Iberdrola, en el banquillo: las claves del primer juicio a una eléctrica por manipular el precio de la luz

“De delitos no voy a hablar. Ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El 21 de diciembre de 2013 el entonces ministro de Industria José Manuel Soria, del Partido Popular, respondía así en una entrevista en ABC a la pregunta de si había habido irregularidades en el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad. En plena ola de frío y con las economías de los hogares ya muy castigadas por las subidas de impuestos y las rebajas salariales, el precio mayorista de la electricidad se había disparado a importes no vistos en más de una década. 

Ese incremento sostenido había comenzado a finales de noviembre, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. Y coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. El impacto fue tal que más de una veintena de grandes siderúrgicas y cementeras paralizaron total o parcialmente sus plantas ante la escalada de precios. Sólo entonces, el Gobierno accedió a intervenir —a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC)— y acabó anulando una subasta que habría provocado incrementos de más del 11% en las tarifas. El escándalo derivó también en un cambio en el modelo de fijación de precios. 

Una década después, Iberdrola Generación, filial del grupo Iberdrola, y cuatro de quienes fueran sus directivos se sientan en el banquillo en la Audiencia Nacional por un presunto delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de idear y poner en funcionamiento un “sistema” para “incrementar el precio de la energía” a través de sus centrales hidroeléctricas con el objetivo de “provocar una subida del precio” y “perjudicar a los consumidores”. Según el Ministerio Público, esa operación irregular produjo un perjuicio de más de 107 millones de euros, de los que 96,7 recayeron sobre el bolsillo de los hogares. El resto fue “soportado” por comercializadoras —varias están personadas como acusación particular— y aseguradoras. En contraposición, supuso un beneficio de 21,2 millones para la compañía. 

Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los directivos Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, eleva la petición de multa para la compañía a 107,5 millones de euros y pide tres años de cárcel para cada uno de los directivos. 

Un juicio “histórico”

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es hablan de “procedimiento histórico”. Es la primera vez que una gran eléctrica se enfrenta a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. La tesis de las acusaciones es que Iberdrola subió de manera artificial el precio al que ofertaba la energía de sus embalses en el Duero, Tajo y Miño-Sil —que suponen el 50% de la potencia de esta tecnología en España— hasta lograr que quedaran fuera del mercado por la imposibilidad de “casar” las operaciones. Es decir, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales, que “dejaron de producir energía”, dice el fiscal Antonio Romeral en su escrito de acusación. 

En España, el mercado mayorista de la electricidad funciona bajo un sistema marginalista que gestiona el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Cada productor accede con un precio determinado y se van cruzando sus ofertas con la demanda de las distribuidoras, las comercializadoras y los grandes consumidores: es lo que se denomina casación. Pero la clave es que todas las tecnologías cobran el precio marcado por la última tecnología que permite casar oferta y demanda y que es la más cara, sin importar lo que les haya costado producir esa electricidad. 

En el escrito del fiscal queda patente que Iberdrola ofertó entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios muy superiores a los que lo había hecho tan solo unos días antes. Así, afirma que entre el 2 y el 29 de noviembre, la oferta despachada no superó los 70 euros el megavatio hora y que el 92% de la misma —866,4 GW— no superó los 50 euros. En lo que respecta a la energía no despachada, el 48% se ofertó en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora. Por contraposición, en el período investigado, el 32% de la energía despachada —183,7 GW— y el 94% de la no despachado lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros el megavatio hora.

La consecuencia fue que esas centrales hidroeléctricas fueron reemplazadas por otras fuentes de energía. Principalmente, por las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural), de “coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80 o 90 euros el megavatio hora frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado entre 45 y 55 euros el megavatio hora”, sostiene el escrito del fiscal. Las acusaciones ponen de manifiesto que la conducta de Iberdrola sólo cesó por “circunstancias externas”. El 24 de diciembre se produjo una ciclogénesis explosiva que trajo fuertes borrascas y viento, lo que provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables.

Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que Iberdrola recurrió ante la Audiencia Nacional, fue de 25 millones de euros, por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador. Esa multa está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Entonces, la compañía acusó al regulador de haber utilizado una “metodología simplista” para imputarle una manipulación del mercado. 

Fuentes de Iberdrola insisten en que la compañía ofertó su electricidad a precios más elevados siguiendo un criterio de “prudencia” en un escenario de sequía. De esta forma, logró detener la caída de las reservas y evitar una situación de escasez que habría llevado a una reducción de la generación hidráulica y a precios de mercado más elevados. Estas mismas fuentes sostienen, además, que la compañía no tenía “incentivos” para elevar el precio dado su “posición neta compradora”. Defienden, en este sentido, que los supuestos beneficios obtenidos con el incremento del precio no compensaban ni el mayor coste de adquisición por la comercializadora libre del grupo ni el menor ingreso provocado por la reducción de la producción de sus centrales.

El juicio arrancará el próximo martes 17 de octubre con las cuestiones previas y el interrogatorio de los acusados. A partir del día 24 y durante ocho sesiones está previsto que se sienten ante el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional los testigos propuestos por las partes. Entre ellos, José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción y se ratificó en las declaraciones que había hecho en la citada entrevista en ABC. También está citado como testigo el que fuera secretario de Estado de Energía en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, Alberto Nadal, que actualmente está destinado como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York y colabora puntualmente como experto con la consultora KPMG.

Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los peritos de la CNMC, que comparecerán a partir de mediados de noviembre. Durante la fase de instrucción, estos técnicos del organismo público afirmaron que Iberdrola manipuló el mercado al ofrecer su energía hidráulica “a precios artificialmente elevados”, lo que provocó que quedara fuera y que accedieran fuentes de producción más caras. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de la compañía de que no hubo manipulación del mercado. La previsión es que el juicio quede visto para sentencia el 1 de diciembre.