguir haciendo un seguimiento de la evolución del sistema de pensiones.

Desde CCOO queremos resaltar el trabajo realizado durante todo el proceso de negociación para revertir los recortes de la reforma unilateral que hizo el Partido Popular en 2013, porque estamos ante una reforma dialogada ha ido mucho más allá, ya que se ha revisado todo el sistema con sus diferentes prestaciones y se han estableciendo nuevas medidas que han mejorado las pensiones y otras prestaciones de Seguridad Social, a la vez que se le ha dado solidez financiera, lo que conlleva estabilidad y certeza a largo plazo.

La medida de efecto más inmediato ha sido la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), que ha permitido que las personas pensionistas no hayan perdido poder adquisitivo desde 2021.

Para reducir las brechas de género se ha establecido un complemento en función del número de hijos, lo que ha mejorado las pensiones en general para las personas con descendencia, especialmente mujeres

En la segunda fase de negociación se concretó la subida las pensiones mínimas por encima del IPC, incluidas las pensiones no contributivas, que ha supuesto incrementarlas por encima del IPC, en 2024 un 6,9% y en 2025 un 6%.

La mayor subida ha sido para pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares, con un incremento de más del 14% en 2024 y del 9,1% en 2023. La mejora de las pensiones también se ha producido en las pensiones más altas, que dejan de estar topadas; es decir, tendrán un crecimiento, aunque algo inferior a la media.

Para reducir las brechas de género se ha establecido un complemento en función del número de hijos, lo que ha mejorado las pensiones en general para las personas con descendencia, especialmente mujeres.

De igual modo se ha derogado el factor de sostenibilidad y se ha establecido un mecanismo de equidad intergeneracional que, junto con otras medidas, iban destinados a incrementar los ingresos del sistema, reforzando la financiación a largo plazo. Así, el Fondo de Reserva de las Pensiones que el Partido Popular dejó con poco más de 2.000 millones a final de 2024, ahora tiene más de 9.300 millones, con unos ingresos que se vienen incrementando anualmente por encima de los 3.700 millones.

Además, se han mejorado las pensiones de las personas que adelantan la edad de jubilación, acabando con los recortes que hizo el PP. El efecto positivo se produce, sobre todo, en las personas que acceden a la jubilación anticipada involuntaria debido a la pérdida del empleo, que suelen tener muchos años de cotización.

Se ha revisado el sistema de pensiones en profundidad mejorando el poder adquisitivo de las pensiones, estableciendo un sistema flexible de acceso a la jubilación a partir de los 61 años, se han reducido las brechas de género, se han creado prestaciones nuevas y se han establecido medidas para mejorar la financiación para que sea sostenible a largo plazo

Se ha acordado asimismo la mejora de las pensiones de las personas que de forma voluntaria quieran retrasar la edad de jubilación, ampliando los casos y clarificando las situaciones en las que se puede compatibilizar el cobro de la pensión y la actividad económica.

Igualmente, se amplía la cotización de las prácticas de las personas jóvenes, lo que incrementa el tiempo de cotización y permitirá mejorar sus pensiones en el futuro.

Otra de las medidas importantes es la reforma del régimen de trabajadores autónomos (RETA) para que sus cotizaciones se hagan en función de los ingresos, lo que supondrá una mejora de las prestaciones para este régimen. Esta reforma se llevará a cabo durante un periodo de tiempo largo que terminará en 2032 para facilitar la adaptación al nuevo modelo.

En definitiva se ha revisado el sistema de pensiones en profundidad mejorando el poder adquisitivo de las pensiones, estableciendo un sistema flexible de acceso a la jubilación a partir de los 61 años, se han reducido las brechas de género, se han creado prestaciones nuevas y se han establecido medidas para mejorar la financiación para que sea sostenible a largo plazo. Todo ello dentro del marco del diálogo social y anteponiendo el interés general de las personas pensionistas y jubiladas, algo que difiere mucho de la reforma del sistema de pensiones de 2012 llevada a cabo e impuesta por el Gobierno del PP de manera unilateral y que no mejoró en nada la vida de los jubilados y jubiladas.

Euskadi, como España, está en un buen momento. Los vascos contamos con un Gobierno fuerte y renovado, con una hoja de ruta, además, coherente con las políticas sociales y de mejora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno de Sánchez. 

El Gobierno de España, liderado por los socialistas, es un buen Gobierno para los vascos, que además de cumplir con el respeto a nuestros derechos, se compromete fuertemente con ayudas e inversiones en nuestros pueblos y ciudades —como es notorio en vivienda y transporte público—, recursos económicos que el Gobierno de Sánchez invierte en Euskadi para que redunden en una mejora de la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía vasca. También porque el Partido Socialista es un partido aliado y respetuoso con las instituciones vascas y su autogobierno, al que la ciudadanía vasca le reconoce su capacidad para el diálogo, la negociación y la consecución de consensos con el diferente en beneficio del interés general de la ciudadanía. 

Euskadi, con una ciudadanía sensible a todas estas cuestiones, lleva años desconfiando del PP, al que ven como un partido absorbido por la política madrileña, dependiente de las decisiones tomadas en la Puerta del Sol, y sometido a los acuerdos con Vox; esa fuerza de ultraderecha que persigue, sin rubor, la desaparición de nuestras instituciones y el pluralismo político en Euskadi. Más que nada porque Vox nos odia a todos: socialistas y nacionalistas. A todos, menos a ellos y al PP. 

Pero escribo este artículo porque creo que estos últimos días el Partido Popular vasco —fusionado por absorción por la política de polarización, mentira, bulo y odio de Feijóo y Tellado— ha traspasado todos los límites. Lo han hecho votando —sin protestar, alzar la voz o desmarcarse— contra los vascos, causándoles un daño social injustificable, porque no hay argumento o excusa que motive jugar en política con las pensiones de casi 600.000 vascos —que se jugaban la actualización de este año— y, por tanto, con el aumento para hacer frente al coste de la vida que garantiza un bienestar mayor; tampoco lo hay para jugar con las inversiones, por ejemplo, del Gobierno central en Transporte, hasta 254 millones de euros en ayudas a Gobierno Vasco, Diputación Foral y Ayuntamientos para aplicar los descuentos del 50% en el País Vasco. Como tampoco hay justificación para hacer trizas la justicia social en interés propio poniendo en riesgo a las personas con menos recursos, nada explica el voto contra el aumento mayor de las pensiones de los que menos tienen: personas beneficiarias de pensiones mínimas, no contributivas, y de viudedad con hijos a cargo (que subían entre un 6 y un 8%), la prohibición de los desahucios o la rebaja de la factura eléctrica con el bono, estas dos últimas para las personas más vulnerables.

Nada explica su actuación. Ni siquiera decir la verdad entre tanta mentira. Con esto me refiero al hecho de que “la jefa” Díaz Ayuso, junto a su amiga Ana Rosa, haya confesado en público la razón que parece se esconde detrás del voto contrario al aumento de las pensiones: para el PP, el Estado no debe sostener el actual sistema de tensiones, con sus revalorizaciones, porque es muy caro para las arcas públicas. Con queéfalta de sentimientos lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Qué poca vergüenza.

En mi opinión, detrás el voto contrario del PP el pasado día 22 en el Congreso de los Diputados, y sus juegos posteriores con los cambios de voto, también se esconde lo poco que les importamos los ciudadanos; cambian del sí al no, porque lo importante no es la gente, sino el poder. Y para conseguir el poder tienen que cargar “con todo” contra el presidente Sánchez y el Partido Socialista. Porque incluso con todas las banderitas que se ponen de pulseras, para ellos lo importante tampoco es España, sino mandar en España para seguir manteniendo los privilegios de los suyos.

Y después de todo lo anterior es fácil concluir las razones de que el PP hace tiempo sea una fuerza irrelevante en la política vasca. Porque cuando toca elegir entre Euskadi y Madrid, eligen Madrid, sumergiéndose en la piscina de la política tóxica madrileña y uniéndose con los ultras de Abascal y usando la misma estrategia: hacer del odio la única política, y reventando todos los puentes con el resto de partidos vascos. Sirva de ejemplo la ruptura de sus relaciones con la otra fuerza conservadora en Euskadi, el PNV, al que atacan de frente Feijóo, Tellado y los suyos, como si fuesen su peor enemigo. Y porque, además, se han convertido en un partido que causa dolor social en la ciudadanía vasca; jugando en la mesa de la política con los derechos de los pensionistas vascos en particular, y del resto de la ciudadanía en general, cuando de lo que se trataba era de garantizar el escudo social.

Y cuando un partido juega con los sueldos, pensiones, servicios, calidad de vida y bienestar de la gente, pasa a ser también una fuerza política de la que desconfiar, y por la que preocuparse si llegan al Gobierno de España. Los vascos hemos anotado el juego del PP con nuestros derechos en esa memoria de lo que no queremos al frente del Gobierno de España. No queremos un partido desleal, irrespetuoso con Euskadi, insolidario, centralista y profundamente indolente al jugar con nuestros derechos. Y con los derechos de los vascos no se juega.

Trabajar más años y posponer la jubilación. Esa es la receta que están recomendando distintos organismos, nacionales e internacionales, para dar un respiro a las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone que España eleve la edad en la que dejamos de trabajar y extender el periodo de cotización sobre el que calculan las pensiones. Mientras, el Banco de España aboga por alargar la vida laboral porque “contribuye a reducir algunos de los efectos adversos del envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral”. Sin embargo, el supervisor también asume que esta medida tiene, en realidad, un efecto limitado en el gasto en pensiones.

“El alargamiento de la vida laboral debería fomentarse  –más allá del aumento de la edad legal de jubilación– con la eliminación de distintos elementos, que, en la práctica, están contribuyendo a expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad”, asegura el gobernador Pablo Hernández de Cos en el Informe Anual del último ejercicio, sin entrar al detalle sobre cuáles son esos elementos. 

Hernández de Cos sí apunta que, de cara al futuro, sería “deseable analizar en profundidad el efecto de los distintos cambios normativos introducidos”, en referencia a la última reforma de las pensiones. Sin embargo, reconoce que los incentivos para posponer la edad de jubilación tienen “un efecto limitado en la reducción del gasto” en estas prestaciones. 

“También convendría estudiar los efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas derivados del incremento de las cotizaciones sociales, así como sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional, analizar medidas alternativas, incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo, que se encuentran en niveles superiores a los de la media de los países de nuestro entorno, y examinar la evolución del ahorro privado para la jubilación y su capacidad para complementar las prestaciones del sistema público”, enumera.

Un plus por jubilarse más tarde

Lo que introdujo la última reforma de las pensiones es un plus para quienes decidan trabajar más años, bien a través de un plus anual del 4% en la pensión –antes del último cambio legal era el 2%–; bien con un pago único que se abona en el momento de la jubilación.

Como punto de partida, el supervisor indica los datos más recientes. “El número de jubilaciones demoradas ha aumentado significativamente con respecto a los años previos a la introducción de las nuevas medidas destinadas a prorrogar la permanencia en el mercado laboral”. El peso de esta modalidad, desglosa, ha ido creciendo, porque se situó en 4,8% en el año 2021, el 5,4% en 2022 y el 8,1% en 2023. En este último año, “el número de jubilaciones demoradas superó las 26.000, lo que implicó un crecimiento del 50% con respecto al año anterior”, apunta.

En cuanto al análisis sobre el efecto en las cuentas públicas de retrasar la jubilación, el Banco de España ha planteado diferentes escenarios dependiendo de cuántas personas opten por la jubilación demorada. Es decir, por trabajar más años cuando ya ha llegado la hora de retirarse.

“A partir de la distribución de las edades de jubilación obtenida en el horizonte de proyección, se ha supuesto un aumento de entre uno y tres años de dichas edades para un porcentaje creciente de trabajadores”, explica el supervisor. “En el escenario de menor impacto de los nuevos incentivos, se asume que únicamente el 10% de las altas de jubilación ordinaria pospondría su jubilación y la retrasarían solo un año. En cambio, en el escenario de mayor efecto de los incentivos, se asume que un 100% de las mismas prorrogaría tres años su salida del mercado laboral”. Además, incluye dos opciones, o que opte por elevar un 4% la prestación anual o se prefiera un pago único con la primera pensión. 

“En el promedio del período 2022-2050, puede observarse que la ratio de gasto en pensiones sobre PIB caería en apenas una décima si un 20% de los trabajadores que en la proyección base se jubilan a su edad ordinaria extendiese un año su permanencia en el mercado laboral”, desglosa. “Y entre tres y cinco décimas si el 100% de las altas de jubilación ordinaria decidiese posponer un año su acceso a la misma”.

En el siguiente gráfico se ve cómo bajaría el gasto en pensiones, si la jubilación se demora uno, dos o tres años.

El organismo admite que “a extensiones más dilatadas de la vida activa resultarían en un menor gasto en pensiones”. “Estos ejercicios, que deben ser tomados con mucha cautela”, reconoce, debido a la gran cantidad de supuestos que requieren. Por ello, “incluso en escenarios donde las nuevas bonificaciones tienen un efecto notable a la hora de incrementar la edad efectiva de jubilación, la reducción del gasto en pensiones sería, al menos en una primera aproximación, relativamente limitada”. 

En el siguiente gráfico se comprueba cómo se reduce el gasto en pensiones si se demora jubilación en el conjunto de escenarios planteados por el Banco de España.

En resumen, el supervisor asegura que las simulaciones que ha realizado “permiten establecer una relación entre un aumento de la edad efectiva de jubilación y un cambio en la ratio de gasto en pensiones”.

“Tomando como referencia el año 2050 y estimando dicha relación mediante una forma lineal, puede concluirse que cada año de incremento en la edad efectiva de jubilación estaría asociado a una disminución del gasto en pensiones de entre dos y seis décimas de PIB”, concluye.

Desolación, preocupación y tristeza son los sentimientos que acompañan al aproximadamente centenar de abogados y abogadas sevillanas que se han personado en la mañana de este miércoles frente a los juzgados de guardia para presentar una denuncia contra la Mutualidad de la Abogacía. El motivo de las mismas es que se sienten estafados: “Hemos pasado de creer que íbamos a tener una pensión de unos 600 euros a enterarnos de que algunos apenas llegamos a la mitad”. Paralelamente, han criticado al Colegio de Abogados de Sevilla por no informarles de que “permanecer en la mutualidad iba a ser perjudicial” para ellos “a sabiendas de la situación”, según ha argumentado una de las afectadas.

Los escritos presentados (en torno a 80 en concreto) dan continuidad a los que ya presentaron otros compañeros el pasado 11 de abril ante la Policía Nacional y en igual sentido. La intención, según otra letrada, es que trasciendan a la Audiencia Nacional y no se juzguen como piezas separadas susceptibles de ser archivadas. Así, los afectados buscan poder acceder al sistema público a través de una especie de “pasarela” que les permita ahora llevarse sus ahorros a la caja común y, de esta forma, poder acceder a mejores prestaciones. 

La problemática parte de que en el año 2005 hubo un cambio en la Mutualidad de la Abogacía, que pasó de un sistema de capitalización colectiva a uno de capitalización individual. Este cambio que muchos de los mutualistas desconocían ha resultado en pensiones mucho más bajas para muchos abogados, algunas apenas alcanzan los 300 o 400 euros mensuales, lo que ha provocado indignación y movilizaciones en muchas provincias españolas. En ellas los afectados alegan que se sienten engañados por la falta de transparencia sobre las consecuencias de estos cambios. La Mutualidad, por su parte, argumentó que ha gestionado este cambio manera transparente y que las bajas pensiones son consecuencia directa aportaciones de algunos abogados. A este factor se suma el hecho de que hasta 1996 era obligatorio para los nuevos abogados vincularse a la Mutualidad “como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión”.

Distintas posiciones, una causa común

Los propios mutualistas se han catalogado a sí mismos en tres categorías diferentes: los llamados alternativos, es decir, los que han cotizado el 100% de subida para la mutua; los mixtos, que han cotizado para la mutua y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA); y los pasivos, en los que se engloban los ya jubilados.

Consuelo T. , de 64 años, pertenece al segundo grupo al que cataloga como “los más afortunados” pese a que su situación “no se la desea a nadie”. En su caso comenzó a cotizar para el RETA en el año 2002 movida por la preocupación de tener que mantener a sus dos hijas mellizas siendo madre soltera que por un conocimiento claro de las consecuencias. Aun así, Consuelo, desde que inició su despacho en 1987, no dejó de pagar la mutualidad hasta el año 2015. Así, tras 28 años trabajados, la cantidad que estima que se le va a quedar apenas sobre pasa los 150 euros: “Yo voy a cobrar más por el RETA, pero he pagado 28 años a la mutua y como consecuencia de ello me he perdido muchas vacaciones y muchos momentos de estar con mis hijas”.

Las reivindicaciones de los abogados mutualistas sevillanos se engloban dentro del “Movimiento J2” al que definen como una “colmena sin reina”, ya que se trata de un movimiento social sin líder en el que todos unen sus preocupaciones y luchan por una causa común. Dicho movimiento engloba a letrados de toda España y está adquiriendo fuerza en los últimos años.

Opacidad, desinformación y sesgo de género

La abogada A.C.G, en representación de sus compañeros, ha catalogado este cambio de régimen como un proceso “oscuro y opaco” en el que en ningún momento se les informó de que este cambio de régimen iba a suponer un cambio en las condiciones del contrato que firmaron inicialmente al adherirse a este sistema de cotización. “Ni la mutua, ni nuestro propio colegio nos advirtió de ello” ha afirmado tajante A.C.G.

Muchas de las abogadas que se han querellado esta mañana en los juzgados han narrado a este periódico que las mujeres adscritas a la mutua perciben menos pensión que los hombres habiendo cotizado lo mismo bajo la “justificación de que ellas genéticamente están predestinadas a vivir más años”.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas piden “mejor trato fiscal” en la próxima reforma para crecer en número de socios. “Hace falta una fiscalidad más amable para generalizar este tipo de complemento a las pensiones”, ha señalado el presidente de la Federación de EPSV, Ignacio Etxeberria, que ha hecho balance del pasado año acompañado por el nuevo presidente de Elkarkidetza -la EPSV de los funcionarios públicos- el exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que ha capitaneado más de una reforma fiscal cuando estaba al frente de la Hacienda foral. Junto a ellos ha estado Iñigo Ansola, por parte de Baskepensiones. En concreto, desde la federación de EPSV demandan que en la próxima reforma fiscal que abordarán las diputaciones forales vascas no se penalice el cobro de las prestaciones en forma de renta, sino que se tenga en cuenta los años que el trabajador lleve en el sistema. Algo que en su opinión favorecería la incorporación temprana de los trabajadores y, por tanto, el aumento del número de socios, que no está creciendo en estos momentos, pese a que las EPSV han aumentado en patrimonio y rentabilidad respecto al año anterior.

En concreto, según los datos que han aportado, el numero de socios se mantiene estable respecto al año pasado, alrededor de un millón cien mil asociados, apenas un 0,37% más que el año anterior. Una cifra de socios que tendría también un impulso importante en el caso de que se generalizaran las EPSV de empleo, aunque han reconocido que para eso es necesario que sindicatos y patronal empiecen a negociarlo en los convenios.

Pese a que el número de socios no ha crecido demasiado, el año pasado fue un buen ejercicio para las entidades de previsión social voluntaria. El patrimonio de las EPSV superó los 28.000 millones al cierre del pasado 2023, lo que supone un 4,2% más que un año antes, y las permite recuperar prácticamente lo perdido en el ejercicio anterior. La rentabilidad media rondó el 7%, gracias al “buen comportamiento de los mercados financieros” mientras que las prestaciones abonadas por las entidades superaron los 820 millones. Etxebarria ha destacado que este nivel de prestaciones supone que estas entidades han abonado a sus personas socias y beneficiarias más de 4.000 millones de euros en los últimos 5 ejercicios, “reafirmando una vez más la labor de protección social que desempeñan estas entidades en Euskadi”.

El patrimonio invertido en estas EPSV representa el 30,69% del PIB de Euskadi, porcentaje “muy superior” a los sistemas del Estado (8,60%), y algo superior a la media UE-14 (29,20%), aunque recuerdan que “todavía está muy alejado de los países más desarrollados en este ámbito, que alcanzan ratios del 50% al 150% del PIB, así como de la media OCDE que es del 59,50%”.

¡Buenos días!

Empieza una nueva legislatura que va a ser difícil y determinante. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han señalado durante el debate de investidura que será “la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores”. No es un objetivo menor, sabiendo que la CEOE ya ha anunciado su oposición frontal al acuerdo entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas. No van a ser los únicos que pongan todos los palos en las ruedas para evitar nuevos avances laborales.

Una fuente del Gobierno admitía esta semana que hay cierta preocupación por la actitud de una parte del alto funcionariado, muy influenciado por el Partido Popular, para ralentizar y obstaculizar al nuevo Ejecutivo. El servicio público no debería tener ideología, pero en algunos niveles de la Administración Pública esa supuesta carencia ideológica se suplanta por supuestos criterios técnicos que casualmente coinciden con el argumentario de la derecha.    

Estamos ante la gran oportunidad para dar el salto final y acabar con la precariedad laboral en España. Pero también pueden ser el periodo político para facilitar el alquiler y tratar de reducir el grave problema de la vivienda que sufre nuestro país, conseguir una nueva financiación autonómica donde prevalezcan las inversiones públicas en educación y sanidad o convertir a España en un país moderno a través de la transición ecológica. Va a ser difícil pero es posible. En este enlace puedes leer la batería de compromisos de Gobierno que ha anunciado Pedro Sánchez.

Va a ser más complicado aún porque la situación económica se complica en la Unión Europea. Hay mucha incertidumbre. España será el país de los grandes europeos con mayor impulso económico en los próximos años y es de esperar que el empleo aguante. Sin embargo, hay algunos datos que llaman a la prudencia: el BCE alerta en su último Boletín Económico de que la inversión de la curva de tipos “apunta actualmente a elevadas probabilidades de una contracción de la actividad en el próximo año”.

Por su parte, la Comisión ha presentado las previsiones económicas del paquete de otoño en el que señala que el PIB europeo crecerá sólo el 0,6% en 2023, pero espera un repunte al 1,7% en 2025 tras dos años de menor crecimiento del esperado por la difícil coyuntura internacional. En el caso de España, crecerá dos décimas más este año (2,4%) respecto a las previsiones realizadas en verano, aunque las perderá el próximo año (1,7%). Aquí tienes más información sobre las previsiones para la economía Europea y española de los próximos años.

Cada vez que habla sube el pan

Estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad, por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar

Santiago Abascal — Presidente de Vox

Parece una broma, pero no lo es. El partido de ultraderecha que en su programa electoral llevaba como propuesta limitar el derecho a la huelga, que votó en contra de la reforma laboral, que votó en contra de derogar el despido por bajas médicas, que votó contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil, que votó contra la revalorización de las pensiones... Sí, Vox ahora respalda una huelga general porque le duele España. Su sindicato 'vertical', de nombre Solidaridad, ha registrado una convocatoria de huelga general el 24 de noviembre contra la amnistía.

Hay muchas dudas legales de que una convocatoria así sea permitida por ser un sindicato sin apenas presencia y por los motivos políticos del paro. Para empezar, el sindicato ultra asegura que tiene 250 delegados, lo que supone, si fuera verdad, una representación sindical del 0,09%. Además, la legislación considera ilegales las huelgas convocadas por “motivos políticos”. No obstante, varios juristas recuerdan que la huelga es un derecho fundamental, especialmente protegido por la Constitución, por lo que los jueces suelen hacer interpretaciones “amplias y garantistas”. Todo lo contrario de lo que pretendía Vox si hubiera ganado las elecciones.

El problema de Vox y su sindicato no es solo que sean de ultraderecha, es que además no se enteran. El Ministerio de Trabajo les ha conminado a que vuelvan a presentar la convocatoria de huelga porque su solicitud no cumple con los requisitos formales básicos necesarios y tiene “defectos de forma”. Aquí tienes más información sobre la incapacidad del sindicato de Vox de convocar una huelga en condiciones.  

 El Gráfico

Resta y sigue. El negocio de los planes de pensiones privados no para de perder clientes. En lo que llevamos de año son ya 65.000 personas las que han abandonado este tipo de ahorro, el nivel más bajo en 19 años. A pesar de que cada vez son menos atractivos (la rentabilidad suele ser baja, tienen altas comisiones y se redujeron los beneficios fiscales porque sólo beneficiaban a las rentas más altas), los bancos se han embarcado en campañas para tratar de vender pensiones privadas o robar clientes a otras entidades. Cualquier cosa menos pagar los depósitos como deberían. Aquí te explicamos cómo se desmorona el negocio de los planes de pensiones privados.

El Dato

1.400 millones de euros

En dividendos ha repartido Cepsa entre sus principales accionistas: el emirato de Abu Dabi (61,36%) y el fondo estadounidense Carlyle (38,41%) desde julio de 2022. Los resultados récord de 2022 (1.100 millones de beneficio) por la subida del precio de los carburantes debido la guerra en Ucrania y la venta del 50% del negocio de extracción y producción han llevado a la compañía a desembolsar una cantidad récord para sus propietarios. La media de dividendos repartidos en los últimos cinco años es de 500 millones. Aquí te explicamos el boyante negocio de la petrolera para sus propietarios. 

El día de la presentación de resultados de 2022, Cepsa anunció inversiones récord de 3.600 millones para los tres próximos años, la mitad para negocios “sostenibles”. Sin embargo, esta semana ha protagonizado el último movimiento de concentración en el sector al comprar la red de gasolineras Ballenoil, con la que supera las 2.000 estaciones de servicio. La petrolera asegura que pretende ampliar los puntos de recarga de coche eléctrico. Ahora solo cuenta con 130.

Entrepreneur

El 'entrepreneur' de la semana es Tomás Olivo, una de las mayores fortunas del país (la sexta, según la lista Forbes). Este empresario inmobiliario ha sido protagonista las últimas semanas por convertirse en el segundo mayor accionista del banco Unicaja, con el 9% del capital. Su imperio se empezó a forjar en Marbella con promociones inmobiliarias hasta edificar un imperio bajo el nombre de General de Galerías Comerciales, una compañía especializada en centros comerciales cuyo valor ronda los 3.700 millones de euros. El reverso de la historia. Detenido en 2006 por el caso Malaya, salió absuelto. En 2012 fue condenado a cinco años de prisión por malos tratos a su mujer, aunque la sentencia fue reducida por la Audiencia Provincial de Málaga a siete meses tras absolverlo de varios delitos. Ahora afronta con Juan Antonio Roca su último juicio por corrupción en la gestión urbanística de la Marbella de los años noventa y 2000.  En una entrevista aseguró: “A mí me fue bien con Franco” para explicar el origen de su fortuna. En este enlace tienes mucha más información sobre el millonario constructor de centros comerciales que asalta el accionariado de Unicaja.

Tenía que llegar. Un 'Se acabó' en el ámbito de la investigación económica lleva fraguándose varios días. No hay precedentes, pero la historia de presuntos abusos con un final terrible ha movilizado, de momento, a más de 600 economistas. Se trata de investigadores de alto prestigio como la premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin (en la foto), los que han firmado una carta contra el ascenso de un investigado por acoso sexual y abuso de poder, Armin Falk, en el instituto alemán de economía laboral, el IZA (Institute of Labor Economics). Aquí tienes mucha más información sobre un caso horroroso de presunto acoso sexual en el ámbito de la investigación económica. 

Bien público

El uso del móvil, pantallas y las redes “toca todo los receptores, de hecho contratan ingenieros para hacer cambios y que aumente nuestro tiempo de uso, de manera que hacen modificación de conductas y el móvil puede convertirse en adictivo”, explica el psicólogo Francisco Villar. Cada día aumenta la preocupación, especialmente por los menores, ante la dependencia de estar siempre conectados a una pantalla. La UE tiene en el punto de mira a las grandes plataformas para tratar de imponer “lo que es ilegal offline será ilegal online”.  El Parlamento Europeo quiere ir más allá y plantea a la Comisión Europea una legislación contra el diseño adictivo de las redes sociales que “proponga como derecho no ser molestado digitalmente” y que se acabe con el diseño adictivo. La principal reclamación es que las notificaciones de esas aplicaciones estén desactivadas por defecto. Más información sobre las estrategias para provocar adicción en los móviles y la lucha para limitar su utilización en este reportaje de Raquel Ejerique, Irene Castro y Carlos del Castillo. 

Nos gusta la competencia

Ahora os mostramos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por esta semana. El próximo jueves nos volvemos a ver ya con una nueva y difícil legislatura en marcha. Si tienes alguna idea o propuesta, nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es

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Como cliente de un banco, es probable que haya recibido en las últimas semanas y meses más campañas enfocadas a captar su dinero para fondos de pensiones o de inversión que para depósitos. Las grandes entidades han dejado para el último trimestre del año una batalla por arrebatarse entre ellas a los cada vez menos clientes que quedan de un negocio como es el de los planes privados de pensiones. Distintos bancos ofrecen hasta un 7% por los ahorros para captar clientes de competidores para una actividad mermada por el recorte de sus incentivos fiscales.

Un repaso por las webs o los escaparates de las entidades sirve para constatar que esta batalla existe. Mientras la competencia por hacerse con los depósitos de los clientes mediante el pago de los intereses correspondientes no despega, las entidades ya han mostrado en repetidas ocasiones que su intención va por otro lado. Son los llamados recursos fuera de balance, lo que incluye a captar inversión para fondos, planes de pensiones o seguros. Negocios que otorgan ingresos por comisiones y reducen el coste por gestionar dinero de los clientes.

Santander, Sabadell, BBVA, CaixaBank, Openbank, Bankinter o ING, entre otros muchos, tienen abiertas campañas comerciales hasta final de año o comienzos del que viene para tratar de atraer clientes. Estas se componen fundamentalmente de la oferta de reembolsos de un 4% del capital que se traslade de un banco a otro. El último en sumarse hace unos días ha sido Unicaja, la sexta entidad del país que actualmente vive un terremoto accionarial interno protagonizado por el constructor Tomás Olivo.

Las promociones incluyen también, siempre y cuando se contrate durante su vigencia, un abono por cada aportación que se haga periódicamente al plan de pensiones. Este incentivo suele rondar en torno a un 1% del ingreso, según coinciden la mayoría de las ofertas.

Aunque como en todo, en las promociones comerciales de la banca y otros negocios los grandes números guardan letras pequeñas. Por ejemplo, Banco Santander llega a ofrecer un 6%. Eso sí, para los planes que tengan más de 100.000 euros. El porcentaje va menguando de manera escalonada hasta el 3%, la mitad, para quienes aporten entre 2.000 y 30.000 euros. También en CaixaBank o en BBVA, el porcentaje ofrecido mengua en función del importe que se vaya a traspasar a la entidad.

La permanencia es otro de los puntos obligatorios para poder acceder a incentivos. Ibercaja es el banco que más ofrece, un 7%, siempre y cuando se cumpla con una permanencia de 10 años. Nueve años es en el caso de Sabadell. Otras entidades son más exigentes y plantean obligaciones que se encuentran entre los tres y los seis años.

Esta batalla, que se plantea periódicamente en la banca, llega en un momento en el que el negocio constata claros signos de pérdida de tamaño. Hace tres años entraron en vigor sucesivos recortes en los incentivos fiscales que se aplican a los planes de pensiones que han hecho que pierdan interés para mucha gente. Unos beneficios tributarios criticados por organismos como la Airef por beneficiar fundamentalmente a las rentas más altas, que son los que pueden acudir a estas herramientas de ahorro para la jubilación.

En concreto, la norma tributaria permite hacer aportaciones a estos vehículos y posteriormente aplicarse una reducción en el IRPF. Este límite inicial se situaba en los 8.000 euros al año y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo rebajó hasta los 1.500 euros. Este incentivo fiscal supone una pérdida fiscal de más de 500 millones de euros para las arcas públicas, aunque la cifra se ha ido recortando al tiempo que se reducía el regalo tributario a los partícipes de las pensiones privadas.

Las estadísticas muestran cómo se ha frenado este negocio. La patronal Inverco cifra en algo más de 1.000 millones las aportaciones que han recibido los planes individuales desde enero a septiembre. Supone menos de la mitad de lo que había hace tres años, antes de que se aplicaran los recortes en los incentivos fiscales. Además, es el nivel más bajo en toda la serie histórica que elabora esta organización empresarial y que se remonta a hace veinte años.

A ello se suma que a esas aportaciones hay que restar las prestaciones que se van percibiendo. Habitualmente, esta diferencia aportaba un saldo positivo. Si bien, desde que se retiraran los beneficios fiscales, sale más dinero del que entra. Pese a ello, el patrimonio total, que depende de cuestiones como la evolución de los mercados donde invierten, se mantiene por encima del cierre del año pasado, pero por debajo del máximo histórico, alcanzado en 2021.

Al mismo tiempo, también ha caído a los niveles más bajos el número de clientes que tienen planes privados de pensiones. Según la misma fuente, son 3,7 millones, lo que supone la pérdida de 65.000 partícipes desde el arranque de este año, su nivel más bajo en 19 años.

Un negocio muy concentrado

Pese a este dato de evolución del número de clientes y de nuevas aportaciones, el volumen total de patrimonio bajo gestión, que supera los 80.000 millones, es un pastel muy codiciado por los bancos. Todo dentro de su estrategia de dirigir los ahorros de los clientes a otros productos que no sean los depósitos.

Esta disputa comercial llega, además, en un negocio ya de por sí muy concentrado. Tres grupos controlan prácticamente dos terceras partes del patrimonio gestionado por los planes privados de pensiones. Lo lidera CaixaBank, con el 34%, seguido por BBVA, con el 17,55%, y Santander, con casi el 12%. Si además se suman Mapfre y Renta 4, los cinco mayores operadores en este negocio suman más del 70% del mercado.

El ahorro mediante planes de pensiones individuales está tradicionalmente vinculado a rentas altas, un tipo de cliente atractivo para los bancos. Así lo muestra la Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España. Según su último estudio, publicado este martes, el 43% de quienes ganan más de 47.000 euros tienen contratado uno de estos vehículos de ahorro. El porcentaje cae hasta el 14% entre quienes ganan entre 15.000 y 27.000 euros y al 7%, entre quienes están por debajo de ese nivel.

El Gobierno trató de incentivar la contratación de los conocidos como planes de empleo, aquellos que están vinculados a un puesto de trabajo y donde hacen aportaciones tanto trabajador como empleador. Al contrario que en los fondos individuales, los de empleo están ganando clientes. Sin embargo, todavía está pendiente del desarrollo con la implementación del fondo público y los cambios en los incentivos fiscales no han sido suficientes para aumentar el nivel de aportaciones o el patrimonio gestionado.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Nosotros estamos consternados con lo que está ocurriendo, una vez más, en Gaza. Es la enésima crisis entre Palestina e Israel que volverá a pagar, sobre todo, la ya castigada población palestina. Cuando era muy joven, me encantaban los cómics de Joe Kubert, creador de personajes como Sgto. Rock y director de la línea bélica de la editorial DC. Kubert mostraba la guerra tal y como es: cruda, injusta y terrible. Cada uno de sus cómics terminaba con la frase: “No hagáis la guerra nunca más”. Lamentablemente, parece que no hay forma de arreglar (o no se quiere) un conflicto que se viene arrastrando desde hace años.

Ante el horror que estamos presenciando, siempre queda la sensación de que tratar otros temas fuera de esta crisis humanitaria puede ser insustancial, pero el equipo de Internacional de elDiario.es está haciendo un trabajo espectacular y, ya sabéis, el dinero ni duerme ni descansa. Vamos a ello. 

En el anterior boletín ya hicimos un balance de cómo quedaban las pensiones públicas, tanto las contributivas en 2024 como las mínimas y no contributivas hasta 2027. Uno de los elementos más importantes es que, a pesar de estas subidas y las que vendrán en el futuro, el Gobierno calcula que el gasto en pensiones se situará en el 12,4% del PIB entre 2022 y 2050, lo que no activaría el mecanismo corrector de la AIReF, que se pondría en marcha si superase el 15%. Esto es importante porque así la Seguridad Social descarta más ajustes en las pensiones de cara a la jubilación del 'baby boom'.

Sin embargo, los mensajes que nos llegan desde la órbita de las pensiones privadas son muy diferentes. El presidente de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones privados y otros vehículos de inversión colectiva, Ángel Martínez-Aldama, ha alertado del “riesgo sistémico” que implica el rescate sin límites de las aportaciones a los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad a partir de 2025, según permite la última reforma que aprobó el Gobierno. Es decir, el propio sector admite que si las personas que han decidido ahorrar un dinero durante unos años deciden sacarlo “podría ocasionar serios problemas” tanto en riesgo sistémico, como en los mercados y en la liquidez de los planes de pensiones privados. Para que luego vayan hablando de que el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad. Por cierto, los planes de pensiones privados cerraron 2022 con unas pérdidas del 9,7%, según Inverco.

Esto nos lleva también al problema de los abogados que confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Los abogados aseguran que han sido “engañados” tras constatar que sus prestaciones apenas llegan a 300 o 400 euros al mes, por debajo incluso de las pensiones no contributivas. La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. El conflicto está servido y la solución no es fácil. Al final, estas jubilaciones “indignas” de los abogados mutualistas ponen al descubierto los riesgos de las pensiones privadas.

El Gráfico

Es un goteo imparable. No paran las noticias sobre las negativas consecuencias de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación. En su intento de ahogar a la economía, se suceden los avisos de que esta política monetaria nos puede estar dirigiendo a una hecatombe económica.

Por un lado, se ha frenado el descenso del porcentaje de préstamos dudosos de impago en el 3,5% del total del crédito concedido a los hogares. Al mismo tiempo, aumentan los que entran en “vigilancia especial [un paso previo a ser considerados dudosos]”, hasta cerca del 7%, según los datos del Banco de España. En conjunto superan ya el 10%, un máximo no visto desde 2020. Las alarmas sobre el riesgo de morosidad de las familias han saltado. 

Entre otras cosas porque el Banco de España constata que en el caso de los hipotecados el esfuerzo medio roza el 40% (el 38,9%) de los ingresos familiares dedicados a pagar la vivienda. El gasto dedicado a un inmueble, ya sea en alquiler o en propiedad vía hipoteca, no debe suponer más del 30% de los ingresos de un hogar si se quiere mantener cierta salud financiera, un porcentaje recogido en la nueva Ley de Vivienda. Aquí te explicamos por qué las familias resisten el esfuerzo de pagar la vivienda que roza ya el 40% de sus ingresos, el máximo desde 2008.

El tema de la vivienda no es baladí ya que se convierte en un marcador definitivo de la precariedad. La red de ONG contra la pobreza EAPN destacan el bucle sin salida al que están sometidos los ciudadanos con menor renta: sin capacidad para poder comprar, más pobres por alquilar. 

A nivel empresarial tampoco hay buenas noticias. La concesión de hipotecas se hundió un 20% en julio y los préstamos a empresas retrocedieron un 4,1%, tras 8 meses consecutivos de descensos. La situación se está tornando complicada. El vicepresidente del BCE afirma que las perspectivas de estabilidad financiera de la eurozona son “frágiles”. 

La inflación de la zona euro cayó al 4,3% en septiembre, la tasa más baja desde 2021. En España, la inflación subió casi un punto en septiembre, al 3,5%, por la energía y sin tregua en los alimentos, aunque sigue siendo una de las más bajas de la UE. Con estos datos, lo normal es que el BCE rebajara su agresividad y no hubiera más subidas de tipos. Lo dice hasta el gobernador del Banco de España, para el que “mantener el nivel actual de los tipos de interés durante un período suficientemente largo será ampliamente consistente” con alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Esperemos que no haya más subidas.

El Dato

46% de las empresas

Estas señalaron que no habían realizado una evaluación de riesgos psicosociales en una encuesta realizada por la compañía Adecco. Atención, que estamos hablando de que la mitad de las empresas desconoce cuáles son los riesgos a los que se enfrenta su plantilla que pueden provocar problemas de salud mental. Estos son los riesgos “menos evaluados en las empresas”, ha denunciado UGT en un informe, que advierte de que “no hay un cumplimiento real sino más bien formal para cubrir el expediente y eso no es prevención”. La salud mental no es un juego. Estrés, ansiedad o depresión son patologías cada vez más comunes en las empresas. Aquí tienes un reportaje donde te contamos qué debería revisar tu empresa para evitar riesgos para la salud mental.  

Entrepreneur

Hay gente que tiene suerte y le toca la lotería. Hay gente que tiene más suerte aun y cuenta con un dinero para comprar unas acciones que se revalorizan en poco tiempo y consiguen venderlas para sacar una buena tajada. Son cosas que pasan. El protagonista de nuestra sección 'Entrepreneur' de la semana es Joan Amigó, consejero delegado de Applus, aunque realmente la emprendedora parece que fue su esposa. El 26 de septiembre de 2022, Elisabeth Viñuales compró 16.000 acciones de Applus, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasado 14 de septiembre -coincidiendo con la presentación de una oferta por la compañía por el fondo de inversión Amber- la esposa de Amigó vendió los 16.000 títulos. Las plusvalías fueron del 69%. En ese año había habido otras ofertas de fondos por Applus. Hay gente a la que le toca la lotería, a otra gente, también. Aquí tienes más información sobre la visión bursátil de la señora de Amigó.

Cada vez que habla sube el pan

No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación

Francisco de Borja García — Representante legal de Iberdrola

Esto es como aquellas palabras de Mariano Rajoy de “todo es falso, salvo alguna cosa que es cierta”, cuando le preguntaron sobre la contabilidad B del Partido Popular. En este caso, Francisco de Borja es el abogado de Iberdrola en el juicio donde se acusa a la compañía eléctrica de manipular los precios de la electricidad en 2013. La Fiscalía solicita una multa de casi 85 millones para la compañía y reclama penas de prisión para cuatro directivos por idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” y “perjudicar a los consumidores”. 

Claro, alguna cosa hay, además de la acusación del fiscal. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica una multa de 25 millones de euros por estos hechos. De ahí, que en la primera tanda de declaración de los directivos de Iberdrola se cuestionara la metodología del organismo regulador para sancionar por manipulación de mercado a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.

Entonces, ¿de dónde salieron esos precios? ¿Quién ordenó la estrategia de elevar costes? Según los directivos de la compañía el modelo matemático de creación de precios, es decir, nadie. A preguntas del fiscal anticorrupción Antonio Romeral, los directivos aseguraron que estas decisiones no llegaban al Consejo de Administración, ni al consejero delegado, ni a la cúpula de la empresa, de la que no recibieron instrucciones. Vamos, que lo que salía del modelo matemático es lo que supuestamente iba a Misa. ¿Os imagináis que dicho modelo redujera los precios de la electricidad? Va a ser que no. ¿Se consultaría a la cúpula de Iberdrola qué hacer? Al momento. Aquí tienes más información del modelo matemático en el que se escuda Iberdrola para justificar sus precios desorbitados.

Bien público

Lord, magnate y filántropo afincado en Mónaco, el mayor donante de los conservadores del Reino Unido durante años e inversor inmobiliario en España a través de una cadena de sociedades controladas desde la Isla de Nevis, uno de los territorios offshore más opacos del mundo. Así es Irvine Laidlaw, el protagonista de esta investigación periodística. Laidlaw ha comprado numerosas bolsas de suelo en la periferia de Madrid para su explotación inmobiliaria. Las compañías que gestionan estos desarrollos son una docena de empresas radicadas en Madrid que pertenecen a una firma de Luxemburgo que es propiedad de una sociedad radicada en Nevis. En 2018, The Guardian calificaba a este territorio como el territorio offshore más opaco del planeta, “implicado en algunos de los más sórdidos escándalos financieros recientes” y muestra de “las dificultades que el mundo afronta para poner fin a la evasión, el fraude y la cleptocracia”. Aquí puedes leer este reportaje de investigación de Antonio M. Vélez.

Nos gusta la competencia

Ahora unos artículos de medios de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí termina el boletín de esta semana. Ya sabes que si tienes una propuesta o una recomendación nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. “No hagáis la guerra nunca más”.

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El pasado año fue malo para los planes privados de pensiones. Cayó el patrimonio gestionado, la rentabilidad se desplomó por la caída de los mercados financieros y, además, un nuevo recorte de los incentivos fiscales ha constatado la pérdida de interés para inversores, cuyas aportaciones se han desplomado más de un 60% tras dos ejercicios con menores beneficios tributarios. En 2022, los planes individuales recibieron 1.700 millones de euros, frente a los más de 4.300 millones que entraban en 2020, último año con el marco fiscal anterior.

Los planes de pensiones individuales cuentan con un histórico beneficio fiscal que había sido criticado en repetidas ocasiones por expertos o por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los inversores pueden deducirse la aportación anual a estos vehículos de ahorro al hacer la declaración del IRPF. Hasta 2020, el límite se encontraba en los 8.000 euros. Los distintos informes señalaban que los principales beneficiarios eran las rentas altas. En 2021, los Presupuestos marcaron el nuevo límite en 2.000 euros. El pasado año entró en vigor el listón que se mantiene este ejercicio: 1.500 euros.

Esto ha tenido un efecto inmediato en las aportaciones que reciben estos vehículos alternativos a la pensión de jubilación pública. Prácticamente todos los datos recopilados por Inverco, la patronal de la inversión en España, muestran un retroceso de este negocio. En España, hay poco más de 7,4 millones de personas que participan en estos planes privados. En 2021 desaparecieron más de 66.000 clientes y el año anterior, otros 13.000. Sin embargo, no es más que constatar una tendencia a la baja continuada que se ha producido desde el máximo en 2015.

La caída de aportaciones a estos planes ha provocado en los dos últimos años un fenómeno novedoso en este negocio. El saldo entre la entrada de nuevo dinero por parte de los inversores y la salida de patrimonio para cubrir las prestaciones de los beneficiarios se han tornado en negativo. Es decir, sale más dinero del que entra. En 2021, el primer año en que pasó a estar en rojo, el desfase fue de 117 millones. El pasado año, se multiplicó hasta más de 665 millones. Justo un año antes del recorte de incentivos fiscales, el balance positivo alcanzó un máximo de casi 1.340 millones.

Pero el problema para los planes de pensiones privados van más allá de este desfase entre las entradas y las salidas de dinero para cubrir prestaciones. Los fuertes problemas en los mercados, que igualmente han lastrado a los fondos de inversión, han supuesto una pérdida notable del patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones individuales. Según las propias estadísticas de Inverco, 2022 cerró con 80.200 millones gestionados por estos fondos de pensiones privadas. Son 9.000 millones menos que un año antes.

Buena culpa del recorte lo tiene el desplome de la rentabilidad de estos fondos el pasado año, que cayó entre un 3% y un 13%, en función de los distintos modelos de planes de pensiones individuales. En el foco más amplio que expone Inverco, un plazo de 26 años, ninguno de ellos mantiene un acumulado de rentabilidad superior al 4%.

El de los planes de pensiones es un sector controlado, fundamentalmente, por la banca y, en menor medida, por las aseguradoras. Además, destaca su alta concentración, ya que apenas cinco actores acumulan casi el 75% de todo el patrimonio que gestionan estos planes. CaixaBank es el líder indiscutible de este negocio, con una cuota de mercado que supera el 33%. Santander y BBVA se sitúan justo un escalón por detrás. Renta 4 y Mapfre son los otros grupos que componen el quinteto que domina la gestión de pensiones privadas en España. Si el foco se abre a los diez principales nombres, la cuota de mercado acumulada supera el 86%.

La rebaja de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privadas fue ampliamente rechazada por el propio sector. Patronales como Inverco o Unespa, esta última de las aseguradoras, criticaron la medida, asegurando que limitaba una herramienta de ahorro complementario para las pensiones públicas. No en vano, se trata de un negocio que genera ingresos por comisiones, que han sido potenciados en los últimos años por los bancos.

Menor merma de ingresos

Sin embargo, esta medida venía arrastrando numerosas críticas. No todo el mundo puede permitirse ahorrar 8.000 euros cada año. Según concluyó la Airef, el 66% de esta ayuda fiscal se quedaba entre los niveles más altos de renta. El Gobierno de coalición lo puso entre sus prioridades en materia fiscal en el que fue el primer presupuesto conjunto presentado, el de 2021. La memoria de beneficios fiscales explora, con cada Presupuesto, el coste de los incentivos tributarios que están en funcionamiento en España. Las cuentas que están actualmente en vigor muestran precisamente el impacto que tiene esto para el erario público. El coste, por merma de recaudación, de este incentivo fue de 836 millones en 2022. En 2023 se prevé que sea de 645 millones.

La rebaja fiscal de los planes individuales de pensiones tenía una segunda cara. En pensiones se habla de tres pilares: el primero son las prestaciones públicas y el tercero, las privadas individuales. El Gobierno pretendía potenciar el segundo pilar, el de las pensiones vinculadas al empleo. Se trata de fondos de ahorro para la jubilación cuyas aportaciones las hacen los empleados y la propia empresa. El Ministerio de Seguridad Social ha puesto el foco en esta herramienta y la ha potenciado con una nueva ley que contempla, entre otras cosas, la creación de un fondo impulsado por el propio Estado, aunque de gestión privada, para integrar en él a pymes o administraciones públicas. Además, parte del incentivo fiscal de los planes individuales se ha transmitido a estos colectivos.

Este macrofondo no se ha puesto todavía en marcha, pero sí los cambios fiscales, incrementando la posible aportación a estos planes. Sin embargo, todavía no se ha apreciado un cambio de tendencia en este negocio de los planes de pensiones de empleo. La estadística de Inverco analiza también esta actividad, que a cierre de 2022 tenía un patrimonio bajo gestión de 34.600 millones, unos 150 millones menos que un año antes. Las aportaciones en 2022 fueron de 1.145 millones de euros, en descenso desde 2020. Tampoco han aumentado el número de participes en este tipo de inversión, en caída desde hace una década.

A este recorte de beneficios fiscales que repercutían principalmente a las rentas altas se han sucedido otros. Es el caso de las sicav, unas sociedades de inversión colectiva que se beneficia de una fiscalidad muy reducida. Un cambio en la norma, que corta el atajo utilizado por los grandes patrimonios para sacar partido de este incentivo tributario, se ha traducido en la desaparición de cientos de estos vehículos. La citada memoria de beneficios fiscales señala que se ha reducido en 440 millones el coste para el Estado por esa huida de sicav. A este mismo colectivo le afecta el aumento de IRPF para rentas del ahorro, que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado, o el nuevo impuesto para grandes fortunas, éste último con una batalla judicial en el horizonte por los recursos anunciados por Madrid y Andalucía.

Fondos de inversión y planes de pensiones han sido dos de los productos más ofrecidos por los bancos y aseguradoras en los últimos años. Sin embargo, 2022 termina con malas noticias para sendos negocios, con problemas de rentabilidad y pérdida de patrimonio bajo gestión. Los fondos de inversión, por ejemplo, siguen ganando en clientes pese a cerrar su peor ejercicio desde 2010 con la pérdida de activos gestionados en más de 11.000 millones, el dato triplica al que obtuvieron en plena pandemia de coronavirus. Los planes de pensiones también pierden en patrimonio y su rentabilidad es incluso más negativa que la de los fondos.

El pasado año cerró en rojo para los principales selectivos bursátiles europeos, lo que lastra en definitiva a quienes han invertido en el mercado de valores. Los fondos de inversión son vehículos ofrecidos por los bancos y otras entidades financieras a clientes que buscan rentabilidad por sus ahorros. A rasgos generales, 2022 no fue el año ideal para ello, con las principales plazas cotizando en rojo y gran volatilidad, con excepciones, entre los valores de las empresas.

Así, las estadísticas de Inverco, patronal de las entidades de inversión, muestran que a cierre de 2022 los fondos españoles gestionaban 306.000 millones de euros. Son 11.200 millones menos de los que tenían bajo gestión justo doce meses antes. Solo en el último mes del año desaparecieron 4.300 millones de euros de los balances de estas entidades. ¿Quiénes gestionan este patrimonio? Pues fundamentalmente las gestoras filiales de los grandes bancos. CaixaBank es la líder del mercado, seguida por Santander, BBVA, Kutxabank e Ibercaja. Salvo la vasca, todas han cerrado en negativo en 2022, destacando especialmente la pérdida para el grupo presidido por Ana Botín, con un 8,6%.

Este desplome contrasta con dos factores. El primero, hay más clientes que nunca en estos fondos. El número de partícipes superó en 2022 los 16 millones, ganando 300.000 nuevos clientes en los últimos 12 meses. Es cierto que el ritmo de crecimiento ha sido el más bajo de los últimos 10 años, pero se mantiene aumentando la base. El segundo, es que gana más ingresos por suscripciones que el que sale por los reembolsos. De hecho, así ha ingresado 17.000 millones en el ejercicio recientemente cerrado.

Es decir, aumenta en clientes y en inyecciones de ahorros, pero pierde en patrimonio. Parte de la respuesta se encuentra en el dato de rentabilidad. Prácticamente todas las áreas de negocio de estos fondos de inversión cerraron el año en negativo. En conjunto, los fondos de inversión españoles tuvieron una rentabilidad del -8,7%, tal y como figura en las estadísticas de Inverco. El problema, además, es que ampliando el foco a cinco años, la rentabilidad es de solo el 0,02%.

El otro de los grandes negocios de la banca para la gestión de ahorros de sus clientes no está viviendo un mejor momento. Los planes de pensiones han asumido un importante cambio regulatorio en los últimos dos años. Hasta la fecha, el principal apartado de estos planes son los fondos individuales de pensiones privadas, aquel en el que el cliente hace una aportación a un fondo, gestionado habitualmente por un banco o una aseguradora, para rescatarlo en el momento de su jubilación. Estas aportaciones van acompañadas de una deducción en la tributación del IRPF, que en apenas tres años ha pasado de 8.000 euros anuales a 2.000 euros. Este beneficio fiscal había sido criticado por organismos como la Airef al considerar que recae fundamentalmente entre las grandes rentas.

La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos, afirmaba esta semana en el balance anual del sector que esta política había provocado que se dejaran de invertir más de 4.000 millones de euros en estos vehículos.

Sin embargo, los problemas del sector de los seguros privados de pensiones individuales va mucho más allá del cambio de la ley fiscal que se le aplicaba. El patrimonio de estos planes quedó en 2022 en 80.234 millones de euros, lo que supone una pérdida de 2.185 millones de euros. “Las notables correcciones en las cotizaciones de los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, originaron un descenso del patrimonio acumulado de los Planes de Pensiones Individuales”, aseguró la patronal Inverco en un comunicado emitido la pasada semana.

Destaca el mal dato de rentabilidad de estos planes de pensiones durante el conjunto del año. De media, ésta fue del -10,1%. Ampliando el foco a un periodo más amplio, el dato se queda en una rentabilidad de apenas el 2,5% anual para un periodo de 26 años, según las estadísticas que publica la patronal.

Sin pagar por los depósitos

La mala evolución de los fondos de inversión y los planes de pensiones se produce en un contexto en el que los bancos mantienen su apuesta por estos productos en detrimento de remunerar en mayor cuantía los depósitos tras la subida de tipos de interés. Esta decisión del Banco Central Europeo debería redundar en un mayor pago a sus clientes por estos ahorros, ya fuera por depósitos a plazo o a la vista. Sin embargo, este proceso se está produciendo de manera lenta y son los pequeños bancos y las entidades extranjeras las que se están movilizando más.

La asociación de clientes financieros Asufin reclamaba este jueves un cambio de política por parte de los bancos y criticaba que se estuvieran haciendo de rogar en el pago de estos depósitos. “Encontramos que por el momento ni se priorizan ni se publicitan y solo las entidades pequeñas exhiben productos llamativos. Finalmente, se detecta algo de movimiento en el segmento de las cuentas nómina pero con objeto de captación de nuevos clientes, no de pasivo”, asegura la organización en un comunicado. “Podemos encontrarnos con una curva de tipos descendente para el próximo año: subida de tipos, estabilidad e incluso algo de bajada. Estos ingredientes hacen muy improbable una guerra por el pasivo, con una competencia muy limitada, en estos momentos”, zanjaba la nota.

El Banco de España recoge trimestralmente en qué tienen los hogares españoles sus activos financieros, sus ahorros. Según esta estadística, hasta septiembre del año pasado, el total de activos financieros rondaba los 2,6 billones de euros, con un ligero deterioro respecto alcanzado en verano. Casi la mitad, 1,06 billones, está en efectivo y depósitos. Estos aumentaron en casi 33.000 millones en solo un año, y eso que los bancos mantienen su política generalizada de no retribuirlos. En ese mismo periodo, las participaciones en fondos y sociedades de inversión, un producto con el que las entidades han hecho importantes campañas comerciales gracias a las cuales aumentan sus ingresos por comisiones, se redujeron en 40.000 millones, perdiendo peso en la hucha de los ahorros de los hogares.

El año 2022 está marcado por la guerra en Ucrania y sus efectos geopolíticos y económicos, como la inflación y las tensiones energéticas. Un conflicto que, además, llega después de dos años de pandemia global. En este contexto, algunos de los grandes fondos de pensiones europeos están invirtiendo miles de millones de euros en materias primas básicas, incluidos alimentos esenciales. Una inversión que provoca volatilidad y, al mismo tiempo, pone en riesgo los ahorros para la jubilación de millones de personas y aboca a otros tantos a la pobreza. Así se concluye de una investigación coordinada por la organización sin ánimo de lucro Lighthouse Report, en la que ha participado elDiario.es junto a otros medios europeos.

Solo grandes fondos de pensiones europeos han invertido en los últimos meses más de 37.600 millones de euros en derivados de materias primas. 

Esta conclusión resulta del análisis de 75 fondos de pensiones europeos, de Italia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia y España. La mayor parte de estos fondos indican que su política de inversión, expresamente, prohíbe la especulación con materias primas, incluidos alimentos. Sin embargo, 15 firmas reconocen invertir actualmente en este tipo de productos.

Un efecto arrastre que acrecienta la inflación de productos básicos donde España ha tenido un papel significativamente menor al de otros países europeos, porque el sistema público de pensiones esquiva esta apuesta por la inversión en los mercados y no liga las pensiones a la evolución de productos cotizados. Además, la exposición de los fondos de pensiones españoles privados a las materias primas –y más a los alimentos– es reducida, según indican las fuentes consultadas. 

Sin embargo, la fotografía global es muy diferente. Si se analiza lo ocurrido en las divisiones enfocadas en materias primas de los 12 mayores bancos de inversión, estas han sumado ingresos por valor de 10.900 millones de dólares (casi 11.200 millones de euros al cambio actual) durante los seis primeros meses de 2022, según los datos recopilados por Coalition Greenwich, que monitoriza el sector de la banca de inversión. Antes de la pandemia, en el conjunto de 2019, ese volumen de ingresos se quedó en 6.500 millones de dólares. De esta forma, estas divisiones especializadas en materias primas estaban al cierre del semestre en sus mayores niveles de ingresos de la última década.

Hay que tener en cuenta que esas inversiones incluyen cualquier tipo de materia prima, desde oro a productos energéticos y, también, a la alimentación. Una cesta que, según los expertos consultados, no conlleva compartimentos estancos, sino que hay influencia entre unas y otras. Por ejemplo, indican que invertir en futuros o derivados de alimentos como el maíz o trigo influye en la tendencia inflacionista global. También, que hacerlo en petróleo o en gas tiene un efecto similar por la dependencia que existe en la agricultura con los carburantes y con los fertilizantes, cuyos costes se han disparado. 

“No se ha prestado suficiente atención a los especuladores”

La influencia de los grandes inversores y de la especulación con los precios de las materias primas la ha apuntado, por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés). “No se ha prestado suficiente atención al papel de los especuladores y al frenesí de las apuestas en contratos a futuros, los swaps de materias primas y los fondos cotizados en bolsa”, indica este organismo de la ONU.

“Los precios de las materias primas –sobre todo, alimentación y energía– se han mantenido alcistas durante gran parte de los dos últimos años, lo que ha supuesto un desafío para los hogares de todo el mundo. La presión al alza en el precio de los fertilizantes significa que el daño puede ser duradero ya que constituye el principal coste que tienen que afrontar los pequeños agricultores”, indica UNCTAD. “Aunque la guerra de Ucrania ha contribuido a esta situación, los mercados de materias primas llevan una década viviendo turbulencias”, añade.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) ahonda en los efectos de esta situación. Asegura que el efecto dominó provocado por la Guerra en Ucrania ha golpeado la actividad comercial ligada a la energía y a los alimentos, ha elevado los precios y ha roto las cadenas de suministro. Una situación que afecta más a los hogares en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella. “Los resultados sugieren que el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energía podría llevar a la pobreza a 71 millones de personas, con claros puntos críticos en la cuenca del Caspio, los Balcanes y el África subsahariana (particularmente en el Sahel)”, indica en un reciente análisis sobre la crisis por el coste de la vida en países en desarrollo. 

La apuesta de los fondos de pensiones por las materias primas

La mayoría de fondos de pensiones europeos contactados en esta investigación periodística asegura que no invierte en materias primas y asume su preocupación por el efecto que pueden tener estas inversiones en la seguridad alimentaria global. Pero no todas las firmas dejan fuera de sus carteras las materias primas ligadas a la alimentación.

Eso ocurre con el gigante holandés ABP. Se trata del mayor fondo de pensiones de ese país, que gestiona una de cada seis jubilaciones, de trabajadores gubernamentales y del sector de la educación. Esta firma gestionó cerca de 34.000 millones de euros en el año 2021 y asume que el 30% de su cartera estaba centrada en materias primas alimentarias. Sin embargo, esta compañía no percibe que su apuesta haya tenido un efecto sobre la inflación global. “Apostar por futuros de materias primas no tiene un efecto alcista sobre los precios, ni siquiera en el mercado de materias primas agrícolas. Este punto de vista está respaldado por investigaciones académicas”, asegura ABP.

No opina lo mismo el economista holandés y profesor de la Universidad de Delft, Servaas Storm. “Esta argumentación no tiene sentido, ya que ABP, con estas inversiones, contribuye a una mayor inflación, a través de precios más altos de alimentos y materias primas”, asegura. Además, este efecto inflacionista también tiene consecuencias directas para los partícipes de estos fondos. “Esa mayor inflación, en particular de los alimentos, reduce el poder adquisitivo de los constituyentes de ABP: empleados y jubilados. En lugar de exacerbar el problema, ABP debería abogar por la regulación de los mercados de futuros de productos básicos, eliminando los efectos de los especuladores sobre los precios”, insta Storm.

“Los precios más altos de las materias primas, incluidos los alimentos, afectan más a los más pobres. Por lo tanto, la especulación tiene un coste social muy alto: las ganancias para los inversores, incluidos los fondos de pensiones, conducen a una mayor pobreza, mayor deuda, mayor desnutrición y mayor mortalidad [infantil] para el 20% o 30% más pobre de la población mundial. Esto refleja un fracaso dramático de la economía global y de la economía estándar que continúa justificando las ganancias de inversión especulativas basadas en la fe en la eficiencia de los mercados financieros”, explica el profesor de la universidad holandesa.

ABP no es el único fondo que desglosa sus posiciones en materias primas alimentarias. El británico National Employment and Savings Trust (NEST) ha más que duplicado sus inversiones en materias primas desde 2019. A finales de ese año, sumaba 275 millones de libras en este tipo de productos que, al concluir 2021, habían crecido hasta los 657 millones. La cuarta parte de estas inversiones están vinculadas a alimentos.

Andoni García, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) explica que, tras la invasión de Ucrania por Rusia y el inicio de la guerra, el sector primario percibe un aumento de las operaciones especulativas. “Los mercados de futuros no tienen nada que ver con el mercado real. Hemos estado siguiendo los datos de la FAO [la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] y no se puede decir que no haya un problema de falta de cereales”, apunta. Al mismo tiempo, indica que los precios para los productores se han multiplicado cerca de un 40%, lo que no sólo tiene consecuencias para los agricultores, también para los ganaderos. 

El funcionamiento de esta espiral inflacionista lo explica Ann Pettifor, economista británica y directora del Policy Research in Macroeconomics (PRIME). “Si tomas un activo que es finito, ya sea grano o energía: cuando una montaña de dinero apunta a ese activo finito, la montaña de dinero infla el precio”, argumenta. “Debido a la capacidad de movimiento de los capitales, a la globalización, a la financiación; hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes y se inflan los precios. Es el viejo monetarismo”, resume. 

Una situación que deriva en posibles problemas. “Hay una variedad de riesgos”, indica Pettifor. “Está el riesgo de la volatilidad del precio, en cuanto al valor del fondo de pensiones en sí y de sus activos; pero también hay riesgos en lo que le está haciendo a los mercados mundiales de alimentos. Y eso es peligroso, porque cuando subes los precios de los alimentos y hay gente que se muere de hambre, puede haber disturbios sociales”, alerta.

Reducida exposición de los fondos de pensiones españoles

España no es un gran motor de esta espiral inflacionista. La estructura, el modelo de gestión de la Seguridad Social evita esta apuesta por los mercados, las materias primas y la especulación que sí es práctica en otros mercados europeos. Por otro lado, los fondos de pensiones privados tienen una exposición “residual” a las materias primas, según desglosan las diferentes fuentes consultadas. La exposición puede ser residual, pero existe.

Inverco, la Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensión, indica que en España hay registrados unos 1.400 fondos de pensiones, que canalizan el ahorro de casi 9,5 millones de españoles con un volumen total de patrimonio de en torno a 117.000 millones de euros. Esta asociación asegura que no hay información disponible sobre inversiones concretas en materias primas “y mucho menos de forma específica en alimentación”. Sin embargo, matizan que “la inversión directa de los fondos de pensiones españoles a este tipo de inversión es nula, y únicamente podría ser posible de forma indirecta a través de fondos de inversión que a su vez inviertan en commodities”. “En cualquier caso, a pesar de carecer de información, previsiblemente la exposición de los fondos de pensiones españoles a materias primas es muy baja y prácticamente residual”, recalcan.

En cuanto a firmas en sí, Santander Asset Management indica que la entidad “no ha tenido exposición a materias primas en 2021 y 2022”. Y BBVA, que su “inversión en materias primas es bastante residual”.

Caixabank, que comercializa los tres mayores fondos de pensiones españoles con un patrimonio de cerca de 14.000 millones de euros, explica con más detalle su exposición a las materias primas que, de nuevo, califica como “residual”. En este caso, sí cita un fondo: CaixaBank Destino 2026, cuyo patrimonio supera los 857 millones de euros y tiene más de 31.400 partícipes. “Invierte en materias primas mediante un fondo de gestión pasiva indexado al índice Bloomberg Commodity Index”, indican desde la entidad. “Con esta inversión se adquiere exposición a cada uno de los principales sectores de materias primas que están en este índice (energía, metales y productos agrícolas). La inversión se sitúa en el 2,7% del patrimonio total del fondo”, resumen. 

De ese porcentaje, “en torno a un 35% corresponde a materias primas agrícolas. Por lo tanto, menos del 1% del total de patrimonio de este fondo estaría invirtiendo en materias primas agrícolas de forma directa”, concluye Caixabank.

Mientras, Mapfre afirma que no invierte “directamente en materias primas”. “Nuestros folletos no lo permiten”, indican desde la aseguradora. “Si se abrieran, podrían tener un máximo del 5%”. Y Telefónica, que gestiona planes de pensiones y fondos de inversión a través de su participada Fonditel, explica que, por un lado, “en los fondos de pensiones tenemos una pequeña exposición a materias primas (commodities) inferior al 1%. Es una posición en oro”, aclara. Por otro, que Fonditel no tiene inversión en materias primas alimentarias y que no ha habido cambios en el último año. 

Otros fondos europeos son más claros al explicar las motivaciones de sus inversiones. Por ejemplo, la división belga de ING, que realiza contratos de derivados financieros por valor de 3.800 millones de euros. Esta entidad explica que su comité de inversión, “comprueba sistemáticamente que las orientaciones elegidas se inscriben en el marco de inversiones razonables. Es decir, que queden ”al margen de consideraciones puramente especulativas y evitando fondos con un apalancamiento significativo o basados ​​en inversiones en materias primas y/o agricultura“. 

El también belga Pension Fund Metal argumenta que “invertir en materias primas alimentarias no nos parece una categoría de inversión potencialmente atractiva. Si lo hacen los fondos de pensiones de los países anglosajones o de los Países Bajos, creo que es porque están hablando de volúmenes muy diferentes. Cuanto más amplia sea la cartera, más amplia puede ser la estrategia de inversión”, argumenta.

Se necesita más regulación

Esa complejidad y el tamaño de las carteras influye. “El sistema se ha vuelto más complejo y también se ha vuelto menos regulado y, como resultado, los fondos de pensiones están poniendo en riesgo el trabajo duro y los ahorros de millones de personas”, explica Ann Pettifor. “El riesgo es la volatilidad de esos mercados. El riesgo de devaluar los activos que tiene el fondo de pensiones. No quiero que mi fondo de pensiones se acerque a algo tan volátil como un mercado de materias primas, especialmente los de energía y alimentos”. “Se necesitan reinstalar controles al flujo de capitales, pero eso requiere una coordinación local”, concluye la economista.

Sin embargo, la UE parece decidida a avanzar hacia una mayor desregulación de los mercados financieros, según explica Sirpa Pietikäinen, europarlamentaria finlandesa, que forma parte del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. La directiva financiera Mifid se estableció a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, para frenar la especulación excesiva con materias primas pero, con el paso de los años, la presión por parte de las instituciones financieras la han suavizado. El año pasado, las enmiendas al marco actualizado, MiFID II, la han debilitaron aún más. Un marco que actualmente está en proceso de revisión. “Ahora estamos en una economía de guerra y las empresas no pueden con toda la carga administrativa, por ello necesitan una mayor desregulación”, asegura Pietikäinen. Ella en cambio se muestra a favor de la regulación. “Si no hay reglas siempre prima la ley del más fuerte y yo eso no lo quiero”. 

La eurodiputada finlandesa también explica que el Parlamento Europeo está tratando de eliminar las restricciones ambientales sobre el uso de fertilizantes y pesticidas ante los problemas de producción de alimentos. “No va a haber escasez. La cuestión es el precio”, recalca y, para prevenir la especulación, insta, sería conveniente una mayor regulación.

Esta investigación ha sido coordinada por Lighthouse Reports. En ella, además del elDiario.es han colaborado Follow the Money (Holanda), Apache (Bélgica), OpenDemocracy (Reino Unido), EU Observer, Il Bo Live (Italia), LongPlay (Finlandia).

En los próximos días echa a andar en España el empujón que ha pretendido dar el Ministerio de Seguridad Social a los fondos de pensiones vinculados al empleo y que contará con un esquema impulsado por el Estado. Una apuesta, en detrimento de los planes individuales, que ha sufrido no pocos baches durante toda su tramitación. Un sistema similar, guardando las distancias, es el que se usa en la mayor parte de las administraciones de EEUU para los sistemas de jubilación de sus funcionarios. Fondos de inversión en los que una parte la pone el empleado y otra el empleador, con el objetivo de crear un ahorro para cuando se retiren los trabajadores.

La tormenta que viven los mercados está teniendo un efecto sobre este sistema, que se ve más expuesto a riesgos. Se trata de una confluencia de factores que va camino de complicar los próximos tiempos a algunos vehículos de inversión que llegan a gestionar, en algunos casos, más de 400.000 millones de dólares. La caída de las bolsas y las economías públicas mermadas por la pandemia están generando movimientos que hacen temer por la salud de este modelo de protección social para la jubilación.

Se trata de un mercado muy distinto al español, con una cobertura muy inferior para los trabajadores. Los Estados y los municipios son los encargados, junto con los propios funcionarios, de financiar fondos de pensiones que invierten en el mercado con el objetivo de obtener una rentabilidad y, con ello, cubrir los compromisos que ha asumido con los trabajadores de la administración. Las grietas que se abren se deben, fundamentalmente, a determinadas decisiones que han tomado estos gestores para intentar ampliar la cobertura de los compromisos que tienen con los beneficiarios.

Primero, el contexto. En EEUU hay en torno a 6.000 fondos y planes de pensiones de administraciones públicas, tanto estatales como municipales, según los datos del Centre for Retirement Research del Boston College. Estos fondos gestionan más de 4,5 billones de dólares y dan cobertura a 14,7 millones de trabajadores y algo más de 11 millones de jubilados. Cada año estos fondos distribuyen 323.000 millones entre sus beneficiarios. No todos los Estados tienen la misma cobertura, en algunos de menor tamaño apenas existen otros esquemas, mientras que en otros como Nueva York cubren a prácticamente todos los funcionarios.

Estos fondos arrastran un problema desde hace años. Han crecido los compromisos con trabajadores, pero el patrimonio que gestionan estos vehículos, en realidad, no llegan a cubrir la totalidad. Es decir, se ha comprometido más dinero en jubilaciones de lo que ahora mismo pueden aguantar estos planes de pensiones. Se estima que por cada dólar que las administraciones han comprometido con los beneficiarios de estos fondos, los planes solo están cubriendo 0,75 dólares, tal y como informaba recientemente el diario financiero Wall Street Journal.

Para cubrir esta diferencia y mejorar la cobertura de los planes, las administraciones tienen dos opciones principales: destinar más presupuesto público a aportar a estos fondos o incrementar las obligaciones a los trabajadores en cuanto a lo que deben aportar. Ambas alternativas guardan muchos problemas políticos para la administración, especialmente tras una crisis sanitaria que ha afectado los presupuestos públicos en todo el mundo. Ante esta necesidad de financiar los planes, multitud de administraciones han adoptado en los últimos tiempos una vía alternativa a esas dos posibilidades. Durante los dos últimos años se han disparado las emisiones de deuda por parte de estos gobiernos para destinarlo directamente a los planes de pensiones. Son los conocidos como Pension Obligation Bonds (POB), emisiones de bonos de deuda con ese objetivo.

La idea no es nueva, estos bonos existen desde hace décadas. La lógica financiera detrás de esta decisión por parte de la administración es la siguiente: si los intereses que se pagan por esta deuda son menores que la rentabilidad que se obtiene con el dinero invertido, esa diferencia es una financiación extra para cubrir las pensiones futuras. 

Se disparan las emisiones de deuda

Esta idea ha atraído a multitud de administraciones, más de un centenar en los últimos meses se ha apuntado a estas emisiones, según indicaba la citada información del Wall Street Journal. En 2020 se vivió un boom de estas emisiones, superando los 6.100 millones de dólares, el valor más alto desde la crisis financiera. En 2021 se duplicaron y alcanzaron los 13.000 millones de dólares. El mayor fondo de pensiones de empleados públicos de EEUU, el Calpers, que cubre a los funcionarios de California, ha anunciado que va a comenzar por primera vez en sus noventa años de historia a endeudarse para financiar aportaciones al fondo.

Un reportaje publicado por el New York Times señalaba cómo algunos municipios estaban haciendo determinados equilibrismos para realizar estas emisiones. Apuntaba, por ejemplo, a Tucson, en Arizona, donde el Ayuntamiento había creado una corporación ficticia para traspasar a ella cinco campos de golf y el zoo, para posteriormente alquilárselo a la propia administración. Esta corporación emitió bonos que iban destinados a los fondos de pensiones del personal público de la ciudad. Como este caso, se citan decenas de otras operaciones similares.

Sin embargo, esta es una operación que tiene un riesgo que no es menor para estos fondos. La Government Finance Officers Association (GFOA), una asociación de responsables de las finanzas de más de 19.000 administraciones en EEUU, tiene fijado desde hace tiempo en sus recomendaciones que “los gobiernos locales y estatales no deberían emitir POB”. Es decir, recomiendan encarecidamente a los poderes públicos que no utilicen esta vía para financiar las pensiones de los funcionarios.

La razón por la que es un riesgo para estos fondos tiene mucho que ver con la situación actual. Mientras los mercados financieros en los que se invierte dan altos rendimientos que superan a los tipos de interés que se pagan, este mecanismo funciona. Es lo que ha ocurrido en los últimos años. Se pagaba poco por las emisiones de deuda y los mercados han alcanzado rendimientos muy altos, especialmente en EEUU. Pero cuando llega la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación y el cambio de política monetaria de la Reserva Federal, esta situación se da la vuelta. Hay, de hecho, grandes fondos de inversión, como Blackrock, que han congelado sus inversiones en Bolsa por no confiar en una mejora durante los próximos meses.

La GFOA señala que es en ese momento en el que la decisión puede convertirse en un riesgo. Si no se logra el rendimiento esperado, la administración se verá teniendo que devolver la deuda y habiendo empeorado la cobertura para sus beneficiarios, que era lo contrario al objetivo inicial de esta operación. El Wall Street Journal pone un ejemplo. El fondo de los profesores de la escuela pública de Pensilvania apostó por los POB antes que nadie, en 2012. Funcionaron mientras que los mercados crecieron, pero con el desplome de las bolsas al arranque de la pandemia, perdieron más dinero que la media de los fondos de este tipo.

Algunos analistas han apuntado a que este movimiento es, para muchos de estos fondos, una “apuesta” que puede torcerse y generar más problemas para las cuentas públicas que aquellos que se buscaban evitar. La evolución de los mercados en los próximos meses dirá si fue o no la apuesta acertada.

La ley de fondos públicos de pensiones y de planes de pensiones colectivos del ministro José Luis Escrivá logra salvar el penúltimo escollo para ser aprobada. La Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves, tras una caótica votación, al dictamen del informe de la ponencia sobre el proyecto de ley. El texto ha salido adelante gracias a los apoyos de Unidas Podemos, algo que ha estado en duda hasta el final y por lo que el Ejecutivo estaba negociando en las últimas semanas con PP y Ciudadanos. También ha sido avalado por el 'sí' de otras fuerzas políticas socias del Ejecutivo (PNV y PRC) y la abstención de otros socios como EH Bildu, con quien el Gobierno ha pactado esta mañana un incremento del 15% de las pensiones no contributivas hasta final de año.

La votación del dictamen ha contado con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV y PRC), 12 votos en contra (PP, Ciudadanos, Compromís y ERC) y 6 abstenciones (Vox y EH Bildu).

Así, el proyecto de ley que intenta impulsar los planes de pensiones de empleo (colectivos para trabajadores), así como regular los nuevos fondos públicos de pensiones, va camino del Pleno del Congreso, donde se someterá a votación por los grupos políticos. Entonces se prevé que se resuelvan algunos fallos en las votaciones de este jueves, por ejemplo del PSOE apoyando “por error” varias enmiendas de Unidas Podemos.

El proyecto de ley del ministro José Luis Escrivá refuerza el llamado 'Segundo Pilar' de las pensiones, que supone la existencia de planes de pensiones colectivos que complementan la pensión pública del 'Primer Pilar'. El 'Tercer Pilar' es el de los fondos individuales, que el Gobierno ha desincentivado fiscalmente para premiar estos acordados en las empresas.

Además la legislación regula los futuros fondos públicos de pensiones, que pretenden multiplicar las opciones de planes de empleo, dando también acceso a trabajadores autónomos, por ejemplo.

Los apoyos al final parten de socios del Gobierno

El respaldo político de la regulación, y en concreto para salvar este trámite parlamentario, ha estado en duda hasta este mismo jueves. También el de Unidas Podemos, miembro de la coalición de Gobierno. Por ello, el PSOE y el Ministerio de José Luis Escrivá estaban negociando en las últimas semanas con PP y Ciudadanos. El partido naranja llegó a anunciar un acuerdo con su grupo la semana pasada, lo que parecía indicar que el Gobierno iba a sacar adelante la legislación con las derechas.

Pero lo acontecido este jueves no ha sido así. Daba una pista de ello que el Gobierno ha cerrado por la mañana un acuerdo con EH Bildu para que todas las pensiones no contributivas, las de viudedad, orfandad o invalidez, vean incrementadas sus cuantías mensuales en un 15% hasta el 31 de diciembre de 2022. A cambio de la medida, el Ejecutivo se garantizaba que los independentistas vascos se abstenían en la votación de esta tarde. La votación final de las enmiendas ha desvelado finalmente los apoyos parlamentarios, sustentados en varias de las fuerzas de la investidura.

La votación ha estado marcada por una continua confusión entre los grupos políticos, que no sabían en muchas ocasiones qué estaban votando, ni qué enmiendas se habían transaccionado o no por las diferentes fuerzas políticas (incluidos por ellos mismos). El PSOE ha apoyado una enmienda de Unidas Podemos para destopar las bases máximas, por ejemplo, que luego ha intentado anular sin éxito, informa Europa Press. También otra que anula incentivos fiscales a la inclusión de fondos en los planes de empleo.

El presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, ha recordado a los grupos que no podían repetirse votaciones de enmiendas, pero que tienen la opción de presentar votos particulares para rectificar sus posturas de la comisión de cara a la votación del proyecto de ley en el Pleno, que se espera para la próxima semana.

El diputado del PP, Tomás Cabezón, ha afeado al término de la comisión que la sesión ha reflejado “una mala práctica de cómo se tramita un proyecto de ley, obviando a la ponencia”, y ha pedido que no se repita en el futuro.

Una alternativa utópica para responder a la inflación se encontraría en los viejos fondos suecos, aunque ni los poderosos sindicatos del país nórdico que los promovieron en los 70 pudieron imponerlos en su concepción original. En bruto, se trataría de unas bolsas de dinero que se llenarían con el excedente de beneficios conseguido por las empresas por las subidas de precios y que se volvería a reinvertir en las propias compañías a nombre de sus trabajadores, permitiéndoles entrar en el capital, incluso participar en los consejos de administración y en las decisiones estratégicas.

Sería una fórmula en línea con la “democratización” de los centros de trabajo que esta misma semana pidió la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que si a largo plazo serviría para reducir la desigualdad y arraigar el empleo, a corto funciona como compensación por el menor poder adquisitivo que implica la subida de los precios sin aumento de los salarios. En este mismo sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló que “se trata de una reflexión y un debate que tenemos que tener y ver las distintas opciones que pueden ser mejores para las empresas y sectores”.

Quizá, podría verse como un sofisticado pacto de rentas, con el mismo objetivo de repartir los daños entre empresas y trabajadores, e ir más allá. Pero el fracaso de la negociación sobre un simple acuerdo salarial impide siquiera imaginar otros horizontes.

Una inflación asfixiante

El 7,5% de inflación media que estima el Banco de España para este 2022 supone perder una paga del sueldo respecto al año pasado. En cifras concretas, si a un salario bruto anual de 20.000 euros de un trabajador, que recibe 1.429 euros en cada una de las habituales 14 pagas, la subida de los precios le da ese mordisco del 7,5%, el recorte en la renta es de cerca de 1.500 euros. Es decir, efectivamente pierde una paga, que no significa lo mismo para las familias con menos ingresos que para otras con más, o con muchos más.

El Gobierno viene reiterando que su prioridad ante la aceleración de la inflación es proteger a los hogares más vulnerables. Incluso ha aprobado un Plan de choque con medidas temporales como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, la extensión del Ingreso mínimo vital (IMV), la bajada del IVA de la luz o el límite del 2% a la actualización de los alquileres ligados al Índice de precios de consumo (IPC). Y hasta ha conseguido el visto bueno de la Comisión Europea para limitar el precio del gas a 50 euros por MWh en la generación de electricidad, con el objetivo de bajar la factura.

Estas medidas son paliativas, sin duda, aunque insuficientes. Y algunas de ellas no están dirigidas precisamente a proteger a las familias con menos ingresos. El propio Ejecutivo ha pretendido, en paralelo, impulsar un pacto de rentas que reparta los daños de la inflación entre empresas y trabajadores, con acuerdos de subidas salariales plurianuales, que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo en dos o tres años sin hundir los márgenes de los negocios (la capacidad de obtener beneficios de los ingresos tras descontar todos los costes, como la luz, las materias primas o los propios sueldos). Una negociación en la que patronal y los sindicatos mayoritarios han encallado.

Y, mientras, las subidas de precios siguen siendo asfixiantes. Las familias sufren una inflación —provocada, inicialmente, por la explosión de demanda en la salida de la pandemia y los cuellos de botella en el comercio mundial; y, después, intensificada por el impacto de la guerra en Ucrania— que requiere ya respuestas más contundentes, o quizá más utópicas.

Los fondos de asalariados

Una de ellas aparece en el Plan España 2050 que el Gobierno presentó en mayo de 2021, aunque con el espíritu de reducir la desigualdad a largo plazo. En cambio, algunos economistas han aludido a esta alternativa para responder a la inflación actual. Se trata de los “fondos del personal asalariado”, según los denomina el documento estratégico del Ejecutivo, en un epígrafe en el que propone “estudiar la creación de mecanismos orientados a fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el capital de sus empresas”.

Estos fondos, que como bien recuerda el Plan España 2050 tiene su origen en Suecia y, de hecho, son conocidos popularmente como fondos suecos, son definidos de distintas maneras, y han sido diseñados de otras tantas. Según el documento del Gobierno, serían “fondos de inversión colectiva de la plantilla laboral en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos obtenidos en su capitalización”.

En definitiva, fondos nutridos con parte de los beneficios de las empresas para ser reinvertidos en las propias empresas haciendo que los trabajadores de las mismas accedieran a la propiedad, pudiendo estar representados en los consejos de administración, y así tomar parte activa de las decisiones estratégicas.

“Estos mecanismos pueden generar importantes beneficios distributivos. En primer lugar, frente a propensiones cortoplacistas que, en ocasiones, lastran la gobernanza empresarial, pueden contribuir a potenciar la inversión a largo plazo en el territorio y, con ella, la creación de empleo. En segundo lugar, pueden ayudar a revertir la tendencia creciente a la concentración de la propiedad, reequilibrando el reparto entre rentas del capital y rentas del trabajo”, detalla el Plan España 2050.

Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, da otra versión de este mecanismo. Sería una “opción más sofisticada de compensar a los salarios, basada en que una parte de las ganancias no repartidas [de las empresas] vayan a nutrir estos fondos. Esta puede ser una alternativa frente a la propuesta de moderar salarios y no repartir dividendos [aplicada por ejemplo respecto a las compañías que se beneficiaban de la subvención pública a los Erte]”.

Y, según añade, “esta parte de beneficios no repartidos podría servir para financiar un fondo público con control sindical, que eventualmente favoreciera la propiedad pública o incluso el pago de rentas a trabajadores”. En definitiva, “se trata de convertir la moderación [salarial] en un cambio del modelo de propiedad”, explica el profesor.

Sindicatos y Yolanda Díaz

Este mismo miércoles, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, indicó que es “fundamental” avanzar en la participación de los trabajadores en la empresa, dado que uno de los “grandes déficit” actuales es la “falta de democracia” en los centros de trabajo.

Sordo, en realidad, dio continuidad a la petición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tras conocerse unos positivos datos de paro, de que los trabajadores estén representados en los consejos de administración de las empresas y participen en la toma de decisiones de las mismas.

“Como dijo Marcelino Camacho: el sindicalismo fue el pariente pobre de la Transición y la democracia se quedó en las puertas de los centros de trabajo. Esto es verdad, y hay que corregirlo en nuestro país”, defendido Unai Sordo junto a la ministra.

El ejemplo de Suecia

En distintos textos, el profesor Mario del Rosal ahonda en el ejemplo de los fondos suecos. “A principios de los años setenta, la socialdemocracia sueca, que llevaba ya más de cuarenta años consecutivos en el gobierno, lanzó una propuesta económica de insólita envergadura: los fondos de inversión de los asalariados. En su concepción original, este proyecto era un paso decidido hacia la socialización del capital por medio de la colectivización de la propiedad de los medios de producción y la entrega a los trabajadores del poder real de decisión en las empresas”, arranca.

Esta vía “jamás llegó a ser aplicada íntegramente”, incide. Su primer objetivo fue evitar detraer las ganancias extraordinarias de las empresas (que actualmente consiguen si trasladan la inflación al precio final de sus bienes o servicios sin subir salarios), por la vía impositiva, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial.

Entonces, sin tocar impuestos, “trasvasarían [el exceso de beneficios] a unos fondos colectivos que favorecerían la capitalización de la economía, ya que serían directamente utilizados en la adquisición de acciones de las empresas”.

El segundo objetivo de estos fondos suecos sería “franquear el acceso de los trabajadores a la toma de decisiones dentro de la empresa”, continúa Mario del Rosal. Y el tercero, evitar la concentración de riqueza y poder económico.

La clave es el funcionamiento teórico, que resume el profesor: “Todas aquellas empresas con más de cincuenta empleados estarían obligadas a emitir cada año acciones nuevas por un importe equivalente al 20% de sus beneficios brutos. Dichas acciones —y los ingresos derivados de su titularidad— serían propiedad de los sindicatos locales mientras no llegaran a copar más de la quinta parte del capital total de la empresa. En caso de superar esa fracción, las acciones pasarían a un fondo de inversión gestionado conjuntamente por representantes de los trabajadores y los empresarios”.

Tras un intenso debate nacional e internacional, y el rechazo frontal de la patronal, su funcionamiento real distó mucho de estos objetivos, pese a la fuerza de los sindicatos suecos y a la posición dominante de la socialdemocracia en la política del país nórdico.

Y unos difuminados fondos de asalariados acabaron insertos en el sistema público de pensiones, hasta ser finalmente liquidados en 1991. Sin que los trabajadores accedieran a la propiedad de la empresas, ni a los consejos de administración, salvo excepciones en porcentajes muy limitados, que hoy perviven también en otros países, como Alemania. O incluso en España, en empresas como Navantia, que Yolanda Díaz puso de ejemplo. O, en otros casos, existen órganos solamente consultivos.

El fondo público de pensiones ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad tras la aprobación, este martes, del proyecto de ley que establece la creación de este nuevo sistema, que pretende atraer a empresas, autónomos y empleados públicos a los fondos de pensiones vinculados al empleo, como opción complementaria de ahorro para la jubilación.

El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso el texto, que ahora deberá enfrentarse al proceso parlamentario antes de ser finalmente efectivo a mediados de año, según las previsiones del Ejecutivo. Para sacarlo adelante, el Ministerio de Seguridad Social ha incluido algunas modificaciones, pero no ha logrado convencer ni a la patronal ni a los sindicatos.

El departamento de José Luis Escrivá ha puesto el foco en dos colectivos para lograr que este nuevo fondo tenga un efecto real: autónomos y funcionarios. La inclusión de los trabajadores por cuenta propia es la principal novedad de este sistema de ahorro. Hasta ahora, únicamente tenían acceso al conocido como tercer pilar del ahorro para la jubilación, los fondos individuales. Ahora, el Gobierno busca darles cabida en el segundo pilar, los planes vinculados al empleo. Para ello, se duplica la aportación que los mismos pueden hacer para el ahorro privado. Hasta 2021, explica la Seguridad Social, podían aportar únicamente 2.000 euros al año. A partir de la entrada en vigor de la norma podrán aportar 5.750 euros anuales.

El Gobierno busca con esta ley crear un ámbito dentro de los planes de pensiones privados que se denomina “planes simplificados”. Con ello se pretende atraer a las pymes y a los autónomos, que hasta ahora quedaban por completo fuera de este segundo pilar y que suman un gran número de asalariados en España. Con el texto remitido al Congreso se reducen los trámites para crear este fondo, facilitando que llegue a empresas y trabajadores por cuenta propia con menos recursos. Serán las organizaciones de autónomos las que promoverán estos planes, a los que podrán adscribirse sus afiliados. “Es lo más novedoso del plan, reforzar el componente profesional de la protección social de los trabajadores autónomos”, apuntan desde el Ministerio.

Los trabajadores por cuenta ajena ya podían adherirse, mediante la negociación en la propia empresa, a fondos de pensiones vinculados al empleo. Pero en la práctica este tipo de fondos apenas cubre a los trabajadores de grandes compañías y, por tanto, a empleados que mayoritariamente tienen un nivel salarial más elevado. Es un sector bastante reducido, que apenas cubre a 1,9 millones de trabajadores y que tiene la mitad del patrimonio gestionado en cinco compañías del Ibex 35: CaixaBank, Endesa, Telefónica, BBVA y Bankia, aunque esta última ya está integrada en la primera.

El Gobierno planteó desde un primer momento su intención de atraer a más empresas y trabajadores a estos vehículos. Para ello, ha ido aprobando rebajas a los incentivos fiscales de los planes individuales, favoreciendo los planes de empresa. Desde este año solo se pueden destinar 1.500 euros a aportaciones a planes individuales, frente a los 8.500 euros de los vinculados al empleo. Sin embargo, el actual diseño de este fondo público ha sido criticado por las patronales. Entienden que no existen suficientes incentivos para estos productos.

Tampoco en los sindicatos convence el instrumento. “Es una medida que no goza de relevancia práctica”, ha apuntado Carlos Bravo, secretario de políticas públicas de CCOO. “Es un proyecto de ley que cumplirá con los hitos del plan de reconstrucción, que aporta una opción más para la exteriorización de compromisos por las pensiones, pero que realmente aborda un problema inexistente”, señala. El Ministerio defiende que ya ha planteado distintos incentivos en el desarrollo de la ley, como la opción de que las empresas puedan reducirse hasta en 115 euros las cuotas a la Seguridad Social por aportaciones a estos fondos del segundo pilar.

Cambios para funcionarios

El otro colectivo para el que llegan cambios aparejados a este nuevo fondo público es el de los funcionarios. Las aportaciones de fondos de pensiones para trabajadores públicos desaparecieron de manera generalizada en la pasada crisis financiera y es algo que no se ha recuperado. Desde el Ministerio reconocen que es una “insistente demanda” de los sindicatos. Y apuntan que hay contactos con Hacienda para recuperar la partida presupuestaria perdida. “No hay nada concreto todavía, pero puede ser en un horizonte cercano, como el próximo ejercicio”, señalan desde Seguridad Social. “Es evidente que este desarrollo se va a producir y falta por ver en qué términos”, apuntan.

Desde el Ministerio consideran que la atracción de los trabajadores públicos es uno de los aspectos relevantes de este proyecto de ley. De hecho, el desarrollo de esta norma volverá a incluir este aspecto, que había desaparecido en el pasado, dentro de la negociación colectiva entre los sindicatos y la administración. El objetivo que ha señalado Seguridad Social en distintas ocasiones es atraer a empleados públicos de administraciones más pequeñas, como ayuntamientos, que hasta la fecha tenían más complicado acudir.

En lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado, el Ministerio ha impulsado esta norma sin el acuerdo con los agentes sociales. Minutos después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tanto la patronal de las aseguradoras, Unespa, como el sindicato CCOO ponían en duda la efectividad de la norma. “Hemos tratado de ser todo lo dialogantes posible”, señalan desde el Ministerio. “Tampoco nos hemos encontrado con propuestas muy concretas por su parte”, apuntan.

Cómo funcionará

Una vez culmine el trámite parlamentario, el objetivo es que el fondo comience a funcionar a partir de verano, siempre según las previsiones del Gobierno. La norma establece que sea la negociación sectorial la que incluya la posibilidad de acudir a estos fondos para los trabajadores. Desde el Ministerio lo vinculan con la reforma laboral aprobada por Trabajo, al “reforzar la negociación colectiva”. Es decir, ya no dependerá de si una empresa decide negociarlo con sus trabajadores sino que se abordará a nivel sectorial. Con ello, el Gobierno confía en que pueda llegar a las pymes, frente a un sistema que ha primado fundamentalmente a las grandes empresas.

Una vez salga adelante ese acuerdo sectorial, habrá que buscar a qué fondo adscribirse. Es aquí donde el Gobierno pretende que el fondo de impulso público se haga un hueco en un sector que ya existe. ¿Cómo? Seguridad Social confía en que pueda competir en precio respecto a otros fondos. Esto se realizará con una limitación de las comisiones. En el anteproyecto de ley se fijaba un límite del 0,3%, aunque en el proyecto que llegará a las Cortes ese tope desaparece. Se ha justificado en que es un aspecto que se debe delimitar en una reglamentación posterior. Pero el Ministerio mantiene que “ese es el objetivo”.

¿Quién gobierna este fondo? En primer lugar, aunque se habla en singular, se puede tratar de múltiples vehículos, pero todos dependientes de una misma estructura. Esta tendrá dos comisiones. La primera es la más política, donde están representados el Ministerio de Seguridad Social, con mayoría; Hacienda; Trabajo; Asuntos Económicos y Transición Ecológica. Será la comisión promotora o de seguimiento y, entre otras cuestiones, tendrá la capacidad de escoger a las gestoras que se ocuparán de estos fondos. Establecerá también el marco común de la estrategia de inversión, que se revisará cada tres años.

La segunda estructura incorpora a los agentes sociales. Esta comisión de control tendrá cinco representantes de la Seguridad Social, cuatro de los sindicatos y otros cuatro de la patronal. En un primer momento, el Gobierno mantenía el control de este órgano con nueve representantes. Esto se ha corregido durante la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente no se haya alcanzado un acuerdo global. Esta comisión realizará la supervisión continuada del fondo y podrá plantear la sustitución de la gestora.

¿Y por qué elegir un fondo público y no los privados que ya existen? El Gobierno responde a esta pregunta con dos razones. La primera es la gobernanza. Desde el Ministerio confían en que el hecho de estar impulsado por el sector público dotará de mayor confianza a estos vehículos para los trabajadores. Además, se fijan objetivos de inversión sostenible, que estarán diseñados por el propio Ejecutivo en la comisión promotora. La segunda razón que esgrime el departamento de Escrivá obedece a que confía en poder ofrecer un menor coste que otros vehículos, haciéndolo más atractivo. Además, defienden desde el Ministerio, “de manera natural” se irán cimentando estos fondos vinculados al empleo como un método para “fidelizar” a los trabajadores en las empresas.

Si el Gobierno logra mantener sus planes, el próximo verano echará a andar el fondo público de pensiones de empleo. Esta apuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, busca impulsar en España estos planes de ahorro en los que el empresario y el trabajador aportan a un fondo que, en el momento de la jubilación, será un complemento a las pensiones públicas. Aunque con décadas de historia –entraron en funcionamiento a finales de los ochenta–, esta vía de ahorro apenas cubre a 1,9 millones de trabajadores en España y, en la práctica, esa cobertura se queda fundamentalmente en los empleados de las mayores compañías del país y con escasa implementación en pymes y autónomos.

A cierre del tercer trimestre del año, los fondos de pensiones de empleo –conocidos como segundo pilar del sistema de pensiones– que funcionan en España gestionaban 37.109 millones de euros de patrimonio, según las estadística de la patronal de la inversión colectiva, Inverco. Por compararlo, son casi 87.000 millones los que se encuentran en planes individuales –tercer pilar–, aquellos en los que una persona decide crear una hucha privada sin estar vinculada a su trabajo. Existen más de un millar de planes vinculados a la empresa, un sistema que suele acordarse en la negociación colectiva como un beneficio añadido para el trabajador.

Sin embargo, las citadas estadísticas muestran que, pese a los múltiples planes y fondos que existen en España, el grueso del patrimonio que gestionan procede de un pequeño número de empresas. En concreto, tan solo cinco de ellos suman unos 17.000 millones de euros, casi la mitad del total. Son los que gestionan el ahorro asociado a los trabajadores de CaixaBank, Endesa, Telefónica, BBVA y Bankia. Otras grandes empresas del Ibex 35 completan la lista de los mayores planes, como Banco Santander, Iberdrola, Repsol o Naturgy.

Pensions Caixa 30, el fondo que aglutina a los trabajadores de CaixaBank, es el más grande de los que operan en España, ya que tiene unos 46.000 partícipes y gestiona un patrimonio que ronda los 6.700 millones de euros. Es decir, en torno a uno de cada seis euros que en España está en fondos de pensiones de empleo se encuentra en este plan de la entidad catalana. El siguiente por tamaño, lejos del de CaixaBank, es el de los empleados de Endesa, que suma unos 3.130 millones de euros. El plan de los trabajadores de Telefónica suma algo menos de 3.000 millones, el de BBVA incluye unos 2.500 millones de euros y el de Bankia, cuyos trabajadores ya se han integrado en CaixaBank, suma otros 1.800 millones. El fondo de pensiones de Santander también suma más de 1.000 millones de euros de patrimonio. La existencia por tanto de unos pocos fondos que gestionan la mayor parte del patrimonio muestra que existen cientos de ellos de reducido tamaño, lo que en este sector suele ir acompañado de mayores costes.

La concentración se aprecia no solo en qué trabajadores son los que están cubiertos por estos planes, sino en quiénes gestionan los mismos. Las cinco principales entidades aglutinan el 84% del patrimonio que se encuentra entre los planes de pensiones de empleo. CaixaBank, que es la entidad con mayores intereses en los distintos niveles de gestión de planes de pensiones, acumula una cuota de mercado del 34%. Le siguen BBVA, que tiene algo más del 22%; Ibercaja, con el 12%; Fonditel –gestora de Telefónica que incluye principalmente los planes de empleo de sus trabajadores y otros vehículos de inversión–, con el 10%; y Banco Santander, con algo más del 6%.

El anteproyecto de ley que presentó Escrivá hace dos semanas pretende desarrollar esta alternativa de ahorro y es uno de los compromisos del Gobierno en el Plan de Recuperación y que también se incluyó en los Presupuestos Generales del año pasado. El ministro ha evitado plantear objetivos concretos en cuanto al número de partícipes o el patrimonio gestionado, aunque en el pasado ha expuesto que le gustaría que en torno a la mitad de los trabajadores españoles estuvieran adscritos a planes de empresa, poniendo de ejemplo el caso de Euskadi, donde estos fondos ya tienen una importante penetración.

Centrado en pymes y autónomos

Según ha expresado Escrivá en sus comparecencias públicas y aparece en el anteproyecto de ley, el objetivo no es tanto ofrecer el fondo público a las plantillas de las grandes empresas sino dar pie a que pymes o autónomos se sumen a una alternativa que, hoy por hoy, no les es propicia. “La reducida dimensión media [...] es un elemento que afecta a su eficiencia en términos de costes de gestión y, en definitiva, a su rentabilidad. De ahí que un objetivo esencial de esta ley sea favorecer la existencia de fondos de pensiones de empleo con dimensión adecuada para garantizar los menores costes de gestión, permitir una distribución de inversiones diversificada y, con ello, mejorar los niveles de rentabilidad”, reza el preámbulo de la norma, que actualmente se encuentra en consulta pública antes de que el Consejo de Ministros dé su aprobación definitiva y la envíe a las Cortes. 

Escrivá no ha ocultado que el objetivo del fondo es que tenga el suficiente tamaño para poder tener menos costes y, por ello, ser más atractivo para las empresas pequeñas y los trabajadores por cuenta ajena. Aunque el fondo es de impulso público, la gestión será privada y el Gobierno exige como condición para participar que la comisión que se aplique sea inferior al 0,3% de los activos gestionados. El Ejecutivo justifica esta decisión en que los actuales planes de empleo con trabajadores público con 100 millones bajo gestión tienen comisiones inferiores a esa cifra “y los fondos de empleo de promoción pública aspiran a tener cifras muy superiores a dicho patrimonio”.

El sector privado en el que ahora entrará el impulso público ha reconocido en las últimas semanas que el segundo pilar necesita más desarrollo en España. Sin embargo, niegan que la participación del Estado sea necesaria. De hecho, consideran que si no se ha desarrollado más hasta ahora no tiene que ver con la oferta sino con la falta de incentivos fiscales para las empresas para plantear este producto a sus trabajadores. “Sinceramente no creo que la falta de desarrollo del segundo pilar tenga que ver con la gestión”, apuntaba Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las aseguradoras en España, en un reciente encuentro del sector financiero.

El rechazo entre los representantes de las aseguradoras, los fondos y la banca es notorio. La CEOE llegó a tachar la propuesta de “competencia desleal” y abrió la puerta a llevarlo a la justicia. Sin embargo, el principal punto de descontento que mantiene públicamente el sector es que la medida de crear un fondo público de pensiones de empleo vaya acompañada de un recorte en los beneficios fiscales para los que decidan tener planes individuales –tercer pilar del sistema de pensiones– y que han pasado de 8.000 euros anuales de aportación en 2020 a 1.500 euros para el próximo año. Pese al rechazo que muestran las patronales, ya hay grandes aseguradoras, como Mapfre, que han mostrado su interés por presentarse al concurso para gestionar el fondo público.