El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente de un real decreto para regular la información que reciben las mujeres antes de abortar. El Ministerio de Igualdad quiere de esta forma dar luz verde definitiva antes de las elecciones a la norma para dejar tasado qué datos debe dar el personal sanitario a quienes manifiesten su intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y “con independencia del territorio en el que vivan”.

El objetivo es que las mujeres reciban una información “veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente” antes de adoptar una decisión “libre e informada”, según explica el departamento dirigido por Ana Redondo. La ministra adelantó hace unos días que estudiaba esta posibilidad para “incidir” en que la información debe estar “basada en la ciencia y sin bulos” para que las mujeres elijan “sin tutelas ni paternalismo”.

Esta cuestión tiene antedecendes como la idea de Vox en Castilla y León de que las mujeres escucharan el “latido fetal” antes de abortar o la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP y la extrema derecha para informarles del inexistente “síndrome postaborto”. Un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la IVE y ante el que finalmente el PP de José Luis Martínez Almeida dio marcha atrás.

El real decreto es el desarrollo de la reforma de la Ley del Aborto de 2023, que estableció la obligación de regular la información y diferenciarla entre la obligatoria y la voluntaria. Entre la que los profesionales sanitarios deben ofrecer en todas las situaciones está la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios acreditados, derechos, trámites... Además, el proyecto aclara que el profesional “no debe establecer preferencia” por el método farmacológico o quirúrgico a no ser que las circunstancias clínicas lo indiquen.

El proyecto también regula algunas cuestiones de los comités clínicos que autorizan o no los abortos por causas médicas. De esta forma, se obliga a que tengan una “presencia equilibrada” de hombres y mujeres “salvo por razones fundadas y objetivas” e impide que formen parte de estos comités los profesionales que estén inscritos en los registros de objetores o lo hayan estado en los últimos tres años, tal y como estipuló ya la ley.

Por otro lado, se regula qué deben contener en todos los casos el dictamen que emiten estos órganos: será por escrito y en él figurarán el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinadas, la valoración clínica, las conclusiones y las razones que han llevado a la decisión.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad abrió la semana pasada la consulta pública para llevar a cabo las reformas con las que prevé llevar a los centros de salud el aborto con pastillas. El objetivo era obligar a las comunidades autónomas que no hacen casi intervenciones en la pública —entre ellas Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha— a que impulsaran una medida que, ante la convocatoria adelantada de los comicios, está ahora en el aire.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) comenzará este mes de octubre a cumplir con recursos propios la cobertura del derecho al aborto de las mujeres, hasta ahora privatizadas en más de un 90% de los casos. El cambio se hará de manera progresiva en sus centros de salud y hospitales, arrancando con un proyecto piloto en las actuaciones farmacológicas con mujeres que lleven menos de diez semanas de gestación. Se extenderá al conjunto de la red pública a lo largo de 2027, informa Europa Press.

Dice Osakidetza que la iniciativa se enmarca en el compromiso de Osakidetza con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que da cumplimiento al denominado Pacto Vasco de Salud, pero la evidencia es que desde hace años era un servicio prácticamente enteramente privatizado. En este momento, más del 94% de las aproximadamente 4.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada año a mujeres residentes en Euskadi son derivadas a clínicas privadas autorizadas, aunque financiadas por el sistema sanitario público.

El pilotaje, que dará cobertura a los tres territorios históricos de Euskadi, se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre en cinco OSI o comarcas de Osakidetza. Posteriormente, se desplegará en 2027 a toda la red. Como primer paso, el proyecto piloto estará orientado a incorporar a la red pública la atención a las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas de menos de diez semanas de gestación. El pilotaje permitirá evaluar los resultados clínicos, la organización asistencial, las necesidades de recursos y la experiencia de las mujeres usuarias antes de extender el modelo al conjunto de Euskadi.

El nuevo modelo se ha diseñado a partir de los datos del Registro Vasco de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que reflejan que cerca de la mitad de los procedimientos se realizan actualmente mediante tratamiento farmacológico y que la mayoría de las interrupciones tienen lugar en etapas tempranas de la gestación, cuando este método constituye una alternativa clínica consolidada.

El protocolo diseñado por Osakidetza fija a las matronas como profesionales de referencia y puerta de entrada al proceso. Las mujeres que decidan solicitar una interrupción voluntaria del embarazo deberán acudir a su centro de salud y solicitar una cita prioritaria con estos profesionales. Durante la consulta, se ofrecerá información personalizada sobre las distintas opciones disponibles, los procedimientos, las garantías legales y los recursos asistenciales existentes. Posteriormente, se activará el circuito asistencial que corresponda.

El nuevo protocolo refuerza, asimismo, aspectos como la confidencialidad, la intimidad, la seguridad clínica y el respeto a la autonomía de decisión de cada mujer respecto a la interrupción de su embarazo. Osakidetza ha incidido también en la necesidad de continuar reforzando las políticas de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces para prevenir embarazos no planificados. En 2024, más del 60% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no utilizaban ningún método anticonceptivo, mientras que aproximadamente un tercio de los procedimientos correspondieron a interrupciones de repetición.

El Ministerio de Sanidad quiere generalizar el aborto con pastillas en la Atención Primaria. Así lo ha afirmado la ministra Mónica García este lunes en el acto por el Día Internacional del Aborto, en el que ha anunciado que impulsará varias reformas para que las mujeres accedan a este método en los centros de salud. Con esta medida, Sanidad busca forzar a aquellas comunidades que no hacen apenas interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, como Madrid o Andalucía, a empezar por el aborto farmacológico, uno de los dos métodos que las mujeres deben poder elegir para abortar.

Esta es la intención que, según fuentes del Ministerio, tiene Mónica García con esta reforma, que se concreta en una triple iniciativa: por un lado, la modificación del Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y por otro, el cambio de la ficha de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para que se use fuera del ámbito hospitalario. Además, se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en la Atención Primaria.

El objetivo es empezar a cambiar el mapa del aborto en España, donde la inmensa mayoría de intervenciones se hacen en centros privados concertados. Aunque el número no deja de aumentar año tras año y cada vez son más, según los últimos datos en 2024 solo el 21,3% se hicieron en centros sanitarios de titularidad pública.

La situación es especialmente llamativa en territorios en los que la tasa de abortos en la pública no alcanza ni el 1%: Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, en la que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido explícitamente a cumplir la ley y poner en marcha el registro de objetores al aborto. Aun así, hay que tener en cuenta que el panorama ha podido cambiar en estos dos últimos años, por ejemplo, según los datos de 2024, Ceuta no practicó ningún aborto en centros públicos, pero desde diciembre de 2025 ha asumido el 90%.

La cuestión es que será también con estas comunidades gobernadas en su mayoría por la derecha con las que Sanidad tendrá que debatir algunos de los cambios, puesto que tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según fuentes de Sanidad, la modificación de la cartera de servicios es la clave para que el mecanismo sea obligatorio y es la que deberá someterse a votación, aunque puede salir adelante con mayoría.

El Ministerio lleva tiempo aplaudiendo en público los pasos dados por algunas comunidades en las que esto ya ocurre y en los que la Atención Primaria ya está asumiendo los abortos farmacológicos. Aunque en general, se recurre más al método instrumental o quirúrgico (en un 68% de los casos), si ponemos el foco en los territorios se da un doble fenómeno que crece paralelamente: aquellas autonomías que hacen más intervenciones en la sanidad pública, son también las que hacen más abortos con pastillas que en el quirófano.

Esto es algo que se ve claramente en los casos de Galicia, Catalunya, La Rioja, Cantabria, Baleares y Navarra. En los últimos años, estas comunidades han apostado por incluir el aborto en los centros de salud u otro tipo de unidades de planificación familiar de la red de Atención Primaria, pero solo los farmacológicos. El resultado es que son las autonomías que más porcentaje de prestaciones en la pública hacen: desde el 88% de Cantabria a más del 70% de Galicia, Navarra y La Rioja o el 61% de Baleares.

Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo que se hacen en estos lugares, son mediante fármacos, como se puede ver en el siguiente gráfico:

El riesgo de desplazar el quirúrgico

La realidad es que estas medidas profundizan en el objetivo de llevar la prestación a los centros de titularidad pública, como exige la ley, pero deja abierta otra dimensión del problema, según las expertas: y es que de acuerdo con la misma legislación, las mujeres deben poder elegir el método con el que quieren abortar y estos deben ofrecerse en las mismas condiciones. Además, el quirúrgico sigue siendo el que se utiliza para gestaciones de más de diez semanas.

Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la propuesta de Sanidad es “positiva” porque “amplía los puntos de acceso para las mujeres de todo el territorio”, pero considera que “debe acompañarse de otras medidas”. Si no, el riesgo, será comprometer la libertad de las mujeres para decidir de qué forma quieren abortar, cree la experta. “Es un paso adelante, pero si nos quedamos ahí y no profundizamos, puede ocurrir lo que ya pasa en muchos sitios, que es que la elección del método está condicionada y se generan inequidades territoriales porque no son igual de accesibles las dos técnicas”.

Es lo que ocurre en algunas de las comunidades que han apostado únicamente por el farmacológico en la pública. En La Rioja, por ejemplo, las mujeres que quieran abortar de forma instrumental, deben salir de su comunidad porque los hospitales no lo asumen ni existen clínicas concertadas que ofrezcan la prestación. En Catalunya, quienes viven cerca de Barcelona “tienen más posibilidades de elegir el método” que quienes viven en el Pirineo porque estas “tendrán que desplazarse muchos kilómetros” para hacer un quirúrgico, ejemplifica Aldavert. Según la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Cantabria las deriva a Madrid o Valladolid.

El problema sigue siendo que los hospitales públicos, que es donde deben hacerse las intervenciones instrumentales, apenas las asumen. Por eso Aldavert cree que la medida debe ir acompañada de “formación” para los profesionales en ambas técnicas y una apuesta decidida por “normalizar” el aborto. “Debemos colocarlo dentro de la práctica sanitaria habitual y que el sistema introduzca el doble método en los centros de referencia de las mujeres. Si tú puedes ir a un hospital a parir, debes poder acceder al aborto. El sistema ya tiene a su disposición los centros en los que debe hacerse”, añade la experta.

El aborto farmacológico suele ser más 'digerible' por el sistema porque distancia al personal sanitario del proceso y requiere menos práctica, incluso el registro de objetores da la posibilidad a los profesionales de objetar solo a la técnica instrumental y no a esta. “Se ha hecho una objeción a la carta y se ha sobreprotegido”, opina Francisca García, médica directora de dos clínicas andaluzas y presidenta de ACAI. Ante la medida anunciada por Sanidad este lunes, García cree que aún “no se han hecho los deberes” y que la prioridad debe ser “formar a los profesionales y que las mismas unidades puedan garantizar ambos métodos”. Si no, dice, seguirá siendo “una prestación sanitaria de segunda”.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que va a impulsar los “cambios necesarios” para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Así lo ha anunciado en la inauguración del acto Abortar sin barreras, organizado por su Ministerio y el de Igualdad en el Día Internacional del Aborto. “Queremos que las mujeres elijan el método y puedan acceder a él en sus centros de salud, con información precisa y acompañamiento”, ha afirmado García.

El aborto farmacológico es el que se lleva a cabo únicamente mediante medicamentos y hasta la semana novena de gestación. Es uno de los dos métodos con los que las mujeres pueden interrumpir su embarazo: el otro es el instrumental o quirúrgico, que siempre se lleva a cabo en hospitales. La idea de Sanidad es modificar el Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y también la ficha técnica de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para “permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario”. Además, Sanidad quiere actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en Atención Primaria.

El objetivo es que las mujeres que elijan este método —la ley obliga a ofrecer los dos— y siempre que “sea adecuado para su situación”, puedan acceder a él “desde sus centros de salud, con información, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha justificado García, que ha resumido su intención en que “cueste menos decidir con libertad”.

La medida busca fortalecer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, algo que establece la Ley del Aborto pero que no se cumple en la mayoría de ocasiones: según los últimos datos, casi el 80% de las intervenciones se llevaron a cabo en clínicas privadas concertadas. En algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, los abortos en la pública no alcanzan ni el 1%. La situación de desigualdad territorial lleva a que miles de mujeres deban desplazarse cada año de sus provincias para poder abortar.

“Queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, reciban información y siempre tengan un equipo al que acceder. Que se ahorren desplazamiento y sientan que hay un equipo que les acompaña y conoce”, ha afirmado García. Esta semana, el Ministerio ha puesto en marcha la campaña sobre el aborto con la que pretende combatir “el estigma y la culpa” en las mujeres y que ha sido rechazada por Metro de Madrid para ser instalada en la Puerta del Sol bajo el argumento de la cercanía de esta estación con la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso.

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha avanzado que su departamento está “estudiando” el impulso de un “reglamento o decreto” con el objetivo de “incidir” en la información que reciben las mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo. “Es imprescindible que las mujeres tengan la información necesaria y suficiente para que tomen la decisión sin tutelas y sin paternalismo”, ha afirmado Redondo, que ha recordado que el Gobierno ha impulsado el blindaje del derecho “en su dimensión prestacional” en la Constitución.

Un total de 41 profesionales sanitarios se han inscrito en el registro de objetores habilitado por el Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha para rechazar la práctica profesional del aborto en el sistema público de la comunidad autónoma.

Es el dato que, según informa Amnistía Internacional, ha facilitado “por primera vez” el SESCAM a la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha a través del Portal de Transparencia.

Según esa misma información, hay un total de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.

“Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley. Desde hace un año las movilizaciones arrecian en la comunidad autónoma para lograrlo: “No es normal tener que ir a abortar a 180 kilómetros”, decían hace ahora un año.

En este tiempo, la Consejería de Sanidad ha anunciado que planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos, según se decía el pasado mes de mayo. Con los datos de hoy en la mano, esa afirmación no es del todo cierta.

El colectivo ciudadano considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia, pero cree que los datos que se proporcionan son “insuficientes” para conocer “con precisión” la dimensión de la objeción, al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias. Creen que saberlo introduciría “datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”.

Para la Plataforma, “este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación”. En su opinión, la obligación de la Administración es “organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

También inciden en que “la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales” y en que “corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación”.

Además, vuelven a situar el foco en una reivindicación que se considera “pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.

El 99,95% de los abortos, en el sistema privado en 2024

Las organizaciones que integran la Plataforma han vuelto a denunciar que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.

Por ello, reclaman de nuevo “una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.”

Durante la movilización, la Plataforma reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación, recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso, datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha, información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Este lunes se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y la Plataforma reafirma una reivindicación clara: “Abortar es un derecho, la sanidad pública debe garantizarlo”.

A estas peticiones se han sumado hasta 25 colectivos como Amnistía Internacional, Feministas de Pueblo o CCOO. Este sindicato reclama una “verdadera red pública” para poder acceder al servicio.

Las mujeres ya estamos sufriendo las políticas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, ya sea en coalición —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— o en solitario, como en Madrid. Su ataque a nuestros derechos reconocidos consiste en impedir que podamos ejercerlos en condiciones materiales de libertad e igualdad. Las feministas volvemos a estar en pie de guerra: ha vuelto Marea Violeta.

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, obliga a examinar las políticas que están ideando y ejecutando los dos partidos de derechas en las comunidades autónomas para saber qué harán si llegan a gobernar España.

Hablo de las derechas porque, en relación con los derechos de las mujeres, no es necesario especular sobre las condiciones que Vox podría imponer al Partido Popular. Basta con atender a sus propias decisiones. Núñez Feijóo ha anunciado que, si gobierna, extenderá al conjunto del Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá la actual ley de plazos. Esta es la estrategia —y no solo en relación con el aborto—: erosionar los derechos sin necesidad de derogarlos.

Quizá haya quien crea que ambas posiciones son compatibles. No lo son. Las palabras crean categorías jurídicas y las categorías jurídicas producen consecuencias materiales. Reconocer al concebido como integrante de la familia “desde la concepción” introduce en el ordenamiento la ficción de dos sujetos con intereses diferenciados. De este modo, la interrupción del embarazo deja de presentarse como el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y comienza a construirse como un conflicto entre sus derechos y los supuestos derechos de quien todavía no ha nacido.

Feijóo parece haber aprendido de la derrota de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2014, el Tren de la Libertad convirtió la defensa del aborto en una movilización estatal, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar el anteproyecto y precipitó la dimisión del ministro. La estrategia actual evita aquella confrontación directa: mantiene formalmente la ley de plazos mientras introduce, por otras vías, el marco jurídico y político del “concebido no nacido”.

Los cuatro acuerdos autonómicos de gobierno suscritos por PP y Vox comparten esa misma concepción política y forman parte de una ofensiva nacional e internacional dirigida a deslegitimar el feminismo y revertir los derechos conquistados.

En todos ellos, las mujeres dejamos de aparecer como sujetos autónomos de derechos sexuales y reproductivos y somos situadas fundamentalmente en relación con la familia, la maternidad y la natalidad. Ninguno articula una política integral de salud sexual y reproductiva basada en nuestra autonomía y en el acceso efectivo al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

Quiero detenerme en Andalucía, no solo porque es el territorio desde el que Marea Violeta Andalucía convoca la movilización de este 28 de septiembre, sino porque —como le sucedió en su día a Gallardón— el presidente andaluz goza de una imagen de moderación que el acuerdo de gobierno desmiente. El pacto proclama una “cultura de la vida”, prevé un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada que no reconoce nuestros derechos y convierte la “perspectiva de familia” en un criterio transversal de la acción pública.

Me detengo en esta última cuestión porque estas palabras también generan categorías jurídicas. La perspectiva de familia significa que las normas y las políticas deben evaluarse por sus efectos sobre una institución presentada como una unidad armónica. Desaparece así la obligación política de examinar sus consecuencias específicas sobre las mujeres. La perspectiva de género es sustituida por formulaciones aparentemente neutras que ocultan las relaciones de poder entre los sexos, diluyen los derechos individuales de las mujeres y excluyen la diversidad familiar y vital.

Los cuatro pactos demuestran que la ofensiva contra el derecho a decidir no necesita comenzar con la derogación de la ley del aborto. Puede avanzar mediante políticas que convierten la natalidad en un objetivo público y expulsan la libertad reproductiva de las prioridades gubernamentales. Después puede materializarse dificultando el acceso al aborto en la sanidad pública, tolerando desigualdades territoriales, ampliando los efectos de la objeción de conciencia o sometiendo a las mujeres a itinerarios administrativos diseñados para disuadirlas.

Vox radicaliza el discurso, acelera las medidas y amplía la ofensiva antifeminista, pero atribuirle en exclusiva el proyecto antiabortista permite al Partido Popular presentarse como un límite moderado. Su trayectoria y sus propios compromisos muestran lo contrario. La promesa de Feijóo de extender a todo el Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” no constituye una concesión aislada a Vox, sino la formulación nacional de un marco que ambos partidos ya comparten en sus acuerdos autonómicos.

El precedente del Tren de la Libertad contiene, además, una enseñanza política: estas medidas pueden ser derrotadas. El movimiento feminista consiguió detener la reforma de Gallardón y hacer dimitir a un ministro. Marea Violeta Andalucía vuelve a movilizarse este 28 de septiembre con el mismo objetivo: frenar unas políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.

La reforma de 2023, impulsada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas, reforzó el derecho al aborto y obligó a las comunidades autónomas a garantizar su prestación pública y accesible. Por eso, los acuerdos autonómicos de PP y Vox pueden vaciar materialmente este derecho mediante la gestión sanitaria y de la objeción de conciencia.

La reforma prolonga los avances promovidos por Gobiernos socialistas con la despenalización parcial de 1985 y la ley de plazos de 2010. Aunque con una lentitud denunciada por el feminismo, han sido las políticas de izquierdas las que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Frente a quienes atacan nuestra libertad, necesitamos políticas de izquierdas que sean verdaderamente feministas.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha saldrá a la calle el próximo 27 de septiembre para “recordar algo que debería ser evidente”: que el aborto “es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo”.

Convocada por organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, la cita será en la Plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el próximo domingo a las 12:30 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Aborto Seguro, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Las entidades convocantes denuncian que “las mujeres de Castilla-La Mancha siguen encontrándose con una realidad difícil de entender: cuando necesitan interrumpir un embarazo, tienen que salir de la red sanitaria pública y ser derivadas a centros privados”.

Una situación que, en su opinión, “no solo supone” externalizar una prestación sanitaria que “debería estar garantizada en la pública”, sino que también introduce “desigualdades en el acceso a un derecho”.

“No todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para desplazarse, asumir los gastos que pueda implicar, pedir permisos en el trabajo o contar con alguien que las acompañe. El lugar en el que viven, especialmente si residen en una zona rural, su situación económica o sus circunstancias personales no pueden determinar las condiciones en las que van a poder ejercer su derecho a abortar. Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y pueden hacer que un derecho reconocido legalmente resulte mucho más difícil -o incluso imposible- de ejercer en condiciones de igualdad”, afirman las entidades convocantes en un comunicado.

La Plataforma considera “insuficiente” el anuncio de la creación de un único recurso hospitalario y reclama “una red pública integrada en el SESCAM y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias”.

También proporciona datos que, asegura, “evidencian la dimensión del problema”. En 2024, el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para poder ejercer su derecho.

“Falta poder abortar con normalidad”

Para Movimiento Sumar, esta situación evidencia la necesidad de avanzar hacia una red pública para la interrupción voluntaria del embarazo con profesionales y recursos suficientes, que permita garantizar el acceso a la prestación con independencia del lugar de residencia o de las circunstancias económicas y personales de cada mujer.

Desde Izquierda Unida Toledo y la Unión Popular de Estudiantes de Toledo también se han sumado a estas reivindicaciones afirmando que “el derecho al aborto existe. Lo que sigue faltando en Castilla-La Mancha es poder ejercerlo con normalidad en la sanidad pública”.

Ambas organizaciones recuerdan que la región dispone desde 2025 de un registro de profesionales sanitarios objetores matizando que la objeción es un derecho individual y no puede convertirse, de hecho, en la objeción de hospitales, servicios completos o de toda una comunidad autónoma.

“Durante años se ha utilizado la objeción como explicación. El registro ya existe. Ahora corresponde a la Junta organizar sus plantillas, formar profesionales y garantizar el servicio. La objeción de algunos no puede convertirse en la pérdida de derechos de todas”, sentencian.

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria conmemorará un año más este lunes 28 de septiembre el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, “un derecho que debemos defender todos los días”.

En un comunicado, la plataforma feminista ha reiterado su reivindicación de que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice en la sanidad pública y en este sentido ha advertido de los “obstáculos que todavía dificultan el ejercicio efectivo de este derecho en el conjunto del Estado”.

“El derecho a decidir sobre la propia maternidad está reconocido legalmente en España, pero sigue enfrentándose a barreras de todo tipo”, ha criticado la Comisión, que ha advertido que “el reconocimiento legal de un derecho no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo”.

En este sentido, para la plataforma feminista, “la garantía de una atención sanitaria pública en condiciones de seguridad, igualdad, intimidad y respeto a la autonomía de las mujeres, junto con la eliminación de obstáculos y la protección frente a las presiones ideológicas, son condiciones imprescindibles para que este derecho sea una realidad”.

La plataforma ha incidido en que la atención al aborto en España presenta “profundas desigualdades territoriales”, y ha recordado los datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en los que el 78,74% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, frente al 21,25% en los públicos.

Según estos mismos datos, Cantabria es la comunidad que mayor porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo realizó en el sistema público en 2024, el 88,5%, frente a una media nacional del 21,25%. Además, atiende en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla todas las interrupciones motivadas por enfermedades maternas o anomalías fetales.

La Comisión 8 de Marzo considera que esta prestación sanitaria “debe formar parte de la cartera de servicios de la sanidad pública y ”Cantabria constituye un ejemplo de ello, aunque todavía le queden situaciones por resolver ya que aunque el Servicio Cántabro de Salud atiende a la inmensa mayoría de las mujeres que solicitan una interrupción, persisten derivaciones a clínicas concertadas de otras Comunidades Autónomas“.

Así, en 2024, fueron derivadas 62 mujeres y en 2025, 71, a clínicas de Valladolid y Madrid, lo que a su juicio plantea la necesidad de “seguir avanzando para que todas las interrupciones se realicen en la red pública cántabra”.

Finalmente, la Comisión ha alertado de los intentos de “debilitar el apoyo ciudadano” a la interrupción voluntaria del embarazo mediante iniciativas legislativas que, bajo la denominación de protección del concebido no nacido, “pretenden atribuir al feto una titularidad de derechos equiparable a la de las mujeres. Esta concepción no se corresponde con el marco constitucional y legal vigente”, ha sostenido, por lo que ha insistido en que “los derechos conquistados pueden verse amenazados por cambios en las mayorías parlamentarias y en las decisiones de los gobiernos”.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.

Una licitación del Hospital Universitario El Escorial de la Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar que las interrupciones voluntarias del embarazo no se asumen de forma mayoritaria en la red sanitaria pública madrileña. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) afirma en un pliego para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos que “en algunos hospitales públicos” de la región “no se puede asegurar” el cumplimiento de este derecho, según ha publicado El País este jueves.

El Sermas dice en ese documento que, “entre otros motivos”, ocurre “por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”. El Gobierno de Ayuso ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada. Un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo fueron realizadas en 2024 en la Comunidad de Madrid, según el Ministerio de Sanidad, de las cuales el 99,53% fueron llevadas a cabo en centros privados.

El acuerdo para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, una fórmula de contratación pública que permite elegir previamente qué empresas o centros que podrán prestar un servicio durante un tiempo concreto, y con unas condiciones fijadas por la Administración. En este caso, el expediente se publicó el 13 de agosto de 2026 y el plazo para presentar ofertas termina el 15 de septiembre.

Según el citado medio, el acuerdo sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse “en el plazo más breve posible”, tanto para cumplir los plazos legales como para minimizar riesgos, pero después afirma que el Servicio Madrileño de Salud no puede asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios. “Sin embargo, en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”, se explica en el texto firmado por el Sermas.

“Es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid”, dice. Además, el texto insiste en que, “ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”, se plantea contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas con experiencia en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un pulso con el Ministerio de Sanidad por el cumplimiento de la ley para crear el registro de objetores del aborto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha respondido a El País que “en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación. Igual que el Sermas garantiza la prestación, garantiza igualmente la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”.

Hace unas semanas asistimos en el Congreso al debate sobre la propuesta de incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Durante unas horas, el escenario político ofreció una imagen casi paradójica: una amplia mayoría parlamentaria defendía, al menos formalmente, el reconocimiento de un derecho que cuenta también con un amplio respaldo social.

Incluso el Partido Popular evitó esta vez un discurso frontalmente contrario al aborto. Sus intervenciones se acercaron más al lenguaje de la libertad y de la capacidad de decisión de las mujeres, un marco que conecta con la posición que históricamente han mostrado buena parte de sus votantes.

Sin embargo, el voto contrario acabó situando al PP junto a VOX en su oposición sistemática a cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno actual. Y en esa escena volvió a aparecer una incomodidad permanente: la relación nunca resuelta entre la derecha española y el derecho al aborto.

Pero lo más relevante de aquel debate no fue solo quién votó a favor o en contra, sino observar cómo va mutando la forma de disputar este derecho.

Durante años, la batalla se libró de manera directa. Sobre si el Estado debía reconocer o restringir la capacidad de las mujeres para decidir sobre su embarazo y su cuerpo. Ese fue el terreno de la “contrarreforma” impulsada por Gallardón en 2013, una propuesta que devolvía el aborto a un modelo mucho más restrictivo. El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, la llamaron.

La respuesta social fue contundente. La movilización feminista, el rechazo ciudadano y las tensiones internas dentro del propio Partido Popular acabaron provocando la retirada de la reforma y la dimisión del ministro.

Gallardón demostró que, en España, el enfrentamiento directo con el derecho al aborto tenía un coste político demasiado elevado. Pero también dejó una enseñanza: que una batalla no pueda ganarse en un terreno determinado no significa que deje de librarse. A veces, para avanzar, hay que cambiar el escenario.

Y quizá por eso solo estamos viendo una parte de la escena. Cuando pensamos en los ataques al derecho al aborto seguimos esperando la misma imagen del 2013 con una reforma legal que reduzca derechos, una confrontación directa con la capacidad de decidir de las mujeres.

Sin embargo, la imagen se va fracturando. Como si, en una película, la cámara hubiera dejado de enfocar al personaje principal y hubiera empezado a detenerse en otros elementos del escenario. Al principio puede parecer que la historia ha cambiado. Que ya no estamos hablando de la misma cuestión. Pero a medida que avanza descubrimos que aquello que parecía secundario era, en realidad, la clave para entender toda la trama.

La cámara ha dejado de enfocar únicamente el aborto y ha empezado a enfocar aquello que lo rodea: la familia, la maternidad, la natalidad, el concebido no nacido, la crisis demográfica, el futuro de la nación.

Cambiar el encuadre no significa cambiar la historia. Significa cambiar la manera en la que el público interpreta lo que está viendo.

Durante años, el debate sobre el aborto estuvo construido alrededor de si la persona embarazada debía poder decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. El nuevo marco introduce otra pregunta: ¿qué debe proteger el Estado antes incluso de que exista una persona nacida?

No es un desplazamiento menor. Porque cuando cambia el sujeto alrededor del cual se organiza el debate, se van creando los imaginarios sociales que condicionan todo lo que viene después. Si el punto de partida es la autonomía reproductiva, la obligación del Estado es garantizar derechos y condiciones para ejercerlos. Si el punto de partida es el concebido como sujeto prioritario de protección, la relación entre Estado y reproducción empieza a construirse desde otro lugar.

Y ese cambio de plano es precisamente lo que permite que una ofensiva contra el aborto pueda presentarse sin hablar apenas de aborto. No porque el objetivo haya desaparecido. Sino porque el debate se ha trasladado a un terreno donde resulta más sencillo construir consensos. Un terreno aparentemente menos conflictivo y que apela a los “valores” comunes.

¿Quién podría estar en contra de proteger la vida?

¿Quién podría estar en contra de apoyar a las madres?

¿Quién podría estar en contra de ayudar a las familias?

El problema no está en estas palabras, sino en el significado cultural y político que adquieren cuando sustituyen el lenguaje de los derechos por el lenguaje de la protección; cuando la reproducción empieza a ser entendida y se construye como una política de Estado.

Por eso el concepto de “concebido no nacido” resulta tan relevante. No es únicamente una expresión jurídica, es un cambio de perspectiva, una nueva manera de mirar la escena.

Estados Unidos muestra claramente las consecuencias que puede tener este desplazamiento. La actualidad del aborto estadounidense se explica como una sucesión de prohibiciones y restricciones. Sin embargo, antes de muchas de esas medidas se había producido la profunda transformación que introducía progresivamente el feto como un sujeto político con intereses jurídicos propios.

Ahí aparece el concepto de fetal personhood, la idea de reconocer al feto una personalidad o intereses jurídicos propios a proteger por el Estado. No todas las iniciativas han tenido los mismos efectos ni han llegado al mismo punto, pero todas comparten una misma operación.

Y cuando el derecho reconoce un interés propio del concebido no nacido, la persona embarazada deja de aparecer como el único sujeto alrededor del cual se organiza la decisión. La autonomía reproductiva deja de ser el único punto de partida y el Estado pasa a situarse entre dos intereses que él mismo ha construido como potencialmente enfrentados.

Lo que parece una discusión técnica sobre categorías jurídicas tiene consecuencias profundamente sociales. Porque el derecho no solo regula conflictos existentes, también crea nuevas formas de entender esos conflictos.

El caso de Georgia, donde una mujer fue detenida acusada de asesinato después de un aborto autogestionado, mostró hasta qué punto este desplazamiento puede tener consecuencias reales. Más allá del resultado concreto del procedimiento, el caso revelaba qué ocurre cuando la interrupción de un embarazo empieza a interpretarse no solo como una decisión personal, sino como una posible agresión contra un sujeto jurídico distinto protegido por el Estado.

España no es Estados Unidos y establecer una equivalencia directa sería un error. La propuesta del “concebido no nacido” de Ayuso y Feijoo no supone hoy reconocer personalidad jurídica plena al feto; todavía. Pero las transformaciones políticas no empiezan siempre con sus expresiones más extremas. A menudo comienzan con pequeños desplazamientos del lenguaje, nuevas categorías y formas de nombrar la realidad. Para que una sociedad acepte limitar un derecho, debe cambiar antes la manera en la que entiende el problema.

Este desplazamiento nos está entrando por puertas y ventanas diversas. Los primeros acuerdos de gobierno entre PP y VOX, como el firmado en Castilla y León en 2022, permiten observar este cambio. El aborto apenas aparecía explícito, pero la maternidad, la familia y la respuesta al descenso de la natalidad ocupaban un lugar central.

Ese marco permitió después justificar medidas como la propuesta de ofrecer la escucha del latido fetal antes de un aborto o la creación de las Oficinas de Atención a la Maternidad. Presentadas como recursos de apoyo, fueron cuestionadas porque introducían la nueva lógica de situar el embarazo bajo una mirada institucional que no solo acompaña una decisión, sino que pretende condicionarla.

La evolución resulta todavía más significativa en acuerdos recientes como el de Andalucía. El aborto prácticamente desaparece del texto, pero la familia aparece una y otra vez; fomentar la natalidad, aprobar leyes de familia, desarrollar planes de apoyo a la mujer embarazada o promover la “cultura de la vida”.

Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. La diferencia no está solo en las palabras que aparecen, sino en aquellas que dejan de aparecer.

Cuando la reproducción empieza a discutirse principalmente en términos de familia, natalidad o futuro demográfico, la autonomía reproductiva deja de ser el punto de partida del debate. La mujer deja de ser sujeto político con voz y decisión propia para pasar al servicio de la “prioridad nacional”.

En los últimos años, la extrema derecha europea ha vinculado cada vez más la cuestión demográfica con la identidad nacional. La baja natalidad deja de presentarse como un problema relacionado con los cuidados, la precariedad o las dificultades materiales para construir proyectos de vida, y pasa a interpretarse como una amenaza para la continuidad cultural de una comunidad nacional específica.

Es en este marco donde los discursos sobre familia, natalidad e inmigración se encuentran. La idea del “gran reemplazo”, difundida desde hace décadas como un aspersor. Y no se trata únicamente de que nazcan más niños, se trata de qué población se considera necesaria para garantizar el futuro de la nación. En definitiva: qué vidas importan, cuáles tienen valor y cuáles no tanto.

Este vínculo entre reproducción e identidad nacional no es nuevo, es una herramienta de control social de las más antiguas que existen. Lo hemos visto recientemente en gobiernos como los de Orbán en Hungría o Meloni en Italia, donde las políticas familiares y de natalidad forman parte de una visión política más amplia sobre la nación, la pertenencia y el papel social de las mujeres. Y vuelta al principio del mandato obligatorio de la maternidad que nos imponen el patriarcado, el Estado y el capitalismo.

Por supuesto, no toda política de apoyo a la maternidad responde a esta lógica. Las democracias necesitan políticas públicas que permitan decidir libremente si se quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones. Han sido los feminismos los que han reivindicado políticas de apoyo a las maternidades deseadas, garantizando cuidados, derechos y condiciones materiales dignas como centro de su proyecto de transformación social.

Pero no estamos hablando de esto. Ya no estamos hablando solo de apoyar a quienes quieren ser madres. Estamos hablando de quién define qué tipo de reproducción merece ser protegida y promovida. Y es precisamente por eso que sería un error pensar que el derecho al aborto ha dejado de ser el objetivo. Sigue siéndolo, aunque han encontrado bifurcaciones del camino que son más seguras y arraigadas en épocas de crisis sistémicas y dispersión del miedo.

Lo que estamos viendo es la construcción progresiva de un nuevo paradigma político sobre la reproducción. Y por eso no es casual que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a tumbar por parte de los proyectos autoritarios.

No porque el aborto sea una cuestión aislada, sino porque controlar la reproducción significa intervenir sobre quién puede decidir sobre su cuerpo, qué modelos de familia merecen reconocimiento, quién pertenece plenamente a la comunidad política y qué futuro quiere construir una sociedad.

En definitiva, significa intervenir sobre la propia distribución del poder. ¿Qué mayor herramienta de control social podemos imaginar?

Frente a ello, es necesario recuperar con más fuerza el horizonte de la justicia reproductiva. La democracia no consiste únicamente en reconocer el derecho a interrumpir un embarazo. Consiste en garantizar que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos o no, cuándo tenerlos y en qué condiciones; que puedan criarlos con dignidad, libres de violencia, discriminación y precariedad; y que ninguna política pública convierta la reproducción en una obligación moral, un deber patriótico o un instrumento al servicio de un determinado proyecto ideológico.

La cuestión nunca fue únicamente si determinadas políticas amenazan el derecho al aborto. La verdadera pregunta es qué nos dicen esas políticas sobre el modelo de sociedad que pretenden construir.

Porque cuando un Estado comienza a disputar el control sobre la reproducción, nunca está hablando solo de natalidad. Está hablando de la reorganización autoritaria de la democracia.

Como cualquier mujer en su misma situación, Ana —nombre ficticio— esperaba ilusionada aquella mañana que la ecografía morfológica del segundo trimestre desvelara por fin el sexo de su bebé. El mundo entero se le vino encima cuando la obstetra que le atendía en su hospital le comunicó que el feto que albergaba en su vientre tenía gravísimas malformaciones incompatibles con la vida. Aún en shock, Ana tuvo que enfrentarse entonces al protocolo oficial, que le ofreció dos posibles circuitos: realizar todo el procedimiento de interrupción del embarazo en una clínica concertada; o, si deseaba despedirse de la criatura, someterse a la técnica para el cese de la actividad cardiaca fetal en la clínica concertada —lo que da lugar a un aborto diferido o retenido, una condición médica en la que el feto ha dejado de ser viable pero permanece dentro del útero— y, tres días más tarde, finalizar el embarazo en su hospital de referencia mediante un parto inducido. Lo que se conoce como doble fase. Ana eligió esta segunda opción.

Tras 72 horas que le parecieron interminables, inició el expulsivo de manera espontánea y parió a su feto muerto en el coche, mientras iba al hospital.

Lidia también eligió la doble fase. En su caso, tres días después de que en la clínica privada forzaran la detención del corazón del hijo que ya no tendría, acudió a su hospital para culminar el doloroso proceso. Allí, mientras le hacían una ecografía de control, detectaron que el feto seguía vivo. El obstetra se lo comunicó a Lidia. Luego, decidió mirar para otro lado e inducir el parto.

Para evitar que otras mujeres pasen por las trágicas experiencias de Ana y Lidia, la puerta de la Consejería de Salud de la Región de Murcia se convirtió este jueves en escenario de una reivindicación que pone el acento en las condiciones en que, en esta comunidad autónoma, las mujeres deben afrontar un aborto, especialmente cuando es terapéutico.

Convocadas por la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, que ha denunciado públicamente ambos casos, medio centenar de mujeres reclamaron que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), especialmente aquellas motivadas por graves problemas médicos durante el segundo trimestre de gestación, dejen de derivarse a clínicas privadas y pasen a realizarse en hospitales públicos.

Bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', el acto de protesta coincide con el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) en 2022 para concertar esta prestación sanitaria con tres empresas privadas. La Consejería de Salud ya ha avanzado que mantendrá temporalmente el modelo mientras tramita una nueva adjudicación, una decisión que ha reactivado un debate que en Murcia permanece abierto desde hace más de una década y que gira en torno a una cuestión esencial: cómo debe garantizarse un derecho sanitario reconocido por la legislación española y cuál es el papel que le corresponde a la sanidad pública en su prestación.

Una prestación sanitaria regulada por ley

La interrupción voluntaria del embarazo en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023 para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De forma simplificada, la norma establece tres grandes supuestos: la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación; entre las semanas 14 y 22 puede autorizarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; y, después de la semana 22, únicamente puede practicarse cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, previa valoración de un comité clínico.

La reforma de 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso efectivo a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. También reguló por primera vez un registro específico de profesionales objetores de conciencia, con el objetivo de que las administraciones puedan organizar los servicios sin impedir el ejercicio del derecho reconocido por la ley. En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta legislación continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas.

El caso singular de Murcia

La Región de Murcia constituye uno de los ejemplos más citados cuando se analiza la diferencia entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación práctica. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la Comunidad se realizaron 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que únicamente 34 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 99,07% se practicó en centros privados concertados por derivación.

Estas cifras sitúan a Murcia entre las comunidades donde la externalización de esta prestación sanitaria alcanza un mayor peso. Una fórmula que el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras (Partido Popular) considera compatible con la legislación estatal en la medida de que “el acceso queda garantizado”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Sin embargo, distintas organizaciones feministas, asociaciones profesionales y colectivos de mujeres sostienen que la reforma legal de 2023 supone un paso más al reconocer expresamente que la prestación debe garantizarse desde la red sanitaria pública, evitando que la derivación a centros privados se convierta en la respuesta ordinaria. Es precisamente esta interpretación la que explica el conflicto que ha reaparecido coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

“No queremos salir del hospital donde nos han acompañado”

La plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’ nació a partir de experiencias compartidas por mujeres que habían afrontado interrupciones del embarazo tras recibir diagnósticos médicos graves.

Su portavoz, Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato— explica que “no queremos que nos saquen del hospital donde hemos sido atendidas durante todo el embarazo justo cuando nos enfrentamos a uno de los momentos más duros de nuestra vida”.

Según expone la plataforma, muchas mujeres llegan a esa situación después de semanas de seguimiento por parte de equipos de medicina fetal, obstetricia, genética o neonatología. Cuando finalmente se adopta la decisión clínica y personal de interrumpir la gestación, la asistencia cambia, de repente, de centro sanitario. Las afectadas consideran que esa ruptura de la continuidad asistencial incrementa el impacto emocional de un proceso ya de por sí extremadamente complejo.

Para Conchi, la continuidad asistencial constituye un “elemento esencial” del cuidado sanitario, especialmente cuando la interrupción se produce tras un diagnóstico fetal grave o una complicación médica durante un embarazo inicialmente deseado. Desde esa perspectiva, defienden que mantener a la paciente dentro del hospital donde ha sido atendida desde el inicio del proceso favorece la seguridad clínica, “reduce el impacto emocional y evita añadir nuevas incertidumbres en un momento de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que el sistema actualmente vigente garantiza tanto la asistencia sanitaria como la seguridad de las pacientes y que las derivaciones se realizan a centros autorizados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

“Media hora más en la clínica privada y no lo cuenta”

Esa “seguridad” para las mujeres que garantiza el Ejecutivo murciano en clínicas privadas también ha sido puesta en tela de juicio por la plataforma, desde la que aseguran que determinados procedimientos realizados entre las semanas 15 y 22 pueden presentar complicaciones que hacen necesario disponer de todos los recursos hospitalarios, como unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre, quirófanos especializados y equipos multidisciplinares. Por ese motivo reclaman que estos procedimientos pasen a desarrollarse íntegramente dentro de hospitales públicos.

Conchi explica que estas clínicas privadas-concertadas funcionan “con horario comercial” y no están preparadas para abordar situaciones de emergencia médica. El circuito está pensado para hacer abortos “en serie” y “salir pronto”. “Da igual que estés sangrando, te colocan un pañal y andando”, denuncia.

Fue el caso de una de las integrantes de la plataforma, embarazada de 20 semanas de un feto con anencefalia —falta de desarrollo de una parte del cráneo y del cerebro—, una malformación incompatible con la vida. La mujer estuvo a punto de morir tras un aborto practicado en la clínica privada a la que fue derivada a pesar de tener dos cesáreas previas. Durante el procedimiento, se presentó una hemorragia que en dicho centro no pudieron parar, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al mismo centro público que la había enviado allí, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Conchi relata que los técnicos de la ambulancia le pedían a la paciente que no cerrara los ojos: “Intentaban que no se desvaneciera porque ya no tenían más sangre para ponerle”.

Ya en el hospital, tras cuatro horas de intervención quirúrgica los médicos lograron evitar que muriera desangrada, pero tuvieron que practicarle una histerectomía —extirpación del útero— de urgencia y, con ello, perdió para siempre la posibilidad de una nueva gestación. “Media hora más en la clínica y no estaría aquí”, cuenta Conchi, quien confirma que la plataforma ya está prestando asesoramiento jurídico a la afectada. La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre ese caso concreto.

El protocolo del Servicio Murciano de Salud

El funcionamiento actual en esta comunidad autónoma responde al protocolo aprobado por el Servicio Murciano de Salud. En él se distinguen diferentes circuitos asistenciales según las semanas de gestación y la causa que motiva la interrupción del embarazo. Si es voluntario y se realiza hasta la semana 14, la mujer es enviada sí o sí a una clínica concertada.

Cuando la interrupción responde a determinadas causas médicas entre las semanas 15 y 22, el proceso comienza en el hospital público donde la mujer está siendo atendida. Allí se realizan las pruebas diagnósticas, las valoraciones clínicas y, cuando procede, se cumplimenta la documentación necesaria. Posteriormente, la intervención suele ser derivada a uno de los centros privados concertados incluidos en el sistema si bien, como les sucedió a Ana y a Lidia, pueden optar por la doble fase.

Los embarazos que superan las 22 semanas y requieren autorización del comité clínico siguen un procedimiento distinto y, desde finales de 2021, en el Virgen de la Arrixaca, según explican desde la Consejería de Salud.

Para la plataforma convocante, esta diferenciación supone una fragmentación innecesaria de la atención sanitaria. La Consejería, por el contrario, sostiene que el protocolo garantiza la continuidad asistencial dentro del marco legal vigente.

¿Existe realmente un déficit de profesionales por la objeción de conciencia?

Uno de los argumentos utilizados históricamente para justificar la externalización ha sido la elevada objeción de conciencia existente entre profesionales sanitarios. La reforma legislativa de 2023 introdujo precisamente un registro oficial de objetores para disponer de datos fiables y facilitar la organización de los servicios.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud, actualmente 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud figuran inscritos en ese registro, de los cuales 39 son médicos pertenecientes a distintas especialidades, sobre una plantilla de alrededor de 6.300 facultativos. Es decir, un ínfimo 0,6% de todos los que podrían declararse objetores.

Para la plataforma convocante, estas cifras muestran que la prestación podría integrarse en los hospitales públicos si hubiese voluntad organizativa, porque la de los facultativos “existe”. Al respecto, ginecólogos de distintas áreas de salud contactados por esta redacción han confirmado que la objeción de conciencia no sería ningún impedimento a la hora de incluir las interrupciones del embarazo en la programación quirúrgica de los hospitales públicos. Sí lo es, aseguran, “la falta de medios humanos y materiales”. Para algunos de estos profesionales, la razón de estas derivaciones es que al SMS le sale más barato pagar las intervenciones a las clínicas privadas —unas tarifas que van desde los 472,42 euros por un aborto hasta la semana 14, a los 1.298 por los practicados entre las semanas 18 y 22— que invertir en el aumento de las infraestructuras sanitariasy en la contratación de profesionales en la pública.

El contrato que vuelve a abrir el debate

El modelo de gestión elegido por la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación es, precisamente, lo que está en el centro de la controversia. En agosto de 2022, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo mediante un concierto con tres empresas privadas: Géminis Planificación Familiar, S.L., la sociedad unipersonal Clínica Delta Médica y el Instituto Ginecológico Murcia, S.L.

El contrato, con una duración de cuatro años y un valor estimado de 8,2 millones de euros, se diseñó para asegurar la atención de las mujeres derivadas por el SMS cuando la prestación no se realizaba en centros propios, lo que, según la ley, debería ser la excepción.

En el expediente administrativo, la Consejería, legalmente obligada a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, justificó la necesidad del contrato en la imposibilidad de prestar de forma completa este servicio con medios propios hasta que exista “una alternativa organizativa” dentro del sistema público.

En ese sentido, la consejera de Salud, Isabel Ayala Vigueras, asegura que la Región de Murcia cumple la legislación vigente y que ninguna mujer queda sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de residir en esta comunidad autónoma. Según ha explicado, el modelo actual garantiza la asistencia mediante una combinación de recursos públicos y concertados, un sistema que, en su opinión, resulta plenamente compatible con la normativa estatal. Ayala también recuerda que determinadas interrupciones del embarazo sí se realizan en hospitales públicos cuando concurren las circunstancias previstas en el protocolo asistencial.

Para la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, la renovación del concierto supondría consolidar un modelo que, a su juicio, contradice el espíritu de la reforma legal de 2023: que toda mujer que decida interrumpir la gestación pueda hacerlo, con toda la dignidad y seguridad que merece, en un centro público.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena ha presentado un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que ha generado controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, han calificado el proyecto de “cruel” y lo han definido como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

La dreta espanyola ha tornat a plantejar la seua intenció d'impulsar una llei per als “concebuts no nascuts”, una norma que preveu el fetus en gestació com un fill més de cara a les prestacions socials. El PP d'Isabel Díaz Ayuso va aprovar la norma juntament amb Vox el passat 2 de juliol, i el president nacional del partit i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, promet donar-li caràcter estatal si aconseguix la majoria.

La Comunitat de Madrid assegura que es tracta de la primera autonomia a reconéixer amb caràcter general el concebut no nascut com a membre de la unitat familiar. Una vegada s'acredite l'embaràs, les dones podran sol·licitar ajudes i beneficis fiscals. És una veritat a mitges: Galícia la va tindre el 2011 i la Comunitat Valenciana des del 2009, una de les primeres que va derogar l'esquerra quan va aconseguir la majoria parlamentària en el cicle electoral de 2015. Un model que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que governen gràcies a Vox, han volgut recuperar.

El juny de 2009 el PP va aprovar a les Corts Valencianes la Llei de protecció a la maternitat, concebuda pel sector més conservador que encapçalava Juan Cotino, aleshores vicepresident amb Francisco Camps. Tanta va ser la seua influència que es va batejar com a 'Llei Cotino', i formava part del “Programa Más Vida” que el polític va divulgar prolíficament. La llei possibilitava deduccions fiscals, ajudes a l'habitatge i equiparava l'embrió a un membre més de la família, a més de contindre un potent missatge antiavortista. No en va, la llei es va impulsar quasi al mateix temps que la llei de terminis de Zapatero, que permet l'avortament lliure fins a la setmana 14 de gestació..

La llei de Camps equiparava l'embrió amb els fills a efectes d'admissió escolar o ajudes socials i establia un potent aparell de difusió dels avantatges de la norma: centres d'informació, xarxes de voluntariat i campanyes informatives de suport a la maternitat, en les quals cap una lectura anti-avortista. “Tota dona gestant té dret a ser informada de manera personalitzada, suficient i comprensible de totes les ajudes i suports, tant jurídics com econòmics o d'un o altre ordre, tant de naturalesa pública com privada, que pot rebre per culminar la gestació, tenint en compte les seves característiques personals, socioeconòmiques i culturals”.

Assenyalava, per exemple, que “en els processos d'admissió d'alumnes de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes la mare dels quals es trobe en estat de gestació es beneficiaran d'una puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut el seu nou germà o germans”. La llei establia que, per a optar a prestacions socials com la renda de ciutadania, si en la unitat familiar hi havia una dona embarassada es consideraria com a membre de la unitat familiar el nombre de fills que esperara. També impedia la discriminació de les migrants embarassades en els serveis socials. Per a les mares menors d'edat, es preveia una escolarització flexible i la possibilitat de cursar un mateix curs en diferents anys acadèmics.

El 2015, la majoria d'esquerres formada pel PSPV, Compromís i Podem va impulsar la derogació de la llei, que consideraven profundament retrògrada. Els partits consideraven que tenia “un plantejament paternalista i ideològic” i tractava de “tutelar i vigilar la maternitat”.

En el preàmbul del text de derogació, la Generalitat Valenciana recordava que la norma s'havia quedat sense pressupost i que ja existien altres lleis de protecció de les dones vulnerables que no resultaven invasives. “Considerem absolutament innecessari mantindre una llei que constituïx una discriminació i una tutela de les decisions de les dones, impròpia d'un govern democràtic i respectuós amb les llibertats individuals i col·lectives”, diu el text publicat en el DOGV el 29 de març de 2017.

L'alcaldessa de València, aleshores portaveu adjunta del PP, va defensar la llei Cotino davant l'esquerra i va qüestionar que vulnerara la llibertat de decidir de les dones. Catalá va criticar que es derogara una llei que havia sorgit d'una iniciativa legislativa popular fent passar la “piconadora” i “sense arguments”, quan “no fa mal a ningú”. En el debat parlamentari sobre la derogació, Catalá va defensar que la norma preveia “la protecció institucional dels drets de les mares, la col·laboració i coordinació administrativa, les ajudes a dones gestants o les ajudes socials com l'accés directe a la renda garantida per a menors embarassades que lliurement decidixen continuar amb el seu embaràs”. L'Ajuntament de València no té prestacions per als no nascuts, però sí “ajudes per al foment de la natalitat”: un xec de 400 euros per cada menor nascut o adoptat a la ciutat, amb criteris d'empadronament mínim de quatre anys que limiten l'accés a la població migrant.

La derecha española ha vuelto a sacar a la palestra su intención de impulsar una ley para los “concebidos no nacidos”, una norma que contempla al feto en gestación como un hijo más de cara a las prestaciones sociales. El PP de Isabel Díaz Ayuso aprobó la norma junto a Vox el pasado 2 de julio, y el presidente nacional del partido y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, promete darle carácter nacional si logra la mayoría.

La Comunidad de Madrid asegura que se trata de la primera autonomía en reconocer con carácter general al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales. Es una verdad a medias: Galicia la tuvo en 2011 y la Comunitat Valenciana desde 2009, una de las primeras que derogó la izquierda cuando logró la mayoría parlamentaria en el ciclo electoral de 2015. Un modelo que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que gobiernan gracias a Vox, han querido recuperar.

En junio de 2009 el PP aprobó en las Corts Valencianes la ley de protección a la maternidad, concebida por el sector más conservador que encabezaba Juan Cotino, entonces vicepresidente con Francisco Camps. Tal fue su influencia que se bautizó como 'ley Cotino', y formaba parte del “Programa más vida” que el político divulgó prolíficamente. La ley posibilitaba deducciones fiscales, ayudas de vivienda y equiparaba al embrión con un miembro más de la familia, además de contener un potente mensaje antiabortista. No en vano, la ley se impulsó casi a la par que la ley de plazos de Zapatero, que permite que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación.

La ley de Camps equiparaba al embrión con los hijos a efectos de admisión escolar o ayudas sociales y establecía un potente aparato de difusión de las ventajas de la norma: centros de información, redes de voluntariado y campañas informativas de apoyo a la maternidad, en las que cabe una lectura antiabortista. “Toda mujer gestante tiene derecho a ser informada de manera personalizada, suficiente y comprensible de todas las ayudas y apoyos, tanto jurídicos como económicos o de uno u otro orden, tanto de naturaleza pública como privada, que puede recibir para culminar la gestación, teniendo en cuenta sus características personales, socioeconómicas y culturales”.

Señalaba, por ejemplo, que “en los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos”. La ley establecía que para optar a prestaciones sociales como la renta de ciudadanía, si en la unidad familiar había una mujer embarazada se entendería como miembro de la unidad familiar el número de hijos que esperase. También impedía la discriminación de las migrantes embarazadas en los servicios sociales. Para las madres menores de edad, se preveía una escolarización flexible y poder realizar un mismo curso en distintos años académicos.

En 2015, la mayoría de izquierdas formada por el PSPV, Compromís y Podemos impulsó la derogación de la ley, que consideraban profundamente retrógrada. Los partidos consideraron que tenía “un planteamiento paternalista e ideológico” y trataba de “tutelar y vigilar la maternidad”.

En el preámbulo del texto de su derogación, la Generalitat Valenciana recordó que la norma había quedado sin presupuesto y ya existen otras leyes de protección a las mujeres vulnerables que no resultan invasivas. “Consideramos absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas”, dice el texto publicado en el DOGV el 29 de marzo de 2017.

La alcaldesa de València, entonces portavoz adjunta del PP, defendió la ley de Cotino ante la izquierda, cuestionando que se vulnere la libertad de decidir de las mujeres. Catalá criticó que se derogase una ley que surgió de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos” cuando “no hace daño a nadie”. En el debate parlamentario de la derogación, Catalá defendió que la norma contemplaba “la protección institucional de derechos de las madres, la colaboración y coordinación administrativa, las ayudas a mujeres gestantes o las ayudas sociales como el acceso directo a la renta garantizada para menores embarazadas y que libremente deciden continuar con su embarazo”. El Ayuntamiento de València no tiene prestaciones para los no nacidos, pero sí “ayudas para el fomento de la natalidad”: un cheque de 400 euros por cada menor nacido o adoptado en la ciudad, con criterios de empadronamiento mínimo de 4 años que limitan el acceso a la población migrante.

Hay casos que marcan un antes y un después. Han pasado diez años desde que una mujer tuvo la determinación de denunciar la agresión sexual que había sufrido por parte de cinco hombres. Ella había ido a Sanfermines a divertirse. Lo que podía haber sido un expediente más se convirtió en el caso que avivó la ruptura del silencio sobre la violencia sexual y que generó una movilización social con muchas repercusiones.

Hemos reconstruido lo que sucedió esos primeros momentos y también lo que ha pasado en esta última década. He preguntado estos días a varias personas qué supuso para ellas este caso. Porque más allá de los cambios materiales, de los grandes avances, del debate, lo que sucedió con 'la manada' impactó en lo cotidiano. En las conversaciones, en la manera en la que entendíamos algunas cosas. En el caso de muchas mujeres, fue el momento de revisar la propia historia, de poner palabras, incluso, a lo que habían vivido o de atreverse a hablar de sus experiencias de violencia sexual. En el caso de los hombres, muchos comprendieron por primera vez la envergadura de lo que intentábamos contarles, muchos reflexionaron sobre sus comportamientos o sobre lo que habían naturalizado.

Hablaba con la socióloga Beatriz Ranea sobre ese "elemento de identificación muy grande”: muchas sintieron que esa mujer podían ser ellas o sus amigas, o que lo habían sido. Esa capacidad de identificación fue clave para la movilización y el hartazgo. También es duro este ejercicio de ser conscientes de la violencia que vivimos.

Algunas mujeres me contaron que 'la manada' las ayudó, efectivamente, a compartir sus historias de violencia sexual. “Fue un cambio para todas en la manera en la que se trataba la violencia. Antes parecía que estábamos solas”, me decía Cristina (todos los nombres son ficticios). “Fue un ejercicio enorme de toma de conciencia de situaciones pasadas y de estar alerta”, añadía María. A Irene le sirvió para detectar una situación de acoso que sufría. A Elisa, “a tener empatía con quienes sufren este infierno”. También hombres me respondieron. Por ejemplo, Ignacio tomó conciencia “del nivel machismo” que había en la sociedad. Pablo relata cómo supuso un cambio en su grupo de amigos, les hizo estar todavía más alerta sobre sus propios comportamientos.

Mari Carmen me contó algo muy interesante: cómo el caso sirvió para hablar con sus hijos, de entonces 9 y 6 años, sobre consentimiento. “Salimos a la calle y yo fui a todas las concentraciones que se hicieron en mi ciudad y como siempre iba con mis hijos, al llegar a casa uno de esos días, en la cena, mi hijo mayor me preguntó: '¿qué es una violación, mamá?' Llevábamos días gritando 'no es abuso, es violación', y teníamos un cartel que decía eso. Ahí tuve claro que había que explicar esto ya, a su nivel pero de manera que entendieran qué era la violencia sexual y cómo la ejercían los hombres. Hablamos de no tocar el cuerpo de las demás sin permiso, de no hacer nada que no quieras, tampoco si lo hacen tus amigos, de cómo distinguir situaciones en las que no estamos siendo respetuosos, de empatía...”, escribe Mari Carmen.

Como dice ella misma, no fue una conversación, sino abrir una vía de conversación y diálogo que ha seguido con los años. Qué importante lo que hizo Mari Carmen y lo que seguramente han hecho muchas más en sus casas. Ir a la raíz de una manera sencilla pero que a veces parece tan complicada: hablar, también de lo que nos incomoda, también de sexo, de poder, de violencia, con los pequeños. Esa es también la manera de cambiar las cosas.

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La descubrí cantando con Bad Bunny una canción que me gusta mucho y ahora me he enganchado a su música. Se llama RaiNao y es una cantautora puertorriqueña. Ahí te dejo algunos temillas a ver qué te parece.

Un abrazo.

Ana

Una patera llegó a Europa hace años, ya no recuerdo el lugar. En ella viajaban una docena de jóvenes subsaharianos y un niño. La cooperante de la Cruz Roja pregunta a los adultos por el crío; todos se encogen de hombros negando con la cabeza: no es su hijo. La cooperante toma de la mano al chaval y se lo lleva para entregarlo a los servicios sociales. De repente, el niño se zafa y corre para abrazarse, llorando de desesperación, a las piernas de uno de los pasajeros, su padre. Consciente del destino que les espera, el padre se desprende del hijo en un arrebato de impotencia, a puro manotazo: ¡no te conozco, aléjate!, solloza entre patadas. Ignoro el destino del niño. Es posible que, como otros muchos, haya ido dando tumbos entre unas autoridades provida que les cierran las puertas, que se niegan a acogerlos, que se tapan la nariz para barrerlos a la comunidad vecina como residuos tóxicos. Es posible que hoy, tras pasar por los orfelinatos de desamparados de media España, este moderno Oliver Twist vagabundee por los parques madrileños, soportando a la intemperie que las brigadas de limpieza de Almeida (que tratan a las personas como suciedad) le arrebaten sin previo aviso los cartones y la ropa pero le dejen la miseria y el dolor.

Por eso, ahora que estamos hablando de la ley del concebido y no nacido que planea Feijóo, cediendo una vez más la iniciativa a la ultraderecha de Ayuso, resulta inevitable traer al debate al nacido no concebido, al niño que ha nacido, que vive y se encuentra entre nosotros pero a quien no vemos, a quien somos incapaces de concebir como miembro existente de la sociedad porque nació en la pobreza de un país lejano. Sofocados en este hedor de xenofobia, a estos niños no los concebimos ya como seres humanos. Con esta advertencia previa, ahora podemos hablar de la ley de Ayuso que propone copiar Feijóo.

En estos tiempos que corren, el derecho parece un arma de charlatanes, pero dejadme reivindicarlo como lo que realmente es: una ingeniería de letras, un reducto de saber científico con una clara vocación técnica. Y quizás el primer mandamiento jurídico imaginable, trasladado desde la escuela eleática, sería este: lo que es, es; lo que no es, no es. Una persona es una persona, y lo que no es una persona, no lo es. Esto no es una opinión, es una evidencia científica y, por tanto, jurídica. Pero cuando millones de personas son incapaces de convencerse, de querer aprender que el dióxido de carbono causa un efecto invernadero, para así quedarse impávidos ante la destrucción del planeta, ¿qué verdad los convencerá?

La Comunidad de Madrid anuncia su pretensión de convertir al concebido no nacido en un miembro más de la unidad familiar; esto no parece técnicamente viable y las noticias de prensa no apuntan en esta línea. La ley contemplará, es cierto, beneficios y ayudas en favor de quienes estén esperando un hijo. Nada habría que oponer al respecto, más allá de lo extraño de entender que una mujer embarazada de gemelos pudiera ser, siendo una y ella sola, familia numerosa. ‘Soy numerosa, inmensa, ¡contengo multitudes!’, podría recitar con Whitman. Habrá de recordarse que, de manera tradicional, los beneficios en favor de las familias numerosas han tenido en España un efecto fiscalmente regresivo, al conceder a matrimonios pudientes con hijos ayudas que sería más justo conceder a matrimonios humildes sin ellos.

En fin, tratar de aumentar la natalidad dando dinero a las mujeres ha tenido históricamente un recorrido de éxito muy matizado; confiar en estas medidas, despreciando otras de calado vinculadas al trabajo y a la vivienda, no ofrece motivos para la esperanza. Es cierto que vivimos en un mundo capitalista, pero no todo se soluciona dando dinero a la gente.

La ley concederá ayudas a las mujeres gestantes pero no al feto. En teoría no podría hacerlo porque, como digo, lo que no es, no es: quien no ha nacido no es persona, ni tiene por tanto los derechos propios de tal. El Código Civil nos lo recuerda en su artículo 30, cuyo texto original, por cierto, mantuvo hasta hace poco el terrible recuerdo de las hambrunas decimonónicas y de la posguerra española, tan rápidamente olvidadas. Y es que era tanta la mortandad infantil que sufrió históricamente nuestro país, que hasta la reforma de 2011 había que esperar a que el niño superara las veinticuatro horas de vida para tenerlo por nacido. Por fortuna, aquel viejo precepto se cambió y hoy establece con claridad que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Antes, existe un feto, un embrión, un óvulo fecundado, pero no existe un hijo. No es persona todavía.

Se ha reiterado hasta la saciedad la vieja etimología de la palabra persona, referida a la máscara que los actores del teatro clásico portaban en escena para hacer sonar (per sonare) sus voces sobre la grada. Solo el nacimiento nos convierte en actores de la vida social, entendido como seres con voz, receptores de derechos y obligaciones. Y solo el fallecimiento nos priva de estos derechos. No es persona quien no ha nacido, como no lo es quien ya ha fallecido.

El problema es la ideología que subyace tras la iniciativa. Como digo, es probable que la ley tenga un recorrido material escaso y una repercusión limitada a la concesión de unas ayudas concretas; lo grave es lo que subyace en la sombra que, como es habitual, ronda Miguel Ángel Rodríguez. En un tuit propio de su catadura sugiere que “según termina de fecundar (sic, habrá querido decir según termina de ser fecundada), antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”. No aclara la relevancia jurídica de la ducha en este debate pero, más allá de la tontuna, es que no es cierto: el óvulo fecundado no es persona, ni antes ni después del bautismo salvífico del baño. El óvulo forma parte integrante de la mujer; no tiene relación con nada al margen o fuera del útero donde se halla. Por eso, dar derechos propios de personalidad al óvulo solo se puede hacer concediéndoselos frente o en oposición a la mujer que lo porta, quitándole derechos a ella para dárselos al gameto fecundado. Y en esa batalla de balanzas estamos: la ley nos aclara que mientras que el feto no alcanza un determinado nivel de maduración, la mujer conserva la gestión de su destino y puede interrumpir su embarazo. Con estas iniciativas, más allá de dar ayudas a la escolarización, la ultraderecha pretende mover el marco de esta balanza y lanzar un mensaje a las mujeres: no te has duchado todavía y ya has perdido derechos.

De todas formas, no nos engañemos. Quienes promueven esta ley son los mismos que han urdido la miserable noción de la prioridad nacional; los mismos que reniegan de los niños extranjeros a quienes dejan sin lugar ni futuro. La ley que Feijóo impulsó en Galicia en 2011 se basaba en una “gravísima retracción de la natalidad y un alarmante envejecimiento de la población”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid aumenta de población año tras año y se encuentra entre las comunidades menos envejecidas; la razón de la ley no está ahí. Estos impulsos ‘pro natalitate’ se plantean ideológicamente como una inquietante solución a la teoría del ‘gran reemplazo’ con la que la ultraderecha disfraza su racismo de aporofobia. De lo que se trata, en definitiva, es de que la gente de bien y orden siga fecundándose entre sí; así que ya se las apañarán estos fieras para reconducir las ayudas y que no sean aprovechadas por orantes a falsos dioses y gente de fuera. Como hemos visto en la concesión de abonos de transportes (ya ven la rapidez con que la prioridad nacional se convierte en prioridad regional), tal vez el mecanismo para esta discriminación sea la gestión del empadronamiento, o algún otro artilugio semejante, que negarán a los infieles más prolíficos, convertidos en sujetos no prioritarios.

Hace ciento noventa años la sociedad inglesa dirigió su mirada a un niño abandonado en un hospicio parroquiano y se reconoció horrorizada. Mucho me temo que, dirigidos en la Comunidad por un gobierno provida que insulta a los niños extranjeros, convirtiéndolos en no-seres tras un acrónimo burlesco, hoy no nos reconoceríamos como sociedad si Dickens escribiera de nuevo su libro. Sin embargo, somos nosotros: alardear de soltar migajas a madres gestantes mientras nos negamos a acoger a los Oliver Twist de nuestro tiempo, mientras le quitamos el futuro a niños que despidieron a sus padres en una patera, no hace sino retratarnos en nuestra inhumanidad.

Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.