A veces, solo a veces, hay cosas de la política que se entienden mal o directamente no se entienden. Y a veces, solo a veces, hay una responsabilidad de quienes cumplen el papel de intermediarios entre quienes orbitan la vida pública y los ciudadanos, es decir de los periodistas. Los políticos se han convertido en los verdaderos protagonistas de los medios de comunicación. Fulano dice. Mengano hace. Zutano acusa. Sin embargo, rara vez sus palabras aportan algo que pueda acercar a sus políticas. 

El discurso/mensaje de hoy nos conduce más allá de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman y nos convierte a diarios, radios y televisiones en partícipes de una dinámica francamente incomprensible. A cada declaración, un titular enunciativo sobre alguien o algo que rara vez desarrolla, argumenta, explica o contextualiza. Una sucesión, en definitiva, de declaraciones donde el protagonismo es de quien habla, y no de lo que hay detrás de sus palabras o sus actos. Es lo que se conoce por periodismo declarativo, una sucesión sin más de sonidos sobre lo que los políticos dicen de ellos mismos o de sus adversarios sin trascendencia alguna para los ciudadanos.

Un ejemplo de lo que hablamos está en las reseñas de lo que unos han llamado pretenciosamente cumbre entre Génova y Sol; otros, una reunión entre Feijóo y Ayuso y alguno, un simple desayuno. Cita en todo caso que hubiera merecido, además, de una convocatoria previa -si es que en realidad tuvo la relevancia que se le atribuye-, un mínimo de contenido -si es que forma parte de alguna estrategia hasta ahora desconocida-.

Lejos de lo uno y lo otro, el presidente del PP y su baronesa madrileña no informaron de su encuentro hasta pasadas 24 horas. Se desconoce el motivo de tan insondable estrategia comunicativa. Si no era una reunión importante, por qué hacerla pública un día después. Y si lo era, por qué se dio cuenta de ella a través de sendas notas de prensa distribuidas desde Génova y la Puerta del Sol.

El texto de la dirección nacional afirmaba que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región, pero no revela ni quién solicitó la reunión, ni sobre qué asuntos se habló, ni cuáles eran esas preferencias tácticas. Y, en el encuentro, continúa el breve redactado, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid. 

La nota del gobierno regional informa, por su parte, que lo que pasó en ese desayuno fue que Ayuso le trasladó “al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”. Todo en un párrafo y medio.

Palabras grandilocuentes, tono exagerado y ni un solo dato o argumentación sobre lo que se pretende comunicar en lo que a todas luces muestra una estrategia de propaganda a mayor gloria no se sabe bien si de Ayuso o de Feijóo porque quien desveló la existencia de esta bilateral de altos vuelos y tan escasa materia fue primero el equipo del líder nacional.

Si hay algo que subyace tras este esperpento de los estrategas de los populares es la subordinación del líder del PP a su baronesa al desplazarse él a la sede del gobierno regional, y no Ayuso a la calle Génova, como mandan los cánones de jerarquía que siempre han aplicado los presidentes nacionales de ese partido. Todo lo demás, vacuidad y pirotecnia.

Y mientras, quienes tenemos la obligación de contar lo que hay detrás de cada palabra, gesto o acción de quienes nos representan seguimos dando pábulo a tanto fuego artificial y tanta nadería. 

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

El Ministerio de Sanidad llegaba al Consejo Interterritorial de este jueves con la intención de aprobar el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia que, entre otros cambios, introducía una tramitación abreviada para los casos más urgentes. El texto había sido trabajado y consensuado a nivel técnico con las comunidades autónomas, pero finalmente ha sido retirado del orden del día a petición de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute.

Matute ha justificado su petición en la necesidad de “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente” y “en aras de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible”, según explican fuentes de la Consejería.

Estas mismas voces aclaran que el nuevo manual no aborda el tema de la salud mental, que es “fundamental”, aunque confirmar que el texto que pretendía ponerse hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial si se había trabajado ya a nivel técnico por parte de las consejerías. En cualquier caso, indican que el documento se tratará en la próxima reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad.

El nuevo manual de buenas prácticas, que pasaría a ser la referencia técnica común, ya estaba incluido en el orden del día del anterior Consejo, celebrado el pasado 27 de marzo, pero que quedó copado por la crisis abierta entre Sanidad y los sindicatos médicos. Un conflicto al que ha hecho referencia este jueves la propia Matute, al pedir la dimisión de la ministra Mónica García, “al ser incapaz, después de cuatro meses, de resolver la grave huelga de médicos en toda España, que está creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

Además de una tramitación abreviada para los casos más urgentes, el texto del nuevo manual amplía los tiempos de aplazamiento hasta los seis meses e incorpora la posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias acordes a la normativa o por la propia voluntad del paciente que, si no pide reactivarlo en tres meses, dará por cerrado el expediente. También instaura las unidades administrativas de apoyo, que ya existen en la mayoría de comunidades autónomas y refuerza la figura de la enfermera del equipo asistencial.

Una nueva estrategia de cuidados paliativos

Lo que sí ha salido adelante en este Consejo Interterritorial ha sido la nueva estrategia de cuidados paliativos, que impulsará esta prestación desde mucho antes del final de la vida. El nuevo plan pone el sufrimiento del paciente, y no su fase agónica, como criterio central de la atención, e introduce herramientas validadas dentro de la historia clínica informatizada para una atención precoz.

Además, se ha aprobado el documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica, una patología que afecta a más del 10% de la población y, a menudo, no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que provoca un elevado infradiagnóstico. De hecho, esta nueva hoja de ruta tiene como objetivo “impulsar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, favoreciendo el diagnóstico precoz y un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario”. A esta patología se destina el 5% del gasto sanitario total.

Sanidad también ha actualizado el consenso para prevenir la fragilidad y las caídas en personas mayores, con el objetivo de prevenir la discapacidad, mejorar la calidad de vida y reforzar la sostenibilidad del sistema. Según los datos del Ministerio, la fragilidad afecta hasta al 18% de las personas mayores y un 30% de la población por encima de los 65 años sufre, al menos, una caída al año.

Un recurso contra la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles

La reunión de este jueves venía precedida del anuncio, esta misma mañana, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que recurriría el real decreto que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez, este Gobierno va a recurrir este Real Decreto”, afirmó durante la sesión de control en la Asamblea madrileña.

“Piensa que va contra el Gobierno y va contra la sanidad pública”, afeó la ministra García, quien defendió que “al final los derechos acaban imponiéndose”. Precisamente, Ayuso ha encadenado varios varapalos judiciales en las últimas semanas, algunos de ellos relacionados con cuestiones sanitarias, como su negativa a iniciar el registro de objetores de conciencia para practicar abortos. La Justicia ya ha dicho que la Comunidad debe ponerlo en marcha, entre otras cosas, al ser una obligación recogida en una ley orgánica.

La dirección nacional del PP ha informado este jueves de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con su “equipo de gobierno”. “Este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España”, apunta el PP en una nota remitida a los medios esta mañana. “Y serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa a este Ejecutivo”, concluye.

La reunión se produjo el miércoles por la mañana. Fue “un desayuno de trabajo”, según el comunicado de la dirección nacional del PP. La nota afirma que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región.

Desde la dirección nacional del PP no revelan quién solicitó la reunión a quién. “Fue acordado”, se limitan a decir.

En el encuentro, continúa la nota, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid.

Sin acuerdos PP-Vox en Extremadura ni Aragón

Poco después del comunicado de la dirección nacional del PP, la Comunidad de Madrid ha publicado su propia nota. El Gobierno de Ayuso informa de que en la cita estuvo también presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, un dato que obvia el equipo de Feijóo. Fueron los únicos representantes

La presencia en la Real Casa de Correos de Madrid de Miguel Tellado, sin responsabilidades sectoriales en el PP, estaría detrás de su ausencia en la infructuosa reunión que el PP y Vox mantuvieron este miércoles por la mañana en Aragón para acordar la investidura de Jorge Azcón.

El PP y Vox son incapaces de cerrar los pactos de gobernabilidad para dar estabilidad a Extremadura y Aragón, que celebraron elecciones en diciembre y febrero, respectivamente.

Las direcciones nacionales de ambas formaciones se han implicado plenamente en las negociaciones. La dirección nacional del PP está representada habitualmente por el propio Tellado y por la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Antes de Semana Santa, Tellado viajó de urgencia a Extremadura y estuvo presente en una reunión también sin ningún resultado. Ayer, fue Varela la que se desplazó a Zaragoza, mientras el secretario general se conectó por videoconferencia, según informó Génova.

Cambio de rostros en un acto de fiscalidad

El “desayuno de trabajo” fue previo a un acto sobre fiscalidad en el que Feijóo prometió una inconcreta bajada general de impuestos si llega a gobernar. “Si no lo hago, dejaré de ser presidente”, afirmó.

El acto tenía que haber sido presentado y moderado por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. Así constaba en las previsiones informativas que cada día remite a los periodistas el equipo de prensa del partido.

Pero fue la consejera de Economía y Hacienda de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, quien cogió la batuta del acto. Bravo estuvo sentado en primera fila sin intervenir en ningún momento.

“Líder de la oposición”

En su nota, la Comunidad de Madrid informa de “un encuentro de trabajo institucional con el presidente del PP y líder de la oposición”. “El objetivo de la reunión ha sido analizar la situación política de España” y de la región, sostiene. La cita duró “una hora y media”, afirma el Ejecutivo autonómico.

El comunicado afirma: “La presidenta madrileña ha trasladado al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias, así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”.

Hace ahora un mes, la dirección nacional del PP ha conminado a Ayuso a iniciar el proceso para poner en marcha el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como le exigió el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Madrid se negaba a cumplir la ley, y el Ministerio de Sanidad ya le había remitido los requerimientos para que lo hiciera, condición previa para llevar al Ejecutivo autonómico ante los tribunales.

“Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró en una rueda de prensa la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto este jueves a defender las relaciones de su gobierno con el grupo Quirón que es también el principal cliente de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea de Madrid la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado el nuevo contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y Quirón para que esta empresa gestione el laboratorio central de la región por 120 millones de euros. Y la presidenta madrileña ha optado por responder atacando y, en concreto, haciendo mención al juicio del caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, el que fue su máximo colaborador Koldo García y Víctor de Aldama.

“Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, les ha reprochado Ayuso a los socialistas en alusión a Claudia Montes, que el miércoles dijo en el juicio que en su etapa en Logirail dejaba solía ir a la biblioteca a leer “libros de trenes” en lugar de trabajar desde su despacho. “El modelo de la comunidad de Madrid es totalmente garantista, métaselo en la cabeza. No se perdona nada y cada actividad se factura”, ha añadido, para defender sus relaciones con Quirón.

Ayuso ha dicho que “en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudieran contratar”. También ha afirmado que “el número dos” del PSOE, en alusión a Ábalos “va a pasar del banquillo a la cárcel”. “¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, ha añadido.

En su intervención, Espinar había criticado que Ayuso tenga “el don para juntarse con lo peor de cada casa” y “decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud”. “En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas”, ha afirmado. La dirigente socialista ha subrayado que en la Semana Santa Ayuso parecía estar más centrada en pensar cuántos millones “le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón”. “¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?”, ha ironizado.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?”, ha insistido Ayuso, que ha llegado a afirmar que esta semana Sánchez “huye a China con su mujer”. “No son capaces de dar explicaciones ni por la gestión del AVE, nos dejan sin luz, sin médicos y sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa”, ha zanjado la presidenta madrileña.

La posición internacional

El otro gran rifirrafe protagonizado por Ayuso ha sido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que le ha recordado que el presidente estadounidense “amenazó con destruir una civilización entera” y “con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez”, en alusión a un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien la máxima dirigente de la oposición ha tachado de “cobarde” por ni siquiera poner el nombre de Donald Trump en su mensaje.

“Es usted igual de cobarde”, le ha dicho a Ayuso, por callar ante el “genocidio en Palestina” y los “250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano”. “Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana”, ha recalcado.

Ayuso le ha respondido asegurando que si estar “callado es ser cómplice”, Bergerot lo es de “cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre”.

Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, ha dado en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba sus condolencias a un familiar de una persona fallecida en una residencia de mayores durante la pandemia, manifestándole que “si tenían que buscar un culpable” era “el doctor Fernando Simón”, director entonces del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El ex alto cargo estaba citado esta mañana a declarar como investigado en una de las causas que se instruyen los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía.

José Manuel Parceiros, hijo de una de las víctimas que falleció el 20 de marzo de 2020 tras no ser trasladado a un hospital, ha comentado a los medios el pequeño encuentro que ha tenido con Burgueño en los pasillos, afirmando que su padre murió por “los protocolos de la vergüenza” y no por lo que dijera Simón meses antes al afirmar que solo habría un caso de Covid.

Según El País, Burgueño ha salido del juzgado mientras Parceiros estaba hablando con la prensa y otra de las familiares que se manifestaba en el exterior le ha increpado: “¿Cómo ha podido decir lo del doctor Simón? No hay vergüenza (...) Mi padre murió por los protocolos de la vergüenza. No porque el doctor Simón dijera tres meses antes que sólo había un caso de COVID”. Él le ha pedido disculpas por el fallecimiento de su padre en una residencia.

Después ha atendido a los medios de comunicación. “He mencionado arriba al doctor Simón como responsable de la pandemia”, ha dicho, según el relato de El País. “Pues ya está dicho. Y yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid no estaba en la organización de la pandemia. Es decir, la lucha estaba organizada desde el Ministerio de Sanidad”.

El procedimiento investiga los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias durante los primeros meses de la pandemia, una cuestión clave para esclarecer si se produjo discriminación en el acceso a la atención sanitaria de personas mayores. En este contexto, Burgueño ha defendido en declaraciones a los periodistas que las residencias no se medicalizaron por falta de médicos, aunque también ha reconocido que elaboró un plan de choque a petición del Gobierno regional.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por otro lado, mañana declarará en otra de las causas María Teresa Vidán, una doctora que fue señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno por su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto por “institucionalizar la cultura de la muerte”. “Convertir en 'derecho' la eliminación del más vulnerable degrada el valor de la vida y rompe el consenso básico de una sociedad que debería proteger siempre a los que no pueden defenderse”, ha escrito en X Jorge Rodrigo Domínguez. En realidad, la redacción final no recoge de forma expresa el derecho al aborto sino la obligación de que los poderes públicos garanticen que se acceda en “condiciones de igualdad” en todo el territorio: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

El PP no tiene una posición unánime sobre el aborto. Isabel Díaz Ayuso decía en 2022 en una entrevista que estaba a favor de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno. “No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado”, dijo en Onda Cero. La posición chocaba en ese momento con la del PP de Feijóo, que mantenía una década después un recurso que el Constitucional tenía guardado en un cajón. Años después diría: “No puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse (...) Es acabar con la vida de un ser humano y no estoy de acuerdo. Siempre he defendido que debe ser legal, seguro pero muy poco frecuente”.

El Ejecutivo envió este martes el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Constitución.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la nación necesite “sacar a colación” el tema del aborto porque se le ha caído “la bandera feminismo” y por la “corrupción” del PSOE. “El aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, y aquí el único intento que hay de PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez es sacar esta cuestión porque intentan recuperar la bandera del feminismo, después de que se les haya caído por leyes como la del 'solo sí es sí'”, ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que la semana pasada, en plena Semana Santa, la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal. Este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo.

García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid lleva “desde hace muchísimo tiempo” garantizando el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, algo que es “compatible” con que las mujeres puedan abortar en los términos establecidos en la ley si desean hacerlo. En realidad, el funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En las últimas semanas, ha copado titulares el PEM (Plan Estratégico Municipal) de la ciudad de Madrid, el nuevo marco urbanístico destinado a sustituir el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Las primeras noticias sobre el contenido de la novedosa “norma magna” del urbanismo madrileño ya han generado los primeros debates al otro lado de los foros del sector inmobiliario. Las asociaciones de Tetuán, por ejemplo, han levantado la voz contra la inclusión del distrito entre los espacios susceptibles de aumentar su parque residencial por ser ya unas barriadas muy densas de Madrid.

Si echamos unos pasos hacia atrás para tomar perspectiva, nos daremos cuenta de que la norma en preparación viene acompañada de otras ya aprobadas y alguna por venir cuya motivación de fondo obedece a un mismo análisis: la región y la ciudad de Madrid van a crecer mucho y es necesario movilizar suelo. O, dicho de otra manera, las reglas urbanísticas deben cambiar para facilitar la construcción de más vivienda.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid se asoma a la sustitución de la actual Ley del Suelo (ley del 9/2001) por una nueva, que además integrará las competencias de la vigente Ley 9/95 de Ordenación del Territorio. Con esta nueva dualidad el gabinete de Ayuso pretende agilizar el urbanismo madrileño.

La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se presentó en noviembre del año pasado y va quemando plazos hacia su aprobación final, que se espera a finales de 2026. El Anteproyecto es ya consultable y ha estado –Semana Santa mediante– en periodo de información pública y trámite de audiencia (entre el 7 de marzo y el lunes 6 de abril).

Normativas que agradan a la patronal de la construcción

El texto se ha venido presentando en los dos últimos meses con la presencia de Sara Aranda (Directora General de Urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) y otros responsables de la Comunidad de Madrid. Así ha sucedido en el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, el ilustre Colegio de la Abogacía (sección Urbanismo), el Colegio de Economistas de Madrid o el Colegio Arquitectos de Madrid, entre otros.

El debate sobre la norma se ha visto contenido, hasta el momento, dentro de los círculos estrictamente profesionales. Pero los foros y publicaciones especializadas del sector de la construcción y las inversiones, sin embargo, vienen celebrando lo que enuncian como un “cambio de paradigma” en el urbanismo madrileño.

Algunas de las frases que se repiten en las presentaciones se refieren a “agilizar el urbanismo en la región”, “activar suelo”, “generar vivienda”, “reducir cargas burocráticas”, “acortar los plazos” o “simplificar los instrumentos de planeamiento y el régimen jurídico del suelo”. La norma en ciernes parece ser del agrado de la patronal de la construcción. Así lo expresaba recientemente en un debate sobre el tema el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte cuando expresaba que, legislativamente “la Comunidad de Madrid ya está en lo que espera el mercado”.

Una de las novedades técnicas más llamativas de la ley, que se asienta sobre la figura del PEM para los diferentes municipios, es la introducción de los llamados Planes Ejecutivos. Este instrumento de ordenación urbanística reflejará las condiciones concretas para que el suelo pueda ser transformado o edificado. Los particulares –es decir, los promotores– formularán estos plantes directamente ante los ayuntamientos, que podrán activar una tramitación abreviada de unos 12 meses a través de Ordenanza Municipal. Lo que se busca es “la puesta en el mercado de suelo finalista”.

Prepararse para crecer a través del boletín oficial

La Ley LIDER (un acrónimo que parece pensado desde el convencimiento de su importancia) se asienta sobre novedades legislativas precias que, soto vocce, han andamiado el nuevo edificio.

La Ley 7/2024, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, incorporaba la figura del PEM (Plan Estratégico Municipal) para fijar la estrategia del municipio a futuro, que es uno de los elementos clave de LIDER. Se considera que los detallados Planes de Ordenación Urbana en vigor son aparatajes demasiado pesados y se crea por ello el nuevo instrumento de ordenación urbanística, que tiene más que ver con unas directrices generales que con una lista pormenorizada de usos. Ya no será necesario introducir cambios puntuales en la macronorma cada vez que se quiera llevar a cabo un uso del suelo que no encaje con el marco.

Antes, se había introducido en la Ley 3/2024, de 28 de junio de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de convertir fácilmente edificios de uso terciario (oficinas/industrial) a residencial (viviendas) sin modificar el planeamiento urbanístico, con el objetivo de fomentar la vivienda protegida en alquiler. La llegada de los usos mixtos, la flexibilidad y la simplificación de pasos para acometer cambios de uso están en el espíritu de toda la panoplia de normas.

Elocuente es el nombre de otra de las novedades recientes del sector: la Aceleradora urbanística. Se trata de un órgano colegiado que opera en la capa de los informes sectoriales. Es decir, de los documentos técnicos obligatorios emitidos por organismos públicos que evalúan cómo un plan o proyecto urbanístico afecta a materias específicas (carreteras, costas, medio ambiente, cultura, etc.).

Se aprobó en diciembre del año pasado, se constituyó en enero y su objeto es dar seguridad jurídica y agilidad a todo el proceso a través de un repositorio electrónico. A la intención de acelerar los plazos se une el hecho de que el proyecto de construcción de vivienda o servicios puede declararse de interés general, entrando en una vía urgente que permite acelerar los plazos en la mitad de tiempo.

Todos estos documentos y normas son, por supuesto, prolijos y tocan numerosos aspectos sobre lo que una ciudad debe ser, pero la idea rectora que sobresale por encima del resto –y que resaltan en las presentaciones a los profesionales del sector sus responsables políticos– es la de preparar Madrid para acoger a nuevos vecinos.

Los responsables de organizar la región manejan proyecciones que llevarán la población de los actuales siete millones de personas a 8,5 y hasta 10 millones en los próximos 15 o 20 años. En el caso de la ciudad de Madrid la tendencia es menos clara que en el de la región y crece con altibajos que hacen más complicado hacer esas proyecciones tan rotundas para la ciudad más allá de la obvia –e importante– eclosión de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

La mirada política articulada para afrontar la tendencia al alza de la población es la de que el crecimiento es una gran oportunidad para incrementar aún más el peso político de Madrid a nivel estatal. Para ello, se mira a su corona metropolitana y se piensa en términos de un nuevo Gran Madrid –así se llamaba en el siglo XX al Madrid expandido anterior a la importante anexión de municipios de mediados de siglo–. Un espacio mancomunado de facto de 12 o 20 municipios que, unidos, se considera la gran conurbación del sur de Europa.

La idea de la recentralización española a través del peso de la región, para competir con las grandes metrópolis globales, es un asunto que se ha visto con buenos ojos en los últimos años en ámbitos de la derecha política y empresarial. Un buen ejemplo de este debate es el libro Madrid DF (en referencia a Distrito Federal), del arquitecto Fernando Caballero.

Las presentaciones de la nueva Ley del suelo y de otras normas en preparación, como el propio PEM para la ciudad de Madrid, abundan en enunciar la centralidad social del problema de la vivienda. Agarrados a las lógicas más evidentes de las leyes de la oferta y la demanda, los rectores de Madrid (ciudad y autonomía) apuntan con decisión hacia la construcción masiva como solución. Tanto en las áreas de crecimiento periurbano como dentro de la ciudad consolidada. El debate sobre la conveniencia (o inconveniencia) del crecimiento ilimitado es habitual también en los foros teóricos sobre la ciudad y no está cerrado pero, mientras los que saben se aclaran, los textos que se publican en los boletines oficiales ya parecen albergar certezas.

El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.

Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.

El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.

Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.

El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.

La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida, pero dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuando vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Apenas hay espacio entre los sillones y portasueros de los pacientes, que ocupan todas las paredes formando una especie de corro, como si de una sala de estar se tratara, y las pocas sillas disponibles para acompañantes dificultan a los celadores el traslado en silla de ruedas de los enfermos. Precisamente en uno de esos trayectos, atisbo otra sala mucho más grande llena de camas sin separación, con los acompañantes concentrados en un grupo de sillas junto a la entrada, y confío en no tener que pasar la noche en esa suerte de hospital de campaña. 

Cuando llega la hora del cambio de turno de enfermería, es imposible no escuchar el parte médico del resto de pacientes porque el puesto de control apenas está separado de nuestra pequeña estancia llena de sillones. Así me entero, involuntariamente y con incomodidad manifiesta, de que a mi derecha se sienta una paciente oncológica cuyos dolores se han intensificado; enfrente, un hombre de mediana edad que sospechan que puede tener piedras en el riñón; y un poco más allá, una chica joven que va a ser derivada a urgencias de ginecología. Por suerte, una breve llamada de teléfono me evita seguir conociendo más detalles médicos ajenos. 

Si no hubiera llegado a urgencias por mi propio pie y no supiera que estoy en uno de los principales hospitales de referencia de nuestro país, pensaría que he tenido la mala suerte de caer enfermo en un lugar empobrecido, sin recursos para actualizar y redimensionar unas instalaciones sanitarias que han ido envejeciendo sin apenas inversión durante décadas. Pero esto es Madrid, donde abunda el dinero y también la libertad, que en este caso es una invitación a que quien pueda haga uso de la sanidad privada, para poder seguir bajando los impuestos.

La visita de Ayuso a las urgencias abarrotadas de este hospital es tan improbable como su encuentro con un hombre pidiendo dinero en el metro, porque en su universo ideológico la sanidad pública es una prestación de beneficencia para quienes no tienen seguro privado y un servicio de último recurso para situaciones de mayor complejidad o gravedad en las que la sanidad privada no responde. Una propuesta política nunca enunciada abiertamente pero que ha cosechado gran éxito en un Madrid cada vez más segregado: al alejar a una parte relevante de los votantes de los servicios públicos, es posible dejar que se degraden sin apenas coste político, ofreciendo a cambio rebajas fiscales y ampliando las oportunidades de negocio de un puñado de empresas privadas. Y a quienes no tienen más remedio que seguir utilizando esos maltrechos servicios públicos, se les anima a seguir esforzándose para liberarse ellos también de la beneficencia en el paraíso de la libertad.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro objetores del aborto en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Justicia. En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Con este trámite se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

En la memoria del proyecto, la Comunidad de Madrid alude a que el texto pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En el apartado de 'Posibles soluciones alternativas', añade: “La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”. El funcionamiento de la Comunidad ahora mismo es externalizar la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo: ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.

En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad. Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.

Requerimiento del Ministerio de Sanidad

En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.

De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.

El objetivo de estos listados es que las comunidades autónomas puedan saber con qué profesionales cuentan de cara a reorganizar los servicios sanitarios para poder ofrecer la prestación en centros de la red sanitaria pública, algo que solo ocurre excepcionalmente. Sobre todo en algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la pública no llegan al 1%. A nivel estatal, el porcentaje es del 21,26% mientras que el resto se derivan a clínicas concertadas, un modus operandi que la ley del aborto pretende cambiar.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

“Desvestir un santo para vestir otro”. Es el sentir general de varios barrios al norte de Madrid, verbalizado con esas mismas palabras por dos representantes distintos de los vecinos afectados por un polémico plan de la Consejería de Transportes. De materializarse, supondría un hecho inédito en la historia de Metro: suprimir una conexión ya existente.

En concreto, la de la línea 1 de Pinar de Chamartín, estación inaugurada en 2007 que además forma parte de la 4 y la 1 de Metro Ligero. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, revelaba el 10 de marzo sus planes para alargar la línea 1 hasta el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte, el resultado de la controvertida Operación Chamartín. Según el estudio informativo al que tuvo acceso este periódico, la alternativa con mayor respaldo técnico para la administración autonómica, de entre las cinco planteadas, pasa por instalar tres nuevas estaciones desde Chamartín (donde también llegará la 4) hasta las cocheras de Fuencarral. Esto implicaría cercenar la llegada de la 1 a la citada Pinar de Chamartín y a Bambú. En esta última estación, la línea más antigua de la red sería sustituida por la 4.

Mientras numerosas zonas de Madrid se manifiestan para exigir la llegada del suburbano en las nuevas ampliaciones que la Comunidad de Madrid ejecuta o proyecta, los residentes afectados por esta amenaza se movilizan para conservar aquello que ya tienen. Que utilizan cada día, durante más de 20 años cuando llegue el momento en el que la supresión se efectúe. Debido a ello, han organizado una concentración junto a la estación por la que pelean, este jueves 26 de marzo a las 18.00. Por redes y distintos canales vecinales informan sobre los métodos para presentar alegaciones, cuyo período permanece abierto hasta el próximo 9 de abril.

Jesús Viacambre, presidente de la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín, explica en conversación con Somos Madrid la enorme indignación que la noticia les ha despertado: “Es inaudito y una auténtica falta de ética. Van a perjudicar a 200.000 usuarios actuales para una dotación que servirá a 150.000 hipotéticos viajeros en 20 años”. Incluye en esos 200.000 perjudicados a los vecinos Bambú y de Pinar de Chamartín, cuyo nombre oficial como barrio es Costillares, en el distrito de Ciudad Lineal. Pero también a los miles de habitantes o trabajadores de las zonas a las que el Metro Ligero presta servicio y que, gracias a la conexión con la línea 1 en la estación afectada, disfrutan de un importante nodo de comunicación. Son nuevos desarrollos urbanos como Las Tablas o Sanchinarro, además de barrios tradicionales como Virgen del Cortijo, todos ellos con conexiones de transporte de por sí deficientes.

La presidenta de la Asociación Vecinal Sanchinarro, Amalia Campos, desgrana los efectos “devastadores” de la medida para este entorno situado en el distrito de Hortaleza: “La línea 1 va al centro de Madrid, así que no es un trasbordo más. En cuanto al tiempo, el efecto de que nos quiten la línea y haya que hacer un cambio más es tremendo”. Jesús apostilla que la línea 4, la que sí permanecería en Pinar y la que supliría a la 1 en Bambú, no conecta con el centro y con puntos neurálgicos como Sol o Atocha. Más bien, los rodea: “Son líneas complementarias, no alternativas”. Ese nuevo trasbordo para tomar la 1 deberán completarlo además en Chamartín, una estación de dimensiones mucho mayores y más laberínticas: “Ya está muy cargada y es incómoda. En cambio, en Pinar de Chamartín el trasbordo es sencillo y apenas son dos minutos”.

La vecina defiende que “la idea del transporte es unir, no desconectar ni recortar, que es lo que harían con nosotros si la modificación entra en vigor”. Cuestiona igualmente que la alternativa elegida haya sido la mejor valorada, así como la apuesta “a favor de personas futuras y en contra de quienes ya utilizamos el servicio”. Amalia denuncia especialmente el temor que le han hecho llegar “vecinos afectados por discapacidad”.

Los residentes de los entornos a los que incumbe el plan han trasladado a ambas asociaciones multitud de quejas, consultas y reclamaciones que estas ahora intentan encauzar. De hecho, además de presentar sus propias alegaciones, animan a que lo haga todo el mundo: “Si en una familia hay cuatro miembros, que presenten cuatro”. “Solo en Sanchinarro y Virgen del Cortijo somos unas 35-40.000 personas, a las que hay que sumar la población flotante de centros empresariales, educativos, sanitarios...”, apostilla Amalia.

El hartazgo en las zonas que atraviesa el Metro Ligero del norte es especialmente notorio, ante el descontento ya existente con este servicio: “Nos colaron un invento, porque es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar”.

Nos colaron un invento, porque Metro Ligero es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar

Amalia Campos — Presidenta de la Asociación Vecinal de Sanchinarro

De vuelta en Pinar de Chamartín, los ánimos andan igual de caldeados: “Está todo el mundo en pie de guerra”, asegura Jesús Viacambre, que anticipa “una demolición a nivel de votos” en la zona para las próximas elecciones si el Ejecutivo de Ayuso no recula: “Se están metiendo en un avispero gigante”. Lo ve como el resultado lógico si “fastidian la forma de vida a barrios enteros”. “Tenemos dos líneas de Metro y dos de autobús. Llevamos meses pidiendo más buses al Ayuntamiento y nos encontramos con que la Comunidad nos quita una de las de Metro”, lamenta.

Tanto Amalia como Jesús recalcan el respaldo recibido desde el Consistorio, por lo menos al nivel de las Juntas Municipales de Hortaleza y Ciudad Lineal, respectivamente (las áreas afectadas incumben asimismo a los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo). “David Pérez nos ha apoyado y va a escribir a la Consejería deTransportes”, dice Amalia. Un gesto significativo del controvertido edil, puesto que antes de recalar en Hortaleza fue consejero del ramo en el Gobierno de Ayuso.

La Consejería de Transportes dice que no hay decisión definitiva, pero defiende el rediseño

Desde dicha Consejería, en declaraciones a este diario, argumentan que la polémica alteración “forma parte de un conjunto de opciones actualmente en estudio y, por tanto, no supone en ningún caso una decisión definitiva”. Inciden en que el objetivo es “reforzar la red de Metro en su conjunto, adaptándola al desarrollo de Madrid Nuevo Norte”. Por ello, dicen, “ninguna actuación se plantea para perjudicar la movilidad de ningún barrio, sino para optimizar el funcionamiento de toda la red y garantizar mejores tiempos y alternativas de conexión”.

Respecto a la preocupación por la comunicación directa con el centro, señalan que el sistema de transporte público en Madrid “funciona de manera integrada, con múltiples opciones de enlace que permiten mantener una conectividad eficaz”. Sostienen que “el rediseño de la red busca precisamente mejorar esas conexiones en términos globales”.

Según el documento informativo sometido a información pública, la línea 1 modificará su trazado antes de entrar en Chamartín. Allí, aprovechará los andenes ya construidos previamente en su parte baja y que se encuentran actualmente sin uso. Será así aunque para hacerlo haya que reducir su ancho, pues no estaban pensados para los trenes de esta línea, más pequeños que los nuevos de la 10.

A partir de Chamartín se extenderá hacia el norte por el nuevo desarrollo con tres nuevas estaciones (bautizadas de momento como Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte) hasta alcanzar las cocheras al norte de Fuencarral, más allá de la actual estación de Cercanías. Es este uso de la línea 1, en lugar de abrir una nueva, lo que provocará que cambie su recorrido final: en lugar de llegar hasta Pinar de Chamartín, la Comunidad de Madrid extenderá la línea 4 hasta Chamartín, pasando también por Bambú a través del mismo túnel.

En el área de Transportes del equipo de Ayuso, que lidera Jorge Rodrigo, mantienen asimismo que “el período de alegaciones se ajusta a la normativa vigente y forma parte de un proceso participativo abierto, en el que se analizarán todas las aportaciones recibidas”. Presumen en Sol de su “compromiso de diálogo con los vecinos y de estudiar en detalle todas las propuestas antes de adoptar una decisión final”, ante “la importancia de este proyecto para los barrios afectados y para el conjunto de la ciudad”. Pese a las críticas, concluyen que el proceso “se está abordando con el máximo rigor técnico y voluntad de consenso”.

Un “rigor” que se enfrenta ahora a 50 páginas de alegaciones, contando solo las que ha presentado la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín. “Queremos que todo el mundo presente la suya, aunque no estén tan trabajadas y pese a que sabemos que la Semana Santa en medio lo complica. Lo importante es que la Comunidad de Madrid se dé cuenta de que es una barbaridad”, expone Jesús.

Además del proceso burocrático, las agrupaciones vecinales se han movido en los despachos. Tanto la de Sanchinarro como la de Pinar de Chamartín mantuvieron una conversación con dos diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá (hijo del exministro de Justicia Rafael Catalá) y Carlos González (que preside además el PP de Chamartín). “Cuando les informamos de nuestra oposición y de lo vehemente que es salieron muy sorprendidos. Pensaban que iba a afectar a cuatro gatos”, comenta Jesús. “Entendieron que genera malestar y un perjuicio real a los usuarios”, completa Amalia con cierto optimismo.

Pese a estos encuentros, no piensan dar un paso atrás hasta que la Comunidad de Madrid retire el plan. “Esperamos que el jueves venga mucha gente a la protesta”, dice la representante vecinal, que anuncia el lema: “La línea 1 se queda”. Pero lo más importante, puntualiza, no es la cifra de asistentes: “Lo principal es juntarnos y mostrar nuestra indignación para que todo el mundo se sume a las alegaciones”. Que, como cuenta Jesús, “los responsables de este despropósito se den cuenta de que los barrios estamos unidos e indignados”. Un malestar surgido de un pensamiento común en estas áreas al norte de la capital: “Empeorar la calidad de vida de vecinos para hipotéticos vecinos futuros no tiene sentido”.

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

El Supremo puso fin a la batalla legal por la estación de esquí de Navacerrada. Su providencia –fechada el 18 de marzo pero conocida este martes– certifica que hay que desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsáin a su estado anterior. El permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

Son cinco años, es decir, cinco temporadas extra de funcionamiento gracias al pleito que provocó la negativa de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular a, primero, cumplir con su obligación administrativa de tramitar el expediente de fin de autorización y, después, aceptar una sentencia judicial que recurrió. Por cierto, la Junta deberá abonar las costas del Supremo a la Abogacía del Estado.

El coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, Jesús Bartolomé, celebra la decisión pero añade: “Lamentamos la perdida de tiempo en la recuperación del monte público provocado por los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y por los intereses económicos de la empresa que gestiona la estación de esquí”. Cinco años dan para mucha restauración ambiental como demostró el proceso de recuperación de la vecina estación de Cotos.

Sin nieve y con impacto ambiental

La historia puede resumirse así: el propietario de un terreno decide que no desea dedicarlo más a una determinada actividad desarrollada por una empresa privada. La administración encargada de gestionar el procedimiento se lava las manos para que la empresa pueda seguir operando.

Pero en, este caso, el dueño del monte es el Organismo Parques Nacionales –perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica– y la administración que se desentendió es la Junta castellanoyleonesa presidida por el PP. El Gobierno decidió que el monte se recuperara ambientalmente ante el impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico (pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama).

A eso se le unió que la estación de Navacerrada tiene dos partes: una segoviana y otra madrileña. Eso le permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertir unas pistas de esquí con permiso caducado en oportunidad para chocar con el Ejecutivo, a pesar de que su Gobierno no tiene nada que decir sobre esa zona.

Oportunidad para la batalla política

Ayuso se vio el 29 noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar que las pistas iban a seguir funcionando tras la postura de su compañero de partido. “Es una buena noticia”, dijo. Mañueco aseguró que no había “razón jurídica” para que terminara el esquí y afirmó que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.

Ante esta situación, Transición Ecológica acudió a los tribunales en Castilla y León. Los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras decidían sobre el fondo del asunto.

Al tiempo que los jueces estudiaban el caso, Isabel Díaz Ayuso ha estado dando oxígeno a la estación. En diciembre de 2023 rebajó un 65% el alquiler que la concesionaria debería abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña. También le multiplicó por seis la superficie que podría aprovechar. Esas pistas también tenían la licencia caducada desde febrero de 2019.

Poco después de redactarse ese pliego de condiciones, en febrero de 2024, la Justicia determinó finalmente que la estación en su parte de Segovia debía desmantelarse. Eso no impidió que Díaz Ayuso se empeñase en mantener Navacerrada a pesar de que la propia empresa concesionaria había afirmado que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas. ¿Por qué? Simplemente porque solo ahí había permiso para usar cañones de nieve artificial sin los cuales no existe superficie blanca suficiente para esquiar. En Madrid, sin cañones, no hay esquí.

Con todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrutar de 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.

¿Ejecución de la sentencia?

Este miércoles, la estación da por terminada esta temporada 2026. Todos los hierros, cables y casetas siguen plantados en el monte. Como tantos casos han dejado claro, las sentencias judiciales a favor del medio ambiente –y contrarias a los intereses económicos o comerciales– cuesta verlas ejecutadas.

Ejemplos claros no faltan. El complejo de lujo levantado en la isla de Valdecañas (Cáceres) sigue en pie a pesar de que en 2022 el Supremo ordenó demoler todo lo construido o a medio construir y el Constitucional rechazó el recurso de los propietarios y la Junta de Extremadura. Ahora, el Gobierno autonómico está litigando en los juzgados para defender las modificaciones ad hoc que hizo sobre zonas protegidas que dejaban fuera a la isla.

Otra maraña judicial ha provocado que el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), ya más que declarado ilegal, permanezca en la ladera de la montaña, asomado a la playa, sin que se certifique su demolición y limpieza definitiva. Ni el anuncio del Gobierno de que expropiaría las partes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre para acelerar el proceso han servido hasta ahora. Y de ese último movimiento ha pasado más de un año. Las obras se paralizaron en 2005.

El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre

La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid llamada Deporte y Montaña. El canon anual era de unos 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público. Ese alquiler fue heredado por una nueva sociedad privada cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa Deporte y Montaña. Se la quedó –y con ella la licencia y el canon– la actual gestora Río Invest.

Eso respecto a la actuación de Aguirre en la parte de Segoviana de la polémica estación. En la parte madrileña bajo su gestión directa, la antigua presidenta –referente de Isabel Díaz Ayuso– criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su consejera de Medio Ambiente y con actuaciones por 10 millones de euros en el acto de presentación del programa en el propio puerto de montaña. Aguirre revirtió la idea y apostó por incentivar el esquí a pesar de que sus técnicos, allí mismo, le explicaron que no había agua para fabricar nieve.

La resolución de fin de concesión en Navacerrada de Parques Nacionales indicaba que la concesionaria que gestiona la estación de esquí debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021. Y el monte tenía que estar ya “apto para la restauración vegetal de la zona”. Basta darse un paseo por el Pinar de Valsaín para comprobar lo lejos que está ese momento todavía.