La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha comparado este jueves la guerra con el aborto y ha advertido de que la propuesta de incluir este último derecho en la Constitución se produce en el contexto de “una política que pisotea la ética”.

El obispo ha pronunciado estas palabras en la homilía de la solemne misa oficiada este jueves ante centenares de alicantinos al término de la romería al monasterio de la Santa Faz, la segunda más multitudinaria de España sólo tras el Rocío y a donde se prevé que caminen más de 300.000 personas.

Para el obispo, “la condena moral de la guerra y del aborto tienen la misma lógica” por la “absolutamente injusta la violencia aplicada contra los inocentes”, y ha alertado de que “en este momento de la historia se enfrentan dos alternativas: Una ética que ilumina la política o una política que pisotea la ética”.

Ante un auditorio en el que estaba el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otros muchos políticos y representantes de la sociedad civil, el obispo ha llegado a esta conclusión tras citar unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Nobel de la Paz, en 1979, de las que ha recordado que dijo que “sin duda el aborto es también guerra”.

En esta línea, Munilla ha incidido en que “atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la Humanidad” y ha proseguido en que “no hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse”.

“Y cuando se olvida este principio, más aún cuando se justifica, la sociedad se desmorona espiritualmente”, ha subrayado ante de insistir en que ante esta “encrucijada” hay que escoger entre “la idolatría del poder o la fidelidad a la conciencia ética”, sin “neutralidades cómodas”.

Del mismo modo, se ha referido a los conflictos bélicos internacionales, y ha exclamado un “basta ya de idolatría a uno mismo y del dinero”, así como el fin a “la exhibición de fuerza” por parte de unos dirigentes de los que ha dicho, sin citar nombres, “se jactan con orgullo” de acciones de “inhumanidad”.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno por su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto por “institucionalizar la cultura de la muerte”. “Convertir en 'derecho' la eliminación del más vulnerable degrada el valor de la vida y rompe el consenso básico de una sociedad que debería proteger siempre a los que no pueden defenderse”, ha escrito en X Jorge Rodrigo Domínguez. En realidad, la redacción final no recoge de forma expresa el derecho al aborto sino la obligación de que los poderes públicos garanticen que se acceda en “condiciones de igualdad” en todo el territorio: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

El PP no tiene una posición unánime sobre el aborto. Isabel Díaz Ayuso decía en 2022 en una entrevista que estaba a favor de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno. “No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado”, dijo en Onda Cero. La posición chocaba en ese momento con la del PP de Feijóo, que mantenía una década después un recurso que el Constitucional tenía guardado en un cajón. Años después diría: “No puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse (...) Es acabar con la vida de un ser humano y no estoy de acuerdo. Siempre he defendido que debe ser legal, seguro pero muy poco frecuente”.

El Ejecutivo envió este martes el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Constitución.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación necesite “sacar a colación” el tema del aborto porque se le ha caído “la bandera feminismo” y por la “corrupción” del PSOE. “El aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, y aquí el único intento que hay de PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez es sacar esta cuestión porque intentan recuperar la bandera del feminismo, después de que se les haya caído por leyes como la del 'solo sí es sí'”, ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que la semana pasada, en plena Semana Santa, la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal. Este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid lleva “desde hace muchísimo tiempo” garantizando el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, algo que es “compatible” con que las mujeres puedan abortar en los términos establecidos en la ley si desean hacerlo. En realidad, el funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

Hola,

Hayas hecho un plan u otro en Semana Santa estoy segura de que también has seguido el hype del momento: la relación entre la actriz Aitana Sánchez Gijón y el actor Maxi Iglesias. Algún titular hablaba de “romance sorpresa”, pero fuera cual fuera el título elegido, las noticias que hablaban de su relación rezumaban cierto estupor, la sensación de estar hablando de algo extraordinario. Y no, no creo que sea porque se trata de un “romance sorpresa” (¿hay algún romance que, de cierta manera, no sea sorpresa?), sino por algo bien distinto: se trata de una mujer de más de 50 que se enrolla con un hombre joven.

No estamos acostumbradas, esa es la verdad. La historia suele ser la contraria, la de un hombre que tiende a establecer relaciones románticas con mujeres jóvenes, no algo más jóvenes que él, sino significativamente más jóvenes. Aquí, intuyo, vendrán los comentarios de siempre: que es algo que puede pasar, que no tiene por qué haber nada malo... Pero lo que señalamos es el patrón: ¿por qué es este esquema el que se repite machaconamente en nuestra sociedad?, ¿cómo es posible que no suceda a la inversa con la misma frecuencia?

Es ahí donde buscamos razones que van más allá de las historias personales de cada cual, razones que nos atraviesan a todas y todos. Por ejemplo, la devaluación de las mujeres conforme cumplimos años. El atractivo femenino asociado a la belleza y al cuerpo de una etapa vital concreta; el atractivo masculino ligado no a la fachada sino a la experiencia o la madurez. La necesidad de muchos hombres de 'controlar' a sus parejas, de sentirse, de alguna forma, por encima, con su ego protegido por la inexperiencia y la ausencia de recursos de la otra. Aquí te recomiendo este texto de María Acaso sobre cómo el patriarcado tiende a borrar del mapa del deseo a las mujeres después de la menopausia.

Y traigo también un cómic bien interesante, 'No siento nada', de Liv Strömquist, en el que la autora sueca mezcla cultura popular con filosofía para trazar una imagen del panorama amoroso actual. El actor Leonardo DiCaprio es uno de los protagonistas y lo es porque, ya con 50 años, no se le conocen parejas de más de 25. Los memes se han multiplicado: cuando cumples 26 dejas de estar en el radar DiCaprio, es una de las bromas. El actor es el bucle de ese patrón social: un hombre que crece y madura pero que busca relaciones que no acompañan ese crecimiento y que, de hecho, abandona cuando superan cierto límite. 

Así que, cuando sucede lo contrario, nos sorprendemos. La historia de Aitana Sánchez Gijón (56) con Maxi Iglesias (35) nos recuerda que una madurita puede, obviamente, gustar a hombres no solo más jóvenes, sino significativamente más jóvenes que ella. Las reacciones, eso sí, nos dan idea de hasta qué punto ese imaginario del deseo sigue tan atravesado por prejuicios de género. Porque no solo hay estupor, en muchas ocasiones hay rechazo, crítica disfrazada de sorna, dudas sobre la verdadera naturaleza de esa relación. Mientras que cuando es a la inversa hay cierta normalización, nadie parece tener que cuestionarse nada.

El cambio, ahora, es que Leonardo DiCaprio empieza a parecer patético. Nos lo parece a muchas, y también empieza a parecérselo a algunos. En esta entrevista con Moderna de Pueblo, el humorista Ernesto Sevilla hacía unas declaraciones que no tendrían por qué haber llamado la atención pero que lo han hecho: “Nunca me iría con chicas jóvenes, me parece un poco ridículo. A mí me encantan las mujeres de mi edad”.

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El Gobierno avanza en el proyecto para blindar el aborto en la Constitución. Envía el texto al Congreso, donde conseguir la mayoría para que se apruebe será complicado. Te contamos aquí cómo es ese texto y en qué momento está.

Últimamente se ha hablado y escrito mucho sobre la amistad, especialmente sobre la amistad femenina. Las amigas como lugar de seguridad, como relación significativa... Este texto de la escritora Elvira Navarro le da la vuelta a la retórica actual: ¿y si estamos pidiéndole demasiado a la amistad?, ¿y si estamos esencializando a las amigas?, ¿y si el romanticismo que le hemos intentado quitar a la pareja se lo estamos poniendo a la amiga? Le haría algunos apuntes al texto, pero me parece una reflexión distinta y necesaria también.  

Al consultorio de Andrea Gumes en nuestra sección era llegó una pregunta que me parece habla del estado de comparación permanente que propician las redes sociales y que genera ansiedades y emociones bien jodidas: “No paro de compararme con los cuerpos, las caras y los maquillajes que veo en redes, ¿cómo salgo del bucle?”. Ella responde.

Para terminar

Un 5 de abril pero de 1988 salía el primer disco de la cantautora Tracy Chapman, que estaba lleno de canciones preciosas. Una era Talking about a revolution, un himno contra la desigualdad que, por ejemplo, Bernie Sanders utilizó en su campaña en EEUU.

Así me despido 😘

Ana.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro objetores del aborto en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Justicia. En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Con este trámite se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

En la memoria del proyecto, la Comunidad de Madrid alude a que el texto pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En el apartado de 'Posibles soluciones alternativas', añade: “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”. El funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad. Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.

Requerimiento del Ministerio de Sanidad

En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.

De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado este miércoles en un comunicado la decisión del Ayuntamiento de Santander (PP) de “amparar” una programación contra el aborto y la muerte digna, con la celebración del 25 de marzo, fecha elegida por el movimiento mundial antiaborto y anti eutanasia para festejar su causa. La decisión del Partido Popular de Santander de acoger un acto antiaborto en el consistorio, además de iluminar la fachada consistorial en apoyo a estas posiciones, “ilustra la deriva reaccionaria del PP”, ha advertido IU.

IU ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno municipal y exigirá que el Ayuntamiento “deje de utilizar recursos públicos para difundir una agenda ideológica reaccionaria que ataca derechos reconocidos de las mujeres”.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha Martínez ha criticado además la colaboración con asociaciones que “no se limitan a expresar una opinión, sino que se dedican a acosar a mujeres en las puertas de las clínicas”, algo que ha calificado de “inaceptable en una institución pública”. afirmado en su comunicado que el PP “ha decidido quitarse definitivamente la careta de modernidad y de consenso”.

Según ha advertido, el PP “asumió”, en el último pleno municipal, el argumentario de Vox con sus propuestas sobre inmigración, “y queriendo condicionar el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes en situación regular a sus años de cotización”. Por eso, ha alertado Martínez que “ahora lo vemos con este ataque directo a derechos fundamentales de las mujeres y a la libertad individual”, ha señalado.

Iluminación morada o verde

IU ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, pese a tratarse de un Ayuntamiento con un Plan de Igualdad: “Mucho iluminar de morado el Ayuntamiento el 8M, mucho minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, pero luego mantienen a hombres condenados por violencia machista en su entorno político más cercano y promueven discursos que cuestionan derechos conquistados”, ha denunciado Martínez.

El edil ha añadido que “este doble discurso es una práctica habitual del PP de Santander”. “Recurren al greenwashing para vender una falsa sostenibilidad, presumen de Ciudad Amiga de la Infancia mientras normalizan la presencia de menores en los toros y hablan de accesibilidad sin garantizar baños públicos ni medidas reales para las personas con movilidad reducida”, ha afirmado.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha celebrado este miércoles la fecha elegida por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir. La elección se consensuó desde que el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en 2003, acordase el 25 de marzo como el Día la Vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”, porque también incluye el rechazo al derecho a la eutanasia.

Acompañada por la asociación cántabra Pro-vida, que tiene su sede en la capital, Gema Igual ha recibido a un grupo de escolares de un colegio católico en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto. A través de un comunicado, Igual ha indicado que festeja la fecha para “reafirmar el valor de la vida de todas las personas”

En el exterior del Ayuntamiento, el grupo de mujeres de la asociación cántabra Pro-vida, que además de su rechazo al aborto, están en contra del derecho a la eutanasia, han instalado una mesa con información del trabajo del colectivo antiaborto. Además, han repartido globos amarillos, han recogido “donaciones de productos de bebé” y han instalado huchas.

En la mesa informativa de la asociación, que forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, que promueve acciones ante clínicas abortivas, también han colgado un cartel que rezaba “Ante el final de la vida, cuidados paliativos”. Junto con la agrupación, ha estado delante del consistorio la concejala de Vox, Laura Velasco, de cuya visita ha compartido una imagen el Ayuntamiento.

Además, en el comunicado se ha explicado que los escolares han recogido globos, para “hacerlos volar como símbolo de la libertad y la vida”, agregando que “como símbolo de apoyo a esta jornada”, la fachada del Ayuntamiento se ha iluminado este martes de verde, color que sin embargo, desde que Argentina se convirtiese en referente con su ley pro aborto, ha enarbolado el movimiento mundial por el derecho a decidir.

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.

Vox vuelve a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, que se posicione contra el aborto y desarrolle campañas de “sensibilización en defensa de la vida y de protección del no nacido”. Lo hace en una moción que se votará en el próximo pleno, el 26 de marzo, en la que el partido de ultraderecha solicita que “el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

No es la primera vez que la posición de Vox contra el aborto llega a un pleno municipal, en 2023 el PP apoyó que Zaragoza fuese declarada 'Ciudad por la vida'. Esto se tradujo en posteriores convenios con entidades antiabortistas: RedMadre y Ainkaren, que han protagonizado momentos polémicos y han sido señaladas por Intervención al incumplir el convenio en la solicitud de ayudas. La presidenta de esta última entidad fue nombrada hija predilecta de la ciudad en Zaragoza en 2025, a propuesta de Vox.

Ahora, tras la reciente aprobación de los presupuestos de Zaragoza con el apoyo in extremis de Vox —anunciado la tarde antes de la votación después de haber dicho que votarían en contra—, el partido de ultraderecha lleva al pleno esta moción. En el texto, sostiene que la vida humana es “el fundamento de todos los demás derechos” y afirma que toda persona, “con independencia de su grado de desarrollo, condición social, estado de salud o circunstancia personal”, posee una “dignidad inviolable que debe ser protegida por los poderes públicos”.

El documento también define al aborto como “la interrupción deliberada de una vida humana en gestación” y considera “una grave quiebra del principio de protección de la vida”. En este sentido, Vox plantea que las administraciones públicas “refuercen las políticas de prevención, apoyo e información a las mujeres embarazadas”.

Entre las medidas propuestas, el grupo municipal solicita que el Ayuntamiento manifieste institucionalmente su “compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, promueva campañas de “sensibilización sobre la protección del no nacido, la maternidad y la familia”, y mantenga la colaboración con “asociaciones y proyectos sociales que acompañan a mujeres con embarazos imprevistos o en situación de dificultad”, en referencia a los convenios con las entidades antiabortistas RedMadre y Ainkaren. Asimismo, la moción plantea desarrollar campañas institucionales “orientadas a la prevención del aborto mediante información, acompañamiento y apoyo integral”, con el objetivo de promover “alternativas reales” ante embarazos inesperados o complejos.

Marco legal

La propuesta de Vox de implementar campañas de “sensibilización” y “alternativas” al aborto se registra bajo un marco legal definido por la Ley Orgánica 2/2010, cuya reforma en 2023 eliminó la obligatoriedad de informar a la mujer sobre las ayudas a la maternidad —salvo que ella lo solicite— y el periodo de reflexión de tres días. Según el artículo 3 de dicha ley, se debe garantizar que la decisión de la mujer se adopte “sin injerencias de terceros”, estableciendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación que las administraciones públicas deben asegurar en su red sanitaria.

Esta normativa cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 44/2023 ratificó el sistema de plazos y aclaró que, si bien el feto es un bien jurídico protegido, no es titular del derecho a la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Posteriormente, en la sentencia 92/2024, el tribunal desestimó un recurso interpuesto por el propio grupo Vox, dictaminando que la supresión de las trabas informativas y de los plazos de espera no vulnera la Constitución, al considerar que el Estado debe respetar la autonomía de la voluntad de la mujer sin imponer condiciones que dilaten el proceso.

“Nos preocupa profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de 'derecho', incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana”. La Conferencia Episcopal ha lanzado un duro mensaje contra la intención del Gobierno de ‘blindar’ el derecho al aborto en la Constitución, y lo ha hecho en su mensaje para la Jornada por la Vida, que se celebra el 25 de marzo bajo el lema, 'La vida, un don inviolable'.

El escrito episcopal, que sigue la línea marcada por sectores de la ultraderecha española (Hazte Oír) o mundial (Javier Milei), y sigue la senda de la desobediencia civil auspiciada, entre otros, por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestiona el anteproyecto de reforma constitucional anunciado por el Ejecutivo para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, y llama a una “alianza social” en favor de la natalidad para que “ninguna mujer” tenga que interrumpir su embarazo.

Al tiempo, muchos de sus miembros defienden las algaradas de grupos neoconservadores, acosando a las mujeres frente a las clínicas de interrupción del embarazo, algo prohibido por la ley, pero tolerado en muchas ciudades de nuestro país, como Madrid, donde el aborto no puede, en la práctica, llevarse a cabo en hospitales públicos. Mientras, Ayuso desobedece a la Justicia y continúa con su pelea para no elaborar un listado de médicos objetores de conciencia.

"El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad"

“El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad”, recalca la Conferencia Episcopal en su mensaje, en el que insiste en que “el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de un individuo” de la especie humana, “negando la igualdad radical de derechos que debe fundamentar cualquier humanismo verdadero”.

Más aún: los obispos vuelven a resucitar campañas como la que, hace décadas, comparaba la protección de un embrión a la de la cría de un lince, lamentando que la legislación española permite “castigar con una multa de 15.000 euros y hasta dos años de cárcel si se destruye un huevo de águila pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo”.

Junto a ello, la Iglesia española vincula la “maternidad frustrada” con “barreras estructurales” como “la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la familia”. Frente a ello, señalan los obispos, “queremos promover una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad, que sirva, por una parte, para construir juntos las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y, por otra, para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos”.

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El Gobierno asturiano mantiene la previsión de aprobar antes del tercer trimestre de este año el decreto que regule la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo después de que en 2025 el Ministerio de Sanidad emplazara a desarrollarlo a las cuatro comunidades autónomas que aún no lo habían hecho (Asturias, Aragón, Baleares y Madrid).

Según ha señalado la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el derecho de aborto en Asturias “está garantizado” y el texto sigue su tramitación administrativa en la que ha completado ya el trámite de información pública a la espera de que se estudien las siete alegaciones presentadas por asociaciones de pacientes y colegios profesionales y sea sometido al Consejo Consultivo, entre otros procedimientos.

Disminuir “al máximo” los plazos

Saavedra, que se ha expresado así en su respuesta a un pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, ha subrayado además que su departamento busca disminuir “al máximo” los plazos para sacar adelante el registro “con la máxima seguridad jurídica”.

Además, ha reiterado que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) sigue trabajando con los profesionales para empezar a practicar abortos en la sanidad pública en gestaciones de menos de 14 semanas que hasta ahora se practican en clínicas privadas concertadas.

Clínicas concertadas

Desde 2010 la sanidad pública solo se encarga de realizar interrupciones del embarazo por encima de las 14 semanas, por ser de mayor complejidad, mientras que en gestaciones que se encuentran por debajo, las mujeres pueden acudir directamente a las clínicas concertadas.

Por su parte, Tomé ha lamentado que el Gobierno central tuviera que “llamar la atención” a Asturias junto a otras tres comunidades gobernadas por el PP por su retraso en la puesta en marcha de un registro que debe garantizar la correcta prestación de un servicio en un momento en que los antiabortistas vuelven a las puertas de las clínicas a coaccionar a mujeres y que el derecho a la interrupción del embarazo “vuelve a al debate ideológico”. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha instado este martes a que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cumpla el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, ha asegurado en una rueda de prensa.

Ha sido la lacónica y leve respuesta ante el enfrentamiento abierto por Ayuso con el Ministerio de Sanidad a cuenta del cumplimiento de la ley del aborto y de la obligación de que las administraciones autonómicas sepan qué profesionales sanitarios se niegan a practirar interrupciones voluntarias del embarazo para poder organizar los servicios.

Un registro que es secreto y que la Comunidad de Madrid se comprometió a poner en marcha en una reunión con el Gobierno y el resto de regiones. En el auto que ordena a Ayuso a iniciar el procedimiento administrativo, el tribunal recuerda que Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024.

Un año largo después, el protocolo no solo no está en marcha, sino que Madrid, Baleares y Aragón se niegan a desarrollarlo. El Gobierno ha llevado el bloqueo a los tribunales, y el TSJ de Madrid le ha dado la razón de forma cautelar.

Recurso de Madrid

La Comunidad de Madrid no se ha pronunciado, de momento, sobre el fondo del auto judicial, ni ha indicado si lo cumplirá o no, como le indica la dirección nacional del PP. Ayuso está de viaje en Nueva York, y sus portavoces no darán pasos que ella no ordene.

En declaraciones a los medios tras un acto con motivo del aniversario del 11M, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que la Comunidad de Madrid va a recurrir el auto y ha argumentado que la medida cautelar solo ordena iniciar los trámites del registro.

“No quiere decir que tengamos que concluir con la creación del registro”, ha apostillado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al gobierno de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Lo hace en respuesta a la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional. 

La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención.

El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público. Pese a ello, el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido un total de 275 postales firmadas por la ciudadanía de la región al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiendo que todas las administraciones “garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el “incumplimiento”, por parte del Gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones -entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato Comisiones Obreras y Amnistía Internacional- en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Desplazamientos y clínicas privadas

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región.

Destallan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas y concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia “un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional”. “La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros”. añegan.

También argumentan que la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga la ley, que establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”. Recuerdan que la normativa señala que a estos efectos, los servicios públicos se organizarán “siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las organizaciones también destacan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono 'Salud Responde', lo cual resulta “insuficiente”: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo.

No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres

“No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”.

Los colectivos que han enviado las postales sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.

Las organizaciones que forman parte de esta campaña son:

El Ministerio de Sanidad ha demandado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al aborto al que obliga la ley desde 2023. El departamento de Mónica García ya advirtió el pasado mes de noviembre que acudiría a los tribunales si la comunidad madrileña seguía sin poner en marcha la medida, pensada para que los centros sanitarios sepan con qué personal dispuesto a realizar abortos cuentan y puedan organizarse de cara a integrar completamente la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.

Sin embargo, Ayuso inició una batalla contra el Gobierno central y se ha negado reiteradamente a crearlo bajo el pretexto de que se trata de “listas negras” de médicos. “En Madrid no se va a perseguir ni señalar a nadie”, dijo la presidenta madrileña insinuando que estos listados tienen el objetivo de estigmatizar. Ahora, Sanidad acaba de formalizar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha adelantado El País y confirman fuentes del ministerio.

La intención ya fue adelantada por Mónica García, justificando que es “su obligación” ante lo que calificó de “rebelión” del Ejecutivo madrileño. En los últimos meses, Ayuso se ha opuesto de manera constante a crear el registro con declaraciones como las pronunciadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de octubre, cuando espetó “vayánse a otro lado a abortar”. Eso a pesar de que el acuerdo para concretar la medida fue aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con los votos a favor de todas las autonomías, también Madrid.

Ante la negativa reiterada de Ayuso, el Gobierno le advirtió de que se trata de una obligación contenida en la legislación y requirió formalmente a las comunidades que no lo tenían en vigor (entonces también eran Baleares y Aragón), pero, pasado el plazo, Madrid ha sido la única que no ha respondido al requerimiento y sigue sin ponerlo en marcha.

Según consta en el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, está “acreditado” que la comunidad “no ha cumplido con la obligación” establecida en el artículo 19.ter de la ley del aborto, el que estipula la creación de los registros, y tampoco “ofrece duda” que “no ha contestado ni consta que haya efectuado actuación alguna” en relación al requerimiento hecho por el Ministerio de Sanidad. El texto recuerda que el protocolo al que el Consejo Interterritorial dio luz verde “es de obligado cumplimiento” para todas las comunidades.

El recurso se apoya en la legislación vigente y en sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la creación del registro de objetores. La que tumbó el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto de 2023 reza que la existencia de una medida así “cuenta con una justificación objetiva y razonable”. Además, el Alto Tribunal avaló en 2014 un registro similar desarrollado en Navarra en 2011 tras el recurso del PP. En el fallo, consideró que se trata de un medida “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestasción” y que “no resulta ni irrazonable ni desproporcionada”.

A pesar de que Ayuso y otros líderes populares han esgrimido en los últimos meses que los registros de objetores de conciencia tienen el objetivo de “estigmatizar” a los profesionales sanitarios y que van “contra la libertad de conciencia”, la realidad es que no son mecanismos de sanción ni control. De hecho, la norma estipula directamente que los poderes públicos deberán tomar medidas para evitar “cualquier discriminación”. Además, no es un listado al que pueda acceder cualquier ciudadano, sino que es algo reservado a los responsables de las consejerías y las direcciones de los hospitales, que solo podrán tener la información “estrictamente necesaria” para la organización del servicio.

Los registros están pensados para que, en última instancia, los centros sanitarios públicos lleven a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, algo que mayoritariamente sigue ocurriendo en centros privados concertados. De hecho, Madrid es una de las cinco comunidades en las que las que la cifra de abortos en la pública no llega ni al 1%, según los últimos datos. El del aborto no es el único registro que hay en España: en 2021 la Ley de Eutanasia también incluyó uno muy similar. Desde entonces, todas las autonomías los han creado, incluida Madrid, que lo hizo solo unos meses después de ser aprobada la norma.