El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según Bárcenas. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

Turno para las víctimas de la operación Kitchen. Este lunes declaran en el juicio el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, objetivos principales del operativo diseñado presuntamente en el Ministerio del Interior para arrebatarles pruebas de la financiación irregular de la formación que presidía Mariano Rajoy. Una pregunta coronará la declaración de Bárcenas: ¿Existe la grabación realizada por él al expresidente del Gobierno hablando de la caja B del PP?

Bárcenas ha ofrecido versiones contradictorias sobre el audio. La periodista Marisa Gallero publicó en enero de 2016 un libro con el título Bárcenas: la caja fuerte. En él se afirmaba que el extesorero del PP había grabado a Rajoy, una vez había estallado el caso Gürtel, en una reunión en la que el primero entregaba a su jefe 4.900 euros de sobresueldo y una copia con las anotaciones de la caja B que el presidente del partido habría destruido en su presencia. 

Luis Bárcenas mantuvo esa versión hasta que el 29 de mayo de 2018, en el periódico El Mundo, negó que existiera la grabación. El contexto es importante. Bárcenas estaba a punto de ingresar en prisión por su condena del caso Gürtel, pero mantenía la esperanza de que su mujer, Rosalía Iglesias, nunca llegara a pisar la cárcel. Creía que estaba en la mano del partido en el Gobierno, el PP. Tres días después triunfó la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Rosalía Iglesias pasó tres años en la cárcel.

Con posterioridad, Bárcenas regresó a la versión inicial. Tanto a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como al juez García Castellón, les trasladó que las grabaciones existían, que fueron borradas de la nube porque el PP se prestó a negociar con él, pero que guardó otra copia, en un pendrive. Se trataría de la grabación sustraída por la brigada política en el marco de la operación Kitchen.

En el juicio del caso de la caja B, en 2020, Bárcenas aseguró que la grabación recoge cómo él entrega los apuntes de la caja B a Rajoy y este, “espantado”, le reprocha que conste ese material. Según aquel relato de Bárcenas, Rajoy cogió los papeles, se giró en su silla y los destruyó en la máquina que para tal efecto tenía detrás. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: “El señor Gómez Gordo [próximo a Cospedal y acusado en Kitchen], que se los llevó, debería aportarlos”.

La Kitchen en prisión

Esas supuestas grabaciones son uno de los misterios del caso Kitchen que la instrucción, prematuramente cerrada por el juez Manuel García Castellón, no pudo aclarar. En la última jornada del juicio afloró el pasado jueves de nuevo el asunto con el testimonio de un preso de Soto del Real al que Bárcenas habría ordenado esconderlas para, quizá, luego destruirlas. Sin embargo, las contradicciones de Isidro Sánchez, el antiguo recluso, no ayudaron a descifrar el enigma. 

Sánchez es de nacionalidad colombiana y presume de tener conocimientos informáticos. En el juicio explicó que el chófer de los Bárcenas entregó 5.000 euros a un amigo suyo en libertad para que cuando él saliera de permiso alojara en la ‘nube’, concretamente en el espacio del que dispondría una cuenta de correo electrónico previamente creada, un material relacionado con el anterior trabajo de Bárcenas, esto es, el de tesorero del PP. En fase de instrucción, Sánchez había contado otra cosa: que el encargo era únicamente para borrar el rastro de Rosalía Iglesias en noticias negativas de Youtube, un trabajo adicional, según afirmó el pasado jueves. 

El presunto espionaje en la cárcel a Bárcenas reúne algunos de los episodios más intrigantes de todo el caso Kitchen. Los funcionarios de Soto del Real dieron cuenta de la incautación a Isidro Sánchez de una nota donde supuestamente Bárcenas había escrito: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso…”. 

El entorno de Bárcenas no reconoce la letra del tesorero en esa nota, Sánchez ha declarado dos veces que a él no le incautaron nada, el director de la prisión reconoció el hallazgo en el juicio y, para rematar, el informático colombiano se llama Isidro, no Álex. Una nota interna de la prisión añade que Isidro Sánchez presumía de tener un socio ruso en el exterior también con altas habilidades informáticas. 

¿Tuvo en su poder Isidro Sánchez la supuesta grabación de Rajoy y la destruyó? Todos los testimonios confluyen en que la respuesta es no. Sánchez ha declarado que fue detenido después de pasar la primera noche del permiso penitenciario durante el cual iba a hacer el trabajo. Unos policías se presentaron en el hotel donde se alojaba porque tenía una requisitoria pendiente por otros delitos distintos a su condena. Se lo llevaron a Plaza Castilla y de ahí a la cárcel de vuelta. No pudo salir más en un año y medio. 

Fuentes jurídicas aseguran que la requisitoria no condujo a ningún enjuiciamiento posterior de Sánchez. Un policía ha declarado en el juicio que la reclamación saltó en el sistema cuando el hotel informó de los alojados esa noche, entre ellos el colombiano. Pero él añade que esa mañana firmó en dependencias de la Guardia Civil y que si hubiera tenido algo pendiente no habría salido libre del cuartel. 

Por otra parte, Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, declaró ante el juez de instrucción que sus agentes siguieron a Sánchez desde que puso un pie en la calle, a la salida de Soto del Real, porque él había sido avisado del permiso. En las agendas de Villarejo, Sánchez aparece como “colaborador” entre una maraña de anotaciones con el nombre de otros presos compañeros de Bárcenas. Todos estos interrogantes provocan una confusión tras la que se oculta la supuesta grabación de Mariano Rajoy confesando la caja B. Una grabación de la que hablaban también en las grabaciones El Gordo y Villarejo, pero que nadie ha escuchado. 

Declaración del agente 81.067

Durante la sesión del lunes está prevista también la declaración de Manuel Morocho, uno de los testimonios más adversos para la mayoría de los acusados. En fase de instrucción Morocho relató las presiones y chantajes que sufrió para que el caso de la caja B, que él investigaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, no afectara a la cúpula del PP. Esa declaración sostiene, por ejemplo, la imputación de José Luis Olivera. 

Pero la importancia para la causa de la declaración de Morocho radica en que el policía certificará que todos los seguimientos y maniobras sobre la familia de Luis Bárcenas no estaban destinados a localizar el dinero del extesorero u otras pruebas contra él en el caso Gürtel, sino que perseguía únicamente limitar los efectos que la investigación de Ruz en la Audiencia Nacional tuviera contra el PP, poniendo fuera de su alcance pruebas del dinero negro en la formación política. 

Lo bueno de contar con un nutrido grupo de comisarios para vigilar y cuidar los intereses del partido es que es raro que te lleves una sorpresa. No solo cuando están cometiendo los delitos en su caso, sino también, y esto es lo más importante, cuando se investigan. Son gente acostumbrada a enterrar los cadáveres en lugares donde no pueden ser encontrados. En sentido figurado, que no es que los hayan enterrado en el desierto que rodea Las Vegas.

El juicio de Kitchen inició el lunes las declaraciones de los testigos con la declaración del responsable de la investigación policial de la operación con la que el Ministerio de Interior intentó impedir que el caso Bárcenas dañara al PP. Se trataba del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. No hubo ninguna gran revelación, pero sí la confirmación de hechos que tienen un valor superior cuando se hacen ante un tribunal que cuando la gente los lee en los medios de comunicación.

Pocas frases más relevantes de esa investigación que un audio grabado por José Manuel Villarejo, el hombre que grababa a todo el mundo, de una conversación que tuvo con el comisario Enrique García Castaño. El primero le dice al segundo que el objetivo es encontrar “los papeles que pudieran comprometer al presidente”, según explicó Fraga al tribunal. Ellos mismos estaban revelando sus verdaderas intenciones y desde luego ni se planteaban revelar esas pruebas a un tribunal.

El inspector confirmó el contenido de los informes policiales que desvelaron conversaciones entre los acusados. Por eso, pudo confirmar que los sospechosos se referían a Mariano Rajoy con el alias de El Asturiano o El Barbas. El testigo mencionó una conversación de Villarejo con el abogado Javier Iglesias –vinculado al PP y apodado El Largo, esta banda contaba con muchos alias– en la que le pedía que hiciera algo de presión sobre El Asturiano para que solucionara un conflicto interno en la Policía.

“Mandó mensaje a Raj” es otra anotación hecha por Villarejo en una evidente referencia a Rajoy.

La primera cita sobre El Asturiano se refiere a alguien con capacidad para cesar a altos cargos de la Policía, por ejemplo al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Rajoy no era el único que podía decidir ese cese. Una conversación de Villarejo con Ana Rosa Quintana dio otra pista. El comisario resumió a la presentadora de Telecinco en qué había consistido la Operación Kitchen y le contó que El Asturiano era el mote que utilizaban para Rajoy.

Entre los indicios que han llevado a este juicio están los informes redactados por el inspector Fraga, en los que los audios de Villarejo indican que la operación policial contra Bárcenas, ocultada a los jueces, fue coordinada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del Ministerio, “con conocimiento de El Asturiano y de El Largo”.

La instrucción realizada por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional ni siquiera llamó a declarar como testigo a Rajoy a pesar de estos indicios y de las frecuentes referencias al entonces presidente del Gobierno hechas por los miembros de la trama. En el juicio, Rajoy sí tendrá que comparecer como testigo el 23 de abril con la obligación de declarar la verdad. Por tanto, no debería soltar frases tan falsas como “no hay ningún tribunal que haya afirmado que hubiera una caja B del PP”, lo que dijo en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso.

El inspector jefe tuvo la oportunidad de confirmar varios hechos aparecidos en los informes de Asuntos Internos sobre Sergio Ríos, uno de los personajes tan estrafalarios como peligrosos que protagonizan el juicio. Ríos disfruta del tipo de currículum que podía interesar a Villarejo para los negocios sucios. Por eso, fue colocado como chófer de la familia Bárcenas con el fin de contar con un topo que pudiera facilitar información sobre el tesorero del PP y hacerse con documentos molestos para el partido.

El pasado de Ríos es de nota. Fue portero de prostíbulo y esa experiencia le debió de valer después para hacer de guardia de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto malogrado de Esperanza Aguirre para levantar numerosos edificios para la Administración de Justicia que solo pudo construir uno. A partir de ahí, demostró su valor para el PP. Fue chófer del vicepresidente madrileño Francisco Granados, que acabó en prisión preventiva por un caso de corrupción.

La trama de Kitchen lo enroló para la causa. Sea por lo del prostíbulo, el tiempo que pasó como segurata privado o por las películas que vio de pequeño, Ríos quería entrar en la Policía, lo que a su edad le quedaba un poco lejos. Pero había que complacerle para que cumpliera su misión de espía en la familia Bárcenas. Por eso, los de Kitchen lo metieron en la Policía sin importarles sus malas notas en los exámenes de acceso. Entre ellos, se contaron que así lo tendrían más controlado. “Dicen que meten a Ríos en la Policía Nacional para tenerlo trincado”, explicó el inspector de Asuntos Internos en el juicio.

El inspector también confirmó que entre los favores concedidos a Ríos estaba uno muy singular. El nivel de impunidad con el que se manejaban Villarejo y otros mandos policiales llegaba al punto de que le entregaron un arma a Ríos sin que se sepa muy bien para qué la necesitaba. Y no es que le buscaran un revólver de calibre reducido. Adquirieron una pistola Glock por 700 euros en una armería de Madrid y le dieron la correspondiente licencia de armas.

Ríos cobró 44.000 euros entre 2013 y 2015 de los fondos reservados en todo el tiempo que trabajó para la trama de Kitchen. El fiscal pide para él más de ocho años de prisión.

El juicio ofrece un contraste llamativo con las acusaciones habituales del Partido Popular a Pedro Sánchez de querer interferir en el funcionamiento de la justicia con el fin de favorecer a su esposa y a su hermano. Eso es exactamente lo que intentaron hacer los miembros de la cúpula policial cuando pretendían localizar “los papeles” de Bárcenas que perjudicaban a Rajoy.

Kitchen es un caso de corrupción política por la red de espionaje montada en beneficio del PP. También es un caso de corrupción económica por el presunto uso ilegal de los fondos reservados. Aunque algunos hayan llamado “policía patriótica” a este grupo de políticos y policías, es probable que su única patria sea la del dinero.

El que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde la semana pasada solo es uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España, todos ellos impulsados desde el Gobierno de Mariano Rajoy y que elDiario.es recoge en un documental Las tres guerras sucias del PP. En el caso de Kitchen, que es lo que se está juzgando en el citado tribunal, se investiga cómo distintos mandos policiales utilizaron medios públicos para tratar de tapar casos de corrupción vinculados al PP como el caso Gürtel.

Además de Kitchen, desde el Gobierno de Rajoy se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Por otro lado, cuando en 2014 irrumpió en el panorama político Podemos, esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

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Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria no haber tenido conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.

Si Luis Bárcenas llegó a ser un día “ese señor del que usted me habla” para Mariano Rajoy, el expresidente ocupa hoy un lugar parecido en el discurso de su partido. En pleno juicio de la causa contra la guerra sucia del PP para destruir pruebas de su caja B, en Génova intentan ahora marcar distancias con el hombre que estuvo al frente de un Gobierno en el que su Ministerio del Interior organizó y ejecutó una operación con fondos públicos reservados para tapar su propia corrupción y con el que han contado políticamente hasta hace menos de un mes para la campaña electoral de Castilla y León.

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Esa fue la respuesta oficial que se limitó a ofrecer este lunes la dirección de los populares en boca de su vicesecretario general, Juan Bravo, que evitó mojarse más ante la pregunta específica de la prensa sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen tras ser señalados por Bárcenas. Bravo se limitó a pedir “respeto” al procedimiento judicial y a esperar “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”, sin atisbo de mano en el fuego por sus compañeros de filas.

“El PP tiene una posición clara: que la Justicia actúe con independencia y los culpables paguen por los delitos”, insistió el dirigente del PP, que hizo hincapié en establecer un cordón sanitario con un Partido Popular que, a su juicio, ya no existe. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción. El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa. Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, zanjó Bravo ante las preguntas de la prensa tras dar a entender que su partido ya pagó por la corrupción el precio que tenía que pagar: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”.

Esa estrategia de los populares de intentar desvincularse ahora de Mariano Rajoy y su legado de corrupción supone, en realidad, un volantazo de última hora en toda regla. Porque el expresidente no es, ni mucho menos, un denostado para los de Feijóo, que han contado con él activamente para la última cita electoral de Castilla y León. Y que le otorgó un papel destacado en el último congreso del partido el verano pasado, cuando Rajoy llegó a reivindicar su mano dura contra la corrupción entre la ovación de su partido.

“Cuando nosotros tuvimos problemas, nos juntamos y lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que hay un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial. Esa es la diferencia, unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil”, dijo Rajoy entonces respecto a su balance como gestor de escándalos.

En mitad de la cascada de noticias sobre la socialista Leire Díez y su presunta implicación en intentos de chantaje, el político que encargó a Jorge Fernández Díaz ponerse al frente de la Policía y la Guardia Civil llegó a hablar de un escándalo “nunca visto” en España. “Una destacada militante socialista arropada por el secretario de Organización de su partido, creando un sindicato de intereses con personajes de dudosa condición para organizar campañas de desprestigio contra jueces, fiscales y guardias civiles... yo por lo menos, no lo había visto. Es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”. Su ministro del Interior se enfrenta ahora a una pena de 15 años de cárcel por organizar un grupo parapolicial que fabricó pruebas falsas contra rivales políticos e intentó destruir las pruebas de la histórica corrupción del PP conocida como ‘caso Gürtel’ que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas.

Sobre nada de ello se pronunció este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guardó silencio incluso en sus propias redes sociales tras participar en el Comité de Dirección de su partido. Los populares sí se volcaron, en cambio, en el otro gran juicio de la semana contra la corrupción del PSOE por el conocido como 'caso mascarillas', que tiene en el centro de la trama al exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama.

El PSOE pide imputar al PP

Mientras, la acusación popular que ejerce el PSOE solicitó este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han permanecido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación de los socialistas, aportó el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. Aunque el contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de esos audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Con estas palabras ha respondido este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, a la siguiente pregunta específica de una periodista: “Quería saber si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen y a quienes ha señalado el señor Bárcenas”. Bravo ha evitado respaldar a esos dos exdirigentes de su propio partido y se ha limitado a pedir “respeto” para la actuación de los tribunales. Coincidiendo con el inicio del juicio de Kitchen que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, Bravo ha pedido “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”.

“El PP tiene una posición clara, que la Justicia actúe con clara independencia y los culpables paguen por los delitos”, ha añadido Bravo en una rueda de prensa en la que en su intervención inicial ha hablado de la “semana judicial” sin ni siquiera mencionar el de Kitchen, que sienta en el banquillo de los acusados a un exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, a un secretario de Estado del Ejecutivo de Rajoy como Francisco Martínez, y que llevará a declarar como testigos al propio expresidente del Gobierno, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal o a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

“Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción”, ha dicho Bravo, que ha querido remarcar que “el PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa”. “Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, ha zanjado el vicesecretario popular ante las preguntas de la prensa. Además, ha dado a entender que su partido ya pagó por la corrupción: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”. 

Ayuso: “Son situaciones totalmente diferentes”

Unos minutos antes y en otra comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había querido diferenciar este lunes los dos macrojuicios que comienzan esta misma semana. Del de Kitchen, que investiga la operación del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP para ocultar los llamados papeles de Bárcenas, Ayuso ha dicho que “actualmente el PP quien lo preside no tienen nada que ver”. “Estamos hablando de hace 13 años”, ha dicho.

En cambio, sobre el juicio del caso Mascarillas que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dicho que “se investiga la corrupción de este Gobierno”, en alusión al de Pedro Sánchez. “Son situaciones totalmente diferentes”, ha insistido, en rueda de prensa.

Bravo también se ha referido extensamente a este último caso. “Los españoles vuelven al trabajo y los de Sánchez a los banquillos”, ha ironizado. Según ha dicho, con el juicio sobre el caso Mascarillas el Tribunal Supremo “dirimirá las responsabilidades de una corrupción que los españoles han vivido en directo”. “El clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel”, ha dicho.

Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

El vendaval de casos que afectan a la empresa zaragozana Forestalia, y que dio lugar a una macrooperación policial el pasado martes, ha acabado salpicando a muchas administraciones tanto autonómicas como estatales. Un protagonista destacado ha sido el Gobierno central en la etapa del popular Mariano Rajoy: de hecho, el subdirector general detenido fue designado en la etapa de Isabel García Tejerina como ministra.

Este es solo uno de los vínculos del PP de Rajoy con Forestalia. En concreto, fue en febrero de 2017 cuando la entonces titular del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ascendió al funcionario Eugenio Domínguez al puesto de subdirector general de Calidad Medioambiental, un nombramiento discrecional para un puesto de libre designación.

Ahora, la Guardia Civil acusa a Domínguez de amañar supuestamente permisos medioambientales para favorecer proyectos eólicos y fotovoltaicos promovidos por Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas mediante sociedades interpuestas.

Fuentes del Ministerio −ahora para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico− aseguran que, al llegar al Departamento en el verano de 2018 en sustitución de la popular García Tejerina, la socialista Teresa Ribera solo relevó a los altos cargos del Ministerio, y matizan que los subdirectores generales no son considerados altos cargos, tal y como consta en la normativa estatal.

Eugenio Domínguez permaneció en su puesto hasta su jubilación en el verano de 2023, cuando el Ministerio le convirtió en asesor para colaborar en el complejo traspaso de los asuntos. Desde entonces no ha habido ningún contacto entre el Miteco y él, aseguran fuentes del Departamento.

Forestalia es conocida por haber fichado a excargos políticos de los principales partidos. Uno de los más destacados ha sido el de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo con Mariano Rajoy entre diciembre de 2011 y abril de 2016, cuando se vio obligado a dimitir tras aparecer en los Papeles de Panamá.

Fue dos años después de dejar su puesto ministerial cuando Soria pasó a colaborar con Forestalia para llevar a cabo trabajos “puntuales”, según ha manifestado la compañía.

La irrupción de Forestalia, en 2016

Hay que recordar que la irrupción de la compañía zaragozana en el sector se produjo precisamente hace diez años, cuando en enero de 2016 copó en la práctica la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria al frente. En 2017 volvió a repetirlo con una segunda subasta pública, entonces con Álvaro Nadal como ministro del ramo. En la mayor parte de los casos, la mecánica de Forestalia ha sido promover los proyectos para venderlos más tarde a otros operadores.

Justo un año más tarde surgió una nueva polémica. En la primavera de 2018 fue relevado de su puesto un funcionario que ocupaba la plaza de director del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que tenía al frente a Ángel Val, en la actualidad director en funciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el Gobierno de Jorge Azcón.

Esta persona llevó su despido a los tribunales y en la demanda denunció el “acoso” al que le sometieron tanto del subdelegado del Gobierno en Zaragoza como el propio delegado, Gustavo Alcalde, por no acelerar expedientes relativos a tres parques eólicos ligados a Forestalia −en concreto, a la firma Forestalia Vigilancia Ambiental SL−.

En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón al empleado público. “Nos hallamos ante un nombramiento de funcionario regido por los principios de concurrencia, mérito y capacidad, y que exige de una razón cognoscible, explicable y controlable que justifique el cese”, explicó el tribunal. Pese a que la Administración justificó en “una deficiente tramitación de los expedientes” el relevo, el TSJA consideró que esta afirmación no estaba “sustentada”. Al contrario, continuó el fallo, “si hubo alguna motivación del cese lo fue interna de los órganos administrativos que lo proponen y aceptan”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este próximo sábado en Ávila el primer gran acto de apertura de campaña electoral (del 27 de febrero al 13 de marzo) para apoyar la reelección de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy también participarán en algunos actos programados por el PP de Castilla y León dentro de una campaña que será clausurada el 13 de marzo en Valladolid con la presencia de Feijóo y Mañueco, quienes horas antes de su inicio estarán este viernes en Vitigudino y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Eslogan

Con el eslogan 'Aquí, certezas', la presidenta del Comité de Campaña, la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha desgranado este lunes en Valladolid los ejes de una campaña durante la que Feijóo visitara las nueve provincias de Castilla y León.

Más de 110 actos han programado los populares para explicar en todo el territorio autonómico las 1.031 medidas con que el PP aspira a seguir gobernando en Castilla y León, lejos de ruidos, enfrentamientos y de la 'política espectáculo': “Vamos a hablar de lo que interesa a las personas”, ha recalcado Blanco.

Cinco caravanas recorrerán la comunidad autónoma del 27 al 13 de febrero encabezadas respectivamente por Feijóo; Mañueco; líderes nacionales y representantes de otras comunidades autónomas cuyos nombres no ha detallado; consejeros de la Junta de Castilla y León; y la última formada por candidatos, diputados provinciales y alcaldes.

Aval de gestión

“Queremos visitar y llegar hasta los 2.248 municipios en una campaña de cercanía, pegada al territorio y que piensa en las personas, con un balance de gestión que nos avala y el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas donde mejor se vive”, ha precisado Blanco.

Desde esa gestión, ha proseguido, “queremos mantener lo que ya hay y trabajar para consolidar el resto de indicadores” más allá del trabajo realizado en Educación y Asuntos Sociales, aspectos en los que Castilla y León es referente nacional, y también de un sistema sanitario “que es el segundo mejor valorado por los usuarios”, ha apostillado.

Ruido y espectáculo

Y todo ello, ha proseguido Blanco, lejos “del espectáculo en que se ha convertido la política durante los últimos tiempos, un mal espectáculo que es lo que crea esa desconfianza y desconexión con los políticos”, porque “nosotros no queremos ruido y enfrentamientos sino certezas que se construyen con medidas y propuestas”, ha remachado.

En este contexto ha inscrito Isabel Blanco ha inscrito el lema electoral de 'Aquí, certezas', cuyo significado ha remitido “a un proyecto, una realidad: no venimos a experimentar, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo, con seriedad, rigor y responsabilidad”.

“Esto va de Castilla y León, de la vida real, de lo que importa a las personas y a las familias, de lo que sostiene una familia, una casa un pueblo...” y en un territorio, ha añadido, “donde sí importan las distancias y donde los servicios públicos pegados al territorio son una realidad que mantener, consolidar y potenciar”.

Por último, respecto a las encuestas publicadas desde diferentes instancias, se ha limitado a decir que el PP “espera ganar en las urnas” y no en los sondeos, y que la del CIS “es muy poco precisa” al establecer 'horquillas' de resultados de hasta diez puntos, un excesivo margen en su opinión.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que ha seguido y seguirá si vuelve a gobernar el “sabio consejo” del expresidente Mariano Rajoy, en el sentido de que “a los extremistas de uno y otro lado no se les gana con más extremismo, sino con moderación, seriedad y generando confianza”.

Durante la presentación del libro “El arte de gobernar”, de Mariano Rajoy, en un acto organizado por el diario El Norte de Castilla en la Casa de la Música del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, Mañueco ha reiterado sus críticas hacia el PSOE y Vox.

En el caso de los socialistas, Mañueco ha incidido en que el modelo de gestión que pretenden aplicar en Castilla y León es “el de su líder”, como se ha referido al ministro de Transportes y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente: “Dicho queda”.

En el caso de “otra formación”, en referencia a Vox, Mañueco ha afirmado que “o no quiere o no sabe gestionar”, ya que ha asegurado que “se fueron del gobierno dejando el trabajo a medias y tirado, especialmente a sus votantes”.

Frente a estas posiciones, Mañueco ha asegurado que su partido ofrece “un balance de gestión eficaz” y un proyecto para el futuro. Sobre Rajoy, Mañueco ha reconocido que le admira y siente un “afecto personal” por alguien que es un “referente político” del que ha agradecido “mucho su apoyo y sus sabios consejos”.

En opinión del candidato del PP, con el título del libro de Rajoy como referencia, “hoy más que nunca el arte de gobernar es imprescindible” porque existe “desconfianza” hacia la política en un contexto “lleno de ruido, relatos cocinados, cortinas de humo y polémicas forzadas”.

Para Mañueco, “el arte de gobernar es todo lo contrario a lo que estamos viviendo” en España, ya que ha argumentado que lo que piden los ciudadanos actualmente es “concordia, diálogo, asentar el bien común y no el insulto continuo, ni más muros”.

“Quieren que nos ocupemos de la política de la cosas y no de las cosas de la política”, ha planteado para citar uno de los pasajes del libro de Rajoy.

Javier López Madrid vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El empresario será juzgado a partir del lunes en el caso Villarejo, concretamente en la pieza que investiga la contratación por su parte del comisario, cuando estaba en activo, para que acosara a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal. La Fiscalía no presenta acusación porque considera que no hay pruebas del pago al policía mientras que la representación de Pinto solicita seis años de cárcel para él, otros tantos para Villarejo y cuatro para el socio de este último, Rafael Redondo. 

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El anterior juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó auto de apertura de juicio oral en octubre de 2023. En la resolución, el juez exponía que en el verano de 2013, López Madrid entró en contacto con Villarejo a través de Donato González, presidente de Societé Generale, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal con María Elisa Pinto Romero”. En la causa constan documentos incautados al policía en los registros practicados durante su detención con las evidencias de que en esas fechas elaboró notas sobre Elisa Pinto en las que se refería a López Madrid como “K”, la letra que utilizaba Villarejo para aludir a los clientes de sus encargos.

García Castellón destacaba un episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en el despacho profesional de la doctora acompañado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo. El empresario, según la grabación del encuentro, advierte a Elisa Pinto que la Policía está detrás de ella y que ha dejado “rastro” de que es la responsable de las llamadas amenazantes que asegura están recibiendo él y su entorno. En aquel momento no había ninguna investigación policial abierta, ni contra Elisa Pinto ni contra Javier López Madrid. 

Durante 2014, el comisario “se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, con fines privados”, señala el auto de García Castellón. Villarejo habría realizado “seguimientos”, intentado impedir que la doctora denunciase al empresario por acoso, “empleó medios policiales para desacreditar a la mujer”, “accedió a su información privada sin autorización” e intentó “interferir” en la investigación policial, continúa el juez. 

Ayudado por la cúpula policial del PP, que lo protegía, Villarejo intentó escapar de la rueda de reconocimiento en la que la doctora lo reconoció como el hombre que la había pinchado mientras le tapaba la boca y le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. 

No solo Villarejo: policías al servicio de López Madrid

El auto del juez se detiene en un aspecto que transformó el caso y convirtió un conflicto entre particulares en una trama de corrupción policial: la “estrecha relación” que, según los guardias civiles que analizaron el teléfono de López Madrid, este mantenía con un grupo de destacados mandos policiales. García Castellón citaba al ex jefe de la unidad de “fontanería” de la Policía, Enrique García Castaño, y a Alberto Carba, comisario que rehizo la investigación para responsabilizar del acoso a la denunciante. Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid, ascendido por el actual Ministerio del Interior. En ese teléfono también estaban los mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid después de que se publicaran las pruebas de sus gastos con la 'tarjeta black' de Caja Madrid y cuando estaba investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

A excepción de Enrique García Castaño, aquejado de las graves consecuencias de un accidente cardiovascular, los policías que mantuvieron relación con López Madrid declararán como testigos en el juicio. A Carba hay que sumar el que entonces era jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y para el que Anticorrupción solicita 15 años de cárcel en el caso Kitchen. 

Por el juicio por acoso a la mujer irán prestando su testimonio una parte importante de los miembros de aquella brigada política, procesados en el caso del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Es el caso de José Luis Olivera, también procesado en Kitchen y detrás del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. O Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. 

En la causa constan numerosos contactos telefónicos entre López Madrid y Villarejo, así como un audio incautado al comisario que fue grabado el 26 de enero de 2017. En el mismo, Villarejo dice: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

El comisario basará su defensa en denunciar la contaminación de toda la macrocausa que lleva su nombre, un montaje según él para quitarle de en medio con el CNI como gran urdidor. En enero de 2018, tres antiguos directores operativos de la Policía, bajo cuyo mando trabajó Villarejo, remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional defendiendo la legalidad de la figura del policía “encubierto”. Esos tres ex DAO están llamados a declarar como testigos en el juicio que empieza el lunes a petición de Villarejo. La duda radica en cómo defenderán, si es que lo hacen, al comisario. Cuando han tenido que comparecer con posterioridad a presentar los escritos, ya fuera en fase de instrucción o en un juicio oral, han matizado mucho ese apoyo. 

Por su parte, la defensa de Javier López Madrid defenderá que nunca supo que Villarejo era un policía en activo cuando contactó con él a través del presidente de Societe Generale, que declarará como testigo, porque se lo presentó como un “ex policía”. Esta es la principal baza de la defensa si se atiende al desarrollo de otras causas del caso Villarejo, en las que el comisario, sorprendentemente, ha sido absuelto de cohecho bajo el argumento de que no se sirvió de la condición de policía para elaborar los dosieres que vendía a sus clientes privados. Asimismo, López Madrid defiende que no hubo “encargo”, solo una consulta insatisfecha, y que nunca pagó un euro al comisario. 

La proximidad de las fechas señaladas para los juicios a López Madrid devuelven a primer plano el ruido de la cloaca. Según desveló elDiario.es, el comisario jubilado Jaime Barrado, primer investigador del caso de acoso, acudió en octubre pasado a la Guardia Civil a denunciar el intento de soborno por parte de otro comisario jubilado, que estaría cumpliendo un encargo de López Madrid para Barrado contribuyera a que la dermatóloga retirara la acusación que se dirimirá en el Juzgado de lo Penal en febrero y el juicio no llegue a celebrarse.  

El hecho de que el juicio en la Audiencia Nacional, con mejores perspectivas para López Madrid y Villarejo que el que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, arranque antes responde a una maniobra de la defensa del empresario que alegó razones médicas de uno de sus abogados y retrasó más de un año su inicio. 

La 'chapuza' de García Castellón

El 27 de octubre de 2023, el entonces juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón dictó auto de apertura de juicio oral, pero el caso aún viviría varios vaivenes antes del juicio que empieza el lunes. En febrero de 2025, la Sala de lo Penal rectificó la decisión del magistrado y ordenó el archivo de las actuaciones. Alegaba que la acusación particular, en este caso la doctora Pinto, no podía actuar por un delito como el cohecho, cometido contra la Administración pública. Al no acusar la fiscalía ni participar acusación popular alguna el juicio no debía celebrarse. 

Pero apenas un mes después, la propia Audiencia Nacional daba un nuevo giro al caso. La máxima instancia del tribunal especializado, la Sala de Apelación daba un rapapolvo a García Castellón por haber permitido que la doctora ejerciera la acusación particular y transformaba su condición a la de acción popular, ordenando que el juicio se llevara por fin a término. 

Como testigo también declarará Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica, a quien López Madrid envió la dirección exacta de la doctora Pinto, según consta en los mensajes recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario tras su detención en el caso Lezo. “He estado con los hackers que llevan los temas de policía”, le decía De Pedro. 

Javier López Madrid fue condenado por las tarjetas Black, absuelto –como el resto de los acusados en la causa matriz de Bankia– y aún tiene pendiente dos juicios por corrupción en el marco de los casos Púnica y Lezo. El juicio por acoso a la doctora hasta el martes, 20 de enero. El 4 de febrero arrancará en un juzgado de Madrid la otra vista por el acoso y la agresión con arma blanca contra Villarejo y el empresario. 

El comisario jubilado José Luis Olivera declaró como testigo el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016. Durante su comparecencia, Olivera intentó justificar que el órgano de coordinación que él dirigía, sin competencias operativas, recibiera de no sabe quién una información sobre un político aforado y decidiera trasladarlo a la Fiscalía Antidroga, sin valorar que la historia revestía todos los ingredientes de una patraña. También dijo que no sabía que la persona a quien acusaba un supuesto confidente de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña era cofundador de Podemos y eurodiputado. “Tuve que entrar en fuentes públicas, en Wikipedia, para saber quién era”, afirmó ante el juez.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Olivera, que se prolonga durante más de una hora. Las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, evidencian las dificultades del representante Ministerio Público para creer la versión del comisario, que intenta enmarcar en todo momento su actuación, y la de sus subordinados, en casi un trámite rutinario.

Olivera repitió que a él, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le vino todo dado. Su historia se resume en que un policía sin identificar decide saltarse los cauces de relación entre unidades y le da a un amigo suyo, que trabaja en el CITCO, una información sobre la supuesta venta de droga por un destacado responsable de Podemos. Los subordinados de Olivera redactan una nota informativa, que no firman, acompañada del testimonio de un confidente. Según la versión del exdirector del CITCO, él se habría limitado a firmar los escritos que envió a la Fiscalía Antidroga. “¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo tiro a la papelera? ¿Me llega el papel y no se lo doy a la Fiscalía?”, intentó justificarse ante el juez Santiago Pedraz. 

Un semestre de furia en las cloacas

El montaje de la cocaína arrancó en enero de 2016, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015. Hasta junio, Podemos soñó con superar al PSOE y alcanzar triunfante la Moncloa. Los resultados de los comicios de invierno de 2015 y algunas proyecciones demoscópicas espoleaban esa aspiración. Fueron en esos meses cuando los resortes del Ministerio del Interior controlado por el PP se emplearon a fondo para evitarlo. 

José Luis Olivera es un personaje relevante en la historia reciente de la cloaca policial, la que fue heredada del franquismo o creció en la transición. De gran proyección durante la etapa del PSOE –fue el primer jefe de la UDEF y responsable de casos como Malaya o Gürtel–, el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy apenas hicieron mella en su carrera. Pegado a la cúpula del Ministerio, Olivera participó en las tres grandes maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el Gobierno de Rajoy: protagonizó el primer episodio conocido de la operación Cataluña, se sentará en el banquillo por la operación Kitchen y su rastro reaparece en las maniobras contra Podemos, incluido el montaje de la cocaína contra Urbán. 

El extracto que reproduce a continuación elDiario.es permite escuchar en boca de su principal protagonista la maniobra para sostener una investigación a Miguel Urbán y extenderla a Podemos y una supuesta financiación irregular. El comisario se presenta como un mero vehículo, accidental por el puesto que ocupaba, para investigar la historia supuestamente inventada por un confidente. 

Urbán fue investigado durante meses por unidades especializadas anticorrupción, contra el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía Antidroga y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El órgano que abrió diligencias, la Fiscalía Antidroga tuvo que cerrar sus diligencias ante la inexistencia del más mínimo indicio de delito. Los policías no llegaron donde pretendían y, a diferencia de otras maniobras contra Podemos, el Ministerio del Interior no filtró el montaje a la prensa afín.

José Luis Olivera acudió a la Audiencia Nacional como testigo a petición de Podemos, que ejerce la acusación particular junto a Pablo Iglesias. El PSOE actúa como acusación popular y había pedido que se imputara al policía, pero Pedraz no se enteró de la solicitud y ordenó continuar la declaración de Olivera en calidad de testigo. El comisario jubilado no podía negarse a responder. Hay episodios de la maniobra que dijo no recordar, pero de otros habló con detalle. Por ejemplo, dio el nombre del pub de Malasaña donde se habría producido la transacción de droga –Nueva Visión, cerrado desde la pandemia– o el nombre y el apodo de su dueño –Felipe, Johnny en el barrio–. 

Nuevos señalados y la sombra de Villarejo

Entre los datos que Olivera llevaba preparados figuran los números de carnet profesional de los dos subordinados que asegura que manejaron la información sobre el falso tráfico de drogas. Un inspector jefe, al que otro policía le habría regalado el soplo, y el comisario que tenía por encima y que estaba a las órdenes directas de Olivera. Ambos declararán como testigos el 22 de enero. El día antes lo hará la principal víctima del montaje, Miguel Urbán.  

El testimonio de Olivera salpica a otros habituales de la guerra sucia que investiga el juzgado de Pedraz. El comisario explicó que su jefe directo era el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, imputado en la causa de las maniobras contra Podemos, y que no recordaba bien, pero que lo lógico es que le hubiera comentado la investigación contra Urbán. 

Por otra parte, en la agenda incautada al comisario Villarejo aparecían alusiones a la confección por su parte de notas informativas sobre el “pitufeo” de Podemos. Una nota sin firmar que acusa al partido de utilizar ese método para blanquear a través de pequeñas cantidades fue remitida por Olivera a la Fiscalía Antidroga como un intento de extender la investigación desde Urbán al partido. “Con el señor Villarejo probablemente comentaría algo porque tenía fuentes, muchas fuentes, pero muchísimas fuentes en muchos sitios y de muchos temas”, afirmó en el juzgado Olivera a preguntas del abogado de Podemos.

Entre las preguntas del fiscal y las de las acusaciones van surgiendo las contradicciones en el testimonio de Olivera. En primer lugar, el comisario jubilado retuerce el Real Decreto de creación del CITCO para justificar la actuación con Urbán en el marco de sus competencias. Sin embargo, el CITCO es la evolución de un órgano que se creó a raíz del 11-M para evitar las duplicidades de investigaciones entre cuerpos policiales y que si dos servicios de Información están siguiendo un mismo objetivo salte una alarma y dirimir en su seno de quién es la competencia. 

Cuando el Real Decreto dice que debe “recibir, integrar y analizar informaciones” no se refiere a chivatazos disparatados de tráfico de drogas por parte de políticos en activo sino a aquellos que “sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva” en relación con el terrorismo y el crimen organizado. 

Como reconoce el propio Olivera, el CITCO no tiene policías o guardias civiles en la calle trabajando con fuentes y pagando confidentes, ni un policía le debe decir a un amigo que tiene allí que se ha enterado de que Miguel Urbán trafica con drogas. El procedimiento de incorporación por las unidades operativas de la información que tienen a las bases de datos del CITCO está perfectamente tasado.

Olivera respondió al fiscal que no sabía quién era Miguel Urbán cuando recibió la primera información sobre su supuesta información en el tráfico de drogas. Pero llegado el turno del abogado de Iglesias, este le recordó que para cuando había dicho que miró en Wikipedia una nota en su poder, de fecha anterior, ya indicaba que era europarlamentario. Fue entonces cuando Olivera modificó su versión y dijo que lo que hizo fue confirmar en Internet la identidad del político.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional están imputados, por ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad Martínez y un grupo de mandos que integraron la brigada política del PP, en este caso contra Podemos, así como el inspector jefe Antidroga que rastreó a Pablo Iglesias con la justificación de que integraba el “círculo más cercano” del investigado por narcotráfico Miguel Urbán. Un exsenador de Podemos que militó en ETA durante el franquismo también fue rastreado con la misma excusa. 

Los testimonios y documentos recabados durante la instrucción, que arrancó en febrero de 2024, anticipan nuevas imputaciones en el ecosistema político y policial de la cloaca del Partido Popular. 

La escena tuvo lugar el pasado 3 de julio y ha permanecido inédita hasta ahora. En la Audiencia Nacional declara un inspector jefe de la Policía antidroga porque su clave figura en una búsqueda sobre Pablo Iglesias en marzo de 2016, en plena furia de la brigada política contra Podemos para evitar que alcance el Gobierno. El mando asegura que introdujo el nombre de Iglesias porque se estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán, en un caso de narcotráfico –un burdo montaje cuyos detalles ofreció elDiario.es– y que “siempre” indaga en “el entorno más cercano” de los sospechosos. Es entonces cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, le pregunta si se actuó igual cuando el caso Gürtel. “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, contesta el policía.

El vídeo de la declaración, que hoy reproduce elDiario.es, condensa en apenas unos segundos el espíritu de las maniobras policiales contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ya fueran independentistas catalanes o miembros de Podemos. Los mandos policiales intentan enmarcarlas en la normalidad de su trabajo de investigación y niegan cualquier consigna política, pero los hechos les desmienten. En el primer semestre de 2016, entre las elecciones del diciembre anterior y las de junio de ese año, se concentraron la mayoría de informaciones periodísticas falsas sobre Podemos que recogían informes policiales sin firma, sello ni fundamento. 

Una de esas maniobras recibió el nombre de Operación Cardenal. A partir del supuesto testimonio de un confidente, uno de los miembros de la brigada política al servicio del Partido Popular, el comisario José Luis Olivera, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir unas diligencias de investigación por la venta de 40 kilos de cocaína por parte de Miguel Urbán en un pub de Malasaña con la confesa intención de financiar a Podemos. La cúpula policial consiguió implicar a la unidad especializada Antidroga, la Udyco. Uno de sus inspectores buscó información de Pablo Iglesias con el argumento de que el líder de Podemos era “el entorno más cercano” del “líder” de la organización de narcotráfico, el entonces eurodiputado Miguel Urbán. 

La investigación de la guerra sucia a Podemos a partir de una querella presentada por el partido permitió descubrir una larga lista de consultas policiales sobre miembros de la formación, la mayoría parlamentarios. La Unidad de Asuntos Internos obtuvo que una de esas búsquedas se produjo en el marco de la Operación Cardenal, la fantasiosa historia de la venta de cocaína por Urbán. El 3 de julio pasado, el entonces inspector que realizó la búsqueda de Pablo Iglesias acudió a declarar como imputado al juzgado que dirige Santiago Pedraz. 

El fiscal González Mota preguntó al policía si existe “un protocolo” que señale que si se investiga la financiación de un partido a través del narcotráfico hay que consultar las bases policiales en busca de antecedentes de su líder. “No, yo actué como actúo con el resto de actuaciones, se investiga el entorno más cercano a ver si están involucrados. Pero a mí nadie me dice 'tienes que mirar a esta persona' o a otra”, respondió el inspector jefe. 

El fiscal quiere saber qué le llevó a pensar que, de acuerdo a una supuesta venta de cocaína de Miguel Urbán, sería conveniente comprobar si Pablo Iglesias tenía antecedentes. “Yo consulto los datos de don Pablo Iglesias porque cuando yo veo que es Miguel Urbán el que supuestamente las diligencias de investigación señalan como el líder o el que realiza el pase de 40 kilos de cocaína, como se hace en el resto de investigaciones, se mira el entorno más cercano. Como es cofundador de Podemos, están Pablo Iglesias y otras personas. Se actúa de la misma manera con otras investigaciones y como he actuado durante nueve años”, contestó el policía. 

La defensa del agente pidió el archivo de la causa contra él tras la declaración y el juez Pedraz la acordó. Pero la acusación particular, que ejerce Podemos, recurrió la decisión y la Sala de lo Penal ordenó al magistrado que volviera a imputar al inspector jefe de la Udyco. De esta forma, el policía Antidroga se sumó al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y otros mandos que integraron la brigada política del PP.

Una de las conversaciones que dio origen a la causa en la Audiencia Nacional fue intervenida en el caso Kitchen entre Martínez y el comisario Enrique García Castaño cuando el político pide antecedentes de los parlamentarios de Podemos por WhatsApp y el policía le responde que la búsqueda ha dado resultado negativo. “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta”, escribió en Whatsapp Martínez. Otro de los investigados en las bases de datos a partir del montaje de la cocaína fue el senador Josetxo Arrieta, condenado por el franquismo en relación con su actividad en ETA y acogido a la amnistía de 1977.

Al descartar la existencia de un protocolo que justificara la búsqueda sobre Iglesias, el fiscal González Mota avanza por otra vía: confirmar si es una práctica habitual investigar a los líderes de los partidos cuando hay sospecha de delito en alguno de los miembros de la formación, en este caso desde una unidad contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso pregunta al agente si sabía de la existencia del caso Gürtel en 2016. A continuación es cuando González Mota lanza: “¿Sabe usted si se investigó la ficha policial de Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, responde el inspector jefe. 

En los últimos días, el juez Pedraz ha ordenado una batería de diligencias que impulsan el caso de la guerra sucia contra Podemos. El 21 de enero declarará en la Audiencia Nacional la víctima del montaje de la cocaína, Miguel Urbán. Un día después lo harán dos mandos policiales a los que José Luis Olivera, el artífice del montaje, señaló durante su declaración como testigo. Ambos eran subordinados suyos en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (CITCO) en 2016.