La enseñanza concertada crece casi tres veces más que la pública en la Región de Murcia

La enseñanza concertada ha ganado peso en el sistema educativo de la Región de Murcia durante los últimos años, con un crecimiento porcentual del alumnado superior al registrado en la red pública. Así lo sostiene el informe La pública en juego. Expansión y consolidación de la enseñanza concertada en la Región de Murcia, elaborado por Sterm Intersindical y presentado este lunes. El documento analiza la evolución de la matrícula, las unidades escolares, la financiación y la distribución del alumnado entre ambas redes.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de Sterm en la Región de Murcia, Andrés Martínez, ha considerado que los datos reflejan un cambio de prioridades en la política educativa regional. “La principal conclusión es que la Consejería de Educación está favoreciendo a la enseñanza concertada por encima de la educación pública, que es la de todos y todas”, ha sostenido.

Frente a estas críticas, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido este lunes la política educativa del Ejecutivo. “El Gobierno de la Región de Murcia defiende la libertad de elección de las familias, algo que parece que la izquierda no entiende, pero que es una seña de identidad del Gobierno que preside Fernando López Miras y es algo que vamos a seguir defendiendo”, ha afirmado.

Desde la Consejería han recordado además que el artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas, dentro del respeto a los principios constitucionales.

Según los datos recogidos en el documento, entre los cursos 2017/2018 y 2023/2024 el número de estudiantes matriculados en centros públicos pasó de 206.686 a 215.362, un incremento del 4,2 %, mientras que en los centros concertados la cifra aumentó de 70.495 a 78.814 alumnos, lo que supone un crecimiento del 11,8 %.

En conjunto, el alumnado de ambas redes pasó de 277.181 a 294.176 estudiantes, un aumento de 16.995. Pese a que la red pública incorporó 8.676 alumnos durante el periodo analizado, frente a los 8.319 de la concertada, esta última experimentó un crecimiento porcentual mayor.

Infantil, Bachillerato y FP, las etapas con mayor expansión

El informe destaca diferencias importantes según el nivel educativo, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y determinadas enseñanzas de Formación Profesional.

En Educación Infantil, sostienen, el alumnado de la red pública descendió de 38.075 estudiantes en 2017/2018 a 36.301 en 2023/2024, una caída del 4,66 %. En el mismo periodo, la matrícula concertada aumentó de 14.007 a 15.586 alumnos, un 11,27 % más. La evolución se produjo en un contexto en el que el alumnado total de la etapa disminuyó ligeramente, de 52.082 a 51.887 estudiantes.

El cambio más significativo se produjo en el primer ciclo de Infantil, de cero a tres años. Según el análisis, las unidades concertadas pasaron de 11 en el curso 2018/2019 a 459 en 2024/2025. Además, en 2023/2024 se matricularon en esta red 2.085 alumnos, que representaban el 24,41 % del total de estudiantes de ese ciclo, según los datos del informe.

“Durante un periodo de expansión de la matriculación se ha favorecido a la enseñanza concertada, especialmente en las etapas no obligatorias, que es donde más ha crecido el alumnado”, ha explicado Martínez.

En Educación Primaria, en cambio, el comportamiento fue más estable. Entre 2017/2018 y 2023/2024, el alumnado público aumentó un 3,04 %, mientras que el de la concertada creció un 1,41 %. La red pública sumó 2.254 estudiantes y la concertada, 435.

El Bachillerato es uno de los casos más significativos del informe. La matrícula concertada pasó de 644 alumnos en 2017/2018 a 3.716 en 2023/2024, un incremento del 477,02 %. En la enseñanza pública, el alumnado aumentó de 20.255 a 20.426, un 0,84 %.

De los 3.243 estudiantes adicionales registrados en el conjunto de la etapa durante esos seis cursos, 3.072 correspondieron a centros concertados y 171 a públicos. Como consecuencia, la proporción de alumnado de Bachillerato matriculado en centros concertados pasó del 3,08 % al 15,39 %, mientras que la participación de la red pública descendió del 96,92 % al 84,61 %.

El informe relaciona esta evolución con la ampliación de los conciertos educativos en esta etapa a partir del curso 2018/2019. Sterm también llama la atención sobre la oferta de Bachillerato para personas adultas, cuyas unidades en la red pública se redujeron de 30 en 2017/2018 a 17 en 2024/2025.

La Formación Profesional es otro de los ámbitos en los que el sindicato detecta una expansión de la oferta concertada. En FP de Grado Básico, el alumnado de centros concertados aumentó un 67,93 % entre 2017/2018 y 2023/2024, frente al 13,27 % de la red pública. En cifras absolutas, la concertada incorporó 375 estudiantes y la pública, 454. En Grado Superior, las unidades concertadas pasaron de 26 a 72 entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025.

“Poco a poco nos vamos a encontrar con que el sistema concertado va a ser mayoritario en alguna de las etapas educativas”, ha señalado el portavoz sindical.

Reparto de fondos

Entre 2018/2019 y 2024/2025, los centros concertados incorporaron 727 unidades, un 24,15 % más, mientras que la red pública sumó 696, un aumento del 7,42 %, según los datos recopilados por el sindicato.

La Consejería contrapone a estas críticas el peso que mantiene la enseñanza pública en el sistema educativo regional. Según los datos facilitados por el departamento, el 69,7 % del alumnado de la Región de Murcia estudia en centros públicos, frente al 66,8 % de media nacional. “En el caso de la enseñanza privada concertada, su peso se sitúa en el 30,4 %, por debajo del 33,2 % del conjunto de España”.

El departamento señala también que el 80 % de los docentes de la Región imparte clase en centros públicos. En cuanto a la financiación, de los 1.780 millones de euros destinados a Educación en los presupuestos de 2025, 319 millones corresponden a los conciertos educativos, alrededor del 18 % del total.

Para Sterm, las diferencias no pueden analizarse únicamente a partir del número de alumnos o del coste por estudiante, “sino que deben tenerse en cuenta las decisiones políticas sobre la distribución de los recursos públicos”.

Martínez ha apuntado que la enseñanza concertada participa de forma habitual en el reparto de la financiación. “Cuando llegan fondos europeos que no se pueden distribuir entre la concertada, sigue estando dentro de la ecuación porque lo que hace la Consejería es destinar a este sistema sus fondos propios”.

El sindicato cuestiona asimismo el discurso político que presenta la libertad de elección de centro como uno de los argumentos centrales para ampliar esta red. Martínez ha recordado que la legislación educativa contempla esa libertad, pero también establece la necesidad de evitar la segregación y promover centros lo más plurales posible.

“La Consejería de Educación está primando la libertad de elección, ahondando en la idea de que la educación concertada da una mejor calidad educativa, cosa que no es cierta”, ha afirmado.

A su juicio, el debate también tiene una dimensión económica: “Al final es un interés político y un interés económico, porque estas empresas se benefician”.

La segregación y los costes escolares condicionan la elección de centro

El informe también examina la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo. En Educación Especial, la matrícula total pasó de 1.533 alumnos en 2017/2018 a 1.975 en 2023/2024, lo que representa un aumento del 28,83 %.

En la red pública creció un 26,55 %, de 1.081 a 1.368 estudiantes, mientras que en la concertada aumentó un 34,29 %, de 452 a 607. Pese a este crecimiento, la mayoría del alumnado de esta enseñanza continuaba escolarizado en centros públicos: el 69,27 %, frente al 30,73 % de la concertada, en 2023/2024.

Sterm sostiene que la red pública asume una mayor proporción de estudiantes extranjeros y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. “Las diferencias sociales y económicas condicionan las posibilidades reales de elección de centro de las familias”, ha señalado su portavoz.

“No todas las familias pueden acceder a los mismos centros”, ha incidido. Como ejemplo, ha señalado que la distancia puede obligar a pagar transporte escolar o a disponer de un vehículo propio, lo que dificulta el acceso a determinados colegios.

El informe recoge estimaciones de gasto escolar de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para el conjunto de España en el curso 2026/2027: 1.294 euros anuales por alumno en la enseñanza pública, frente a 3.450 euros en la concertada. La diferencia supera los 2.000 euros al año.

Para el ámbito regional, el documento cita estimaciones de la Asociación Española de Consumidores sobre los gastos mínimos asociados a la escolarización en centros concertados durante el mismo curso: 705 euros por alumno, distribuidos entre uniforme (228 euros), material escolar (140), comedor (160), transporte (105) y otros gastos (100).

En cuanto a la financiación global, Martínez ha advertido de las dificultades para comparar el gasto por alumno entre ambas redes. “Muchas veces se muestra que el alumnado de la concertada es más barato, pero eso tiene trampa”. Según el portavoz, algunos gastos de gestión educativa, como el personal de la Consejería o la inspección, se contabilizan en partidas que también benefician a los centros concertados.

“Recortes en la pública” por el descenso de la natalidad

Uno de los puntos centrales del informe es el acuerdo alcanzado en 2026 entre la Consejería de Educación y las organizaciones participantes en la Mesa de la Enseñanza Concertada. El documento prevé, con carácter general, mantener hasta el curso 2028/2029 el número de unidades concertadas existentes en 2025/2026.

El acuerdo contempla además, recuerdan desde Sterm, mecanismos para conservar temporalmente recursos docentes en determinadas circunstancias cuando disminuya la demanda y se reduzca el número de unidades. La medida se plantea en un contexto de descenso de la natalidad y de estabilización o reducción de la matrícula en algunas etapas educativas.

El sindicato cuestiona que se establezca esta garantía para la red concertada sin un compromiso equivalente para evitar cierres de unidades o estabilizar las plantillas en los centros públicos.

“Como la Consejería de Educación no quiere firmar un acuerdo similar en la educación pública, nos tememos que lo que van a hacer es recortar las unidades y los puestos de trabajo de la pública”, ha afirmado Martínez.

El sindicato presentó un recurso contra el acuerdo en abril de 2026 y, según el informe, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo admitió a trámite en agosto de ese año.

Recuperar la zonificación y reducir las ratios

Frente a este modelo, Sterm reclama que la red pública ocupe una posición prioritaria en la planificación de nuevas plazas y unidades, así como en la asignación de recursos. Entre sus propuestas figura recuperar la zonificación escolar y hacer funcionales las comisiones de escolarización. El sindicato también defiende que la financiación de cada centro tenga en cuenta el perfil socioeconómico y las necesidades educativas de su alumnado.

“Si reciben todos los centros los mismos recursos, aquellos que tienen un alumnado más vulnerable siempre van a estar en desventaja”, ha argumentado Martínez.

La otra gran medida que plantea el sindicato es reforzar las unidades de la enseñanza pública y aprovechar el descenso de la natalidad para reducir el número de alumnos por aula. “No se puede cerrar ninguna unidad en la pública mientras haya unidades en la concertada”, ha afirmado el portavoz.