“Nunca había sido tan fácil acceder a una noticia sobre una vacuna, un estudio nutricional o el último informe sobre cambio climático. Y nunca había sido tan difícil saber si esa noticia es verdad”. El estudio Desinformación Científica en España 2026, elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt), alerta de que la desinformación ha crecido en los últimos cuatro años y, aunque admite que no es un fenómeno nuevo, señala que “ha cambiado de escala y velocidad”, creando un ecosistema en el que distinguir lo verdadero de lo falso “se ha convertido en una competencia fundamental para la vida ciudadana, casi tan necesaria como leer o calcular”.

De teléfono a tableta, del televisor a las conversaciones cara a cara, en las que también se difunde desinformación, los bulos campan a sus anchas. Y la sociedad señala a los políticos como los primeros responsables, apunta Fecyt. Un 57% de las personas cree que es la clase dirigente la principal originadora de desinformación, seguida de cerca por influencers y personalidades de internet (54,5% de los individuos) y los gobiernos, políticos o partidos políticos extranjeros (45,4%). Los medios de comunicación y periodistas también concentran una proporción relevante de atribución (45,6%), por encima de los lobbies y los grupos de presión (40,4%).

Eso supone un problema más profundo que la mera difusión de contenido falso. “En el nivel individual, erosiona la capacidad de tomar decisiones informadas sobre salud, medio ambiente y tecnología”, sostienen los autores, Celia Díaz Catalán, de la Universidad Complutense de Madrid, y Pablo Cabrera Álvarez, de la Universidad de Essex (Reino Unido). “En el nivel colectivo, socava los marcos de conocimiento compartido que sustentan la deliberación democrática, alimenta la desconfianza institucional y puede comprometer la cohesión social cuando amplios sectores de la ciudadanía operan desde universos informativos incompatibles”, añaden.

Sobre esto opera también, continúan los científicos, la relación que tiene la ciudadanía con la desinformación y su expansión. La encuesta revela que la gente se ve mayoritariamente a sí misma como capaz de distinguir entre información falsa y verdadera, pero cree que los demás no pueden hacerlo. En concreto, más de la mitad de las personas (51,5%) se sienten bastante seguras de poder identificar información falsa: el 7,2% muy seguras, y el 44,3% más bien seguras. En cambio, el 81,9% se sienten nada o no muy seguras de que la persona promedio en España es capaz de distinguir la desinformación y solo el 3,0% de las personas creen que la persona promedio en España puede distinguir la desinformación.

Esto supone un problema, cuentan los autores, porque “los bulos más peligrosos no son los que activan las alarmas, sino los que llegan disfrazados de información razonable, esperanzadora o simplemente interesante”.

Además, esta dualidad lleva a que una mayoría esté a favor de que se tomen medidas para proteger a esos otros que, considera la sociedad, no son capaces de hacerlo por sí mismos: el 63,8% apoya la restricción gubernamental de información falsa online, aunque limite la libertad de prensa.

De la covid a la IA

Este informe es la segunda parte de una primera edición que se realizó en 2022. Aquel estudio mostró que la preocupación por la desinformación científica era amplia y transversal, que la confianza en el personal científico se mantenía como un activo sólido en medio de la desconfianza institucional generalizada y que la alfabetización mediática actuaba como un factor protector relevante frente a la susceptibilidad a los bulos.

Ese año lo más problemático era todo lo relacionado con la pandemia y los bulos sobre las vacunas o los tratamientos de la infección. Hoy, “la inteligencia artificial generativa, con aplicaciones como ChatGPT, Gemini, o los resúmenes automáticos de los buscadores, ha irrumpido como canal de información y como herramienta de producción de contenidos falsos a una velocidad enorme”, describe el informe. “Las redes sociales han multiplicado su peso como fuentes de noticias científicas a la vez que las personas más jóvenes las perciben como el principal vector de los bulos”, añade.

Díaz y Cabrera advierten de que uno de los cambios más importantes en los últimos años es que la desinformación ya no es una disfunción, es parte de la vida cotidiana. “Ha dejado de ocupar una posición marginal para integrarse en la experiencia informativa cotidiana de la sociedad. La exposición frecuente a contenidos falsos en ámbitos como la salud, la alimentación o el cambio climático indica que la desinformación no es una anomalía del sistema, sino una de sus dimensiones constitutivas”, han explicado en un briefing para el Science Media Centre (SMC) de España. Es, de hecho, uno de los principales desafíos para las sociedades contemporáneas, según han valorado los autores.

El análisis de este fenómeno, junto a la complejización de todo el sistema de desinformación —los contenidos falsos se difunden a través de una combinación de canales que incluyen redes sociales, medios tradicionales y redes interpersonales, en conversaciones cara a cara o mediadas a partir de aplicaciones de mensajería— y la “tensión estructural en la relación entre ciencia, instituciones y sociedad” —la gente cree en los científicos, pero no en los políticos— “permiten avanzar hacia una comprensión más integrada del fenómeno. La desinformación científica no puede abordarse únicamente como un problema de contenidos falsos, sino como el resultado de la interacción entre estructuras mediáticas, dinámicas sociales y marcos de confianza”, escriben Díaz y Cabrera.

Nutrición y bienestar a la cabeza

En cuanto a los detalles, nutrición y bienestar es el tema con mayor percepción de bulos recibidos en la última semana (40,0%), seguido de cambio climático (36,2%), tratamientos médicos (31,9%) y vacunas (28,3%). Las plataformas de vídeo y redes sociales son el canal principal de recepción de desinformación (70,7% y 70,5% de los afectados) y la IA ya aparece como canal de bulos para el 29,8%.

Además, más o menos la misma gente se informa a través de las redes que a través de los medios convencionales (un tercio de la población en cada caso), un dato que debería provocar algún pensamiento autocrítico, según ha valorado Laura Teruel Rodríguez, profesora y coordinadora de Periodismo Científico y Medioambiental en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, para el SMC: “Ese abandono de la consulta a los medios por parte de la audiencia, junto al aumento del consumo accidental, debe hacer reflexionar sobre la renuncia de la sociedad a recurrir a informadores creíbles y profesionales”.

Los científicos y el personal sanitario son el colectivo en el que más se confía como fuente de noticias (un 80% lo hace) seguidos de la prensa, la radio y la televisión, aunque ninguno de los tres se acerca a los niveles de las fuentes expertas. Mientras, la IA se comporta, a ojos de la sociedad, como lo hacían antes las redes: mucha gente la usa, pocos confían en ella. Mientras un 62,4% cree que facilita la distribución de desinformación, un 27% opina que es útil para combatirla.

El informe aborda también una cuestión relativamente nueva como es la manera de acceder a la información. Así, el 35,2% de las personas sostiene que no necesita buscar noticias porque le llegan por redes sociales. Este “comportamiento informativo pasivo”, como lo define el texto, se asocia con mayor exposición a la desinformación. Los autores han explicado en el briefing del SMC que esto se debe a que la persona media tiende a considerar que la información que le llega —frente a la que se busca— es objetiva o responde a sus intereses porque así lo ha decidido un algoritmo, un pensamiento cuanto menos cuestionable, sostienen. Pero ese aire de objetividad le otorga credibilidad y hace que sea más probable que las compartan, ha explicado Cabrera.

Y así se va esparciendo la desinformación, independientemente de que alguien se considere a sí mismo capaz de discernir informaciones verdaderas de falsas. Un 13,3% de las personas encuestadas reconoce haber compartido información falsa en conversaciones presenciales o telefónicas y el 9,5% lo ha hecho a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, según el informe. Al analizar por género se observa que en la propagación en redes existe una brecha significativa: los hombres reconocen haber compartido información falsa en el 12,0% de los casos, frente al 7,1% de las mujeres. Sin embargo, esta brecha desaparece en el canal conversacional cara a cara o telefónico, donde la diferencia no resulta significativa.

Todo empezó con Trump. Luego, fueron Fujimori, Bolsonaro, Orbán, Abascal… Pero el PP no podía ser menos. Hace tiempo que Feijóo es un habitual de la política de tierra quemada. Por convicción o por imitación, el caso es que ya le vale todo: la deshumanización del adversario, la deslegitimación de las instituciones, la judicialización de la política, la mentira como recurso habitual, la denuncia falsa… Ahora, abraza el stop the steal (detengan ese robo), una vieja teoría de la conspiración de las derechas y ultraderechas globales que empezó en 2020 con Trump sobre un presunto fraude electoral en las presidenciales norteamericanas. 

El objetivo no es necesariamente demostrar una alteración real de los datos, sino sembrar dudas respecto al sistema electoral para socavar la confianza ciudadana y movilizar a su electorado bajo una lógica de polarización afectiva. Las consecuencias de tal infamia son sobradamente conocidas. En EEUU, el asalto al Capitolio. En Brasil, los ataques a las sedes de las instituciones por parte de los simpatizantes de Bolsonaro. En Perú, meses de parálisis política e impugnaciones masivas que retrasaron la proclamación del presidente. En España, aún está por ver. 

Convertido en una mala copia de Abascal, Feijóo ha empezado a construir, con la ayuda de Ayuso y de su sincronizada de guardia, una irresponsable ofensiva contra el Gobierno que alimenta la sospecha de un supuesto pucherazo electoral. La excusa es la llamada ley de nietos, que permite a los descendientes de exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española. “Ahí queda el aviso”, afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, que asegura que “el reparto de escaños” será “ilegal, que el presidente del Gobierno pretende cambiar el censo electoral y que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina. Todo, sin pruebas ni datos, pero con un descaro pasmoso. El mismo con el que Feijóo habla también de ”ingeniería electoral“ porque al Gobierno ”con los actuales votantes no le salen las cuentas“.

Según el Ministerio de Justicia, a fecha de abril de 2026, el número de solicitantes de nacionalidad en virtud de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, ascendía a 2.622.450 mientras que las aprobadas fueron tan solo 557.709. De ellas, se han inscrito en el Registro Civil 306.500. Los demandantes son todos hijos y nietos de gente que tuvo que salir de nuestro país por la dictadura franquista. El Gobierno ha concedido además la nacionalidad española por carta de naturaleza a 117 descendientes de los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.  Son ya ciudadanos españoles de pleno derecho, pero el proceso administrativo lleva tiempo, si bien el PP juega a confundir y mezclar la ley de Memoria Democrática con la regularización de inmigrantes, un proceso que no otorga en ningún caso el derecho a voto. 

Feijóo, Ayuso, Abascal y toda la derecha no hacen más que seguir a pies juntillas el sobradamente conocido manual de la ultraderecha global de sembrar la duda previa. Lo que, en comunicación política, se conoce como la anticipación del relato. Esto es que, meses antes de las elecciones, partidos y medios afines difunden la idea de un supuesto pucherazo o que el gobierno de turno prepara una alteración de los resultados de tal modo que cualquier victoria del adversario o resultado propio que sea adverso queda automáticamente deslegitimado.

Para que la falsa denuncia resulte creíble, la treta suele poner el foco en tres aspectos técnicos: el voto por correo, el censo de residentes extranjeros y las empresas de soporte tecnológico que centralizan los datos de recuento. Del resto ya se encargan los periodistas afines, las redes sociales y los canales de mensajería. Pero, si con todo esta patraña, resulta que los difusores de bulos resultan los ganadores de las elecciones, como pasó por ejemplo en Extremadura, las denuncias se diluyen y aquí paz y, después, gloria. Si, por el contrario, pierden, aunque sea por poco margen, regresaría a sus pantallas la máquina del bulo.

Si lo que busca Feijóo, en caso de no gobernar en 2027, es un asalto al Congreso, como el que EEUU vivió en el Capitolio, no solo demuestra lo poco que le importan la democracia y la convivencia, sino también lo entrenado que está en violencia política. El “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, que profirió Cristóbal Montoro en 2011 se quedará corto en comparación con lo que el gallego parece dispuesto a arrasar de nuestro sistema democrático.

Está a un paso de abrazar el terraplanismo, negar la evidencia científica sobre las vacunas y denunciar una conspiración de Pedro Sánchez para ocultar que la verdadera forma de la Tierra no es geoide. Tiempo al tiempo.

En el Centro de Operaciones Regional (COR) del Plan Infocam se preparan para afrontar un día muy complicado.

Es lunes, y Castilla-La Mancha se encuentra metida de lleno en la primera ola de calor del verano. Las altas temperaturas se han dado la mano en esta jornada con la sequedad del suelo y la posibilidad de tormentas para dejar un escenario en el que prácticamente toda la región se encuentre este día en riesgo extremo por peligro de propagación de incendio forestal.

Por eso, en este centro operativo, el lugar desde donde se coordina todo el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha, la concentración es máxima.

Se ubica a las afueras de Toledo, y está en permanente conexión con los otros cuatro centros operativos que el Infocam tiene en cada provincia castellanomanchega -el de Toledo se localiza dentro del propio COR-.

Al frente de él está Juan José Fernández, ingeniero de montes con más de 15 años de experiencia trabajando en la prevención y extinción de los incendios en Castilla-La Mancha.

“Este año, la campaña de extinción ha empezado muy pronto, por lo que la probabilidad de que ocurran incendios será mayor”, nos cuenta cuando le preguntamos por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en las que aseguraba que se han duplicado los conatos de incendios a estas alturas de temporada. “Cada año las campañas de extinción de incendios son más largas, empiezan antes y terminan después. Es una tendencia consolidada”.

En 2026 convergen varios factores que aceleran la llegada del riesgo de incendios: hubo un número alto de precipitaciones durante el invierno y la primavera que permitieron un rápido y abundante crecimiento de pastos. Tras ese periodo de lluvias, llegó uno de elevadas temperaturas desde el mes de abril. Eso secó el pasto. Y una vez que el pasto pierde la humedad, se convierte en combustible.

Por estas circunstancias, desde el sindicato CSIF denuncian que encuentran “muy insuficientes” los 103 días que dura la actual campaña de extinción. Bajo su punto de vista, esta debería extenderse “al menos” seis meses: del 1 de mayo al 31 de octubre.

Fernández reconoce que los dispositivos de extinción de incendios se encuentran ante un “paradigma” en el que, mientras científicos y técnicos coinciden en la necesidad de “reforzar” las labores de prevención para reducir el riesgo, la realidad obliga a realizar unas campañas de extinción “cada vez más extensas e intensas”.

“Existen unos recursos y lo que tenemos que hacer, como personas responsables de gestionarlos, es optimizar su uso para que den el mejor resultado posible. Necesitamos tener un balance entre prevención y extinción”, concluye.

Analizando columnas de humo

Cuando una columna de humo aparece en el horizonte, el aviso llega a uno de estos centros provinciales. Puede ser un incendio o no. Eso lo determinan los técnicos que trabajan en cada una de estas instalaciones.

En la de Toledo, en este lunes de ola de calor, hay dos técnicos, ingenieros de montes o ingenieros forestales, que, en paralelo, reciben todos los avisos.

“Lo más habitual”, nos cuenta el director operativo del COR, “es que los avisos nos lleguen del 112 gracias a avisos de ciudadanos al servicio de emergencias”.

Cuando la alerta llega, en el centro operativo provincial analizan toda la información disponible para determinar si es un incendio forestal o no. Y, en caso de que lo sea, se movilizan los recursos necesarios para hacer un primer ataque a las llamas.

“Analizar la información que entra respecto a ese aviso es muy importante, porque la respuesta que se le da al incendio no siempre es la misma. Hay que ajustarla a la gravedad potencial que pueda tener”, explica Fernández.

La decisión cobra todavía más importancia en jornadas como la de la visita al centro operativo, con gran parte de la región bajo Índice de Propagación Potencial extremo. En estas condiciones, cualquier conato puede multiplicar rápidamente sus dimensiones.

“Desde primera hora de la mañana cualquier incendio puede adquirir unas dimensiones muy elevadas en muy poco tiempo”, advierte.

Las 'armas' del Infocam

El dispositivo que Infocam ha preparado para este año cuenta con más de 2.700 profesionales y un total de 248 medios operativos. Entre ellos están helicópteros, aviones anfibios y 220 medios terrestres. A estos medios hay que sumar también 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región que sirven para la detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato o incendio forestal. La inversión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en marcha este dispositivo se cifra en 126 millones de euros.

Este año la campaña tiene el lema de la prevención salva, con el foco puesto en la prevención y en la responsabilidad individual. “Esa prevención es muy importante”, cuenta Juan José Fernández, “y es una prevención que se realiza en muchos niveles”.

Cuenta que la ciudadanía, especialmente aquellas personas que viven o utilizan el medio natural, tienen que ser conscientes de que están somentidos a la amenaza de los incendios forestales.

“Entonces hay que adoptar medidas, comportamientos, que reduzcan esa amenaza. Si vivo en el medio natural, tengo que estar informado cada día del riesgo al que estoy sometido, de nuestro índice de propagación potencial, adecuar las actividades que yo planifico para ese día a ese nivel de riesgo, adecuar mi casa y el entorno de mi casa para que, ante la posible llegada de un incendio forestal, mi casa, mi urbanización, mi vehículo, mi negocio, sufran el menor daño posible”.

El director operativo del COR incide tanto en la importancia de la prevención porque, señala, en Castilla-La Mancha, la mayoría de los incendios forestales, cerca del 90%, están porvocados por el hombre.

“La mayoría son negligencias y causas accidentales que se producen, sobre todo, en actividades agropecuarias, aunque depende mucho de las áreas geográficas, porque Castilla-La Mancha no es uniforme y homogénea”.

Cuando un incendio crece

La mayoría de los incendios pueden ser gestionados inicialmente desde los centros operativos provinciales. Sin embargo, cuando el fuego aumenta de tamaño, la situación se vuelve más compleja.

Los centros provinciales movilizan los recursos que tienen asignados, pero pueden llegar a necesitar más medios de otras provincias o incluso recursos estatales. Es entonces cuando interviene el Centro Operativo Regional.

Su función es coordinar los cinco centros operativos provinciales, gestionar los recursos de ámbito autonómico y mantener la relación con organismos como el 112, Guardia Civil, policías, el Ministerio para la Transición Ecológica o la Unidad Militar de Emergencias.

La estructura descentralizada responde a una necesidad cada vez más importante: la simultaneidad de incendios. Es decir, cuando hay activos varios fuegos de importancia al mismo tiempo. Algo que generó la “emergencia” de incendios forestales en agosto de 2025 y que compromete la respuesta del sistema de emergencias, que no pueden abarcarlo todo.

Fernández lo compara con lo que sucedió en el sistema sanitario durante la pandemia de 2020. “El problema está en el número de personas que requieren atención médica al mismo tiempo. Eso puede colapsar cualquier sistema sanitario. Con los incendios forestales ocurre algo parecido”.

Y concluye que las situaciones de simultaneidad son ya una realidad.

Bulos sobre los incendios forestales

Tras más de quince años trabajando en incendios forestales, Fernández observa una transformación acelerada del fenómeno. “Los incendios están cambiando, pero la tendencia es que cada vez cambian con más rapidez”.

Hay zonas que históricamente no generaban grandes incendios y que ahora sí pueden hacerlo. Al mismo tiempo, el crecimiento de población en áreas próximas a Madrid, especialmente en Toledo y Guadalajara, incrementa la exposición al riesgo.

“La presencia de personas en el territorio hace aumentar la vulnerabilidad”, señala.

Para finalizar, Fernández señala dos grandes bulos relacionados con los incendios forestales que complican su trabajo a la hora de extinguirlos y prevenirlos: la negación del cambio climático y que las talas de árboles se perciban como algo negativo para el monte y no como una herramienta clave de prevención.

“No podemos disociar los incendios del cambio climático”, afirma tajante sobre el primero, mientras que del segundo explica que la gestión forestal pasa por realizar talas de árboles “no para eliminar el bosque”, sino para “aumentar el vigor de la masa forestal y mejorar su estado para ser más resiliente frente a las amenazas como sequías, altas temperaturas, vendavales e incendios forestales”, concluye.

La jornada termina en el Centro Operativo Regional del Infocam sin que se haya producido ninguna alerta de relevancia. A pesar del riesgo extremo de propagación de incendios forestales en casi toda Castilla-La Mancha, no ha habido ninguna situación excepcional. Pese a ello, todavía queda un verano muy largo por delante en el que, seguramente, habrá muchas columnas de humo que interpretar.

Una de las tendencias más inquietantes documentadas este año por el informe del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford es la relación entre la adicción a las redes sociales (ya no hay otra manera de llamar a lo que nos pasa) y la percepción de la información. 

Según esta encuesta en 48 países, de media, la principal fuente de información para la audiencia ahora –y por primera vez– son las redes sociales. A la vez, cuantos más vídeos, comentarios, ocurrencias y memes vemos en Instagram, Facebook o X sobre Trump, Gaza, la migración o el cambio climático, peor opinión tenemos sobre cómo los medios están informando sobre estos asuntos. 

En España, la principal puerta de entrada a la información sigue siendo la televisión, en especial por la fidelidad de las personas mayores. Pero las redes ya están por encima de las webs y aplicaciones de noticias, y eso se traduce en más descontento: “Entre los españoles cuya principal fuente informativa son las plataformas, las actitudes resultan netamente negativas para todos los temas. Al menos en términos relativos, el público expresa mayores niveles de satisfacción si se informa con los sitios web y las aplicaciones de los medios, y su valoración es positiva en tres de las seis grandes noticias si su principal fuente es la televisión”, explica el informe.

Después de varias generaciones de golpes, revoluciones y adaptaciones más o menos torpes en la información es fácil perder la perspectiva del momento en el que estamos. El dominio de las redes y la imposición de la inteligencia artificial, en manos de unas pocas empresas de multimillonarios, no es un capítulo más de la revolución digital. Supone un cambio sustancial para el periodismo y, sobre todo, para la democracia. 

No hay respuesta fácil a lo que nos está pasando como individuos y como sociedad, pero dejarse arrastrar por lo que dictan estas empresas, como hemos hecho en los últimos 15 años, solo ha llevado a un escenario peor. En esta década marcada por la pandemia y la guerra muchas crisis se nos escapan, pero la del entorno informativo no es ni ha sido inevitable. 

Keir Starmer, el primer ministro británico, decía esta semana en la presentación de su plan para prohibir las redes sociales para los menores de 16 años que hay “un cambio cultural” y más conciencia sobre la naturaleza de las redes. La implicación de los gobiernos puede ayudar, pero también más reflexión y acción de los medios –ojalá en todos los países hubiera un A.G. Sulzberger, el editor del New York Times, para liderar esa reacción– y, en última instancia, de los ciudadanos. 

La deriva en la que estamos tiene mala pinta, y aun así hay algún detalle en el informe del Instituto Reuters que arroja esperanza: los medios que merecen más confianza son los que trabajan siguiendo estándares periodísticos, la audiencia dice que aprecia la imparcialidad y tiende a confiar en los medios que consume de manera directa. Los casos más flagrantes de interferencias políticas, como la CBS en Estados Unidos, han tenido consecuencias: en este caso, una caída de la confianza de 10 puntos en solo un año.

El estudio también nos da pistas de qué le atrae de plataformas externas, en particular de inteligencia artificial, que gusta porque explica de manera sencilla las noticias y se pueden hacer preguntas de seguimiento. 

Parte de nuestra responsabilidad como periodistas es hacer el trabajo mejor, con menos jerga, menos prejuicios y más mente abierta. Ni así está asegurado un espacio para los medios, pero al menos es un camino.

La jueza de la dana, en un contundente auto dictado este martes, ha arremetido contra el abogado y 'youtuber' conspiranoico Rubén Gisbert, a quien acusa de desconocer “hasta las propias circunstancias que siguieron” al fallecimiento de la madre de uno de sus representados. La magistrada también reprocha al letrado su ignorancia sobre la “ubicación” del barranco del Poyo a su paso por Catarroja.

La resolución descarta la imputación de la alcaldesa de Catarroja, la socialista Lorena Sirvent, que pedía Gisbert, quien ejerce una de las acusaciones particulares en el procedimiento. El 'youtuber', que ha propagado todo tipo de bulos sobre la catástrofe, fue despedido como colaborador del programa de Iker Jiménez tras mancharse aposta de barro para una conexión al día siguiente de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que conoce al dedillo el sumario, recuerda al abogado que su escrito “evidencia” el desconocimiento de las circunstancias posteriores al fallecimiento de la madre de su cliente (Rubén Gisbert decía que el cuerpo fue trasladado a la parte superior de su vivienda, cuando lo cierto es que fue llevado a la casa de un vecino, tal como aclara la jueza en el auto).

También reprocha al letrado (caracterizado por haber insultado en redes sociales a una de las testigos principales de la causa, entre otros desmanes) que, como “tónica habitual”, dedique a la instructora un “torrente de descalificaciones y acusaciones de toda índole”.

Se trata asimismo del abogado que se querelló, sin éxito, contra la instructora y contra su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera. La querella fue archivada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). La jueza ya alertó (en un auto del pasado 2 de marzo) de que el objetivo de Rubén Gisbert era “dinamitar” la causa.

La ubicación en Catarroja del barranco del Poyo

En su escrito solicitando la imputación de la alcaldesa socialista, Gisbert también sostenía que el barranco del Poyo resulta “visible” desde las ventanas del juzgado de Catarroja, afirmación que también evidencia “el desconocimiento de la ubicación del propio barranco del Poyo a su paso por Catarroja”, indica el auto. La magistrada afirma que “desde ninguna de las ventanas de este edificio del Tribunal de Instancia de Catarroja se puede contemplar el barranco, como erróneamente afirma” Rubén Gisbert.

Sin embargo, “ahí no acaba el desconocimiento del Letrado respecto del barranco del Poyo”, apostilla la resolución. La jueza reprocha al 'youtuber' que afirmara que el barranco del Poyo cruza la localidad “de lado a lado”, cuando en realidad “constituye el límite” entre los términos del municipio y de la vecina Massanassa.

“No cruza el pueblo de lado a lado. A diferencia del caso de las poblaciones de Paiporta o Chiva en las que el barranco efectivamente cruza por dichas poblaciones.”, explica la magistrada.

El “desconocimiento” de la normativa por parte de Gisbert

“Si se desconoce el territorio, en este caso el lugar por donde discurre el barranco del Poyo, difícilmente se puede analizar lo sucedido ni atribuir responsabilidades a los intervinientes [en la toma de decisiones]”, desliza el auto.

De hecho, la resolución alude abiertamente al “desconocimiento de dicha representación de la normativa y el desarrollo de la emergencia”.

La jueza, por enésima vez, reafirma la falta de responsabilidad penal de los alcaldes de las zonas afectadas por la dana al no ostentar “posición de garante” alguna ante la emergencia (algo avalado desde hace tiempo por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia).

El auto destaca que le correspondía a la Generalitat la vital “tarea” de la “coordinación de la emergencia”.

La principal fuente de información para la mayoría de la población adulta es ahora lo que ve o lo que lee en Instagram, Facebook, YouTube y otras redes sociales. A la vez, cuanto más se consume información así, más aumenta la desconfianza en las noticias y el miedo a caer en bulos y manipulación, según los datos del informe anual del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford.

Este año es el primero en los 15 de análisis de este centro de investigación sobre periodismo en que las redes superan tanto a la televisión como las webs y aplicaciones de noticias en la media de los 48 países analizados. Entretanto, la confianza en la información en general nunca había estado tan baja desde que el informe empezó a hacer esta pregunta, en 2015. De media, solo el 37% de los adultos asegura confiar en las noticias la mayoría del tiempo. En el caso de España, es el 33%.

Las personas que más noticias ven o leen a través de plataformas sociales y de vídeo tienden a tener la opinión más negativa sobre cómo los medios publican la información de la que saben por esas fuentes, y esto se da especialmente en países con altos niveles de polarización, como Estados Unidos, Reino Unido y España. El interés declarado en las noticias es también cada vez más bajo.

En España, el 74% de los encuestados asegura estar preocupado por la desinformación online, 12 puntos más que la media global.

“Las nuevas audiencias tratan cada día con una competición implacable por su atención online. No debería sorprendernos que muchos decidan pasar, otros opten por atender a lo que quiera que salga en sus cuentas, y muchos no sepan en qué creer”, explica Jim Egan, el autor principal del informe del Instituto Reuters. Aun así, destaca que la audiencia sigue apreciando la “misión” del periodismo, por ejemplo, en su preferencia por la imparcialidad y los estándares periodísticos que no encuentra en otras fuentes.

La adicción

Los usuarios comparten la ansiedad y la incertidumbre que genera el uso de redes, pero siguen recurriendo a ellas. El miedo a los bulos y otras formas de desinformación ha crecido en todo el mundo, pero el uso de las redes se ha estabilizado aunque cambien las plataformas preferidas (menos X y más Facebook e Instagram).

El Gobierno del Reino Unido acaba de anunciar sus medidas para prohibir el uso de las redes a menores de 16 años y limitarlas para todo el que no haya cumplido 18 por su carácter adictivo y los riesgos que entrañan los contactos con extraños y la explotación sexual de imágenes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este lunes que se está produciendo un “cambio cultural” de rechazo a las redes. El Reino Unido es uno de los pocos países donde las webs y aplicaciones de noticias todavía superan el consumo de noticias en redes, si bien las personas menores de 34 años también tienen las redes como principal puerta de entrada en las noticias.

En España, la primera fuente de información sigue siendo la televisión tradicional, pero las redes, en particular Instagram y Facebook, son la segunda y superan a los medios escritos en cualquier formato. Para las personas menores de 44 años, en todo caso, las redes sociales son la principal entrada a la información. 

Más del 30% de los adultos en España aseguran que se informan con lo que leen y ven en Instagram y Facebook. También es especialmente notable el uso de los chatbots generados con inteligencia artificial para informarse, sobre todo entre los más jóvenes.

El 19% de las personas entre 18 y 24 años en España aseguran que se informan a través de chatbots de IA. Esto está seis puntos por encima de la media global para las personas de la misma generación.

Desde 2020, el cambio de tendencia sobre la forma de informarse está claro y en muchos casos no se trata de un ascenso en el consumo de redes, sino de un descenso de los medios que han dedicado recursos a alimentar esas plataformas en manos de las grandes compañías de tecnología, la mayoría de Estados Unidos. 

“El declive relativo de la televisión como una fuente de noticias se reconoce en todo el sector. Lo que tal vez no se ha reconocido tanto es que el uso de las webs y aplicaciones de noticias ha caído a un ritmo similar en años recientes”, dice el informe. “Durante el mismo periodo, las redes sociales se han mantenido estables en términos de uso global”. Si se añaden los chatbots de inteligencia artificial, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google, el 56% de los usuarios se informan con estas herramientas fuera de los medios.

Noticias de chatbot

“Es mejor pensar en esto más como una deriva que como un cambio brusco, pero aun así constituye un momento importante”, dice el informe. “Cuando las personas utilizan las redes sociales y las plataformas de vídeo, a menudo lo hacen para consumir noticias de medios de comunicación consolidados. Sin embargo, cada vez más, esto forma parte de una dieta informativa más compleja en la que los medios tienen que esforzarse mucho para mantener su cuota de atención”. Incluso los medios con estrategias más avanzadas y exitosas “tienen que enfrentarse cada vez más a la realidad de que, en la mayoría de los países, las plataformas de terceros que actúan como intermediarias en el consumo de contenidos son más populares que las marcas digitales que los editores han construido”. 

A.G. Sulzberger, el editor del New York Times, advirtió hace unos días en un detallado discurso contra la entrega sin resistencia a las plataformas, en particular las que utilizan la inteligencia artificial y “roban” los contenidos de los medios.

El Times es uno de los pocos medios del mundo que se ha atrevido a dar la batalla en los tribunales contra las grandes tecnológicas, mientras otros medios grandes en Estados Unidos, España o Francia han optado por aceptar lo que OpenAI y otras empresas les ofrecen sin cuestionar los términos.

La IA explicativa

Lo que la audiencia parece encontrar, en particular, en algunas de estas nuevas plataformas es una explicación más sencilla de la información.

El uso más habitual es “hacer preguntas de seguimiento sobre una noticia”, según la encuesta de YouGov para el Instituto Reuters, y algunos de los rasgos más destacados son los resúmenes y la velocidad para entender una noticia de manera sucinta. Los países en Asia, África, Latinoamérica y Europa del Este, donde está más extendido el uso de las plataformas, también son los que han experimentado mayores crecimientos en el uso de la IA. Aun así, este parece, de momento, un complemento para informarse.

“Aunque todavía es una pequeña minoría de la población, la cifra representa un aumento relativo substancial e indica que la IA está empezando a jugar un papel más relevante en el consumo de noticias junto a los canales establecidos. Sin embargo, solo el 1% dice que la inteligencia artificial es su principal fuente de noticias, lo que sugiere que actualmente juega un papel complementario para la mayoría de usuarios”, explica Amy Ross Arguedas, investigadora del Instituto Reuters y una de las autoras del informe.

La experta también destaca que los que más utilizan estas herramientas son las personas que ya están más interesadas en las noticias, que las consumen por varios canales de manera simultánea. La confianza en la información que viene de la IA es muy baja para la población general –el 20%–, pero los usuarios de estas herramientas sí dicen confiar en ellas como fuentes de noticias.

La desconfianza y Trump

La caída de la confianza en las noticias es pronunciada, si bien se mantiene la que se refiere a los medios que los lectores o los oyentes consumen en particular.

El índice de confianza general ha caído en 29 de los 48 países analizados por el informe este año, con bajadas especialmente notables en Filipinas, Irlanda, Tailandia, Perú y Polonia. En España, la confianza está estable, pero sigue en mínimos igual que el interés por las noticias.

En Estados Unidos, la confianza en las noticias nunca había estado tan baja desde 2015, el año de la irrupción de Donald Trump en la vida política: solo el 25% dice que confía en las noticias que ve la mayoría del tiempo.

Este es un caso donde la desconfianza ha aumentado de manera más notable cuando hay intervención del poder político. Por ejemplo, una de las mayores caídas de la confianza en Estados Unidos ha sido para la CBS, la televisión propiedad de Paramount y que ha sido objeto de interferencias abiertas por parte de la Administración Trump. La cadena era una de las que tenía mejores índices de confianza de la audiencia y ahora ha perdido 10 puntos. Fox News también ha experimentado un declive similar en el último año.

En el caso de Estados Unidos, el único medio que ha mejorado en esta medida es la radio pública NPR, que ha sido castigada con la retirada de fondos federales por parte de la Administración Trump.

El medio en el que más dicen confiar los estadounidenses es la radiotelevisión pública británica BBC, que tiene alcance limitado en los medios convencionales en su país, pero pueden leer online. La BBC está entre los medios denunciados por Trump en los tribunales, en este caso por la edición de un documental sobre él en la campaña de 2024 que no se emitió en Estados Unidos.

Los datos del informe del Instituto Reuters están basados en la encuesta de casi 100.000 personas en 48 países por todo el mundo, con alrededor de 2.000 en cada lugar. Las preguntas se hicieron entre enero y febrero de este año. El margen de error depende de las preguntas, pero las diferencias de hasta dos puntos no se consideran significativas y deben ser interpretadas “con mucha cautela”, según la nota del informe.

El Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa se unen para llevar a cabo una campaña en defensa del zumo de naranja 100% exprimido frente a la creciente desinformación alimentaria. “Nada más que zumo. Nada menos que zumo”, es una iniciativa desarrollada por Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), Agriconsa, Anecoop y el Comité de Gestión de Cítricos con el apoyo de la Generalitat y en esta ocasión, con la participación de la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de la jornada se ha presentado el informe Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, y han contado con la presencia de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Àngels Ramón-Llin quien ha insistido en que “no se trata solo de defender un producto, sino de defender la verdad, la salud pública, el empleo rural y una cadena de valor estratégica para la Comunitat Valenciana”.

En este informe pionero sobre desinformación alimentaria, se aborda el papel que constituye internet como principal fuente de consulta de información respecto a prácticamente cualquier tema, pero en concreto sobre la salud, afectando a la percepción que tenemos sobre ciertos alimentos e incluso modificando nuestros hábitos de consumo.

En los últimos años, ha habido una democratización de la información, hay más acceso a conocimientos sobre salud y nutrición que nunca, pero esto –como ocurre con frecuencia en internet– tiene dos caras: una más positiva y otra más negativa. Esto se debe a que la viralidad de los contenidos no depende de la rigurosidad o la calidad del contenido, sino que responde más bien a una lógica de espectacularización.

En un entorno digital marcado por una competencia constante por captar la atención del usuario, los titulares simplistas y sensacionalistas tienen como único objetivo captar la atención del lector. En esta batalla, el algoritmo premia la emoción y no el rigor científico, lo que genera un entorno de ruido en el que la información veraz y contrastada se pierde en una marea de desinformación y bulos. El resultado es una tremenda dificultad para el usuario a la hora de distinguir los datos veraces de los erróneos, lo que genera una sensación de incredulidad y desconfianza constante ante cualquier información.

A lo largo de la jornada se ha destacado el papel que juegan los llamados “foodfluencers polarizantes” en la construcción del discurso sobre la alimentación en redes sociales. Estos perfiles se caracterizan por priorizar el impacto y la viralidad por encima del rigor informativo, utilizando con frecuencia mensajes simplificados, provocadores o incluso alarmistas para captar la atención del público. Por supuesto, no todo es ruido, en el ecosistema de influencers alimentarios existen voces con formación científica que utilizan las plataformas para contrarrestar la desinformación, pero estos perfiles suelen tener un alcance menor.

El problema es que todo esto no se agota en el entorno virtual, sino que trasciende a la pantalla e influye en los hábitos de consumo de la población. De esta forma un sector tan importante como es el sector citrícola –principal subsector agrícola de la Comunidad Valenciana– se ve profundamente afectado a nivel internacional, por los bulos que circulan en redes sociales sobre el zumo de naranja, equiparándolo incluso con las bebidas enérgeticas: “el zumo de naranja ha sido descrito casi como agua con azúcar o más próximo a una golosina que a un alimento saludable”.

España es el 6º productor mundial de cítricos y se posiciona el 1º en su comercialización. De esta forma, la industria del zumo constituye un papel fundamental puesto que entre el 15% y 20% de la producción cítrica no puede venderse en fresco y el zumo permite dar salida a esa producción. El Comité alerta de un descenso de hasta un 30% en el consumo del zumo de naranja 100% exprimido debido a los efectos de los bulos difundidos en torno a este producto.

Además, el sector citrícola desempeña una importante función medioambiental basada en los principios de la economía circular, ya que de la naranja se aprovecha prácticamente todo su contenido. No solo se utiliza la pulpa para el consumo y el zumo para la industria alimentaria, sino también la corteza y la cáscara, que pueden deshidratarse y destinarse a otros usos industriales. De este modo, se reduce el desperdicio y se maximiza el aprovechamiento del recurso.

Ramón-Llin también ha subrayado que el zumo “no pretende sustituir el consumo de fruta entera, aunque sí formar parte y complementar una alimentación equilibrada dentro de una dieta saludable”. Asimismo, señalan la importancia de recordar que, por normativa, el zumo de naranja 100% natural no puede contener azúcares añadidos. Este aspecto resulta clave para combatir la confusión frecuente entre este tipo de producto y otras bebidas azucaradas, ya que en muchos debates públicos se tiende a equiparar ambos sin tener en cuenta sus diferencias legales y nutricionales. La legislación alimentaria europea establece claramente esta distinción.

Frente a la presencia de afirmaciones no respaldadas por datos científicos, la confusión sistemática en torno al concepto del azúcar y, en definitiva, una tendencia generalizada a simplificar y descontextualizar la evidencia científica, –especialmente en lo relativo al papel del zumo de naranja 100% exprimido– la iniciativa “Nada más que zumo. Nada menos que zumo” nos ofrece una serie de recomendaciones, entre las que destacan: la importancia de entender el marco normativo, desconfiar de los titulares alarmistas y consumir fuentes plurales.

No es que no fuera esperable dada la polarizante realidad de esta época, pero ver cómo el apagón, un evento meramente técnico, se ha convertido en un artefacto de la batalla cultural y política no deja de apenarme profundamente y nos muestra lo tóxico que se ha convertido nuestro debate social.

Dejen que les cuente la última muestra de esto. Hace unos días aparecí en el programa de TVE 'Se nos ha ido de las manos', para el que fui entrevistado hace un tiempo. El programa trata el apagón desde un punto de vista desenfadado y se focaliza mucho en los bulos y la desinformación que siguió al evento, dado el perfil de su presentador, Carles Tamayo. Esto, por supuesto, ha soliviantado a algunos propagandistas disfrazados de divulgadores que se han visto indirectamente interpelados por sus bulos posteriores al apagón y, como reacción, han soltado alguna embestida en redes sociales contra el programa. Ver tus acciones comparadas con los bulos sobre el parking de Bonaire después de la dana de Valencia obviamente no es del agrado de nadie. 

El otro día un amigo me mandó un tuit de la cuenta de TVE en X donde se compartía un trocito del programa en el que aparecí. Hace año y medio que no participo en aquella siniestra plataforma, pero entré para ver qué era y, por curiosidad, me puse a leer los comentarios. Cuando te desinfectas de X y ya solo entras puntualmente, la sensación que te provoca es como si estuvieses viendo una película de zombis de serie B: Todo se ve falso, excesivo y con un punto ridículo. El cuñadismo premium, la violencia gratuita o ver cómo los pocos que no tienen una cuenta anónima hunden su imagen participando en la turba violenta, no deja de ser antropológicamente curioso. Sin embargo, X sigue siendo relevante en el debate público, de ahí el enorme esfuerzo y dinero invertido para dominar lo que se ve en ella. Negarlo sería autoengañarse.

Volviendo al tuit, los comentarios eran tremendos. Una turba atacaba al programa por ser “propaganda sanchista”, por estar mintiendo y atacaban a los que participamos por, según ellos, “blanquear” al gobierno, a REE y ¡¡a la CNMC!! El 95% de los comentarios era pura bilis, pero me fijé más el 5% restante, aquellos que pretendían rebatir lo que defendíamos los participantes, todos profesionales del sector de la energía, que era que a las renovables se las había responsabilizado injustamente del apagón y que no fueron las responsables. Con estrategias propias del ilusionismo y la prestidigitación, pretendían defender que, aunque las renovables no tenían permitido controlar tensión por la regulación vigente entonces, eran de alguna manera las causantes. Algunos de estos comentarios debían de estar hechos con IA: “Hazme una argumentación que parezca convincente para acusar a las renovables de ser las responsables del apagón a pesar de no haber podido controlar tensión”.

Ustedes imagínense que mañana hay un gran incendio que se descontrola y arrasa decenas de miles de hectáreas. Y que después de la extinción, el Gobierno hace una ley que permite que las policías locales de España puedan ser movilizadas contra los incendios. Pues bien, para estas personas la culpa del incendio y su descontrol la tendrían las policías locales. No las administraciones, ni la falta de medios, ni los incendios de nueva generación, el cambio climático o las condiciones adversas. No, la culpa sería de las policías locales que no podían ir a ayudar. Este era el mejor argumento de los comentarios. Imagínense el resto. 

No perdería ni un céntimo si apostase a que ninguno de los comentaristas en X se habrá leído las 470 páginas del informe de ENTSO-E, ni quizá tan solo una parte de ellas. La inmensísima mayoría de ellos no tenía siquiera el criterio técnico más básico sobre un sistema eléctrico, pero esto no se trata de hechos, se trata de fabricar un relato. Por haber, había hasta una nota de la comunidad “validada” que negaba lo que decíamos los tres especialistas que estábamos allí y que, por supuesto, era equivocada y estaba mal referenciada. Lo de las notas de la comunidad es un invento fantástico para engañar a la gente simulando un fast check que, en el fondo, no es más que la autovalidación de los propios prejuicios de los comentaristas. Es el doble bulo: el del comentario y el de la supuesta validación.

Esta anécdota, de la que fui consciente de casualidad, es un ejemplo del intento de fabricación de una verdad alternativa sobre el apagón. Esto no ha salido de los usuarios anónimos de esa red social, sino que es producto de toda la desinformación, bulos y medias verdades interesadas que se llevan diciendo desde el mismo día del apagón, cuando aun no se sabía nada, pero recordemos, ya había gente diciendo que sabían lo que había pasado. Esa gente mentía entonces y sigue mintiendo ahora al defender su propio relato, de ahí su desairada reacción hacia el programa.

Lo que pasó el día del apagón se conoce casi al milímetro, está en los diferentes informes que se han ido conociendo. No fueron las renovables, no fue la falta de inercia, no fue que hubiese pocas nucleares ni que hubiese demasiadas renovables ese día. Eso es falso y ha sido demostrado reiteradamente por todos los informes. Quien diga lo contrario está mintiendo y quien haga trilerismo con los hechos está intentando manipular. El apagón fue un evento en cadena, por tanto, multifactorial, con 17 factores que contribuyeron a la cascada de incremento de tensión y a que no se pudiese controlar. Hay cuestiones de regulación desactualizada, eventos inesperados, centrales que no cumplieron con sus obligaciones y desconexiones inadecuadas. Lo que no hay por ningún rincón de ningún informe es un exceso de renovables.

Durante este año hemos visto como, con el apagón, se ha utilizado el manual sobre cómo difundir desinformación: Medias verdades, uso de mitología previa, falsos expertos en los medios, uso del miedo para coaccionar a la sociedad y paralizar los cambios, informes pagados, bombardeo con información anecdótica para generar un estado de ánimo, expertos “sugeridos” por interesados en los medios, filtraciones maliciosas, y, sobre todo, la gran estrategia para ganar una batalla por el relato: Ser el primero en presentarlo, aunque no tengas evidencia alguna. 

Aun así, dos tercios de la población no se ha creído que las renovables sean las causantes, según una encuesta reciente. A veces los buenos también ganan. A pesar de X.

“Se puede decir Begoño. No es ningún delito”. Canturreando esas palabras en un vídeo para su canal de Telegram, la agitadora ultra Pilar Baselga celebraba que este pasado lunes la Justicia la absolvía, en una sentencia que aún se puede recurrir, de un delito de injurias por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esa breve publicación, que posteriormente ha eliminado, Baselga aparece sentada en su coche y después de saludar a sus seguidores comienza a decir: “Hemos ganado, se puede decir Begoño, no es ningún delito”, para luego añadir antes de lanzar un beso a cámara: “No hay condena en costas, ni multa, no hay nada. Absolución total”. Ya para terminar continúa cantando: “Begoñooo se puede decir, y no es delito, no es delito. He ganado, he ganado”.

La denuncia venía a raíz de unas declaraciones que la agitadora había realizado en el programa Los intocables del canal Distrito TV, donde aseguraba que Gómez era transexual, que había nacido hombre y que además estaba implicada en “una cuestión de narcotráfico en Marruecos”. Palabras que aludían a varias informaciones falsas compartidas en redes sociales y que tras la intervención de Baselga se viralizaron aún más entre sus miles de seguidores.

La jueza de la causa, Beatriz Suárez Martín, en su sentencia absolutoria, indicó que 'Begoño' no es un término “de por sí solo injurioso” y el cual ampara “por el prevalente derecho a la crítica o al humor satírico. En este sentido, según escribe, solo podría ser condenada si los ”términos fueran desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida.

Por todo ello, las palabras de Baselga no habrían “menoscabado el honor de la querellante”, lo cual hace que “los hechos declarados probados no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal, y deben ser considerados atípicos”. Además, la jueza aseguró que al no haber contado con la declaración de Begoña Gómez no se cuenta “con un relato personal y directo, que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación” y que por eso no puede saber si las expresiones de la agitadura “lesionaron su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

En el juicio, Baselga sostuvo que no era su intención calumniar a la mujer de Pedro Sánchez y se disculpó si algo de lo que dijo fue “desafortunado”. A su vez, se excusó asegurando que su intervención en el programa se basó en informaciones que había leído en otros medios y que fueron fruto de la “improvisación”.

Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar objetivamente si se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha trasladado este martes un mensaje de “tranquilidad” ante el proceso de regularización de migrantes iniciado en España: “Hasta el 30 de junio hay tiempo”. En el segundo día en el que se pueden realizar los trámites de forma presencial (en La Rioja en las oficinas de Correos y en la Oficina de la Seguridad Social), Arraiz ha recordado que, desde el pasado 16 de abril, también se pudo iniciar de forma telemática.

El día de ayer, ha relatado, transcurrió con “normalidad” en las oficinas en las que se puede realizar de forma presencial; si bien en los ayuntamientos se produjeron colas para solicitar la documentación (empadronamiento y certificado de vulnerabilidad). Son los ayuntamientos, ha reconocido, los que están “soportando la mayor presión” en estos momentos. No obstante, ha rechazado hablar de caos: “Son los pasos iniciales de un proceso muy esperado en este país, de justicia; y, por lo tanto, es normal que la gente en estos primeros días acelere para conseguir toda la documentación”.

A este respecto, ha querido “dar las gracias a los ayuntamientos que están colaborando y que están, con todo el esfuerzo, participando de este procedimiento”. “Porque es cierto que no es fácil, pero seguramente en los próximos días, también, vaya normalizándose”, ha añadido.

Los bulos sobre el proceso de regularización

La delegada ha querido aclarar, también, “dudas que pueden ir surgiendo durante este proceso”, empezando por señalar que no es cierto que haya cupos establecidos de solicitudes. “Hay ciertos bulos que dicen: no es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo quedas fuera; no, no es cierto, todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá autorización”, ha relatado.

Con respecto a las colas en los ayuntamientos, “tranquilidad”, porque “es cierto que está habiendo esa presión, pero otros días también hay filas para otros trámites”. “Son momentos un poquito delicados y lo único que puedo pedir es cierta tranquilidad”, ha dicho. Con respecto a que se están cobrando servicios, ha entendido que hay profesionales que pueden ayudar en la gestión de estas ayudas y “algunos probablemente estén, incluso, abusando un poco de este hecho”.

Ante esto, ha instado a acudir a las entidades sociales que están colaborando, por ahora en esta comunidad Comisiones Obreras y el Movimiento por la Paz (MPDL) que “asesoran, ayudan y acompañan”. Un registro de entidades colaboradoras que está abierto y que, ha avanzado, se irá ampliando para facilitar el proceso.

Luis Carandell recogió, en uno de sus libros, la célebre respuesta que José María Gil Robles, al frente de la derechista CEDA, a un diputado en el Congreso español, que le espetó, en 1934, “su señoría es de los que todavía llevan calzoncillos de seda”. “No sabía que su esposa fuera tan indiscreta”, replicó con sorna.

¿Qué se hizo de aquel ingenio y de aquellos oradores, en un tiempo y en un mundo en el que el arte del exabrupto sustituye a Demóstenes en la conversación pública? El insulto sustituye al argumento, a la patraña se le llama post-verdad y el supuesto mantra de los indios del western que Javier Krahe utilizó en una canción contra el felipismo, se extiende a todas las esferas del poder y no sólo a la política en sentido estricto: Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.

Los embustes de Pericón eran alta literatura comparados con la barahúnda de medias verdades o de mentiras completas que no sólo se extienden por las redes sino por los medios de comunicación que tienen el derecho y el deber constitucional de preservar la veracidad. Telecinco tendría que reponer urgentemente La máquina de la verdad, de Julián Lago, para acordarnos de qué se suponía que era eso en los años 90 del pasado siglo. ¿Imaginan a Miguel Ángel Rodríguez, al Pequeño Nicolás, a José Luis Ábalos, a Cristóbal Montoro, al rey emérito o al comisario Villarejo entre sus nuevos concursantes?

Nos hemos acostumbrado a que algunos líderes políticos digan algo y lo contrario en menos que canta un gallo: “¿Ha visto alguien lo mal que lo está haciendo España? Sus datos económicos, a pesar de que apenas contribuye algo a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendos. Es triste verlo”, acaba de soltar Donald Trump a través de sus redes. Sólo que, hace menos de un año, cuando pretendía que nuestro país aportara un 5% al mantenimiento de esa misma plataforma militar, utilizaba el argumento contrario: “La economía española es buena (…) Lo están haciendo muy bien”.

El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral

En El Arte de la Guerra, Sun Tzu sostiene que «toda guerra se basa en el engaño», con el propósito de manipular la percepción del enemigo para ganar sin luchar, aparentando debilidad cuando se es fuerte, inactividad cuando se mueven tropas, y cercanía cuando se está lejos. Goebbels elevó dicha máxima a la enésima potencia. La propaganda –que es una de las fórmulas sublimes del engaño– llevó al Tercer Reich a aniquilar a seis millones de judíos y a medio millón de gitanos, entre otras etnias, en su caso ideológicas, como izquierdistas, demócratas o simplemente cristianos o musulmanes –tártaros o bosnios, aunque a estos últimos los etiquetaban como raza aria–. El racismo es un bicho con dos patas: la del miedo y la de la difamación, como puede apreciarse en las canchas de fútbol o cada vez que toca regularización de inmigrantes o campaña electoral.

También llama a engaño la estupidez. Hace unos días, en las jornadas taurinas de Algeciras –en las que participaron en otro tiempo aficionados de la talla de Francisco Brines, Almudena Grandes, Eduardo Mendicutti, Darío Jaramillo, Felipe Benítez Reyes o Carlos Marzal–, apareció un tal Antonini de Jiménez, youtuber de profesión, ferviente seguidor de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal, que llegó a proclamar, sin despeinarse, que “si Noelia [Castillo] hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor”, aludiendo a la joven de 25 años que optó por la eutanasia tras un largo proceso judicial y un largo sufrimiento privado.

Es difícil batir dicha plusmarca soez, pero expresiones similares siguen a la orden del día, por no hablar de las teorías conspiranoicas, tan al uso. Como diría Joaquín Sabina, no parece fácil echar margaritas a los cuerdos, en los tiempos que corren.

La lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física

Pero la lengua vernácula de la contemporaneidad es la del insulto. En la vida cotidiana, tales prácticas suelen preceder a las de otra violencia, la física. Si alguien empieza por llamar imbécil a su pareja, andando el tiempo y si dicha costumbre escalase, el asunto podría terminar en una esquela mortuoria. Que los dioses nos libren que dicha causa-efecto se extienda a la cosa pública, porque estamos a pique de un repique.

Sin ir más lejos, en la exaltación de María Corina Machado que urdió la Comunidad de Madrid este fin de semana, constituyeron un clamor los gritos de “mona” o “fuera la mona”, dirigidos contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela con la aquiescencia del actual inquilino de la Casa Blanca, tras el secuestro del autócrata represor Nicolás Maduro.

La opinión pública ya está acostumbrada a descalificaciones genéricas: “aquelarre comunista”, “narcoestados”, “gestores de países sumidos en la pobreza y el narcotráfico”, “guerracivilistas populistas y revanchistas”, han llamado desde la derecha a la cumbre progresista que Pedro Sánchez convocó en Barcelona este sábado.

El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas

A Sánchez, sin ir más lejos y desde que reside en La Moncloa, le llamó Pablo Casado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” u “okupa”: “No son descalificaciones, son descripciones”, argumentó el extingo presidente del PP. El actual, Alberto Núñez Feijóo, no suele llamarle presidente –salvo a sí mismo–, pero se inventó un cargo para el líder socialista: primer ministro, que no existe en nuestro nomenclátor gubernamental. Hay quien le llama “Perro” y Díaz Ayuso, “me gusta la fruta”, pero Rosa Díez ha llegado a calificarlo como “psicópata”. Miguel Tellado ha optado, por ejemplo, por “mezquino, déspota y un cínico de manual”. El insulto, parece obvio pero no lo parece, es una falta de respeto. Por mucho menos que eso, los jueces montan un cirio cada vez que desde el Gobierno les mandan a hacer puñetas.

A este paso, cualquier día un diputado de Vox es capaz de subirse a la mesa del Congreso a montar un mingo y habrá grupos políticos que ni lo condenen.

También hay bocachanclas en la bancada azul. El ministro Óscar Puente es un profesional de esos excesos verbales: hace un mes, descalificó a algunos periodistas malagueños como “buleros y mamporreros de quinta”, que hacían “publirreportajes” al servicio de la Junta de Andalucía. Tras la lógica y sensata condena por parte de la Asociación de la Prensa de Málaga, en su descargo, quizá eche mano de los tres folios de insultos dedicados a su persona, que recopiló hace tiempo: entre todos ellos, no sé si decantarme por el de “cuota castellana y vocinglera de un mercado de paletos, destripaterrón a sueldo, machaca del mal, sicario del caos, castellano traidor” o “antropoide del Consejo de Ministros, que lleva el traje de simpático orangután”.

Es posible contrarrestar la mentira y desnudar las ocurrencias, pero es complicado detener la máquina de fango. Frente al insulto, quizá la única argucia sea la de insultar con mayor elegancia, pero yo no sabría cómo. Si alguien me llamase, como suele ocurrir, yayoflauta, pesebrero o vendepatrias, mi falta de oficio me llevaría tan sólo a exclamar “recáspita”. El hombre blanco hablará con lengua de serpiente, pero hay quienes no tenemos lengua bífida y eso, visto lo visto, puede resultar contraproducente.

Chulo, incapaz, listillo, bufón, desahogao, macho alfa digital, indocumentado, insustancial, tunante, patán tabernario, vocinglero, sectario, insultador profesional, dictadorzuelo, zafio, chabacano, agresivo, mingitorio, mamporrero, faltón, provocador, mediocre, necio, bruto, mezcla de vino y aguardiente, chulo, engorilado…

Respiren, que aún quedan más: bruto, arrogante, vacilón, pendenciero, fanfarrón, pitbull, rottweiler, agresivo, grosero, neandertal, follonero, cínico, sucio, gamberro, mentiroso, turbio, mastín monclovita, bulldog, bocazas, paleto, sicario, traidor, orangután, voceras, gañán, zafio, pendenciero, procaz, bocachanclas mulo, excrecencia, ponzoñoso, fascistoide, primate, gánster, matachín, corto, soez, cuentachistes, machirulo, cafre, inmundo, torpón, aniquilador, personajillo, analfabeto, sinvergüenza, chapoteador, detritus, tirano, patético, perdonavidas… 

Todo eso y mucho más se ha escrito no en las redes sociales, sino en diferentes medios de comunicación sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien con seguridad es el titular del Gobierno más denostado por la derecha política y mediática. Da igual el motivo. Le ultrajan por su habilidad para moverse por las redes sociales, por el accidente de Adamuz, por responder a las críticas, por no callar, por el estado de las carreteras, por mofarse de quienes le atacan, por plantar cara a la derecha, por recordar los mínimos exigibles del periodismo, por no arredrarse y, ahora, hasta por fabricar una página oficial para desmontar bulos.  

En las últimas 48 horas, el ministro más guerrero del Gobierno de Sánchez ha desquiciado a sus detractores porque ha habilitado en la web del Ministerio una sección para rebatir informaciones falsas o manipuladas, que él prefiere llamar bulos. ¡Sacrilegio! Y resulta que los más ofendidos son algunos de los que ejercen el periodismo, una profesión en la que cada día es más necesario distinguir entre lo que es información, lo que es manipulación y lo que es directamente mentira.

Igual que la desinformación, los bulos tienen un objetivo claro, que es agraviar a la persona afectada, distorsionar la realidad y envenenar/polarizar el debate público. Por desgracia, recorren bares y tertulias y compiten con las noticias contrastadas, lo que supone un daño irreparable no solo para la convivencia democrática, sino para el periodismo.

Leer o escuchar a quienes se llaman periodistas atacar a todo aquel que denuncia o alerta contra un veneno mortal que está matando este oficio produce tanta vergüenza como recordar que en este país un Fiscal General ha sido condenado por desmentir una mentira mientras el divulgador de la misma, que es un empleado público muy bien pagado, se permite el lujo de escribir que un tercio de los españoles, los que votan PSOE, están podridos. 

La putrefacción de un país no la genera el sentido del voto, sino que la desinformación, el bulo o la mentira condicionen decisiones judiciales y se consoliden en un ecosistema que penaliza la verdad y premia la mentira en la política y en el periodismo. Y si además, quienes se dedican a opinar o informar zarandean la conversación pública con el insulto y la insidia, la podredumbre traspasa todos los límites de lo soportable. Que haya plumas y voces del panorama mediático que se dedican exclusivamente a enlodar y deshonrar habla muy mal de una profesión que ha olvidado que se puede criticar al poder cuando se equivoca y denunciarlo cuando abusa, pero sin mentir, sin berrear y sin denigrar. 

Quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica severa y molesta, pero en ningún sitio está escrito que el derecho a la libertad de expresión ampara el insulto, la injuria o el menosprecio. Y si hay quienes dentro del periodismo se sienten ofendidos porque haya un espacio donde se desmonten bulos será porque no leyeron nunca que la Constitución reconoce el derecho “a la información veraz” o porque les mueven intereses muy espurios. Casualmente, son los mismos que en lugar de argumentar se despachan con el verbo grueso y el vituperio, pero no pierden ocasión para dar lecciones de ética periodística. 

Nos está quedando una profesión preciosa.

La Fundación Gabo ha sido distinguida con el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche', en una edición histórica al ser la primera vez que este reconocimiento se concede a una institución y no a un profesional a título individual.

El fallo del jurado se ha hecho público este lunes en la Diputación de Guadalajara, en un acto presidido por su máximo responsable, José Luis Vega, quien ha destacado el carácter excepcional de la decisión. “Es la primera vez que el premio recae en una fundación”, ha señalado, tras recordar que han concurrido 17 candidaturas.

Fundada por Gabriel García Márquez

La entidad colombiana, fundada en 1994 por Gabriel García Márquez, ha sido reconocida por su trayectoria en la promoción de un periodismo ético, innovador y de calidad, así como por su labor formativa y su contribución a hacer frente a desafíos actuales como la desinformación, los bulos o el impacto de la inteligencia artificial.

El galardón está dotado con 8.000 euros y se entregará, previsiblemente, el próximo 25 de junio en Brihuega, en la Casa Manuel Leguineche. Además, el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, será nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá.

Durante la presentación, la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá, Mayte del Val, ha subrayado la importancia de este reconocimiento por su conexión con la formación de periodistas y ha avanzado la puesta en marcha de un ciclo de conferencias centrado en el periodismo en Latinoamérica y la ética profesional.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha incidido en el valor internacional del premio y en la relevancia de la Fundación Gabo como referente en educación mediática y en la lucha contra la desinformación.

Noelia ha sido violada varias veces. No una, ni dos, muchas.

Primero sus depravados agresores, pero después la violan cada vez que la juzgan por la calle, cada vez que la miran, cada vez que se siente observada. Cada vez que sale y tiene que revivir en aquel rincón su violación, cada vez que piensa que podrá volver a encontrarse con ellos en la calle, en un bar, en el trabajo, en una tienda.

Ha sido violada en el juicio, y cuando la explora el médico, y cuando tiene sus revisiones, cada vez que se mira en el espejo. Vuelve a ser violada en cada bulo, en cada invento, en cada mentira. Porque no es cierto que la violase un grupo de menores no acompañados, no la violaron en el centro de menores donde estaba. La violaron después, ya tenía dieciocho años, ya era mayor de edad y la violaron tres chicos. Vuelve a ser violada cada vez que hay una mentira más.

Con cada bulo lanzado por los ultras que, lejos de buscar la salvación de una mujer, solo persiguen votos a costa de una mujer. Cada vez que es politizada y utilizada.

Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona

La han violado durante seiscientos un días más. El grupo de Abogados cristianos que apoyaban a su padre. Cuando el estado permite que una mujer no pueda ni siquiera decidir sobre su propia vida. Una vida que fue truncada, destrozada y vejada. La violan cuando nos venden que por culpa de su enfermedad mental pide la eutanasia. No, no es cierto, 'señoros'. No es por culpa de su enfermedad mental. Es por culpa de una situación insostenible e insoportable. Es culpa de ese patriarcado que siempre nos abandona, no sin antes cuestionarnos 601 veces. Su cabeza no puede más, intenta quitarse la vida, pero solo se quita media.

Vuelve a ser violada por impotencia, por sentirse inútil, por sentirse desprotegida. Pide su derecho de poder dejar de sufrir. Durante 601 días sigue sufriendo violación. Porque todos esos salvadores de vidas no han sufrido lo que ha sufrido ella. No es eutanasia. Es asesinato. Y el sistema, cómplice. Te hemos fallado, Noelia, que la tierra te sea leve.

Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

La secció sisena de l’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna per intromissió il·legítima en l’honor i la intimitat personal a un periodista del digital esdiario que, sent càrrec del PP valencià, va publicar una faula contra un docent sobre la vacunació de la Covid-19. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, desestima el recurs del periodista Enrique Martínez Olmos i de l’empresa editora, El Semanal Digital SL, contra la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància número de Llíria, que va imposar una indemnització conjunta i solidària de 4.000 euros al professor de la Pobla de Vallbona i la publicació íntegra de la sentència, a més de les costes. 

El redactor de la informació sense contrastar, publicada el 2021, en plena crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus, era així mateix responsable de l’àrea de comunicació del Comité Executiu Autonòmic del PP valencià. També va ser membre de la Junta Nacional del PP i de la direcció de Noves Generacions, a més de regidor de l’equip de govern a Gaibiel (l’Alt Palància) entre el 2011 i el 2015 i candidat en llista electoral dels populars a Zarra (la Vall de Cofrents). 

El recurs sostenia que el periodista “es va limitar a transcriure” el contingut d’una nota de premsa del PP de la Pobla de Vallbona, “sense reelaboració de la notícia per part del mitjà, ni pel redactor d’aquesta, utilitzant la deguda citació de la font de procedència”, per la qual cosa s’escudava en la doctrina jurisprudencial del reportatge neutral (quan una informació dona compte de declaracions o d’afirmacions d’un tercer amb una versió determinada dels fets i sense conculcar el dret a l’honor, sempre que no conste una “manipulació injusta”, segons la doctrina del Tribunal Suprem). 

La sentència de l’Audiència de València, per contra, recorda que “es reputarà no veraç la informació que es recolze en conclusions derivades de meres especulacions, en rumors sense fonament, mancats de suport en dades objectives extretes de fonts igualment objectives i fiables que estigueren a l’abast de l’informador”. A més, també aprecia “diferències en el tractament de la notícia” en relació amb la nota de premsa del PP de la localitat. 

El mitjà va publicar la informació amb el titular “Pillat un dirigent de Compromís a la Pobla saltant-se el torn de vacunació”. No obstant això, ni l’al·ludit era dirigent de Compromís (simplement era parella d’una regidora de la formació i havia figurat en llistes municipals com a suplent) ni menys encara es va acreditar que s’haguera saltat el torn de vacunació. El periodista no va contrastar la informació amb el professor, que va estar dos mesos de baixa a conseqüència de la publicació de la fake news. 

El docent va ser convocat en l’ambulatori per a vacunar-se juntament amb la directora del centre, que tenia la condició de cuidadora d’un familiar dependent. “Preguntant a quin torn responia, no se’ls va facilitar informació, van deduir que responia al torn de docents la vacunació dels quals estava prevista per als dies següents”, afirmava la sentència recorreguda. La nota de premsa del PP manifestava que era un “membre actiu de Compromís” i l’acusava d’“aprofitar-se de la seua posició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora”. 

No obstant això, la sentència qüestiona la tesi invocada pel recurs d’apel·lació: “La comparació dels textos no permet qualificar la notícia publicada en esdiario de neutral, no sols perquè utilitza expressions com ‘pillat’ i ‘saltant-se’ que acreixen un judici crític i antisocial d’aquesta conducta, sinó també perquè la comunicació del PP, de la qual es diu que constitueix font fiable, no utilitza aquests termes i en el contingut no associa la conducta d’‘aprofitar-se de la seua condició de cuidador de son pare per a vacunar-se abans d’hora’ a ‘pillat un dirigent de Compromís saltant-se el torn de vacunació’”. 

Una “conducta antisocial” en un “tema molt sensible”

“No es pot parlar de reportatge neutral quan el contingut de la notícia suposa des de la capçalera que la persona a qui afecta la notícia ha dut a terme una conducta antisocial com era saltar-se el torn de vacunació en un moment en què era un tema molt sensible”, afirma la secció sisena de l’Audiència de València.

El mitjà no es va limitar a donar compte de les declaracions d’un tercer, “sinó que les modifica per a presentar-les davant l’opinió pública com més antisocial i reprovable”, postil·la la sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer en cassació. 

L’Audiència de València comparteix la valoració del Jutjat de Primera Instància número 6 de Llíria, que va establir que el redactor “no va verificar la veracitat de la notícia”. També va concloure, després de la prova practicada, que no s’acreditava que el professor poguera haver-se prevalgut de la seua condició de parella d’una edil de Compromís per a colar-se en el torn de vacunació. 

El recurs considerava “excessiva” la indemnització per danys i perjudicis, fixada en 4.000 euros. No obstant això, la sentència de la secció sisena recorda que el docent va estar de baixa dos mesos, afectat anímicament per la publicació i la difusió en xarxes socials de la faula i per la repercussió de la polèmica en la localitat de la comarca del Camp de Túria. A més, comparteix la “moderació” de la rebaixa dels 7.000 euros sol·licitats pel docent als 4.000 euros finalment imposats.

El redactor condemnat no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la condena por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal a un periodista del digital 'esdiario' que, siendo cargo del PP valenciano, publicó un bulo contra un docente sobre la vacunación de la Covid-19. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima el recurso del periodista Enrique Martínez Olmos y de la empresa editora, El Semanal Digital SL, contra el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número de Llíria, que impuso una indemnización conjunta y solidaria de 4.000 euros al profesor de la Pobla de Vallbona y la publicación íntegra de la sentencia, además de las costas.

El redactor de la información sin contrastar, publicada en 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, era asimismo responsable del área de comunicación del Comité Ejecutivo Autonómico del PP valenciano. También fue miembro de la Junta Nacional del PP y de la dirección de Nuevas Generaciones, además de concejal del equipo de gobierno en Gaibiel (Castelló) entre 2011 y 2015 y candidato en lista electoral de los populares en Zarra (València). 

El recurso sostenía que el periodista “se limitó a transcribir” el contenido de una nota de prensa del PP de la Pobla de Vallbona, “sin reelaboración de la noticia por parte del medio, ni por el redactor de la misma, utilizando la debida cita de la fuente de procedencia”, por lo que se escudaba en la doctrina jurisprudencial del reportaje neutral (cuando una información da cuenta de declaraciones o afirmaciones de un tercero con una determinada versión de los hechos y sin conculcar el derecho al honor, siempre que no conste una “manipulación torticera”, según la doctrina del Tribunal Supremo).

La sentencia de la Audiencia de Valencia, por el contrario, recuerda que “se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador”. Además, también aprecia “diferencias en el tratamiento de la noticia” en relación con la nota de prensa del PP de la localidad.

El medio publicó la información bajo el titular “Pillado un dirigente de Compromís en la Pobla saltándose el turno de vacunación”. Sin embargo, ni el aludido era dirigente de Compromís (simplemente era pareja de una concejala de la formación y había figurado en listas municipales como suplente) ni mucho menos se acreditó que se hubiera saltado el turno de vacunación, máxima que desmonta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El periodista no contrastó la información con el profesor, que estuvo dos meses de baja a consecuencia de la publicación de la 'fake news'.

El docente fue convocado en el ambulatorio para vacunarse junto con la directora del centro, que ostentaba la condición de cuidadora de un familiar dependiente. “Preguntando a qué turno respondía no se les facilitó información, dedujeron que respondía al turno de docentes cuya vacunación estaba prevista para los días siguientes”, afirmaba la sentencia recurrida. La nota de prensa del PP manifestaba que era un “miembro activo de Compromís” y lo acusaba de “aprovecharse de su posición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo”.

Sin embargo, la sentencia cuestiona la tesis invocada por el recurso de apelación: “La comparación de los textos no permite calificar la noticia publicada en 'esdiario' como neutral, no solo porque utiliza expresiones como 'pillado' y 'saltarse' que acrecientan un juicio crítico y antisocial de esa conducta sino también porque la comunicación del PP, de la que se dice que constituye fuente fiable, no utiliza esos términos y en su contenido no asocia la conducta de 'aprovecharse de su condición de cuidador de su padre para vacunarse antes de tiempo' a 'pillado un dirigente de Compromís saltándose el turno de vacunación'”.

Una “conducta antisocial” en un “tema muy sensible”

“No cabe hablar de reportaje neutral cuando el contenido de la noticia supone desde la cabecera que la persona a la que afecta la noticia ha realizado una conducta antisocial como era saltarse el turno de vacunación en un momento en que era un tema muy sensible”, afirma la sección sexta de la Audiencia de Valencia.

El medio no se limitó a dar cuenta de las declaraciones de un tercero “sino que las modifica para presentarlas ante la opinión pública como más antisocial y reprobable”, apostilla la sentencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación.

La Audiencia de Valencia comparte la valoración del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Llíria, que estableció que el redactor “no verificó la veracidad de la noticia”. También concluyó, tras la prueba practicada, que no se acreditaba que el profesor pudiera haberse prevalecido de su condición de pareja de una edil de Compromís para colarse en el turno de vacunación.

El recurso consideraba “excesiva” la indemnización por daños y perjuicios, fijada en 4.000 euros. Sin embargo, la sentencia de la sección sexta recuerda que el docente estuvo de baja dos meses, afectado anímicamente por la publicación y difusión en redes sociales del bulo y por la repercusión de la polémica en la localidad de la comarca del Camp de Turia. Además, comparte la “moderación” de la rebaja de los 7.000 euros solicitados por el docente a los 4.000 euros finalmente impuestos.

El redactor condenado no ha contestado las preguntas de este diario.

Integrantes de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas acudirán este martes a la Universidad de La Rioja para informar a los jóvenes de la situación real a la que se enfrentan nuestros mayores con unas pensiones públicas que “sufren continuos ataques” y eliminar “el mito del pensionista rico”.

El portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha asegurado que esta acción es “importante” porque a los jóvenes “se les vende una realidad que no es tal”. La realidad, según ha resaltado en referencia a varios estudios, es que por cada euro destinado a pensiones, el Estado recupera 47 céntimos en impuestos como IVA, IRPF o cotizaciones. Porque “cuando una persona se jubila sigue pagando los impuestos que les corresponden”.

Por eso y ante mensajes de “la extrema derecha” que hablan de que las pensiones son “una estafa piramidal” quiere dejar claro que “eso es mentira”. Las pensiones públicas -continúa- “sostienen el nivel de consumo, actúan como amortiguador económico clave en momentos de crisis y es uno de los pilares de la economía”.

Además, Gómez ha hecho referencia al informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado por Fundación Mapfre y Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que cuantifica por primera vez cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del estado un ciudadano español según su edad y género.

“Cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”

Los datos de 2022 dibujan a las personas mayores de 55 años como una especie de “motor silencioso” y pilar central de la economía española, “representamos cerca del 34 por ciento de la población y concretamos casi el 39 por ciento de los recursos económicos totales de los hogares. También generamos el 32,8 por ciento del PIB”.

Así las cosas, indica, el grupo de 55 años en adelante está formado por 16,1 millones de personas (en 2022), “concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones públicas. Reciben 183,070 millones de euros en prestaciones públicas pero también aportan 138.173 millones de euros en cotizaciones e impuestos, lo que representa el 34,5 por ciento del total recaudado”.

Además concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones de euros), es decir, han resaltado: “Las personas mayores no solo recibimos transferencias, sino que tenemos un papel fundamental en la financiación y la estabilidad financiera de España”. Por ello, ha respondido, “cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”.

Brecha de género

Pero además también han querido hacer referencia a la brecha salarial de género en las prestaciones de la Seguridad Social. En este punto, Elena Santamaría ha explicado que “las dos terceras partes de las mujeres pensionistas cobran menos de 1.000 euros y no les llega para pagar los gastos necesarios”. Reivindica por ello “la subida de las pensiones no contributivas que no pasan, la mayoría de 600 euros mensuales; el 60 por ciento están por debajo del SMI, sobre todo en las mujeres bajo el umbral de la pobreza”.

“Necesitamos un IPC real que recoja los gastos de la cesta específica de las personas jubiladas y que se nos vuelvan a ingresar las pagas de enero, que servían para hacer frente, en alguna medida, a estos desajustes”.

Además, ha indicado, las pensiones de menos de 900 euros son recibidas por el doble de mujeres que de hombres. Pide también una auditoría de la Seguridad Social porque “queremos saber a dónde fueron a parar los millones de euros que se sacaron de las huchas de las pensiones y para qué. Sabemos que las partidas de gastos impropios desviados de la caja de la seguridad social deben ser devueltas al sistema universal que garantiza las pensiones y gran parte de la sanidad pública”.

Por su parte, Pablo Benito, también integrante de la plataforma, ha explicado que “las pensiones no nos las regalan. Hay un contrato social que lo exige”. En el año 2025 “casi el 50 por ciento de la población jubilada cobraba menos que el salario mínimo interprofesional, 2 de cada 3 jubilados menos de 1.700 euros y 3,3 millones de estas personas cobran menos de 1.000 euros. 1 de cada 10 menos de 700 euros y alrededor de un millón de personas perciben entre 800 y 900 euros al mes”.

Para Benito el problema real es “el bajo salario de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, que implican bajas cotizaciones que a su vez generarán bajas pensiones de futuro”. A su juicio, “lo que quieren hacer es una tendencia a la privatización de las pensiones públicas, algo que no funciona. Un fracaso comercial y económico”.

Este es un sistema de pensiones “en el que el beneficio es para la multinacional o empresa privada que gestiona la pensión, no les cuentan toda la verdad. Van a invertir dinero en ello pero terminarán cobrando menos de lo que han invertido”.