Un tribunal de Bélgica ha dado la razón a España en el litigio frente al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que solicitó el embargo de 76 millones de euros más intereses que Eurocontrol le debe al ente público de control aéreo Enaire, tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de eliminar las primas a las energías renovables.

En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó el esquema de incentivos a las energías renovables, de manera que redujo las primas a esta fuente de energía en un 40%. Entonces, la firma de inversión RREEF inició un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial, por el que se condenó a España a indemnizar a la firma con 59,6 millones de euros más intereses en 2019.

El Reino de España recurrió la decisión. Como ocurre con este tipo de laudos, Blasket Renewable Investments adquirió el litigio y en un tribunal de Bélgica consiguió en junio de 2025 una autorización judicial para embargar fondos adeudados a España por Eurocontrol, correspondientes a tasas de navegación aérea, que tenía que pagar a Enaire.

Para evitar la parálisis de las tasas cobradas por Eurocontrol, España consignó judicialmente los 76 millones en mayo de 2026 para levantar el embargo de forma provisional mientras se decidía la oposición judicial.

Primacía del Derecho de la UE

Finalmente, el magistrado belga ha concluido que, aunque el artículo 54 del Convenio CIADI impone la obligación de reconocer laudos arbitrales, está sujeto con carácter prioritario al principio de primacía y autonomía del Derecho de la UE.

De esta manera, en la sentencia señala, con base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las cláusulas de arbitraje inversor-Estado vulneran los tratados de la UE y la autonomía del ordenamiento jurídico de la UE.

Según el juez al tratarse de un “arbitraje mixto” con una indemnización concedida de forma conjunta e indivisible a RREEF, la ejecución en territorio de la UE beneficia a un inversor comunitario y contraviene el Derecho de la Unión.

Además, el tribunal señala que la compensación derivada del laudo arbitral por la modificación del régimen retributivo constituye una medida notificada a la Comisión Europea y que la ejecución forzosa del laudo viola la obligación de suspensión, mientras la Comisión Europea no dicte una decisión final.

Con estos argumentos, el juez anula la orden de autorización de embargo, declara ilegal e infundado el embargo a terceros ejecutado contra Eurocontrol, ordena la liberación inmediata y devolución a España de los 76 millones consignados junto con todos los intereses devengados, y condena a Blasket Renewable Investments al pago de las costas procesales.

Este es uno de los múltiples conflictos judiciales a los que se enfrenta España por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de reducir las primas de las renovables. Se presentaron 51 arbitrajes en distintos tribunales contra el Estado español, la mayoría en el CIADI, exigiendo la indemnización de unos 10.400 millones de euros.

La investigación de la guerra sucia contra Podemos que desplegó el último Gobierno del Partido Popular acaba de sufrir un revés imprevisible. Este jueves estaba prevista la declaración de un testigo clave, el exministro venezolano Rafael Isea, por videoconferencia desde Nueva York. Pero a 48 horas de que se produjera la comparecencia, las autoridades de Estados Unidos han informado a la Audiencia Nacional de que Isea declina asistir a la toma de declaración. Isea podía refrendar la grabación en la que un destacado miembro de la brigada política del Partido Popular le traslada, en mayo de 2016, que ha acudido a entrevistarse con él para evitar que Podemos alcance el Gobierno de España. El viaje respondía, según afirma en el audio el mando policial, a un “mandato” personal del presidente, Mariano Rajoy.

“Hace un momento supimos que el señor Isea ha declinado participar en la entrevista prevista para finales de esta semana”, reza en un correo electrónico recibido en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional este martes, según consta en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Isea había explicado con detalle en dos entrevistas a medios españoles el engaño que sufrió por parte de policías españoles para que ratificara una fotocopia de un documento de un pago a fundadores de Podemos con origen dudoso y varios errores.

Todo lo que ocurrió en el Consulado de España el 12 de abril de 2016 consta, además, reflejado en una grabación que adelantó moncloa.com en 2019 y que ha sido incorporada en su totalidad, más de una hora, a la causa que instruye Santiago Pedraz. Las partes habían sido informadas hace pocos días de que la declaración por videoconferencia seguía adelante y que tendría lugar a las 17:30 horas de este jueves, una hora poco habitual en los juzgados españoles y que respondía a la diferencia horaria con Estados Unidos. Hasta la recepción del citado correo.

El cambio radical de Isea se produce después de que las defensas de los miembros de la brigada política del PP solicitaran al juez que un informe pericial acredite la autenticidad de la grabación y la ausencia de manipulaciones. Pedraz acordó esa diligencia y suspendió por ahora la declaración como investigados de dos de los tres policías que intentaron manipular a Isea. Se trata del entonces jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, ya jubilado, y de una subordinada de este, inspectora jefe de la UDEF. El tercero de ellos, José Ángel Fuentes Gago, es quien pronuncia la frase sobre el “mandato” que habían recibido de Rajoy y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ya declaró como investigado.

Los hechos tuvieron en la primavera de 2016, dentro del semestre en el que toda la cloaca del Ministerio del Interior orientó su actividad a desprestigiar a Podemos para evitar que alcanzara un Gobierno de coalición tras las elecciones de junio. En ese periodo se filtró el informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. También se fabricó el bulo de la cuenta falsa de Iglesias en un banco de Granadinas, a la que el régimen de Chávez ingresaría fondos con idéntica finalidad. O la falsa operación de venta de 40 kilos de droga por Miguel Urbán en un bar de Malasaña.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. Para cuando se produjo el encuentro, el diario ABC ya había publicado un presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS, una fundación por la que pasaron varios de los fundadores de Podemos y que, efectivamente, trabajó para el Ejecutivo venezolano entre los años 2008 y 2010. La orden de pago era de 7,1 millones de euros, cuatro años antes de que se fundara Podemos. CEPS, que nunca llegó a tener vinculación el partido, ha reconocido los trabajos en Venezuela y ha desmentido la cifra.

Los policías acudieron a Nueva York a que Isea rubricara la autenticidad del documento, una fotocopia que había facilitado un colaborador de la Policía española con antecedentes por estafa. El propio Isea reconoce en el audio que ese individuo, el abogado José Aliste, le “genera vértigo, por decirlo ameno”.

Durante el encuentro con la Policía, Rafael Isea y su abogado muestran su preocupación por las consecuencias de su colaboración y por el hecho de que el documento se haya filtrado. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

El comisario García Catalán y su subordinada elaboraron un atestado a partir de la entrevista con Isea. Su contenido fue reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia. Isea acude este jueves como testigo a la Audiencia Nacional después de que haya reconocido los hechos en sendas entrevistas a El País y La Sexta.

Los policías españoles aparecen tratando de convencer al ministro venezolano de que libraban una batalla contra la corrupción. Los agentes reconocen que no pueden imputar financiación ilegal a Podemos porque ni siquiera existía el partido cuando se produjeron los hechos, pero quieren demostrar que sus líderes son unos defraudadores fiscales que no declararon los pagos del Gobierno chavista. 

Durante la reunión se pronunció una de las frases más célebres que constan grabadas a un miembro de la brigada política. Fuentes Gago está intentando convencer al confidente de que España es un Estado de Derecho y que eso hace que la investigación que se inicie a partir de su testimonio no dependerá de quién gobierne el país. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, según consta en la grabación, incorporada ya a la causa y sobre la que Pedraz ha ordenado que se verifique su autenticidad.

En la ampliación de su querella, Podemos asegura que Isea “señaló numerosas irregularidades, tanto formales (formato del documento, uso de nombres incorrectos), como materiales (imposibilidad de comprometer gasto público en las fechas señaladas, falta de presencia del propio supuesto firmante)” durante el encuentro con los policías, tal y como demuestra la grabación. El exministro de Finanzas venezolano insistía, recuerdan los abogados del partido, en que no quería incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar“.

La representación de Podemos describe así el delito de falsedad documental cometido presuntamente por los policías: “A pesar de estas advertencias directas y de la evidente falta de viabilidad del documento, los querellados, en un claro concierto de voluntades y con el fin de crear un documento mendaz que sirviera a sus intereses espurios, redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas por Isea. De este modo confeccionaron un documento público, que no reflejaba la realidad de lo acaecido, presentando como una ratificación lo que en verdad fue una declaración plagada de cautelas y desconfianza por parte del testigo”.

La declaración del entonces jefe de la UDEF y su subordinada como imputados se ha visto postergada al análisis de la grabación que han solicitado las defensas y que podía resultar estéril si Isea hubiese confirmado el jueves lo que muestra el audio cuando se reproduzca en el juzgado. Pedraz lleva instruyendo la causa por la guerra sucia a Podemos dos años y siete meses. La instrucción avanza lentamente, sobre todo si se compara con otras que se sigue en el mismo juzgado, y recoge fuertes reticencias de Pedraz, la más llamativa negarse a investigar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Urbán.

El magistrado accedió en julio a que la Unidad de Asuntos Internos recabe el testimonio de Manuel Morocho, el inspector jefe que relató en el juicio de Kitchen cómo presenció las maniobras contra Podemos dentro del destierro forzado que sufrió por sus investigaciones al Partido Popular. En la causa está imputado el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la brigada política del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La economía española del último lustro ha conseguido lo que hace una década parecía imposible: no solo se ha quitado el sambenito de ser el furgón de cola de la zona euro, sino que salió de la pandemia convertida en la locomotora de la Unión Europea y este año podría liderar por tercero consecutivo a las naciones avanzadas, por encima de Estados Unidos.

Allí existe la costumbre de acuñar la política económica de un determinado presidente con su apellido: a las Obamanomics le siguieron las Trumponomics, que han vuelto tras cuatro años de Bidenomics. Las Sancheznomics han sido una historia de éxito en términos macro: el producto interior bruto (PIB) crece robusto, el empleo no deja de romper récords, el paro está en mínimos desde el estallido de la burbuja y las rentas de las familias aumentan. Pero la crisis de la vivienda, que ha estallado como un volcán con la crueldad del desahucio y la muerte de Maricarmen, y una inflación que no termina de desaparecer son las caras más amargas del relato.

El balance de Sánchez, que ha contado con dos grandes pesos pesados al frente del Ministerio de Economía –Nadia Calviño, primero, y Carlos Cuerpo desde 2023–, es brillante y, de hecho, el Gobierno saca pecho de su gestión y de haberle dado la vuelta al mantra de que la izquierda es nociva para la economía. El crecimiento ha estado muy por delante del de las tradicionales grandes potencias del euro: Alemania apenas ha crecido desde la pandemia, con una economía estancada. Sus previsiones comienzan a ser más halagüeñas ahora, pero con avances aún por debajo del 2%. Desde la llegada de Sánchez, el PIB ha avanzado un 15,1%. Muy por encima de lo que sucedió en los mandatos de Mariano Rajoy (10,3%) y de José Luis Rodríguez Zapatero (7,1%), ambos marcados por la Gran Recesión.

Y lo ha hecho a pesar de que el COVID-19 provocó el mayor desplome desde la Guerra Civil. Por ponerlo en perspectiva, desde el peor momento de la pandemia (es decir, el segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento) hasta la actualidad, la economía ha crecido un 43,6%. Da una idea del duro recorrido que hogares y empresas han hecho frente desde hace seis años no solo para salir del hoyo, sino para recuperar la tendencia previa. 

Lo destacó el propio vicepresidente Cuerpo en una comparecencia reciente en el Congreso para hablar de los fondos europeos del Plan de Recuperación, una de las variables clave para explicar este éxito: “Han permitido que en 2025 la economía haya recuperado no sólo el nivel, sino la tendencia previa, es decir, el ritmo que teníamos y donde se esperaba que estuviéramos antes de la pandemia”, detalló el ‘número dos’ del Ejecutivo. 

Un mercado laboral en máximos

La fortaleza del mercado laboral, que ha ganado entre un 18% y un 19% de trabajadores (bien sea medido a través de la Encuesta de Población Activa o de los registros de afiliación a la Seguridad Social), la bajada del paro a mínimos desde 2008 a pesar del gran crecimiento que ha experimentado la población (6,3%) son otros de los factores que explican parte del éxito económico de los últimos años.

Para el economista Luis Gómez, el gran cambio de estos años no es solo el acelerón del PIB, sino que se ha dado inicio a “un proceso de cambio de modelo productivo hacia sectores y empleos de mayor valor añadido, el cual se ha generado, en esencia, gracias al positivo desempeño en materia de política energética y laboral”. 

Gómez, que es investigador y durante años fue asesor en la Oficina Económica de Moncloa, apunta que políticas como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% o la reforma laboral que estabilizó millones de empleos han obligado a buscar nuevas formas de competitividad en el tejido productivo, ganancias de eficiencia que también se explican por una política energética que ha hecho más atractiva a España en comparación con otros países. “Haber optado por la apuesta ambiciosa de no competir a la baja ha resultado efectivo, porque la reducción de costes energéticos ha seguido haciendo rentable la creación de empleo incluso a unos estándares como los que exige la reforma laboral”, subraya.

Natalia Arias, del gabinete económico del sindicato CCOO, apunta en la misma dirección: “Por primera vez en décadas ha habido una fase sostenible de crecimiento económico diversificado con fuerte creación de empleo, compatible con un incremento de la productividad laboral por hora”. A su juicio, la mejora en variables como la balanza comercial o el empleo arrojan que “no estamos ante un crecimiento insostenible como el de la burbuja”.

Ese fenómeno, promovido por José María Aznar y que el Gobierno de Zapatero falló a la hora de pinchar, supuso un crecimiento del PIB entre 1996 y 2004 del 34,5%, durante los dos primeros gobiernos populares. Entonces la población extranjera se disparó (un 376,3%), la inflación subió un 25% coincidiendo con la entrada en el euro, y el precio del metro cuadrado de vivienda creció un 76,3% en términos reales. Esto es, descontada la subida de precios.

Arias subraya que la transformación energética de los últimos años, impulsada por los fondos europeos, ha sido clave no solo para tener una electricidad “más barata que en el resto de Europa”, sino también para “tener una mayor independencia en nuestra economía respecto a las fuentes extranjeras de combustibles fósiles”.

El gran debe: la vivienda

Sin embargo, el gran debe de Sánchez es, precisamente, el que ha obligado a adelantar las elecciones y la razón por la cual los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han convocado la primera huelga general en España desde 2012: la crisis de la vivienda. El Banco de España confirmó el viernes sus estimaciones de que el déficit de vivienda alcanzará el millón de unidades en 2028, ante una inversión residencial que se está comportando de manera más moderada de lo anticipado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en una entrevista en la Cadena SER que la sucesión de crisis desde 2020 impidió ver la gravedad de la crisis de habitabilidad hasta que ya ha sido muy tarde.

El precio del metro cuadrado ha subido un 48,3% durante los mandatos de Sánchez, frente a la caída del 6,7% que experimentó en los casi siete años de Mariano Rajoy en La Moncloa. El enorme stock de vivienda acumulada tras la burbuja, sumado a la grave situación económica, provocaron una depreciación notable del ladrillo. En el gráfico anterior se puede apreciar el acelerón de los precios no solo en la compraventa, sino también en el mercado del alquiler. Y a pesar de que el SMI ha tirado de los salarios más bajos, no ha sido suficiente para compensarlo.

“Se ha empezado muy tarde a abordar este problema y eso ha hecho que la situación sea peor de lo que podría haber sido”, aduce Arias, que recuerda que el incremento de los precios de la vivienda ha consumido las mejoras salariales: “Casi lo multiplica por cuatro”. “Esta fuerte subida, junto con el endurecimiento del acceso al crédito, ha expulsado a muchos trabajadores de la posibilidad de acceso a una vivienda en propiedad, y les ha desplazado hacia el alquiler. Un alquiler que es mayoritariamente de mercado privado, ya que España carece de un parque público de vivienda asequible”, señala.

A la situación del mercado de la vivienda se suma un nuevo episodio inflacionario, este provocado por la guerra en Irán y el encarecimiento de los precios de la energía. Con el recuerdo aún reciente del shock de los años 2022 y 2023, el mayor en medio siglo, los precios han vuelto a acelerar. Septiembre cerró con una subida del 4,9%, la mayor desde principios de 2023. Desde que arrancó su mandato, el IPC acumulado es un 26,5%. Lejos de las cifras de Rajoy (6,9%, con largos periodos de deflación), de Zapatero (19,9%) y ligeramente por encima del periodo de Aznar (25,2%), en pleno ‘boom’ inmobiliario y con la adopción del euro.

A pesar de todo ello, los datos muestran que la renta disponible per cápita de los hogares (es decir, todos sus ingresos una vez descontada la inflación y el aumento de la población) ha avanzado un 9% en el periodo. “No es cierto que este cuantitativamente intenso y cualitativamente diferencial crecimiento económico no se haya trasladado en una mejora de la situación de las familias”, dice Gómez, a la vista de estas cifras. “Incluso en los momentos en que los salarios reales han podido sufrir especialmente estos shocks de precios, las transferencias, prestaciones y modificaciones impositivas a través de la política fiscal y social han actuado de manera compensatoria”, subraya.

Del pleno empleo a las cuentas públicas

Entre los retos a futuro, Sánchez se marcó para esta legislatura el pleno empleo, consiguiendo rebajar la tasa de paro por debajo del 10%. Pero todavía hay margen de mejora. También en los salarios, recuerda Arias, con una estructura productiva que no solo genere más valor añadido, sino que también permita recortar la jornada. Para Gómez, los datos de pobreza infantil también preocupan y es “esencial” plantearse la creación de una prestación universal de crianza que permita atajarla.

Esto enlaza con otro reto: el margen fiscal. El Gobierno ha conseguido recuperar todo el espacio que se perdió para hacer frente a la pandemia. La deuda pública y el déficit se dispararon. Las reglas fiscales estuvieron suspendidas, pero vuelven a estar en vigor y eso limita mucho la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda. El año pasado los números rojos se situaron en el 2,2% del PIB y el endeudamiento ya se ha colocado por debajo del 100%, pero todavía es superior a la que había cuando Sánchez aterrizó en La Moncloa.

“La legislatura deja un punto de partida relativamente cómodo en términos fiscales y el siguiente Gobierno contará, por tanto, con espacio fiscal para implementar sus prioridades políticas”, apunta la economista de CCOO. Pero todavía hay mucho margen de mejora, ya que “España sigue teniendo una brecha de ingresos y gastos con respecto a los estándares europeos”, recuerda Luis Gómez. “Su cierre permitiría atender con mayor intensidad numerosas necesidades sociales, especialmente la vivienda”. El mandato de Sánchez tiene muchas luces, pero arroja una sombra demasiado alargada. Con forma de casa.

Puedes consultar los principales indicadores económicos empleados en este reportaje en la tabla bajo estas líneas.

“Somos buena gente aunque alguno no lo crea”, dijo Mariano Rajoy para cerrar su intervención de este año en el Foro La Toja. A su lado, Felipe González apuntillaba esa despedida con unas coordenadas de situación: “Y los dos somos de extremo centro” (risas entre el público, mayoritariamente masculino). Como si fueran un solo hombre los dos expresidentes del Gobierno, Felipe y Mariano, Mariano y Felipe, han vuelto a protagonizar el plato fuerte de un foro de debate que cada año convoca en la Illa de A Toxa a los principales dirigentes del mundo conservador. Tan acostumbrados están a compartir su charla anual que cualquiera diría que son un dúo performático propio de una película menor de Alex de la Iglesia.

Sin apenas diferencias en sus convicciones y animados por la moderadora Lucía Méndez, ambos exdirigentes se han despachado a gusto con su argumento de que nada mejor le ha pasado a la democracia española que el bipartidismo y nada peor que Pedro Sánchez. Felipe González ataca al presidente del Gobierno por sistema y sin ambajes, como si eso fuera parte de su patrimonio político. Cuando le preguntaron por el problema de la vivienda, el culpable, Sánchez: “Cuando uno lleva dos años en el Gobierno es heredero de sí mismo, ya no puede echarle la culpa a los demás”, aseguró. Sobre la misma materia Rajoy ha relatado que los promotores le cuentan que “hay un exceso de regulación cambiante”, que no encuentran trabajadores para poner ladrillos y que además si entran inmigrantes en el país aumenta la competencia por las viviendas que buscan los que ya están aquí.

El nivel de la conversación quedó fijado desde el minuto uno con la pregunta que la moderadora dirigió a Rajoy: “¿Qué le pasa a España?”. Rajoy, estupefacto, encajó el interrogante como si le hubieran exigido resolver el significado espiritual de la secuencia de Fibonacci. Ganó tiempo repitiendo la pregunta que le acababan de hacer para rendirse dos frases más tarde: “¿Que qué le pasa a España? Si no entramos en detalles ...no es fácil responder a esa pregunta. Yo ya he agotado los calificativos”. El público, plagado de trajes oscuros y corbatas de los mismo tonos, no paraba de reír. Alguno incluso aplaudía.

El contexto de la charla y la celebración de las chanzas por parte del respetable tienen mucho que ver con el contexto del evento. El Foro La Toja es un encuentro organizado por Carmen Martínez Castro, exsecretaria de Estado de Comunicación con Rajoy. La fiesta la paga en parte un empresario del sector turístico y el cara a cara de Felipe y Mariano se ha convertido ya en un clásico que se repite cada año como plato fuerte, un cóctel de gambas que los presentes consumen con avidez.

Ambos expresidentes han apostado por un pacto de Estado para resolver el problema de la vivienda. Un pacto que, claro, consideran imposible a día de hoy y alejado de los que ellos consiguieron atesorar en las más de dos décadas de gobiernos que dirigieron entre ambos. Sin explicar cómo, los dos se han mostrado convencidos de que el bipartidismo volverá a imperar en España y en el resto del mundo. Han pedido elecciones, más policía para Ceuta y, cuando llevaban casi una hora de charla, han pedido ponerle fin al debate con el argumento imbatible de González: “Que se enfría la sopa”.

No se vio en ningún momento gran preocupación en ninguno de los intervinientes. En otro de sus chistes que parecían casi ensayados abordaron la necesidad de ser optimista. Rajoy dijo: “No ser optimista no sirve para nada”; González le replicó: “Yo soy optimista porque no me queda mucho tiempo”. El dúo Felipe y Mariano funciona como una máquina engrasada que deslumbra en A Toxa. Ni siquiera la tendencia de Felipe González de hablar él solo y dar lecciones todo el tiempo rompe el ritmo de esta dupla: Mientras el expresidente socialista habla, el del PP pone caras. El público ríe y aplaude. El año que viene, más.

Cuatro años después, las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan las maniobras ilegales de la policía para eliminar pruebas de la caja B del PP vuelven a la mesa del instructor del caso Tándem, que investiga los manejos de una mafia policial que perpetró numerosas operaciones a espaldas del juez durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

El instructor que tiene ahora sobre la mesa esas pruebas es Antonio Piña, quien sustituyó a Manuel García Castellón, jubilado en 2024. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha elaborado un informe sobre tres archivos de audio por los que preguntó el juez Piña para conocer su autenticidad y su vinculación con los delitos que se investigan.

Uno de los audios grabados por Villarejo fue analizado por Manuel García Castellón en la pieza 34 del caso Tándem, abierta en 2022, sin encontrar suficientes indicios de delito para imputar a la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. En esa conversación del 20 de enero de 2013, Cospedal mostraba su temor a que existiera, y se publicara en los medios de comunicación, una “libretita” donde el extesorero Luis Bárcenas habría apuntado pagos durante años a los secretarios y vicesecretarios del PP nacional. Esos pagos trimestrales y semestrales nunca se declararon a Hacienda. El dinero procedía de donativos ilegales al PP de empresas privadas, muchas de ellas contratistas de la administración.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”, le pedía Cospedal al comisario Villarejo. Este prometía hacer todo lo posible, ya que conocía a los periodistas de El Mundo, aunque la “libretita” acabó publicada en El País el 31 de enero de 2013.

García Castellón rechazó imputar por estos hechos a Cospedal, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Argumentó que el proceso penal español exige una base sólida para imputar y que no basta con sustentar una acusación en grabaciones troceadas o descontextualizadas. Además, García Castellón sostuvo entonces que el contenido de los audios reflejaba conversaciones informales que no acreditaban de manera automática una participación ejecutiva de Cospedal en la presunta trama ilegal de espionaje del Ministerio del Interior.

Ahora el juez Piña tiene otras grabaciones, del 15 de septiembre de 2014, en las que Villarejo le cuenta a Cospedal que hay que colocar al chófer de Bárcenas como policía nacional para que no hable sobre su trabajo de confidente para robar documentos a la familia del extesorero del PP.

El informe de Asuntos Internos al juez Piña recoge la transcripción íntegra de las conversaciones que acreditan las maniobras policiales conocidas por Cospedal para eliminar los denominados papeles de Bárcenas.

Cospedal a Villarejo: “¿Y la famosa libretita, dónde está?”

COSPEDAL: Ya, ya veo. Oye, y la famosa libretita ¿dónde está? ¿Tú sabes?

VILLAREJO: Yo la libretita eh… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos estos.

COSPEDAL: Es que se lo va contando a quien lo quiere oír.

VILLAREJO: Ya, pero, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopias de algunas hojas que el otro se las ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea que la libretita no la tiene físicamente ¿eh? Vamos, no la tiene físicamente, no la… ni siquiera el Inda, creo ¿eh? Vamos, a mí por lo que me ha dicho, que… ¿va por ahí contando cosas? Es que este es un bocazas, el Inda es un bocazas total y ahora se cree el rey del mambo, pero…

COSPEDAL: ¿Y te dice este que cree que gallardín esté en la libretita?

VILLAREJO: Sí, sí, no, no, no y que…

COSPEDAL: El otro.

VILLAREJO: Efectivamente, que… fundamentalmente… que… la campaña contra ti, de que tú eres la… que tú esto lo has pro… vamos, lo has propiciado, no sé cuánto, tal y cuál, es el Javierito de los cojones y tal, y que… lo sorprendentemente ahí, se han hecho una alianza extraña el gallardín y este Javierito… no la acabo de entender.

COSPEDAL: O sea que gallardín está intrigando también.

VILLAREJO: También, totalmente, sí. Está tirando fundamentalmente porque… esta es una de las personas con las que Pedro Jota tiene una curiosa relación de amor odio.

(...)

COSPEDAL: No. Una cosa es decir yo sabía y otra cosa es decir yo trincaba.

VILLAREJO: Hombre, claro.

COSPEDAL: Ah no, es que es muy diferente.

VILLAREJO: Hombre, un testigo de referencia no es un testigo que diga “oye, yo he trincao”.

COSPEDAL: Claro. Y un tío que dice 'yo sabía', ¿pero tú lo has visto con tus ojos? Pues no es un testigo ¿eh? No.

VILLAREJO: Sí, eh… el… el Zaplana todavía por las razones que sea tiene, tiene… su, su enfrentamiento digamos, porque dice que dejaron tirados a sus amiguetes esos de allí de Valencia, de Alicante, de no sé qué, historias. Y sus historias, como además tiene esa relación tan directa con Pedro Jota, mucha relación ¿eh?

COSPEDAL: Sí, sí.

VILLAREJO: Pues este puede haber sido uno de los… y la Espe, no lo entiendo. Esta mujer, esta mujer, piensa… ¿qué quiere, repetir otra vez lo de 2008? Es que no lo entiendo.

COSPEDAL: No lo sé, yo no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que después… que sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sin vergüenza lo hizo consejero.

VILLAREJO: Claro.

COSPEDAL: Es que nosotros hemos tragado mucho ¿eh?

VILLAREJO: Hombre no y… con el tema de lo de Ignacio González, con la ayuda que se le ha hecho, que se le ha ayudado a tope y tal. No, no es de recibo. Pero ella sigue estando muy, muy vinculada a Pedro Jota ¿eh?

COSPEDAL: Lo sé, lo sé.

VILLAREJO: Por total y absoluto, ¿no?

COSPEDAL: Vale, vale, vale.

VILLAREJO: Pues entonces, algunas cosas yo siempre le digo tanto a él como a Ignacio, oye que quiero hablar con el amigo, tal y cual.

COSPEDAL: Por eso te estoy llamando.

VILLAREJO: Eso es, no, no, digo, que seguimos.

COSPEDAL: Lo de la libretita sería mejor poderlo parar.

VILLAREJO: Eso, eso, no, no te preocupes que… yo voy a estar, voy a estar al loro en esto, voy a hacer todo lo posible estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos, tal cual...

La Operación Kitchen, impulsada desde el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora a la familia del extesorero Luis Bárcenas, fue juzgada hace varios meses en la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia. El fiscal del caso pidió 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tanto Mariano Rajoy como Dolores de Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos y no fueron imputados nunca por estos hechos.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha conminado al PSOE regional a explicar qué estan haciendo“ el expresidente autonómico José Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ”si quieren hablar de los expresidentes de esta tierra“.

De esta forma se ha expresado Agudo en una rueda de prensa en la que no se ha pronunciado sobre el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que podría, presuntamente, apuntar a una conexión entre las agendas personales del comisario José Manuel Villarejo con los audios que el agente grabó en secreto de sus conversaciones con la expresidenta autonómica 'popular' María Dolores de Cospedal.

Un informe por el que, previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “confianza” en que la justicia procese a Cospedal, mientras que desde el PSOE autonómico han exigido al presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que critique estos “bochornosos” audios.

Tras sacar distintos folios con titulares de prensa en los que aparecían tanto Bono como Pardo, Agudo ha pedido “por coherencia y por valentía” al actual presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, que “critique estos bochornosos chanchullos” a los que hacían referencia esos titulares de prensa.

Asimismo, ha recordado que Bono “su mentor político, su guía espiritual, su padre político”, mientras que de Pardo ha dicho que es “su amigo” y quien fuera presidente de las Cortes autonómicas.

“Muy valientes son desde el PSOE de Castilla-La Mancha para hablar de otros partidos, pero poco para hablar de los propios. Si quiere el PSOE y Page hablar de los expresidentes de esta tierra, que empiecen por explicar qué están haciendo el socialista Bono y el socialista Pardo”, ha remachado.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido hoy “coherencia y valentía” al presidente del PP regional, Paco Núñez, para criticar los “bochornosos” audios de María Dolores de Cospedal, que fuera secretaria general de los 'populares', que aparecen en el último informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y que la vinculan con la agenda de José Manuel Villarejo.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha trasladado, en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, que este nuevo informe “conecta” con lo que el PSOE viene diciendo desde hace mucho tiempo y sitúa a Cospedal, y hasta a quien fuera presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, “donde siempre han estado”.

Habla de “estupor” ante estos nuevos audios y dice no entender que el PP de Castilla-La Mancha aún no se haya pronunciado. También se pregunta si Núñez va a aprovechar el pleno de este jueves para, con “coherencia”, criticar esta última información que ubica a Cospedal, una vez más, “a la cabeza o en la máquina de la corrupción de la Kitchen”.

“Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos, que al menos tengan la mitad de coherencia y de valentía que tiene Page en esta región”, ha apuntado.

Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos

Abengózar ha insistido en que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre critican cualquier conducta en su partido “de dudosa moralidad o legalidad”, y ha instado a los ‘populares’ a hacer lo propio y “distanciarse y pronunciarse sobre quién es su presidenta de honor”, que en esos audios “decía pagar, presuntamente, 100.000 euros de una empresa pública relacionada con los residuos al señor Villarejo por los trabajos prestados”, ha concluido.

“Tengo la confianza en que la Justicia actúe y que se proceda a procesar a Cospedal”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha José Manuel Caballero, cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por su valoración sobre los nuevos audios de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

“Sin duda los audios de hoy son todavía más graves y espero que se someta al imperio de la ley”, ha dicho el numero tres del gobierno de Emiliano García-Page porque, lamentaba, “hasta ahora se ha estado escapando por los pelos” de lo que, desde su punto de vista “parecen delitos fragrantes para ocultar pruebas”.

ElDiario.es ha tenido acceso a algunas de estas grabaciones.

Y es que, un nuevo informe de la Policía conecta estos audios con los diarios de Villarejo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, las grabaciones. El análisis se ha enviado a la Audiencia Nacional que ha ordenado buscar “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos. El informe policial compara las fechas de las grabaciones con las anotaciones de Villarejo en su agenda personal, y les concede la autenticidad sobre la que preguntaba el juez Antonio Piña.

En una de esas grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, Villarejo le cuenta su idea de que el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, haga policía a Sergio Ríos Esgueva, chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que colaboró con la policía política para robar documentación sobre la financiación ilegal del partido que entonces presidía Mariano Rajoy. En la misma conversación, fechada el 15 de septiembre de 2014, Cospedal le asegura a Villarejo que el presidente del Gobierno sabe que le han “limpiado” a Bárcenas toda la documentación que comprometía al PP sobre la financiación ilegal. Luis Bárcenas controló durante al menos 20 años una caja b del PP donde ingresaron más de ocho millones de euros de empresarios que a su vez eran contratistas de administraciones gobernadas por la formación conservadora. Barcenas apuntó en esa contabilidad paralela como parte de los ingresos acababan en manos de los principales dirigentes del PP, entre ellos Rajoy, en forma de sobresueldos trimestrales o semestrales.

El informe de Asuntos Internos, adelantado por El País, transcribe la literalidad de una grabación que hace varios años hizo pública RAC-1 y que entregó a la policía. Los audios, a los que ha tenido acceso elDiario.es junto al informe policial, reflejan cómo Villarejo le cuenta a Cospedal los riesgos que entraña la figura del chófer de Bárcenas, al que han pagado 2.000 euros mensuales de fondos reservados y al que habría que meter dentro de la Policía Nacional —cosa que ocurrió— para evitar que en un futuro pudiera hablar sobre esa operación ilegal.

“Cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí”

VILLAREJO: El tema de Barcenas ese tema, es que…

COSPEDAL: ¿Y ese tío cómo está?

VILLAREJO: Bueno, ese tío… eh… afortunadamente gracias al personaje que tú ya conoces, que esa es otra, yo le he dicho algo muy simple, le he dicho: “Antes de irme, antes de jubilarme, no me gusta dejar flecos, porque tengo experiencia en los flecos y siempre son malos”

.COSPEDAL: Sí, sí, siempre. ¡Siempre!

VILLAREJO: En la época del Gal fue malo, ¡siempre son malos! Este tío que nos ha estado dando información hacerlo policía nacional…

COSPEDAL: Algo.

VILLAREJO: No, no vale… o sea ¿entiendes? O sea, le estamos dando todos los meses dos mil euros, da igual. Este tío [el chófer de Bárcenas] lo hacéis policía nacional, básico, y ya no puede hablar y ya es un policía nacional que ya no se sabe si era policía antes o después, o si era un infiltrado que habían metido para sacar información. Y claro “y bueno, pero eso va a ser muy complicado”, que no es complicado coño, que es muy simple. Que bueno, ahí están dándole vueltas, ojalá y me hagan caso. ¿Por qué? Porque lo mismo que es un error dejar a la Vicky suelta ¿eh? Es un error dejar a este chico suelto y es un error dejar, pues eso, a toda, a todas esas cosas… ¿Por qué? Porque los años al final te das cuenta de que cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí.

COSPEDAL: Y siempre aparecen.

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La Audiencia Nacional juzgó hace varios meses el denominado caso Kitchen, el espionaje a Bárcenas pagado con fondos reservados del ministerio del Interior, en el que se piden fuertes penas de cárcel para media docena de comisarios, el ministro del Interior en aquella época, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. El tribunal nunca pudo escuchar estos audios que demuestran el conocimiento de la cúpula del PP sobre las operaciones ilegales de la policía. Tanto Rajoy como Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos. El caso está pendiente de sentencia.

“A mí me lo ha contado el presidente”

VILLAREJO.  A mí… mí…me preguntan claro, a mí me pregunta por ejemplo por el cocinero, que es el nombre guerra que yo le doy al tío de Bárcenas. Claro, me dice “oye que me han preguntado por el cocinero”, y yo… “¡Pero ¡qué dices!”, entonces ¿sabes?, entonces es clarísimo que se lo han dicho… Porque eh, que no lo sabe nadie.

COSPEDAL: Porque la fuente es la misma, joder.

VILLAREJO: Pero te quiero decir que es que no lo sabe nadie, entonces que a mí Javier Iglesias me dice: “No, es que tengo que comunicar con el enlace” que tú sabes quién es, “tengo que comunicar para arriba, porque está pendiente de esto y tal, y quiere tu opinión de esto”, ¿entiendes?, y se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.

COSPEDAL: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

VILLAREJO: No, la hemos encontrado nosotros.

COSPEDAL: Vosotros.

VILLAREJO: ¡Perdona! Yo no he tenido acceso porque no me han dejado, o sea, yo he…

COSPEDAL: Bueno, pero ellos han encontrado la del… la del último no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este de todo lo que tenía, ¿no?

VILLAREJO: Bueno, pues eso, ¿eh?, que yo prepare la operación.

COSPEDAL: A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha realizado un balance de la acción del Gobierno de España asegurando que “el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez ha continuado durante el primer semestre de 2026 con su tarea de reforzar los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja”.

En lo que respecta a año pasado, Nalda ha señalado que una de las prioridades del Gobierno de España es la Economía y los datos son “muy positivos para el país, lo que también se refleja en la Comunidad. Así, ”en ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez (2019-2026), La Rioja va a recibir un 54,5 por ciento más de recursos para financiar los servicios públicos que en los siete años de Rajoy (2012-2018): 516 millones de euros más. Además, con el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, La Rioja vería incrementada su financiación en 25 millones de euros al año respecto al modelo vigente“. Hay que recordar que La Rioja ”es una de las más beneficiadas por los criterios de población ajustada. Y con este modelo propuesto, la condonación de la deuda del Estado alcanza los 448 millones de euros, lo que supondría reducir la deuda de La Rioja un 28 por ciento respecto a 2023“.

En este año 2026, la Comunidad Autónoma de La Rioja recibirá por las entregas a cuenta la cifra “récord” de 1.446 millones de euros y la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2027-2029 le permitirá un margen fiscal de 44 millones de euros. “Esta cifra récord corrobora el compromiso del Gobierno de España con los riojanos y las riojanas”. En cuanto a los contratos indefinidos, al cierre del segundo trimestre del 2026, en La Rioja se alcanzaron los 35.772 contratos de este tipo, lo que supone 177 p or ciento más que en 2019. Además, la afiliación a la Seguridad Social fue de 145.176 ocupados en La Rioja, 16.244 más que en diciembre de 2018.

Sube la pensión media de jubilación

Arraiz Nalda también ha destacado “los importantes esfuerzos económicos realizados por el Gobierno de España en política de protección del desempleo” con una inversión de 115,5 millones de euros, y en “políticas activas de empleo”, invirtiendo un total de 14,5 millones de euros.

Otro de los aspectos que ha destacado la delegada, es que, “gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la pensión media de jubilación en La Rioja ha pasado de 1.028 euros a 1.520 euros respecto a junio de 2018. Con el Partido Popular la pensión de jubilación sería hoy, siete años después, de tan solo 1.076 euros para los riojanos y las riojanas”. También se ha referido al compromiso con los más desfavorecidos. Y es que “el escudo social en La Rioja Rioja ha permitido que finalizado el mes de junio se contabilicen 17.851 perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Otro dato que contribuye a reforzar este escudo social es que 13.792 riojanos y riojanas se han visto beneficiadas por el bono social eléctrico en nuestra comunidad”. Otro ejemplo en esta línea es la subida por parte del gobierno de España a 1.221 euros el Salario Mínimo Interprofesional que cobran en torno a 10.300 trabajadores en La Rioja.

La educación, “el mejor ascensor”

Por otro lado, Arraiz Nalda ha hecho hincapié en la importancia que el Gobierno de España le da a la Educación, “el mejor ascensor social con el que cuenta nuestro país”. La delegada del Gobierno ha destacado que La Rioja ha recibido del Ministerio un total de 195,6 millones de euros en estos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y su presupuesto ha pasado de 9,92 millones de euros en 2018 con Rajoy a 30,95 millones en 2026, lo que supone un incremento de 21,03 millones (+211 por ciento). “Y para muestra, dos datos: 9.720 personas se beneficiaron de becas en el curso 2024/25 y la Formación Profesional ha recibido 54,8 millones de euros en el periodo 2020-2026 y se han financiado 6.873 nuevas plazas”

En cuanto a Sanidad, “la joya de la corona del estado del bienestar”, Arraiz Nalda ha destacado que el gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en La Rioja 40 millones de euros entre el año 2018 y el 2026 en diferentes programas sanitarios, de los cuales, este año destina 1,2 millones para Atención Primaria y 385.000 euros para salud bucodental. A esta cantidad hay que añadir los fondos que han llegado gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, “un estímulo transformador del país y, por tanto, de nuestra región”, que se han materializado en equipos de alta tecnología como el acelerador lineal de partículas, un equipo de medicina nuclear y otro de tomografía para diagnóstico nuclear, ambos en el CIBIR, o nuevos equipos de resonancia magnética, por valor de 8,7 millones de euros. Además de 2,5 millones de euros para la transformación digital de la atención primaria; 5,2 millones para el plan para la Atención Digital Personalizada; o el millón de euros para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes de ELA.

La delegada del Gobierno ha recordado la construcción del nuevo Centro de Salud de la Villanueva, en Logroño, sufragado por el Gobierno de España en un 85 por ciento de los 7,5 millones de euros de presupuesto; la renovación fotovoltaica del Hospital San Pedro con una inversión de 3,3 millones de euros; y los 4,5 millones de euros destinados a la ampliación del Centro de Salud de Calahorra.

Por otro lado, Arraiz Nalda ha comentado que las cifras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en La Rioja son contundentes. Con datos actualizados a 31 de mayo de 2026, este Plan ha supuesto para la Rioja una inversión total de 568 millones de euros distribuidos en 259 millones de euros procedentes de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado con 13.601 beneficiados según datos finalizado el mes de mayo de este 2026.

Liberalización de la AP-68

En materia de infraestructuras, la delegada del Gobierno ha recordado que en noviembre viviremos un hecho de especial relevancia en La Rioja como es la liberalización de la Autopista AP-68, después de la última prórroga a la concesionaria por parte del gobierno de José María Aznar en España y Pedro Sanz en La Rioja. “Las buenas noticias no acaban ahí”, ha resaltado, “porque las obras de la Ronda Sur, con una inversión de 155 millones de euros, son una realidad como se pudo comprobar con la apertura del tramo Arrúbal-Navarrete. Y continuarán hasta el año que viene con la apertura de ramales y enlaces que unirán con la antigua AP-68 convertida en circunvalación gratuita”

Por otro lado, Arraiz Nalda ha destacado los “grandes esfuerzos” que está realizando el Gobierno de España en La Rioja en la mejora de las infraestructuras y conexiones, destacando los 65 millones destinados a la puesta en marcha de los 9,3 kilómetros de la variante de Rincón de Soto “después que durante el mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa y Pedro Sanz en Vara de Rey, se dejara caducar la declaración de impacto ambiental de este tramo, generando un retraso significativo en la modernización ferroviaria de La Rioja y un gran perjuicio para los riojanos y las riojanas”. También hay que sumar 29,4 millones de euros más de para la redacción del proyecto y las obras de instalación de los sistemas y equipos para la Variante ferroviaria de Rincón de Soto, en el tramo Castejón-Logroño.

En materia de ferrocarril también se ha conocido hace unas semanas la licitación de la redacción del estudio informativo para el corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro. Este contrato cuenta con un presupuesto de un millón de euros y un plazo de ejecución de 24 meses con el objetivo de analizar con detalle las alternativas planteadas para el nuevo trazado que conecta estas dos ciudades, a las que separa en estos momentos casi 70 kilómetros. Este estudio contempla tres alternativas y estima una inversión de las obras de entre 227 y 720 millones de euros, en función de la opción elegida finalmente. Esta actuación “supondrá un beneficio para los ciudadanos riojanos ya que conllevará un ahorro de tiempo para los viajeros de más de 21 minutos, incrementando la velocidad comercial en un 46 por ciento, además de la fiabilidad y las prestaciones del servicio existente”

En total, ha calculado que desde el año 2019, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido en La Rioja 387 millones de euros, lo que supone un “importante incremento” de 155 millones, concretamente un 66,9 por ciento, con respecto a los 232 millones invertidos en el periodo 2012-2017 con el gobierno de Mariano Rajoy.

Proceso de regularización

También ha analizado lo que ha calificado de “un hehco que no se vivía en España desde el año 2005 como es el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros”. En La Rioja se registraron 6.448 solicitudes y de ellas 1.053 se han dado de alta en la Seguridad Social, suponiendo estas cifras un 0,7 por ciento del total de regularizados en todo el país. Un proceso que en La Rioja se llevó a cabo con normalidad, sin grandes problemas salvo los agobios del inicio.

Por otro lado, La delegada del Gobierno ha reconocido que el acceso a la Vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los riojanos y las riojanas. Y ha recordado que el Gobierno de España ha contribuido “a paliar en parte este problema” gracias a la inversión en vivienda en La Rioja de 102,5 millones desde el año 2018, para los Planes Estatales de Vivienda (50,7 millones); el PRTR (24,2 millones); el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos PIREP (14 millones); y el Bono joven de alquiler (13,6 millones).

Además, la delegada ha recordado que según se desprende del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España, la asignación para La Rioja durante este año 2026 será de 13,6 millones de euros, mientras que la distribución movilizará una inversión de 119 millones de euros hasta el año 2030. Hay que recordar que, en este Plan, el 60 por ciento lo aporta el Estado y el 40 por ciento lo aportan las Comunidades Autónomas.

Industria y comercio en La Rioja

El incremento de la inversión del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública es del 576 por ciento, llegando a los 92,2 millones, pasando de los 16 millones en los siete años de Rajoy en la Moncloa a 108,2 finalizado el año 2025. En este sentido, el Gobierno de España “no se olvida de las pequeñas y medianas empresas propiciando un gran impulso a la conectividad y digitalización de pymes y autónomos con el Kit Digital, destinando 31,6 millones para un total de 7.878 concesiones y 27.090 beneficiarios”. Otro aspecto a destacar es el “importante” aumento del 35 por ciento de empleados públicos sumando 5.674 funcionarios más que con Rajoy según datos del 2015. En este apartado se ha referido al proyecto TechRioja, que contará con una aportación sustancial del Gobierno de España de 11,7 millones de euros a través de fondos europeos, además de los 3,9 millones que aporta el Gobierno de La Rioja.

En el repaso de las actuaciones cometidas, se ha detenido en la agricultura, “un sector con gran peso”. Y en este sentido ha destacado el Perte Agro con 8,3 millones de euros y el proyecto Enorregión, “con el objetivo de la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino”. Además, el Gobierno de España ha destinado 3,6 millones para la reestructuración y reconversión de viñedos en La Rioja, “buscando mejorar la competitividad del sector mediante la adaptación a la demanda del mercado, la reducción de los costes de producción y la incorporación de técnicas más sostenibles”. Además, La Rioja dispondrá de 3,67 millones de euros en la segunda convocatoria de ayudas para inversiones en la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, ayudas orientadas a modernizar las instalaciones de transformación, infraestructura vinícola y estructura de comercialización.

Y también conviene destacar la importante aportación económica del Gobierno de España para la vendimia en verde, que en el año 2026 ha sido de 15,9 millones de euros para una iniciativa que pretende ayudar a lograr cierto equilibrio en la producción de uva en la Denominación de Origen Calificada Rioja. Y continúan activos los 77 millones de euros de inversión del Gobierno de España, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), en ocho proyectos para la modernización de regadíos en La Rioja.

Igualdad en La Rioja

Por otro lado, en materia de Igualdad, el Gobierno de España ha destinado a La Rioja 3 millones de euros para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 2,2 millones para el Plan Corresponsables, para garantizar el derecho al cuidado y la conciliación familiar desde una perspectiva de igualdad de género. “Sin olvidarnos del millón y medio destinado a la creación de un Centro de servicio de atención integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual en La Rioja”.

Y en materia de seguridad, Arráiz ha celebrado que “La Rioja se mantenga en cuarta posición como comunidad autónoma más segura y que continúe con sus altos niveles de seguridad, con una tasa de criminalidad del 36,6, lo que supone más de 14 puntos menos que la media nacional”. Y en este apartado ha recordado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana, “una infraestructura altamente demandada y que supondrá una inversión de 12,6 millones de euros”. En cuanto a número de efectivos, en La Rioja hay un total de 905 guardias civiles y 305 policías nacionales.

Hace escasos días, el juez Rubén Rus, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado de Tarragona, tomó la decisión de prorrogar la instrucción. En su resolución explicaba que la investigación era “sumamente compleja” y que desde que se levantó el secreto de la causa allá por junio de 2025 solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los que solo uno quiso responder. Montoro aún no ha sido citado para que explique si, como sostiene la investigación, se valió de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte a conveniencia de determinados clientes.

Además, añadía el juez, hay varias diligencias (hasta cuatro) de las que debe ser informado por los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en este caso. Y advertía de que, de esos atestados, bien pudieran generarse nuevas vías de investigación. Así, más allá de esa sensación de que nada se mueve en ese juzgado de Tarragona, Rus no parece haber dejado de lado la instrucción ni parece haber sucumbido ante la montaña de escritos y de recursos presentados por los investigados.

Entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano: quiere rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

No obstante, hay una realidad a la que el juez se enfrenta: la causa lleva abierta desde 2018, ya son ocho años, y desde 2025 la treintena de investigados ven afectada su vida laboral de forma drástica. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es ven con expectación el mes de septiembre porque será entonces cuando la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre si el caso debe quedárselo el juez instructor o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados madrileños, tal y como quieren las defensas.

Así pues, la vuelta de las vacaciones —agosto es mes inhábil en la Administración de Justicia— se antoja crucial para el devenir de esta causa. Y mientras, las defensas de los encausados no dan puntada sin hilo y ya han presentado recursos contra el auto por el que el juez prorrogaba la instrucción. Se basan en múltiples defectos, como que ha acordado prorrogar sin pedir previo pronunciamiento de las partes personadas en el procedimiento.

En el recurso del ministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detallan lo que, a su juicio, son una serie de irregularidades que se habrían producido a lo largo de la instrucción, como que permaneciera bajo secreto siete años, que se produjeran a lo largo de ese periodo filtraciones a medios, que se acordara revisar movimientos bancarios remontándose a diez años antes de los hechos investigados, o que no se les haya dado traslado de la totalidad de la causa aun a día de hoy. A esto añade que ha tenido conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, y entiende que se está ante una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho que los investigadores consideran epicentro del tráfico de influencias, Equipo Económico, ha presentado también su recurso contra la prórroga. Hace hincapié en que no se ha cumplido con el trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la misma. Y advierte de que esta “no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia” porque genera “una evidente indefensión” y puede determinar la nulidad de esa resolución.

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es si no una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, lamentan, para acto seguido recordar que en la ampliación de la prórroga del mes de enero ocurrió algo parecido, ya que si bien el juez les preguntó su parecer, no les dio tiempo a contestar cuando ya había acordado otros seis meses de instrucción.

Por otro lado, la defensa del despacho indica que la resolución del juez carece de motivación suficiente y recuerda que consta en el sumario un informe de la UCO que resolvía que todos los ingresos en ese despacho fueron declarados a Hacienda, que hay trazabilidad de cada ingreso, y que las cantidades fueron utilizadas para cubrir costes operativos habituales, impuestos y gastos personales de los socios “sin que se haya identificado una derivación de estos fondos”.

Añade que el auto recurrido “incurre en una patente contradicción interna que compromete gravemente la claridad y certeza de su contenido” porque en la parte dispositiva se afirma que procede acordar la prórroga del plazo de instrucción por seis meses y, sin embargo, establece que el plazo de instrucción finalizará el 26 de julio de 2027, lo que supone una ampliación de un año.

El caso Montoro

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, el núcleo de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el ex secretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los ex directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos —precisa la resolución— los elaboraba un tercero (EY) y “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.

“Ni quiero ni puedo” fue la frase estrella con la que Mariano Rajoy afrontó el procés. El entonces presidente del Gobierno y líder del PP ni quería ni podía negociar un referéndum, algo que puede resultar comprensible, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, ni siquiera a dialogar, sobre ninguna otra cuestión que pudiera concitar el acuerdo de una amplia mayoría de la sociedad catalana. Cuando todo saltó por los aires, el Gobierno también renunció a buscar una solución al enorme choque constitucional que se produjo, de modo que todo quedó en manos de unos tribunales que intervinieron en un conflicto político a golpe de Código Penal.

Ese es el contexto en el que, tras los indultos y con un PSOE que necesitaba a Junts para investir a Pedro Sánchez, surgió la ley de amnistía, aprobada casi siete años después del 1 de octubre. Para entonces se contaban por centenares las personas condenadas o encausadas por causas relacionadas con el procés y la situación política seguía pendiente de normalizarse, con Carles Puigdemont sin poder volver a Catalunya y Oriol Junqueras inhabilitado para presentarse a las elecciones.

La frustración y el inmovilismo político fueron quedando atrás y, gracias a la negociación y al diálogo, comenzaron a darse pasos. Se pretendía poner fin a una situación que no beneficiaba a nadie y que no se correspondía con el deseo mayoritario de mirar hacia adelante. Nadie que conozca la política catalana podrá decir que la ley de amnistía no haya servido precisamente para eso.

Una vez el Congreso convirtió la amnistía en ley, expresando así la voluntad clara del poder legislativo, los del “ni quiero ni puedo” pasaron a centrarse en la segunda parte. Se quería, pero ¿se podía? Algunos se empeñaron en decir que no. No solo desde la esfera política, sino sobre todo desde la judicial. El rechazo de la amnistía a Puigdemont y Junqueras con el argumento de que se enriquecieron por no pagar el referéndum de su bolsillo constituye una pirueta jurídica que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, entre otros, plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la adecuación de amnistiar delitos de terrorismo o sobre si las condenas por malversación podían haber afectado a fondos europeos. En definitiva, preguntaron por la compatibilidad de la ley de amnistía con el marco jurídico de la Unión Europea.

Todo eso ha quedado despejado este jueves con la sentencia del máximo tribunal de la UE que, por cierto, evita cualquier expresión ajena al lenguaje jurídico, un ejemplo que también deberían seguir algunos de nuestros tribunales, tan dados a incorporar florituras innecesarias en sus escritos. La sentencia de Luxemburgo avala la práctica totalidad de la norma del olvido penal, con la única excepción de la obligación de levantar las medidas cautelares, un aspecto cuya redacción ya resultaba muy dudosa.

Con este importante espaldarazo europeo, el Constitucional lo tiene mucho más fácil para terminar de validar la amnistía, algo que ya ha ido haciendo parcialmente, aunque sin entrar en el fondo del asunto. La decisión definitiva llegará en una sentencia muy esperada. El propio tribunal ha preferido no dictarla antes de conocer el parecer del TJUE, pero ahora, despejada la cuestión europea, todo apunta a que acabará pronunciándose en otoño.

Si certifica la constitucionalidad de la norma, el Supremo tendrá muy difícil, por no decir imposible, negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, Junqueras y al resto de afectados. Y se confirmará que el “no se puede” queda reducido a un “no se quiere”, algo que, en una democracia que presume tanto de serlo, un tribunal no debería poder permitirse.

El primer interesado, además de Sánchez y de los directamente beneficiados por la amnistía, en que este embrollo se resuelva definitivamente es Alberto Núñez Feijóo, por más que los populares gesticulen o que José María Aznar hable de una “agresión sediciosa al derecho”.

“Todavía diez años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico”, señaló este jueves el PP en un comunicado. La pregunta que tendría que hacerse el partido es qué ha hecho para contribuir a esa recuperación. Porque la incógnita no es qué hizo Rajoy con Catalunya, eso ya lo sabemos, sino qué hará Feijóo si llega a la Moncloa. Y, por ahora, el PP sigue sin responder a esa pregunta.

La victoria de la selección española sobre la francesa implica algo especial. Es una victoria de mérito y, además, de prestigio. Como lo era, años atrás, derrotar a Brasil. Francia se ha convertido en lo que antes fue Brasil: la mayor fábrica mundial de futbolistas talentosos.

Sobre los méritos del equipo de Luis de la Fuente vamos a escuchar y leer mucho en los próximos días. De Francia sólo quedará el eco de una estrepitosa caída en semifinales. Si me lo permiten, pues, entonaré un réquiem por “les Bleus”. Creo que lo merecen. Y, de paso, me sumaré a quienes meten los pies en ese estúpido charco rajoyano de si los franceses son franceses o seres de otra galaxia.

Empecemos por Raoul Diagne. Hasta donde yo sé, y exceptuando el excéntrico caso de Saadi Muamar Gadafi, hijo del que fue dictador libio y capitán de la selección de su país por orden paterna, Diagne fue el único futbolista internacional cuyo padre ejercía como ministro del Gobierno. También fue el primer futbolista negro de la selección francesa. Debutó en 1931, cuando su padre era diputado por Senegal en la Asamblea Nacional de Francia y ministro de las Colonias.

Raoul Diagne fue años más tarde seleccionador de Senegal y se le considera el padre del fútbol senegalés. Murió cerca de París, como francés y senegalés, en 2002.

Salgamos por un momento de la negritud (un término muy usado por el poeta y político Léopold Sédar Senghor, que fue diputado socialista francés y presidente de Senegal) para valorar la enorme fuerza centrípeta de la República Francesa. Raymond Kopa, estrella del Real Madrid y Balón de Oro en 1958, era francés y polaco. Michel Platini es hijo de italianos. La

familia de Antoine Griezmann procede de Alemania. Los padres de Thierry Henry eran de Guadalupe y Martinica. Luis Fernández nació en Cádiz. Etcétera.

Es decir, que el antiguo imperio francés no basta para explicar la diversidad de orígenes entre los jugadores de la selección. O su color, si es que eso interesa a alguien.

La capacidad integradora de Francia está detrás de todo, incluyendo al fútbol.

En el Mundial de 2026 han participado 1.248 futbolistas. De ellos, 99 son franceses. Creo que ese es un dato definitivo. Al margen de nutrir su propia selección, Francia ha aportado 13 franceses a Argelia, 12 a Haití, 11 a Congo y 10 a Senegal. Es decir, que Francia dispone de tal excedente de futbolistas de primer nivel (las selecciones citadas se han ganado la participación mundialista) como para dar y repartir.

Es cierto que selecciones como la de Haití y Congo carecen de competiciones locales a causa de la violencia y la inestabilidad y se ven obligadas a reclutar entre la diáspora. Pero también es cierto que las “banlieues” francesas, esos lugares supuestamente siniestros y marginales (hagan una visita si pueden: no encontrarán los horrores que esperan), producen grandes futbolistas a un ritmo de vértigo.

Y no hablamos de chavales crecidos entre chabolas y potreros, según la mística argentina y en general iberoamericana, sino de jóvenes formados desde muy pequeños en buenas escuelas de fútbol y con una educación escolar más que aceptable.

No hay “banlieues” con peor fama que las de París. Quizá hayan visto una película titulada Les miserables, sobre la angustiosa existencia en esos barrios. Esas historias de rabia y desesperanza son ciertas. También es cierto que ninguna administración europea, por no decir del mundo, se preocupa tanto como la francesa por ofrecer salidas. Y en ningún lugar del planeta se concentran tantas escuelas de fútbol y clubes de formación como en Seine-Saint Denis, el departamento más tormentoso de la región parisina.

El Departamento de Seine-Saint Denis tiene 1,7 millones de habitantes. Su consejo gubernamental se entretuvo en diseñar una alineación de los futbolistas locales. Encabezada por Mbappé y bajo camisetas de distintos países, habría podido competir dignamente en el Mundial. A partir, recuerden, de solamente 1,7 millones de personas.

Francia no jugará la final del domingo. Eso corresponde a España. Su industria futbolística, sin embargo, es tan potente como para garantizar la capacidad competitiva durante mucho tiempo. ¿Son franceses los futbolistas franceses? Según Ileman Ndiaye, nacido y criado en Normandía, prefiere jugar con Senegal porque la selección francesa no le “hace soñar”. “No es lo mío”, dice.

Y eso, la posibilidad de elegir, está muy bien.

Mariano Rajoy vuelve a escribir una columna deportiva tras la polémica desatada por sus palabras racistas contra Francia. Lo hace tras el triunfo de España en la semifinal del Mundial de fútbol. Pero ha rechazado pedir disculpas. “Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso”, ha asegurado en el medio de la Asociación Católica de Propagandistas, El Debate.

“De manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo”, afirma previamente en la crónica deportiva.

La polémica se desató tras un artículo titulado 'Hoy llegó el desquite' en el que Rajoy alabó a la selección francesa, cuya plantilla consideró “de altísimo nivel”. “Eso sí, sin franceses”, agregó. El comentario fue criticado por el Gobierno, por futbolistas mundialistas como Lamine Yamal y Borja Iglesias o por ministros franceses. El titular de Exteriores, Jean-Noël Barrot, lo calificó de “estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”. Para Rajoy, en cambio, todo es un “ruido” que llega después de que alguien se “chivase” a un “ministro extranjero”. “¡Viva España! Hemos ganado una vez más”, concluye el artículo.

Hace dos días, el exlíder del PP ya desdeñó las acusaciones de racismo y xenofobia, en declaraciones a El Mundo. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno”, justificó. Su entorno trató de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica. “No había mala intención” y es “un tema menor”, dijeron. Así lo trató el mismo Partido Popular, que habló de columnas “sarcásticas” y que “van sin mala intención”. “No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional del país”, defendió Borja Sémper. Sin embargo, todos los futbolistas de la selección francesa tienen la nacionalidad del país y solo tres de 26 han nacido fuera de las fronteras. Se trata, además, del Mundial de la emigración, donde uno de cada cuatro futbolistas ha nacido en un Estado diferente al que representa.

En lo meramente deportivo, Rajoy relata con su habitual estilo cómo fue la victoria de España por 0-2 ante Francia, con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro —el resultado, los goles y los goleadores, un dato que el expresidente omite en su crónica sobre el partido—, que dan a la selección española su segundo pase a la final de un Mundial, después de 2010. Aquí nuestra crónica.

Susana Gisbert és fiscal delegada de delictes d'odi i memòria democràtica a València, amb una llarga trajectòria també en matèria de violència de gènere. Escriptora i articulista habitual en diversos mitjans de comunicació, Gisbert (València, 1966) publica Contra l'odi (Vincle, 2026), una mena de guia enfocada a un públic ampli sobre una matèria de la qual s'ha convertit en una referència.

En aquesta entrevista amb elDiario.es, celebrada poques hores abans del partit de la semifinal del Mundial de futbol entre les seleccions francesa i espanyola, la fiscal dubta que les polèmiques declaracions de l'expresident Mariano Rajoy constituïxquen un delicte d'odi i celebra que els clubs de futbol cada vegada col·laboren més amb la justícia quan es produeixen incidents racistes.

La fiscal Susana Gisbert també destaca la recent sentència del Tribunal Suprem que fixa el criteri sobre l'existència de delicte d'odi per insults racistes i per raó de ser immigrants, dictada en una causa instruïda a València. “En els delictes d'odi, el nostre major entrebanc és la infradenúncia”, alerta Gisbert.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes. També tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

Quin balanç fa de la seua etapa com a fiscal delegada de delictes d'odi?

M'agrada molt la matèria, és molt enriquidora i tens possibilitat de fer coses que no s'havien fet per la novetat. Però després, la veritat és que també ho he viscut amb certa sorpresa, perquè encara que penses que aquestes coses passen, no et pots imaginar que passen tant, i coses tan grosses i tan inversemblants com que una persona pel carrer n'ataque una altra pel fet de veure-la besar-se amb algú del mateix sexe. La veritat és que és una matèria molt enriquidora, perquè reps molt feedback de les víctimes. Les víctimes de seguida estan molt agraïdes; també tens l'altra part, que reps molts haters de l'altre costat, però bé, en aquesta part molt contenta.

A poc a poc sembla que es va consolidant.

També tens aquest prurito d'anar creant coses que no s'han fet mai, com el de [la condemna pels insults racistes al futbolista] Vinicius. Ara ja hi ha més condemnes en el tema de la violència racista i homòfoba en el futbol i en els estadis, però fins aleshores no hi havia cap condemna. El de [les agressions ultres en] la manifestació del 9 d'Octubre també va ser molta faena, i tampoc hi havia prèviament una condemna per discriminació per ideologia en una manifestació pública. A poc a poc anem fent coses: l'última sentència que ha creat molta jurisprudència i doctrina és del magistrat Vicente Magro en matèria de delictes d'odi; també ve d'una causa que portem ací.

Sent fiscal delegada de delictes d'odi, també ha patit molts discursos d'odi en contra seua a les xarxes socials. Com ha viscut aquesta experiència?

La part dolenta és que, a més del feedback, reps una part considerable de haters. Si eres visible a les xarxes socials, jo ho soc (és una decisió personal i no canviaré per això), de tant en tant t'emportes un disgust, com el que ha passat amb [les amenaces de l'eurodiputat ultra] Alvise o amb algun altre. Però bé, crec que tant de bo no s'haguera de pagar, però és part del que toca. Si la gent et coneix i es dirigeix a tu perquè has fet determinada cosa, doncs era perquè aquesta cosa pica.

La part dolenta és que, a més d'un 'feedback' de les víctimes, reps una part considerable d'haters

Quin és el ventall de víctimes dels delictes d'odi?

Cal dir que guanyen per golejada la xenofòbia en totes les seves → seues vessants (homofòbia, antigitanisme, racisme i altres) i, per altra banda, l'homofòbia i la LGTBI-fòbia. Però sí que és veritat que, pel que fa a les víctimes, hi ha dos grups importants. Hi ha un grup de víctimes que estan més o menys empoderades i acudixen als serveis públics, manifesten, denuncien (o, si no denuncien, són conscients de les coses).

Això passa en una part important de les víctimes d'homofòbia, hi ha una part del col·lectiu LGTBI que està empoderat (i una altra part que no). I passa també amb les víctimes d'un altre tipus de delictes, com passa amb la ideologia. I hi ha un altre grup de víctimes, la població migrant, sobretot la que està en una situació de precarietat econòmica, que no té papers (amb l'aporofòbia i la discapacitat), que són persones molt vulnerables i que ni tan sols són conscients o → ni tan sols s'atrevixen a denunciar.

Però bé, una vegada venen sí que és molt important la tasca de les ONG que els acompanyen. En molts casos, si no hi haguera ONG o entitats del tercer sector acompanyant-los, no denunciarien.

Per lluitar contra la infradenúncia el primer que has de donar és confiança a les víctimes

Quin paper juga l'empatia?

Ací cal tindre empatia. Encara que la víctima, si està fora en el judici i no he anat jo a eixe judici o ha vingut per una altra via, jo sempre tracte de parlar amb ella i d'establir una relació personal i de donar-li una confiança. Perquè en els delictes d'odi, el nostre major obstacle és la infradenuncia. I per a lluitar contra això el primer que has de donar és confiança a les víctimes, que sàpien els drets que tenen i que tinguen un referent. Per exemple, el col·lectiu LGTBI durant el franquisme, no és que no podien defensar els seus drets, és que eren penats per això.

Cal canviar aquesta concepció, que ve de molt de temps: d'una desconfiança total al sistema a una confiança. Amb les persones migrants també pansa, moltes vegades tenen més por que emergisca la seua situació d'irregularitat que de defensar els seus drets.

Poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi

Com ha anat assentant-se la jurisprudència en matèria de delictes d'odi?

La veritat és que cada dia, afortunadament, es consolida més. Jo, al principi, deia moltes vegades que aquesta Fiscalia semblava la Fiscalia de pegar-se contra un mur. Era tot a base de recursos perquè tot ens ho arxivaven o tot ho declaraven delictes lleus. A poc a poc, s'ha anat creant un cos de doctrina que cada vegada és més permeable als delictes d'odi. I ja no es queda en el simple insult o en l'amenaça. La sentència de 'Magro' és molt coneguda, però ja n'hi ha diverses en aquest sentit en què els insults són constitutius, o poden ser constitutius, si es donen determinades circumstàncies, de delictes d'odi.

Què s'ha consolidat?

S'ha creat una important doctrina amb els delictes d'odi en els quals hi ha alguna part d'acció (un fet concret, unes lesions o unes amenaces). En el discurs d'odi encara ens queda camí. El xoc amb la llibertat d'expressió encara ha de recórrer molt de camí, perquè encara hi ha moltes absolucions. El tipus està redactat d'una manera que parla d'incitar (si això és incitació o no ho és, si la motivació no hi és i el límit amb la llibertat d'expressió...). Encara queda faena per fer.

A més, en un context d'auge global de l'extrema dreta.

És evident que es donen molts factors. Per una banda, un auge de l'extrema dreta a tot el món. Les persones que pensaven així no és que hagen aparegut com un bolet, hi havia gent que no se sentia legitimada i, en veure que hi ha persones exercint el poder que pensen aquestes coses, se senten legitimades per a determinats discursos. I després l'eina de les xarxes socials és un caldo de cultiu òptim perquè qui tinga aquests pensaments els aboque. Perquè, a més, encara que es manifesten a les xarxes socials amb el seu nom —també és un problema l'anonimat—, però fins i tot quan ho fan amb el seu nom (ho fan polítics i altres), el fet d'enfrontar-se a una pantalla i no a una persona, com que envalentona l'autor i diu coses que potser cara a cara no diria.

De fet, aquest límit amb la llibertat d'expressió ha propiciat absolucions com la de l'expolicia Ricardo Ferris, que va exposar les seues tesis racistes en un acte públic de Vox.

Està pendent del recurs de cassació de la Fiscalia. El discurs d'odi és més complicat. Sí que vam obtindre una sentència favorable en el cas de l'encarregat de xarxes d'Espanya 2000 (per relacionar la pigota del mico amb l'homosexualitat), que també està pendent del recurs interposat per ell.

Les tesis de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol podrien ser constitutives d'un delicte d'odi?

Anem a veure, aquestes coses s'han de pensar molt. És el que sempre diem: ni tot l'odi és delicte d'odi ni tan sols per a cometre un delicte d'odi cal odiar. Quan diuen “és que no és una persona racista”, no, no es jutja ningú per ser racista, es jutja per haver fet una manifestació racista. El que passa és que, és clar, estem parlant d'un discurs que no està escampant cap notícia ni cap fet que faça que la gent odie la selecció francesa o els integrants de la selecció francesa. Crec que s'hauria de pensar molt, però té un difícil encaix en el delicte d'odi; això no vol dir que no siga un acte discriminatori per racisme i reprovable, si més no a nivell moral, sens dubte, i potser a nivell polític.

Creu que ha millorat el panorama del racisme als estadis de futbol?

Potser soc molt optimista, però arran d'aquesta sentència els clubs s'han cuidat molt més. Han vist que la Llei de l'Esport és dura amb ells, amb coses que abans semblava que es mirava cap a una altra banda, els tanquen l'estadi, encara que els fets no siguen constitutius de delicte d'odi o no es troben els autors. I, per la seua pròpia conveniència, tant els clubs com les entitats esportives, com també els mateixos aficionats, jo crec que es tallen més. I, per un altre costat, crec que també s'és molt més col·laborador amb la justícia quan veuen que passa una cosa així. De fet, hi ha una causa oberta que és per l'activitat d'un periodista que, com a aficionat, va ser qui va interposar la denúncia [contra els crits racistes d'un aficionat a l'estadi de Mestalla].

La Llei de l'Esport és dura amb els clubs, amb coses que abans sembla que es mirava cap a una altra banda els tanquen l'estadi

Quins problemes plantegen les xarxes socials en relació amb els delictes d'odi?

Amb les xarxes socials els problemes que tenim són diversos. Primer, l'anonimat. Perquè hi ha gent que publica els seus posts amb el seu propi nom, però realment ni X ni cap xarxa social et demana més que un correu electrònic (i Gmail, per exemple, tampoc no et demana cap identificació). Sobretot tenim un problema processal, que és el de la competència: qui és competent, com ens dirigirem a Facebook o a X, com ens respondran (que normalment no responen o són molt reticents a respondre). És molt difícil obtindre la informació i, és clar, ací tenim unes dificultats tremendes. A més, la justícia té els seus temps, perquè la nostra justícia és garantista —afortunadament—, però la instantaneïtat de les xarxes socials és molt més ràpida que si obtenim un manament d'entrada i registre o de tancament d'un compte.

Moltes sentències de delictes d'odi inclouen un curs sobre igualtat. Per què s'inclou aquest tipus de cursos?

És molt important i el problema que tenim ací a València és que trobem molts problemes per veure on i qui realitza aquest curs. En el cas de la violència de gènere, que seria un cas parell, en ser obligatori per a concedir la suspensió de la pena, ja hi ha uns llocs concrets on anar, però en el cas dels delictes d'odi (que està previst, però no és obligatori) és una condició que es pot posar. Nosaltres la posem, a més per acord de les jornades de fiscals delegats en les quals així es va establir. Ho demanem, però moltes vegades ens trobem amb veritables problemes a l'hora d'executar-lo i això s'hauria d'implementar, perquè l'únic lloc on n'hi ha un que està clarament definit és a la presó. I si no entren a presó, és difícil que facen el curs. I si fan el curs per a evitar la presó, és difícil que vagen a la presó.

Com s'ha resolt a la pràctica?

Ací a València no està acabant de funcionar, estem trobant problemes en cada cas i, de vegades, cal buscar o improvisar una solució que vaja a tal lloc o que vaja a tal altre. Però caldria implementar un recurs concret que fora automàtic.

D'on va nàixer la idea de publicar l'assaig Contra l'odi?

M'ho va proposar Manolo Gil, que és el meu editor en molts dels llibres que he escrit des de fa temps. A més, per a l'editorial era un canvi complet de registre. Primer per l'idioma (Vincle sempre havia publicat en valencià) i després pel tema de l'assaig (no tenien una col·lecció) i pel format.

Aquesta realitat moltes vegades si no la veus, no te la creus

Es va pensar en un format que fora assequible, que no fora un assaig per a professionals, sinó que estiguera destinat a qualsevol persona, que el puguen llegir els juristes (i segur que els va bé), però sobretot està pensat per a persones no juristes, perquè qualsevol entenga aquestes idees que semblen essencials, però no sempre es saben: que no qualsevol persona que odie està cometent un delicte d'odi o que no es jutja el racisme, sinó que es jutja l'acte racista. Perquè es conega també aquesta realitat, que moltes vegades, si no la veus, no te la creus.

Iba a ser la segunda semifinal de la historia de España en los Mundiales. Pero llegó Mariano Rajoy con sus chascarrillos en la prensa amiga y la elevó a conflicto diplomático. Horas previas extrañas porque en lugar de jugadores hablaron ministros del gobierno francés para pedir a su antiguo socio en los populares europeos respeto para la República. Y el partido en el día nacional de Francia. En Dallas, a mediodía, se medían de un lado Mbappé, Olise, Dembélé, Barcolá, y toda la colección de cromos que según el expresidente del Gobierno no son franceses pero que habían metido 16 goles y encajado solo dos en seis partidos. Enfrente, Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo y, sobre todo, Rodri comandando un equipo, mucho más que una sucesión de individualidades... Esto último lo acabó decantando todo.

Los primeros minutos fueron de tanteo. La selección española intentaba mantener el control del balón mientras los franceses esperaban agazapados para soltar las riendas a su caballería. El respeto mutuo limitó los movimientos de cada escuadra. La instrucción en España pasaba por acabar las jugadas y no perder el balón en zonas sensibles del campo para evitar contraataques. El objetivo de Francia era exactamente el contrario, pero los balones largos a Mbappé y Dembélé no acababan de llegar a destino.

De la combinación de pases cortos para intentar dominar el juego, Fabián pasó a intentar dos desplazamientos largos a Cucurella, justo lo que estaban planeando los franceses. El primero se quedó corto. Gracias al segundo, consiguió centrar el nuevo lateral del Madrid desde la banda izquierda, el balón cruzó toda el área y en la otra zona estaba dispuesto para despejarlo Digne en dos toques. Con el primero, el lateral izquierdo francés controló, pero no vio llegar a Lamine, que tocó el balón antes de que el defensa patease por segunda vez. En lugar de hacerlo, arrolló al delantero español. Penalti. Minuto 20 de una primera parte en la que no había pasado casi nada.

El especialista Oyarzabal, pichichi de este equipo, lanzó desde los 11 metros. Con la zurda, a media altura y a su derecha. Uno a cero, y a la pausa de recaudación de la FIFA. A la vuelta de ese minidescanso de tres minutos de anuncios, más problemas para Francia: Saliba, uno de los centrales más solventes del planeta fútbol se fue al suelo. Con gestos de preocupación, en el corro que lo rodeaba, sus compañeros pidieron el cambio a su entrenador. Fin del Mundial para él.

Con el marcador a favor, España intentó dar un paso adelante y hacerse con el balón, sin llegar a conseguirlo del todo. Pero sí logró sujetar a Francia y a su colección de estrellas incapaces de amenazar a Unai Simón. Olise, un crack mundial en ciernes, de repente se veía extrañísimo en la mediapunta donde había estado flotando durante todo el campeonato del Mundo. En los seis primeros partidos más que jugar al fútbol había danzado por el césped, pero en Dallas este martes se vio asediado por la presión de un mediocampo hiperpoblado a su alrededor. Otra vez, el individuo frente al grupo. O viceversa. Enjaulado por Fabián, Rodri, Olmo, Baena y Cucurella, Olise optó por irse a la banda derecha, su posición más natural, para que el centro lo ocupase Dembélé. No cambió el panorama con ese otro aspirante a Balón de Oro. Un saque directo de Unai Simón, 70 metros de patadón hacia Baena, estuvo a punto de dejar al extremo solo frente al portero. El susto a Francia se lo alivió el árbitro que pitó fuera de juego.

El siguiente ataque nació de la presión muy alta del equipo español. El portero galo despejó mal y Baena, Rodri, Olmo y Lamine jugaron todos a un toque para que Oyarzabal rematase. El balón acabó en córner. La jugada sería un presagio de lo que vendría después.

Francia siguió buscando a sus individualidades que no acababan de aparecer. Barcola, Mbappé, Dembélé, cada uno por su cuenta, con Olise cada vez más fuera del partido. La única vez que logró irse por banda recibió una falta de Cucurella. Tarjeta amarilla.

Por esa misma banda llegó el mayor peligro francés, un centro de Koundé que por centímetros no llegó a la cabeza de Mbappé. Así que con 1 a 0 se llegó al descanso.

Se quedó Rabiot en la caseta francesa, uno de los dos mediocentros galos condicionado por la tarjeta amarilla que recibió en la primera mitad. A partir de ahí Rodri puso a su nombre una parcela: la que ocupa todo el centro del campo. Junto a Dani Olmo se hicieron con el control del juego, mientras Olise trataba en vano de encontrar su sitio. Las pocas veces que el balón llegaba al área, Cubarsí, Laporte, Porro y Cucurella ganaban todos los duelos a esa excelsa delantera. En dos ocasiones contadas hubo de salir Unai Simón.

Deschamps buscó soluciones en el banquillo. A falta de ideas para equilibrar al equipo y facilitar la construcción del juego, introdujo en el campo a otro solista: Doué, el delantero virtuoso que había desatascado el duelo contra la ultradefensiva Paraguay provocando un penalti con sus regates imposibles nada más ingresar en el campo.

La selección española respondió como un coro. Salió tocando el balón desde la banda izquierda en una jugada que inició Cucurella en su área y que acabó Porro en la contraria por la derecha. Para recorrer ese trayecto, todo el terreno de juego, la selección superó con pases cortos y controles orientados la presión francesa en todas las líneas. Durante un minuto largo, tocaron el balón nueve jugadores (todos menos Cubarsí y Oyarzabal) en todas las zonas del campo. Mención especial para la conducción de Olmo por el medio. Rodri puso un centro al área que despejó la defensa, el balón le cayó a él mismo, que lo cedió a Fabián y éste, al lateral que había estado en el inicio de la jugada. Porro tenía a Oyarzabal en corto pero vio a Olmo que había fijado a su central en la frontal del área. El centrocampista del Barça le devolvió el balón de primeras para que Porro encarase solo al portero y marcase el dos a cero. Ahí, el día de fiesta nacional pasó a ser español.

En 57 minutos Francia había recibido los mismos goles que en todo el campeonato y apenas había generado peligro. El equipo galo se descolocó del todo y a partir de entonces ya solo lo intentó a través de una sucesión de monólogos: Mbappé generó la ocasión más clara pero su disparo raso desde fuera del área lo desvió Cucurella a córner. Luego lo buscaron sin éxito Doué, de vaselina, tras una salida en falso de Unai Simón que acabó enmendando el propio portero. Y también Dembélé. Hasta Cherki, cuando Olise se fue al banco completamente desubicado.

Unai Simón tuvo que intervenir en un par de ocasiones más y a Lamine, mucho más intermitente que otros partidos pero igualmente decisivo con la jugada del penalti, le anularon el tercer gol por esa foto finish que también ha importado el nuevo fútbol para medir los fuera de juego.

Se fueron Oyarzabal, Fabián y Baena y el equipo siguió igual con Ferran Torres, Pedri y Merino. Mejor colocado en el campo pero sobre todo más solidario en la presión y en las ayudas. La orquesta se impuso a los solistas. Ese esfuerzo común es que ha propiciado que en siete partidos solo haya encajado un gol. Mariano Rajoy se equivocó: claro que todas esas superestrellas son franceses, naciesen donde naciesen, pero España es más equipo y por eso pasa a la segunda final de su historia. El domingo esperará a la Argentina de Messi o a Inglaterra, dos equipos que vuelven a medirse este miércoles, 40 años después de la guerra de las Malvinas y de aquella “mano de Dios” en el estadio Azteca.

Susana Gisbert es fiscal delegada de delitos de odio y memoria democrática en València, con una larga trayectoria también en materia de violencia de género. Escritora y articulista habitual en varios medios de comunicación, Gisbert (València, 1966) publica Contra el odio (Vincle, 2026), una suerte de guía enfocada a un público amplio sobre una materia de la que se ha convertido en una referencia.

En esta entrevista con elDiario.es, celebrada pocas horas antes del partido de la semifinal del Mundial de fútbol entre las selecciones francesa y española, la fiscal duda de que las polémicas declaraciones del expresidente Mariano Rajoy constituyan un delito de odio y celebra que los clubs de fútbol cada vez colaboren más con la justicia cuando se producen incidentes racistas.

La fiscal Susana Gisbert también destaca la reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija el criterio sobre la existencia de delito de odio por insultos racistas y por razón de ser inmigrantes, dictada por una causa instruida en València. “En los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia”, alerta Gisbert.

¿Qué balance hace de su etapa como fiscal delegada de delitos de odio?

Me gusta mucho la materia, es muy enriquecedora y tienes posibilidad de hacer cosas que no se habían hecho por la novedad. Pero luego, la verdad es que también lo he vivido con cierta sorpresa, porque aunque piensas que estas cosas pasan, no te puedes imaginar que pasen tanto, y cosas tan gordas y tan inverosímiles, como que una persona por la calle ataque a otra por el hecho de verla besarse con alguien del mismo sexo. La verdad es que es una materia muy enriquecedora, porque recibes mucho feedback de las víctimas. Las víctimas están enseguida muy agradecidas, también tienes la otra parte, que recibes mucho hater del otro lado, pero bueno, en esa parte muy contenta.

Poco a poco parece que se va consolidando.

También tienes ese prurito de ir creando cosas que no se han hecho nunca, como lo de [la condena por los insultos racistas al futbolista] Vinicius, ahora ya hay más condenas en el tema de la violencia racista y homófoba en el fútbol y en los estadios, pero hasta entonces no había ninguna condena. Lo de [las agresiones ultras en] la manifestación del 9 d'Octubre también fue mucho trabajo, y tampoco había previamente una condena por una discriminación por ideología en una manifestación pública. Poco a poco vamos haciendo cosas: la última sentencia que ha creado mucha jurisprudencia y doctrina es del magistrado Vicente Magro en materia de delitos de odio, también viene de una causa que llevamos aquí.

Siendo fiscal delegada de delitos de odio, también ha sufrido muchos discurso de odio en su contra en redes sociales. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

La parte mala es que, además de un feedback, recibes una parte considerable de haters. Si eres visible en redes sociales, yo lo soy (es una decisión personal y no voy a cambiar por eso), de vez en cuando te llevas un disgusto, como lo que ha pasado con [las amenazas del eurodiputado ultra] Alvise o con otro tipo. Pero bueno, creo que ojalá no hubiera que pagarlo, pero es parte de lo que toca. Si la gente te conoce y se dirige a ti porque has hecho determinada cosa, pues era porque esa cosa pica.

La parte mala es que, además de un 'feedback' de las víctimas, recibes una parte considerable de haters

¿Cuál es el abanico de víctimas de los delitos de odio?

Hay que decir que ganan por goleada la xenofobia en todas sus vertientes (homofobia, anti-gitanismo, racismo y demás) y, por otro lado, la homofobia y la LGTBI-fobia. Pero sí que es verdad que en cuanto a las víctimas hay dos grupos importantes. Hay un grupo de víctimas que están más o menos empoderadas y acuden a los servicios públicos, manifiestan, denuncian (o si no denuncian son conscientes de las cosas).

Eso pasa en una parte importante de las víctimas de homofobia, hay una parte del colectivo LGTBI que está empoderado (y otra parte que no). Y pasa también con las víctimas de otro tipo de delitos, como pasa con la ideología. Y hay otro grupo de víctimas, la población migrante, sobre todo la que está en una situación de precariedad económica, que no tiene papeles (con la aporofobia y la discapacidad), que son personas muy vulnerables y que ni siquiera son conscientes o ni siquiera se atreven a denunciar.

Pero bueno, una vez vienen, sí que es muy importante la labor de las ONG que les acompañan. En muchos casos, si no hubiera ONG o entidades del tercer sector acompañándoles no denunciarían.

Para luchar contra la infradenuncia lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas

¿Qué papel juega la empatía?

Aquí hay que tener empatía. Aunque la víctima, si está afuera en el juicio y no he ido yo a ese juicio o ha venido por otra vía, yo siempre trato de hablar con ella y de establecer una relación personal y de darle una confianza. Porque en los delitos de odio, nuestro mayor escollo es la infradenuncia. Y para luchar contra esto lo primero que tienes que dar es confianza a las víctimas, que sepan los derechos que tienen y que tengan un referente. Por ejemplo, el colectivo LGTBI durante el franquismo, no es que no podían defender sus derechos, es que eran penados por ello.

Hay que cambiar esta concepción, que viene de mucho tiempo: de una desconfianza total al sistema a una confianza. Con las personas migrantes también pasa, muchas veces tienen más miedo de que emerja su situación de irregularidad que de defender sus derechos.

Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio

¿Cómo ha ido asentándose la jurisprudencia en materia de delitos de odio?

La verdad es que cada día, afortunadamente, se consolida más. Yo, al principio, decía muchas veces que esta Fiscalía parecía la Fiscalía de pegarse contra un muro. Era todo a base de recursos porque todo nos lo archivaban o todo lo declaraban delitos leves. Poco a poco, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que cada vez es más permeable a los delitos de odio. Y ya no se queda en el simple insulto o en la amenaza. La sentencia de Magro es muy conocida, pero hay varias ya en este sentido de que los insultos son constitutivos, o pueden ser constitutivos si se dan determinadas circunstancias, de delitos de odio.

¿Qué se ha consolidado?

Se ha creado una importante doctrina con los delitos de odio en los que hay alguna parte de acción (un hecho concreto, unas lesiones o unas amenazas). En el discurso de odio aún nos queda camino. El choque con la libertad de expresión todavía tiene que recorrer mucha vía, porque todavía hay mucha absolución. El tipo está redactado de una manera que habla de incitar (si esto es incitación o no es, si la motivación no es y el límite con la libertad de expresión...). Todavía queda trabajo por hacer.

Además en un contexto de auge global de la extrema derecha.

Es evidente que se dan muchos factores. Por un lado, un auge de la extrema derecha en todo el mundo. Las personas que pensaban esto no es que hayan aparecido como un champiñón, había gente que no se sentía legitimada y, al ver que hay personas ejerciendo el poder que piensan estas cosas, se sienten legitimadas para determinados discursos. Y luego la herramienta de las redes sociales es un caldo de cultivo óptimo para que el que tenga estos pensamientos los vierta. Porque, además, aunque se manifiestan en redes sociales con su nombre —también es un problema el anonimato— pero incluso cuando lo hacen con su nombre (lo hacen políticos y demás), el hecho de enfrentarse a una pantalla y no a una persona, como que envalentona al autor y dice cosas que a lo mejor cara a cara no diría.

De hecho, ese límite con la libertad de expresión ha propiciado absoluciones como la del expolicía Ricardo Ferris, que expuso sus tesis racistas en un acto público de Vox.

Está pendiente del recurso de casación de la Fiscalía. El discurso de odio es más complicado. Sí que obtuvimos una sentencia favorable en el caso del encargado de redes de España 2000 (por relacionar la viruela del mono con la homosexualidad), que también está pendiente del recurso interpuesto por él.

¿Las tesis de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol podrían ser constitutivas de un delito de odio?

Vamos a ver, estas cosas hay que pensarlas mucho. Es lo que siempre decimos: ni todo el odio es delito de odio ni ni siquiera para cometer un delito de odio hay que odiar. Cuando dicen 'es que no es una persona racista', no, no se le juzga a nadie por ser racista, se le juzga por haber hecho una manifestación racista. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un discurso que no está esparciendo ninguna noticia ni ningún hecho que haga que la gente odie a la selección francesa o a los integrantes de la selección francesa. Creo que habría que pensarlo mucho, pero tiene un difícil encaje en el delito de odio; que no quiere decir que no sea un acto discriminatorio de racismo y reprochable, por lo menos a nivel moral desde luego, y tal vez a nivel político.

¿Cree que ha mejorado el panorama del racismo en los estadios de fútbol?

Igual es que soy muy optimista, pero a raíz de esa sentencia los clubes se han cuidado mucho más. Han visto que la Ley del Deporte es dura con ellos, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio, aunque los hechos no sean constitutivos de delito de odio o no se encuentre a los autores. Y, por la cuenta que les trae, tanto los clubes, como las entidades deportivas, como por otro lado los propios aficionados yo creo que se cortan más. Y, por otro lado, creo que también se es mucho más colaborador con la justicia cuando ven que ocurre algo así. De hecho, hay una causa abierta que es por la actividad de un periodista que, como aficionado, fue el que interpuso la denuncia [contra los gritos racistas de un aficionado en el estadio de Mestalla].

La Ley del Deporte es dura con los clubs, con cosas que antes parece que se miraba hacia otro lado les cierran el estadio

¿Qué problemas plantean las redes sociales en relación con los delitos de odio?

Con las redes sociales los problemas que tenemos son varios. Primero, el anonimato. Porque hay gente que pone sus posts con su propio nombre, pero realmente ni X, ni ninguna red social, no te pide más que un correo electrónico (y el correo electrónico Gmail, por ejemplo, no te pide tampoco una identificación). Sobre todo tenemos un problema procesal, que es el de la competencia: quién es competente, cómo nos vamos a dirigir a Facebook o a X, cómo nos van a responder (que normalmente no responden o son muy remisos a responder). Es muy difícil obtener la información y claro, ahí tenemos unas dificultades tremendas, y además la justicia tiene sus tiempos, porque nuestra justicia es garantista —afortunadamente— pero la instantaneidad de las redes sociales es mucho más rápida que si obtenemos un mandamiento de entrada y registro o de cierre de una cuenta.

Muchas sentencias de delitos de odio incluyen un curso sobre igualdad. ¿Por qué se incluye este tipo de cursos?

Es muy importante y el problema que tenemos aquí en València es que encontramos muchos problemas para ver dónde y quién realiza este curso. En el caso de la violencia de género, que sería un caso parejo al ser obligatorio para dar la suspensión de la pena, ya hay unos lugares concretos a donde ir, pero en el caso de los delitos de odio (que está previsto, pero no es obligatorio) es una condición que se puede poner. Nosotros la ponemos, además por acuerdo de las jornadas de fiscales delegados en las que así se estableció. Lo pedimos, pero muchas veces nos encontramos con verdaderos problemas a la hora de ejecutarlo y esto tendría que implementarse, porque el único sitio donde hay uno que está claramente definido es en la prisión. Y si no entran en prisión, es difícil que hagan el curso. Y si hacen el curso para evitar la prisión, es difícil que vayan a la prisión

¿Cómo se ha resuelto en la práctica?

Aquí en Valencia no está acabando de funcionar, estamos encontrando problemas en cada caso y, a veces, hay que buscar o improvisar una solución de que vaya a tal sitio o de que vaya a tal otro. Pero habría que implementar un recurso concreto que fuera automático

¿De dónde nació la idea de publicar el ensayo Contra el odio?

Me lo propuso Manolo Gil, que es mi editor en muchos de los libros que he escrito desde hace tiempo. Además, para la editorial era un cambio por completo de registro. Primero por el idioma (Vincle siempre había publicado en valenciano) y luego por el tema del ensayo (no tenían una colección) y por el formato.

Esta realidad muchas veces si no la ves, no la crees

Se pensó en un formato que fuera asequible, que no fuera un ensayo para profesionales, sino que estuviera destinado a cualquier persona, que la pueden leer los juristas (y seguro que les viene bien), pero sobre todo está pensada para personas no juristas, para que cualquiera entienda estas ideas que parecen esenciales, pero no siempre se saben: que no cualquier persona que odie está cometiendo un delito de odio o que no se juzga el racismo, sino que se juzga el acto racista. Para que se conozcan también esta realidad, que muchas veces si no la ves, no la crees.

“Estoy muy avergonzado por las palabras de nuestro expresidente”. Esa es la frase que se puede entrever en la breve conversación captada por las cámaras de La Sexta entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante los actos por el día de Francia que se han celebrado este martes en París. Sánchez se refería así a la polémica provocada por el expresidente Mariano Rajoy cuando el viernes, en su artículo sobre el último partido de la selección española, alabó a la selección francesa aunque después dijo que jugaba “sin franceses” por su color de piel.

Varios ministros franceses han expresado en los últimos días su malestar con el expresidente español. El más rotundo fue el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien aseguro que “es una estupidez, racismo, o una mezcla de ambas”.

Para el ministro francés del Interior, Laurent Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó el ministro francés en una entrevista en la televisión BMF TV en la que fue preguntado por las palabras de Rajoy, que afirmaba en su columna que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Sobre sus palabras, el ministro francés dijo que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”. “Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la República”, añadió el ministro francés.

Otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también salieron al paso de las palabras de Rajoy. En su caso afirmó que “los resbalones racistas repetidos son insoportables” y mostró su orgullo por la selección francesa. “El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos: una Francia que gana, que se atreve, que juega en equipo, que resiste en la adversidad. Un equipo que amamos y que nos enorgullece”, subrayó después, antes de señalar que “es hora de que cesen —estos resbalones racistas— y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio”.

Esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha criticado las declaraciones racistas de Rajoy. “Es algo muy grave andar señalando quién es ciudadano de un país o quién no y señalar por el color de la piel quién puede ser ciudadano y quién puede no serlo. Encubre cosas no solamente hirientes para un país, sino muy muy peligrosas”, ha asegurado.

“No podemos tolerar nada que ni de cerca ni de lejos encubra y lleve dentro de él el veneno del racismo y la xenofobia. Son enfermedades gravísimas del alma. Suelen ser una mezcla de estupidez y odio, pero precisamente por esa doble carga son terriblemente corrosivas y al final lo que hacen es poner en peligro lo más precioso que tiene un país y una sociedad, que es la convivencia”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.