Como cualquier mujer en su misma situación, Ana —nombre ficticio— esperaba ilusionada aquella mañana que la ecografía morfológica del segundo trimestre desvelara por fin el sexo de su bebé. El mundo entero se le vino encima cuando la obstetra que le atendía en su hospital le comunicó que el feto que albergaba en su vientre tenía gravísimas malformaciones incompatibles con la vida. Aún en shock, Ana tuvo que enfrentarse entonces al protocolo oficial, que le ofreció dos posibles circuitos: realizar todo el procedimiento de interrupción del embarazo en una clínica concertada; o, si deseaba despedirse de la criatura, someterse a la técnica para el cese de la actividad cardiaca fetal en la clínica concertada —lo que da lugar a un aborto diferido o retenido, una condición médica en la que el feto ha dejado de ser viable pero permanece dentro del útero— y, tres días más tarde, finalizar el embarazo en su hospital de referencia mediante un parto inducido. Lo que se conoce como doble fase. Ana eligió esta segunda opción.

Tras 72 horas que le parecieron interminables, inició el expulsivo de manera espontánea y parió a su feto muerto en el coche, mientras iba al hospital.

Lidia también eligió la doble fase. En su caso, tres días después de que en la clínica privada forzaran la detención del corazón del hijo que ya no tendría, acudió a su hospital para culminar el doloroso proceso. Allí, mientras le hacían una ecografía de control, detectaron que el feto seguía vivo. El obstetra se lo comunicó a Lidia. Luego, decidió mirar para otro lado e inducir el parto.

Para evitar que otras mujeres pasen por las trágicas experiencias de Ana y Lidia, la puerta de la Consejería de Salud de la Región de Murcia se convirtió este jueves en escenario de una reivindicación que pone el acento en las condiciones en que, en esta comunidad autónoma, las mujeres deben afrontar un aborto, especialmente cuando es terapéutico.

Convocadas por la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, que ha denunciado públicamente ambos casos, medio centenar de mujeres reclamaron que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), especialmente aquellas motivadas por graves problemas médicos durante el segundo trimestre de gestación, dejen de derivarse a clínicas privadas y pasen a realizarse en hospitales públicos.

Bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', el acto de protesta coincide con el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) en 2022 para concertar esta prestación sanitaria con tres empresas privadas. La Consejería de Salud ya ha avanzado que mantendrá temporalmente el modelo mientras tramita una nueva adjudicación, una decisión que ha reactivado un debate que en Murcia permanece abierto desde hace más de una década y que gira en torno a una cuestión esencial: cómo debe garantizarse un derecho sanitario reconocido por la legislación española y cuál es el papel que le corresponde a la sanidad pública en su prestación.

Una prestación sanitaria regulada por ley

La interrupción voluntaria del embarazo en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023 para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De forma simplificada, la norma establece tres grandes supuestos: la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación; entre las semanas 14 y 22 puede autorizarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; y, después de la semana 22, únicamente puede practicarse cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, previa valoración de un comité clínico.

La reforma de 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso efectivo a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. También reguló por primera vez un registro específico de profesionales objetores de conciencia, con el objetivo de que las administraciones puedan organizar los servicios sin impedir el ejercicio del derecho reconocido por la ley. En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta legislación continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas.

El caso singular de Murcia

La Región de Murcia constituye uno de los ejemplos más citados cuando se analiza la diferencia entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación práctica. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la Comunidad se realizaron 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que únicamente 34 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 99,07% se practicó en centros privados concertados por derivación.

Estas cifras sitúan a Murcia entre las comunidades donde la externalización de esta prestación sanitaria alcanza un mayor peso. Una fórmula que el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras (Partido Popular) considera compatible con la legislación estatal en la medida de que “el acceso queda garantizado”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Sin embargo, distintas organizaciones feministas, asociaciones profesionales y colectivos de mujeres sostienen que la reforma legal de 2023 supone un paso más al reconocer expresamente que la prestación debe garantizarse desde la red sanitaria pública, evitando que la derivación a centros privados se convierta en la respuesta ordinaria. Es precisamente esta interpretación la que explica el conflicto que ha reaparecido coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

“No queremos salir del hospital donde nos han acompañado”

La plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’ nació a partir de experiencias compartidas por mujeres que habían afrontado interrupciones del embarazo tras recibir diagnósticos médicos graves.

Su portavoz, Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato— explica que “no queremos que nos saquen del hospital donde hemos sido atendidas durante todo el embarazo justo cuando nos enfrentamos a uno de los momentos más duros de nuestra vida”.

Según expone la plataforma, muchas mujeres llegan a esa situación después de semanas de seguimiento por parte de equipos de medicina fetal, obstetricia, genética o neonatología. Cuando finalmente se adopta la decisión clínica y personal de interrumpir la gestación, la asistencia cambia, de repente, de centro sanitario. Las afectadas consideran que esa ruptura de la continuidad asistencial incrementa el impacto emocional de un proceso ya de por sí extremadamente complejo.

Para Conchi, la continuidad asistencial constituye un “elemento esencial” del cuidado sanitario, especialmente cuando la interrupción se produce tras un diagnóstico fetal grave o una complicación médica durante un embarazo inicialmente deseado. Desde esa perspectiva, defienden que mantener a la paciente dentro del hospital donde ha sido atendida desde el inicio del proceso favorece la seguridad clínica, “reduce el impacto emocional y evita añadir nuevas incertidumbres en un momento de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que el sistema actualmente vigente garantiza tanto la asistencia sanitaria como la seguridad de las pacientes y que las derivaciones se realizan a centros autorizados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

“Media hora más en la clínica privada y no lo cuenta”

Esa “seguridad” para las mujeres que garantiza el Ejecutivo murciano en clínicas privadas también ha sido puesta en tela de juicio por la plataforma, desde la que aseguran que determinados procedimientos realizados entre las semanas 15 y 22 pueden presentar complicaciones que hacen necesario disponer de todos los recursos hospitalarios, como unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre, quirófanos especializados y equipos multidisciplinares. Por ese motivo reclaman que estos procedimientos pasen a desarrollarse íntegramente dentro de hospitales públicos.

Conchi explica que estas clínicas privadas-concertadas funcionan “con horario comercial” y no están preparadas para abordar situaciones de emergencia médica. El circuito está pensado para hacer abortos “en serie” y “salir pronto”. “Da igual que estés sangrando, te colocan un pañal y andando”, denuncia.

Fue el caso de una de las integrantes de la plataforma, embarazada de 20 semanas de un feto con anencefalia —falta de desarrollo de una parte del cráneo y del cerebro—, una malformación incompatible con la vida. La mujer estuvo a punto de morir tras un aborto practicado en la clínica privada a la que fue derivada a pesar de tener dos cesáreas previas. Durante el procedimiento, se presentó una hemorragia que en dicho centro no pudieron parar, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al mismo centro público que la había enviado allí, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Conchi relata que los técnicos de la ambulancia le pedían a la paciente que no cerrara los ojos: “Intentaban que no se desvaneciera porque ya no tenían más sangre para ponerle”.

Ya en el hospital, tras cuatro horas de intervención quirúrgica los médicos lograron evitar que muriera desangrada, pero tuvieron que practicarle una histerectomía —extirpación del útero— de urgencia y, con ello, perdió para siempre la posibilidad de una nueva gestación. “Media hora más en la clínica y no estaría aquí”, cuenta Conchi, quien confirma que la plataforma ya está prestando asesoramiento jurídico a la afectada. La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre ese caso concreto.

El protocolo del Servicio Murciano de Salud

El funcionamiento actual en esta comunidad autónoma responde al protocolo aprobado por el Servicio Murciano de Salud. En él se distinguen diferentes circuitos asistenciales según las semanas de gestación y la causa que motiva la interrupción del embarazo. Si es voluntario y se realiza hasta la semana 14, la mujer es enviada sí o sí a una clínica concertada.

Cuando la interrupción responde a determinadas causas médicas entre las semanas 15 y 22, el proceso comienza en el hospital público donde la mujer está siendo atendida. Allí se realizan las pruebas diagnósticas, las valoraciones clínicas y, cuando procede, se cumplimenta la documentación necesaria. Posteriormente, la intervención suele ser derivada a uno de los centros privados concertados incluidos en el sistema si bien, como les sucedió a Ana y a Lidia, pueden optar por la doble fase.

Los embarazos que superan las 22 semanas y requieren autorización del comité clínico siguen un procedimiento distinto y, desde finales de 2021, en el Virgen de la Arrixaca, según explican desde la Consejería de Salud.

Para la plataforma convocante, esta diferenciación supone una fragmentación innecesaria de la atención sanitaria. La Consejería, por el contrario, sostiene que el protocolo garantiza la continuidad asistencial dentro del marco legal vigente.

¿Existe realmente un déficit de profesionales por la objeción de conciencia?

Uno de los argumentos utilizados históricamente para justificar la externalización ha sido la elevada objeción de conciencia existente entre profesionales sanitarios. La reforma legislativa de 2023 introdujo precisamente un registro oficial de objetores para disponer de datos fiables y facilitar la organización de los servicios.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud, actualmente 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud figuran inscritos en ese registro, de los cuales 39 son médicos pertenecientes a distintas especialidades, sobre una plantilla de alrededor de 6.300 facultativos. Es decir, un ínfimo 0,6% de todos los que podrían declararse objetores.

Para la plataforma convocante, estas cifras muestran que la prestación podría integrarse en los hospitales públicos si hubiese voluntad organizativa, porque la de los facultativos “existe”. Al respecto, ginecólogos de distintas áreas de salud contactados por esta redacción han confirmado que la objeción de conciencia no sería ningún impedimento a la hora de incluir las interrupciones del embarazo en la programación quirúrgica de los hospitales públicos. Sí lo es, aseguran, “la falta de medios humanos y materiales”. Para algunos de estos profesionales, la razón de estas derivaciones es que al SMS le sale más barato pagar las intervenciones a las clínicas privadas —unas tarifas que van desde los 472,42 euros por un aborto hasta la semana 14, a los 1.298 por los practicados entre las semanas 18 y 22— que invertir en el aumento de las infraestructuras sanitariasy en la contratación de profesionales en la pública.

El contrato que vuelve a abrir el debate

El modelo de gestión elegido por la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación es, precisamente, lo que está en el centro de la controversia. En agosto de 2022, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo mediante un concierto con tres empresas privadas: Géminis Planificación Familiar, S.L., la sociedad unipersonal Clínica Delta Médica y el Instituto Ginecológico Murcia, S.L.

El contrato, con una duración de cuatro años y un valor estimado de 8,2 millones de euros, se diseñó para asegurar la atención de las mujeres derivadas por el SMS cuando la prestación no se realizaba en centros propios, lo que, según la ley, debería ser la excepción.

En el expediente administrativo, la Consejería, legalmente obligada a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, justificó la necesidad del contrato en la imposibilidad de prestar de forma completa este servicio con medios propios hasta que exista “una alternativa organizativa” dentro del sistema público.

En ese sentido, la consejera de Salud, Isabel Ayala Vigueras, asegura que la Región de Murcia cumple la legislación vigente y que ninguna mujer queda sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de residir en esta comunidad autónoma. Según ha explicado, el modelo actual garantiza la asistencia mediante una combinación de recursos públicos y concertados, un sistema que, en su opinión, resulta plenamente compatible con la normativa estatal. Ayala también recuerda que determinadas interrupciones del embarazo sí se realizan en hospitales públicos cuando concurren las circunstancias previstas en el protocolo asistencial.

Para la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, la renovación del concierto supondría consolidar un modelo que, a su juicio, contradice el espíritu de la reforma legal de 2023: que toda mujer que decida interrumpir la gestación pueda hacerlo, con toda la dignidad y seguridad que merece, en un centro público.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena ha presentado un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que ha generado controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, han calificado el proyecto de “cruel” y lo han definido como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

La dreta espanyola ha tornat a plantejar la seua intenció d'impulsar una llei per als “concebuts no nascuts”, una norma que preveu el fetus en gestació com un fill més de cara a les prestacions socials. El PP d'Isabel Díaz Ayuso va aprovar la norma juntament amb Vox el passat 2 de juliol, i el president nacional del partit i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, promet donar-li caràcter estatal si aconseguix la majoria.

La Comunitat de Madrid assegura que es tracta de la primera autonomia a reconéixer amb caràcter general el concebut no nascut com a membre de la unitat familiar. Una vegada s'acredite l'embaràs, les dones podran sol·licitar ajudes i beneficis fiscals. És una veritat a mitges: Galícia la va tindre el 2011 i la Comunitat Valenciana des del 2009, una de les primeres que va derogar l'esquerra quan va aconseguir la majoria parlamentària en el cicle electoral de 2015. Un model que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que governen gràcies a Vox, han volgut recuperar.

El juny de 2009 el PP va aprovar a les Corts Valencianes la Llei de protecció a la maternitat, concebuda pel sector més conservador que encapçalava Juan Cotino, aleshores vicepresident amb Francisco Camps. Tanta va ser la seua influència que es va batejar com a 'Llei Cotino', i formava part del “Programa Más Vida” que el polític va divulgar prolíficament. La llei possibilitava deduccions fiscals, ajudes a l'habitatge i equiparava l'embrió a un membre més de la família, a més de contindre un potent missatge antiavortista. No en va, la llei es va impulsar quasi al mateix temps que la llei de terminis de Zapatero, que permet l'avortament lliure fins a la setmana 14 de gestació..

La llei de Camps equiparava l'embrió amb els fills a efectes d'admissió escolar o ajudes socials i establia un potent aparell de difusió dels avantatges de la norma: centres d'informació, xarxes de voluntariat i campanyes informatives de suport a la maternitat, en les quals cap una lectura anti-avortista. “Tota dona gestant té dret a ser informada de manera personalitzada, suficient i comprensible de totes les ajudes i suports, tant jurídics com econòmics o d'un o altre ordre, tant de naturalesa pública com privada, que pot rebre per culminar la gestació, tenint en compte les seves característiques personals, socioeconòmiques i culturals”.

Assenyalava, per exemple, que “en els processos d'admissió d'alumnes de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes la mare dels quals es trobe en estat de gestació es beneficiaran d'una puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut el seu nou germà o germans”. La llei establia que, per a optar a prestacions socials com la renda de ciutadania, si en la unitat familiar hi havia una dona embarassada es consideraria com a membre de la unitat familiar el nombre de fills que esperara. També impedia la discriminació de les migrants embarassades en els serveis socials. Per a les mares menors d'edat, es preveia una escolarització flexible i la possibilitat de cursar un mateix curs en diferents anys acadèmics.

El 2015, la majoria d'esquerres formada pel PSPV, Compromís i Podem va impulsar la derogació de la llei, que consideraven profundament retrògrada. Els partits consideraven que tenia “un plantejament paternalista i ideològic” i tractava de “tutelar i vigilar la maternitat”.

En el preàmbul del text de derogació, la Generalitat Valenciana recordava que la norma s'havia quedat sense pressupost i que ja existien altres lleis de protecció de les dones vulnerables que no resultaven invasives. “Considerem absolutament innecessari mantindre una llei que constituïx una discriminació i una tutela de les decisions de les dones, impròpia d'un govern democràtic i respectuós amb les llibertats individuals i col·lectives”, diu el text publicat en el DOGV el 29 de març de 2017.

L'alcaldessa de València, aleshores portaveu adjunta del PP, va defensar la llei Cotino davant l'esquerra i va qüestionar que vulnerara la llibertat de decidir de les dones. Catalá va criticar que es derogara una llei que havia sorgit d'una iniciativa legislativa popular fent passar la “piconadora” i “sense arguments”, quan “no fa mal a ningú”. En el debat parlamentari sobre la derogació, Catalá va defensar que la norma preveia “la protecció institucional dels drets de les mares, la col·laboració i coordinació administrativa, les ajudes a dones gestants o les ajudes socials com l'accés directe a la renda garantida per a menors embarassades que lliurement decidixen continuar amb el seu embaràs”. L'Ajuntament de València no té prestacions per als no nascuts, però sí “ajudes per al foment de la natalitat”: un xec de 400 euros per cada menor nascut o adoptat a la ciutat, amb criteris d'empadronament mínim de quatre anys que limiten l'accés a la població migrant.

La derecha española ha vuelto a sacar a la palestra su intención de impulsar una ley para los “concebidos no nacidos”, una norma que contempla al feto en gestación como un hijo más de cara a las prestaciones sociales. El PP de Isabel Díaz Ayuso aprobó la norma junto a Vox el pasado 2 de julio, y el presidente nacional del partido y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, promete darle carácter nacional si logra la mayoría.

La Comunidad de Madrid asegura que se trata de la primera autonomía en reconocer con carácter general al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales. Es una verdad a medias: Galicia la tuvo en 2011 y la Comunitat Valenciana desde 2009, una de las primeras que derogó la izquierda cuando logró la mayoría parlamentaria en el ciclo electoral de 2015. Un modelo que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que gobiernan gracias a Vox, han querido recuperar.

En junio de 2009 el PP aprobó en las Corts Valencianes la ley de protección a la maternidad, concebida por el sector más conservador que encabezaba Juan Cotino, entonces vicepresidente con Francisco Camps. Tal fue su influencia que se bautizó como 'ley Cotino', y formaba parte del “Programa más vida” que el político divulgó prolíficamente. La ley posibilitaba deducciones fiscales, ayudas de vivienda y equiparaba al embrión con un miembro más de la familia, además de contener un potente mensaje antiabortista. No en vano, la ley se impulsó casi a la par que la ley de plazos de Zapatero, que permite que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación.

La ley de Camps equiparaba al embrión con los hijos a efectos de admisión escolar o ayudas sociales y establecía un potente aparato de difusión de las ventajas de la norma: centros de información, redes de voluntariado y campañas informativas de apoyo a la maternidad, en las que cabe una lectura antiabortista. “Toda mujer gestante tiene derecho a ser informada de manera personalizada, suficiente y comprensible de todas las ayudas y apoyos, tanto jurídicos como económicos o de uno u otro orden, tanto de naturaleza pública como privada, que puede recibir para culminar la gestación, teniendo en cuenta sus características personales, socioeconómicas y culturales”.

Señalaba, por ejemplo, que “en los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos”. La ley establecía que para optar a prestaciones sociales como la renta de ciudadanía, si en la unidad familiar había una mujer embarazada se entendería como miembro de la unidad familiar el número de hijos que esperase. También impedía la discriminación de las migrantes embarazadas en los servicios sociales. Para las madres menores de edad, se preveía una escolarización flexible y poder realizar un mismo curso en distintos años académicos.

En 2015, la mayoría de izquierdas formada por el PSPV, Compromís y Podemos impulsó la derogación de la ley, que consideraban profundamente retrógrada. Los partidos consideraron que tenía “un planteamiento paternalista e ideológico” y trataba de “tutelar y vigilar la maternidad”.

En el preámbulo del texto de su derogación, la Generalitat Valenciana recordó que la norma había quedado sin presupuesto y ya existen otras leyes de protección a las mujeres vulnerables que no resultan invasivas. “Consideramos absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas”, dice el texto publicado en el DOGV el 29 de marzo de 2017.

La alcaldesa de València, entonces portavoz adjunta del PP, defendió la ley de Cotino ante la izquierda, cuestionando que se vulnere la libertad de decidir de las mujeres. Catalá criticó que se derogase una ley que surgió de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos” cuando “no hace daño a nadie”. En el debate parlamentario de la derogación, Catalá defendió que la norma contemplaba “la protección institucional de derechos de las madres, la colaboración y coordinación administrativa, las ayudas a mujeres gestantes o las ayudas sociales como el acceso directo a la renta garantizada para menores embarazadas y que libremente deciden continuar con su embarazo”. El Ayuntamiento de València no tiene prestaciones para los no nacidos, pero sí “ayudas para el fomento de la natalidad”: un cheque de 400 euros por cada menor nacido o adoptado en la ciudad, con criterios de empadronamiento mínimo de 4 años que limitan el acceso a la población migrante.

Hay casos que marcan un antes y un después. Han pasado diez años desde que una mujer tuvo la determinación de denunciar la agresión sexual que había sufrido por parte de cinco hombres. Ella había ido a Sanfermines a divertirse. Lo que podía haber sido un expediente más se convirtió en el caso que avivó la ruptura del silencio sobre la violencia sexual y que generó una movilización social con muchas repercusiones.

Hemos reconstruido lo que sucedió esos primeros momentos y también lo que ha pasado en esta última década. He preguntado estos días a varias personas qué supuso para ellas este caso. Porque más allá de los cambios materiales, de los grandes avances, del debate, lo que sucedió con 'la manada' impactó en lo cotidiano. En las conversaciones, en la manera en la que entendíamos algunas cosas. En el caso de muchas mujeres, fue el momento de revisar la propia historia, de poner palabras, incluso, a lo que habían vivido o de atreverse a hablar de sus experiencias de violencia sexual. En el caso de los hombres, muchos comprendieron por primera vez la envergadura de lo que intentábamos contarles, muchos reflexionaron sobre sus comportamientos o sobre lo que habían naturalizado.

Hablaba con la socióloga Beatriz Ranea sobre ese "elemento de identificación muy grande”: muchas sintieron que esa mujer podían ser ellas o sus amigas, o que lo habían sido. Esa capacidad de identificación fue clave para la movilización y el hartazgo. También es duro este ejercicio de ser conscientes de la violencia que vivimos.

Algunas mujeres me contaron que 'la manada' las ayudó, efectivamente, a compartir sus historias de violencia sexual. “Fue un cambio para todas en la manera en la que se trataba la violencia. Antes parecía que estábamos solas”, me decía Cristina (todos los nombres son ficticios). “Fue un ejercicio enorme de toma de conciencia de situaciones pasadas y de estar alerta”, añadía María. A Irene le sirvió para detectar una situación de acoso que sufría. A Elisa, “a tener empatía con quienes sufren este infierno”. También hombres me respondieron. Por ejemplo, Ignacio tomó conciencia “del nivel machismo” que había en la sociedad. Pablo relata cómo supuso un cambio en su grupo de amigos, les hizo estar todavía más alerta sobre sus propios comportamientos.

Mari Carmen me contó algo muy interesante: cómo el caso sirvió para hablar con sus hijos, de entonces 9 y 6 años, sobre consentimiento. “Salimos a la calle y yo fui a todas las concentraciones que se hicieron en mi ciudad y como siempre iba con mis hijos, al llegar a casa uno de esos días, en la cena, mi hijo mayor me preguntó: '¿qué es una violación, mamá?' Llevábamos días gritando 'no es abuso, es violación', y teníamos un cartel que decía eso. Ahí tuve claro que había que explicar esto ya, a su nivel pero de manera que entendieran qué era la violencia sexual y cómo la ejercían los hombres. Hablamos de no tocar el cuerpo de las demás sin permiso, de no hacer nada que no quieras, tampoco si lo hacen tus amigos, de cómo distinguir situaciones en las que no estamos siendo respetuosos, de empatía...”, escribe Mari Carmen.

Como dice ella misma, no fue una conversación, sino abrir una vía de conversación y diálogo que ha seguido con los años. Qué importante lo que hizo Mari Carmen y lo que seguramente han hecho muchas más en sus casas. Ir a la raíz de una manera sencilla pero que a veces parece tan complicada: hablar, también de lo que nos incomoda, también de sexo, de poder, de violencia, con los pequeños. Esa es también la manera de cambiar las cosas.

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Ana

Una patera llegó a Europa hace años, ya no recuerdo el lugar. En ella viajaban una docena de jóvenes subsaharianos y un niño. La cooperante de la Cruz Roja pregunta a los adultos por el crío; todos se encogen de hombros negando con la cabeza: no es su hijo. La cooperante toma de la mano al chaval y se lo lleva para entregarlo a los servicios sociales. De repente, el niño se zafa y corre para abrazarse, llorando de desesperación, a las piernas de uno de los pasajeros, su padre. Consciente del destino que les espera, el padre se desprende del hijo en un arrebato de impotencia, a puro manotazo: ¡no te conozco, aléjate!, solloza entre patadas. Ignoro el destino del niño. Es posible que, como otros muchos, haya ido dando tumbos entre unas autoridades provida que les cierran las puertas, que se niegan a acogerlos, que se tapan la nariz para barrerlos a la comunidad vecina como residuos tóxicos. Es posible que hoy, tras pasar por los orfelinatos de desamparados de media España, este moderno Oliver Twist vagabundee por los parques madrileños, soportando a la intemperie que las brigadas de limpieza de Almeida (que tratan a las personas como suciedad) le arrebaten sin previo aviso los cartones y la ropa pero le dejen la miseria y el dolor.

Por eso, ahora que estamos hablando de la ley del concebido y no nacido que planea Feijóo, cediendo una vez más la iniciativa a la ultraderecha de Ayuso, resulta inevitable traer al debate al nacido no concebido, al niño que ha nacido, que vive y se encuentra entre nosotros pero a quien no vemos, a quien somos incapaces de concebir como miembro existente de la sociedad porque nació en la pobreza de un país lejano. Sofocados en este hedor de xenofobia, a estos niños no los concebimos ya como seres humanos. Con esta advertencia previa, ahora podemos hablar de la ley de Ayuso que propone copiar Feijóo.

En estos tiempos que corren, el derecho parece un arma de charlatanes, pero dejadme reivindicarlo como lo que realmente es: una ingeniería de letras, un reducto de saber científico con una clara vocación técnica. Y quizás el primer mandamiento jurídico imaginable, trasladado desde la escuela eleática, sería este: lo que es, es; lo que no es, no es. Una persona es una persona, y lo que no es una persona, no lo es. Esto no es una opinión, es una evidencia científica y, por tanto, jurídica. Pero cuando millones de personas son incapaces de convencerse, de querer aprender que el dióxido de carbono causa un efecto invernadero, para así quedarse impávidos ante la destrucción del planeta, ¿qué verdad los convencerá?

La Comunidad de Madrid anuncia su pretensión de convertir al concebido no nacido en un miembro más de la unidad familiar; esto no parece técnicamente viable y las noticias de prensa no apuntan en esta línea. La ley contemplará, es cierto, beneficios y ayudas en favor de quienes estén esperando un hijo. Nada habría que oponer al respecto, más allá de lo extraño de entender que una mujer embarazada de gemelos pudiera ser, siendo una y ella sola, familia numerosa. ‘Soy numerosa, inmensa, ¡contengo multitudes!’, podría recitar con Whitman. Habrá de recordarse que, de manera tradicional, los beneficios en favor de las familias numerosas han tenido en España un efecto fiscalmente regresivo, al conceder a matrimonios pudientes con hijos ayudas que sería más justo conceder a matrimonios humildes sin ellos.

En fin, tratar de aumentar la natalidad dando dinero a las mujeres ha tenido históricamente un recorrido de éxito muy matizado; confiar en estas medidas, despreciando otras de calado vinculadas al trabajo y a la vivienda, no ofrece motivos para la esperanza. Es cierto que vivimos en un mundo capitalista, pero no todo se soluciona dando dinero a la gente.

La ley concederá ayudas a las mujeres gestantes pero no al feto. En teoría no podría hacerlo porque, como digo, lo que no es, no es: quien no ha nacido no es persona, ni tiene por tanto los derechos propios de tal. El Código Civil nos lo recuerda en su artículo 30, cuyo texto original, por cierto, mantuvo hasta hace poco el terrible recuerdo de las hambrunas decimonónicas y de la posguerra española, tan rápidamente olvidadas. Y es que era tanta la mortandad infantil que sufrió históricamente nuestro país, que hasta la reforma de 2011 había que esperar a que el niño superara las veinticuatro horas de vida para tenerlo por nacido. Por fortuna, aquel viejo precepto se cambió y hoy establece con claridad que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Antes, existe un feto, un embrión, un óvulo fecundado, pero no existe un hijo. No es persona todavía.

Se ha reiterado hasta la saciedad la vieja etimología de la palabra persona, referida a la máscara que los actores del teatro clásico portaban en escena para hacer sonar (per sonare) sus voces sobre la grada. Solo el nacimiento nos convierte en actores de la vida social, entendido como seres con voz, receptores de derechos y obligaciones. Y solo el fallecimiento nos priva de estos derechos. No es persona quien no ha nacido, como no lo es quien ya ha fallecido.

El problema es la ideología que subyace tras la iniciativa. Como digo, es probable que la ley tenga un recorrido material escaso y una repercusión limitada a la concesión de unas ayudas concretas; lo grave es lo que subyace en la sombra que, como es habitual, ronda Miguel Ángel Rodríguez. En un tuit propio de su catadura sugiere que “según termina de fecundar (sic, habrá querido decir según termina de ser fecundada), antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”. No aclara la relevancia jurídica de la ducha en este debate pero, más allá de la tontuna, es que no es cierto: el óvulo fecundado no es persona, ni antes ni después del bautismo salvífico del baño. El óvulo forma parte integrante de la mujer; no tiene relación con nada al margen o fuera del útero donde se halla. Por eso, dar derechos propios de personalidad al óvulo solo se puede hacer concediéndoselos frente o en oposición a la mujer que lo porta, quitándole derechos a ella para dárselos al gameto fecundado. Y en esa batalla de balanzas estamos: la ley nos aclara que mientras que el feto no alcanza un determinado nivel de maduración, la mujer conserva la gestión de su destino y puede interrumpir su embarazo. Con estas iniciativas, más allá de dar ayudas a la escolarización, la ultraderecha pretende mover el marco de esta balanza y lanzar un mensaje a las mujeres: no te has duchado todavía y ya has perdido derechos.

De todas formas, no nos engañemos. Quienes promueven esta ley son los mismos que han urdido la miserable noción de la prioridad nacional; los mismos que reniegan de los niños extranjeros a quienes dejan sin lugar ni futuro. La ley que Feijóo impulsó en Galicia en 2011 se basaba en una “gravísima retracción de la natalidad y un alarmante envejecimiento de la población”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid aumenta de población año tras año y se encuentra entre las comunidades menos envejecidas; la razón de la ley no está ahí. Estos impulsos ‘pro natalitate’ se plantean ideológicamente como una inquietante solución a la teoría del ‘gran reemplazo’ con la que la ultraderecha disfraza su racismo de aporofobia. De lo que se trata, en definitiva, es de que la gente de bien y orden siga fecundándose entre sí; así que ya se las apañarán estos fieras para reconducir las ayudas y que no sean aprovechadas por orantes a falsos dioses y gente de fuera. Como hemos visto en la concesión de abonos de transportes (ya ven la rapidez con que la prioridad nacional se convierte en prioridad regional), tal vez el mecanismo para esta discriminación sea la gestión del empadronamiento, o algún otro artilugio semejante, que negarán a los infieles más prolíficos, convertidos en sujetos no prioritarios.

Hace ciento noventa años la sociedad inglesa dirigió su mirada a un niño abandonado en un hospicio parroquiano y se reconoció horrorizada. Mucho me temo que, dirigidos en la Comunidad por un gobierno provida que insulta a los niños extranjeros, convirtiéndolos en no-seres tras un acrónimo burlesco, hoy no nos reconoceríamos como sociedad si Dickens escribiera de nuevo su libro. Sin embargo, somos nosotros: alardear de soltar migajas a madres gestantes mientras nos negamos a acoger a los Oliver Twist de nuestro tiempo, mientras le quitamos el futuro a niños que despidieron a sus padres en una patera, no hace sino retratarnos en nuestra inhumanidad.

Los retrocesos democráticos del siglo XXI rara vez llegan de golpe. Avanzan mediante pequeños desplazamientos culturales e institucionales que, acumulados, terminan alterando el alcance real de los derechos. La propuesta impulsada por Isabel Díaz Ayuso, que reconoce al “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de extender ese modelo al conjunto de España no modifican la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí reconfiguran el terreno sobre el que se articulará este debate en los próximos años.

Históricamente, el PP evitó convertir el aborto en un eje central de confrontación. Era una postura lógica. España ha construido un amplio consenso social en torno a este derecho. Diversas encuestas muestran que alrededor de ocho de cada diez ciudadanos consideran que la decisión corresponde a la mujer y, lo más significativo, más del 60% de los votantes del PP y de Vox también respaldan que siga siendo legal. Por eso, el objetivo ya no consiste en prohibir, sino en sustituir el discurso de los derechos por el de la natalidad, la familia y la protección del concebido.

El texto aprobado en Madrid incorpora una de las premisas centrales del movimiento antiabortista: asumir que el feto posee derechos desde la concepción. Hoy ese reconocimiento tiene un alcance administrativo; mañana puede servir para sustentar una discusión jurídica mucho más amplia. Porque las leyes no solo regulan comportamientos; también moldean aquello que una sociedad considera legítimo. Su efecto más profundo no reside en lo que modifican hoy, sino en aquello que hacen imaginable mañana.

El giro de Feijóo tampoco puede entenderse sin observar la competición con Vox. Durante mucho tiempo se sostuvo que el ascenso de la extrema derecha obligaría a los partidos conservadores tradicionales a moderarse para retener al votante de centro. La experiencia europea ha demostrado lo contrario: el partido tradicional es quien asume el relato, las prioridades e incluso la forma de entender los conflictos que introduce su competidor para evitar fugas por la derecha.

Los pactos firmados este año entre PP y Vox en Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y León ilustran bien ese proceso. El aborto apenas aparece en esos textos. No es necesario. El nuevo consenso se articula alrededor de expresiones como “ley de familia”, “fomento de la natalidad”, “amparo de la maternidad” o “cultura de la vida”. El punto de partida implícito es que este núcleo social se presenta como una institución amenazada que requiere protección pública. Ya no se debate sobre restricciones de derechos, sino sobre demografía, apoyo a los hogares o invierno demográfico.

Ese movimiento tampoco está exento de riesgos para el propio PP. Existe una brecha de género persistente en el voto a Vox: los hombres apoyan mucho más a la formación de Santiago Abascal que las mujeres. Si la dirección popular aspira a gobernar sin depender de su socio, necesita ensanchar sus apoyos entre el electorado femenino y moderado, donde el respaldo a los derechos reproductivos sigue siendo muy elevado. Competir con Vox en este terreno puede reducir la distancia entre ambos partidos, pero también erosionar la fidelidad del votante de centro que ha sustentado las mayorías del centroderecha en las últimas décadas.

Esta apuesta forma parte de una ofensiva cultural más amplia. Miguel Ángel Rodríguez la resumía hace unos días al definir la medida madrileña como una “revolución frente a la cultura woke e izquierdista”. No es una frase aislada. Expresa un proyecto político que reorienta la conversación pública desde las libertades individuales hacia valores como la familia, la natalidad o la identidad nacional.

No todas las extremas derechas europeas siguen el mismo camino. Mientras Marine Le Pen ha moderado su posición sobre el aborto para ampliar su base electoral y concentrar la confrontación en la inmigración y el islam, allí donde el nacionalcatolicismo mantiene un peso decisivo la tríada “Dios, patria y familia” continúa siendo uno de los principales pilares ideológicos. España encaja mejor en esta segunda tradición.

La perspectiva internacional ofrece algunas advertencias. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni no derogó el aborto. Optó por una vía más gradual: reforzó las políticas natalistas y facilitó la presencia de asociaciones antiabortistas en los centros públicos donde se asesora a mujeres embarazadas. En Polonia el recorrido fue aún más lejos. Tras años de apelaciones a la defensa de la vida y la familia, formalizó una de las regulaciones más restrictivas de Europa.

La cuestión de fondo, por tanto, no es una eventual reforma de la legislación sobre el aborto, sino el cambio en la concepción de este derecho y el lugar que ocupa en el debate público.

Porque las extremas derechas no siempre ganan cuando gobiernan. A menudo lo hacen antes. Ganan cuando consiguen que los demás adopten su sentido común y su forma de interpretar la realidad. La normalización no consiste en aprobar a corto plazo las agendas más radicales, sino en lograr que dejen de parecerlo. Feijóo puede pensar que solo ha asumido una iniciativa de Ayuso para contener el avance de Vox. Pero, al hacerlo, también ha aceptado discutir en los términos que la extrema derecha lleva años intentando imponer. Y cuando la competición política se desarrolla con las categorías del adversario, la experiencia comparada demuestra que quien acaba fijando las reglas del juego no es el partido tradicional, sino quien logró introducir primero esa lectura del conflicto.

En esa disputa, quienes tienen más que perder no son las siglas políticas. Son los derechos de las mujeres.

El líder oficial del Partido Popular acaba de presentar con toda la pompa y solemnidad de la que es capaz su intención de aprobar una ley estatal del concebido no nacido. Promete hacerlo en cuanto sea elegido presidente del Gobierno, algo que según sus cálculos sucederá el año que viene. Por ahora estamos ante un presidente no nacido.

El anuncio de Núñez Feijóo debe interpretarse en clave interna. El candidato conservador está en permanente pelea por el liderazgo de su partido y de la derecha española. Sobre todo, frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que casualmente dio a conocer hace unos días la puesta en marcha de una ley igual. Tuvo una acogida entusiasta entre grupos católicos y extremistas.

Ahora el gallego intenta posicionarse ideológicamente a su misma altura y directamente le ha robado la idea alegando que a él se le ocurrió primero. La propuesta de ley, pues, hay que entenderla exclusivamente en este contexto en el que uno y otra se zancadillean constantemente intentando presentarse como el referente de la derecha tradicional. El propósito de la ley parece más propagandista que real. Es ideológica en el peor sentido de la expresión: no por responder a unos valores sino al deseo de aparentarlos.

Así que desde un primer momento parece claro que lo importante de esta ley que nos cuentan no son sus efectos, casi insignificantes, sino el nombre.

Técnicamente, la ley es de una simpleza abrumadora. Se trata, exclusivamente, de adelantar unos meses todas las prestaciones y beneficios previstos para el nacimiento de un hijo. En el caso de la ley madrileña, la presidenta de la comunidad ha insistido en que podrá hacerse desde el momento mismo de la concepción. No se sabe si valdrá con presentar un predictor positivo para pasar a ser familia numerosa, visto que su jefe de gabinete dice que al acabar de tener sexo, “antes de ducharse”, ya se tendrá por aumentada la familia. La ley gallega que aprobó Núñez Feijóo, por su parte, apenas adelanta las prestaciones cinco meses.

Con aspiraciones tan pobres parece claro que los objetivos de la ley anunciada no son los que dicen. Ni se trata de proteger a las familias, ni de fomentar la natalidad.

Para proteger a la familia seguramente sería más eficaz aprobar una ley que haga frente a la pobreza infantil, que en España afecta al 33% de los niños. Y si es verdad que algunas de quienes más la sufren son las familias numerosas, eso no se arregla adelantando unas semanas unas prestaciones ridículas. El paripé no se sostiene.

En cuanto a la natalidad los datos son tozudos. Desde que Núñez Feijóo aprobó en Galicia una ley igual el descenso de la natalidad en esa comunidad no ha sufrido ni el más mínimo frenazo perceptible. Si acaso al revés.

Evidentemente, no va de eso. El objetivo comunicativo es poner el acento en el embrión. De ahí el pomposo nombre de Ley del Concebido No Nacido. Da igual que no sirva más que para anticipar unos pocos meses un puñado de ayudas. Lo destacable es que, según su título, se dirige al no nacido y lo coloca en el centro de la acción política. Es simplemente una forma de situarse simbólicamente contra el aborto. En cierto modo, también contra la Constitución. Hace veinte años que el Tribunal Constitucional insiste en la idea de que en nuestro sistema democrático el nasciturus no es una persona ni puede tener derechos. Por supuesto que es un bien jurídico y debe ser protegido. Más mientras más avanza la gestación. Pero igualarlo jurídicamente a un niño es inconsistente con el modo en que se viene interpretando nuestra norma fundamental y solo puede buscar acabar con el derecho al aborto.

La oposición al aborto es desde hace años, junto a su componente religioso, una de las señas de identidad de la derecha española. La única que la llevó a ocupar masivamente las calles en 1985, contra la primera ley que lo despenalizó. Volvió a hacerlo en 2009 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacó adelante la ley de plazos. Desde entonces ha llovido mucho. La interrupción voluntaria del embarazo es ya un derecho normalizado por todas las mujeres españolas. Incluidas las que votan al Partido Popular. A medida que la sociedad lo integraba como algo irrenunciable, las protestas en su contra se han ido desinflando hasta convertirse en algo testimonial; más folclórico que político.

Se equivoca Núñez Feijóo si piensa que esta ley provocativa consigue algo más que alejarlo del centro político. Lo acerca solo al votante madrileño de Díaz Ayuso, a los medios radicales de dentro de la M30 y a algunos simpatizantes de Vox. Y más vale que se ande con cuidado con estos experimentos. En 2014, el ínclito Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, anunció su idea de reformar la ley del aborto y recortar el derecho. Le salió tan mal que tuvo que dimitir. Una cosa es manifestarse en la calle con los obispos y otra empeorar deliberadamente la vida de las mujeres. Ya se ha dicho: a estas alturas, en nuestro país, el de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho difícilmente reversible.

Hay que imaginar que tanto Díaz Ayuso como Núñez Feijóo lo saben. Por eso sacan una ley que es como un petardo; hace mucho ruido y se queda en nada. No parecen capaces de enfrentarse con las decenas de miles de mujeres de todo signo que abortan voluntariamente cada año y vuelven a actuar como lo que su socio ultraderechista llama la “derechita cobarde”; golpes de pecho y falsa indignación.

El precedente, sin embargo, es muy peligroso. Cuando la derecha moderada deja de serlo y juega la carta iliberal, a menudo solo está poniendo las bases para que detrás lleguen los totalitarios de verdad. Los que recortarán derechos de las mujeres y serán capaces de volver a encarcelar a las que aborten.

El problema de anunciar con tanto bombo estas leyes del no nacido es que la coherencia de sus principios llevaría a acabar con la posibilidad de interrumpir libremente el embarazo. Si el embrión es un miembro de la familia, como dice ahora el Partido Popular, abortar su gestación debería ser delito. Por el momento les beneficia jugar con la ambigüedad para quedar bien con una idea y la contraria. Si algún día gobiernan, tendrán que tomar medidas. Visto lo que está pasando en Andalucía todo parece presagiar que ni necesitan los votos de la ultraderecha no vacilarán: ni en negar el cambio climático o imponer el racismo institucional, ni en quitarles derechos a las mujeres. Están jugando con fuego, y lo saben.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

Ayudar a las familias que decidan tener un hijo y “proteger la vida”. Con estos objetivos ha aprobado el Partido Popular de Madrid este jueves su ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. La norma, que ha salido adelante en la Asamblea con el apoyo de Vox, permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo”, mientras el gobierno de Ayuso saca pecho porque “situará a Madrid” a la cabeza de España “en esta materia”.

La ley, que ya fue anunciada en 2019 por la presidenta popular, se enmarca en la estrategia desplegada en la Comunidad para fomentar la natalidad y ha sido aprobada en un pleno extraordinario, después de que se suspendiera su tramitación el pasado 17 de junio debido a un defecto de forma.

Según ha explicado el Gobierno madrileño, las mujeres deberán acreditar el embarazo mediante un informe médico y, en la práctica, podrán tener “los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar” aunque aún no se haya producido el parto. Entre ellas, becas para las escuelas infantiles privadas, comedor, abono transporte o alquiler joven. También se podrá acceder al título de familia numerosa y a las ayudas fiscales de forma temprana, en estos casos desde la semana 14.

Más allá del literal de la ley, Ayuso ha dejado claro al menos uno de los motivos que mueve a su gobierno a lanzar la medida: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró hace unas semanas en el pleno. La intención entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde varios estados han dado luz verde a medidas encaminadas a reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto).

El objetivo de estas iniciativas es otorgar una especie de estatus jurídico al embrión desde el momento de la concepción, lo que lleva tiempo siendo analizado como una amenaza al derecho al aborto y la anticoncepción. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, avanza Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), que apunta a que la personalidad jurídica del feto es “una teoría legal” del movimiento antiaborto que “antes era marginal” y que ha ido ganando terreno a partir de que el Tribunal Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país.

Hussain ha estudiado el alcance de esta nueva ola en este artículo, publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell, y detalla las medidas impulsadas o aprobadas en estados como Alabama, Iowa, Kentucky o Florida. Georgia, por ejemplo, ha determinado que se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos. Según la investigadora, la personalidad jurídica del feto ha comenzado a tener ecos a nivel federal en este segundo mandato de Donald Trump y fue uno de los objetivos del Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage que sirve de base ideológica para la ultraderecha estadodunidense.

La estrategia, sin embargo, no pasa ya por reconocer al feto de manera explícita o hacerlo en grandes leyes e incluso en la Constitución, algo que sí era un objetivo antiaborto hace unos 15 años. La politóloga Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que el modus operandi “ha cambiado” y en esta nueva fase la idea es lograr una “construcción gradual”. “Lo que se intenta es avanzar mediante reconocimientos parciales en diferentes ámbitos como ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. El proceso no es un reconocimiento de la personalidad fetal repentino, si no a través de estos pequeños pasos que parecen limitados pero que van construyendo un nuevo marco jurídico y cultural”, explica la experta.

Aunque la norma de Ayuso “no equivale a la personalidad jurídica fetal ni reconoce al concebido como persona en sentido constitucional o civil” sí lo declara “como un sujeto relevante por sí mismo, aunque solo sea para efectos administrativos”. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina Aldavert.

Lourdes A.Rivera, presidenta de la organización estadounidense Pregnancy Justice, sostiene que, a la larga, “cualquier ley que otorgue derechos propios a fetos y embriones supone un peligro para los derechos fundamentales de las mujeres” y permite “vigilar sus embarazos”. Rivera explica que “todo comienza” con la puesta en marcha de normativas que “pueden parecer beneficiosas o inofensivas” como conceder ventajas fiscales por “hijos no nacidos”, pero, en el fondo, forman parte de “una estrategia para crear un marco que socave” derechos. “La idea de otorgar personalidad jurídica al feto se ha usado para desmantelar el derecho al aborto y justificar intervenciones médicas forzosas”, dice la experta, que cree que “hay formas” mejores de “brindar beneficios y apoyo a las mujeres y las familias” sin este riesgo.

“La letra de la ley”

Para José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la relación “no es tan sencilla de hacer”. “Con el texto de la ley en la mano, lo que hace es otorgar beneficios a las familias creando una ficción jurídica, que se utiliza también en otros ámbitos. Por ejemplo, para acceder al título de familia numerosa, tener a un niño o niña con discapacidad cuenta como dos con el objetivo de proteger a esa unidad familiar”.

El abogado sí cree que la argumentación que utiliza la Comunidad de Madrid para “vender” la iniciativa, al referirse a la vida desde la concepción, “suena” al enfoque antiaborto habitual, pero rechaza “juzgar intenciones” debido a que “la letra de la ley” no va en esa dirección.

El texto asegura que el reconocimiento del concebido no nacido ya se ejecuta en la Comunidad de Madrid con las ayudas de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años, otra de las medidas estrella de Ayuso para fomentar la natalidad. “Es una ley a favor, no va en contra de nadie ni nada, no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno.

Eso, mientras la región es una de la que menos interrupciones voluntarias del embarazo practica en centros públicos, que no llegan ni al 1%. “Váyanse a otro lado a abortar”, llegó a decir la presidenta madrileña en plena batalla con el Gobierno central por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley. Después de que el Ministerio de Sanidad acudiera a los tribunales, finalmente la Justicia ordenó a Ayuso ponerlo en marcha.

Aldavert insiste en “el marco ideológico claro” que, a su juicio, “sustenta” la nueva ley impulsada por el PP y aprobada entre las críticas de la oposición. “Desde el punto de vista jurídico no tiene efectos, pero política y discursivamente responde a una lógica muy similar a la de la estrategia que el movimiento antiaborto está llevando a cabo a nivel internacional”, opina. La politóloga afirma que el enfoque ya no pasa solo por intentar prohibir el aborto, algo que se dificulta en sociedades en las que ya está asentado, sino por “diversificar” la hoja de ruta y “transformar el significado jurídico del embarazo”. Un objetivo clave para un movimiento que no trabaja aislado y, cada vez más, comparte estrategias, ideas y argumentarios.

Hola,

Porsha Ngumezi tenía 35 años, era madre de dos hijos y vivía en Texas. En 2023 sufrió un aborto cuando estaba embarazada de 11 semanas. Acudió al hospital con una fuerte hemorragia. Texas había aprobado una de las leyes más restrictivas al aborto hasta el punto de que interrumpir un embarazo es casi imposible. Esa ley contempla penas de hasta 99 años de cárcel para los profesionales de la salud que la incumplan y ayuden a mujeres a abortar. Los doctores que atendieron a Porsha no le dieron el tratamiento más adecuado, porque temieron que administrárselo les implicara problemas legales. La mujer murió. 

El caso fue denunciado por ProPublica, una plataforma periodística que hasta ese momento contaba cinco mujeres muertas en EEUU por no ser bien atendidas cuando sufrían abortos o bien porque se les negó uno desde que en 2022 el Tribunal Supremo eliminara la protección federal a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy algunos cálculos estiman que esa cifra puede ser de 70 mujeres. 

Estos días se cumplen cuatro años de esa decisión judicial que nos demuestra que las derechas y los grupos ultra tienen como uno de sus objetivos los derechos sexuales y reproductivos. Y que sus estrategias puede conseguir lo que pretenden. Los datos muestran que la decisión del Supremo no ha reducido el número de abortos en EEUU, sino que se han distribuido de otra manera: las interrupciones prácticamente han desaparecido en los estados que han introducido prohibiciones, mientras crecen significativamente en los territorios en los que sigue siendo legal totalmente o con algunas limitaciones. La mortalidad infantil ha aumentado y la desigualdad racial en la atención ha crecido.

Lo dice la OMS y también organizaciones internacionales como Amnistía Internacional: las limitaciones y prohibiciones del aborto nunca reducen su número o hacen que desaparezcan, sino que empujan a las mujeres a la clandestinidad o el exilio, a arriesgar su salud y sus vidas. Y aumenta las desigualdades, porque quien puede viaja o paga para abortar, quien no, se apaña como puede.

“Sin duda, el aborto clandestino crecerá. Esta es una crisis de salud pública increíble. Están dividiendo a las mujeres en grupos: quienes pueden viajar a otros estados y quienes no”, me contaba la ginecóloga Cecilia Grande en su consulta de Miami, Florida, hace año y medio para este reportaje.

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Tenía pendiente descubrir a la premio Nobel de Literatura Han Kang y lo he hecho con 'La vegetariana', que me ha parecido un librazo. Llevaba tiempo queriendo recomendarte también la serie documental de Netflix con Newtral 'El depredador de Sevilla', basada en un caso real de un guía turístico español acusado por varias estudiantes extranjeras de agresión sexual. 

Prometo más recomendaciones en los próximos boletines, que se acerca la temporada de vacaciones y todo el mundo tiene más tiempo para esto el ocio y el esparcimiento.

Un abrazo.

Ana

Treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.

Entre ellos, el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

“Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores”, señala el comunicado.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran “incompatible con el espíritu y la letra de la legislación estatal”, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.

“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.

Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Exigen datos, calendario y compromisos

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.

Como suele ser habitual cuando viaja un pontífice, llega en loor de multitudes y por la patilla. Porque, aunque Dios puede proveer (así lo dice el Génesis), cuando se trata de pasar por caja tiene la costumbre de mostrarse esquivo. Será la virtud de no dar ante el vicio de pedir, o que no hay ninguna intención de aplicar lo que dice el concordato en materia de autofinanciación. No entiendo que los católicos no se pongan de acuerdo para quedar un día a rezar y que a la Iglesia le lluevan los millones que hoy le pagamos entre todos. Ni que pensaran que rezar es como bailar alrededor del tótem y que no sirve para nada.

Al Papa León XIV hay que concederle algunos puntos. Alguien a quien Trump considera un enemigo merece, como mínimo, cierto respeto. Son galones. Si, además, logra que Aznar se levante de su asiento y se marche a mitad de su intervención en el Congreso, ya estamos en nivel ovación de gala. En los tiempos en los que vivimos, también se agradece que se haya puesto del lado, sin ambages ni matices, de los inmigrantes, aunque los de la ‘prioridad nacional’, tan píos ellos, no le vayan a hacer ni caso. Solo hay que ver las entrevistas que Elena Reinés (de Woke Up) hizo a Carlos Flores Juberías (Vox) —estuvo muy amable, no la maltrató—y Rafael Hernando (PP), para darse cuenta de que la derecha cristiana, mucho Santo Padre, pero ha entendido lo que ha querido entender

Sus palabras, aquellas en las que pedía el fin de la polarización, fueron tenidas en cuenta durante casi veinte minutos. Algo es algo. En el tema de la pederastia, en cambio, falló estrepitosamente a las víctimas. Ocasión perdida para haber salido por la puerta grande, pero cuando en España hay 7 cardenales y 60 obispos sospechosos de haber encubierto casos, igual no quieres ganarte enemigos. Sobre la discriminación de la mujer, me suena que tampoco no dijo nada. De alguien que recorre el mundo en falda cabía esperar algo más.

En cambio, no despertó el interés que merecía que el pontífice batiera el récord mundial de bautismo de bebés, no menos de 80 en dos días, durante su visita a Madrid. Desde un punto de vista científico, el hecho no es menor. Sería interesante, desde ya, dedicarse a monitorizar la vida de los afortunados y de otros 80 que no hayan gozado de ese privilegio —a modo de grupo de control— para ver qué beneficios aporta una bendición papal. Las conclusiones te las publica Nature sí o sí. Pero creo que no se hará. Para la Iglesia, la ciencia está más cerca de demostrar que al cojo de Calanda le creció la pierna que de negar que haga falta un ser supremo para explicar el origen del Universo. Con las bendiciones pasa que no sirven para nada, son un fin en sí mismo. Pura psicomagia. No hay que darle más vueltas, pues es bien sabido que no se disfruta lo mismo de un kebab si ves cómo han cazado al gato.

Pero hubo más. En el Congreso, el representante de un estado teocrático se permitió pontificar —ventajas de ser pontífice— contra el aborto y la eutanasia. Viniendo de alguien que se hace llamar padre sin tener hijos, creo que en lo relativo a la interrupción del embarazo debería ser más cauto, y más viviendo de una institución que ha sembrado el mundo de sobrinos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 12,6 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Mientras, entre el 20 y el 25% de los embarazos deseados acaba en aborto involuntario. Son los que Dios, todopoderoso él, decide que no deben seguir adelante y sin consultar a la afectada. Dejo ahí el dato por si quieren reflexionar.

Mentar la eutanasia también es ganas de tocar las narices. El que tiene un problema no es el que niega que la Biblia sea palabra de Dios, sino el que se la cree. Si alguien disfruta de una muerte lenta, intubado, sin posibilidad de curación y teniendo a toda la familia pendiente (más si hay herencia de por medio), que le aproveche, pero al resto que nos dejen en paz. Durante siglos, la Iglesia llenaba de pájaros las cabezas de los más pequeños con las aventuras, tan enternecedoras como falsas, de creyentes que habían sufrido el peor de los suplicios ante la más horrible de las muertes por no renunciar a su fe en su amigo invisible. Morir por fanatismo, bien; morir por voluntad propia, cuando el coste de la vida supera con creces a los beneficios, mal.

Podríamos estar así durante horas para describir un viaje pastoral que, como todos los anteriores, apenas tendrá más valor que el anecdótico por mucho que la televisión pública no haya parado de dar la turra (al menos, no ha habido latrocinio como cuando vino Benedicto XVI a la Comunitat Valenciana). En realidad, por mucho que se empeñaran algunos en inflar las presuntas muestras de fe, el legado va a ser más bien pírrico. Mucha fe y mucha pasión, pero los de Bad Bunny no les iban a la zaga, y encima habían pagado más de cien euros por ver a un tío que, eso sí es milagroso, algunos dicen que es cantante.

Y luego llegó la realidad, empezó el Mundial y en los medios, el Papa pasó de cabeza de cartel a telonero ante el empuje de un partido del calibre de un México-Sudáfrica. Al final, el santo artificio quedó al descubierto: la visita de un papa tiene menos que ver con su mensaje que con engordar las audiencias.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV, ha indicado este viernes en el Parlamento Vasco que será en “octubre” cuando arranque un programa “piloto” por el cual Osakidetza empezará a asumir, como estaba prometido, el grueso de los abortos, ahora derivados en un 95% a clínicas privadas concertadas. Después de que EH Bildu denunciara el retraso en el compromiso de publificación del servicio lanzado en 2025, otra formación de la oposición, Sumar, ha preguntado este viernes en la sesión de control -de la que se ha ausentado el lehendakari, Imanol Pradales- por la misma cuestión al titular de Salud, que ha insistido en que el Gobierno “cumplirá” con su palabra, aunque a partir de otoño.

El consejero Martínez ha iniciado sus explicaciones recalcando que, ora en la pública ora en la privada, “Osakidetza cumple de forma estricta con la ley orgánica” que regula el derecho a la interrupción del embarazado porque “es una línea roja”. Ha indicado que la Sanidad pública asume ya las intervenciones “por causa médica”, por suponer un “grave riesgo para la vida” de la madre o porque son embarazos “con enfermedades fetales graves e incurables”. Y ha añadido que, en el resto, hay una “derivación” precedida de “financiación pública” y “acompañamiento”. Ha mencionado, por ejemplo, el papel de las matronas, un colectivo que ha anunciado una huelga de

Históricamente, según recogen tozudamente las memorias anuales, el 95% de los abortos no han sido asumidos por Osakidetza. Fue en 2025 cuando, dentro de los planes para reducir la externalización de servicios exigidos en la mesa del pacto de salud, se incluyó el compromiso de publificar los abortos. Sin embargo, los datos de 2026 indican que nada ha cambiado por el momento. En los cuatro primeros meses del año, el Servicio Vasco de Salud ha destinado 322.372 euros a costear la derivación a clínicas privadas de 1.352 mujeres. Es un ritmo muy similar al de otros años, con unos 4.200 abortos totales.

Si EH Bildu, al ver estas estadísticas, lamentó que esto era uno más de los “muchos anuncios” de Martínez “que luego no acaban materializándose”, Sumar ha insistido en el “gran retraso” del Gobierno. Según Jon Hernández, “Osakidetza está de sobra preparada” para revetir con todas las garantías la “alta privatización” de esta prestación.

El consejero, en dos turnos, ha dicho que Osakidetza iniciará un “pilotaje” en octubre. La “progresiva” publificación del servicio arrancará con la asunción de las interrupciones “farmacológicas tempranas”, es decir, las que se han en las primeras diez semanas de gestación. Son el 88% de los abortos totales.

Actualmente, los centros concertados son dos en Álava, Askabide y Aluak, tres en Bizkaia, Askabide, Aluak y Emilli Giménez Garay, y cuatro en Gipuzkoa, Askabide, Aluak, Prada Laya y Emilli Giménez Garay. Es Askabide, con 756 de las 1.352 intervenciones en 2026, la más relevante de este grupo. Ha facturado en el primer tercio de 2026 una cuantía de 208.048 euros. Aluak ha gestionado 319, Emilli Giménez Garay 224 y Prada Laya 53.

El Papa León XIV ha estado en el Congreso de los diputados. Vestido de blanco, rodeado de obispos y cardenales le vemos avanzar por el vestíbulo principal del Congreso. Es la primera vez en la historia que un Papa da un discurso desde la tribuna presidencial del Congreso, un lugar pensado para la política, no para la religión. 

La derecha aplaude mucho porque es la derecha: ¿cómo no va a aplaudir a un Papa? La izquierda quizás le aplaude porque llega crecida después de un fin de semana en el que el León 14, desde que aterrizó en España, había dejado mensajes políticos con los que se sienten a gusto. Palabras contra la xenofobia, los bulos y los discursos de odio. Pero en el discurso del lunes, en el Congreso, el Papa ha caminado en otro sentido: ha cargado contra el aborto y la eutanasia. 

¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha depositado la izquierda demasiadas esperanzas en un líder religioso como el Papa? Le hemos pedido una nota de voz al escritor Isaac Rosa, y abordamos esta situación con la periodista de elDiario.es que el año pasado cubrió el cónclave que dio lugar al papado de León XIV, Natalia Chientaroli.

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León XIV no cree que los extranjeros sean una amenaza para Europa y sus sociedades. No apoya que los inmigrantes sean ciudadanos de segunda clase a los que se pueden negar servicios y derechos básicos. No piensa que los españoles de origen deban contar con privilegios o ayudas que no se conceden a los de fuera. Los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Todos, incluidos los políticos, saben que sin papeles están expuestos a la marginalidad y los abusos.

El Papa pronunció un discurso prudente en el Congreso ante diputados y senadores con la previsible intención de que ningún grupo político pudiera apropiarse de él, en el caso de que eso sea posible. Recibió una larga ovación de siete minutos, aunque eso no garantiza que le vayan a hacer caso. No ya por las lógicas diferencias ideológicas, sino por la persistencia de una violencia verbal que ya es consustancial a la vida política española. “La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, dijo. “La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación”. Lo contrario de lo que se ve en el Parlamento todas las semanas, en especial en la oposición al Gobierno. Humillar al rival forma parte de la dieta parlamentaria cotidiana.

Robert Francis Prevost nació en Chicago hace 70 años. La suya es una ciudad que recibió desde las dos últimas décadas del siglo XIX a un altísimo número de inmigrantes procedentes de Europa —desde Italia, Irlanda a varios países de Europa Central y del Este—, que formaron la base de la clase trabajadora en sus industrias.

La migración interna también hizo que la ciudad creciera con la llegada de centenares de miles de negros en lo que se llamó la Gran Migración. Abandonaron los estados del Sur para buscar en el Norte un lugar menos hostil para sus vidas, lo que no siempre consiguieron. Tras un declive demográfico a partir de 1950, la tendencia en Chicago se revirtió a finales del siglo XX gracias a la inmigración.

Viniendo de allí, León XIV es muy consciente de las tensiones sociales y políticas que se originan con las migraciones y las respuestas reaccionarias a su ascenso. Pero, como católico y ahora jefe de la Iglesia en todo el mundo, no está dispuesto a dejarse arrastrar por el clima político que ahora se aprecia en su país y en Europa. Ni a dejarse intimidar por las ideas ultranacionalistas y la persecución al inmigrante promovidas por Donald Trump y su Gobierno.

“El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad”, dijo en el Congreso. El principio moral que le mueve es la defensa de esa dignidad para la que no hay excepciones: “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

El Papa también desplegó los argumentos de la Iglesia contra el aborto y la eutanasia: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. Es una posición conocida de la Iglesia que no puede sorprender a nadie a estas alturas y que también defendía el Papa Francisco. No está de más recordar que es una posición minoritaria en la sociedad española. Eso no quiere decir que no sea significativa o que pueda presentarse como irrelevante.

El derecho al aborto es una parte esencial de la defensa de los derechos de la mujer, un asunto en el que la Iglesia siempre ha llegado tarde a lo largo de la historia.

Entre las ausencias poco comprensibles en el discurso estuvieron los escándalos de los abusos a menores por religiosos en todo el mundo. Habrían tenido un encaje perfecto en la parte dedicada a la defensa de los más vulnerables. León XIV sí mencionó esa herida que avergüenza a la Iglesia y a los católicos en su intervención posterior ante la Conferencia Episcopal. Ordenó a obispos y arzobispos que respondan “con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación” ante un hecho que definió como “plaga”. Por la tarde, el Papa se reunió con algunas de las víctimas que reclamaron una respuesta a la comisión puesta en marcha por la Conferencia Episcopal.

Acabado el discurso, todos se apresuraron a destacar lo mucho que coincidía con sus propias ideas. Era inevitable, aunque dio lugar a algunos ejercicios de contorsionismo. Alberto Núñez Feijóo dijo que le gustaba todo: “Desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A a la Z”. Él sabrá cómo casa la defensa de la dignidad de los inmigrantes con negarles la regularización que acaba de aprobar el Gobierno, es decir, los documentos que los convertirán en sujetos de derechos. Y todo ello mientras su partido pacta con Vox en las comunidades autónomas distintas versiones de la “prioridad nacional” que niega a los que han llegado en los últimos años de Perú o Ecuador aquello a lo que tienen derecho los nacidos en Zamora o Alicante.

Casi lo mismo hizo Santiago Abascal, que no apreció “ninguna contradicción” en las posiciones de su partido con el discurso del Papa después de varias semanas en que dirigentes de Vox le han dicho de todo a Prevost por su apoyo a los inmigrantes y contra los obispos que “hacen negocio con la inmigración”, en palabras de su líder.

El ministro Félix Bolaños prefirió centrarse en el rechazo a la guerra mostrado por el pontífice y se alegró de que el discurso fuera “absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno” en la defensa de la paz y el Derecho Internacional.

León XIV tendrá esta semana en Canarias otra oportunidad de insistir en su mensaje favorable a la integración de los inmigrantes y el respeto a su dignidad como seres humanos. Es poco probable que los políticos que estén en otra onda vayan a cambiar sus intereses y sus prejuicios. Pero los católicos ya deben tener claro lo que opina su pontífice sobre la dignidad de los extranjeros que levantan este país con su trabajo y su esfuerzo. Respetarlos es de alguna manera una prioridad moral.

Una ovación de siete minutos al Papa en el Congreso podría hacernos creer que la Iglesia católica al fin ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y se ha deshecho de la idea del aborto como pecado. Que ha reconocido el matrimonio para las personas LGTBI y ha celebrado a las familias diversas. Que ha mostrado respeto por la posibilidad de que cada cual decida sobre su muerte. Que ha sido contundente contra las agresiones sexuales cometidas por miembros de la Iglesia y ha prometido reparación delante de la cámara que representa la voluntad del pueblo. Sin embargo, nada de eso ha sucedido, sino todo lo contrario: sobre algunas de esas cuestiones ha guardado silencio, sobre otras ha cargado con la misma claridad que siempre ha mostrado la Iglesia.

Era la primera vez que un Papa hablaba en el Congreso. En el mismo lugar en el que las mayorías han apoyado el derecho al aborto, al matrimonio igualitario o a la eutanasia hemos escuchado cómo un líder religioso, en una visita a un estado aconfesional, cargaba contra esos derechos o los omitía. Y cómo le aplaudían durante siete minutos.

Decía León XIV en su discurso que la defensa de la vida humana “no es una cuestión parcial ni un interés confesional”, pero eso es justo lo que ha hecho: un alegato a la vida parcial y sesgado.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial un interés confesional: es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”, pronunciaba.

Nada que no supiéramos: para la Iglesia, el embrión tiene los mismos derechos que quienes somos seres humanos nacidos y autónomos, aunque eso suponga considerar a quien le gesta un contenedor cuyo cuerpo y proyecto de vida pueden ser sacrificados. Es más, aunque eso implique que quien le lleva dentro deba renunciar a la libertad y la dignidad que el propio Papa ha mencionado varias veces en su discurso.

Los abortos clandestinos y sus complicaciones son una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Algunas estimaciones hablan de al menos 22.000 mujeres muertas al año por esta causa, otras las cifran en 47.000. El aborto inseguro ocasiona también graves discapacidades a miles de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que subraya que la prohibición o limitación de la interrupción voluntaria del embarazo no hace que desaparezca, sino que la empuja a una clandestinidad que amenaza la vida y la salud de las mujeres.

Dice la feminista argentina Rita Segato que es revelador que quienes defienden la vida desde la concepción no estén rezando ni protestando a las puertas de las clínicas privadas de fertilidad que tienen miles de embriones congelados, sino que centren su atención en los centros donde se practican abortos. Es ahí donde hacen su particular reivindicación de la vida, hostigando a profesionales y mujeres. Segato deja claro que no se trata tanto de un interés por 'la vida' como del interés por extender una pedagogía que, en el fondo, no reconoce a las mujeres el derecho a ejercer sus vidas íntegramente.

León XIV ha defendido estos días la acogida a las personas migrantes y refugiadas y ha pedido respuestas solidarias, compartidas e impregnadas de justicia social. En ese sentido, muchos esperaban sus palabras para resaltar las contradicciones de una derecha que impulsa la prioridad nacional y alienta el miedo y el odio hacia quienes vienen de fuera. Pero esa defensa ha sido pronunciada por alguien con un discurso en esencia contradictorio.

Si la defensa de la vida no es una cuestión parcial, ¿por qué la vida de las mujeres puede quedar en un segundo plan?, ¿cómo es posible no dotar del mismo amparo a quienes viven sus vidas en familias diversas? La respuesta es que no se trata de defender la vida, sino de mantener un sistema concreto de creencias. Por eso, más allá del respeto institucional que merece el Papa, sorprende que sus palabras sean recibidas por nada menos que siete minutos de aplausos de quienes deben velar por nuestros derechos.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.