El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 abortos entre enero y finales de abril de 2026, según consta en un breve informe remitido al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez en respuesta a una solicitud de documentación de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. El coste medio por intervención es de 238,44 euros, a la luz de estos datos.

Históricamente, Euskadi ha derivado a la Sanidad privada un porcentaje altísimo de las interrupciones del embarazo, siempre del entorno del 95%. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Imanol Pradales anunció en 2025 que, en aplicación de una de las medidas incorporadas al pacto de salud firmado con diferentes agentes, iba a asumir “progresivamente” la atención de “todas” las mujeres que quisieran ejercer este derecho reconocido por ley aunque solamente un año atrás defendiera el modelo externalizado. Entonces se habló de un volumen anual del entorno de 4.200 casos. Con las cifras de derivaciones formalizadas en 2026 conocidas ahora no se aprecia un cambio de tendencia en la privatización de este servicio.

Los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

Askabide estuvo precisamente en el ojo del huracán porque grupos de ultracatólicos organizaron protestas contra el derecho al aborto en la entrada de sus centros, principalmente en el de Vitoria. El caso fue denunciado en aplicación de la nueva ley que castiga las coacciones a las mujeres y a los sanitarios que las atienden y se celebró en Álava el primer juicio en España por este tipo de situaciones. La sentencia se conoció en diciembre de 2025 y los 21 imputados quedaron absueltos. Actualmente se mantienen este tipo de iniciativas, pero en plazas alejadas de la entrada de las clínicas. Ya se buscan 'voluntarios' para hacer rezos en Vitoria y Bilbao a la vuelta del verano. La organización asegura que controlará que no haya nunca más de “19 personas” a la vez, el tope legal para que no sea considerado como manifestación y haya obligación de comunicarlo a la Ertzaintza.

“Se llega a la conclusión de que no están cumpliendo lo que anunciaron”, dice EH Bildu a la luz de las estadísticas. Y añade Ubera: “Solicitamos dicha información el 24 de abril al consejero de Salud para saber si estaban cumpliendo realmente su anuncio de octubre de 2025 de que de manera progresiva iban a dejar de derivar las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas para realizarlas en hospitales de Osakidetza. [Pero] Tenemos una Consejería que nos ha acostumbrado a muchos anuncios y promesas que luego no acaban materializándose. Los antecedentes nos hacían sospechar que podíamos estar otra vez ante un caso así y, lamentablemente, los datos remitidos por el Departamento no hacen sino confirmar nuestras sospechas”.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en la puesta en marcha de una unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma, aunque ha precisado que “no va a haber un centro exclusivo” destinado a este fin.

Simón ha recordado que Castilla-La Mancha “siempre ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, si bien ha reconocido que actualmente esta prestación no se realiza en ningún centro público de la región, según ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

“Todas las mujeres tenían garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado la consejera, explicando que en la actualidad las pacientes son derivadas a dos centros privados de Castilla-La Mancha y a otro ubicado en la Comunidad de Madrid.

La titular de Igualdad ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ahora para que “en uno de los centros públicos se ponga en marcha una unidad para poder realizar esta interrupción voluntaria del embarazo”, insistiendo en que algunas interpretaciones realizadas en los últimos días “desvirtúan” las declaraciones efectuadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

En este sentido, Simón ha rechazado que el proyecto pase por crear un centro independiente dedicado exclusivamente a la práctica de abortos. “No va a haber un centro exclusivo para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, sino que en uno de nuestros centros públicos se va a poder realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, en una unidad que se va a crear”, ha afirmado.

Preguntada por las críticas de Comisiones Obreras, que ha cuestionado que concentrar el servicio en un único recurso suponga una normalización plena de la prestación sanitaria, la consejera ha defendido que existen otros servicios especializados centralizados en hospitales concretos de la región.

Objeción de conciencia

Asimismo, ha subrayado la necesidad de compatibilizar la implantación de este servicio con el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia.

En este contexto, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un registro oficial de objetores. “Hay que conjugar los dos aspectos: por un lado, respetar la voluntad de los sanitarios y, por otro lado, garantizar que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo”, ha manifestado.

Sobre los plazos para la puesta en marcha de esta unidad, Simón ha indicado que el Gobierno regional continúa “trabajando en ello”, sin concretar fechas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

“Provida es el término del que se han apropiado los sectores que están en contra del derecho al aborto. Es el momento de cuestionar por qué se han apropiado de él”, expresaba Ana Requena Aguilar en la presentación de su nuevo libro, precisamente titulado Provida: un manifiesto a favor del aborto. La también periodista y escritora argentina Luciana Peker ha acompañado a la redactora de elDiario.es en el evento, donde han conversado sobre qué es realmente ser provida, por qué el discurso sobre la maternidad va unido al capitalismo, cómo se sienten realmente las mujeres que pasan por un aborto y si se aplica realmente este derecho en España.

“Ser provida es defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros proyectos de vida”, ha definido Requena, que ha recordado que ya las feministas en los 80, cuando empezaron los debates para legalizar el aborto, decían que no podía ser “que estos sectores conservadores se arroguen la defensa de la vida cuando no se preocupan en sostener la vida”. “La vida hay que sostenerla, y preferiblemente no sufriendo. Para eso hay que hacer cosas, no dejar a la gente a su suerte”, ha afirmado. Y quienes “no se preocupan por las personas, no están defendiendo la vida”.

“La vida la defiende el feminismo, para que las vidas sean dignas, con derechos para todo el mundo”. La periodista ha criticado que los que se definen como “provida” luego “son los mismos que dicen que no podemos reducir la jornada laboral para trabajar menos, vivir mejor y cuidar mejor, que se oponen a que existan prestaciones universales, a que existan más permisos... Son la gente que después recorta en Dependencia”, ha resumido, para poner de ejemplo al Gobierno de Rajoy. “Se llaman provida, pero después a los menores no acompañados, a esas vidas, las llaman MENAS, unas siglas que deshumanizan”. La autora ha rechazado que puedan definirse así quienes crean que las vidas de las mujeres “puedan ser decididas desde otro lugar”.

La negación del derecho al aborto también lo es de la libertad sexual y del placer para las mujeres, ha señalado Peker. Requena ha coincidido: “No tener derecho al aborto es un castigo, es decir 'tú te lo has buscado', es una represión del goce, de la libertad sexual”. La argentina recordó al concejal de Vox en Castelló que dijo: “La mujer que aborta podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”, lo que Requena calificó de “pura misoginia e ignorancia”, al estilo de frases que suenan a otra época, como “pues no haber abierto las piernas”. “Se hizo un totum revolutum de orgasmo y embarazo. Ojalá ambos coincidieran, pero sabemos que no es así”, bromeó.

La estigmatización e infantilización de las mujeres se mantiene en esto. También la culpabilización, en este caso por querer recibir placer, ha explicado Requena: “Nos despojan de nuestra capacidad de decidir y mandan el mensaje de que las mujeres somos irresponsables, que solo queremos pasarlo bien y no tener consecuencias. Y parece que la única manera de ser responsable es tener ese hijo, pero ser responsable también es decidir interrumpir ese embarazo y no tener un hijo” si esa mujer considera que eso es lo más adecuado para su vida.

La autora ha recabado testimonios de mujeres que han abortado, todas las cuales le han pedido anonimato por miedo, de nuevo, al estigma que permanece. “Una manera de acabar con eso es atrevernos a contarlo, y los hombres a escuchar y a pedir saberlo. Tienen que interesarse por nuestras experiencias”, ha sugerido. También se ha encontrado con que “no hay una manera sola de comportarse ante un aborto”, pues cada mujer lo vive de una forma: “A algunas les acompaña toda su vida, para otras es un recuerdo sin más, para otras es gratificante porque sienten que pudieron decidir sobre sus vidas...”. Ese es el factor común que ha visto en todas: “la liberación de haber podido tomar la decisión”.

Sin embargo, cuando una mujer decide abortar en España a partir de la semana 22, habitualmente por malformaciones del feto que lo hagan inviable, pese a tener el derecho de hacerlo, se encuentra muchas veces con que su comunidad autónoma le pone trabas. “Tienen que pasar por un comité bioético, que nombra cada comunidad” y está formado por profesionales, explica, los cuales no siempre son proclives a aprobar abortos. Eso hace que muchas mujeres activen el protocolo en dos comunidades a la vez para intentar que alguna se lo conceda pero, de no ser así, muchas se han visto forzadas a abortar en el extranjero, por ejemplo en un “exilio” en Bruselas “en condiciones muy dramáticas”, pues se trataba de “embarazos deseados”.

Peker ha lamentado que en Argentina se tardó en conseguir una ley del aborto y que otros países que aún no la tienen condenan incluso a las mujeres que sufren abortos espontáneos, como El Salvador, donde son encarceladas y llevadas a juicio, donde siempre se las condena, por haber perdido al bebé que esperaban sin haber hecho nada para ello. “Por supuesto, en esos países hay un sesgo de clase, pues las mujeres a las que les sucede eso pueden ir a un centro privado, donde las protegen”, ha señalado Requena, que ha explicado también cómo Irlanda llegó a tener una legislación que admitiera el aborto después de que los médicos dejaran morir a una mujer embarazada que buscó asistencia por tener sepsis en la placenta, aún con latido fetal. “El feto ya no era viable, pero como la legislación decía que no puede haber aborto, dejaron allí a la mujer hasta que paró el latido”, pero la septicemia había avanzado y acabó con su vida. “Gracias a ese caso, la población se movilizó, el feminismo consiguió que su discurso calara más y unos años después se aprobó esa legislación”.

Esa situación ocurre actualmente en Estados Unidos: “Estuve en Miami y pude hablar con mujeres que estaban organizando la resistencia, redes de cuidados para las mujeres que tuvieran que abortar y que hablaban de que cómo algo que parecía consolidado de un día para otro se esfumó”, relata la periodista.

Requena también ha citado a Silvia Federici (“El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo”) para explicar cómo “la predisposición [de las mujeres] a cuidar no existe”. “No nacemos así, lo aceptamos porque desde pequeñas nos socializan para que todos creamos que lo mejor que podemos hacer las mujeres es cuidar y que lo mejor que pueden hacer los hombres está fuera del hogar”, ya que el sistema necesita que las mujeres sean madres: “El útero acaba siendo visto como una maquinaria al servicio de la reproducción del sistema y de la mano de obra, y el sistema necesita tener el control sobre esto”, ya que “para mantener esos cuidados que no se pagan necesitamos que la población crea que las mujeres estamos predispuestas a cuidar mejor”.

Mientras, en España no se ha blindado en la Constitución el derecho al aborto. “No daban los votos. El PP ya dijo que no iba a estar a favor”, explicaba la autora. “Con Feijóo parece que no pueden no defenderlo, pero como prestación sanitaria, no como un derecho”. Sin embargo, “la derecha en otros países sí que ha apostado por el aborto, por legislaciones garantistas”, por ejemplo en Francia, “donde se aprobó el aborto con una mayoría en la que también había diputadas de derechas”.

El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.

El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.

Las derechas apuntan al “fraude de ley”

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.

Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.

Las críticas de los socios

Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.

Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.

Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.

Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.

“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería introducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) va a elevar a la Fiscalía el “aumento de los casos de abortos” entre las trabajadoras de la factoría de Vestas en Daimiel (Ciudad Real) y el incremento de “enfermedades respiratorias y dermatológicas” entre la plantilla al considerar que podrían deberse a “la exposición a agentes tóxicos en el entorno laboral”.

Así lo han denunciado el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general a nivel nacional de la Federación de Industria del sindicato, Francisco San José, y el secretario general de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Cuevas, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

El sindicato ha alertado de que la exposición a determinados productos presentes en el ambiente de trabajo estaría provocando afecciones dermatológicas, alergias y enfermedades respiratorias como el asma, además de una posible vinculación con un “número elevadísimo de abortos” en proporción a la plantilla.

“Sería de una irresponsabilidad tremenda no actuar”, han advertido, señalando que en el último año se han detectado en torno a 30 casos de enfermedades relacionadas con estas condiciones, a los que se sumarían unos 20 en lo que va de 2026, una cifra que consideran “exponencial”.

No obstante, han reconocido la dificultad para cuantificar el alcance real debido a la rotación laboral y al uso de subcontratas en la planta. Asimismo, han denunciado que la empresa no estaría reconociendo estas patologías como enfermedades profesionales, lo que obliga a los trabajadores a iniciar procesos para determinar la contingencia de sus bajas. También han acusado a la dirección de mantener una actitud de “represión” hacia quienes denuncian estas situaciones a través de los sindicatos.

Piden al Gobierno regional “protocolos específicos”

Por todo ello, han avanzado que el sindicato está trabajando con su gabinete jurídico para llevar ante la Fiscalía estas “gravedades” que han llegado a calificar como un problema de “salud pública”, y que, a su juicio, requieren depurar posibles responsabilidades penales.

Desde CCOO también han reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que active protocolos específicos para detectar posibles afecciones relacionadas con la exposición a estos agentes, incluyendo alergias dermatológicas, problemas respiratorios y alteraciones reproductivas.

En paralelo, han hecho un llamamiento a las autoridades laborales para que actúen ante lo que consideran una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales y han insistido en la necesidad de “flexibilizar la exposición” a estos productos contaminantes para garantizar la seguridad de la plantilla.

Pueden derivar en un problema de salud pública

El sindicato ha advertido de que estas prácticas “pueden derivar en un problema de salud pública” si no se adoptan medidas urgentes, subrayando que los efectos de la exposición podrían agravarse con el paso del tiempo.

“Los empleados que trabajaban con uralitas hace unos años no sabían que podían enfermar, y ahora puede estar ocurriendo algo similar en Vestas”, han señalado, advirtiendo del carácter “silencioso” de estos riesgos y de su impacto progresivo sobre la salud de la plantilla.

En este sentido, han insistido en que no se trata de accidentes laborales convencionales de tipo musculoesquelético, sino de una exposición continuada a agentes que permanecen en el ambiente y que afectan de forma acumulativa a los trabajadores.

Finalmente, han reiterado que la empresa no estaría reconociendo estas dolencias como enfermedades profesionales, lo que obliga a los afectados a iniciar procedimientos individuales para que se determine su origen laboral.

Aunque hace ya 40 años que el aborto es legal en España, sigue siendo difícil encontrar mujeres que quieran hablar abierta y públicamente sobre su experiencia de interrumpir voluntariamente un embarazo. Sin embargo, es cada vez más frecuente escuchar argumentos beligerantes en contra de este derecho que identifican con la “cultura de la muerte” y se llaman a sí mismos “provida”.

Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género en elDiario.es, y autora del ensayo ‘Provida. Un manifiesto a favor del aborto’, resignificamos el término que se han arrogado con mucha eficacia quienes se oponen a un derecho fundamental para que las mujeres puedan desarrollar una vida plena y en igualdad.

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La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha comparado este jueves la guerra con el aborto y ha advertido de que la propuesta de incluir este último derecho en la Constitución se produce en el contexto de “una política que pisotea la ética”.

El obispo ha pronunciado estas palabras en la homilía de la solemne misa oficiada este jueves ante centenares de alicantinos al término de la romería al monasterio de la Santa Faz, la segunda más multitudinaria de España sólo tras el Rocío y a donde se prevé que caminen más de 300.000 personas.

Para el obispo, “la condena moral de la guerra y del aborto tienen la misma lógica” por la “absolutamente injusta la violencia aplicada contra los inocentes”, y ha alertado de que “en este momento de la historia se enfrentan dos alternativas: Una ética que ilumina la política o una política que pisotea la ética”.

Ante un auditorio en el que estaba el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otros muchos políticos y representantes de la sociedad civil, el obispo ha llegado a esta conclusión tras citar unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Nobel de la Paz, en 1979, de las que ha recordado que dijo que “sin duda el aborto es también guerra”.

En esta línea, Munilla ha incidido en que “atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la Humanidad” y ha proseguido en que “no hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse”.

“Y cuando se olvida este principio, más aún cuando se justifica, la sociedad se desmorona espiritualmente”, ha subrayado ante de insistir en que ante esta “encrucijada” hay que escoger entre “la idolatría del poder o la fidelidad a la conciencia ética”, sin “neutralidades cómodas”.

Del mismo modo, se ha referido a los conflictos bélicos internacionales, y ha exclamado un “basta ya de idolatría a uno mismo y del dinero”, así como el fin a “la exhibición de fuerza” por parte de unos dirigentes de los que ha dicho, sin citar nombres, “se jactan con orgullo” de acciones de “inhumanidad”.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno por su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto por “institucionalizar la cultura de la muerte”. “Convertir en 'derecho' la eliminación del más vulnerable degrada el valor de la vida y rompe el consenso básico de una sociedad que debería proteger siempre a los que no pueden defenderse”, ha escrito en X Jorge Rodrigo Domínguez. En realidad, la redacción final no recoge de forma expresa el derecho al aborto sino la obligación de que los poderes públicos garanticen que se acceda en “condiciones de igualdad” en todo el territorio: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

El PP no tiene una posición unánime sobre el aborto. Isabel Díaz Ayuso decía en 2022 en una entrevista que estaba a favor de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno. “No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado”, dijo en Onda Cero. La posición chocaba en ese momento con la del PP de Feijóo, que mantenía una década después un recurso que el Constitucional tenía guardado en un cajón. Años después diría: “No puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse (...) Es acabar con la vida de un ser humano y no estoy de acuerdo. Siempre he defendido que debe ser legal, seguro pero muy poco frecuente”.

El Ejecutivo envió este martes el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Constitución.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación necesite “sacar a colación” el tema del aborto porque se le ha caído “la bandera feminismo” y por la “corrupción” del PSOE. “El aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, y aquí el único intento que hay de PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez es sacar esta cuestión porque intentan recuperar la bandera del feminismo, después de que se les haya caído por leyes como la del 'solo sí es sí'”, ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que la semana pasada, en plena Semana Santa, la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal. Este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid lleva “desde hace muchísimo tiempo” garantizando el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, algo que es “compatible” con que las mujeres puedan abortar en los términos establecidos en la ley si desean hacerlo. En realidad, el funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

Hola,

Hayas hecho un plan u otro en Semana Santa estoy segura de que también has seguido el hype del momento: la relación entre la actriz Aitana Sánchez Gijón y el actor Maxi Iglesias. Algún titular hablaba de “romance sorpresa”, pero fuera cual fuera el título elegido, las noticias que hablaban de su relación rezumaban cierto estupor, la sensación de estar hablando de algo extraordinario. Y no, no creo que sea porque se trata de un “romance sorpresa” (¿hay algún romance que, de cierta manera, no sea sorpresa?), sino por algo bien distinto: se trata de una mujer de más de 50 que se enrolla con un hombre joven.

No estamos acostumbradas, esa es la verdad. La historia suele ser la contraria, la de un hombre que tiende a establecer relaciones románticas con mujeres jóvenes, no algo más jóvenes que él, sino significativamente más jóvenes. Aquí, intuyo, vendrán los comentarios de siempre: que es algo que puede pasar, que no tiene por qué haber nada malo... Pero lo que señalamos es el patrón: ¿por qué es este esquema el que se repite machaconamente en nuestra sociedad?, ¿cómo es posible que no suceda a la inversa con la misma frecuencia?

Es ahí donde buscamos razones que van más allá de las historias personales de cada cual, razones que nos atraviesan a todas y todos. Por ejemplo, la devaluación de las mujeres conforme cumplimos años. El atractivo femenino asociado a la belleza y al cuerpo de una etapa vital concreta; el atractivo masculino ligado no a la fachada sino a la experiencia o la madurez. La necesidad de muchos hombres de 'controlar' a sus parejas, de sentirse, de alguna forma, por encima, con su ego protegido por la inexperiencia y la ausencia de recursos de la otra. Aquí te recomiendo este texto de María Acaso sobre cómo el patriarcado tiende a borrar del mapa del deseo a las mujeres después de la menopausia.

Y traigo también un cómic bien interesante, 'No siento nada', de Liv Strömquist, en el que la autora sueca mezcla cultura popular con filosofía para trazar una imagen del panorama amoroso actual. El actor Leonardo DiCaprio es uno de los protagonistas y lo es porque, ya con 50 años, no se le conocen parejas de más de 25. Los memes se han multiplicado: cuando cumples 26 dejas de estar en el radar DiCaprio, es una de las bromas. El actor es el bucle de ese patrón social: un hombre que crece y madura pero que busca relaciones que no acompañan ese crecimiento y que, de hecho, abandona cuando superan cierto límite. 

Así que, cuando sucede lo contrario, nos sorprendemos. La historia de Aitana Sánchez Gijón (56) con Maxi Iglesias (35) nos recuerda que una madurita puede, obviamente, gustar a hombres no solo más jóvenes, sino significativamente más jóvenes que ella. Las reacciones, eso sí, nos dan idea de hasta qué punto ese imaginario del deseo sigue tan atravesado por prejuicios de género. Porque no solo hay estupor, en muchas ocasiones hay rechazo, crítica disfrazada de sorna, dudas sobre la verdadera naturaleza de esa relación. Mientras que cuando es a la inversa hay cierta normalización, nadie parece tener que cuestionarse nada.

El cambio, ahora, es que Leonardo DiCaprio empieza a parecer patético. Nos lo parece a muchas, y también empieza a parecérselo a algunos. En esta entrevista con Moderna de Pueblo, el humorista Ernesto Sevilla hacía unas declaraciones que no tendrían por qué haber llamado la atención pero que lo han hecho: “Nunca me iría con chicas jóvenes, me parece un poco ridículo. A mí me encantan las mujeres de mi edad”.

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El Gobierno avanza en el proyecto para blindar el aborto en la Constitución. Envía el texto al Congreso, donde conseguir la mayoría para que se apruebe será complicado. Te contamos aquí cómo es ese texto y en qué momento está.

Últimamente se ha hablado y escrito mucho sobre la amistad, especialmente sobre la amistad femenina. Las amigas como lugar de seguridad, como relación significativa... Este texto de la escritora Elvira Navarro le da la vuelta a la retórica actual: ¿y si estamos pidiéndole demasiado a la amistad?, ¿y si estamos esencializando a las amigas?, ¿y si el romanticismo que le hemos intentado quitar a la pareja se lo estamos poniendo a la amiga? Le haría algunos apuntes al texto, pero me parece una reflexión distinta y necesaria también.  

Al consultorio de Andrea Gumes en nuestra sección era llegó una pregunta que me parece habla del estado de comparación permanente que propician las redes sociales y que genera ansiedades y emociones bien jodidas: “No paro de compararme con los cuerpos, las caras y los maquillajes que veo en redes, ¿cómo salgo del bucle?”. Ella responde.

Para terminar

Un 5 de abril pero de 1988 salía el primer disco de la cantautora Tracy Chapman, que estaba lleno de canciones preciosas. Una era Talking about a revolution, un himno contra la desigualdad que, por ejemplo, Bernie Sanders utilizó en su campaña en EEUU.

Así me despido 😘

Ana.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro objetores del aborto en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Justicia. En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Con este trámite se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

En la memoria del proyecto, la Comunidad de Madrid alude a que el texto pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En el apartado de 'Posibles soluciones alternativas', añade: “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”. El funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad. Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.

Requerimiento del Ministerio de Sanidad

En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.

De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado este miércoles en un comunicado la decisión del Ayuntamiento de Santander (PP) de “amparar” una programación contra el aborto y la muerte digna, con la celebración del 25 de marzo, fecha elegida por el movimiento mundial antiaborto y anti eutanasia para festejar su causa. La decisión del Partido Popular de Santander de acoger un acto antiaborto en el consistorio, además de iluminar la fachada consistorial en apoyo a estas posiciones, “ilustra la deriva reaccionaria del PP”, ha advertido IU.

IU ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno municipal y exigirá que el Ayuntamiento “deje de utilizar recursos públicos para difundir una agenda ideológica reaccionaria que ataca derechos reconocidos de las mujeres”.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha Martínez ha criticado además la colaboración con asociaciones que “no se limitan a expresar una opinión, sino que se dedican a acosar a mujeres en las puertas de las clínicas”, algo que ha calificado de “inaceptable en una institución pública”. afirmado en su comunicado que el PP “ha decidido quitarse definitivamente la careta de modernidad y de consenso”.

Según ha advertido, el PP “asumió”, en el último pleno municipal, el argumentario de Vox con sus propuestas sobre inmigración, “y queriendo condicionar el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes en situación regular a sus años de cotización”. Por eso, ha alertado Martínez que “ahora lo vemos con este ataque directo a derechos fundamentales de las mujeres y a la libertad individual”, ha señalado.

Iluminación morada o verde

IU ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, pese a tratarse de un Ayuntamiento con un Plan de Igualdad: “Mucho iluminar de morado el Ayuntamiento el 8M, mucho minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, pero luego mantienen a hombres condenados por violencia machista en su entorno político más cercano y promueven discursos que cuestionan derechos conquistados”, ha denunciado Martínez.

El edil ha añadido que “este doble discurso es una práctica habitual del PP de Santander”. “Recurren al greenwashing para vender una falsa sostenibilidad, presumen de Ciudad Amiga de la Infancia mientras normalizan la presencia de menores en los toros y hablan de accesibilidad sin garantizar baños públicos ni medidas reales para las personas con movilidad reducida”, ha afirmado.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha celebrado este miércoles la fecha elegida por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir. La elección se consensuó desde que el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en 2003, acordase el 25 de marzo como el Día la Vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”, porque también incluye el rechazo al derecho a la eutanasia.

Acompañada por la asociación cántabra Pro-vida, que tiene su sede en la capital, Gema Igual ha recibido a un grupo de escolares de un colegio católico en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto. A través de un comunicado, Igual ha indicado que festeja la fecha para “reafirmar el valor de la vida de todas las personas”

En el exterior del Ayuntamiento, el grupo de mujeres de la asociación cántabra Pro-vida, que además de su rechazo al aborto, están en contra del derecho a la eutanasia, han instalado una mesa con información del trabajo del colectivo antiaborto. Además, han repartido globos amarillos, han recogido “donaciones de productos de bebé” y han instalado huchas.

En la mesa informativa de la asociación, que forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, que promueve acciones ante clínicas abortivas, también han colgado un cartel que rezaba “Ante el final de la vida, cuidados paliativos”. Junto con la agrupación, ha estado delante del consistorio la concejala de Vox, Laura Velasco, de cuya visita ha compartido una imagen el Ayuntamiento.

Además, en el comunicado se ha explicado que los escolares han recogido globos, para “hacerlos volar como símbolo de la libertad y la vida”, agregando que “como símbolo de apoyo a esta jornada”, la fachada del Ayuntamiento se ha iluminado este martes de verde, color que sin embargo, desde que Argentina se convirtiese en referente con su ley pro aborto, ha enarbolado el movimiento mundial por el derecho a decidir.

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.