El Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa se unen para llevar a cabo una campaña en defensa del zumo de naranja 100% exprimido frente a la creciente desinformación alimentaria. “Nada más que zumo. Nada menos que zumo”, es una iniciativa desarrollada por Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), Agriconsa, Anecoop y el Comité de Gestión de Cítricos con el apoyo de la Generalitat y en esta ocasión, con la participación de la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de la jornada se ha presentado el informe Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, y han contado con la presencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Àngels Ramón-Llin quien ha insistido en que “no se trata solo de defender un producto, sino de defender la verdad, la salud pública, el empleo rural y una cadena de valor estratégica para la Comunitat Valenciana”.

En este informe pionero sobre desinformación alimentaria, se aborda el papel que constituye internet como principal fuente de consulta de información respecto a prácticamente cualquier tema, pero en concreto sobre la salud, afectando a la percepción que tenemos sobre ciertos alimentos e incluso modificando nuestros hábitos de consumo.

En los últimos años, ha habido una democratización de la información, hay más acceso a conocimientos sobre salud y nutrición que nunca, pero esto –como ocurre con frecuencia en internet– tiene dos caras: una más positiva y otra más negativa. Esto se debe a que la viralidad de los contenidos no depende de la rigurosidad o la calidad del contenido, sino que responde más bien a una lógica de espectacularización.

En un entorno digital marcado por una competencia constante por captar la atención del usuario, los titulares simplistas y sensacionalistas tienen como único objetivo captar la atención del lector. En esta batalla, el algoritmo premia la emoción y no el rigor científico, lo que genera un entorno de ruido en el que la información veraz y contrastada se pierde en una marea de desinformación y bulos. El resultado es una tremenda dificultad para el usuario a la hora de distinguir los datos veraces de los erróneos, lo que genera una sensación de incredulidad y desconfianza constante ante cualquier información.

A lo largo de la jornada se ha destacado el papel que juegan los llamados “foodfluencers polarizantes” en la construcción del discurso sobre la alimentación en redes sociales. Estos perfiles se caracterizan por priorizar el impacto y la viralidad por encima del rigor informativo, utilizando con frecuencia mensajes simplificados, provocadores o incluso alarmistas para captar la atención del público. Por supuesto, no todo es ruido, en el ecosistema de influencers alimentarios existen voces con formación científica que utilizan las plataformas para contrarrestar la desinformación, pero estos perfiles suelen tener un alcance menor.

El problema es que todo esto no se agota en el entorno virtual, sino que trasciende a la pantalla e influye en los hábitos de consumo de la población. De esta forma un sector tan importante como es el sector citrícola –principal subsector agrícola de la Comunidad Valenciana– se ve profundamente afectado a nivel internacional, por los bulos que circulan en redes sociales sobre el zumo de naranja, equiparándolo incluso con las bebidas enérgeticas: “el zumo de naranja ha sido descrito casi como agua con azúcar o más próximo a una golosina que a un alimento saludable”.

España es el 6º productor mundial de cítricos y se posiciona el 1º en su comercialización. De esta forma, la industria del zumo constituye un papel fundamental puesto que entre el 15% y 20% de la producción cítrica no puede venderse en fresco y el zumo permite dar salida a esa producción. El Comité alerta de un descenso de hasta un 30% en el consumo del zumo de naranja 100% exprimido debido a los efectos de los bulos difundidos en torno a este producto.

Además, el sector citrícola desempeña una importante función medioambiental basada en los principios de la economía circular, ya que de la naranja se aprovecha prácticamente todo su contenido. No solo se utiliza la pulpa para el consumo y el zumo para la industria alimentaria, sino también la corteza y la cáscara, que pueden deshidratarse y destinarse a otros usos industriales. De este modo, se reduce el desperdicio y se maximiza el aprovechamiento del recurso.

Ramón-Llin también ha subrayado que el zumo “no pretende sustituir el consumo de fruta entera, aunque sí formar parte y complementar una alimentación equilibrada dentro de una dieta saludable”. Asimismo, señalan la importancia de recordar que, por normativa, el zumo de naranja 100% natural no puede contener azúcares añadidos. Este aspecto resulta clave para combatir la confusión frecuente entre este tipo de producto y otras bebidas azucaradas, ya que en muchos debates públicos se tiende a equiparar ambos sin tener en cuenta sus diferencias legales y nutricionales. La legislación alimentaria europea establece claramente esta distinción.

Frente a la presencia de afirmaciones no respaldadas por datos científicos, la confusión sistemática en torno al concepto del azúcar y, en definitiva, una tendencia generalizada a simplificar y descontextualizar la evidencia científica, –especialmente en lo relativo al papel del zumo de naranja 100% exprimido– la iniciativa “Nada más que zumo. Nada menos que zumo” nos ofrece una serie de recomendaciones, entre las que destacan: la importancia de entender el marco normativo, desconfiar de los titulares alarmistas y consumir fuentes plurales.

No es que no fuera esperable dada la polarizante realidad de esta época, pero ver cómo el apagón, un evento meramente técnico, se ha convertido en un artefacto de la batalla cultural y política no deja de apenarme profundamente y nos muestra lo tóxico que se ha convertido nuestro debate social.

Dejen que les cuente la última muestra de esto. Hace unos días aparecí en el programa de TVE 'Se nos ha ido de las manos', para el que fui entrevistado hace un tiempo. El programa trata el apagón desde un punto de vista desenfadado y se focaliza mucho en los bulos y la desinformación que siguió al evento, dado el perfil de su presentador, Carles Tamayo. Esto, por supuesto, ha soliviantado a algunos propagandistas disfrazados de divulgadores que se han visto indirectamente interpelados por sus bulos posteriores al apagón y, como reacción, han soltado alguna embestida en redes sociales contra el programa. Ver tus acciones comparadas con los bulos sobre el parking de Bonaire después de la dana de Valencia obviamente no es del agrado de nadie. 

El otro día un amigo me mandó un tuit de la cuenta de TVE en X donde se compartía un trocito del programa en el que aparecí. Hace año y medio que no participo en aquella siniestra plataforma, pero entré para ver qué era y, por curiosidad, me puse a leer los comentarios. Cuando te desinfectas de X y ya solo entras puntualmente, la sensación que te provoca es como si estuvieses viendo una película de zombis de serie B: Todo se ve falso, excesivo y con un punto ridículo. El cuñadismo premium, la violencia gratuita o ver cómo los pocos que no tienen una cuenta anónima hunden su imagen participando en la turba violenta, no deja de ser antropológicamente curioso. Sin embargo, X sigue siendo relevante en el debate público, de ahí el enorme esfuerzo y dinero invertido para dominar lo que se ve en ella. Negarlo sería autoengañarse.

Volviendo al tuit, los comentarios eran tremendos. Una turba atacaba al programa por ser “propaganda sanchista”, por estar mintiendo y atacaban a los que participamos por, según ellos, “blanquear” al gobierno, a REE y ¡¡a la CNMC!! El 95% de los comentarios era pura bilis, pero me fijé más el 5% restante, aquellos que pretendían rebatir lo que defendíamos los participantes, todos profesionales del sector de la energía, que era que a las renovables se las había responsabilizado injustamente del apagón y que no fueron las responsables. Con estrategias propias del ilusionismo y la prestidigitación, pretendían defender que, aunque las renovables no tenían permitido controlar tensión por la regulación vigente entonces, eran de alguna manera las causantes. Algunos de estos comentarios debían de estar hechos con IA: “Hazme una argumentación que parezca convincente para acusar a las renovables de ser las responsables del apagón a pesar de no haber podido controlar tensión”.

Ustedes imagínense que mañana hay un gran incendio que se descontrola y arrasa decenas de miles de hectáreas. Y que después de la extinción, el Gobierno hace una ley que permite que las policías locales de España puedan ser movilizadas contra los incendios. Pues bien, para estas personas la culpa del incendio y su descontrol la tendrían las policías locales. No las administraciones, ni la falta de medios, ni los incendios de nueva generación, el cambio climático o las condiciones adversas. No, la culpa sería de las policías locales que no podían ir a ayudar. Este era el mejor argumento de los comentarios. Imagínense el resto. 

No perdería ni un céntimo si apostase a que ninguno de los comentaristas en X se habrá leído las 470 páginas del informe de ENTSO-E, ni quizá tan solo una parte de ellas. La inmensísima mayoría de ellos no tenía siquiera el criterio técnico más básico sobre un sistema eléctrico, pero esto no se trata de hechos, se trata de fabricar un relato. Por haber, había hasta una nota de la comunidad “validada” que negaba lo que decíamos los tres especialistas que estábamos allí y que, por supuesto, era equivocada y estaba mal referenciada. Lo de las notas de la comunidad es un invento fantástico para engañar a la gente simulando un fast check que, en el fondo, no es más que la autovalidación de los propios prejuicios de los comentaristas. Es el doble bulo: el del comentario y el de la supuesta validación.

Esta anécdota, de la que fui consciente de casualidad, es un ejemplo del intento de fabricación de una verdad alternativa sobre el apagón. Esto no ha salido de los usuarios anónimos de esa red social, sino que es producto de toda la desinformación, bulos y medias verdades interesadas que se llevan diciendo desde el mismo día del apagón, cuando aun no se sabía nada, pero recordemos, ya había gente diciendo que sabían lo que había pasado. Esa gente mentía entonces y sigue mintiendo ahora al defender su propio relato, de ahí su desairada reacción hacia el programa.

Lo que pasó el día del apagón se conoce casi al milímetro, está en los diferentes informes que se han ido conociendo. No fueron las renovables, no fue la falta de inercia, no fue que hubiese pocas nucleares ni que hubiese demasiadas renovables ese día. Eso es falso y ha sido demostrado reiteradamente por todos los informes. Quien diga lo contrario está mintiendo y quien haga trilerismo con los hechos está intentando manipular. El apagón fue un evento en cadena, por tanto, multifactorial, con 17 factores que contribuyeron a la cascada de incremento de tensión y a que no se pudiese controlar. Hay cuestiones de regulación desactualizada, eventos inesperados, centrales que no cumplieron con sus obligaciones y desconexiones inadecuadas. Lo que no hay por ningún rincón de ningún informe es un exceso de renovables.

Durante este año hemos visto como, con el apagón, se ha utilizado el manual sobre cómo difundir desinformación: Medias verdades, uso de mitología previa, falsos expertos en los medios, uso del miedo para coaccionar a la sociedad y paralizar los cambios, informes pagados, bombardeo con información anecdótica para generar un estado de ánimo, expertos “sugeridos” por interesados en los medios, filtraciones maliciosas, y, sobre todo, la gran estrategia para ganar una batalla por el relato: Ser el primero en presentarlo, aunque no tengas evidencia alguna. 

Aun así, dos tercios de la población no se ha creído que las renovables sean las causantes, según una encuesta reciente. A veces los buenos también ganan. A pesar de X.

“Se puede decir Begoño. No es ningún delito”. Canturreando esas palabras en un vídeo para su canal de Telegram, la agitadora ultra Pilar Baselga celebraba que este pasado lunes la Justicia la absolvía, en una sentencia que aún se puede recurrir, de un delito de injurias por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esa breve publicación, que posteriormente ha eliminado, Baselga aparece sentada en su coche y después de saludar a sus seguidores comienza a decir: “Hemos ganado, se puede decir Begoño, no es ningún delito”, para luego añadir antes de lanzar un beso a cámara: “No hay condena en costas, ni multa, no hay nada. Absolución total”. Ya para terminar continúa cantando: “Begoñooo se puede decir, y no es delito, no es delito. He ganado, he ganado”.

La denuncia venía a raíz de unas declaraciones que la agitadora había realizado en el programa Los intocables del canal Distrito TV, donde aseguraba que Gómez era transexual, que había nacido hombre y que además estaba implicada en “una cuestión de narcotráfico en Marruecos”. Palabras que aludían a varias informaciones falsas compartidas en redes sociales y que tras la intervención de Baselga se viralizaron aún más entre sus miles de seguidores.

La jueza de la causa, Beatriz Suárez Martín, en su sentencia absolutoria, indicó que 'Begoño' no es un término “de por sí solo injurioso” y el cual ampara “por el prevalente derecho a la crítica o al humor satírico. En este sentido, según escribe, solo podría ser condenada si los ”términos fueran desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida.

Por todo ello, las palabras de Baselga no habrían “menoscabado el honor de la querellante”, lo cual hace que “los hechos declarados probados no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal, y deben ser considerados atípicos”. Además, la jueza aseguró que al no haber contado con la declaración de Begoña Gómez no se cuenta “con un relato personal y directo, que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación” y que por eso no puede saber si las expresiones de la agitadura “lesionaron su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

En el juicio, Baselga sostuvo que no era su intención calumniar a la mujer de Pedro Sánchez y se disculpó si algo de lo que dijo fue “desafortunado”. A su vez, se excusó asegurando que su intervención en el programa se basó en informaciones que había leído en otros medios y que fueron fruto de la “improvisación”.

Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar objetivamente si se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha trasladado este martes un mensaje de “tranquilidad” ante el proceso de regularización de migrantes iniciado en España: “Hasta el 30 de junio hay tiempo”. En el segundo día en el que se pueden realizar los trámites de forma presencial (en La Rioja en las oficinas de Correos y en la Oficina de la Seguridad Social), Arraiz ha recordado que, desde el pasado 16 de abril, también se pudo iniciar de forma telemática.

El día de ayer, ha relatado, transcurrió con “normalidad” en las oficinas en las que se puede realizar de forma presencial; si bien en los ayuntamientos se produjeron colas para solicitar la documentación (empadronamiento y certificado de vulnerabilidad). Son los ayuntamientos, ha reconocido, los que están “soportando la mayor presión” en estos momentos. No obstante, ha rechazado hablar de caos: “Son los pasos iniciales de un proceso muy esperado en este país, de justicia; y, por lo tanto, es normal que la gente en estos primeros días acelere para conseguir toda la documentación”.

A este respecto, ha querido “dar las gracias a los ayuntamientos que están colaborando y que están, con todo el esfuerzo, participando de este procedimiento”. “Porque es cierto que no es fácil, pero seguramente en los próximos días, también, vaya normalizándose”, ha añadido.

Los bulos sobre el proceso de regularización

La delegada ha querido aclarar, también, “dudas que pueden ir surgiendo durante este proceso”, empezando por señalar que no es cierto que haya cupos establecidos de solicitudes. “Hay ciertos bulos que dicen: no es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo quedas fuera; no, no es cierto, todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá autorización”, ha relatado.

Con respecto a las colas en los ayuntamientos, “tranquilidad”, porque “es cierto que está habiendo esa presión, pero otros días también hay filas para otros trámites”. “Son momentos un poquito delicados y lo único que puedo pedir es cierta tranquilidad”, ha dicho. Con respecto a que se están cobrando servicios, ha entendido que hay profesionales que pueden ayudar en la gestión de estas ayudas y “algunos probablemente estén, incluso, abusando un poco de este hecho”.

Ante esto, ha instado a acudir a las entidades sociales que están colaborando, por ahora en esta comunidad Comisiones Obreras y el Movimiento por la Paz (MPDL) que “asesoran, ayudan y acompañan”. Un registro de entidades colaboradoras que está abierto y que, ha avanzado, se irá ampliando para facilitar el proceso.

Luis Carandell recogió, en uno de sus libros, la célebre respuesta que José María Gil Robles, al frente de la derechista CEDA, a un diputado en el Congreso español, que le espetó, en 1934, “su señoría es de los que todavía llevan calzoncillos de seda”. “No sabía que su esposa fuera tan indiscreta”, replicó con sorna.

¿Qué se hizo de aquel ingenio y de aquellos oradores, en un tiempo y en un mundo en el que el arte del exabrupto sustituye a Demóstenes en la conversación pública? El insulto sustituye al argumento, a la patraña se le llama post-verdad y el supuesto mantra de los indios del western que Javier Krahe utilizó en una canción contra el felipismo, se extiende a todas las esferas del poder y no sólo a la política en sentido estricto: Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.

Los embustes de Pericón eran alta literatura comparados con la barahúnda de medias verdades o de mentiras completas que no sólo se extienden por las redes sino por los medios de comunicación que tienen el derecho y el deber constitucional de preservar la veracidad. Telecinco tendría que reponer urgentemente La máquina de la verdad, de Julián Lago, para acordarnos de qué se suponía que era eso en los años 90 del pasado siglo. ¿Imaginan a Miguel Ángel Rodríguez, al Pequeño Nicolás, a José Luis Ábalos, a Cristóbal Montoro, al rey emérito o al comisario Villarejo entre sus nuevos concursantes?

Nos hemos acostumbrado a que algunos líderes políticos digan algo y lo contrario en menos que canta un gallo: “¿Ha visto alguien lo mal que lo está haciendo España? Sus datos económicos, a pesar de que apenas contribuye algo a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendos. Es triste verlo”, acaba de soltar Donald Trump a través de sus redes. Sólo que, hace menos de un año, cuando pretendía que nuestro país aportara un 5% al mantenimiento de esa misma plataforma militar, utilizaba el argumento contrario: “La economía española es buena (…) Lo están haciendo muy bien”.

El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral

En El Arte de la Guerra, Sun Tzu sostiene que «toda guerra se basa en el engaño», con el propósito de manipular la percepción del enemigo para ganar sin luchar, aparentando debilidad cuando se es fuerte, inactividad cuando se mueven tropas, y cercanía cuando se está lejos. Goebbels elevó dicha máxima a la enésima potencia. La propaganda –que es una de las fórmulas sublimes del engaño– llevó al Tercer Reich a aniquilar a seis millones de judíos y a medio millón de gitanos, entre otras etnias, en su caso ideológicas, como izquierdistas, demócratas o simplemente cristianos o musulmanes –tártaros o bosnios, aunque a estos últimos los etiquetaban como raza aria–. El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral.

También llama a engaño la estupidez. Hace unos días, en las jornadas taurinas de Algeciras –en las que participaron en otro tiempo aficionados de la talla de Francisco Brines, Almudena Grandes, Eduardo Mendicutti, Darío Jaramillo, Felipe Benítez Reyes o Carlos Marzal–, apareció un tal Antonini de Jiménez, youtuber de profesión, ferviente seguidor de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal, que llegó a proclamar, sin despeinarse, que “si Noelia [Castillo] hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor”, aludiendo a la joven de 25 años que optó por la eutanasia tras un largo proceso judicial y un largo sufrimiento privado.

Es difícil batir dicha plusmarca soez, pero expresiones similares siguen a la orden del día, por no hablar de las teorías conspiranoicas, tan al uso. Como diría Joaquín Sabina, no parece fácil echar margaritas a los cuerdos, en los tiempos que corren.

La lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física

Pero la lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física. Si alguien empieza por llamar imbécil a su pareja, andando el tiempo y si dicha costumbre escalase, el asunto podría terminar en una esquela mortuoria. Que los dioses nos libren que dicha causa-efecto se extienda a la cosa pública, porque estamos a pique de un repique.

Sin ir más lejos, en la exaltación de María Corina Machado que urdió la Comunidad de Madrid este fin de semana, constituyeron un clamor los gritos de “mona” o “fuera la mona”, dirigidos contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela con la aquiescencia del actual inquilino de la Casa Blanca, tras el secuestro del autócrata represor Nicolás Maduro.

La opinión pública ya está acostumbrada a descalificaciones genéricas: “aquelarre comunista”, “narcoestados”, “gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico”, “guerracivilistas populistas y revanchistas”, han llamado desde la derecha a la cumbre progresista que Pedro Sánchez convocó en Barcelona este sábado.

El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas

A Sánchez, sin ir más lejos y desde que reside en La Moncloa, le llamó Pablo Casado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” u “okupa”: “No son descalificaciones, son descripciones”, argumentó el extingo presidente del PP. El actual, Alberto Núñez Feijóo, no suele llamarle presidente –salvo a sí mismo–, pero se inventó un cargo para el líder socialista: primer ministro, que no existe en nuestro nomenclátor gubernamental. Hay quien le llama “Perro” y Díaz Ayuso, “me gusta la fruta”, pero Rosa Díez ha llegado a calificarlo como “psicópata”. Miguel Tellado ha optado, por ejemplo, por “mezquino, déspota y un cínico de manual”. El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas.

A este paso, cualquier día un diputado de Vox es capaz de subirse a la mesa del Congreso a montar un mingo y habrá grupos políticos que ni lo condenen.

También hay bocachanclas en la bancada azul. El ministro Óscar Puente es un profesional de esos excesos verbales: hace un mes, descalificó a algunos periodistas malagueños como “buleros y mamporreros de quinta”, que hacían “publirreportajes” al servicio de la Junta de Andalucía. Tras la lógica y sensata condena por parte de la Asociación de la Prensa de Málaga, en su descargo, quizá eche mano de los tres folios de insultos dedicados a su persona, que recopiló hace tiempo: entre todos ellos, no sé si decantarme por el de “cuota castellana y vocinglera de un mercado de paletos, destripaterrón a sueldo, machaca del mal, sicario del caos, castellano traidor” o “antropoide del Consejo de Ministros, que lleva el traje de simpático orangután”.

Es posible contrarrestar la mentira y desnudar las ocurrencias, pero es complicado detener la máquina de fango. Frente al insulto, quizá la única argucia sea la de insultar con mayor elegancia, pero yo no sabría cómo. Si alguien me llamase, como suele ocurrir, yayoflauta, pesebrero o vendepatrias, mi falta de oficio me llevaría tan sólo a exclamar “recáspita”. El hombre blanco hablará con lengua de serpiente, pero hay quienes no tenemos lengua bífida y eso, visto lo visto, puede resultar contraproducente.

Chulo, incapaz, listillo, bufón, desahogao, macho alfa digital, indocumentado, insustancial, tunante, patán tabernario, vocinglero, sectario, insultador profesional, dictadorzuelo, zafio, chabacano, agresivo, mingitorio, mamporrero, faltón, provocador, mediocre, necio, bruto, mezcla de vino y aguardiente, chulo, engorilado…

Respiren, que aún quedan más: bruto, arrogante, vacilón, pendenciero, fanfarrón, pitbull, rottweiler, agresivo, grosero, neandertal, follonero, cínico, sucio, gamberro, mentiroso, turbio, mastín monclovita, bulldog, bocazas, paleto, sicario, traidor, orangután, voceras, gañán, zafio, pendenciero, procaz, bocachanclas mulo, excrecencia, ponzoñoso, fascistoide, primate, gánster, matachín, corto, soez, cuentachistes, machirulo, cafre, inmundo, torpón, aniquilador, personajillo, analfabeto, sinvergüenza, chapoteador, detritus, tirano, patético, perdonavidas… 

Todo eso y mucho más se ha escrito no en las redes sociales, sino en diferentes medios de comunicación sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien con seguridad es el titular del Gobierno más denostado por la derecha política y mediática. Da igual el motivo. Le ultrajan por su habilidad para moverse por las redes sociales, por el accidente de Adamuz, por responder a las críticas, por no callar, por el estado de las carreteras, por mofarse de quienes le atacan, por plantar cara a la derecha, por recordar los mínimos exigibles del periodismo, por no arredrarse y, ahora, hasta por fabricar una página oficial para desmontar bulos.  

En las últimas 48 horas, el ministro más guerrero del Gobierno de Sánchez ha desquiciado a sus detractores porque ha habilitado en la web del Ministerio una sección para rebatir informaciones falsas o manipuladas, que él prefiere llamar bulos. ¡Sacrilegio! Y resulta que los más ofendidos son algunos de los que ejercen el periodismo, una profesión en la que cada día es más necesario distinguir entre lo que es información, lo que es manipulación y lo que es directamente mentira.

Igual que la desinformación, los bulos tienen un objetivo claro, que es agraviar a la persona afectada, distorsionar la realidad y envenenar/polarizar el debate público. Por desgracia, recorren bares y tertulias y compiten con las noticias contrastadas, lo que supone un daño irreparable no solo para la convivencia democrática, sino para el periodismo.

Leer o escuchar a quienes se llaman periodistas atacar a todo aquel que denuncia o alerta contra un veneno mortal que está matando este oficio produce tanta vergüenza como recordar que en este país un Fiscal General ha sido condenado por desmentir una mentira mientras el divulgador de la misma, que es un empleado público muy bien pagado, se permite el lujo de escribir que un tercio de los españoles, los que votan PSOE, están podridos. 

La putrefacción de un país no la genera el sentido del voto, sino que la desinformación, el bulo o la mentira condicionen decisiones judiciales y se consoliden en un ecosistema que penaliza la verdad y premia la mentira en la política y en el periodismo. Y si además, quienes se dedican a opinar o informar zarandean la conversación pública con el insulto y la insidia, la podredumbre traspasa todos los límites de lo soportable. Que haya plumas y voces del panorama mediático que se dedican exclusivamente a enlodar y deshonrar habla muy mal de una profesión que ha olvidado que se puede criticar al poder cuando se equivoca y denunciarlo cuando abusa, pero sin mentir, sin berrear y sin denigrar. 

Quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica severa y molesta, pero en ningún sitio está escrito que el derecho a la libertad de expresión ampara el insulto, la injuria o el menosprecio. Y si hay quienes dentro del periodismo se sienten ofendidos porque haya un espacio donde se desmonten bulos será porque no leyeron nunca que la Constitución reconoce el derecho “a la información veraz” o porque les mueven intereses muy espurios. Casualmente, son los mismos que en lugar de argumentar se despachan con el verbo grueso y el vituperio, pero no pierden ocasión para dar lecciones de ética periodística. 

Nos está quedando una profesión preciosa.

La Fundación Gabo ha sido distinguida con el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche', en una edición histórica al ser la primera vez que este reconocimiento se concede a una institución y no a un profesional a título individual.

El fallo del jurado se ha hecho público este lunes en la Diputación de Guadalajara, en un acto presidido por su máximo responsable, José Luis Vega, quien ha destacado el carácter excepcional de la decisión. “Es la primera vez que el premio recae en una fundación”, ha señalado, tras recordar que han concurrido 17 candidaturas.

Fundada por Gabriel García Márquez

La entidad colombiana, fundada en 1994 por Gabriel García Márquez, ha sido reconocida por su trayectoria en la promoción de un periodismo ético, innovador y de calidad, así como por su labor formativa y su contribución a hacer frente a desafíos actuales como la desinformación, los bulos o el impacto de la inteligencia artificial.

El galardón está dotado con 8.000 euros y se entregará, previsiblemente, el próximo 25 de junio en Brihuega, en la Casa Manuel Leguineche. Además, el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, será nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá.

Durante la presentación, la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá, Mayte del Val, ha subrayado la importancia de este reconocimiento por su conexión con la formación de periodistas y ha avanzado la puesta en marcha de un ciclo de conferencias centrado en el periodismo en Latinoamérica y la ética profesional.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha incidido en el valor internacional del premio y en la relevancia de la Fundación Gabo como referente en educación mediática y en la lucha contra la desinformación.

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

La secció sisena de l’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna per intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal a un periodista del digital esdiario que, sent càrrec del PP valencià, va publicar una faula contra un docent sobre la vacunació de la Covid-19. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, desestima el recurs del periodista Enrique Martínez Olmos i de l’empresa editora, El Semanal Digital SL, contra la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància número de Llíria, que va imposar una indemnització conjunta i solidària de 4.000 euros al professor de la Pobla de Vallbona i la publicació íntegra de la sentència, a més de les costes. 

El redactor de la informació sense contrastar, publicada el 2021, en plena crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus, era així mateix responsable de l’àrea de comunicació del Comité Executiu Autonòmic del PP valencià. També va ser membre de la Junta Nacional del PP i de la direcció de Noves Generacions, a més de regidor de l’equip de govern a Gaibiel (l’Alt Palància) entre el 2011 i el 2015 i candidat en llista electoral dels populars a Zarra (la Vall de Cofrents). 

El recurs sostenia que el periodista “es va limitar a transcriure” el contingut d’una nota de premsa del PP de la Pobla de Vallbona, “sense reelaboració de la notícia per part del mitjà, ni pel redactor d’aquesta, utilitzant la deguda citació de la font de procedència”, per la qual cosa s’escudava en la doctrina jurisprudencial del reportatge neutral (quan una informació dona compte de declaracions o d’afirmacions d’un tercer amb una versió determinada dels fets i sense conculcar el dret a l’honor, sempre que no conste una “manipulació injusta”, segons la doctrina del Tribunal Suprem). 

La sentència de l’Audiència de València, per contra, recorda que “es reputarà no veraç la informació que es recolze en conclusions derivades de meres especulacions, en rumors sense fonament, mancats de suport en dades objectives extretes de fonts igualment objectives i fiables que estigueren a l’abast de l’informador”. A més, també aprecia “diferències en el tractament de la notícia” en relació amb la nota de premsa del PP de la localitat. 

El mitjà va publicar la informació amb el titular “Pillat un dirigent de Compromís a la Pobla saltant-se el torn de vacunació”. No obstant això, ni l’al·ludit era dirigent de Compromís (simplement era parella d’una regidora de la formació i havia figurat en llistes municipals com a suplent) ni menys encara es va acreditar que s’haguera saltat el torn de vacunació. El periodista no va contrastar la informació amb el professor, que va estar dos mesos de baixa a conseqüència de la publicació de la fake news. 

El docent va ser convocat en l’ambulatori per a vacunar-se juntament amb la directora del centre, que tenia la condició de cuidadora d’un familiar dependent. “Preguntant a quin torn responia, no se’ls va facilitar informació, van deduir que responia al torn de docents la vacunació dels quals estava prevista per als dies següents”, afirmava la sentència recorreguda. La nota de premsa del PP manifestava que era un “membre actiu de Compromís” i l’acusava d’“aprofitar-se de la seua posició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora”. 

No obstant això, la sentència qüestiona la tesi invocada pel recurs d’apel·lació: “La comparació dels textos no permet qualificar la notícia publicada en esdiario de neutral, no sols perquè utilitza expressions com ‘pillat’ i ‘saltant-se’ que acreixen un judici crític i antisocial d’aquesta conducta, sinó també perquè la comunicació del PP, de la qual es diu que constitueix font fiable, no utilitza aquests termes i en el contingut no associa la conducta d’‘aprofitar-se de la seua condició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora’ a ‘pillat un dirigent de Compromís saltant-se el torn de vacunació’”. 

Una “conducta antisocial” en un “tema molt sensible”

“No es pot parlar de reportatge neutral quan el contingut de la notícia suposa des de la capçalera que la persona a qui afecta la notícia ha dut a terme una conducta antisocial com era saltar-se el torn de vacunació en un moment en què era un tema molt sensible”, afirma la secció sisena de l’Audiència de València.

El mitjà no es va limitar a donar compte de les declaracions d’un tercer, “sinó que les modifica per a presentar-les davant l’opinió pública com més antisocial i reprovable”, postil·la la sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer en cassació. 

L’Audiència de València comparteix la valoració del Jutjat de Primera Instància número 6 de Llíria, que va establir que el redactor “no va verificar la veracitat de la notícia”. També va concloure, després de la prova practicada, que no s’acreditava que el professor poguera haver-se prevalgut de la seua condició de parella d’una edil de Compromís per a colar-se en el torn de vacunació. 

El recurs considerava “excessiva” la indemnització per danys i perjudicis, fixada en 4.000 euros. No obstant això, la sentència de la secció sisena recorda que el docent va estar de baixa dos mesos, afectat anímicament per la publicació i la difusió en xarxes socials de la faula i per la repercussió de la polèmica en la localitat de la comarca del Camp de Túria. A més, comparteix la “moderació” de la rebaixa dels 7.000 euros sol·licitats pel docent als 4.000 euros finalment imposats.

El redactor condemnat no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la condena por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal a un periodista del digital 'esdiario' que, siendo cargo del PP valenciano, publicó un bulo contra un docente sobre la vacunación de la Covid-19. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima el recurso del periodista Enrique Martínez Olmos y de la empresa editora, El Semanal Digital SL, contra el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número de Llíria, que impuso una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros al profesor de la Pobla de Vallbona y la publicación íntegra de la sentencia, además de las costas.

El redactor de la información sin contrastar, publicada en 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, era asimismo responsable del área de comunicación del Comité Ejecutivo Autonómico del PP valenciano. También fue miembro de la Junta Nacional del PP y de la dirección de Nuevas Generaciones, además de concejal del equipo de gobierno en Gaibiel (Castelló) entre 2011 y 2015 y candidato en lista electoral de los populares en Zarra (València). 

El recurso sostenía que el periodista “se limitó a transcribir” el contenido de una nota de prensa del PP de la Pobla de Vallbona, “sin reelaboración de la noticia por parte del medio, ni por el redactor de la misma, utilizando la debida cita de la fuente de procedencia”, por lo que se escudaba en la doctrina jurisprudencial del reportaje neutral (cuando una información da cuenta de declaraciones o afirmaciones de un tercero con una determinada versión de los hechos y sin conculcar el derecho al honor, siempre que no conste una “manipulación torticera”, según la doctrina del Tribunal Supremo).

La sentencia de la Audiencia de Valencia, por el contrario, recuerda que “se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador”. Además, también aprecia “diferencias en el tratamiento de la noticia” en relación con la nota de prensa del PP de la localidad.

El medio publicó la información bajo el titular “Pillado un dirigente de Compromís en la Pobla saltándose el turno de vacunación”. Sin embargo, ni el aludido era dirigente de Compromís (simplemente era pareja de una concejala de la formación y había figurado en listas municipales como suplente) ni mucho menos se acreditó que se hubiera saltado el turno de vacunación, máxima que desmonta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El periodista no contrastó la información con el profesor, que estuvo dos meses de baja a consecuencia de la publicación de la 'fake news'.

El docente fue convocado en el ambulatorio para vacunarse junto con la directora del centro, que ostentaba la condición de cuidadora de un familiar dependiente. “Preguntando a qué turno respondía no se les facilitó información, dedujeron que respondía al turno de docentes cuya vacunación estaba prevista para los días siguientes”, afirmaba la sentencia recurrida. La nota de prensa del PP manifestaba que era un “miembro activo de Compromís” y lo acusaba de “aprovecharse de su posición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo”.

Sin embargo, la sentencia cuestiona la tesis invocada por el recurso de apelación: “La comparación de los textos no permite calificar la noticia publicada en 'esdiario' como neutral, no solo porque utiliza expresiones como 'pillado' y 'saltarse' que acrecientan un juicio crítico y antisocial de esa conducta sino también porque la comunicación del PP, de la que se dice que constituye fuente fiable, no utiliza esos términos y en su contenido no asocia la conducta de 'aprovecharse de su condición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo' a 'pillado un dirigente de Compromís saltándose el turno de vacunación'”.

Una “conducta antisocial” en un “tema muy sensible”

“No cabe hablar de reportaje neutral cuando el contenido de la noticia supone desde la cabecera que la persona a la que afecta la noticia ha realizado una conducta antisocial como era saltarse el turno de vacunación en un momento en que era un tema muy sensible”, afirma la sección sexta de la Audiencia de Valencia.

El medio no se limitó a dar cuenta de las declaraciones de un tercero “sino que las modifica para presentarlas ante la opinión pública como más antisocial y reprobable”, apostilla la sentencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación.

La Audiencia de Valencia comparte la valoración del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria, que estableció que el redactor “no verificó la veracidad de la noticia”. También concluyó, tras la prueba practicada, que no se acreditaba que el profesor pudiera haberse prevalecido de su condición de pareja de una edil de Compromís para colarse en el turno de vacunación.

El recurso consideraba “excesiva” la indemnización por daños y perjuicios, fijada en 4.000 euros. Sin embargo, la sentencia de la sección sexta recuerda que el docente estuvo de baja dos meses, afectado anímicamente por la publicación y difusión en redes sociales del bulo y por la repercusión de la polémica en la localidad de la comarca del Camp de Turia. Además, comparte la “moderación” de la rebaja de los 7.000 euros solicitados por el docente a los 4.000 euros finalmente impuestos.

El redactor condenado no ha contestado las preguntas de este diario.

Integrantes de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas acudirán este martes a la Universidad de La Rioja para informar a los jóvenes de la situación real a la que se enfrentan nuestros mayores con unas pensiones públicas que “sufren continuos ataques” y eliminar “el mito del pensionista rico”.

El portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha asegurado que esta acción es “importante” porque a los jóvenes “se les vende una realidad que no es tal”. La realidad, según ha resaltado en referencia a varios estudios, es que por cada euro destinado a pensiones, el Estado recupera 47 céntimos en impuestos como IVA, IRPF o cotizaciones. Porque “cuando una persona se jubila sigue pagando los impuestos que les corresponden”.

Por eso y ante mensajes de “la extrema derecha” que hablan de que las pensiones son “una estafa piramidal” quiere dejar claro que “eso es mentira”. Las pensiones públicas -continúa- “sostienen el nivel de consumo, actúan como amortiguador económico clave en momentos de crisis y es uno de los pilares de la economía”.

Además, Gómez ha hecho referencia al informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado por Fundación Mapfre y Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que cuantifica por primera vez cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del estado un ciudadano español según su edad y género.

“Cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”

Los datos de 2022 dibujan a las personas mayores de 55 años como una especie de “motor silencioso” y pilar central de la economía española, “representamos cerca del 34 por ciento de la población y concretamos casi el 39 por ciento de los recursos económicos totales de los hogares. También generamos el 32,8 por ciento del PIB”.

Así las cosas, indica, el grupo de 55 años en adelante está formado por 16,1 millones de personas (en 2022), “concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones públicas. Reciben 183,070 millones de euros en prestaciones públicas pero también aportan 138.173 millones de euros en cotizaciones e impuestos, lo que representa el 34,5 por ciento del total recaudado”.

Además concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones de euros), es decir, han resaltado: “Las personas mayores no solo recibimos transferencias, sino que tenemos un papel fundamental en la financiación y la estabilidad financiera de España”. Por ello, ha respondido, “cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”.

Brecha de género

Pero además también han querido hacer referencia a la brecha salarial de género en las prestaciones de la Seguridad Social. En este punto, Elena Santamaría ha explicado que “las dos terceras partes de las mujeres pensionistas cobran menos de 1.000 euros y no les llega para pagar los gastos necesarios”. Reivindica por ello “la subida de las pensiones no contributivas que no pasan, la mayoría de 600 euros mensuales; el 60 por ciento están por debajo del SMI, sobre todo en las mujeres bajo el umbral de la pobreza”.

“Necesitamos un IPC real que recoja los gastos de la cesta específica de las personas jubiladas y que se nos vuelvan a ingresar las pagas de enero, que servían para hacer frente, en alguna medida, a estos desajustes”.

Además, ha indicado, las pensiones de menos de 900 euros son recibidas por el doble de mujeres que de hombres. Pide también una auditoría de la Seguridad Social porque “queremos saber a dónde fueron a parar los millones de euros que se sacaron de las huchas de las pensiones y para qué. Sabemos que las partidas de gastos impropios desviados de la caja de la seguridad social deben ser devueltas al sistema universal que garantiza las pensiones y gran parte de la sanidad pública”.

Por su parte, Pablo Benito, también integrante de la plataforma, ha explicado que “las pensiones no nos las regalan. Hay un contrato social que lo exige”. En el año 2025 “casi el 50 por ciento de la población jubilada cobraba menos que el salario mínimo interprofesional, 2 de cada 3 jubilados menos de 1.700 euros y 3,3 millones de estas personas cobran menos de 1.000 euros. 1 de cada 10 menos de 700 euros y alrededor de un millón de personas perciben entre 800 y 900 euros al mes”.

Para Benito el problema real es “el bajo salario de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, que implican bajas cotizaciones que a su vez generarán bajas pensiones de futuro”. A su juicio, “lo que quieren hacer es una tendencia a la privatización de las pensiones públicas, algo que no funciona. Un fracaso comercial y económico”.

Este es un sistema de pensiones “en el que el beneficio es para la multinacional o empresa privada que gestiona la pensión, no les cuentan toda la verdad. Van a invertir dinero en ello pero terminarán cobrando menos de lo que han invertido”.

El año 2026 se ha comenzado hablando mucho de algo de lo que no habíamos oído hablar: la baliza. La baliza de la que hablamos es el objeto que sustituye a los triángulos del coche en caso de avería o accidente. Es un objeto, normalmente circular, cabe en la palma de la mano, y viene equipado con luz y sonido estridente para avisar al resto de conductores de que estamos ahí parados. 

En los últimos días Europa ha dado luz verde a la baliza, el PP y Vox se han lanzado contra este cambio en un discurso que nos suena, porque tiene que ver con un ataque a todo lo que suponga una cierta intromisión a la libertad individual para garantizar la seguridad colectiva. Explicamos en qué consiste la baliza, desmentimos bulos y analizamos de qué manera la ultraderecha y la derecha en España elaboran grandes teorías que afirman que el gobierno nos controla, nos somete y nos roba. Lo hacemos con los periodistas de elDiario.es Carlos del Castillo y con José Precedo.

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Pilar Baselga, la tertuliana que afirmó en un programa de Distrito Tv en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y que la involucró en casos de narcotráfico, ha señalado este jueves en el juicio que se ha celebrado contra ella por injurias y calumnias contra la esposa del presidente del Gobierno que ella se limitó a “comentar noticias publicadas”, que todo lo que dijo fue fruto “de la improvisación” y que, ahora con el tiempo transcurrido, considera que “el tono” que utilizó fue “inadecuado” si bien nunca buscó “ni injuriar ni calumniar a nadie”.

La encausada, para la que la representación legal de Begoña Gómez interesaba en el escrito de acusación una pena de dos años de cárcel y una indemnización de 100.000 euros después de que Baselga especulara con que antes de Begoña fue “Begoño”, ha respondido sólo a su abogado y ha puntualizado que el vídeo de su intervención que acabó viralizándose en redes estaba manipulado por lo que le faltaba contexto.

En su breve declaración, y tras recomendar a los periodistas congregados antes de que arrancara la vista oral que no se dejaran influir por el poder e hicieran bien su trabajo, la agitadora ha incidido en que ella sólo fue a ese programa, denominado 'Los Intocables', a opinar sobre temas ya publicados con anterioridad “en periódicos y redes”, y que lanzó sus oponiones al considerar que esos temas eran merecedores de debate y de interés público.

Cabe recordar que en ese programa, dirigido por el periodista Eurico Campano, Baselga señaló literalmente: “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño'. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”. Tras esto, aseveró que “Begoño, fue inmediatamente nombrado director de un Master de la Complutense” y llegó a sostener que también habría estado involucrada en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, señalando que “los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos”.

Tras su declaración, la titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha escuchado al representante legal de Distrito Tv, Jesús Ángel Rojo, que a lo largo del interrogatorio ha tratado de trasladar al plenario que quien decidía sobre los colaboradores de los programas eran las productoras subcontratadas, y que nunca hubo relación contractual con esta difusora de bulos. A su juicio, lo que indicó Baselga, si bien no era delictivo, no tenía cabida en el canal por deontología profesional, y ha ratificado que a los pocos días de emitir el programa procedieron al borrado de ese contenido. Con todo, ha lamentado que el asunto acabó siendo viralizado por interés “político” por medio de cortes “manipulados y editados”.

Se culpan mutuamente

Al hilo, ha explicado que también decidieron emitir un comunicado indicando que eran contrarios a manifestaciones de tal calibre y ha enfatizado que la línea editorial de cada programa depende del presentador del mismo, en este caso Eurico Campano -quien llegó a estar imputado, si bien el asunto acabó siendo archivado para él-. Finalmente, ha añadido que la cadena decidió rescindir el programa 'Los Intocables' cansados por el lenguaje soez que se utilizaba con frecuencia y que no tenía cabida en ese canal.

Por contra, Campano ha sostenido que quien dirigía el espacio no era él sino Rojo dado que él se limitaba a moderar a los tertulianos, y que el programa donde Baselga vertió ese bulo sobre Begoña Gómez era grabado, por lo que la cadena bien podía haber evitado su emisión posterior. Si bien no recordaba si reportó de las opiniones de Baselga -que no le caía en gracia- a Rojo tras el programa, sí que ha indicado que cuando soltó esos improperios trató de cortarla de alguna manera “para que no hablara mucho”. Y ha puesto el foco en que tras esa emisión, y dado el revuelo generado, se hizo un programa de rectificación en el que la propia Baselga pidió disculpas.

Tras estas declaraciones, ha llegado el turno de los peritos, que se han esforzado en desvirtuar el trabajo de contrario. Para el contratado por la asesoría jurídica del PSOE, la viralización del bulo fue evidente a tenor de la herramienta Google Trends y a pesar de que la audiencia de Distrito Tv era insignificante, y por tanto existió una huella digital permanente que dañó la imagen pública de la esposa de Sánchez. Para el perito contratado por la cadena, que ha resutaldo ser también colaborador del programa 'Los Intocables', solo valía lo que dijeran las casas de audiencias oficiales sobre la audiencia y sobre el streaming en directo del programa: Hubo poco más de 500 personas viendo el programa.

Modificación de conclusiones

Tras la batería de declaraciones testificales y periciales, el abogado de Begoña Gómez, Gonzalo Martín Fresneda, ha modificado sus conclusiones para acusar sólo por un delito de injurias y, por lo tanto, ha rebajado la petición de cárcel, dejándola en una multa de 21.000 euros (a razón de 50 euros al día durante 14 meses). Además, ha fijado finalmente la indemnización solidaria que demanda la esposa de Sánchez en 20.000 euros.

Tanto la defensa de Baselga como de Distrito Tv han impugnado el vídeo del programa como prueba suficiente dado que presenta cortes y no ofrece el contexto. Ha lamentado que no se ha tenido acceso al vídeo original, que no hay rastro de la cadena de custodia y, por lo tanto, “no destruye la presunción de inocencia”.

En el informe definitivo, el abogado de Begoña Gómez ha explicado que los hechos “son claros y no triviales”, y ha añadido que el vídeo expuesto comprende una selección de lo más gravoso, por lo que no era necesario incluir el programa completo. Por otro lado, ha recalcado que la finalidad de Baselga fue “insultante” hacia Gómez y que las acusaciones de narcotráfico eran infundadas: “Expresiones gratuitas e innecesarias”. Además, ha lamentado que la difusora de bulos indicara que solo se hizo eco de asuntos ya publicados, recalcado que nunca antes se le había denominado 'Begoño' ni se le había relacionado con delitos de tráfico de droga.

“La gravedad de los hechos se ve sostenida por datos periféricos como la rectificación del medio, la declaración de Campano que dice que fueron afirmaciones repugnantes y por la acción de Distrito Tv que retira el programa”, ha enfatizado para luego añadir que esa retirada llegó tarde porque el bulo “se extendió como una gota de aceite” y por tanto suprimir el vídeo “fue un brindis al sol, un gesto para la galería porque ya estaba en todo el universo de Internet”.

Para rematar, ha indicado que el bulo de que Begoña Gómez era transexual escondía detrás una insidia más, y es hacer creer “que Pedro Sánchez es homosexual”. La intención era difamar y contaminar el debate público y no hubo crítica ni confrontación de ideas, ha concluido.

Por su parte, la defensa de Baselga ha indicado en su informe final que dado el impacto social que tuvo el programa, los comentarios sobre la esposa del presidente del Gobierno sí eran de “interés público”. Y sobre el término 'Begoño' ha explicado que no se le puede imputar a su cliente ser la promotora del mismo ya que venía de antes.

En el turno de última palabra, Pilar Baselga ha vuelto a incidir en que no es tertuliana profesional y esta vez sí se ha disculpado: “Si alguna expresión fue desafortunada me disculpo por ello, pero una expresión discutible no se convierte en delito”. El juicio contra la agitadora ha quedado visto para sentencia.

Elon Musk puso en marcha su chat de inteligencia artificial para, según él, “buscar la verdad absoluta”. “Creo que esta podría ser la mejor vía hacia la seguridad; ya que una IA que se preocupa por comprender el universo es poco probable que aniquile a los humanos, porque somos una parte interesante del universo”, razonaba en 2023. Tres años después, ese proyecto, que tomó forma con el nombre de Grok, se ha convertido en uno de los principales motores de desinformación automática sobre la guerra que enfrenta a Israel y EEUU contra Irán.

El sistema ha difundido varios bulos graves desde las primeras horas del conflicto. Además, ha mostrado tendencia a desmentir informaciones contrastadas de medios de comunicación.

El primer gran error en este sentido ocurrió la pasada semana, tras el ataque contra una escuela para niñas en Irán en el que murieron unas 170 personas, incluyendo unas 110 alumnas. Entonces, Grok acusó a los medios de estar distribuyendo imágenes falsas de lo sucedido. La IA de Musk, que puede ser invocada para hablar de cualquier tema en X, la red social de su propiedad, aseguraba a los usuarios de la plataforma que esas capturas correspondían en realidad a un atentado del ISIS en Kabul en 2021.

“Durante horas, Grok insistió en su error y llegó a calificar de bulo las informaciones de los medios de comunicación, mientras daba por buenos mensajes de cuentas desinformativas que no aportaban ninguna prueba ni se apoyaban en ninguna fuente”, avisaron entonces desde VerificaRTVE, la unidad especializada en fact-checking del ente público.

No es la primera vez que la IA de Musk se ve envuelta en escándalos de desinformación y manipulación. Sin embargo, esta tendencia de desmentir informaciones contrastadas aumenta aún más el caos informativo en torno a lo sucedido y entorpece la labor de los profesionales sobre el conflicto. “Grok está engañando activamente a los usuarios de X y ya he perdido la cuenta de cuántas veces ha ocurrido esto”, ha denunciado Shayan Sardarizadeh, periodista de la unidad de verificación de hechos de la BBC.

“Los vídeos de una avenida en Teherán en llamas que, según ellos, son de los incendios de Los Ángeles de 2017, en realidad han sido grabados esta noche en Teherán y se pueden geolocalizar y confirmar fácilmente”, avisaba a los usuarios tras otro de los errores de este tipo de Grok. La cadena pública británica también ha documentado otros fallos del sistema a la hora de detectar la falsedad de vídeos generados con IA que mostraban misiles cayendo sobre Tel Aviv.

“Es una mascletà”

Con todo, uno de los errores más evidentes del sistema llegaba este domingo, cuando Grok confundió un vídeo de un misil impactando en un edificio con las Fallas. “No, este video no es de Israel. Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026 (festival tradicional). Muestra una mascletà: espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en la plaza del Ayuntamiento”, responde a un usuario que le preguntaba por las imágenes.

En fallos anteriores, Grok encuadraba erróneamente imágenes procedentes del actual conflicto en guerras anteriores. En este caso, la IA de Musk afirma que un vídeo en el que se observa claramente como un misil impacta contra un edificio de viviendas que se viene abajo procede de las fiestas populares de Valencia. “No es Israel ni guerra, solo fuegos artificiales controlados. ¡De nada!”, insistía en una respuesta a otro usuario.

Muchas de estas respuestas erróneas han sido etiquetadas como tal por los propios usuarios a través del sistema de verificación de X. Este se apoya en votaciones de la comunidad de cuentas acreditadas para añadir comentarios o desmentidos a los comentarios con datos falsos o que requieren contexto que se publican en la red social, incluidos los de Grok.

Con todo, es innegable que el sistema de IA de Musk se está convirtiendo en un foco de desinformación más sobre el conflicto. En condiciones normales, un fallo de este tipo en un modelo de lenguaje podría interpretarse como una alucinación: un error en el que la IA genera información que suena convincente, pero que en realidad es falsa o no está respaldada por datos reales, ya que estos sistemas predicen palabras probables en lugar de verificar hechos como haría una persona o una base de datos.

Según un recuento publicado por el activista contra la desinformación Julián Macías, este domingo la cifra de publicaciones en los que Grok intentaba desmentir el ataque contra el colegio femenino en Irán rozaba las 1.000.

La reiteración de fallos de este estilo han llevado a algunos usuarios a denunciar que Grok está “blanqueando” el conflicto. Pese a que en esta ocasión las características del fallo parecen coincidir mejor con una alucinación, no sería el primer escándalo de manipulación de este tipo en el que se ven envueltos Musk y su asistente de IA.

El más grave de ellos sucedió la primavera pasada, cuando Grok comenzó a difundir información falsa y no solicitada sobre un supuesto “genocidio” que se estaba llevando a cabo en Sudáfrica contra la población blanca. El evento coincidió con un encontronazo del magnate con el gobierno del país por la negativa de Starlink a acatar las normas para obtener una licencia de operaciones para las empresas extranjeras. Musk, de origen sudafricano, terminó doblando el brazo de Pretoria tras la campaña de desinformación protagonizada Grok y una tensa reunión entre el presidente sudafricano y Donald Trump, que se hizo eco de los mismos bulos.

elDiario.es se ha puesto en contacto con xAI, la empresa del magnate que se encarga del desarrollo de Grok, para recabar información sobre la situación, pero no ha recibido respuesta.

Inútil para la verificación

La fragilidad de Grok como fuente de verificación ya quedó en evidencia durante la anterior guerra que enfrentó a Israel e Irán en junio de 2025. Un exhaustivo análisis del Digital Forensic Research Lab (DFRLab), un centro de investigación dedicado a analizar campañas de desinformación y manipulación en redes, documentó que el chatbot de Musk llegó a acreditar o desmentir el mismo bulo prácticamente a la vez, según el usuario que preguntase.

Así ocurrió, por ejemplo, con el ataque al aeropuerto de Tel Aviv. “Grok oscilaba, a veces en el mismo minuto, entre negar la destrucción del aeropuerto y confirmar que había sido dañado por ataques”, destacan los investigadores.

La IA no solo fallaba al intentar verificar vídeos generados sintéticamente, sino que incluso alucinaba elementos inexistentes, como rótulos que supuestamente decían “Gaza” o “Beirut” en imágenes donde el único texto real era “Tel Aviv” en árabe. Unos errores que se distribuyeron masivamente, ya que este tipo de peticiones (desinformación y verificación) llegaron a representar el 50% de todas las consultas a Grok durante los 12 días que duró la guerra entre Israel e Irán en 2025, según los datos del estudio.

Una situación que “expone fallas y limitaciones significativas en la capacidad del chatbot de IA para proporcionar información precisa, confiable y consistente durante tiempos de crisis”, señalan los investigadores.

Los problemas de la IA con las noticias

Los problemas de Grok con las noticias no son exclusivos de este modelo de IA. Un estudio internacional coordinado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) reveló a finales de 2025 que los principales asistentes tergiversan la información en el 45% de sus respuestas sobre actualidad. La investigación contó con la participación de 22 organizaciones de medios públicos que evaluaron más de 3.000 respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity en 14 idiomas.

La investigación destacaba que hasta el 31% de las respuestas presentan problemas graves de atribución de fuentes. Este aspecto, uno de los más sensibles de una información pero y que es donde más errores cometen los modelos de IA, les lleva a asegurar que determinados medios de comunicación han publicado noticias inexistentes o alterar el contenido de ellas. Gemini, el modelo desarrollado por Google, registró el mayor índice de error en este apartado con fallos en el 72% de sus atribuciones. Por su parte, ChatGPT, Copilot y Perplexity mantuvieron niveles de error situados entre el 30% y el 37%.

Otro de los problemas señalados es que estos asistentes presentan una incapacidad sistémica para admitir el desconocimiento sobre un hecho, lo que las lleva a fabricar explicaciones o citas textuales falsas.

La diferencia con Grok en este caso es que, mientras que la mayoría de empresas de IA tiene medidas de protección para evitar que sus modelos comenten temas de actualidad y puedan cometer estos errores, Elon Musk fomenta el uso de su asistente como método de verificación oficial de X.

El periodista y director editorial del diario Infolibre, Jesús Maraña, junto a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Loli Ríos, ha protagonizado el primer acto público organizado por la recientemente creada Alianza contra el Odio en esta provincia.

El colectivo ha propiciado un diálogo que, bajo el título 'Contra el odio, más democracia' ha servido para “compartir posibles herramientas para contrarrestar y neutralizar los mensajes de la extrema derecha que inundan todos los canales de información”, según explican. Se trata de “combatir desde la argumentación y la información veraz la ola reaccionaria impulsada por los extremismos”.

En declaraciones a los medios, Jesús Maraña ha indicado que no duda en acudir a cualquier iniciativa que considere una causa justa, “y no me parece que haya ahora mismo una causa más merecedora de la implicación de todos y todas que combatir los discursos de odio”.

También se ha referido a cómo estos mensajes intencionados y con un objetivo muy claro, afectan de manera muy directa también al periodismo, ya que “los pseudosmedios y todos esos que se disfrazan de periodistas están instalando en la sociedad, con una técnica muy precisa, mensajes que rompen la convivencia y que están poniendo en peligro la democracia”.

Los pseudosmedios y todos esos que se disfrazan de periodistas están instalando en la sociedad, con una técnica muy precisa, mensajes que rompen la convivencia y que están poniendo en peligro la democracia

No obstante, ha querido dejar claro que la desinformación y los bulos no es algo que afecte únicamente a los y las periodistas, sino que “es un problema de la sociedad, de la democracia y de la ciudadanía en general, de ahí la importancia de que consigamos trasladar esa responsabilidad a todo el mundo”.

Por último, el periodista ha querido mandar un mensaje de esperanza, rechazando esa especie de derrotismo que hay en una parte de la sociedad, señalando que ante esta realidad sí hay que poner puertas al campo.

En este sentido ha señalado que “las instituciones y los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas y de regular, porque regular es un verbo que alarma mucho a quienes están muy interesados en que no se regule nada y en que todo el mundo actúe con el poder que tenga, dejando indefensa a la sociedad ante quienes, además, hacen negocio con la desinformación y el odio”.

Las instituciones y los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas y de regular, porque regular es un verbo que alarma mucho a quienes están muy interesados en que no se regule nada y en que todo el mundo actúe con el poder que tenga, dejando indefensa a la sociedad ante quienes, además, hacen negocio con la desinformación y el odio

En el acto han intervenido también la profesora de la UCLM, Marta Escribano Carrasco, y el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez Tornero, que recientemente presentaron Alianza contra el Odio, y han han hecho alusión a la situación internacional y han lanzado un claro mensaje de No a la guerra, por ser la guerra el máximo exponente de la violencia y del odio.

¿Qué es Alianza contra el Odio?

Durante el acto, y en nombre de la Alianza contra el Odio, Marta Escribano, ha dado las gracias a todas las asociaciones y organizaciones que se están sumando a esta plataforma y a los ciudadanos y ciudadanas que también han mostrado su interés en participar a título particular.

La iniciativa se ha presentado de forma reciente “para aunar fuerzas con partidos y organizaciones de izquierdas con la vocación de hacer frente a los discursos y actos de odio”, explican, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional y que en su opinión, “llegan y se expanden día a día desde nuestros centros educativos, medios de comunicación, redes sociales o instituciones”.

Nace como “contrapeso al odio, para proponer de forma conjunta espacios de diálogo, de encuentro intergeneracional, espacios que pongan en valor las luchas obreras, sociales y ciudadanas que durante años nos han dejado un Estado de Bienestar y una democracia que ahora están denostados y en jaque”.

Para sus integrantes “no puede ser que la motivación que tengan las personas cuando vayan a ir a votar o cuando tengan que elegir quienes tienen que gobernar sea el odio, el odio racista, el odio entre generaciones, el odio machista o el odio homófobo” y apelan a la “responsabilidad, especialmente hacia la juventud, que en muchas ocasiones desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de Bienestar”.

Su carta fundacional se puede consultar en www.alianzacontraelodio.es. En la plataforma ya se han integrado organizaciones como CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, Movimiento Sumar, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina y la Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete.

Aunque la Comisión Europea ha confirmado que no hubo manipulación en la revisión del crecimiento de la economía española, que realizó el INE, el Partido Popular sigue utilizando este bulo como arma política para atacar al Gobierno en la figura de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que entonces era vicepresidenta y ministra de Economía del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante la comparecencia de Calviño este jueves en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha lamentado “el desprecio sistemático” de la presidenta del BEI por el control y la independencia de las instituciones. Según Navarrete, esta actitud “viene de su etapa como vicepresidenta en el Gobierno de España”. El Partido Popular ha hecho del libro de memorias de la exministra de Economía un arma de oposición, aunque la Comisión Europea haya tumbado sus acusaciones.

En sus memorias, Calviño explica: “En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo durante años una estimación de la actividad muy inferior a la real... Por respeto, institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos”.

El eurodiputado del PP ha espetado a Calviño que el reglamento europeo sobre estadística establece que son los presidentes del INE quienes tienen la competencia exclusiva para decidir los métodos, estándares y procedimientos estadísticos y que deben “actuar de forma independiente, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno o institución”.

“¿Quién le ayudó a perpetrar semejante tropelía? Primero el INE. Ahora el BEI. El problema no es un episodio, es el patrón”, le ha remarcado Navarrete a la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respuesta del comisario europeo al PP

Sin embargo, ha sido el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quién ha desmentido los argumentos del PP precisamente como respuesta a una pregunta que hizo Navarrete junto a otros eurodiputados del PP español como Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Tomáš Zdechovský, eurodiputado checo del PPE.

Dombrovskis responde a la pregunta parlamentaria de los europarlamentarios conservadores que “las revisiones del PIB en España publicadas en 2024 se realizaron de acuerdo con la metodología establecida en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 sobre el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA 2010)”.

Además, el comisario europeo subraya que “estas revisiones se debieron a la aplicación de una revisión de referencia periódica de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, realizada de forma coordinada en todos los Estados miembros al menos una vez cada cinco años para incorporar nuevas fuentes de datos y cambios importantes en la metodología estadística internacional”.

También añade que “el impacto de las revisiones sobre el PIB nominal de España fue del 1,6 % (promedio anual entre 2020 y 2023), situándose dentro del rango observado en otros Estados miembros, que varió entre el −3,8% y el 6,8%”, pero además recalca que “la revisión media de las tasas anuales de crecimiento del PIB real fue de 0,3 puntos porcentuales en España (promedio anual entre 2020 y 2023), mientras que el promedio para los Estados miembros osciló entre −0,4 y 1,1 puntos porcentuales”. Es decir, Dombrovskis rebaja el impacto de los cambios que realizó el INE del crecimiento económico de España respecto a otros servicios públicos estadísticos en diferentes países de la UE.

El comisario de Economía ha recordado que “la Comisión supervisa de forma continua el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por parte de los Estados miembros”, especialmente el Reglamento sobre estadísticas europeas, que establece el principio de independencia profesional, que se desarrolla posteriormente en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

En la pregunta de los eurodiputados del PP se asegura que la “posterior dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, en junio de 2022, tras las presiones de la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, confirmarían una grave vulneración de la independencia profesional del INE”.

Pero, el comisario europeo de Economía rebate está argumentación al asegurar que “tal como señaló la Comisión en otra pregunta... no dispone de información que indique que el Reglamento (CE) n.º 223/2009 haya sido vulnerado en relación con la decisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística de dimitir en 2022”.