La elevada incertidumbre geopolítica y el boom del gasto militar han puesto de moda al sector de la defensa, una industria que en España es eminentemente exportadora, compuesta en su mayoría por pymes y cuyo punta de lanza es la cotizada Indra.

El pasado 29 de octubre, la principal empresa española de tecnología punta, con la que el Gobierno está intentando armar un gran operador nacional, celebró un concurrido acto en Ifema, el recinto ferial madrileño cuyo comité ejecutivo preside su CEO, José Vicente de los Mozos.

En el evento (jamón ibérico a discreción, como en los tiempos de la burbuja inmobiliaria), Indra citó a 600 empresas, centros de investigación y universidades para “reafirmar su compromiso como empresa tractora y apoyarse en los Programas Especiales de Modernización [PEM] como palanca para reforzar la competitividad del sector y convertirlo en referente en la Europa de la Defensa”. 

El encuentro resume el momento del sector, con Indra como gran protagonista. Descartada la empresa pública de energía que el Gobierno socialista llegó a poner sobre la mesa en los albores de la crisis energética que provocó Rusia con la invasión de Ucrania, el Estado lleva tiempo incrementando su peso en el sector de Defensa, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Indra como ejes vertebradores.

Superada su profunda crisis en época del polémico Javier Monzón (descabalgado en 2015 tras la entrada temporal de Telefónica en Indra), la compañía que preside desde enero Ángel Escribano, tras la marcha de Marc Murtra a la 'teleco', lidera las subidas del Ibex este año (sube cerca del 190%) y espera cumplir ya los objetivos que tenía para 2026.

Indra, que tradicionalmente obtenía no más del 20% de sus ingresos de la tecnología militar, ha sido la gran beneficiada de los más de 14.000 millones de euros en préstamos al 0% que el Gobierno concedió a dedo entre septiembre y octubre para los PEM del Ministerio de Defensa, al calor del Plan Rearm UE, dotado con 800.000 millones de euros. El grupo acaba de cifrar en 10.000 millones su cartera de pedidos en Defensa para 2026. 

“Nunca había visto una oportunidad como esta”, decía hace unos días el presidente ejecutivo de Indra, a su vez copropietario de su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con el que Indra planea una absorción muy polémica por el evidente conflicto de interés que supone.

Escribano reconocía que en 30 años en el sector no había visto algo así. Ante las exigencias de la OTAN y el plan del Gobierno para incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, “las empresas tenemos que generar el conocimiento, las capacidades, y no dejar pasar esta oportunidad”.

Indra controla hace años la electrónica de muchas Administraciones (también los procesos electorales) y es líder mundial en tecnología de control del tráfico aéreo.

Entre otros proyectos, desarrolla radares para los ejércitos de España, Reino Unido, Francia, Alemania o Dinamarca, además de la OTAN; y es el coordinador industrial español del mayor programa de defensa colaborativo de Europa, el FCAS o Futuro Sistema de Combate Aéreo, llamado a competir con el F-35 estadounidense cuya compra descartó Defensa este verano. En el FCAS participa el gigante europeo Airbus, del que el principal accionista de Indra, la SEPI, tiene un 5%. 

Con más de 61.000 empleados y una facturación de 4.800 millones en 2024, aunque mucho más pequeña que los grandes gigantes del sector de defensa, Indra tuvo un origen vinculado al sector público, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por la estatal Inisel. En 2013, con la extinta Bankia en la UVI, la SEPI compró el 20% de la antigua Caja Madrid en el grupo. En febrero de 2022, dos días antes de la invasión de Ucrania, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al holding estatal a aumentar su participación hasta el 27% actual. 

Tras tantear su compra sin éxito, en 2023 Indra adquirió por 175 millones cerca del 10% de ITP Aero, referente mundial en motores aeronáuticos de aviación, que suministra los propulsores de Airbus. Con ventas de 1.612 millones en 2024, en ITP son accionistas el fondo estadounidense Bain Capital (77%), JB Capital, de Javier Botín (7%), y el Gobierno vasco (6%). 

Poco después de la entrada en ITP irrumpió en Indra la familia Escribano, con un 3,4% inicial que elevó progresivamente hasta el 14,3% actual. El próximo día 28, Indra aprobará en una junta extraordinaria sacar del consejo a dos consejeras independientes contrarias a la absorción de EM&E, operación que los Escribano quieren cerrar antes de fin de año y con la que podrían elevar su paquete en Indra a cerca del 30%. 

EM&E es una empresa de una dimensión muy inferior a la de Indra. Con unos 1.250 empleados, en 2024 facturó 355 millones (en 2019 sus ventas no llegaban a 55 millones). En los últimos años ha recibido adjudicaciones multimillonarias de Defensa, muchas sin concurrencia. En marzo, el presidente de EM&E, Javier Escribano, hermano de Ángel Escribano y consejero de Indra, confió en facturar unos 400 millones en 2025. En octubre, elevó la cifra a 480 millones.

Con sede en Alcalá de Henares (Madrid), EM&E suministra sus sistemas a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo. Presente en más de 25 países, era semidesconocida cuando en 2019 fichó como asesor al ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, que estuvo unos meses en el grupo fundado por el padre de los Escribano, tornero, como sus hijos.

EM&E tuvo entre 2015 y 2021 como accionista minoritario al fondo soberano de Omán. Copó titulares en 2020 al adjudicarse la fabricación de respiradores en los momentos más críticos de la pandemia. Meses después se creó el consorcio TESS Defence, en el que Indra tiene un 51% desde este año, y que debe fabricar los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que ya acumulan importantes retrasos, lo que ha provocado una reprimenda pública de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En TESS son socios los Escribano, la estadounidense General Dynamics, dueña de la española Santa Bárbara, que quiere aumentar un 70% su producción en España y en junio anunció un acuerdo de colaboración con Escribano “para desarrollar conjuntamente oportunidades en el sector de la Defensa”; y la vasca SAPA, a su vez dueña del 7,94% de Indra, ligeramente por encima del 7,24% de Amber Capital, del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian.

SAPA facturó 67 millones en 2024, un 23,5% más, con un beneficio de 2,89 millones, y prevé 800 millones de ingresos en 2032. El grupo vasco acaba de ampliar su alianza estratégica con General Dynamics para el desarrollo cooperativo de vehículos next gen del Ejército norteamericano, un hito para el sector español de defensa. SAPA está entre los accionistas de Indra reacios a la absorción de EM&E. Sus propietarios, Ibon y Jokin Aperribay (presidente de la Real Sociedad) se reunieron el pasado lunes en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la Junta del día 28, Indra prevé aprobar la compra de Hispasat, el operador de satélites que compró a principios de año a Redeia, otra participada de la SEPI, por 725 millones. Se hará así con un 43% de Hisdesat, operadora de servicios por satélite para clientes gubernamentales y de defensa, seguridad e inteligencia en la que ya tiene un 5%. En ella participan ISDEFE (tecnológica adscrita a Defensa, con un 30%), Airbus Defence & Space (15%), y Sener (5%).

Hisdesat es otra gran beneficiada por los PEM junto al gigante Airbus, que prepara la creación de un gigante europeo del espacio junto a la francesa Thales y la italiana Leonardo, que tendrá una de sus cinco filiales en España. En los PEM también participa Oesía, antigua IT Deusto, socia de Indra y SEPI en Epicom (antigua filial de Duro Felguera). Entre sus filiales están UAV Navigation, Cipherbit o Tecnobit, especializada en desarrollo y fabricación de tecnología de visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas.

En septiembre Indra aseguró que “a día de hoy” no mantenía conversaciones para adquirir Oesía, que en 2024 facturó un nuevo récord de 256 millones. El grupo que pilota Luis Furnells, con más de una decena de militares como asesores y consejeros, tuvo hace años entre sus socios minoritarios al recientemente fallecido Francisco de Borbón, Duque de Sevilla. 

Otra gran beneficiaria de los PEM, junto a Telefónica (de la que SEPI tiene un 10%) es Navantia, 100% de SEPI. Con ventas de 1.528 millones en 2024, los astilleros públicos llevan décadas en pérdidas (200 millones de números rojos en 2024), pero son un importante polo de empleo en Cádiz, Ferrol y Cartagena. Especialista en fabricar buques de guerra, Navantia es la primera empresa española en el ranking de 100 mayores compañías del sector que elabora Defense News. Está en el puesto 84. Indra (87) es la otra española en ese listado, copado por firmas estadounidenses.

También recibirá préstamos al 0% de los PEM la gallega Urovesa, fabricante de todoterrenos militares, contra incendios y de recogida de residuos urbanos. Con ventas de 125 millones en 2024, el 75% de su negocio procede de la pata militar. Empresa familiar, en ella es consejera Cecilia Sierra, concejala del PP en varias áreas del Gobierno local de Santiago entre 2011 y 2014. 

Otro nombre seleccionado para los PEM es la malagueña Aertec, que hace unos meses vendió a Indra su división de sistemas aéreos no tripulados, Aertec Defence & Aerial Systems (DAS). En 2024 facturó unos 40 millones.

Un clásico

Un clásico del sector es la ingeniera vasca Sener, accionista mayoritario de ITP hasta que en 2016 vendió su paquete a Rolls-Royce. Con más de 4.000 empleados, sus ingresos totales (Mobility, Aeroespacial y Defensa, Energía y la central de diseño de centros de datos, Quark) fueron de 710 millones en 2024. El 86% vino del exterior. 

La empresa de la familia Sendagorta, estrechamente vinculada al Opus Dei, creó en septiembre de 2021 el consorcio Sistemas de Misiles de España (SMS) junto a Escribano y la madrileña GMV, dedicada a espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información para Administraciones y grandes empresas. GMV, vetada por el Banco Mundial en 2021 por prácticas corruptas en Vietnam, facturó 454 millones en 2024.

Al proyecto de SMS se sumó en febrero de 2023 el fabricante de armamento Instalaza. Con unos 48 millones de facturación en 2024, Instalaza era socia de la extinta empresa semipública de exportación de armas Defex, protagonista de un gravísimo escándalo de corrupción hace una década que salpicó a empresas como Deimos, que Elecnor, de varias familias de aristócratas, vendió a Indra en 2024.

En Defex era socia Maxam, cuya división de defensa, Expal, compró el gigante alemán Rheinmetall a finales de 2022. La operación, valorada en 1.200 millones, propició una multa de 13 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por aportar información engañosa sobre la fusión.

En Instalaza fue consejero Pedro Morenés antes de ser ministro de Defensa con Mariano Rajoy. Hoy preside Amper, que en 2024 obtuvo de la pata de Defensa, Seguridad y Comunicaciones el 20% de los 84 millones que facturó. En Amper es consejera Luisa Poncela, ex alto cargo en Economía con Luis de Guindos. Su vicesecretario, Miguel Crespo, ex de Bankia y ex colaborador de Rodrigo Rato, está imputado en el escándalo de Equipo Económico.

Varias empresas del sector han cambiado de manos recientemente. Alfariver, antigua Star Defence Logistics & Engineering (SDLE), fue vendida en 2024 tras ser sancionada en 2023 por la CNMC por repartirse con dos empresas licitaciones de Defensa valoradas en 60 millones relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. Con ventas de 54 millones en 2024, su presidenta es Rosa Aza, ex presidenta de Duro Felguera y vinculada al PSOE asturiano. 

Aciturri, fabricante de componentes de motor para clientes como Airbus, Boeing, Embraer, Dassault o Rolls Royce, vendió a finales de 2024 el 51% de su división de Aeroestructuras a la belga Sonaca, en una operación valorada en unos 500 millones. Este año prevé superar los 260 millones en ventas.

El sector atrae desde hace años el interés de los fondos. Alguno tan mediático como Hyperion, especializado en defensa y ciberseguridad y lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín. Acaba de anunciar otro fondo de hasta 500 millones para 2026, tras captar 150 millones de los que el 40% ya ha destinado a empresas como la industrial catalana Gutmar, las aeronáuticas Brok-air y ATS Aviation y las espaciales Pangea Aeroespace y Sateliot. 

Otro ejemplo es Towerbrook, primer accionista de la vitoriana Aernnova Aerospace, suministrador de la industria aeronáutica que surgió en 2006 de la adquisición de la división aeronáutica de Gamesa. En 2017 lo compró al fondo Springwater, especialista en empresas en dificultades, junto a Torreal (de la familia Abelló) y Península, de Borja Prado, expresidente de Endesa o Mediaset.

La tarde del martes, tras casi ocho horas de reunión en Cartagena entre UGT, CCOO y la patronal del metal, la FREMM, trajo un preacuerdo para negociar el plus de astillero tan demandado por los trabajadores en huelga de la industria auxiliar de Navantia y para desbloquear el parón indefinido, que se prolonga desde hace 23 días. Pero el amanecer de este miércoles, después de una asamblea de huelguistas que debía ratificar el preacuerdo, ha llegado con un nuevo bloqueo. La huelga continuará sin una solución en el horizonte, y se “intensificarán las acciones hasta lograr un desenlace inmediato”, detalla en un comunicado la Unión de Empresas Auxiliares de Navantia.

El plus de astillero es la principal reivindicación de los trabajadores. Incrementaría su salario en unos 700 euros, tal y como sucede en los polos industriales de la constructora naval en Cádiz y Ferrol. El preacuerdo alcanzado anoche fijaba un calendario de negociación a lo largo de todo el mes de julio para incorporar dicho plus en el próximo convenio colectivo, que arranca el 1 de enero de 2026. El actual caduca un día antes, el 31 de diciembre de 2025. Se iban a celebrar reuniones de los sindicatos con la FREMM el 11, 15, 22 y 29 de julio. “En caso de no alcanzarse un acuerdo en ese intervalo, se agendará un nuevo calendario estableciendo una reunión por semana. El estudio deberá ser finalizado antes de la terminación del vigente convenio”, decía el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso este periódico.

Asimismo, las partes iban a ir informando a Navantia de los resultados de dichas negociaciones, pues en última instancia es ésta quien tiene que dar el visto bueno de cara a proceder a pagar el plus. Ahora todo ha quedado en papel mojado con la negativa de UGT y de la asamblea de trabajadores. Fuentes consultadas del sindicato, que es además el único organizador de la huelga, afirman que la patronal solicitaba su desconvocatoria para proceder a dicha negociación, y que esa premisa es “inaceptable” desde todo punto de vista.

“Desconvocar la huelga es una pérdida de nuestras reivindicaciones”

“Hacer desconvocar la huelga es una pérdida de nuestras reivindicaciones. Una huelga debe ser parte de la negociación”, señalan desde UGT. “Nos parece insuficiente la propuesta del calendario de reuniones. Nosotros tenemos predisposición a sentarnos hoy, mañana, pasado, al otro, y los días que haga falta, de forma consecutiva. No podemos tolerar esas fechas. Son una tomadura de pelo”, prosiguen.

“La única parte positiva que sacamos, que la hay después de tantas horas de reunión”, añaden, “es que por fin la patronal manifiesta que se puede llegar a un acuerdo”. “Todos estos días han sido un pulso que hemos ganado”.

Desde la otra cara de la moneda sindical, CCOO, que no apoya el parón indefinido, pero sí la reivindicación del plus de astillero y su incorporación en el siguiente convenio, fue quien logró que la reunión de ayer con la FREMM se llegase a celebrar, a través de una carta escrita por Gerardo Medina, secretario general de Industria de la organización obrera.

Fuentes de CCOO subrayan a este diario su decepción porque el preacuerdo alcanzado ayer no haya llegado a buen puerto. “Llevamos años y años negociando y sabemos que todos tenemos que tener buenas intenciones. El lugar para negociar el plus de astillero es la mesa y el convenio. Vamos a pelear para tratar de conseguirlo en el próximo acuerdo colectivo. Pero antes hay que estudiarlo, que negociarlo durante semanas, ver a quién se le paga, cómo se paga, cuánto se paga. El compromiso adquirido ayer por la patronal no había ocurrido nunca. Exigiremos una nueva reunión. Lo seguiremos intentando”, expresan.

Ante esta situación, la huelga indefinida en la industria auxiliar del astillero de la ciudad portuaria que comenzó el pasado 17 de junio sigue vigente entre los trabajadores, que se mantienen a la espera de un nuevo preacuerdo que cumpla sus expectativas, al tiempo que anuncian “intensificar las acciones”. Ahora mismo no hay fecha para la celebración de otro encuentro entre patronal y sindicatos. La noche del martes terminó con un grupo reducido de trabajadores de la auxiliar comenzando una huelga de hambre que llamó notoriamente la atención de las personas que paseaban por el centro de Cartagena.

A la huelga de hambre se ha unido, en el mediodía de este miércoles, el exdiputado de Podemos en la Asamblea Regional Víctor Egío. “Siempre he pensado que lo que se defiende en una tribuna, hay que defenderlo en las calles hasta las últimas consecuencias”, ha explicado en un post en su cuenta de X.

El astillero, parado

El fin del conflicto interesa, sobre todo, a dos partes: primero, a la propia Navantia, pues la situación en el interior de la empresa pública empieza a ser acuciante. Sin apenas movimiento en el astillero con la ausencia de los más de 1.000 trabajadores de la auxiliar que apoyan el parón, la ceremonia de puesta a flote del submarino S-82 ya ha sufrido un retraso de 20 días, según relató a este periódico un trabajador de la plantilla de la constructora naval. Esta tendrá lugar, finalmente, el 21 de julio, pero este mismo trabajador incidió en que la nave no estará terminada para entonces. “Se hará la foto en la ceremonia de puesta a flote y parecerá que está todo acabado. Pero estará lejos de estarlo”, dijo.

Ahora mismo, además, el submarino S-81 está atracado en uno de los muelles del Arsenal militar, pero tendría que estar en el carenero de Navantia sometiéndose a un mantenimiento programado, según informa el diario La Verdad. Ese trabajo también va a tener retrasos. El periódico regional añade, asimismo, que el buque de investigación oceanográfica, el ‘Hespérides’, debe pasar por un mantenimiento de motores y laboratorios. Pero, de momento, no lo está haciendo. También diversos buques cazaminas y otros submarinos de menor importancia. Todo está parado en el astillero.

23 días sin ingresos

El otro punto de vista, este desde luego más perentorio, es el de los propios trabajadores en huelga. Cientos de ellos colmaron ayer la céntrica plaza Castellini de Cartagena, donde está ubicada la sede de la Cámara de Comercio en la que tuvo lugar el encuentro entre FREMM y sindicatos. La indignación allí era máxima: los gritos, los silbidos y las voces desgarradas en megáfonos no se detenían: “¡Solo quiero el plus de astillero!”; “¡Fabrico submarinos por 1.000 euros al mes!”, expresaban, una y otra vez, igual que llevan haciendo las últimas tres semanas.

La desesperación de los huelguistas se hizo notar, sobre todo, la semana pasada, cuando se vivió una escalada de la tensión y hubo intentos de bloquear la entrada al astillero por el Arsenal militar que acabaron con cargas policiales. Fueron dos los detenidos por desórdenes públicos y otros dos investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. El trabajador de Navantia confirma a este periódico que ahora, aparte de que la empresa Meisa había estado internándose en las naves de Navantia por puertas militares para colocar la súper estructura del submarino S-82, desde este lunes “está entrando más gente de otras empresas auxiliares, como Maesa o Metalmecánicas Herjimar”.

Son ya 23 los días que acumulan los huelguistas sin recibir ni un solo ingreso. El viernes se llevó a cabo una recogida solidaria de alimentos para las familias más afectadas por el parón. Muchos de los trabajadores que lo secundan se plantean, ante preguntas de este periódico, regresar a su trabajo en los próximos días, porque no pueden afrontar los pagos cotidianos de su vida sin su salario. Otros tantos ya lo han hecho. “Al final, llegaremos a final de julio y nos veremos con cero euros en la cuenta. Y eso no vamos a poder aguantarlo. No hay nadie que pueda”, señala uno de ellos.

Hace dos décadas se tomó la decisión de que España debía contar con submarinos propios, fabricados dentro del territorio nacional, para defenderse de amenazas marítimas. El programa S-80, un gran hito de la ingeniería naval española, no ha estado exento, sin embargo, de controversias: retrasos en los plazos de entrega, sobrecostes, problemas técnicos y, en general, gran falta de transparencia con la ciudadanía sobre los detalles del proyecto.

La decisión se produjo tras una ruptura con Francia, junto a la que España fabricaba a principios de siglo en el astillero de Cartagena submarinos modelo Scorpène, exportados exitosamente a países como Chile y Malasia, pero que contaban con limitaciones para las necesidades de la Armada en aquellos momentos. Así lo explica Christian Villanueva, fundador y director de la revista especializada Ejércitos y gran conocedor del programa S-80, en un libro sobre el asunto que ha cedido a elDiario.es para la realización de este reportaje.

Precisamente, la falta de transparencia es uno de los grandes ‘peros’ del programa desde sus inicios, según Villanueva. “Los distintos Gobiernos han seguido tratando a la ciudadanía con un paternalismo impropio de una sociedad madura, al menos en lo que a defensa concierne”, señala. A ello se suma que España no estaba preparada en aquellos momentos para embarcarse en un programa tan complejo a nivel tecnológico. Tanto la pérdida de los conocimientos técnicos que aportaban los franceses como los numerosos despidos y prejubilaciones que realizó en aquel entonces la empresa que hoy es Navantia, provocaron que el proyecto naciera con un “gran déficit de ingenieros senior”.

Retrasos y sobrecostes

Fueron dos los principales escollos que debieron superar los ingenieros para que el programa saliera adelante: en primer lugar, un problema de sobrepeso que obligó a alargar los submarinos y, en segundo, las dificultades en el desarrollo del sistema AIP. El AIP, por sus siglas en inglés -air-independent propulsion-, es un sistema de propulsión independiente del aire, que aumenta la independencia del submarino al permitirle mantenerse sumergido durante más tiempo. Solamente los modelos S-83 y S-84 tienen prevista la puesta a flote con sistema AIP incorporado, mientras que al S-81 y al S-82 se les deberá instalar posteriormente.

Las consecuencias fueron un retraso de alrededor de una década en la entrega a la Armada de los buques y, que el presupuesto del programa S-80, ya ciertamente holgado de por sí para tratarse de un submarino convencional, tuviera que estirarse. Inicialmente, se estableció un techo de 2.135 millones de euros, pero el gobierno se vio obligado a extender la cuantía hasta los 3.906,7 millones de euros. A ello hay que añadirle, además, los costes de mantenimiento de los submarinos, que superarán los 102 millones de euros, según la referencia del Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo. Esta cantidad se acerca peligrosamente a los 1.000 millones de euros por unidad, muy superior a otros submarinos similares.

Un ejemplo de ello son los Scorpène franceses, que a principios de siglo aún se fabricaban, en parte, en el astillero de Cartagena. La India compró seis a menos de 600 millones por unidad en el año 2005. “El destinado al programa S-80 hasta la fecha constituye un presupuesto impresionante”, explica Villanueva, que añade que acerca a estos submarinos a “algunos modelos de propulsión nuclear” y “supera ampliamente el de otros submarinos convencionales comparables por tamaño y autonomía como los Type 218SG construidos por Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) para Singapur o los Soryu japoneses”.

Una empresa que no sale a flote

Navantia, heredera de IZAR Construcciones Navales y nacida en 2005, acumula años en números rojos. Precisamente el pasado miércoles, la empresa pública, parte del Grupo SEPI, reveló sus resultados del año 2024, donde sus pérdidas crecían un 61,7% hasta los 197 millones de euros, pese a haber aumentado su cifra de negocio un 6,6% durante el ejercicio y haber recibido un rescate estatal de 450 millones en julio del año pasado.

Además, la constructora naval emitió un comunicado donde señalaba al ajuste derivado de la revisión de costes pendientes hasta la finalización del programa S-80 como la causa de ese aumento de pérdidas. Eso sí, fuentes de la empresa se apresuraban a añadir que el ajuste, de carácter extraordinario, no afectaba “a la viabilidad del programa ni al desempeño operativo de la compañía”.

Si esas pérdidas podrán compensarse con contratos en el extranjero es aún una incógnita. Navantia perdió recientemente un contrato de cerca de 4.800 millones de euros en la India en favor de la alemana TKMS, con un proyecto más maduro que incluye buques con sistemas AIP probados en el mar, según informan medios especializados.

Villanueva es tajante al respecto: “Tú no puedes pensar en hacer submarinos y que la exportación te salve”. Para el experto, los submarinos clase S-80 tienen “todo que demostrar”, mientras que otros modelos como el Scorpène francés o el U212 alemán llevan años a flote. Pese a ello, está convencido de que el S-80 es un buen submarino que, con ciertas adaptaciones, puede responder a las necesidades de muchos países.

Huelga en el astillero de Cartagena

Fuentes del Ministerio de Defensa explican a elDiario.es que, dentro del programa S-80, el submarino S-81 se encuentra “plenamente operativo” tras realizar su primera inmersión en marzo y participar más tarde en ejercicios internacionales. En cuanto al S-82, que llevará por nombre ‘Narciso Monturiol’, informan de que su puesta a flote está prevista para este mes de julio.

No obstante, las protestas del sector del metal podrían poner en peligro estos plazos. Los trabajadores de empresas auxiliares de Navantia en Cartagena, subcontratadas por esta y que se rigen por el convenio del metal de la Región, llevan más de 20 días en huelga, en la culminación de un proceso en el que el descontento de la plantilla no ha hecho más que crecer en los últimos años. “Navantia es un desierto”, asegura a este medio Israel Selma, responsable de Empresa Privada de CSIF en Murcia, el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Navantia en la ciudad portuaria. Añade que la empresa se encuentra parada al 95%, que solo funcionan los servicios de limpieza, oficinas y construcción y que la entrega del submarino S-82 llegará, al menos, 20 días más tarde de lo previsto.

Sin embargo, fuentes de Navantia aseguran que el submarino S-82 se pondrá a flote el próximo 21 de julio. En cuanto a la instalación del sistema AIP, se le realizará en la primera varada, mientras que el S-83 ya será puesto a flote con el mismo integrado

En parte, Navantia arrastra problemas con los que nació, como es la pérdida de personal cualificado. Las diferencias salariales entre sus diferentes astilleros son notables, lo que ha llevado a los trabajadores a plantarse. “En Cartagena están cobrando entre 600 y 1.000 euros menos al mes que en Ferrol”, lamenta Selma, que asegura que los trabajadores vivirían mejor trabajando “en un supermercado” que en un puesto tan especializado. La huelga, además, ha lastrado sus nóminas hasta el punto en que se han tenido que organizar para que los ciudadanos de Cartagena les donen comida a través de un banco de alimentos. Aunque Selma también admite que Navantia está dispuesta a negociar.

Un programa que tiene que seguir

Para Villanueva, la única forma de conseguir que todo el esfuerzo haya merecido la pena es asegurar la continuidad del programa S-80 y evitar los parones de carga de trabajo en Cartagena para cumplir con los plazos, algo que, ahora mismo, no parece viable. “España ha logrado superar uno a uno todos los escollos, reflotando un programa vital que durante mucho tiempo pareció condenado. Lo que ocurra de aquí en adelante dependerá de la capacidad de mantener el tesón que lo ha hecho posible, evitando de paso las malas prácticas pasadas”, subraya.

Lo que no parece tan claro es que la cantidad de dinero del contribuyente invertida vaya a repercutir en la industria española. En su libro, Villanueva explica que se estima que de las 2.127 empresas implicadas de una u otra forma en el programa, las españolas son algo más de 850, es decir, menos de la mitad. “Esto no quiere decir que la mayor parte de los fondos terminen fuera obligatoriamente, pero da una idea del grado real de nacionalización”, señala el experto. Su principal reflexión es que, más de una década después, aún no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los culpables de los errores del programa, ni tampoco las medidas adoptadas para solucionarlos.

El secretario general de industria de Comisiones Obreras (CCOO) de la Región de Murcia, Gerardo Medina, ha remitido este jueves una carta a la FREMM, la patronal del metal de la comunidad, donde le muestra su “preocupación” por los “graves incidentes” que se están produciendo en Cartagena como consecuencia de la huelga sectorial que afecta al astillero de Navantia. En el escrito le exige que convoque con carácter urgente, “a la mayor brevedad posible”, la mesa del plus de astillero con los sindicatos firmantes del actual convenio colectivo del metal.

Precisamente esa es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores en huelga: el extra de astillero que sí cobran las industrias auxiliares de la constructora naval pública en los polos industriales de Cádiz y de Ferrol, lo que supondría unos 700 euros más al mes para cada uno. Esta carta puede suponer un antes y un después en el devenir del cese de actividades, porque hasta ahora CCOO había permanecido al margen del mismo. Pese a que fuentes del sindicato consultadas por este periódico inciden en que continúan sin apoyar la huelga, sí que están a favor “de las reivindicaciones de los trabajadores y del diálogo”.

En el escrito, Medina apela a los 17 días que ya abarca el parón, que comenzó el pasado 17 de junio, “lo que está provocando”, señala, “perjuicios económicos a los trabajadores y trabajadoras, situación que incide en sus economías no precisamente muy boyantes”. El secretario general de industria del sindicato obrero hace referencia también al “daño que está provocando esta situación en el programa de submarinos S-80, y a la inminente puesta a flote del S-82”, con la posibilidad de que éste último “no sea un éxito industrial y tecnológico que genere riqueza y bienestar social para la ciudad de Cartagena”.

La huelga del metal, para Medina, está generando “un deterioro social e institucional con consecuencias no previsibles”. “Los trabajadores están siendo perjudicados económicamente, las empresas ven afectada su actividad, Navantia, empresa pública, generadora de empleo, está siendo dañada, y sindicatos y patronal estamos sufriendo un desgaste institucional preocupante”.

El secretario general lanza dos preguntas a la FREMM: “¿Por qué hemos llegado hasta aquí?”, “¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?”. Medina apela a que todas las partes tengan “altura de miras, sentido común y coherencia para solucionar” el conflicto.

Preguntadas a propósito del escrito, fuentes de la FREMM afirman que “ante la petición de convocar las mesas técnicas de trabajo, los órganos de gobierno de la patronal darán a conocer su respuesta a los sindicatos firmantes del convenio colectivo vigente por el conducto oficial”.

La carta de CCOO llega en un momento clave en la huelga, y tras una escalada de la tensión y la violencia que se ha vivido esta misma semana. Los trabajadores ven cómo la situación se prolonga en el tiempo y cómo ya acumulan más de medio mes sin ingresos. Este periódico contó ayer, a través del testimonio de un trabajador de la plantilla de Navantia, que hay empresas que están recibiendo presiones de la constructora naval y están internándose en el astillero para trabajar en el submarino por entradas solo reservadas para militares. Dicha circunstancia provocó, el martes y el miércoles, piquetes y bloqueos a las puertas del Arsenal militar de Cartagena que se saldaron con cargas policiales y golpes. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvo a dos personas por quemar vallas y contenedores tanto en la carretera de acceso a la mercantil pública como en las avenidas céntricas de la ciudad. Otros dos trabajadores están siendo investigados por el mismo motivo.

No hay solución en el horizonte para la huelga del metal de Cartagena y la tensión crece por momentos. Entre la jornada de ayer y la de hoy la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a cuatro trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, según informan a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Están acusados de quemar contenedores y vallas en la carretera de acceso al astillero de la ciudad portuaria durante las protestas de la primera semana del parón. Dos de ellos continúan detenidos y los otros dos, prosiguen dichas fuentes, han sido puestos en libertad y han adquirido la condición de “investigados”.

“Como cualquier otro colectivo, los trabajadores tienen derecho a la manifestación y la concentración, pero es importante la prudencia y el buen comportamiento”, ha resaltado este mediodía ante los medios de comunicación la delegada del Gobierno en la comunidad, Mariola Guevara. “Hay algunos grupos que —este miércoles— se han dispersado por Cartagena y han intentado incendiar varios contenedores”, ha añadido Guevara, que ha confirmado que uno de los detenidos pertenece a esa dispersión

Ya han pasado 15 días desde que comenzó la suspensión del trabajo en la auxiliar de la mercantil pública, que atañe a más de 2.000 trabajadores de unas 60 empresas, y la situación sigue igual de bloqueada que al principio. Obreros y sindicatos reclaman la inclusión en el convenio colectivo de un plus de astillero que sí cobran en los polos industriales de la constructora naval en Cádiz y Ferrol, y que aumentaría el sueldo base en unos 700 euros, y la regulación de la subrogación para que éstos no trabajen con la incertidumbre de si al cabo de unos meses seguirán en su puesto o estarán en la calle. La patronal, la FREMM, sigue plantada, apelando a que solo comenzarán las mesas de negociación “cuando se desconvoque la huelga”. Pero UGT reclama el derecho de los trabajadores a negociar mientras se está produciendo un cese de actividades.

Nuevo intento de negociación este miércoles

Este miércoles, aparte de las detenciones, que significan un auge considerable de la hostilidad que ya de por sí se está viviendo en la huelga, se ha producido un nuevo viaje de representantes sindicales y miembros de comités de empresa a la sede de la patronal, en Murcia, como una tentativa de acercamiento entre ambas partes. Previamente, ha habido ya tres reuniones en las últimas dos semanas, y todas han acabado en punto muerto, con posturas muy alejadas y sin fecha concreta para seguir hablando.

La huelga se mantiene indefinidamente y el nerviosismo se nota ya en las dos caras más perjudicadas tras tanto día de parón: dentro del astillero de Navantia, los trabajadores de plantilla de la constructora naval redoblan los esfuerzos para apurar las obras del submarino S-82, cuya entrega a la Armada sigue prevista para “este verano”, sin una marca concreta en el calendario, aunque ya con retrasos ostensibles. Fuentes consultadas del Ministerio de Defensa indican a este periódico que todavía “no es posible estimar el impacto que la huelga tendrá en el programa”. Pero el daño es seguro.

“Coacciones” de Navantia a empresas en huelga

Los huelguistas denuncian presiones de Navantia a ciertas empresas para que estas acudan a trabajar por entradas inusuales al astillero, con el objetivo de evitar los piquetes informativos. UGT ha presentado ya una denuncia a la inspección de trabajo al respecto, según confirman fuentes sindicales, porque esas incursiones se habrían producido, sostienen, en “horarios nocturnos” y por puertas cerradas normalmente a civiles. El bloqueo, además, ya empieza a repercutir, y de forma seria, en los bolsillos de cada persona. Solo han percibido la mitad del salario del mes de junio, una cantidad que ya es muy escasa de por sí, aunque esté completa —apenas supera los mil euros—. Hay trabajadores que han esquivado junio con menos de 500 euros ingresados en su cuenta. Ahora, con la llegada de julio, la posibilidad de no ver ni un euro en todo el mes es factible. El hartazgo y la resignación se apodera del grupo.

Si junio terminó con bloqueos diarios en la única carretera de acceso a Navantia e incendios de vallas y plástico —el motivo de las detenciones de hoy—, el cambio de mes ha traído consigo un nuevo escenario. Los huelguistas denuncian ya desde hace días “coacciones” de Navantia a algunas compañías, motivadas sobre todo por la necesidad de terminar a tiempo el submarino. Pero no solo eso. También hay prevista en esta fecha una remesa de barcos que deberían llegar al astillero de la ciudad portuaria para su mantenimiento anual. Incluso el submarino S-81, que ha pasado las últimas semanas de prácticas por el Atlántico, debe completar su primera parada. A eso hay que sumarle que los otros dos submarinos en construcción de la serie S, el 83 y 84, se encuentran asimismo parados. Todo está en el aire.

Entrar por el Arsenal para trabajar en el submarino

Hay, en concreto, una empresa cuyos trabajadores estaban en huelga la semana pasada y que esta han acudido de nuevo al trabajo impulsados por “una llamada” de Navantia. Se trata, explica a este diario un empleado de la propia constructora naval, de la mecánica Meisa. Los obreros han estado entrando al astillero por la vía del Arsenal militar de la ciudad, aprovechando que los huelguistas no pueden cortar fácilmente la entrada a un recinto propiedad de la Armada. Ayer lo intentaron, y lo consiguieron durante una hora, varios centros de manifestantes, increpando a los coches que entraban al cuartel. Esta mañana del miércoles han acudido para repetir la maniobra, pero desde muy temprano los esperaba un amplio cordón de antidisturbios: las cargas policiales han sido rápidas, contundentes y han disuelto el bloqueo en escasos minutos. Incluso ha habido golpes. Los vídeos del altercado ya corren por redes sociales.

“Han estado entrando desde el lunes para colocar la fibra de la súper estructura del submarino, una parte imprescindible para la ceremonia de botadura, y para la apariencia visual del barco. Entran por la mañana, tempranísimo, y se van antes de la hora de salida, porque les dicen que si salen a las 14:00 van a tener problemas porque los van a esperar los demás compañeros”, comenta el empleado de Navantia.

“Se hará el evento de la botadura, las fotos, pero ni mucho menos estará terminado”

El retraso en las obras de uno de los vehículos acuáticos más preciados del Ministerio de Defensa está servido. Al segundo día de la huelga, el miércoles 18 de junio, cuenta el trabajador de la constructora naval, el contador que marcaba la fecha de entrega del submarino se retrasó 20 días. Justo eso, 20 días, es lo que descuenta ahora el reloj para la entrega. “Los trabajos de la auxiliar de cara a la botadura los estamos haciendo nosotros, los de Navantia, que somos muy pocos. Ahora ha entrado Meisa. La ceremonia se hará, probablemente, sin más retrasos, pero al barco le faltan muchísimas cosas para estar terminado y a nosotros no nos va a dar tiempo. Se hará el evento, las fotos, y parecerá que todo está listo, pero ni mucho menos lo estará”, explica.

Con la entrada de auxiliares al astillero por la vía del Arsenal la crispación crece todavía más en un conflicto que nadie imaginaba que fuera a estar encallado 15 días después de su inicio. Con las negociaciones en punto muerto, la desgana entre los trabajadores aumenta. Muchos son los que ya valoran, en general, dejarlo todo y regresar a los puestos de trabajo para no seguir perdiendo dinero. Otros ven cómo hay empresas que entran de forma clandestina y cómo el relato de la huelga pierde fuerza por momentos. Pero muchos aún resisten, convencidos de que obtendrán sus reclamaciones, y de que la táctica de la patronal es precisamente esa: lograr que los trabajadores abandonen la causa y se rindan sin haber alcanzado un acuerdo. En los próximos días continuarán las protestas: volverán, como mínimo, a la Asamblea Regional y al Ayuntamiento de Cartagena, según constatan fuentes de UGT.

Al metal de Cartagena ya no le queda paciencia. Hace muchos años que los trabajadores de un sector clave en el sureste peninsular viven alojados en la precariedad. La industria auxiliar de Navantia, en el astillero de la ciudad portuaria, comenzó el 17 de junio una huelga indefinida que no va a cesar hasta que no se mejoren las condiciones laborales de más de 2.000 empleados repartidos en 60 empresas.

En el interior de las instalaciones de la constructora naval pública reina ahora una calma tensa en lo que antes era un caos ordenado de trabajo. Es afuera, en la puerta, a la entrada, y también en las calles, donde está todo el mundo: dejándose la voz al gritar a los megáfonos, levantando pancartas, colocando, como sucedió este viernes, barricadas de vallas y plásticos en llamas en varios puntos de la única carretera de acceso a la compañía. La Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad y se ocupa de afianzarlo por turnos, porque las protestas se prolongan durante las 24 horas del día, aunque su punto álgido es siempre sobre las siete de la mañana.

El parón ha puesto en jaque el futuro inmediato de uno de los proyectos tecnológicos y militares más especiales del Ministerio de Defensa: el submarino S-82. Sin las auxiliares, exclaman al unísono todos los manifestantes, Navantia se cae y no tiene posibilidad de levantarse.

La raíz de las protestas, que no son nuevas, sino que se vienen produciendo en silencio durante un lustro y de manera simbólica y pacífica todos los miércoles del pasado mes de abril, radica en el convenio del metal murciano, cuyas negociaciones de mejora entre sindicatos y la FREMM —Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia— están en punto muerto, sin comunicación y sin avances, según constatan fuentes consultadas de UGT. Las grandes factorías como Navantia —y no solo, porque el sector incluye a otras en Cartagena como Repsol— disponen de un convenio propio con unas condiciones más que dignas. La industria de apoyo reclama unos derechos mínimos a los que agarrarse.

Agravio comparativo

“En la Región de Murcia tenemos el peor acuerdo colectivo de toda la industria española”, dice, directamente, el responsable del metal de UGT-FICA en la comunidad, José Antonio García. Sindicalistas y trabajadores denuncian, por encima de todo, un agravio comparativo con respecto a los otros dos astilleros que posee la constructora, en Cádiz y en Ferrol, y reclaman igualdad de trato en dos vías: primero, incluir en el convenio el plus de astillero que sí pagan las auxiliares en los polos andaluz y gallego. Este plus incrementaría el salario base de los trabajadores en unos 700 euros.

Segundo, los extras por peligrosidad, por trabajo con elementos tóxicos y químicos y por hacerlo en condiciones de gran esfuerzo físico —que, pese a estar recogidos algunos en convenio, solo unas pocas empresas los conceden—. Cada empleado que ahora grita hasta ahogarse tiene una vida propia que sacar adelante y una mochila a sus espaldas de años cobrando apenas el sueldo mínimo. La sensación unánime es que el acuerdo lleva más de una década estancado; que el coste del día a día ha subido mucho; que los salarios se han quedado atrás. Otra de las premisas sindicales es pactar con la patronal una subida progresiva de la retribución.

“Construyo submarinos por 1.000 euros al mes”, escribe un trabajador en una pancarta que luego agita con una vehemencia que no se veía en el astillero de Cartagena desde los años 90. La industria auxiliar de Navantia dobla en número de empleados a la plantilla de la empresa estatal en la ciudad, según cifras de UGT.

Perder dinero mientras uno trabaja

“Con la huelga estamos todos perdiendo dinero cada día, claro. Pero hemos perdido mucho más todos estos años mientras trabajábamos. No nos pagan lo que nos corresponde, como sí hacen en otros astilleros. Yo trabajo siempre, en mi nave, rodeado de polvo en suspensión de las obras del submarino. Llego a casa y estornudo partículas negras, como si fuera hollín. Nunca he recibido ni un euro de plus por tóxicos”, explica el trabajador de la pancarta. Acumula, dice, casi una década y media trabajando en la auxiliar. Toda su vida laboral.

Sin embargo, nunca ha estado exento de la incertidumbre de poder perder su trabajo de un día para otro. Ha tenido varios periplos de desempleo hasta conseguir reengancharse en otras empresas del astillero. Es en esa temporalidad donde entra en juego la siguiente reclamación básica de la huelga: la regulación de la subrogación. Explican fuentes de UGT que las auxiliares firman licitaciones temporales con Navantia en forma de contratos de obra, y que cuando éstos concluyen, las licitaciones se reinician, y otras empresas pueden concursar y ganarlas. Los empleados, entonces, se quedan en tierra de nadie. El sindicato exige medidas de amparo. “Te pueden echar y no darte explicaciones. O cambiarte de puesto y cobrar incluso menos que antes. Nunca estamos seguros de nada. Al bajo sueldo se le suma que puedes quedarte en la calle cada poco tiempo, sin ninguna protección”, esgrime el trabajador.

Hay mucho en juego. La última huelga indefinida que sacudió el metal y la fabricación de submarinos y buques en la ciudad portuaria fue en el 92, en plena reconversión industrial. Entonces acabó la Asamblea Regional en llamas. Ahora arden vallas y plásticos en la única carretera que conecta la ciudad con el astillero. Los efectivos de la Guardia Civil acuden en masa para restablecer la normalidad.

División sindical

La mayoría de los empleados prefiere permanecer en el anonimato por si después hubiese represalias. Dejan las declaraciones oficiales en manos de los sindicatos. UGT es el único mayoritario que ha convocado el parón. José Antonio García detalla que los trabajadores de la auxiliar apenas perciben, de media, 22.000 euros brutos anuales.

El representante del metal de UGT explica que antes de la firma del actual convenio entre sindicatos y la FREMM, en 2023, la patronal adquirió el compromiso de incorporar, antes del siguiente acuerdo colectivo, que debería ratificarse a finales de este año, el plus de astillero y la subrogación. En marzo, UGT comenzó los contactos con la FREMM para incorporar dichas mejoras a la mesa y hacerlas realidad de una vez. Pero no hubo, añade García, contestación alguna. “La patronal pretende alargar las negociaciones en el tiempo, darle patadas al balón y prorrogar el convenio sin avances. Eso no lo podemos consentir”.

Fuentes consultadas de la FREMM indican que “el acuerdo colectivo está vigente hasta fin de 2025”. La patronal ha ofrecido a los sindicatos, inciden las mismas fuentes, “el inicio de los contactos en otoño”.

CCOO permanece, por el momento, al margen de las protestas. Ambos sindicatos mayoritarios han entrado en una especie de discrepancia sobre las formas y los tiempos. Este viernes varios centenares de trabajadores fueron en manifestación a la puerta de la organización obrera, cuyas fuentes internas consultadas apelan a “adelantar la negociación del convenio a primeros de septiembre”, también con el plus de astillero y la subrogación como sustento del diálogo. “No entendemos este giro de UGT fuera de la mesa ni tampoco la convocatoria de la huelga”, apostillan.

UGT no esconde que uno de los motivos del parón indefinido es que el plazo del submarino S-82 está a punto de finalizar y deberá, en pocos días, ser entregado a la Armada para comenzar las prácticas en puerto y mar abierto. La Verdad publicó el pasado martes que Navantia dará por terminada la nave sumergible el 30 de junio. El sindicato sabe, en un sector que calcula todo al milímetro, que sin la industria auxiliar esas fechas podrían sufrir retrasos.

Fuentes de Navantia contactadas por elDiario.es evitan “hacer valoraciones” sobre la huelga por “cautela”, aunque reconocen que es “evidente” que la empresa pública, que no es parte negociadora en este convenio, “se ve afectada” por ella y desea “una pronta solución”. La constructora naval subraya, sin arrojar ninguna fecha concreta, que la previsión actual es que el submarino “esté listo para su puesta a flote este verano”.

“¿Por qué tenemos menos posibilidades que el resto?”

En la casa de Javier y Carmen, un matrimonio que trabaja en otra compañía auxiliar, no está entrando ni un solo euro desde el martes. Tienen dos hijos pequeños. Pierden, calculan, unos 150 euros diarios entre los dos por cada día de huelga. “Cuando viene algún compañero de Cádiz o de Ferrol a hacer determinados trabajos con nosotros todo se nos vuelve más claro. Nos explica lo que gana a la hora, los pluses que tiene, las dietas. Ahí nos damos cuenta de lo injusta que es nuestra realidad. Somos trabajadores igual de preparados. Tenemos la misma capacidad y el mismo puesto. Hemos recibido la misma formación. ¿Por qué no tenemos las mismas posibilidades?”, se pregunta ella.

Un par de técnicos apuran un café en un kiosko muy cercano al astillero, en la misma carretera que al amanecer estaba cortada por las llamas. “El sueldo es tan bajo que tienen a la gente cogida por los huevos. Nos vemos obligados, por ejemplo, a echar un sinfín de horas extra para ganar algo decente. A mí no me llega para mantener a mis hijos, el comedor del colegio, la vida. Hago cuatro horas extra al día porque no llego a fin de mes. Cuando llevas mucho tiempo así pierdes la noción de todo el esfuerzo que haces. Hasta te parece algo normal”, denuncia uno de ellos.

Hace 33 años, muchos de los manifestantes que entonces colmaron las avenidas céntricas de Cartagena eran de la propia Bazán, el antiguo nombre de lo que hoy es Navantia. No existía la industria auxiliar. Todos formaban parte de la plantilla de la empresa. Cuentan los obreros más veteranos que, antes de cumplir los 18, uno podía entrar a trabajar y estar ahí toda la vida con un buen salario. Todo cambió cuando construir submarinos y barcos se convirtió en una competición por ver quién puede ahorrar más costes. “La descentralización industrial, al final, escatima muchos gastos en las empresas. Los perjudicados son los de siempre: los obreros”, apuntala José Antonio García.

Los dos técnicos dejan los vasos vacíos sobre la mesa del kiosko y regresan rápido a la primera línea de la protesta. El otro, que había permanecido callado, escuchando a su compañero, dice: “La industria del metal en la Región es así. Estamos en otra liga que, desde luego, es muy inferior. Se supone que tenemos más derechos que hace años. Pero hay una cosa segura: aquí esos derechos se aplican menos”.

La cuarta jornada del parón indefinido del metal en la industria auxiliar de Navantia en Cartagena se ha vivido desde primera hora de este viernes, antes del amanecer, con la quema de barricadas en las carreteras y cortes de tráfico en la carretera de acceso a la empresa pública.

La manifestación de los trabajadores del astillero de la ciudad portuaria ha propiciado momentos de tensión con la Guardia Civil, y algunos disturbios. Tras superarlos sin incidentes reseñables ni detenciones, y después de que los bomberos hayan acudido para apagar dos focos de incendios, cientos de operarios han recorrido parte del centro de Cartagena siguiendo una pancarta que rezaba: “Por un convenio digno ya”.

Los trabajadores en huelga, que está convocada por UGT y secundada por CSIF, reclaman a la patronal, la FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) una mejora del actual convenio del metal, que concluye a final de este 2025. En concreto, vindican un aumento de los salarios, que ahora apenas superan el sueldo mínimo, y la adición del denominado plus de astillero, de unos 700 euros al mes, que sí se paga en los astilleros de Navantia en Cádiz y Ferrol. Asimismo, reclaman que el nuevo convenio incluya la regulación de la subrogación.

UGT convocó el parón indefinido porque las negociaciones con la patronal, que adquirió en 2023 el compromiso de incluir dichas exigencias, son, denuncian fuentes consultadas del sindicato, prácticamente inexistentes y la comunicación es “nula”. Las empresas auxiliares del astillero de la ciudad portuaria representan a unos 2.000 empleados.

Después de que el fuego en la carretera se haya extinguido, los trabajadores han partido en una manifestación espontánea por varias vías del centro de Cartagena, escoltados por efectivos de la Policía Local, hasta recalar en la puerta de Comisiones Obreras (CCOO). Allí han reclamado a sus representantes sindicales secundar la huelga. CCOO no apoya, por el momento, el parón, aunque sí comparte las principales reivindicaciones del plus de astillero y la subrogación. La organización obrera, en una nota de prensa publicada este viernes, exige a la patronal “adelantar el inicio de la negociación del convenio”, pero critica a UGT por someter a los empleados a un “grave perjuicio económico” debido a una “falta de responsabilidad sindical”.

Acto seguido, los trabajadores, entre gritos, han acudido a las puertas del Ayuntamiento de Cartagena, donde los ha recibido la alcaldesa, Noelia Arroyo, según confirman fuentes del consistorio. Tras el encuentro, la primera edil de la ciudad portuaria ha reiterado su “apoyo” a la huelga de “un sector estratégico” en la ciudad, y ha asegurado que llevará al pleno del próximo jueves, vía “declaración institucional”, una petición a la FREMM “para que haya negociación” y acuerdo.

Se da la circunstancia de que el parón masivo tiene lugar en un momento clave en el astillero de Navantia, con la fabricación del submarino S-82 a punto de finalizar. Sus plazos podrían sufrir retrasos.

Paro absoluto en los dos astilleros que la empresa naval pública Navantia tiene en la ría de Ferrol. Desde las diez de la noche de este miércoles, 20 de noviembre, y hasta esa misma hora de este jueves, los operarios públicos de Ferrol y Fene están secundando un acto de protesta de 24 horas, al igual que en el resto de centros de trabajo. Según el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), “el paro es total” y solo acudieron al complejo industrial los servicios mínimos. Además, se instalaron piquetes informativos en las puertas, en una jornada que transcurre “sin incidentes”.

Esta medida de protesta fue aprobada el lunes, 18 de noviembre, en una asamblea, y fue cambiada por una concentración que tenían prevista celebrar este jueves en Madrid, ante el Ministerio de Hacienda, para tratar de desbloquear la negociación de convenio colectivo, una medida de protesta que fue rechazada. “Esperamos mover la negociación con la dirección y que se avance esto de una vez por todas con el texto definitivo”, ha detallado Díaz.

Paralización de aceros

Por otra parte, los operarios de Navantia Ferrol aprobaron este miércoles, mediante un referéndum con voto en urna y en contra del criterio de la mayoría del comité de empresa, paralizar los trabajos en aceros en la construcción de las nuevas fragata F-110, una medida que estará vigente hasta que no se firme el convenio colectivo.

Carlos Díaz ha recordado que fue este lunes cuando el sindicato CGT propuso esta medida de paralización de trabajos durante una asamblea general, y que este resultado “tienen que hacer pensar a la dirección, ya que es mucho tiempo con negociaciones, más de dos años”. Dice además Díaz que esta es una medida que no comparte la mayoría del comité, “porque afectará a la industria auxiliar”, y que son además “el único astillero de todo el grupo que van a paralizar la actividad”.

Por otra parte, desde el sindicato CGT, su portavoz Javier Losada, ha asegurado que “el comité de empresa está de espaldas a lo que quiere la plantilla, sobre todo las nuevas incorporación” y traslada que la paralización de los trabajos en aceros “es para mostrar su rechazo tanto a la dirección de la empresa, como al Gobierno”, ya que este es el único accionista. Asegura Javier Losada que la plantilla “está sufriendo desde el anterior convenio un empobrecimiento, algo que ahora incluso quieren apuntalar”.

La empresa pública Navantia ha sido condenada en firme por excluir de manera arbitraria a una candidata de un proceso de selección para 42 técnicos superiores en Ferrol. La trabajadora fue descartada durante las pruebas por tener “demasiada” madurez para el puesto, en un proceso de entrevistas en el que la trabajadora destacó por su “liderazgo” y “conocimiento profundo” de su trabajo.

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de Navantia a la condena del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por lo que la sentencia de este órgano ya es firme. Así, la empresa pública debe incluir a la candidata al proceso de selección.

“Navantia acata la sentencia judicial, como no podía ser de otra manera, y ahora se están valorando los pasos más adecuados para cumplir la sentencia, con los criterios que nos rigen como sociedad mercantil”, responden desde la empresa pública.

Entre las 13 mejores de cien candidatos

El caso se remonta a 2020, cuando la candidata fue rechazada durante el proceso selectivo pese a sus buenas sensaciones durante las pruebas, que se concretaron en unas buenas notas y evaluaciones de sus entrevistadores, como publicó El País.

La trabajadora recurrió su exclusión del proceso de selección y recibió en su correo electrónico las valoraciones recibidas. Obtuvo un total de veinte puntos, con la máxima puntuación (tres puntos) en casi todos los apartados valorables, entre los que se encontraba “madurez”, “trabajo en equipo”, “iniciativa”, “perseverancia” y “capacidad resolutiva”, entre otras.

En esta fase de las evaluaciones, una dinámica grupal, “de más de cien personas candidatas, la parte actora se situó entre las trece con mayor puntuación”. La afectada estaba entre las 13 mejores, cuando hay que recordar que había 45 puestos disponibles. Pero se quedó fuera.

No solo obtuvo buenas notas numéricas, sino que las notas valorativas a sus pruebas también eran muy positivas. “Su nivel de interlocución y la manera en que describe las funciones que ha desempeñado en sus trabajos anteriores indican signos claros de liderazgo y de haber asumido la coordinación y/o gestión de equipos de trabajo”. También: [Es] “más rápida mentalmente durante la dinámica, llega antes a las conclusiones que el resto de sus compañeros”.

O “su titulación pertenece a otra rama que no es la naval pero ha desempeñado tareas fehacientemente navales en algunos de sus trabajos, lo que implica un nivel de madurez y de conocimiento profundo de su trabajo mucho mayor al esperado para un perfil junior”.

Navantia actuó de manera “arbitraria”

Sin embargo, todas estas buenas notas y evaluaciones la dejaron fuera del proceso, ya que Navantia argumentó que sus características le hacían encajar mejor en un puesto sénior.

“Se concluye que la candidata tiene un perfil que no encaja en las competencias requeridas para estos 42 perfiles junior. Existen perfiles de entre los 225 convocados a dinámicas cuyas competencias encajan mejor en estos 42 perfiles junior”, argumentó la empresa pública y recoge la sentencia. “Se ha podido comprobar que su perfil es demasiado maduro para estas 42 plazas junior”, apuntó Navantia.

“No es razonable entender que la parte recurrente no debiera superar la fase que nos ocupa, en atención a la prueba de dinámica de grupo que efectuó”, destaca la sentencia, que enfatiza en que la madurez, el liderazgo o el conocimiento profundo de su trabajo no pueden entenderse en ningún caso como un “demérito”.

“Que la empresa prefiera que la parte actora se presente a otras plazas no es, en sí mismo considerado, un criterio de demérito que pueda mermar” sus posibilidades de acceder al puesto en igualdad de condiciones que el resto de candidatos, argumentó el tribunal.

Además, los magistrados recordaron que estas cualidades se valoraban en la prueba y son coherentes con lo exigido para el puesto de técnico superior en el convenio colectivo. Por ejemplo, “el grupo al que correspondían las plazas convocadas, se caracterizan, según el artículo 9 del convenio colectivo intercentros de la empresa, entre otras notas, por ”ejercer altos niveles de responsabilidad y de dirección“, apunta la resolución judicial.

Por tanto, los magistrados concluyeron que la conducta de la empresa pública fue “arbitraria y contradictoria” y que se vulneraron “los principios de igualdad, mérito y capacidad” de acceso al empleo público.

El fallo obliga así a Navantia a que convoque a la trabajadora “para la última fase del proceso selectivo, con anulación de todo lo realizado en tal proceso, desde la valoración de la fase de dinámica de grupo y entrevista personal”. “Y sin que ello haya de afectar directamente a los contratos de trabajo que ya pudieran haberse celebrado con las personas seleccionadas”, añaden los jueces.

El sindicato CGT considera que “la última fase de cualquier proceso selectivo” es “el reconocimiento médico”. “Eso es lo que tiene que hacer la empresa: convocar a la excluida al reconocimiento médico”, ha valorado el sindicato en una nota de prensa, en la que exige a Navantia que no “insista en el delito” y cumpla la ley.

Una candidata en las pruebas de acceso a la empresa naval pública Navantia en Ferrol acaba de conocer que la justicia le vuelve a dar la razón a su reclamación después de que fuese excluida en su día, y de manera literal, por “exceso de madurez personal y de conocimiento profesional”, lo que la llevó a presentar una denuncia en los juzgados de lo social de Ferrol.

Este juzgado, en primera instancia, falló en contra de la aspirante y a favor de la empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en noviembre de 2021. Pero la candidata apeló esta decisión al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le dio la razón en septiembre del año 2023, informa Europa Press.

Esta sentencia, a su vez, fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo (TS), que acaba de fallar que no admite dicho recurso, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. El alto tribunal considera que los argumentos de Navantia son “retórica” y que la decisión “no tiene ni un mínimo sustento en los criterios de selección de la convocatoria”. Además, estima que la empresa de construcción naval tiene una actitud “arbitraria y contradictoria” y que además “vulneró los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”.

Es por ello que condena a Navantia “a que convoque a la demandante para la última fase del proceso selectivo”, sin que ello haya de afectar directamente a los contratos de trabajo que ya pudieran haberse celebrado con las personas seleccionadas.

A lo largo de los últimos años, el sindicato CGT ha dado apoyo a esta candidata y asegura que en la situación actual a Navantia solo le queda realizar “el reconocimiento médico a la excluida” y que solo tiene dos caminos, “como son cumplir la ley y acatar la sentencia o seguir insistiendo en el delito”, ya que “la decisión que tome retratará a la dirección de Navantia”. La mujer se había presentado a las plazas de técnico superior junior en la convocatoria del año 2019.

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Navantia Ferrol en plena precampaña puede costarle algo más que un apercibimiento “por no respetar la neutralidad política”. La Junta Electoral Central ha estimado el recurso del PP, que no se había sentido satisfecho por la decisión del órgano competente en Galicia de solventarlo con un tirón de orejas sin consecuencias, y ha enviado el asunto de vuelta a los jueces gallegos para que instruyan un expediente sancionador.

Aplicando la máxima de que son “las circunstancias concretas del caso” las que determinan -o no- la incoación del expediente, la Junta tiene en cuenta “la gran repercusión que en toda Galicia tuvo la intervención del Presidente del Gobierno durante su visita a Navantia”, donde anunció la construcción de un nuevo buque para la Armada, “dada la combinación de la relevancia que dicha empresa tiene dentro del sector marítimo gallego, junto con la presencia en su sede de una autoridad tan relevante dentro de la estructura política del Estado”.

Señala, además, que la persona denunciada “conoce -o debería conocer- la relevancia del deber de neutralidad inherente a la altísima autoridad que ostenta” y que debe mantener “especialmente” durante el proceso electoral. “Así debería ser porque hasta en dos ocasiones la Junta Electoral Central ha sancionado al Sr. Sánchez por hechos parecidos a los que aquí nos ocupan”, infracciones de la Ley Electoral que también cometió “en su condición de Presidente del Gobierno”.

“Por tanto, el conocimiento de esta regla tan elemental debe presumirse en una magistratura tan relevante como es la de Presidente del Gobierno, máxime después de la notificación personal que se le hizo de esta sentencia en la que se confirmaba la sanción que le había sido impuesta”; continúa la argumentación del órgano. Todas estas circunstancias conforman “un marco que determina la necesidad de incoar un expediente sancionador para depurar la posible responsabilidad en que se haya podido incurrir”.

Ante la decisión de la Junta Electoral Central cabe recurso ante el Tribunal Supremo

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz ha dictado una sentencia por la que condena solidariamente a Navantia S.A. e Izar Construcciones Navales en liquidación (sucesora de Astilleros Españoles, S.A.) al pago de una indemnización de 509.818,60 euros a la viuda y seis hijos de un trabajador de la factoría de Cádiz que murió en julio de 2020 por un cáncer de pulmón por asbestosis.

La familia, representada en su demanda por la letrada gaditana Aida Segura Höhr, responsable del Departamento de Derecho Laboral del bufete Dávila y Asociados, interpuso demanda en reclamación de indemnización a instancias de los familiares del trabajador fallecido, quien prestó servicios como herrero/calderero para la antigua A.E.S.A en la Factoría de Cádiz desde el año 1975 hasta 1990, informa el bufete en una nota de prensa.

El fallo judicial estima íntegramente la demanda interpuesta al considerar probado que la causa del fallecimiento estuvo relacionada con el trabajo que realizó el ahora fallecido como herrero/calderero en la factoría de Astilleros en Cádiz, haciéndolo para la empresa auxiliar Francisco C. Ruiz Rodríguez desde el año1975 hasta enero de 1980. En esa fecha se le integró en AESA, con la manipulación y exposición/inhalación de partículas de amianto, así como con la insuficiencia de medidas de protección, seguridad o prevención de riesgos y la aparición de su enfermedad pulmonar contraída, causante del reconocimiento por Seguridad Social de la declaración de sospecha de enfermedad profesional.

En su sentencia, el magistrado recalca que “en la realización de dichos trabajos en el interior de los buques estuvieron en contacto con materiales compuestos de amianto que se encontraba en diferentes partes de los barcos que debían reparar, concretamente en los mamparos que eran unas estructuras con las cuales se formaban los compartimentos de a bordo de los barcos debiendo cortar dichas estructuras desprendiéndose un polvo que quedaba en el ambiente”.

“Las empresas infringieron los deberes más básicos”

Relata el juzgado que “en las salas de máquinas de los barcos estaba presente el amianto en las mantas que se usaban como aislantes del calor de las tuberías de vapor”. “El trabajo se realizaba en espacios confinados en los que existían partículas de dicho mineral en forma de polvo cuando se manipulaba el material sin que existiese ventilación alguna. La ropa de trabajo consistía en un mono azul que se llevaban a casa para lavarlos sin que por la empresa se dieran mascarillas ni protección alguna que evitase el contacto con aquel producto. No contaban ni con reconocimientos médicos preventivos destinados a verificar enfermedades pulmonares por contacto con ambientes pulvígenos -placas de tórax o asimilables-, al margen de ser voluntarias y anuales tales reconocimientos. No contaban con las mínima medidas de seguridad que evitaran contacto e inhalación de polvo o partículas de amianto (véase mascarillas o sistemas de ventilación y extracción y/o recogida). No contaban con la necesaria formación e información preventiva en los trabajos con amianto. Por tanto, las empresas infringieron los deberes más básicos en la adopción de las medidas preventivas necesarias para evitar lo que a la postre determinó las secuelas y agónica muerte del trabajador con el diagnóstico de carcinoma de epidermoide de bronquio principal izquierdo, post expuesto al asbesto”.

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso, acoge en su totalidad la cuantía reclamada por el bufete Dávila y Asociados, señalando la letrada Aida Segura Höhr que las empresas han sido condenadas también al pago de los intereses legales devengados desde la presentación de la demanda de conciliación que tuvo lugar el 9 de junio de 2021 y que asciende hasta la fecha de la sentencia a unos 40.900 euros más las costas procesales por la inasistencia de las demandadas al acto de conciliación, por lo que la indemnización final alcanzará los 550.314 euros, siendo hasta la fecha la mayor indemnización obtenida a nivel nacional en reclamaciones relacionadas con el amianto.

Navantia, consultada por este periódico, no ha querido comentar nada respecto a esta sentencia.

Los trabajadores del metal de Cádiz salieron airosos de la huelga de 2021, pero el sector sigue tocado y con una fractura interna que ha vuelto a salir a relucir. Por un lado, parecen alinearse Navantia, la patronal del sector y sindicatos mayoritarios como CCOO y UGT. Enfrente, la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y la CGT. Versiones contrapuestas de una misma situación y la sensación de que subyace un conflicto laboral con el que nadie sale ganando.

El despido de cuatro trabajadores de la empresa auxiliar Mecamansol provocó la convocatoria de una huelga por parte de la CTM, considerados “radicales” por CCOO y UGT. Las protestas en los astilleros tuvieron unas consecuencias muy duras para la economía gaditana: la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) y la Asociación de la Industria Auxiliar Naval explicaron que la convocatoria de la huelga se había traducido en la cancelación de “al menos tres barcos civiles” que estaban programados para reparaciones.

Los armadores de cruceros filtraban a los medios de comunicación que este ambiente beligerante y la actitud de los miembros del sindicato convocante ponían en peligro la reputación del sector y el empleo en la Bahía de Cádiz. De fondo, la convocatoria de una huelga indefinida que, según el Comité de Empresa de Navantia, no contaba con el respaldo de ningún sindicato mayoritario ni de ninguna asamblea de trabajadores.

“Si tiene algún litigio con Navantia, que lo lleve a los juzgados, a la mesa de negociación, a los foros que corresponda, pero que no use a los trabajadores como arma arrojadiza”, le reprochaba el presidente del comité de Navantia en Cádiz, José Antonio Bolaños, a la CTM.

La presión fue a más con el paso de los días porque se anunciaron más despidos de trabajadores por esta paralización de la actividad y, finalmente, la Coordinadora de Trabajadores del Metal y CGT optaron por desconvocar la huelga indefinida, ya que “el núcleo principal de los trabajadores ante los que se acometen los incumplimientos denunciados han sido despedidos y no pueden secundarla si están en el paro”.

“Continuos y descarados incumplimientos”

A pesar de la desconvocatoria del parón, la CTM ha dicho que, junto a la CGT, van a reforzar la “campaña de denuncias” de manera exponencial y estudiarán a través de sus gabinetes jurídicos la manera de denunciar “pública y judicialmente”, tanto a las empresas como a los comités “que miran para otro” lado ante los “continuos y descarados incumplimientos”. Lo que para la CTM son incumplimientos, para la patronal es “una relación de generalidades e indefiniciones incomprensibles”.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal está recibiendo todo tipo de críticas por su actuación en el conflicto. Ellos se mantienen firmes en que solo se encargan de asesorar a los trabajadores y en reclamar que se cumpla lo pactado en el convenio del metal. “Están pagando a nueve euros la hora ordinaria del trabajador y por convenio debería estar en 15 ó 16”. Además, denuncian que las vacaciones no son voluntarias, sino que se toman a conveniencia de la empresa y que no se respetan los descansos entre turnos. “Hay trabajadores que terminan el año con más de 830 horas extras, que se pagan muy por debajo de lo que marca el convenio y no se paga el plus de turnicidad”.

Les da igual que se les acuse de radicales porque se centran en que los trabajadores “no se encuentren abandonados en manos de una patronal que tiene a su total servicio a los comités de (la) empresa”. Han sido acusados de boicotear un mitin de Yolanda Díaz en Cádiz y algunos se preguntan por qué no han hecho lo propio en mítines del PSOE y del PP en plena campaña electoral y contando con el apoyo de Adelante Andalucía.

Sin embargo, ni CTM ni CGT llegan al 5% de representatividad cada uno de ellos, por lo que ninguno de los dos se puede sentar en la mesa de negociación del convenio del metal, algo que solo pueden hacer UGT y CCOO.

“A ver si volvemos a Astilleros, hay una mafia descomunal”

El artículo 54 del convenio colectivo intercentros de Navantia señala que “las empresas subcontratistas que vayan a realizar su actividad dentro del recinto de cualquiera de los centros de trabajo de la Empresa, deberán cumplir con los convenios colectivos que les sean de aplicación, de conformidad con la Ley de Contratación de Sector Público. Para ello, la Empresa facilitará al Comité la documentación necesaria y se establecerán los controles oportunos”.

Y es eso, precisamente, lo que reclaman los trabajadores de las auxiliares. “Nos han tirado un bombardeo de amenazas y a ver si tenemos la suerte de volver a entrar en Astilleros porque hay una mafia descomunal. El convenio no lo cumplen el 90% de las empresas auxiliares. Nos despidieron y nos pusimos en la puerta de Astilleros en plan pacífico denunciando nuestra situación”, relata un trabajador despedido.

“La cosa fue a más y las protestas no eran solo por nosotros cuatro, sino por la precariedad que hay en los Astilleros de la Bahía. Hace un par de años se mató un hombre en la canastilla de una grúa y no hubo quien dijera que ese hombre no debió subirse ahí en esa noche de lluvia. Navantia saca un trabajo y contrata a la empresa que le cobre menos. De cómo esa empresa le paga a sus trabajadores a Navantia le da igual”, lamenta.

“El convenio se cumple en el 95% de los casos, tirando por bajo”

La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) y la Asociación de la Industria Auxiliar Naval (IAN) han anunciado que demandarán a CGT y CTM por haber incumplido la normativa en sus convocatorias de huelga. La FEMCA se muestra “satisfecha de la unión demostrada por el empresariado en estos dos episodios recientes y espera que se pueda recuperar la carga de trabajo que se ha perdido por estos dos amagos de conflicto”, según dice en un comunicado.

Para José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa, todo lo sucedido en las tres últimas semanas le deja “sensaciones agridulces porque hemos perdido carga de trabajo. Eso ha ocasionado despidos que técnicamente son compañeros que están prácticamente todos fijos discontinuos, pero han pasado a situación de suspensión de contrato. Y afecta a sobre un centenar de personas. Navantia ha perdido un cliente, que era la primera vez que venía y se ha ido bastante descontento a Gibraltar, que es nuestra competencia directa”.

Sindicatos que “no tienen representación en Astilleros ni centros de Navantia”

En opinión del sindicalista, se trata del fondo y de las formas: “Las quejas en cierta parte pueden estar justificadas, pero no como para llegar a una huelga indefinida. La convocaron los compañeros de un sindicato que no tiene representación en el Astillero de Cádiz ni en ninguno de los centros de Navantia. Tuvimos una reunión con todos los delegados sindicales de todas las empresas auxiliares, comprobamos nóminas y solo vimos que no se habían abonado los atrasos del año del IPC de una de las empresas. El convenio se cumple en el 95% de los casos, tirando por lo bajo”.

“Se hizo una votación secreta para que no hubiera coacción y hubo mayoría aplastante del no a la huelga. Ese incumplimiento generalizado que ellos denuncian no se corresponde con los hechos. La primera medida para arreglar un problema no puede ser una huelga indefinida, eso en el manual del sindicalista es de las últimas cosas que se proponen”, señala convencido.

Tras la huelga vuelve el trabajo

Los astilleros de Cádiz han recibido a finales de julio el segundo de los gaseros contratados por Navantia después de que las negociaciones de la empresa lograran frenar la cancelación inicial tras las protestas de la industria auxiliar. Se trata del Seapeak Catalunya que, después de varios días, ya está fondeado a unas 15 millas del puerto gaditano.

El comité de empresa se muestra optimista por esta carga de trabajo que podrá aumentar las contrataciones, ya que está previsto que llegue pronto el tercer gasero, el Wildpride, que estará en agosto. Además, Navantia Cádiz afrontará las reparaciones de las fragatas de la armada española Santa María, en agosto, y la Reina Sofía durante el mes de septiembre. Culminados estos trabajos, los astilleros gaditanos recibirán al Carnival Freedom, el primero de los cruceros de la temporada de invierno.

La cifra de trabajadores en plantilla de Astilleros y en la industria auxiliar es variable. En el Astillero de Cádiz, el número de trabajadores oscila entre 200 y 1.400, dependiendo de la carga de trabajo- De media, durante el año, hay unos 1.000 trabajadores. En el momento de la huelga había unos 400 en la empresa auxiliar.

Yolanda Díaz ha intervenido este viernes en Cádiz en un acto donde ha sido recibida con gritos de “presidenta, presidenta”. 'Igualdad y empleo', organizado por Comisiones Obreras (CCOO), ha sido el evento llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras donde se ha querido poner acento en la semana de la igualdad y la importancia del empleo para romper con los desequilibrios en el mercado laboral.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social llegó tarde porque la niebla no le dejó aterrizar en Jerez y tuvo que hacerlo en Málaga. Después bromeó diciendo que “el tren es el medio más seguro”. En el acto intervinieron Unai Sordo, secretario general estatal de CCOO, Nuria López, secretaria general de Andalucía e Inma Ortega, secretaria general de Cádiz.

La provincia del paro esperaba como agua de mayo a la ministra de Trabajo, que tenía una agenda apretada para reunirse con el alcalde de Cádiz y también con diferentes representantes sindicales. Yolanda Díaz sabe que hace mucho que se le espera en tierras gaditanas y se excusaba: “Tenía muchas de venir a Cádiz y al alcalde le he dicho que todavía no he ido a mi ciudad y soy ferrolana. Mi agenda es superlativa y no puedo ir a todas las ciudades. Tenía muchas ganas de estar en Cádiz porque siempre quiero estar donde hay problemas y vengo a escuchar las realidades sociales que conozco muy bien porque he nacido bajo una grúa pórtico, soy hija de los astilleros. Aunque no sea mi competencia porque no soy la ministra de Industria, pero todo lo que pueda hacer por Cádiz y su entorno, van a encontrar mi apoyo”.

Era una mañana de celebraciones porque primero el Gobierno había anunciado la contratación de 1.500 trabajadores en Navantia tanto de Cádiz, como de Cartagena y Ferrol y la ministra destacaba que estaba “muy contenta por esta gran noticia”.

Además, se congratulaba por el acuerdo alcanzado este viernes en el apartado de las pensiones. “De madrugada hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE, con el ministro Escrivá, al que quiero dar las gracias, por una negociación que ha sido muy extensa en el tiempo pero que tiene que ver con el sistema público de pensiones. La gran noticia es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país de tal forma que frente a los que están cuestionando el mandado constitucional hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país”.

Nuria López: “La ministra debe dar un paso adelante”

“Con las políticas de empleo que se están desplegando, la pensión media de las mujeres en España se incrementó un 34% y ahora la pensión media de jubilación global ha incrementando en nuestro país el 27%, pasando de 1.077 euros a 1.371. Con este acuerdo garantizamos el sistema público y hacemos algo fundamental, que es que corregimos el problema real que no era de gasto público, sino de ingresos públicos. No recortamos, sino ensancharlos. Un acuerdo que permite garantizar que las pensiones mínimas se van a incrementar por encima de las revalorizaciones ordinarias”, ensalzó.

Por todo ello fue aclamada en su llegada al acto, donde Unai Sordo habló de la relevancia de la subida del salario mínimo interprofesional: “Durante décadas se nos ha tratado de convencer de que la igualdad era incompatible con la eficacia y con el crecimiento económico. Las propuestas sindicales que CCOO está siendo capaz de sacar adelante estos años estamos demostrando que la igualdad no sólo es compatible con una mayor cohesión social sino que además es un elemento de impulso y de eficacia económica”.

“Hemos demostrado que subiendo el SMI se favorece la creación de empleo y se reducen las brechas salariales, sobre todo entre mujeres y hombres. Afecta sobre todo a las mujeres que tienen contrato temporal y trabajan en el sector agrario o de servicios. La igualdad es deseable socialmente y eficaz económicamente”.

Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, denunció que “nos encontramos con una losa importante porque las empresas están teniendo una mentalidad arcaica y misógina porque se están negando a subir el salario mínimo interprofesional, a subir los salarios de las categorías más bajas, que están ocupadas en muchos casos por mujeres. Es una actitud machista y patriarcal”.

“La ministra debe dar un paso adelante en algunas reivindicaciones que venimos haciendo. No es posible que tengamos un acuerdo de reforma laboral que es muy importante y que las empresas se sigan descolgando de los convenios colectivos después de luchas importantes sindicales, como en el convenio del metal. Debe haber más inspecciones”, enfatizó.

Inma Ortega, por su parte, quiso poner de relevancia que “cuando hablemos de igualdad, de empleo, de sindicalismo y de feminismo pongamos en el centro neurálgico la importancia que tiene la negociación colectiva y el valor del trabajo para romper con esas discriminaciones. En Cádiz tenemos una brecha salarial de un 26,3 % entre hombres y mujeres. Una provincia que ya tiene brechas salariales importantes de empleo que se agudizan entre las mujeres. El rostro de las mujeres paradas de Cádiz es de mujeres mayores de 45 años”.

Trabajadores esperando a la ministra

A las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras había trabajadores del sector del metal. A pesar de lo vivido en la guerra de 2021, consideran que hay mucho por mejorar: “Necesitamos una reunión con la ministra para explicarle la realidad que vivimos la clase trabajadora en la provincia de Cádiz y los incumplimientos que sufrimos. Denunciamos a las inspecciones de trabajo muchos incumplimientos y luego nos dicen desde Madrid que no tienen recursos”, dice un representante“.

Se vivió un momento de cierta tensión porque no lograron que Unai Sordo los atendiera. “Acaba de pasar Unai Sordo y como indica su apellido, se ha hecho el sordo. Queríamos darle la mano y contarle lo que sufrimos aquí, donde sufrimos mucha precariedad, donde no se cumplen los convenios”. Reclaman que “esta Bahía con un potencial tan grande como tenemos para la construcción naval y aeronáutico y el Gobierno nos tiene que parecemos un gueto. Queremos una carga sostenida y que se cumplan nuestros derechos”

“Yolanda Díaz salió en la Feria de Sevilla presumiendo de que el estatuto de los trabajadores está para cumplirse y, sin embargo, en una empresa pública que debe ser modelo es todo lo contrario se permite la explotación de los trabajadores y ella mira para otro lado”, denunció un trabajador.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha congratulado este viernes del acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones: “De madrugada hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE, con el ministro Escrivá, al que quiero dar las gracias por una negociación que ha sido muy extensa en el tiempo pero que tiene que ver con el sistema público de pensiones”, ha manifestado ante los medios en el acto 'Igualdad y empleo', organizado por Comisiones Obreras en Cádiz capital, en lo que es su primera visita a la provincia desde que asumió su cargo como ministra del Gobierno en 2019.

“La gran noticia es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país de tal forma que frente a los que están cuestionando el mandado constitucional hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país”, ha comentado.

La ministra ha dicho que “con las políticas de empleo que se están desplegando, la pasión media de las mujeres en España se incrementó un 34% y ahora la pensión media de jubilación global ha incrementando en nuestro país el 27%, pasando de 1.077 euros a 1.371. Con este acuerdo garantizamos el sistema público y hacemos algo fundamental, que es que corregimos el problema real que no era de gasto público, sino de ingresos públicos. No recortamos, sino ensancharlos. Un acuerdo que permite garantizar que las pensiones mínimas se van a incrementar por encima de las revalorizaciones ordinarias. Otra medida importante es la cobertura de las lagunas de cotización que afectan especialmente a las mujeres”.

“Tenía muchas ganas de venir a Cádiz y al alcalde le he dicho que todavía no he ido a mi ciudad y soy ferrolana. Mi agenda es superlativa y no puedo ir a todas las ciudades. Tenía muchas ganas de estar en Cádiz porque siempre quiero estar donde hay problemas y vengo a escuchar las realidades sociales que conozco muy bien porque he nacido bajo una grúa pórtico, soy hija de los astilleros. Aunque no sea mi competencia porque no soy la ministra de Industria, pero todo lo que pueda hacer por Cádiz y su entorno, van a encontrar mi apoyo”, ha destacado.

La ministra ha dicho sentirse “muy contenta” porque se van a contratar 1.500 personas para Navantia para sus factorías de Cádiz, Cartagena y Ferrol. “Esto es una noticia clave y una grandísima noticia”, ha dicho tras el anuncio en ese sentido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en Barcelona.

Los contratos se harán "en los próximos años" y además de garantizar la carga de trabajo, con ellos se va a "potenciar y afianzar una industria que tiene mucho presente y más futuro como es la naval", ha dicho el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que la empresa pública Navantia va a contratar a 1.500 personas en Cartagena, la Bahía de Cádiz y Ferrol. “Estas contrataciones son el resultado de los importantes contratos nacionales y también internacionales que está logrando la empresa de manera reciente”, ha dicho en declaraciones a los medios desde el Barcelona Supercomputing Center.

Sánchez ha destacado que con esta acción se está “potenciando y afianzando” a la industria del naval, “que tiene mucho presente y aún más futuro”. Los contratos se harán “durante los próximos años” y con ellos, además de “garantizarse” la actividad, se hará también “la carga de trabajo en los tres centros de la empresa”.

Este viernes, el presidente del Gobierno se encuentra en Barcelona, donde ha visitado las instalaciones de los superordenadores Marenostrum 4 y 5. Así, comparando con lo que significó hace 80 años la llegada del primer gran supercomputador digital de la historia, Sánchez ha destacado que el Marenostrum va a ser capaz de descifrar 2.000 billones de operaciones por segundo. “Es una apuesta de enorme valor añadido por motivos como posicionar a España, Catalunya y Barcelona como líderes europeos en supercomputación”, ha expresado, para añadir que el proyecto es “un ejemplo de colaboración público-privada y una apuesta compartida entre muchas administraciones que unen sus fuerzas”.

El jefe del Gobierno ha valorado que el proyecto es “líder” en el mundo de los superconductores y ha indicado que para ello se ha basado en tres patas: la colaboración –con Intel–, “con quien compartimos a partes iguales una inversión de 400 millones de euros en los próximos diez años”, o también la innovación y la creación de empleo, con “hasta 300 puestos de trabajo directos de alta cualificación”.

“Compartimos la vocación de convertir a Barcelona en la verdadera capital científica europea”, ha dicho Sánchez, que ha aportado que la capital catalana es “la novena ciudad europea en el ránking de producción científica y concentra 11 centros estatales del CSIC donde trabajan más de 850 personas”. El presidente del Gobierno ha ensalzado la ley de ciencia, que “blinda la financiación del sistema para alcanzar el 1,25% de nuestro PIB en 2030”, después de una década “perdida” en la que ha habido “falta de recursos económicos”.

En su comparecencia, Sánchez ha puesto en valor la “autonomía estratégica” que, ha asegurado, va a ser “prioritaria” en la presidencia de España en la UE, que se va a producir en el segundo semestre de este año.

La reforma de las pensiones garantiza “sostenibilidad”

Más allá de estos asuntos y todavía en clave económica y social, el líder socialista ha valorado el acuerdo entre los socios y Bruselas para la reforma de las pensiones, con el que los pensionistas podrán elegir el sistema de cómputo, más beneficioso para las mujeres, y se reforzarán los ingresos con un aumento de las cotizaciones, sobre todo en los salarios más altos.

El presidente ha aludido a la reunión “importante” entre agentes sociales y Ministerio de Seguridad Social que va a producirse este viernes. “El Gobierno va a presentar en la mesa del diálogo una reforma de pensiones que va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y a garantizar la sostenibilidad para las próximas décadas”, ha anunciado.

Sánchez ha afirmado que “esperan” que haya consenso con los agentes sociales y ha reiterado: “Lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras”.

Por último y haciendo una mención a que esta ha sido la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sánchez ha afirmado que aunque haya habido avances, “queda muchísimo por hacer”. Así, ha reivindicado la ley de paridad que aprobó este martes el Ejecutivo en Consejo de Ministros: “La mitad de la población debe compartir la mitad del poder, sea político o económico. Puede que haya a quien le parezca demasiado, pero para nosotros es una cuestión de justicia”, ha zanjado.

El fallecimiento de un trabajador de la industria auxiliar en Navantia de Puerto Real el 5 de abril está siendo investigado. Está en marcha un informe de Inspección de Trabajo para esclarecer lo sucedido y la familia de Eduardo Caro ya tiene decidido personarse en las actuaciones penales correspondientes. Saber qué pasó exactamente aquella fatídica madrugada mientras pulimentaba el casco del buque Carnival debe ser el objetivo de todas las partes implicadas.

Desde Navantia se asegura a elDiario.es Andalucía que todavía la investigación oficial sigue en curso y que no hay ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, Radio Cádiz ha dado detalles de un informe preliminar que ya habría sido entregado a los sindicatos. En el mismo se asegura que la muerte del trabajador se produjo por un fuerte golpe en el rostro provocado por un latigazo en la canastilla de la grúa en la que estaba realizando su labor de mantenimiento.

Según la reconstrucción de los hechos, Eduardo cayó fulminado un minuto y medio después de haber sido elevado por la grúa para hacer su trabajo. El informe señala que la canastilla pudo quedar atrancada en uno de los salientes de la zona en la que trabajaban, un detalle del que no se habrían dado cuenta ni el propio trabajador ni su compañero que estaba controlando la grúa. Siempre, según este informe preliminar, no se produjeron incumplimientos de medidas de seguridad porque afirma que el trabajador contaba con el equipo de protección reglamentario.

“Cuál es la causa y quién es el causante”

En cuanto a las circunstancias meteorológicas, el citado informe revela que aunque había una alerta amarilla por agua y viento, en el momento del trabajo las condiciones eran favorables para el desarrollo del mismo.

Este medio se ha puesto en contacto con el abogado de la familia del trabajador fallecido. Francisco Caro, su propio hermano, es el letrado que está llevando el caso. Ha conocido ese informe preliminar a través de la prensa y muestra su desacuerdo. “Dicen en Navantia que no tienen ninguna responsabilidad por cómo se desarrolla el accidente y nosotros no estamos de acuerdo. En primer lugar porque siempre que hay un accidente de trabajo con un resultado de muerte, hay una causa. Habrá que depurar cuál es la causa y quién es el causante”.

“No tiene sentido que una canastilla se enganche contra un saliente del barco y que, después de un minuto y medio, se suelte y se golpee el trabajador contra el barco. Si había un saliente y la grúa se elevó o la elevaron hacia el saliente y quedó enganchada, es que hubo una mala planificación de los servicios de prevención de riesgos laborales”, señala el abogado.

Pendientes de la grabación de una cámara

Caro denuncia que “el trabajador debía llevar un walkie. A 40 metros de altura en una noche de agua y viento difícilmente se podía comunicar con el otro operario solo con voces y gestos y estando el otro compañero dentro de una cabina”.

Navantia se puso en contacto con uno de los hijos del trabajador fallecido para ver el lugar de los hechos. Francisco Caro se percató de un detalle que puede servir en la investigación. “Yo acompañé a mi sobrino y vimos el lugar exacto del accidente en el barco que estaba pulimentando mi hermano. El accidente se produjo a la altura de los cristales de la tercera cubierta y ahí había una cámara. No sé si Navantia se habrá hecho con las imágenes que esa cámara pudo grabar. Navantia no nos dejó tomar fotos, solo nos comentaron que nos iban a tener informados, pero el informe no lo tenemos”.

Salir de casa para trabajar y nunca volver. Eduardo Caro es llorado por su familia, que no pudo despedirse de él cuando se marchó como un día más para hacer su jornada en la empresa auxiliar de pintura Siasa, que sirve a Navantia en Puerto Real (Cádiz). A sus 62 años se marchó en silencio siendo víctima de una accidente laboral que todavía debe ser esclarecido, pero sus compañeros no lo olvidan y por eso han tenido un gesto que merece ser destacado.

Falleció en la madrugada del pasado 5 de abril y sus compañeros son conscientes de la complicada situación económica en la que ha quedado su familia. Por eso se han unido a través del Comité de Empresa de Pine (que forma parte de la Coordinadora de Trabajadores del Metal) para comprometerse a donar un día de sueldo y que ese dinero vaya destinado a ayudar a esa familia que tanto lo necesita en este momento.

“Es una muestra de solidaridad obrera”, destaca Manuel Balber, portavoz de la CTM. Son algo más de 200 trabajadores los que van a donar un día de sueldo y a través de las redes sociales se han facilitado los datos para que cualquier interesado que desee hacer su aportación pueda colaborar igualmente. “Este comité quiere recuperar esa conciencia que teníamos antes”, subraya Balber.

La reacción de la familia de Eduardo ha sido de emoción y de mucho agradecimiento. Antonio, su yerno, ha sido el encargado de responder al bonito gesto con palabras de gratitud: “Queremos agradecer el detallazo de humanidad que han tenido los compañeros. Ahora llega un momento de mucha dificultad emocional, de mucha incertidumbre y de muchos papeleos que conllevan una cantidad económica importante. Que sepan que esa donación será exclusiva para esas operaciones. Muchas gracias a todos los trabajadores de Pine, con lo que estaremos en deuda una vida entera. Muchos besos de parte de la familia y desde el cielo porque Eduardo esto lo estará viendo”.

Navantia, la empresa matriz, informó que Eduardo sufrió un accidente cuando se encontraba en la canastilla de una grúa móvil, desde donde realizaba tareas de pulimentado del buque Carnival, que estaba siendo sometido a trabajos de reparación en el dique seco del astillero de la planta de Puerto Real.

Por el momento, los hechos están siendo investigados. La CTM ha expresado su intención de acudir al juzgado y presentarse como acusación particular en el siniestro. Navantia ha precisado que que se ha puesto “al servicio de las autoridades laborales y judiciales que están investigando las circunstancias” de este accidente laboral mortal y ha mostrado su “máxima colaboración”.

La provincia de Cádiz está harta de estar harta. Desde mediados de los años 80 ha sido habitual la falta de carga de trabajo en empresas como Airbus, Navantia o Alestis (aviones, barcos, sector aeroespacial) en un contexto donde el tejido empresarial brilla por su ausencia. Los trabajadores del metal están haciéndose notar desde el inicio de una huelga indefinida que va mucho allá de la petición de una subida del IPC. Es la punta del iceberg de una situación que viene de lejos.

El convenio que están negociando los sindicatos y la patronal engloba a grandes empresas como Navantia, Dragados o Airbus, pero también a talleres mecánicos o empresas del mantenimiento de carreteras, entre otras muchas. Son unos 22.000 los trabajadores afectados, pero los de grandes factorías disponen de un convenio propio con unas condiciones más que dignas, mientras que las empresas auxiliares llevan tres décadas reclamando unos derechos mínimos.

“Si tienes un familiar ingresado no te dan permiso para verlo o si te pasa algo trabajando, en el hospital tienes que decir que te ha pasado en tu casa para que no cuente como un accidente en el trabajo. La gente sale a la calle porque no puede más”, explica un trabajador del metal que ha tenido que emigrar al Reino Unido en busca de nuevas oportunidades.

“La patronal se han encargado de tener trabajadores de primera clase, los de plantilla; de segunda, que son los fijos de las empresas colaboradoras, que son un mínimo; y de tercera, que somos los de las auxiliares. Han conseguido dividirnos y así tienen todo controlado. La ley dice que para presentarte a delegado sindical debes estar un mínimo de seis meses en la empresa y con nuestra eventualidad no te da tiempo. Los delegados están señalados por el mismo empresario y los trabajadores de las auxiliares no nos sentimos representados, sino traicionados por los sindicatos mayoritarios”, añade.

Hay muchos euros en juego, pero sobre todo también la sensación de alcanzar unas condiciones dignas que ahora no hay. “En estos días de huelga está saliendo la rabia contenida que hay por la pérdida de derechos, pérdida de poder adquisitivo como el plus de 160 euros por contacto con tóxicos. Lo quitaron con la crisis de 2012 con la condición de recuperarlo en 2016 y la patronal no lo recuperó. Queremos un mayor poder adquisitivo, pero también poder en derechos: coger vacaciones y saber que no pierdo el trabajo, no ir un domingo y que no me amenacen con que te dan el finiquito”, explica Jesús, otro trabajador eventual del metal.

La planta de Airbus de Puerto Real está solo a la espera de que se ratifique el cierre por parte de la empresa. Es otro ejemplo de lo que viene pasando desde hace años. Concentraciones y acampadas junto a la factoría no han servido de nada y no será por la baja productividad. Juan Antonio Guerrero, miembro del comité de empresa por CGT asegura que “la planta de Puerto Real tiene la máxima calificación en productividad, entrega y calidad, la única en Europa. No es un problema de Puerto Real, es un cambio de modelo industrial. Quieren que solo haya empresas pequeñas con salarios bajos”.

Los sindicatos mayoritarios

Todo ello ha hecho que haya una gran duda en las con el papel de los sindicatos mayoritarios. CCOO y UGT están negociando con la patronal el convenio del metal, pero como sindicatos mayoritarios, son los que han firmado el cierre de la planta de Puerto Real, aunque el responsable de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha asegurado en Onda Cero que “es un preacuerdo firmado en Madrid. No tenemos nada que ver, yo me entero cuando ya está firmado. Se firma con los comités interempresa”. Por su parte, el presidente del comité interempresas y secretario general de CCOO en Airbus, Francisco Sanjosé, en declaraciones a la Agencia EFE, considera equivocado hablar de “cierre de una planta” de Airbus, cuando es “un traslado a El Puerto”, en el que se mantiene el empleo y la actividad, y una oportunidad de “reindustrialización”.

“Para que ellos ganen dos mil o tres mil al mes, otro tiene que ganar mil. CCOO y UGT ha promovido votaciones de afiliados dentro del sindicato. Ellos han sido los únicos que han votado sí o no al preacuerdo, no todos los trabajadores. Son cosas antisindicales”, denuncia Guerrero.  Y no son pocos los sindicalistas de Puerto Real que consideran “una tomadura de pelo que se hable de traslado cuando la planta de El Puerto no va a poder acoger a la totalidad de los trabajadores de Puerto Real”.

En cualquier caso, los representantes de CCOO y UGT permanecían reunidos con la patronal negociando desde el miércoles y durante toda la noche. Sin embargo, patronal y sindicatos han roto la negociación a primera hora de la mañana por no llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, por lo que la huelga continúa.

Mientras personas como Juan José Cumplido, un trabajador de 56 años que lleva en el paro desde hace 14, miran con preocupación lo que está sucediendo. Fue despedido en Delphi y recuerda que, cuando era niño, trabajar en el astillero era algo seguro y con futuro. “A finales de los 70 había 4.000 personas en plantilla. No había personal auxiliar. Con 17 años podías estar con un puesto de trabajo indefinido en una empresa pública con mucho futuro. Pero llegó la reconversión naval a mediados de los 80 y todo cambió”. En Corea empezaron a construir barcos con presupuestos más bajos y las condiciones de los trabajadores gaditanos empezaron a caer. “Los políticos han jugado con las cifras del paro porque hay una ley desde 1985 que dice que la persona en desempleo que está en un curso de formación desaparece de la lista del paro. Ningún gobierno posterior ha eliminado esta ley”, lamenta.

El Ministerio de Defensa ha autorizado la construcción de un buque de intervención subacuática en Puerto Real que dará trabajo por más de tres años, pero en los últimos meses ha sido la reparación de cruceros la que ha garantizado actividad en los astilleros de Cádiz y Puerto Real. Mientras, San Fernando se centra en la construcción de corbetas para Arabia Saudí.

La buena noticia es que han llegado a ser unos 1.400 los trabajadores que han participado entre Cádiz y Puerto Real, ya que han sido ocho los cruceros que han acudido a estos astilleros para someterse a labores de mantenimiento y reparación. La mala es que las condiciones de trabajo no han sido las ideales.

Del astillero de Puerto Real se ha marchado a primeros de octubre el crucero Carnival Radiance, que se sometió a trabajos de puesta a punto y reparación. El comité de empresa puertorrealeño ha denunciado a inspección de trabajo que ha habido incumplimientos graves del convenio colectivo del metal porque en torno a mil trabajadores de la industria auxiliar han trabajado por encima de las horas que fija el contrato. Algunos operarios han trabajado 80 horas semanales cuando estaban contratados para trabajar 40. Los plazos cortos marcados por la naviera han provocado este fraude de ley.

“Las horas extraordinarias están prohibidas por convenio”

Manuel Balber, presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) lamenta los hechos: “Las horas extraordinarias están prohibidas por el convenio. Echarlas es un fraude de ley, aunque esto se ha hecho toda la vida y los comités miraban para otro lado. Ahora el comité de Navantia Puerto Real ha denunciado esto públicamente porque los trabajadores acaban reventados. Esta práctica puede conllevar accidentes y quita puestos de trabajo a otros compañeros”. El escenario es de trabajadores que echan 12 horas cada día, de lunes a domingo, sin descanso. “Inspección de Trabajo no hace nada”, afirma Balber.

Desde que el crucero entró en el dique en Puerto Real se han necesitado, de media, entre 500 y 550 operarios de industria auxiliar. Todos los meses en los que estuvo el barco parado por la pandemia, Navantia aportó unas 60 personas de plantilla para labores de asistencia básica.

El comité de empresa de Puerto Real ha informado que desde la Dirección de Producción de Reparaciones Bahía de Cádiz se está insistiendo a las empresas auxiliares en la obligatoriedad de respetar los descansos legalmente establecidos. Se ha dado traslado de la necesidad de trabajar a tres turnos y sin hacer horas extras en el turno de noche. Navantia no se hace responsable de estas horas extras pero se ha comprometido a imponer sanciones económicas o la rescisión contractual a las empresas en caso de reiteración de los incumplimientos.

“No hay conciliación familiar ni nada”

“No hay conciliación familiar ni nada. Media hora o una hora para comer y mucho es. Yo vivía en Cádiz, pero hay compañeros de otros puntos de la provincia y llegaban a sus casas para comer, ducharse y acostarse antes de volver. Pero hay quien no quiere dejar ese ritmo para no perder los 500 euros extras que se cobran así”, afirma Diego Rodríguez, vicepresidente de la CTM.

José Muñoz, secretario general de FEMCA, señala al respecto que “hay un trabajo de la industria auxiliar que lo hace en función de unos plazos con la tractora y el armador y deben cumplir el convenio colectivo vigente o atenerse a las consecuencias”.

La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (FEMCA) mantuvo a mediados de octubre una reunión en Madrid con el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. De allí salió el compromiso de hacer partícipe a la industria auxiliar de su planificación con la mayor antelación posible.

Navantia deja en manos de empresas auxiliares estos trabajos y desde la CTM se reclama una mayor implicación. “No aporta mano de obra directa, son todos contratos auxiliares. Es lamentable que todo se externalice, reclamamos que Navantia tenga su mano de obra y que después se complemente con empresas auxiliares para cosas puntuales”. Este medio ha intentado ponerse en contacto con algunas de estas empresas, pero no han querido hablar sobre esta situación.