Chulo, incapaz, listillo, bufón, desahogao, macho alfa digital, indocumentado, insustancial, tunante, patán tabernario, vocinglero, sectario, insultador profesional, dictadorzuelo, zafio, chabacano, agresivo, mingitorio, mamporrero, faltón, provocador, mediocre, necio, bruto, mezcla de vino y aguardiente, chulo, engorilado…

Respiren, que aún quedan más: bruto, arrogante, vacilón, pendenciero, fanfarrón, pitbull, rottweiler, agresivo, grosero, neandertal, follonero, cínico, sucio, gamberro, mentiroso, turbio, mastín monclovita, bulldog, bocazas, paleto, sicario, traidor, orangután, voceras, gañán, zafio, pendenciero, procaz, bocachanclas mulo, excrecencia, ponzoñoso, fascistoide, primate, gánster, matachín, corto, soez, cuentachistes, machirulo, cafre, inmundo, torpón, aniquilador, personajillo, analfabeto, sinvergüenza, chapoteador, detritus, tirano, patético, perdonavidas… 

Todo eso y mucho más se ha escrito no en las redes sociales, sino en diferentes medios de comunicación sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien con seguridad es el titular del Gobierno más denostado por la derecha política y mediática. Da igual el motivo. Le ultrajan por su habilidad para moverse por las redes sociales, por el accidente de Adamuz, por responder a las críticas, por no callar, por el estado de las carreteras, por mofarse de quienes le atacan, por plantar cara a la derecha, por recordar los mínimos exigibles del periodismo, por no arredrarse y, ahora, hasta por fabricar una página oficial para desmontar bulos.  

En las últimas 48 horas, el ministro más guerrero del Gobierno de Sánchez ha desquiciado a sus detractores porque ha habilitado en la web del Ministerio una sección para rebatir informaciones falsas o manipuladas, que él prefiere llamar bulos. ¡Sacrilegio! Y resulta que los más ofendidos son algunos de los que ejercen el periodismo, una profesión en la que cada día es más necesario distinguir entre lo que es información, lo que es manipulación y lo que es directamente mentira.

Igual que la desinformación, los bulos tienen un objetivo claro, que es agraviar a la persona afectada, distorsionar la realidad y envenenar/polarizar el debate público. Por desgracia, recorren bares y tertulias y compiten con las noticias contrastadas, lo que supone un daño irreparable no solo para la convivencia democrática, sino para el periodismo.

Leer o escuchar a quienes se llaman periodistas atacar a todo aquel que denuncia o alerta contra un veneno mortal que está matando este oficio produce tanta vergüenza como recordar que en este país un Fiscal General ha sido condenado por desmentir una mentira mientras el divulgador de la misma, que es un empleado público muy bien pagado, se permite el lujo de escribir que un tercio de los españoles, los que votan PSOE, están podridos. 

La putrefacción de un país no la genera el sentido del voto, sino que la desinformación, el bulo o la mentira condicionen decisiones judiciales y se consoliden en un ecosistema que penaliza la verdad y premia la mentira en la política y en el periodismo. Y si además, quienes se dedican a opinar o informar zarandean la conversación pública con el insulto y la insidia, la podredumbre traspasa todos los límites de lo soportable. Que haya plumas y voces del panorama mediático que se dedican exclusivamente a enlodar y deshonrar habla muy mal de una profesión que ha olvidado que se puede criticar al poder cuando se equivoca y denunciarlo cuando abusa, pero sin mentir, sin berrear y sin denigrar. 

Quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica severa y molesta, pero en ningún sitio está escrito que el derecho a la libertad de expresión ampara el insulto, la injuria o el menosprecio. Y si hay quienes dentro del periodismo se sienten ofendidos porque haya un espacio donde se desmonten bulos será porque no leyeron nunca que la Constitución reconoce el derecho “a la información veraz” o porque les mueven intereses muy espurios. Casualmente, son los mismos que en lugar de argumentar se despachan con el verbo grueso y el vituperio, pero no pierden ocasión para dar lecciones de ética periodística. 

Nos está quedando una profesión preciosa.

La Fundación Gabo ha sido distinguida con el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche', en una edición histórica al ser la primera vez que este reconocimiento se concede a una institución y no a un profesional a título individual.

El fallo del jurado se ha hecho público este lunes en la Diputación de Guadalajara, en un acto presidido por su máximo responsable, José Luis Vega, quien ha destacado el carácter excepcional de la decisión. “Es la primera vez que el premio recae en una fundación”, ha señalado, tras recordar que han concurrido 17 candidaturas.

Fundada por Gabriel García Márquez

La entidad colombiana, fundada en 1994 por Gabriel García Márquez, ha sido reconocida por su trayectoria en la promoción de un periodismo ético, innovador y de calidad, así como por su labor formativa y su contribución a hacer frente a desafíos actuales como la desinformación, los bulos o el impacto de la inteligencia artificial.

El galardón está dotado con 8.000 euros y se entregará, previsiblemente, el próximo 25 de junio en Brihuega, en la Casa Manuel Leguineche. Además, el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, será nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá.

Durante la presentación, la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá, Mayte del Val, ha subrayado la importancia de este reconocimiento por su conexión con la formación de periodistas y ha avanzado la puesta en marcha de un ciclo de conferencias centrado en el periodismo en Latinoamérica y la ética profesional.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha incidido en el valor internacional del premio y en la relevancia de la Fundación Gabo como referente en educación mediática y en la lucha contra la desinformación.

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

La secció sisena de l’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna per intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal a un periodista del digital esdiario que, sent càrrec del PP valencià, va publicar una faula contra un docent sobre la vacunació de la Covid-19. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, desestima el recurs del periodista Enrique Martínez Olmos i de l’empresa editora, El Semanal Digital SL, contra la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància número de Llíria, que va imposar una indemnització conjunta i solidària de 4.000 euros al professor de la Pobla de Vallbona i la publicació íntegra de la sentència, a més de les costes. 

El redactor de la informació sense contrastar, publicada el 2021, en plena crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus, era així mateix responsable de l’àrea de comunicació del Comité Executiu Autonòmic del PP valencià. També va ser membre de la Junta Nacional del PP i de la direcció de Noves Generacions, a més de regidor de l’equip de govern a Gaibiel (l’Alt Palància) entre el 2011 i el 2015 i candidat en llista electoral dels populars a Zarra (la Vall de Cofrents). 

El recurs sostenia que el periodista “es va limitar a transcriure” el contingut d’una nota de premsa del PP de la Pobla de Vallbona, “sense reelaboració de la notícia per part del mitjà, ni pel redactor d’aquesta, utilitzant la deguda citació de la font de procedència”, per la qual cosa s’escudava en la doctrina jurisprudencial del reportatge neutral (quan una informació dona compte de declaracions o d’afirmacions d’un tercer amb una versió determinada dels fets i sense conculcar el dret a l’honor, sempre que no conste una “manipulació injusta”, segons la doctrina del Tribunal Suprem). 

La sentència de l’Audiència de València, per contra, recorda que “es reputarà no veraç la informació que es recolze en conclusions derivades de meres especulacions, en rumors sense fonament, mancats de suport en dades objectives extretes de fonts igualment objectives i fiables que estigueren a l’abast de l’informador”. A més, també aprecia “diferències en el tractament de la notícia” en relació amb la nota de premsa del PP de la localitat. 

El mitjà va publicar la informació amb el titular “Pillat un dirigent de Compromís a la Pobla saltant-se el torn de vacunació”. No obstant això, ni l’al·ludit era dirigent de Compromís (simplement era parella d’una regidora de la formació i havia figurat en llistes municipals com a suplent) ni menys encara es va acreditar que s’haguera saltat el torn de vacunació. El periodista no va contrastar la informació amb el professor, que va estar dos mesos de baixa a conseqüència de la publicació de la fake news. 

El docent va ser convocat en l’ambulatori per a vacunar-se juntament amb la directora del centre, que tenia la condició de cuidadora d’un familiar dependent. “Preguntant a quin torn responia, no se’ls va facilitar informació, van deduir que responia al torn de docents la vacunació dels quals estava prevista per als dies següents”, afirmava la sentència recorreguda. La nota de premsa del PP manifestava que era un “membre actiu de Compromís” i l’acusava d’“aprofitar-se de la seua posició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora”. 

No obstant això, la sentència qüestiona la tesi invocada pel recurs d’apel·lació: “La comparació dels textos no permet qualificar la notícia publicada en esdiario de neutral, no sols perquè utilitza expressions com ‘pillat’ i ‘saltant-se’ que acreixen un judici crític i antisocial d’aquesta conducta, sinó també perquè la comunicació del PP, de la qual es diu que constitueix font fiable, no utilitza aquests termes i en el contingut no associa la conducta d’‘aprofitar-se de la seua condició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora’ a ‘pillat un dirigent de Compromís saltant-se el torn de vacunació’”. 

Una “conducta antisocial” en un “tema molt sensible”

“No es pot parlar de reportatge neutral quan el contingut de la notícia suposa des de la capçalera que la persona a qui afecta la notícia ha dut a terme una conducta antisocial com era saltar-se el torn de vacunació en un moment en què era un tema molt sensible”, afirma la secció sisena de l’Audiència de València.

El mitjà no es va limitar a donar compte de les declaracions d’un tercer, “sinó que les modifica per a presentar-les davant l’opinió pública com més antisocial i reprovable”, postil·la la sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer en cassació. 

L’Audiència de València comparteix la valoració del Jutjat de Primera Instància número 6 de Llíria, que va establir que el redactor “no va verificar la veracitat de la notícia”. També va concloure, després de la prova practicada, que no s’acreditava que el professor poguera haver-se prevalgut de la seua condició de parella d’una edil de Compromís per a colar-se en el torn de vacunació. 

El recurs considerava “excessiva” la indemnització per danys i perjudicis, fixada en 4.000 euros. No obstant això, la sentència de la secció sisena recorda que el docent va estar de baixa dos mesos, afectat anímicament per la publicació i la difusió en xarxes socials de la faula i per la repercussió de la polèmica en la localitat de la comarca del Camp de Túria. A més, comparteix la “moderació” de la rebaixa dels 7.000 euros sol·licitats pel docent als 4.000 euros finalment imposats.

El redactor condemnat no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la condena por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal a un periodista del digital 'esdiario' que, siendo cargo del PP valenciano, publicó un bulo contra un docente sobre la vacunación de la Covid-19. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima el recurso del periodista Enrique Martínez Olmos y de la empresa editora, El Semanal Digital SL, contra el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número de Llíria, que impuso una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros al profesor de la Pobla de Vallbona y la publicación íntegra de la sentencia, además de las costas.

El redactor de la información sin contrastar, publicada en 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, era asimismo responsable del área de comunicación del Comité Ejecutivo Autonómico del PP valenciano. También fue miembro de la Junta Nacional del PP y de la dirección de Nuevas Generaciones, además de concejal del equipo de gobierno en Gaibiel (Castelló) entre 2011 y 2015 y candidato en lista electoral de los populares en Zarra (València). 

El recurso sostenía que el periodista “se limitó a transcribir” el contenido de una nota de prensa del PP de la Pobla de Vallbona, “sin reelaboración de la noticia por parte del medio, ni por el redactor de la misma, utilizando la debida cita de la fuente de procedencia”, por lo que se escudaba en la doctrina jurisprudencial del reportaje neutral (cuando una información da cuenta de declaraciones o afirmaciones de un tercero con una determinada versión de los hechos y sin conculcar el derecho al honor, siempre que no conste una “manipulación torticera”, según la doctrina del Tribunal Supremo).

La sentencia de la Audiencia de Valencia, por el contrario, recuerda que “se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador”. Además, también aprecia “diferencias en el tratamiento de la noticia” en relación con la nota de prensa del PP de la localidad.

El medio publicó la información bajo el titular “Pillado un dirigente de Compromís en la Pobla saltándose el turno de vacunación”. Sin embargo, ni el aludido era dirigente de Compromís (simplemente era pareja de una concejala de la formación y había figurado en listas municipales como suplente) ni mucho menos se acreditó que se hubiera saltado el turno de vacunación, máxima que desmonta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El periodista no contrastó la información con el profesor, que estuvo dos meses de baja a consecuencia de la publicación de la 'fake news'.

El docente fue convocado en el ambulatorio para vacunarse junto con la directora del centro, que ostentaba la condición de cuidadora de un familiar dependiente. “Preguntando a qué turno respondía no se les facilitó información, dedujeron que respondía al turno de docentes cuya vacunación estaba prevista para los días siguientes”, afirmaba la sentencia recurrida. La nota de prensa del PP manifestaba que era un “miembro activo de Compromís” y lo acusaba de “aprovecharse de su posición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo”.

Sin embargo, la sentencia cuestiona la tesis invocada por el recurso de apelación: “La comparación de los textos no permite calificar la noticia publicada en 'esdiario' como neutral, no solo porque utiliza expresiones como 'pillado' y 'saltarse' que acrecientan un juicio crítico y antisocial de esa conducta sino también porque la comunicación del PP, de la que se dice que constituye fuente fiable, no utiliza esos términos y en su contenido no asocia la conducta de 'aprovecharse de su condición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo' a 'pillado un dirigente de Compromís saltándose el turno de vacunación'”.

Una “conducta antisocial” en un “tema muy sensible”

“No cabe hablar de reportaje neutral cuando el contenido de la noticia supone desde la cabecera que la persona a la que afecta la noticia ha realizado una conducta antisocial como era saltarse el turno de vacunación en un momento en que era un tema muy sensible”, afirma la sección sexta de la Audiencia de Valencia.

El medio no se limitó a dar cuenta de las declaraciones de un tercero “sino que las modifica para presentarlas ante la opinión pública como más antisocial y reprobable”, apostilla la sentencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación.

La Audiencia de Valencia comparte la valoración del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria, que estableció que el redactor “no verificó la veracidad de la noticia”. También concluyó, tras la prueba practicada, que no se acreditaba que el profesor pudiera haberse prevalecido de su condición de pareja de una edil de Compromís para colarse en el turno de vacunación.

El recurso consideraba “excesiva” la indemnización por daños y perjuicios, fijada en 4.000 euros. Sin embargo, la sentencia de la sección sexta recuerda que el docente estuvo de baja dos meses, afectado anímicamente por la publicación y difusión en redes sociales del bulo y por la repercusión de la polémica en la localidad de la comarca del Camp de Turia. Además, comparte la “moderación” de la rebaja de los 7.000 euros solicitados por el docente a los 4.000 euros finalmente impuestos.

El redactor condenado no ha contestado las preguntas de este diario.

Integrantes de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas acudirán este martes a la Universidad de La Rioja para informar a los jóvenes de la situación real a la que se enfrentan nuestros mayores con unas pensiones públicas que “sufren continuos ataques” y eliminar “el mito del pensionista rico”.

El portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha asegurado que esta acción es “importante” porque a los jóvenes “se les vende una realidad que no es tal”. La realidad, según ha resaltado en referencia a varios estudios, es que por cada euro destinado a pensiones, el Estado recupera 47 céntimos en impuestos como IVA, IRPF o cotizaciones. Porque “cuando una persona se jubila sigue pagando los impuestos que les corresponden”.

Por eso y ante mensajes de “la extrema derecha” que hablan de que las pensiones son “una estafa piramidal” quiere dejar claro que “eso es mentira”. Las pensiones públicas -continúa- “sostienen el nivel de consumo, actúan como amortiguador económico clave en momentos de crisis y es uno de los pilares de la economía”.

Además, Gómez ha hecho referencia al informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado por Fundación Mapfre y Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que cuantifica por primera vez cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del estado un ciudadano español según su edad y género.

“Cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”

Los datos de 2022 dibujan a las personas mayores de 55 años como una especie de “motor silencioso” y pilar central de la economía española, “representamos cerca del 34 por ciento de la población y concretamos casi el 39 por ciento de los recursos económicos totales de los hogares. También generamos el 32,8 por ciento del PIB”.

Así las cosas, indica, el grupo de 55 años en adelante está formado por 16,1 millones de personas (en 2022), “concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones públicas. Reciben 183,070 millones de euros en prestaciones públicas pero también aportan 138.173 millones de euros en cotizaciones e impuestos, lo que representa el 34,5 por ciento del total recaudado”.

Además concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones de euros), es decir, han resaltado: “Las personas mayores no solo recibimos transferencias, sino que tenemos un papel fundamental en la financiación y la estabilidad financiera de España”. Por ello, ha respondido, “cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”.

Brecha de género

Pero además también han querido hacer referencia a la brecha salarial de género en las prestaciones de la Seguridad Social. En este punto, Elena Santamaría ha explicado que “las dos terceras partes de las mujeres pensionistas cobran menos de 1.000 euros y no les llega para pagar los gastos necesarios”. Reivindica por ello “la subida de las pensiones no contributivas que no pasan, la mayoría de 600 euros mensuales; el 60 por ciento están por debajo del SMI, sobre todo en las mujeres bajo el umbral de la pobreza”.

“Necesitamos un IPC real que recoja los gastos de la cesta específica de las personas jubiladas y que se nos vuelvan a ingresar las pagas de enero, que servían para hacer frente, en alguna medida, a estos desajustes”.

Además, ha indicado, las pensiones de menos de 900 euros son recibidas por el doble de mujeres que de hombres. Pide también una auditoría de la Seguridad Social porque “queremos saber a dónde fueron a parar los millones de euros que se sacaron de las huchas de las pensiones y para qué. Sabemos que las partidas de gastos impropios desviados de la caja de la seguridad social deben ser devueltas al sistema universal que garantiza las pensiones y gran parte de la sanidad pública”.

Por su parte, Pablo Benito, también integrante de la plataforma, ha explicado que “las pensiones no nos las regalan. Hay un contrato social que lo exige”. En el año 2025 “casi el 50 por ciento de la población jubilada cobraba menos que el salario mínimo interprofesional, 2 de cada 3 jubilados menos de 1.700 euros y 3,3 millones de estas personas cobran menos de 1.000 euros. 1 de cada 10 menos de 700 euros y alrededor de un millón de personas perciben entre 800 y 900 euros al mes”.

Para Benito el problema real es “el bajo salario de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, que implican bajas cotizaciones que a su vez generarán bajas pensiones de futuro”. A su juicio, “lo que quieren hacer es una tendencia a la privatización de las pensiones públicas, algo que no funciona. Un fracaso comercial y económico”.

Este es un sistema de pensiones “en el que el beneficio es para la multinacional o empresa privada que gestiona la pensión, no les cuentan toda la verdad. Van a invertir dinero en ello pero terminarán cobrando menos de lo que han invertido”.

El año 2026 se ha comenzado hablando mucho de algo de lo que no habíamos oído hablar: la baliza. La baliza de la que hablamos es el objeto que sustituye a los triángulos del coche en caso de avería o accidente. Es un objeto, normalmente circular, cabe en la palma de la mano, y viene equipado con luz y sonido estridente para avisar al resto de conductores de que estamos ahí parados. 

En los últimos días Europa ha dado luz verde a la baliza, el PP y Vox se han lanzado contra este cambio en un discurso que nos suena, porque tiene que ver con un ataque a todo lo que suponga una cierta intromisión a la libertad individual para garantizar la seguridad colectiva. Explicamos en qué consiste la baliza, desmentimos bulos y analizamos de qué manera la ultraderecha y la derecha en España elaboran grandes teorías que afirman que el gobierno nos controla, nos somete y nos roba. Lo hacemos con los periodistas de elDiario.es Carlos del Castillo y con José Precedo.

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Pilar Baselga, la tertuliana que afirmó en un programa de Distrito Tv en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y que la involucró en casos de narcotráfico, ha señalado este jueves en el juicio que se ha celebrado contra ella por injurias y calumnias contra la esposa del presidente del Gobierno que ella se limitó a “comentar noticias publicadas”, que todo lo que dijo fue fruto “de la improvisación” y que, ahora con el tiempo transcurrido, considera que “el tono” que utilizó fue “inadecuado” si bien nunca buscó “ni injuriar ni calumniar a nadie”.

La encausada, para la que la representación legal de Begoña Gómez interesaba en el escrito de acusación una pena de dos años de cárcel y una indemnización de 100.000 euros después de que Baselga especulara con que antes de Begoña fue “Begoño”, ha respondido sólo a su abogado y ha puntualizado que el vídeo de su intervención que acabó viralizándose en redes estaba manipulado por lo que le faltaba contexto.

En su breve declaración, y tras recomendar a los periodistas congregados antes de que arrancara la vista oral que no se dejaran influir por el poder e hicieran bien su trabajo, la agitadora ha incidido en que ella sólo fue a ese programa, denominado 'Los Intocables', a opinar sobre temas ya publicados con anterioridad “en periódicos y redes”, y que lanzó sus oponiones al considerar que esos temas eran merecedores de debate y de interés público.

Cabe recordar que en ese programa, dirigido por el periodista Eurico Campano, Baselga señaló literalmente: “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño'. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”. Tras esto, aseveró que “Begoño, fue inmediatamente nombrado director de un Master de la Complutense” y llegó a sostener que también habría estado involucrada en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, señalando que “los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos”.

Tras su declaración, la titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha escuchado al representante legal de Distrito Tv, Jesús Ángel Rojo, que a lo largo del interrogatorio ha tratado de trasladar al plenario que quien decidía sobre los colaboradores de los programas eran las productoras subcontratadas, y que nunca hubo relación contractual con esta difusora de bulos. A su juicio, lo que indicó Baselga, si bien no era delictivo, no tenía cabida en el canal por deontología profesional, y ha ratificado que a los pocos días de emitir el programa procedieron al borrado de ese contenido. Con todo, ha lamentado que el asunto acabó siendo viralizado por interés “político” por medio de cortes “manipulados y editados”.

Se culpan mutuamente

Al hilo, ha explicado que también decidieron emitir un comunicado indicando que eran contrarios a manifestaciones de tal calibre y ha enfatizado que la línea editorial de cada programa depende del presentador del mismo, en este caso Eurico Campano -quien llegó a estar imputado, si bien el asunto acabó siendo archivado para él-. Finalmente, ha añadido que la cadena decidió rescindir el programa 'Los Intocables' cansados por el lenguaje soez que se utilizaba con frecuencia y que no tenía cabida en ese canal.

Por contra, Campano ha sostenido que quien dirigía el espacio no era él sino Rojo dado que él se limitaba a moderar a los tertulianos, y que el programa donde Baselga vertió ese bulo sobre Begoña Gómez era grabado, por lo que la cadena bien podía haber evitado su emisión posterior. Si bien no recordaba si reportó de las opiniones de Baselga -que no le caía en gracia- a Rojo tras el programa, sí que ha indicado que cuando soltó esos improperios trató de cortarla de alguna manera “para que no hablara mucho”. Y ha puesto el foco en que tras esa emisión, y dado el revuelo generado, se hizo un programa de rectificación en el que la propia Baselga pidió disculpas.

Tras estas declaraciones, ha llegado el turno de los peritos, que se han esforzado en desvirtuar el trabajo de contrario. Para el contratado por la asesoría jurídica del PSOE, la viralización del bulo fue evidente a tenor de la herramienta Google Trends y a pesar de que la audiencia de Distrito Tv era insignificante, y por tanto existió una huella digital permanente que dañó la imagen pública de la esposa de Sánchez. Para el perito contratado por la cadena, que ha resutaldo ser también colaborador del programa 'Los Intocables', solo valía lo que dijeran las casas de audiencias oficiales sobre la audiencia y sobre el streaming en directo del programa: Hubo poco más de 500 personas viendo el programa.

Modificación de conclusiones

Tras la batería de declaraciones testificales y periciales, el abogado de Begoña Gómez, Gonzalo Martín Fresneda, ha modificado sus conclusiones para acusar sólo por un delito de injurias y, por lo tanto, ha rebajado la petición de cárcel, dejándola en una multa de 21.000 euros (a razón de 50 euros al día durante 14 meses). Además, ha fijado finalmente la indemnización solidaria que demanda la esposa de Sánchez en 20.000 euros.

Tanto la defensa de Baselga como de Distrito Tv han impugnado el vídeo del programa como prueba suficiente dado que presenta cortes y no ofrece el contexto. Ha lamentado que no se ha tenido acceso al vídeo original, que no hay rastro de la cadena de custodia y, por lo tanto, “no destruye la presunción de inocencia”.

En el informe definitivo, el abogado de Begoña Gómez ha explicado que los hechos “son claros y no triviales”, y ha añadido que el vídeo expuesto comprende una selección de lo más gravoso, por lo que no era necesario incluir el programa completo. Por otro lado, ha recalcado que la finalidad de Baselga fue “insultante” hacia Gómez y que las acusaciones de narcotráfico eran infundadas: “Expresiones gratuitas e innecesarias”. Además, ha lamentado que la difusora de bulos indicara que solo se hizo eco de asuntos ya publicados, recalcado que nunca antes se le había denominado 'Begoño' ni se le había relacionado con delitos de tráfico de droga.

“La gravedad de los hechos se ve sostenida por datos periféricos como la rectificación del medio, la declaración de Campano que dice que fueron afirmaciones repugnantes y por la acción de Distrito Tv que retira el programa”, ha enfatizado para luego añadir que esa retirada llegó tarde porque el bulo “se extendió como una gota de aceite” y por tanto suprimir el vídeo “fue un brindis al sol, un gesto para la galería porque ya estaba en todo el universo de Internet”.

Para rematar, ha indicado que el bulo de que Begoña Gómez era transexual escondía detrás una insidia más, y es hacer creer “que Pedro Sánchez es homosexual”. La intención era difamar y contaminar el debate público y no hubo crítica ni confrontación de ideas, ha concluido.

Por su parte, la defensa de Baselga ha indicado en su informe final que dado el impacto social que tuvo el programa, los comentarios sobre la esposa del presidente del Gobierno sí eran de “interés público”. Y sobre el término 'Begoño' ha explicado que no se le puede imputar a su cliente ser la promotora del mismo ya que venía de antes.

En el turno de última palabra, Pilar Baselga ha vuelto a incidir en que no es tertuliana profesional y esta vez sí se ha disculpado: “Si alguna expresión fue desafortunada me disculpo por ello, pero una expresión discutible no se convierte en delito”. El juicio contra la agitadora ha quedado visto para sentencia.

Elon Musk puso en marcha su chat de inteligencia artificial para, según él, “buscar la verdad absoluta”. “Creo que esta podría ser la mejor vía hacia la seguridad; ya que una IA que se preocupa por comprender el universo es poco probable que aniquile a los humanos, porque somos una parte interesante del universo”, razonaba en 2023. Tres años después, ese proyecto, que tomó forma con el nombre de Grok, se ha convertido en uno de los principales motores de desinformación automática sobre la guerra que enfrenta a Israel y EEUU contra Irán.

El sistema ha difundido varios bulos graves desde las primeras horas del conflicto. Además, ha mostrado tendencia a desmentir informaciones contrastadas de medios de comunicación.

El primer gran error en este sentido ocurrió la pasada semana, tras el ataque contra una escuela para niñas en Irán en el que murieron unas 170 personas, incluyendo unas 110 alumnas. Entonces, Grok acusó a los medios de estar distribuyendo imágenes falsas de lo sucedido. La IA de Musk, que puede ser invocada para hablar de cualquier tema en X, la red social de su propiedad, aseguraba a los usuarios de la plataforma que esas capturas correspondían en realidad a un atentado del ISIS en Kabul en 2021.

“Durante horas, Grok insistió en su error y llegó a calificar de bulo las informaciones de los medios de comunicación, mientras daba por buenos mensajes de cuentas desinformativas que no aportaban ninguna prueba ni se apoyaban en ninguna fuente”, avisaron entonces desde VerificaRTVE, la unidad especializada en fact-checking del ente público.

No es la primera vez que la IA de Musk se ve envuelta en escándalos de desinformación y manipulación. Sin embargo, esta tendencia de desmentir informaciones contrastadas aumenta aún más el caos informativo en torno a lo sucedido y entorpece la labor de los profesionales sobre el conflicto. “Grok está engañando activamente a los usuarios de X y ya he perdido la cuenta de cuántas veces ha ocurrido esto”, ha denunciado Shayan Sardarizadeh, periodista de la unidad de verificación de hechos de la BBC.

“Los vídeos de una avenida en Teherán en llamas que, según ellos, son de los incendios de Los Ángeles de 2017, en realidad han sido grabados esta noche en Teherán y se pueden geolocalizar y confirmar fácilmente”, avisaba a los usuarios tras otro de los errores de este tipo de Grok. La cadena pública británica también ha documentado otros fallos del sistema a la hora de detectar la falsedad de vídeos generados con IA que mostraban misiles cayendo sobre Tel Aviv.

“Es una mascletà”

Con todo, uno de los errores más evidentes del sistema llegaba este domingo, cuando Grok confundió un vídeo de un misil impactando en un edificio con las Fallas. “No, este video no es de Israel. Es de Valencia, España, durante las Fallas 2026 (festival tradicional). Muestra una mascletà: espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en la plaza del Ayuntamiento”, responde a un usuario que le preguntaba por las imágenes.

En fallos anteriores, Grok encuadraba erróneamente imágenes procedentes del actual conflicto en guerras anteriores. En este caso, la IA de Musk afirma que un vídeo en el que se observa claramente como un misil impacta contra un edificio de viviendas que se viene abajo procede de las fiestas populares de Valencia. “No es Israel ni guerra, solo fuegos artificiales controlados. ¡De nada!”, insistía en una respuesta a otro usuario.

Muchas de estas respuestas erróneas han sido etiquetadas como tal por los propios usuarios a través del sistema de verificación de X. Este se apoya en votaciones de la comunidad de cuentas acreditadas para añadir comentarios o desmentidos a los comentarios con datos falsos o que requieren contexto que se publican en la red social, incluidos los de Grok.

Con todo, es innegable que el sistema de IA de Musk se está convirtiendo en un foco de desinformación más sobre el conflicto. En condiciones normales, un fallo de este tipo en un modelo de lenguaje podría interpretarse como una alucinación: un error en el que la IA genera información que suena convincente, pero que en realidad es falsa o no está respaldada por datos reales, ya que estos sistemas predicen palabras probables en lugar de verificar hechos como haría una persona o una base de datos.

Según un recuento publicado por el activista contra la desinformación Julián Macías, este domingo la cifra de publicaciones en los que Grok intentaba desmentir el ataque contra el colegio femenino en Irán rozaba las 1.000.

La reiteración de fallos de este estilo han llevado a algunos usuarios a denunciar que Grok está “blanqueando” el conflicto. Pese a que en esta ocasión las características del fallo parecen coincidir mejor con una alucinación, no sería el primer escándalo de manipulación de este tipo en el que se ven envueltos Musk y su asistente de IA.

El más grave de ellos sucedió la primavera pasada, cuando Grok comenzó a difundir información falsa y no solicitada sobre un supuesto “genocidio” que se estaba llevando a cabo en Sudáfrica contra la población blanca. El evento coincidió con un encontronazo del magnate con el gobierno del país por la negativa de Starlink a acatar las normas para obtener una licencia de operaciones para las empresas extranjeras. Musk, de origen sudafricano, terminó doblando el brazo de Pretoria tras la campaña de desinformación protagonizada Grok y una tensa reunión entre el presidente sudafricano y Donald Trump, que se hizo eco de los mismos bulos.

elDiario.es se ha puesto en contacto con xAI, la empresa del magnate que se encarga del desarrollo de Grok, para recabar información sobre la situación, pero no ha recibido respuesta.

Inútil para la verificación

La fragilidad de Grok como fuente de verificación ya quedó en evidencia durante la anterior guerra que enfrentó a Israel e Irán en junio de 2025. Un exhaustivo análisis del Digital Forensic Research Lab (DFRLab), un centro de investigación dedicado a analizar campañas de desinformación y manipulación en redes, documentó que el chatbot de Musk llegó a acreditar o desmentir el mismo bulo prácticamente a la vez, según el usuario que preguntase.

Así ocurrió, por ejemplo, con el ataque al aeropuerto de Tel Aviv. “Grok oscilaba, a veces en el mismo minuto, entre negar la destrucción del aeropuerto y confirmar que había sido dañado por ataques”, destacan los investigadores.

La IA no solo fallaba al intentar verificar vídeos generados sintéticamente, sino que incluso alucinaba elementos inexistentes, como rótulos que supuestamente decían “Gaza” o “Beirut” en imágenes donde el único texto real era “Tel Aviv” en árabe. Unos errores que se distribuyeron masivamente, ya que este tipo de peticiones (desinformación y verificación) llegaron a representar el 50% de todas las consultas a Grok durante los 12 días que duró la guerra entre Israel e Irán en 2025, según los datos del estudio.

Una situación que “expone fallas y limitaciones significativas en la capacidad del chatbot de IA para proporcionar información precisa, confiable y consistente durante tiempos de crisis”, señalan los investigadores.

Los problemas de la IA con las noticias

Los problemas de Grok con las noticias no son exclusivos de este modelo de IA. Un estudio internacional coordinado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) reveló a finales de 2025 que los principales asistentes tergiversan la información en el 45% de sus respuestas sobre actualidad. La investigación contó con la participación de 22 organizaciones de medios públicos que evaluaron más de 3.000 respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity en 14 idiomas.

La investigación destacaba que hasta el 31% de las respuestas presentan problemas graves de atribución de fuentes. Este aspecto, uno de los más sensibles de una información pero y que es donde más errores cometen los modelos de IA, les lleva a asegurar que determinados medios de comunicación han publicado noticias inexistentes o alterar el contenido de ellas. Gemini, el modelo desarrollado por Google, registró el mayor índice de error en este apartado con fallos en el 72% de sus atribuciones. Por su parte, ChatGPT, Copilot y Perplexity mantuvieron niveles de error situados entre el 30% y el 37%.

Otro de los problemas señalados es que estos asistentes presentan una incapacidad sistémica para admitir el desconocimiento sobre un hecho, lo que las lleva a fabricar explicaciones o citas textuales falsas.

La diferencia con Grok en este caso es que, mientras que la mayoría de empresas de IA tiene medidas de protección para evitar que sus modelos comenten temas de actualidad y puedan cometer estos errores, Elon Musk fomenta el uso de su asistente como método de verificación oficial de X.

El periodista y director editorial del diario Infolibre, Jesús Maraña, junto a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Loli Ríos, ha protagonizado el primer acto público organizado por la recientemente creada Alianza contra el Odio en esta provincia.

El colectivo ha propiciado un diálogo que, bajo el título 'Contra el odio, más democracia' ha servido para “compartir posibles herramientas para contrarrestar y neutralizar los mensajes de la extrema derecha que inundan todos los canales de información”, según explican. Se trata de “combatir desde la argumentación y la información veraz la ola reaccionaria impulsada por los extremismos”.

En declaraciones a los medios, Jesús Maraña ha indicado que no duda en acudir a cualquier iniciativa que considere una causa justa, “y no me parece que haya ahora mismo una causa más merecedora de la implicación de todos y todas que combatir los discursos de odio”.

También se ha referido a cómo estos mensajes intencionados y con un objetivo muy claro, afectan de manera muy directa también al periodismo, ya que “los pseudosmedios y todos esos que se disfrazan de periodistas están instalando en la sociedad, con una técnica muy precisa, mensajes que rompen la convivencia y que están poniendo en peligro la democracia”.

Los pseudosmedios y todos esos que se disfrazan de periodistas están instalando en la sociedad, con una técnica muy precisa, mensajes que rompen la convivencia y que están poniendo en peligro la democracia

No obstante, ha querido dejar claro que la desinformación y los bulos no es algo que afecte únicamente a los y las periodistas, sino que “es un problema de la sociedad, de la democracia y de la ciudadanía en general, de ahí la importancia de que consigamos trasladar esa responsabilidad a todo el mundo”.

Por último, el periodista ha querido mandar un mensaje de esperanza, rechazando esa especie de derrotismo que hay en una parte de la sociedad, señalando que ante esta realidad sí hay que poner puertas al campo.

En este sentido ha señalado que “las instituciones y los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas y de regular, porque regular es un verbo que alarma mucho a quienes están muy interesados en que no se regule nada y en que todo el mundo actúe con el poder que tenga, dejando indefensa a la sociedad ante quienes, además, hacen negocio con la desinformación y el odio”.

Las instituciones y los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas y de regular, porque regular es un verbo que alarma mucho a quienes están muy interesados en que no se regule nada y en que todo el mundo actúe con el poder que tenga, dejando indefensa a la sociedad ante quienes, además, hacen negocio con la desinformación y el odio

En el acto han intervenido también la profesora de la UCLM, Marta Escribano Carrasco, y el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez Tornero, que recientemente presentaron Alianza contra el Odio, y han han hecho alusión a la situación internacional y han lanzado un claro mensaje de No a la guerra, por ser la guerra el máximo exponente de la violencia y del odio.

¿Qué es Alianza contra el Odio?

Durante el acto, y en nombre de la Alianza contra el Odio, Marta Escribano, ha dado las gracias a todas las asociaciones y organizaciones que se están sumando a esta plataforma y a los ciudadanos y ciudadanas que también han mostrado su interés en participar a título particular.

La iniciativa se ha presentado de forma reciente “para aunar fuerzas con partidos y organizaciones de izquierdas con la vocación de hacer frente a los discursos y actos de odio”, explican, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional y que en su opinión, “llegan y se expanden día a día desde nuestros centros educativos, medios de comunicación, redes sociales o instituciones”.

Nace como “contrapeso al odio, para proponer de forma conjunta espacios de diálogo, de encuentro intergeneracional, espacios que pongan en valor las luchas obreras, sociales y ciudadanas que durante años nos han dejado un Estado de Bienestar y una democracia que ahora están denostados y en jaque”.

Para sus integrantes “no puede ser que la motivación que tengan las personas cuando vayan a ir a votar o cuando tengan que elegir quienes tienen que gobernar sea el odio, el odio racista, el odio entre generaciones, el odio machista o el odio homófobo” y apelan a la “responsabilidad, especialmente hacia la juventud, que en muchas ocasiones desconoce de dónde provienen los derechos básicos del Estado de Bienestar”.

Su carta fundacional se puede consultar en www.alianzacontraelodio.es. En la plataforma ya se han integrado organizaciones como CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, Movimiento Sumar, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina y la Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete.

Aunque la Comisión Europea ha confirmado que no hubo manipulación en la revisión del crecimiento de la economía española, que realizó el INE, el Partido Popular sigue utilizando este bulo como arma política para atacar al Gobierno en la figura de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que entonces era vicepresidenta y ministra de Economía del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante la comparecencia de Calviño este jueves en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha lamentado “el desprecio sistemático” de la presidenta del BEI por el control y la independencia de las instituciones. Según Navarrete, esta actitud “viene de su etapa como vicepresidenta en el Gobierno de España”. El Partido Popular ha hecho del libro de memorias de la exministra de Economía un arma de oposición, aunque la Comisión Europea haya tumbado sus acusaciones.

En sus memorias, Calviño explica: “En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo durante años una estimación de la actividad muy inferior a la real... Por respeto, institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos”.

El eurodiputado del PP ha espetado a Calviño que el reglamento europeo sobre estadística establece que son los presidentes del INE quienes tienen la competencia exclusiva para decidir los métodos, estándares y procedimientos estadísticos y que deben “actuar de forma independiente, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno o institución”.

“¿Quién le ayudó a perpetrar semejante tropelía? Primero el INE. Ahora el BEI. El problema no es un episodio, es el patrón”, le ha remarcado Navarrete a la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respuesta del comisario europeo al PP

Sin embargo, ha sido el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quién ha desmentido los argumentos del PP precisamente como respuesta a una pregunta que hizo Navarrete junto a otros eurodiputados del PP español como Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Tomáš Zdechovský, eurodiputado checo del PPE.

Dombrovskis responde a la pregunta parlamentaria de los europarlamentarios conservadores que “las revisiones del PIB en España publicadas en 2024 se realizaron de acuerdo con la metodología establecida en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 sobre el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA 2010)”.

Además, el comisario europeo subraya que “estas revisiones se debieron a la aplicación de una revisión de referencia periódica de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, realizada de forma coordinada en todos los Estados miembros al menos una vez cada cinco años para incorporar nuevas fuentes de datos y cambios importantes en la metodología estadística internacional”.

También añade que “el impacto de las revisiones sobre el PIB nominal de España fue del 1,6 % (promedio anual entre 2020 y 2023), situándose dentro del rango observado en otros Estados miembros, que varió entre el −3,8% y el 6,8%”, pero además recalca que “la revisión media de las tasas anuales de crecimiento del PIB real fue de 0,3 puntos porcentuales en España (promedio anual entre 2020 y 2023), mientras que el promedio para los Estados miembros osciló entre −0,4 y 1,1 puntos porcentuales”. Es decir, Dombrovskis rebaja el impacto de los cambios que realizó el INE del crecimiento económico de España respecto a otros servicios públicos estadísticos en diferentes países de la UE.

El comisario de Economía ha recordado que “la Comisión supervisa de forma continua el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por parte de los Estados miembros”, especialmente el Reglamento sobre estadísticas europeas, que establece el principio de independencia profesional, que se desarrolla posteriormente en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

En la pregunta de los eurodiputados del PP se asegura que la “posterior dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, en junio de 2022, tras las presiones de la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, confirmarían una grave vulneración de la independencia profesional del INE”.

Pero, el comisario europeo de Economía rebate está argumentación al asegurar que “tal como señaló la Comisión en otra pregunta... no dispone de información que indique que el Reglamento (CE) n.º 223/2009 haya sido vulnerado en relación con la decisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística de dimitir en 2022”.

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha mostrado su “profunda preocupación” y rechazo ante la próxima celebración, en Ciudad Real, de un congreso que cuestiona la seguridad de las vacunas y las vincula con el autismo, relación que la comunidad científica internacional ha descartado de forma concluyente desde hace más de dos décadas.

Esta organización, que ha asegurado que, ante la cita prevista para este 28 de febrero, ya se dirigió por escrito a la Consejería de Sanidad de la Junta y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para exigir su suspensión, ha reiterado que lo que se pretende difundir son mensajes contrarios a la evidencia científica y atentar contra la salud pública.

De hecho, el pasado 13 de febrero el Colegio de Médicos de Ciudad Real ya anunció que denunciaría este evento ante los tribunales. Ahora, la AEV asegura que “este tipo de iniciativas contribuyen a la desinformación y pueden tener consecuencias muy graves para la salud de la población”.

Como ejemplo de desinformación, la AEV indica que en los materiales promocionales, sus impulsores sostienen que muchas enfermedades raras eran desconocidas hasta que se empezaron a desarrollar los calendarios de vacunación o que existen terapias y tratamientos para revertir el autismo.

A juicio de la entidad denunciante, estas afirmaciones pueden inducir a error a familias y pacientes, ante lo que ha recordado que las vacunas, en los últimos 50 años, han salvado 154 millones de vidas en todo el mundo. Son los fármacos más seguros que existen y no guardan relación con el autismo, ha insistido.

En este sentido, la AEV ha destacado sobre estos compuestos que, una vez autorizados y en uso, se mantienen múltiples niveles de vigilancia de seguridad mientras se distribuyen, lo que reafirma que su utilización en la población es seguro. “Cuestionar sin base científica la seguridad vacunal puede tener consecuencias graves”, ha confirmado.

Abundando en la incorrecta vinculación con el autismo, esta asociación ha divulgado que se remonta a un artículo de una revista científica británica publicado en 1998, en el que se establecía falsamente una conexión entre la vacuna contra el sarampión y el desarrollo de este trastorno. Un articulo que, subrayan, “fue manipulado con datos falseados” y los editores de la publicación tuvieron que retractarse.

Sanidad se dirige a la población: “No escuchen voces sin soporte científico”

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este lunes a la población “que no escuche voces que no tengan soporte científico” de cara a la celebración este sábado del evento denominado 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras' en Ciudad Real.

“En la información, lo que no tiene soporte y evidencia científica es desinformación”, ha subrayado, antes de inaugurar la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, y al ser preguntado por esta cita.

Tras asegurar que hay que “respetar a quien no piensa así”, y aclarar que los convocantes, en ese ámbito, “pueden hacer lo que consideren”, se ha mostrado “claramente de frente a la celebración de este evento y claramente de frente a las personas que están en desacuerdo con las vacunas”.

“Siempre el beneficio sigue siendo mucho mayor que cualquier otra cuestión que puedan poner de manifiesto y no quiero recordarles, las vacunas, lo que han sido a lo largo de la historia, la más reciente, el covid”, que permitió en menos de un año reducir “la fatal y letal consecuencia que estaba teniendo la enfermedad”, el virus respiratorio sincitial en niños o los síntomas de gripe que cada año son menores o incluso nulos por la vacuna de la gripe.

A juicio del consejero, “todo lo que se refiere a la vacunación, es decir, a la prevención primaria, no es discutible científicamente”, ha concluido.

En su disputa por ganarse los votos más ultras, el PP y Vox se han apuntado y esparcen sospechas sobre la seguridad de las presas en España. A lomos de la desinformación, ambas formaciones han relacionado el accidente ferroviario en Adamuz para transmitir la idea de que los embalses están deteriorados y corren peligro de romperse. Los dos han presentado el mismo día en el Congreso sendas mociones parlamentarias sobre “seguridad” de estas infraestructuras.

Un mapa presentado como la imagen de un peligro que no es en realidad lo que se muestra, una entrevista antigua recuperada meses después porque, publican, es “un momento en el que el estado de las infraestructuras en general está en entredicho, sobre todo tras el trágico accidente ferroviario de Ademuz” y unas reivindicaciones del gremio de ingenieros de caminos sobre el “envejecimiento” de infraestructuras han creado el caldo de cultivo al que se han lanzado los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal según llegaba el tren de borrascas y lluvias a España.

Por su parte el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se apuntó a meterlo todo en un mismo guiso al decir sobre las presas desde Huelva: “No puede ocurrir lo que nos ha ocurrido, ni con el apagón, ni con el AVE. Necesitamos mucho mantenimiento, mucha seguridad”. Su grupo parlamentario registró el 13 de febrero una proposición no de ley (PNL) “para garantizar la seguridad y la explotación”. Piden una auditoría y echan mano al argumento de que las presas están “envejecidas”.

En esa misma fecha, los diputados de Vox presentaron su propia PNL con un título casi calcado: “Garantizar la seguridad de las presas y embalses de España”. La formación de ultraderecha ha insistido estos días en que “el problema no es el clima, sino la política. Infraestructuras que no se mantienen, que no se refuerzan y que incluso se han derribado por decisiones ideológicas”.

Así que, según su relato, las presas están viejas y en mal estado por lo que podrían no ser capaces de contener el agua.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica contestan que “la seguridad de nuestras presas es una prioridad estratégica”. Y añaden que de 640 millones “movilizados desde 2018” para infraestructuras, “cerca de 174 millones se han destinado específicamente a actuaciones de seguridad y más de 183 millones a sistemas automáticos de información hidrológica y comunicaciones”.

La crisis climática cambia el panorama

En realidad, “el mantenimiento es el adecuado”, explica el experto en mecánica de fluidos de la Universidad de Zaragoza, Ricardo Aliod. Este doctor en ingeniería advierte de que “es el efecto del cambio climático –que estas mismas corrientes a veces niegan– el que hace que tengamos que repensar o reajustar primero la gestión de las presas”. No se trata, pues, de hacer presas más altas, ponerles más hormigón o crear más embalses, sino de adaptarse a la nueva realidad climática que Vox niega rotundamente y el PP matiza de manera retardista.

Aliod recuerda lo que los datos y estudios científicos no paran de evidenciar: “Estamos entrando en un clima tan torrencial, tan extremo, que igual ya no es posible –por más que queramos– técnica ni económicamente, construir o tener más escudos de protección. Esa frontera ya la hemos pasado”.

Sin ir más lejos, el tren de borrascas que ha atrevesado España en enero y febrero ha provocado un subidón del agua almacenada en los embalses en muy poco tiempo, como se ve en este gráfico donde la línea de 2026 es de un ascenso casi perpendicular.

Pero lo cierto es que a ambos partidos, el agua (muy relacionada con el mundo rural cuyo apoyo batallan con los ataques a la Agenda Verde y su negación climática) les sirve para arremeter contra el Gobierno a base de bulos como la falsedad de que se estaban destruyendo presas.

En plena sequía en 2023, las teorías conspirativas en foros de ultraderecha afirmaban que en España se demolían embalses para agravar así la escasez de agua. “Sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería”, era el mensaje diseminado al que se subieron públicamente tanto Vox como el PP. La realidad es que lo que se desmonta son pequeñas barreras y azudes obsoletos y en desuso que están obstaculizando el curso de ríos como mandata la legislación europea.

En la ecuación que están manejando los partidos de derecha no aparece la idea de que el cambio climático obliga a remodelar la manera en la que se gestiona el agua y sus infraestructuras. “Si se quiere utilizar los embalses para retener cuanta más agua mejor, eso es contradictorio con emplear las presas para protegernos de las avenidas”, explica Ricardo Aliod. Porque, para conseguir eso, “el embalse no puede estar lleno hasta los topes de manera que haya espacio donde retener el agua extra y no pase hacia abajo. Sin embargo, la presión del sector de regadío (que utiliza el 80% del agua) hace que se trate de mantener las presas lo más llenas”.

En ese sentido, PP y Vox se han metido los codos para aparecer como defensores del: cuanta más agua almacenada mejor. Han llamado “desperdicio” al hecho de que los ríos lleven agua hasta el mar. En un discurso poco distinguible, el diputado ultra José María Figaredo ha dicho que “en España se pierde cada año muchísima agua. Hectómetros cúbicos que son vertidos al mar sin motivo alguno”, mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, reflexionaba sobre el desembalse de la presa onubense de Olivargas que “ya ha tirado al mar 22 hm³, lo que consume Huelva en dos años”.

Con esos desembalses (que han hecho diversas presas estas semanas) se mantiene un nivel de seguridad por si salta la emergencia que, con el nuevo patrón de lluvias torrenciales, amenace con una crecida súbita. “Cómo máximo, los embalses en general deberían estar al 75% de su capacidad para tener esa margen con el que jugar en caso de avenida”, calcula el experto de la Universidad de Zaragoza.

Porque la crisis del clima ya está causando que las precipitaciones en España sean más violentas. Y eso se traduce en caudales más grandes que llegan a los embalses en poco tiempo. “Son muy superiores a los del pasado. Y cuando se calcularon para diseñar las presas, las válvulas de seguridad que son los aliviaderos (que impiden que el agua suba tanto que rebase y se desborde) estaban pensadas para esos caudales”. Y eso obliga, opina este ingeniero, a repensarlos.

“El peligro con las presas no es que se quiebren, sino que se desborden porque el agua al caer desde tanta altura erosiona el terreno y puede hacer que se descalce el dique en su base. Que se derrumbe”, describe Aliod. De ahí la necesidad de tener margen de embalse vacío y de revisar esos aliviaderos para que puedan evacuar más agua.

“Algunos podrán ampliarse, otros no. Pero eso no es un problema de mantenimiento, como están diciendo. El mensaje es que el cambio climático modifica los criterios de gestión”, remata Aliod.

Las vacunas provocan autismo. Esta es una falsa afirmación, un bulo que circula en las redes sociales, pero que también intenta calar a través supuestos 'congresos' científicos, que no son tales. El último se ha anunciado en Ciudad Real para el próximo 28 de febrero, en un local privado y que se publicita bajo el lema 'Daños por Vacunas: autismo y enfermedades raras'.

La Confederación Autismo España y su homóloga federación en Castilla-La Mancha han mostrado su “indignación” por la convocatoria. Advierten del “grave riesgo sanitario y social que supone difundir teorías falsas que vinculan las vacunas con el autismo”.

Desde la confederación de ámbito estatal que representa a las personas con autismo y sus familias en nuestro país han trasladado su “absoluto rechazo” ante la próxima celebración de este evento, insistiendo en que no existe ninguna evidencia científica que respalde que las vacunas causen autismo, ni que el autismo pueda “revertirse” o “curarse” mediante tratamientos médicos o naturales.

“Estas afirmaciones son rotundamente falsas y están desacreditadas desde hace décadas por la comunidad científica internacional y por las autoridades sanitarias de referencia a nivel nacional e internacional”, aseguran.

Por contra, recuerdan que el autismo es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico y con una fuerte base genética, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Así lo recogen, entre otros, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el DSM-5 (de la Asociación Americana de Psiquiatría) y la CIE-11 adscrita a la Organización Mundial de la Salud).

También inciden en que los únicos abordajes recomendados a nivel nacional e internacional son intervenciones psicoeducativas basadas en la evidencia, orientadas a proporcionar apoyos, potenciar capacidades y garantizar derechos, inclusión social y calidad de vida.

Se valen de dar falsas esperanzas a las familias que en una situación desesperada buscan cualquier recurso. Es injustísimo que jueguen con eso. Les están mintiendo

Rocío Rodríguez — Coordinadora de APAT

Rocío Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT) subraya en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que este tipo de movimientos lo integran “personas a título particular que se organizan en grupos”, que “están presentes en Cataluña y que quieren llegar a otros territorios. Se mueven en redes sociales para captar gente aunque en realidad no tienen implantación en ningún lugar, ni tienen estructura orgánica”.

En este tipo de actos se termina cobrando entrada. Pedimos a las familias que confíen en las asociaciones que les atendemos con evidencia científica y que les vamos a apoyar en toda la trayectoria vital de la persona

Rocío Rodriguez — Coordinadora de APAT

Este tipo de personas, según la coordinadora, “se valen de dar falsas esperanzas a las familias que en una situación desesperada buscan cualquier recurso. Es injustísimo que jueguen con eso. Les están mintiendo” y además advierte: en este tipo de actos, “se termina cobrando entrada”.

Reconoce que el diagnóstico de autismo es “un mazazo”, pero pide a las familias que rechacen a “los falsos gurús” y “que confíen en las asociaciones que les atendemos con evidencia científica y que les vamos a apoyar en toda la trayectoria vital de la persona. No están solos”.

Apunta también, para denunciarlas, a las falsas declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump, quien llegó a asegurar que el uso del paracetamol en el embarazo es también causa del autismo. Algo que ha sido rotundamente desmentido. “Es un despropósito acusar a las madres de abusar del paracetamol en la gestión y encima cargar contra personas vulnerables, contra las familias. Es un mensaje que no debe comprarse bajo ningún concepto”.

El origen de las falsas teorías está en “un estudio fraudulento”

Estas teorías tienen su origen en un “estudio fraudulento” publicado en 1998 por Andrew Wakefield, posteriormente retirado, desacreditado y sancionado. Pese a eso ha dado lugar a décadas de “desinformación con consecuencias devastadoras”, advierten.

Desde entonces, recuerda Autismo España, numerosos estudios epidemiológicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas “han confirmado de forma inequívoca” que las vacunas no causan autismo, incluyendo análisis recientes del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud.

Esta es la posición ya defendida anteriormente por Autismo España y que se alinea con el 'Informe técnico. Vacunas y autismo“'publicado en 2025 por el Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo.

“No podemos permanecer en silencio ante la proliferación de este tipo de eventos, que vulneran el derecho a recibir información veraz, dañan la imagen social del autismo y ponen en riesgo la salud colectiva”, aseguran.

Recuerdan que este tipo de afirmaciones pseudocientíficas “erosionan la confianza en las vacunas, que salvan millones de vidas cada año, aumentando riesgos de brotes de enfermedades prevenibles como sarampión o polio”.

Se pide a las administraciones que actúen “con firmeza”

El evento se ha puesto en conocimiento tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fuentes de ambas instituciones consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han declinado pronunciarse sobre el citado congreso.

Mientras tanto la entidad les pide que “actúen con firmeza, dentro de sus competencias” e investigar “posibles responsabilidades y prevenir la difusión de contenidos pseudocientíficos que atentan contra la evidencia científica, la salud pública y los derechos de las personas con autismo”.

“Hemos pedido al ayuntamiento y a la empresa que lo gestiona que no permitan su celebración”, explica Rocío Rodríguez. “Las redes sociales lo convierten en algo incontrolable y hay que posicionarse”, para denunciar la falsedad de este tipo de propuestas, recalca.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real anuncia “medidas legales”

Quienes sí se han pronunciado son los médicos de Ciudad Real. La organización colegial que agrupa al colectivo dice estar “recabando información de manera rigurosa” sobre los contenidos anunciados y sobre las posibles implicaciones sanitarias, profesionales y sociales que pudieran derivarse de este tipo de iniciativas.

Se ha posicionado “claramente en contra de las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública”.

Estamos claramente en contra de las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública

Colegio de Médicos de Ciudad Real

En un comunicado ha defendido “la deontología profesional médica” como “garante” para que los médicos colegiados ejerzan su actividad conforme a “los principios éticos, científicos y legales que rigen la profesión”.

También afirma que el colegio profesonal “solo reconoce como válido el conocimiento médico basado en la evidencia científica, contrastado y aceptado por la comunidad científica y profesional, y rechaza cualquier planteamiento que no se sustente en dichos criterios”.

Tampoco admite la atribución de efectos adversos que no estén recogidos en las fichas técnicas oficiales aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y anuncia “medidas legales y deontológicas” para defenderlo y “preservar la seguridad de los pacientes y de la ciudadanía”, en coordinación con las instituciones y autoridades sanitarias.

Se trata de lograr “la prevención de la difusión de bulos, desinformación y falacias pseudomédicas que puedan poner en riesgo la salud pública”.

No habían pasado ni dos horas desde las primeras noticias del accidente cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, publicó su primer tuit sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz. “Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”. Eran las diez y cuarenta minutos de la noche del domingo. 

A esa hora, las decenas de cuerpos de los fallecidos continuaban atrapados entre los amasijos de hierro de los vagones siniestrados, los vecinos de las localidades aledañas y los servicios de emergencia se afanaban en rescatar y auxiliar a los heridos para trasladarlos a los hospitales cercanos y cientos de familias no conseguían aún localizar a los viajeros. Nadie sabía nada sobre lo que había ocurrido, ni siquiera se conocía todavía el número de muertos. Pero la maquinaria ultra no esperó para ponerse en marcha. 

Pasó en la pandemia, en la dana, en el apagón y en los incendios. Y ha vuelto a pasar ahora. Las catástrofes se consolidan como un terreno fértil para la antipolítica, la desinformación y como una ocasión propicia para sembrar el caos en medio de un desastre en busca de réditos electorales. Esta vez, en las primeras 72 horas tras el choque de los dos trenes de alta velocidad que ha provocado 45 fallecidos, un buen número de informaciones sesgadas, o directamente falsas, han recorrido como la pólvora nuevamente las redes sociales, portales de internet de extrema derecha e incluso algunos discursos políticos y de medios de comunicación. Y todas ellas con una tesis común: achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Gobierno de Pedro Sánchez antes incluso de que la investigación echase siquiera a andar. 

Uno de los primeros bulos que se viralizó tras el accidente de Adamuz ha sido el de las inversiones del Ejecutivo español en sistemas ferroviarios extranjeros en detrimento del nuestro. Portales de internet de extrema derecha que cuentan con ayudas públicas cuantiosas de administraciones como la Comunidad de Madrid o incluso el gobierno argentino de Javier Milei publicaron que Pedro Sánchez donaba 247 millones de euros a Marruecos y a Uzbekistán para mejorar sus infraestructuras de tren mientras abandonaba a su suerte al sistema ferroviario español. En realidad, se trata de un crédito reembolsable otorgado en 2019, no de una donación, y el ministerio de Transportes ya ha recordado que en el tramo del siniestro se invirtieron 700 millones de euros para la renovación de la vía el pasado mes de mayo. 

Pero hay mucho más. También se expandió tras el accidente un llamamiento a la colaboración ciudadana en nombre de las autoridades para acudir a la zona del siniestro con chalecos reflectantes para ayudar a las labores de auxilio. Ante el riesgo de que se acumularan personas en la zona del descarrilamiento y entorpecieran el operativo, el propio servicio de Emergencias de Andalucía tuvo que desmentir el bulo para aclarar que solo ellos estaban “autorizados a estar en la zona del accidente ferroviario de Adamuz”. 

Imágenes falsas generadas con Inteligencia Artificial, montajes sobre la actitud de periodistas de la televisión pública o manipulaciones sobre las alternativas que ofreció Renfe a los viajeros afectados forman parte de una ofensiva en redes y panfletos digitales ultras que también ha saltado a algunos medios de comunicación. El director de uno de ellos, la misma noche del accidente, publicó a las 21.59: “Óscar Puente, mudo ante la tragedia del AVE tras tuitear en las últimas horas contra Trump y la mujer de Almeida”. Esa publicación se produjo 45 minutos después de que el ministro de Transportes comunicara en sus redes que se encontraba en el puesto de mando de ADIF en la estación de Atocha al frente de la gestión de la emergencia. 

En otros portales se ha difundido también que ADIF, la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria en España, lleva meses eliminando los registros de incidencias en las vías para no dejar pruebas de ellas, algo que se ha acreditado como absolutamente falso y que resulta fácilmente constatable con las propias comunicaciones públicas de ADIF en sus redes sociales. También se publicó que el ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente decidió eliminar el pasado verano la Unidad de Emergencias de su departamento para insinuar un recorte o una merma de los servicios públicos disponibles en este tipo de catástrofes y apuntar, una vez más, a la responsabilidad del Ejecutivo. El Real Decreto 690/2025 aprobado y publicado en su día explicaba, sin embargo, que se trata de un mero cambio de competencias. “Queda suprimida la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión (...) y es el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas el que asume sus competencias”. 

El caos, un negocio político y comunicativo

“Esto no es ni una improvisación ni son excesos verbales por parte de nadie. Esto es un modus operandi perfectamente reconocible que no busca ni saber la verdad, ni soluciones, ni acompañar a las víctimas. Lo que se busca es el conflicto, el rédito electoral, y por eso explotan deliberadamente el malestar”, explica Anna López Ortega, politóloga y licenciada en Periodismo por la Universitat de València, que analiza esta forma de actuar. “Antes de saber lo que ha sucedido ya tienen ese relato cerrado. Un culpable claro. Y también la dosis necesaria de bulos virales, que sabemos que alimentan la desafección política”. 

Experta en ultraderecha en Europa y España, López Ortega reflexiona que, en realidad, el del accidente de Adamuz es el mismo patrón seguido tantas veces en tragedias o catástrofes. “Se decide el relato antes de conocer los hechos señalando un enemigo, en este caso Sánchez y Óscar Puente. Y luego se difunden los bulos para convertir el dolor en miedo, en indignación. Esto es una estrategia política que usa aquí y en todas partes del mundo la ultraderecha antisistema”. 

Desde que ocurrió la tragedia, una ola de solidaridad de los vecinos de Adamuz, de la ciudadanía andaluza y del conjunto de la sociedad ha movilizado al país para trasladar apoyo y empatía a las víctimas. Y todo el mundo coincide en que, a diferencia de la dana o la crisis de los incendios, la lealtad institucional entre administraciones dirigidas por el PSOE y el PP ha sido en este caso ejemplar, con el Gobierno central y la Junta de Andalucía a la cabeza. Pero la conclusión es que, a pesar de ello, el discurso ultra consigue encontrar las rendijas de la desafección para colar su mensaje y buscar clientela. 

“La estrategia cala porque, ante una tragedia así, estamos en una situación de incertidumbre, de miedo, de desconcierto. Somos más vulnerables, con lo cual demandamos más información. Y ellos nos las ofrecen 24 horas y en diferentes formatos: desde la tribuna política, un tuit de Santiago Abascal, ese ejército digital anónimo y no tan anónimo, una imagen manipulada, un meme... Y en este momento de vulnerabilidad somos más permeables a su permanente campaña de desinformación. En cualquier caso, está demostrado que si la comunicación es clara, empática y transparente por parte de las administraciones, esa estrategia tiene menos impacto porque la ciudadanía necesita eso, seguridad y empatía”. 

Anna López Ortega, que es autora del libro 'La extrema derecha en Europa', ha publicado junto con el profesor de la Politécnica de València Germán Llorca-Abad el primer estudio científico sobre la desinformación durante la crisis producida por la dana. Un trabajo en el que analiza también las estrategias de desinformación de aquella catástrofe y en el que se referencia un modus operandi común que ahora recuerda a lo que ocurre con Adamuz. 

“En literatura de comunicación política nosotros hablamos del 'framing de crisis'. A lo que hace referencia este término es que aquí la gestión deja de importar y lo relevante es que el accidente encaje con nuestra narrativa, que en este caso de la extrema derecha española es que el Gobierno de Sánchez es corrupto y tiene que dimitir y es responsable de cualquier calamidad. Es decir, ¿hay una catástrofe? Lo que pase y la causa es lo de menos. Lo importante es que es una oportunidad para encajar nuestra narrativa sobre las maldades del sanchismo”. 

En la pandemia se llegaron a distribuir imágenes falsas sobre la supuesta retención del Gobierno central de material sanitario que Pedro Sánchez no querría entregar a las comunidades autónomas, en la dana se organizaron montajes para acusar a las administraciones y ONG de destruir la ropa donada mientras Revuelta, la organización juvenil de Vox, recaudaba dinero para las víctimas que nunca repartió.

En las últimas horas, un vídeo de un raíl de madera suelto sobre el que pasa un tren a gran velocidad tuvo decenas de miles de reproducciones en redes y fue distribuido como si formara parte de la red ferroviaria de España, aunque es falso. Y uno de los agitadores ultras acreditado en el Congreso como periodista se desplazó hasta Adamuz para darle pábulo al bulo de que una de las piezas del Alvia que cayó en un arroyo y puede resultar clave para la investigación se encuentra perdida en un arroyo sin que los investigadores la tengan controlada. Mientras, con algunos cadáveres aún sin identificar, la investigación sigue su curso y ya apunta a que se han encontrado muescas de roce en los primeros coches del Iryo y en trenes que pasaron antes por Adamuz. Algo que, según el Gobierno, aún no resulta concluyente a los expertos para determinar lo que pasó. 

La difusora de bulos Pilar Baselga será juzgada en Madrid el próximo mes de marzo por afirmar que Begoña Gómez es una mujer transexual involucrada en casos de narcotráfico. La esposa del presidente del Gobierno pide que Baselga sea condenada a un total de dos años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indemnización de 100.000 euros más por injurias y calumnias. La acusada, mientras tanto, asegura en sus redes que pelea por “la libertad de expresión” a la espera de otro juicio por difundir el bulo del 'Bar España', por el que la Fiscalía pide siete años y medio de presidio.

Pilar Baselga es una licenciada en Historia del Arte con un máster en arte contemporáneo que lleva más de una década compaginando sus comentarios y publicaciones sobre arte con blogs y canales de Internet en los que difunde distintas teorías conspiranoicas y bulos. Algunas son sobre clásicos de la conspiranoia española como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y otras, más recientes, se refieren a tramas inexistentes de pederastia como el 'Bar España' o el bulo de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es en realidad una mujer trans involucrada en una trama marroquí de narcotráfico.

Lo dijo con aplomo en una intervención en el programa 'Los Intocables' del canal Distrito TV el 22 de noviembre de 2022. “Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño”. Y después de comentar los negocios de saunas de su fallecido padre, Baselga sigue: “Nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, ”Begoño“ fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África, y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, por eso la Complutense la despidió”.

Ninguna de esas afirmaciones, que según Baselga habían sido difundidas por “medios alternativos”, era cierta. Begoña Gómez empezó a trabajar para la Complutense en 2012 y comenzó a dirigir un máster en 2014, cuatro años antes de que Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno. Su segundo máster arrancó en 2020 y ese mismo año se puso en marcha la cátedra extraordinaria. Dos años después de la moción de censura que hizo presidente a su marido.

No existe ninguna prueba, por otro lado, de que durante su etapa en el IE Africa Center alguien le tendiera “una trampa” y fuera involucrada en un caso de tráfico de drogas. Su “despido” de la Complutense, además, no estuvo relacionada con nada de eso. La universidad pública canceló sus dos másters y la cátedra extraordinaria la segunda mitad de 2024, en plena investigación judicial contra ella a manos de Juan Carlos Peinado y alegando, en algunos casos, falta de alumnos y asistencia.

La cadena Distrito TV no necesitó ninguna denuncia para darse cuenta de que las declaraciones de Baselga se podían traducir en un problema judicial. Seis días después emitió un comunicado desmarcándose de sus afirmaciones: “Distrito TV manifiesta su firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, en particular, con el colectivo transexual”, explicó en una nota. Poco después, la propia Baselga se retractó en un vídeo: “Dije unas palabras que han sido malinterpretadas en relación a una supuesta transexualidad”.

Sus palabras serán analizadas por un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo de Madrid el próximo 12 de marzo. Baselga se sentará en el banquillo frente a una petición de dos años de cárcel, 21.000 euros de multa y 100.000 euros de indemnización de la esposa del presidente del Gobierno. Gómez considera que incurrió en un delito de injurias y otro de calumnias, ambos en su calificación grave y con publicidad, y apunta al “grave perjuicio causado” atendiendo a la “difusión pública” de sus palabras. Solicita que, en caso de ser condenada, Baselga tenga que difundir la sentencia en DistritoTV.

Baselga, la primera en denunciar a Begoña Gómez

Los enfrentamientos legales entre Baselga, el canal de televisión para el que colaboraba y Begoña Gómez arrancaron con esos comentarios, pero se alargaron hasta mediados de 2024. La difusora de bulos y el canal fueron los primeros en denunciar a la esposa del presidente del Gobierno usando información que su abogado había obtenido de la Universidad Complutense a través de peticiones de información y sus canales de transparencia. Todas sus denuncias contra ella acabaron archivadas.

Begoña Gómez interpuso la querella contra Baselga y DistritoTV a finales de febrero de 2023. Habían pasado varios meses desde la intervención de Baselga en el canal, de su petición de disculpas y de que hubiera vuelto a la carga en Telegram de forma intermitente con su teoría de que Gómez es una persona trans. Pocos meses después tanto Baselga como el canal pasaron al ataque y pidieron su imputación en los juzgados de Madrid con una querella conjunta contra Begoña Gómez y el rector de la Complutense en agosto de 2023

La querella ni siquiera pasó el primer filtro del juzgado y fue inadmitida en diciembre de ese año porque no habían presentado el poder especial necesario para seguir adelante con el caso. Pero su contenido y firma revelaba que la recopilación de información contra ella venía de atrás: el abogado que presentó la querella en nombre de Baselga y el canal había pedido información a la Complutense meses antes. La universidad había defendido la colaboración de Begoña Gómez con el centro, una relación que se remontaba al año 2012. Baselga y el mismo abogado volvieron a la carga a finales de febrero de 2024, unos días antes de que Manos Limpias presentase la denuncia que sirvió al juez Juan Carlos Peinado para abrir la causa por la que todavía sigue imputada.

Esa segunda querella también se dirigía contra Gómez y contra el rector de la UCM y también murió abandonada por la propia Baselga cuando, a la vista de que Peinado ya tramitaba una causa contra la esposa del presidente, ni siquiera pagó la fianza para seguir adelante.

Ahora la difusora de bulos se enfrenta a un doble escenario penal pero como denunciada y no como denunciante. Baselga tiene pendiente de señalamiento un juicio en la Comunidad Valenciana por difundir otro bulo: el del 'caso Bar España'. La supuesta red de pederastia de políticos de la importancia de Carlos Fabra que violaban y mataban a niños en un bar de Benicarló que, en realidad, era una falsedad fabricada por un hombre llamado Reinaldo Colás como venganza contra la nueva pareja de su exmujer, según relataron sus hijos. Baselga figura entre una de las grandes difusoras de esta mentira y la Fiscalía pide para ella otros siete años más de presidio.

Voces de extrema derecha han aprovechado el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) para lanzar bulos que aseguran que el Gobierno español ha “regalado” cientos de millones a países como Marruecos o Uzbekistán para que mejoren sus infraestructuras ferroviarias, insinuando que el Gobierno ha invertido fuera de España olvidando los trenes y las vías españolas.

No es así. Lo que ha aprobado el Ejecutivo en los últimos años son créditos “reembolsables y condicionados” para que esos países compren material ferroviario a empresas españolas. Es decir, solo reciben esos créditos si se cierran esos contratos. Y son créditos que no están ligados al Ministerio de Transportes, que es el que invierte en la red ferroviaria española y en la compra de trenes para el operador público Renfe.

En concreto, en abril de 2019, el Consejo de Ministros dio luz verde a la concesión de dos créditos reembolsables por un valor total de 247 millones de euros con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que entonces dependía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hoy ese organismo queda bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En esos contratos se contempló un crédito condicionado a Marruecos de 190 millones de euros “para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca, en caso de que una empresa española resulte adjudicataria en la licitación internacional convocada”, según explicó el Gobierno en su momento. En este caso, el contrato se lo llevó la francesa Alstom, por lo que no hubo crédito.

En Uzbekistán era distinto. Lo que se aprobó fue un crédito de 57,4 millones de euros para “financiar la ingeniería, adquisición, fabricación, suministro, almacenaje, instalación y puesta en marcha de dos composiciones de tren eléctrico alta velocidad modelo Talgo 250”, junto con “cuatro coches para trenes ya en servicio, piezas de mantenimiento y equipos de mantenimiento con sus repuestos”. “El objetivo de este proyecto es la ampliación de la flota de trenes de alta velocidad para cubrir las necesidades derivadas de la alta demanda de ocupación y de la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad en la República de Uzbekistán”.

También se ha puesto en cuestión la concesión, en febrero de 2025, “de un crédito reembolsable en condiciones concesionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a Office National des Chemins de Fer du Maroc / Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos, para financiar el proyecto de suministro de hasta 40 trenes interurbanos, por importe de hasta 754 millones de euros”. De nuevo, ese crédito está condicionado a que se acaben comprando trenes interurbanos a empresas españolas. 

¿Qué es el FIEM y cómo funciona?

El FIEM, el citado Fondo para la Internacionalización de la Empresa, es un instrumento público que busca apoyar la internacionalización de las empresas españolas financiando proyectos de exportación. Es decir, no se financia al país receptor, se financia la exportación española, porque solo se dan los créditos al país en cuestión si una empresa española resulta adjudicataria del contrato.

La financiación se articula mediante créditos reembolsables, que están sujetos a criterios y condiciones previamente establecidos, no son subvenciones, recalcan fuentes del Ejecutivo. El riesgo financiero recae en el comprador extranjero, que es quien asume la deuda y el compromiso de pago.

La financiación se concede al cliente extranjero de la empresa española, sea un cliente público o privado, y está vinculada al contrato de exportación. Es decir, es el comprador extranjero quien asume la deuda, mientras que los pagos se realizan directamente a la empresa española, a través del FIEM, a medida que cumplen las condiciones marcadas en el contrato, según explican las citadas fuentes.

Esta financiación es ventajosa para la empresa española porque no supone endeudamiento y elimina el riesgo de impago. Al mismo tiempo, cada euro movilizado está ligado obligatoriamente a bienes y servicios producidos por empresas españolas, lo que se traduce en la creación de empleo y en generar actividad industrial. “El impacto económico se queda en España: empleo, producción y tecnología”, en sectores de alto valor añadido como el ferroviario.

No hay evidencia de que el uso de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual entre los niños, según la síntesis más rigurosa de la evidencia actual publicada hasta la fecha en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health. 

En septiembre de 2025, la administración estadounidense sugirió que tomar paracetamol durante el embarazo podría aumentar el riesgo de autismo entre los niños. Los metaanálisis anteriores sugirieron pequeñas asociaciones entre el paracetamol en el embarazo y un mayor riesgo de autismo y TDAH, pero a menudo se basaban en estudios propensos a sesgos. 

Esta nueva revisión sistemática y metaanálisis analizó 43 estudios y halló que los estudios más amplios y metodológicamente rigurosos, como los que comparan a hermanos, aportan evidencia sólida de que el paracetamol durante el embarazo no causa autismo, TDAH ni discapacidad intelectual. 

Los autores afirman que los hallazgos de las comparaciones entre hermanos y los resultados agrupados de múltiples estudios sugieren que las asociaciones previamente reportadas entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual podrían deberse a otros factores maternos, como dolor subyacente, malestar, fiebre o predisposición genética, más que a un efecto directo del paracetamol.  

Ian Douglas, profesor de Farmacoepidemiología en la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), cree que los investigadores han sido minuciosos. “Tras excluir los estudios de menor calidad que no tienen en cuenta las diferencias importantes entre las madres que usan o no paracetamol durante el embarazo, de forma tranquilizadora, los estudios restantes no sugieren que el uso de paracetamol en el embarazo esté asociado con un mayor riesgo de ninguna de las condiciones del neurodesarrollo consideradas”, explica al SMC.

Los padres de niños con discapacidad pueden ser más propensos a tomar paracetamol debido a dolores relacionados con el estrés de la crianza o con sus propias afecciones crónicas

Steven Kapp — Profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido)

“Su rigor científico incluyó el control de factores de confusión, como tener un hermano con la condición, ya que estas neurodivergencias se dan en familias”, añade Steven Kapp, profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido). “Los padres de niños con discapacidad pueden ser más propensos a tomar paracetamol debido a dolores relacionados con el estrés de la crianza o con sus propias afecciones crónicas (que es más probable que tengan los padres neurodivergentes). El control entre hermanos en estos estudios demuestra que el medicamento no causa la discapacidad del niño”. 

“Las mujeres embarazadas no necesitan el estrés de cuestionarse si el medicamento más comúnmente utilizado para un dolor de cabeza podría tener efectos de gran alcance en la salud de su hijo”, recalca Grainne McAlonan, catedrática de Neurociencia Traslacional del King’s College London (Reino Unido), también al SMC. “Este estudio, exhaustivo y claro, abordó la cuestión realizando tanto una amplia revisión sistemática de la literatura como un metaanálisis de los estudios elegibles”, concluye. “Aunque el impacto del anuncio del año pasado ha sido considerable, espero que los hallazgos de este estudio den por zanjado el asunto”.