Mujeres derivadas a la privada piden relevar al jefe de Medicina Fetal del comité del aborto en Murcia

La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para pedir que el ginecólogo Juan Luis Delgado Marín no continúe en el Comité Clínico que evalúa las interrupciones del embarazo por causas médicas a partir de la semana 22 en la Región de Murcia. Por el momento, ya se han adherido 850 personas.

La iniciativa acompaña un escrito registrado la semana pasada ante la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que se solicita que el facultativo no sea renovado y se pide a la Administración que aclare la compatibilidad de sus distintas responsabilidades profesionales.

Delgado Marín es jefe de sección de Ginecología y Obstetricia y coordinador de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca. Forma parte del comité desde su constitución, en 2010. Su último nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 13 de noviembre de 2024, por un periodo de dos años, junto a los de la ginecóloga Catalina de Paco Matallana y la pediatra Juliana Ballesta Martínez.

La plataforma fundamenta su petición en la reforma de la ley del aborto de 2023, que impide formar parte de estos comités a los profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores de conciencia y a quienes hayan figurado en él durante los tres años anteriores. En su escrito, el colectivo alude a las declaraciones públicas del ginecólogo sobre sus convicciones y la objeción de conciencia, entre ellas las realizadas en el programa Salvados, de La Sexta, donde Delgado dijo que no había estudiado Medicina “para quitar la vida a los seres humanos” y opinó que la objeción es un “derecho individual”. En su intervención también apuntó a que las mujeres deberían tener la posibilidad de interrumpir su embarazo “donde ellas decidan”. La documentación aportada por la plataforma no acredita, sin embargo, que Delgado esté inscrito en el registro oficial de objetores. “La Consejería solo puede publicar el número y no las personas; por eso desconocemos si está en el registro, aunque es probable que aun siéndolo no lo esté”, cuenta a este periódico Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato—, una de las portavoces de la Plataforma.

La plataforma cuestiona, además, que Delgado acumule responsabilidades como coordinador de la unidad, integrante del comité y responsable de supervisar la actividad concertada con clínicas privadas para realizar interrupciones del embarazo. Por ello, pide a la Administración que informe sobre la legalidad y compatibilidad de estos cargos.

El colectivo también pone en duda el procedimiento de designación de los miembros del comité y reclama que se tengan en cuenta criterios transparentes de igualdad, mérito y capacidad.

Las reclamaciones sobre la atención sanitaria

La campaña no se limita a la composición del comité. En su petición, la plataforma denuncia dificultades para acceder a interrupciones del embarazo por causas médicas entre las semanas 15 y 22 de gestación y cuestiona que las pacientes sean derivadas a clínicas privadas en lugar de recibir toda la atención en hospitales públicos.

En el escrito dirigido a Salud, la plataforma solicita que se investiguen los retrasos que algunas pacientes aseguran haber sufrido en la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Arrixaca. El documento plantea la hipótesis de que determinadas demoras podrían hacer que las gestantes superen las 22 semanas, momento a partir del cual interviene el comité en los supuestos contemplados por la ley. “Tenemos algún caso que apunta en esa dirección; se va dejando que pase el tiempo porque antes de la semana 22 no hace falta que intervenga el Comité; y una vez denegado, o bien no puedes interrumpir el embarazo o tienes que viajar a Bruserlas a hacerlo”.

Dos procedimientos judiciales en octubre

La controversia coincide con dos procedimientos judiciales promovidos por mujeres que denuncian la atención recibida durante el proceso de interrupción del embarazo por causas médicas. Uno de ellos, relacionado con la asistencia prestada por el servicio de Ginecología del hospital Virgen de la Arrixaca.

Estos procedimientos se suman a los testimonios publicados en 2023 por elDiario.es Región de Murcia sobre dos mujeres murcianas que viajaron a Bruselas para interrumpir sus embarazos. Una de ellas lo hizo en la semana 32, después de que el comité de la Arrixaca concluyera que la enfermedad genética del feto no era “extraordinariamente grave e incurable”. Según aquella información, la Consejería de Salud defendió que se había cumplido la normativa.

Salud defiende la atención individualizada

Preguntado por el modelo de atención a la interrupción del embarazo en la Región, el Gobierno autonómico señala que esta prestación está incluida en el Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM).

La Administración afirma que la atención se presta de forma integral e individualizada, respetando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones, y que se ofrece ayuda psicológica cuando así lo recomienda el profesional sanitario.

Sobre el Comité Clínico, Salud explica que se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo y naturaleza técnico-facultativa integrado por profesionales del Servicio Murciano de Salud, “formado por dos médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra”. Una vez confirmado el diagnóstico por el comité, continúan, “se informa a la mujer sobre la interrupción aprobada para que pueda decidir”.

El Gobierno regional, sin embargo, no aclara si Delgado Marín será renovado ni responde específicamente a las dudas planteadas sobre la compatibilidad de sus responsabilidades.

Un contrato de más de seis millones de euros

Otro de los puntos de la campaña es la derivación de pacientes a clínicas privadas concertadas. Según la información trasladada anteriormente por la Consejería, las interrupciones por causas médicas que superan las 22 semanas y requieren la valoración del comité se realizan en el hospital Virgen de la Arrixaca, mientras que otras intervenciones continúan derivándose a centros privados acreditados.

El modelo está vinculado a un contrato firmado en 2022 con tres clínicas privadas por un importe superior a seis millones de euros y una duración de cuatro años. La plataforma sostiene en su petición que el acuerdo venció en julio de 2026 y cuestiona que se mantengan las derivaciones mientras se tramita una nueva adjudicación.