El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

Navarra inició en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid. 

Son datos que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presentó esta semana durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra. Datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y que indican que hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Suponen un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja “el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible”, ha señalado la consejera Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en todo el país, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3. 

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

Evolución del parque de vivienda

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

El número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

Subvenciones y ayudas en 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas. 

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado citar a declarar el próximo 17 de junio en calidad de testigos a los representantes de seis empresas en el marco de las diligencias previas en las que se investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización les Naus de esta ciudad.

La magistrada ha adoptado esta decisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una providencia notificada este viernes, en la que también ha decidido que comparezcan ese día mismo día otros dos testigos que ya habían prestado declaración con anterioridad: la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante.

Igualmente, reclama en esa resolución a uno de los investigados, gerente de la cooperativa promotora de las viviendas, diversa documentación relativa al proyecto y a los empleados de dos mercantiles.

La instructora ha dictado otras dos providencias este viernes. En la primera, pide al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular. En la segunda, encarga a la Policía Nacional personarse en el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación.

Esa última medida ha sido adoptada al no constar respuesta por parte del Consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se remitieran esos documentos.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante deberá personarse así en las dependencias de los servicios jurídicos municipales para identificar a su responsable y requerirle para que aporte los documentos solicitados “en el plazo improrrogable de cinco días naturales”.

Todo ello “bajo apercibimiento de que en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia previsto en el art. 556 del Código Penal”, tal y como establece expresamente la providencia.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP) del sindicato CGT se ha personado como acusación popular en la causa de las viviendas de protección pública que investiga una jueza de Alicante.

FETAP-CGT alude a la “gravedad de unos hechos que afectan de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública, especialmente cuando lo investigado se refiere a viviendas de protección pública y a posibles irregularidades en su adjudicación”.

“No estamos ante un asunto menor ni ante una controversia meramente administrativa: cuando hay dudas sobre el acceso a vivienda protegida, sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad”, afirma el sindicato libertario en un comunicado.

FETAP-CGT también recuerda que la Administración “no pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes ocupan temporalmente un cargo público” sino “a la ciudadanía”, por lo que “debe funcionar bajo principios de legalidad, igualdad, transparencia y responsabilidad”.

La Federación representa a afiliados del Ayuntamiento de Alicante “y a trabajadoras y trabajadores públicos que sostienen diariamente la actividad municipal y es por ello que considera que el descrédito institucional provocado por hechos de esta naturaleza también afecta a la plantilla pública, que no puede quedar asociada a prácticas ajenas a los principios que deben regir la función pública”, concluye el comunicado.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, de forma definitiva, la modificación del Plan General Municipal en el sector Ramblasque. Un acuerdo que ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y VOX, con el 'no' de la concejala no adscrita, Eva Loza y de los ediles del Grupo Mixto Partido Riojano y del Grupo Mixto Podemos. De esta manera, como ha explicado en su exposición el concejal de Plan General Javier Martínez Mancho, el acuerdo supone “modificar la tipología residencial y la intensidad edificatoria” del sector, pero “sin modificar su superficie y su aprovechamiento urbanístico”.

Así, se pasará de una tipología de residencial unifamiliar, que recogía 275 chalés, a residencial genérico de media densidad, que prevé más de 2.000 viviendas. con una reserva de un 40% para VPO. Un cambio que, como ha afirmado, ha recibido todos los informes favorables pertinentes de diferentes organismos, entre los que ha citado la CHE, la COTUR, la Unidad Municipal de Arquitectura o la Secretaría General del Pleno. Ha incidido en que “no supone cambios en las clasificación del suelo”, ni “en la calificación urbanística”, ni “se introduce ningún uso nuevo”, mientras que “se mantiene el aprovechamiento urbanístico”.

El sector de Ramblasque, al sur de Logroño lindando con la localidad de Lardero, contará con entre 800 y 900 viviendas de protección oficial, el 40 por ciento del total, y desarrollará el tramo que falta de Avenida de la Sierra, con la previsión de que esté abierto para diciembre de 2026, como figura en el convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la Junta de Compensación del sector.

El sector de Ramblasque, cuyo desarrollo se espera desde hace varias décadas, cuenta con una superficie total de 458.000 metros cuadrados, en los que, además de las viviendas, más de 2.000, contará con espacios verdes -entre ellos, un nuevo parque de 160.000 metros cuadrados-, zonas dotacionales y viales.

Se han rechazado, por otro lado, las tres enmiendas presentadas a este acuerdo por parte del Partido Riojano, en la que solicitaba incrementar a un 50 por ciento la reserva de VPO en el sector; un calendario para su ejecución a la vez que la vivienda libre; y una distribución de esas VPO por toda el área, para evitar 'guetos'.

Debate de los grupos políticos

En el debate de los Grupos Municipales sobre el dictamen para la modificació, la concejala no adscrita Eva Loza ha explicado su voto en contra “por un expediente con dudas más que razonables de su encaje urbanístico y con expedientes judiciales anteriores”, además de que “tampoco va a solucionar el problema de vivienda de manera rápida, porque a los 28 años que llevamos con este tema se pueden sumar otros 10 más fácilmente”.

Por pate del Grupo Mixto Podemos, su portavoz Amaia Castro ha tildado esta operación como “una decisión política”, recordando, por ejemplo, que la que fuera alcaldes 'popular' Cuca Gamarra “calificó esta operación en su momento como 'pelotazo'”, mientras que ha afeado que, por parte de algunos Grupos, “ahora se diga que no se puede imponer el incremento de la reserva de la VPO”.

Desde el Grupo Mixto Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha lamentado que “no vaya a haber más viviendas para jóvenes por no aumentar al 50% la VPO” frente “al negocio que se va a hacer en el sector”, algo por lo que, ha defendido “una compensación a los logroñeses”. Ha recordado, igualmente, que “hay 1.200 viviendas paralizadas en el soterramiento” o “la falta de desarrollo del Sector Sur”.

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha reclamado que “hay que actuar y hay que hacerlo ya” en vivienda, “porque los precios están por las nubes y la oferta es escasa”, ante lo que ha visto “necesario desarrollar suelo que lleva décadas paralizado, aunque tiene cuestiones jurídicas discutibles”, lo que “no puede servir de excusa para no desarrollar la ciudad, Logroño necesita vivienda, dejando atrás modelos urbanísticos superados”, pero ha exigido “prudencia y seguridad jurídica”.

Por parte del Grupo Socialista, su edil Álvaro Foncea ha argumentado el voto favorable en que “toca tener altura de miras y defender un modelo de ciudad cohesionado y sostenible”, porque “ya habrá espacio para el debate cuando se hable del Plan Parcial”. Ha alabado que “hoy se cierra un expediente que lleva muchos años pendiente”, además de “que se vota por otro tipo de ciudad que no sea un barrio para ricos con unifamiliares”.

Y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha recordado que “Logroño, en mayo de 2026, en visión a medio y largo plazo, necesita vivienda, necesita VPO, y Ramblasque va a ser una oportunidad”. “Hoy, 28 años después, se va a abandonar la idea de que se ubiquen casi 300 unifamiliares en este sector”, algo en lo que, como ha resaltado, “el PSOE ha sido el único que siempre ha mantenido opinión”.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, en el turno del Grupo Popular, ha argumentado que “el debate de hoy no va de un sector, sino de modelo de ciudad para los próximos años”, criticando que “algunos hablan de urbanismo como si estuviéramos en los años 90, y con alarmismo”.

Ha recordado que la zona “está delimitada hace décadas, ya conectada para integrarse en ciudad y con capacidad de solventar problema de la vivienda”, a lo que ha sumado que “no se añade más superficie, garantiza más VPO de lo mínimo previsto y desarrolla más zonas verdes, en definitiva, se plantea adaptar un sector bloqueado hace décadas a las necesidades reales del sigo XXI”.

Y para cerrar el debate, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha defendido que “es una iniciativa de todos y para todos, que hace ciudad”, subrayando que “no hay ningún pelotazo” y acusando a algunos grupos de la oposición de “emponzoñar y distraer”. “Hoy comienza Ramblasque, con más de 2.300 viviendas, 900 de VPO, zonas verdes o la Avenida de la Sierra en marcha”, ha finalizado.

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos. 

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado tres enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el pleno el miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que “donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de ocho alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda. Lo que antes era un millón de euros ahora son ocho millones”. “No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque”, ha dicho Antoñanzas. 

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida. “No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur”, ha aseverado.

Al igual, Antoñanzas ha reclamado que “el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque”. “Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos”, ha asegurado. 

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado establecer el desarrollo de este sector por fases, que en cada una de ellas se establezca un porcentaje mínimo de ejecución de VPO, que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen. 

“Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas”, ha puntualizado. 

Antoñanzas ha incidido en que “planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico. Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos”. 

Acuerdo entre el PP y Vox sobre el plan de trabajo de la comisión de investigación de las Corts por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante.

La mesa de la comisión, con mayoría de ambos partidos, ha acordado este viernes llamar a declarar al alcalde popular, Luis Barcala, a cambio de no citar a ningún responsable del Gobierno valenciano, ni tan siquiera a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni al expresidente Carlos Mazón como responsable de los cambios normativos que redujeron los controles y bajo los que se produjeron las presintas irregularidades.

En la propuesta inicial del grupo popular de las Corts no figuraba ningún miembro del Consell y tampoco Luis Barcala, mientras en la de Vox sí que se incluía al primer edil de Alicante, pero no así a responsables del Gobierno valenciano. De esta forma se desprende que ha habido un acuerdo por el que se llama a comparecer a Barcala a cambio de evitar el desgaste de los responsables autonómicos, así como de Mazón, en un interrogatorio en las Corts.

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha denunciado que “una vez más se asiste a una no comisión de investigación como sucedió con la dana” al tiempo que ha lamentado que “es un teatro del PP y de Vox que tienen mayoría en la mesa y que han tardado tres meses en llegar a un acuerdo y presentar un plan de trabajo”.

Salvador ha considerado que la discusión sobre la inclusión de Barcala entre los comparecientes “ha retrasado el acuerdo en el plan de trabajo y finalmente el PP acepta que venga a cambio de no vengan Mazón, Camarero ni Pérez Llorca que son fundamentales para la investigación” puesto que “la normativa que rige el proceso de adjudicación es de la Generalitat y el señor Mazón, con Susana Camarero de consellera, aprobó un decreto que modificó los controles en las adjudicaciones, mientras que Pérez Llorca dijo que iba a introducir nuevos controles y no lo ha hecho”.

Por su parte, la diputada de Compromís, María Josep Calabuig, ha criticado que sigue sin haber un calendario para las comparecencias y que “faltan tres de los cuatro máximos responsables porque no están ni la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ni el máximo responsable del decreto que ha abierto la puerta a esta presunta estafa, Carlos Mazón, ni al actual presidente que ha heredado esta normativa y no ha hecho nada, Juan Francisco Pérez Llorca”.

Calabuig ha lamentado que están en las Corts para investigar, pero “los máximos responsables de la normativa vigente que ha propiciado esta situación no vendrán porque entre el PP y Vox se tapan las vergüenzas” y ha considerado que “es una falta de respeto para las 76.000 personas que están en lista de espera para obtener una vivienda protegida”.

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño propone al equipo de Gobierno de Conrado Escobar adquirir el cien por cien de tres parcelas indivisas que no han recibido ofertas al proceso de licitación, con el fin de destinarlas a la construcción de vivienda protegida y alquiler social a través del IRVI.

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, recuerda que en el pleno del mes de mayo ya cuestionó la enajenación de la participación municipal de ocho parcelas para ingresar cerca de 12 millones de euros, especialmente la inclusión de tres solares en los que el Consistorio era prácticamente el único propietario, al considerar que suponía “la vuelta a modelos de especulación inmobiliaria del pasado”.

“El Ayuntamiento solo ha recibido una oferta para una de las parcelas, y no corresponde a ninguno de estos tres solares. Ya advertimos de que esta operación era un error y de que lo razonable era adquirir el porcentaje restante de estos terrenos para impulsar vivienda protegida y alquiler social. Ahora el alcalde tiene una oportunidad perfecta para rectificar”, ha afirmado Antoñanzas. 

En concreto, se trata de la parcela P8 de El Campillo, con un 97,60 por ciento de titularidad municipal y capacidad para unas 64 viviendas; del solar Palazzina 10, en La Guindalera, con un 97,67 por ciento de propiedad municipal y espacio para una docena de pisos; y del terreno E3 de Valdegastea, donde el Ayuntamiento posee el 88,67 por ciento y podrían levantarse cerca de 50 viviendas. En total, estos tres solares permitirían construir hasta 126 viviendas.

Antoñanzas ha reclamado al Gobierno local que complete la adquisición de las participaciones privadas restantes y ceda posteriormente estos terrenos al IRVI para desarrollar promociones públicas de vivienda.

Por último, el edil riojanista ha lamentado que “el fracaso que ha supuesto la política de vivienda del Gobierno de Conrado Escobar, que mantiene bloqueado el desarrollo de 7.400 viviendas en la ciudad, con 6.000 pendientes del desarrollo del sector sur, otras 1.200 vinculadas al soterramiento y estas 126 de las parcelas indivisas que el Ayuntamiento quería vender”.

A Rocío Gómez, la exedil de Urbanismo de Alicante investigada en la causa del escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas, se le han olvidado varios puntos relevantes sobre el residencial Les Naus, donde obtuvo con su esposo una vivienda pública, especialmente relativos a su papel como concejala del ramo. Gómez, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la declaración, ha manifestado este miércoles ante la jueza instructora de la causa que se enteró de la promoción de Les Naus por su marido, años antes de incorporarse en 2023 como concejala al consistorio que gobierna el popular Luis Barcala.

La exedil, dimitida a consecuencia de la polémica adjudicación, no recordaba ante la jueza que se le informara sobre Les Naus en su etapa de concejala de Urbanismo. Tampoco recordaba que el departamento de Patrimonio reclamara apoyo técnico del arquitecto municipal, una afirmación que contradice de plano a las testificales de los técnicos que han declarado previamente.

La investigada también ha mostrado severos vacíos de memoria en relación con las reuniones con el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi e investigado en la causa). Tampoco recordaba que Ordiñana pidiera modificaciones del contrato, como ha relatado el técnico Pablo Torregrosa en su declaración como testigo.

Por otro lado, Gómez ha asegurado que desconoce si sus suegros, asimismo beneficiarios de una de las viviendas, están empadronados en el residencial Les Naus.

El 18 de diciembre de 2021, según ha afirmado, su marido y ella se apuntaron a la cooperativa que impulsaba el residencial. Al año siguiente, abonaron la entrada de la vivienda. Gómez ha sostenido que, antes de ser nombrada edil, no contaba con información de la promoción por parte del ayuntamiento.

También ha asegurado que no mantiene relación con los hijos de la exdirectora general municipal de Contratación Pública María Pérez-Hickman, que también fueron agraciados con sendas viviendas protegidas.

El arquitecto municipal encargado del expediente

Por su parte, el arquitecto municipal Francisco Nieto, también imputado y que obtuvo una vivienda protegida, ha declarado este miércoles ante la jueza que no hizo valer su condición de servidor público para hacerse con el piso y que se postuló a la adjudicación antes de ser funcionario de carrera, según las fuentes consultadas.

El investigado ha relatado que a principios de 2022, un compañero de piso le comentó la oferta de viviendas de protección pública y él fue a las oficinas de la promotora y dio sus datos. Le llamaron ya en enero de 2025 y el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi), le explicó el funcionamiento de la cooperativa.

Ordiñana le dijo que había una vacante y le avisó de que podía abonar el dinero para incorporarse a la cooperativa y obtener así la vivienda.

Previamente a entrar en la cooperativa, en julio de 2024, la concejala Rocío Gómez, también investigada en la causa, le anunció que, desde el departamento de Patrimonio, le iban a comentar cuestiones técnicas sobre la obra de Les Naus, situado en la playa de San Juan de Alicante.

El 1 de agosto de aquel año se reunió por primera vez con Antonio Faura, técnico municipal de Urbanismo citado como testigo, para tratar “cuestiones técnicas” (meses más tarde, en octubre, se volvieron a reunir).

El arquitecto municipal se ha escudado en que no hizo valer su condición de funcionario para adquirir una de las viviendas y ha asegurado que en ningún caso solicitó “de forma espontánea” que fuera precisamente él el responsable técnico de contrato.

El promotor se quejó al alcalde por el precio del solar

El tercer investigado que ha declarado ha sido el promotor Francisco Ordiñana, que ha explicado que sacó la relación de cooperativistas de listas de otras promociones suyas.

Ordiñana ha afirmado que se reunió con el alcalde Barcala y la concejala de Urbanismo para solicitar la devolución de dinero que consideraba que la promotora había pagado de más por el solar. También propuso, como alternativa, que le compensaran con otro solar, aunque no le hicieron caso, según ha manifestado.

El investigado ha mantenido que cuando se reunió con el arquitecto municipal por primera vez no cayó en que Francisco Nieto formaba parte de la cooperativa y que, en su día, le había solicitado información.

El promotor, en caso de bajas en la lista, llamaba directamente a candidatos que habían quedado fuera inicialmente por si seguían interesados en optar a una de las viviendas de protección pública. También ha afirmado que no tiene relación con Pérez-Hickman ni sus hijos.

Pérez-Hickman no consideró la posibilidad de abstenerse

De hecho, Pérez-Hickman ha declarado que desconocía que sus hijos se habían apuntado a la lista, según ha afirmado ante la jueza. Lo supo cuando pasaron a la siguiente fase e incluso lo advirtió en la mesa de contratación.

Sin embargo, no consideró que tuviera que abstenerse. Sus vástagos, según ha dicho, se enteraron de la promoción de vivienda protegida “por su primo”, ha agregado.

El funcionario que visó el expediente de su esposa

Por otro lado, también ha declarado el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, Roberto Palencia (alto funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de visar los expedientes cuya esposa —arquitecta municipal—obtuvo una de las viviendas). Palencia ha confirmado que tramitó todos los expedientes de Les Naus por falta de personal.

El investigado ha reconocido que le informó a su mujer de la existencia de la promoción de vivienda de protección pública. Sin embargo, se ha escudado en que estaban planteándose separarse, aunque sin llegar al divorcio. El funcionario ha reconocido que “nunca” ha cesado la convivencia con su esposa.

Roberto Palencia, según ha mantenido ante la instructora, nunca consideró procedente abstenerse en el visado de su mujer porque su función, ha defendido, era un mero trámite. Tampoco informó nunca sobre este hecho.

Los testigos apuntan a la exconcejal de Urbanismo

La jueza instructora de la causa, que ha excluido a la Generalitat como acusación particular al ver un “evidente conflicto de intereses”, también ha tomado declaración este miércoles a tres técnicos municipales, en condición de testigos

La primera testigo que ha declarado este miércoles, la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, ha apuntado a la exconcejal Rocío Gómez por el descontrol en la obra de las viviendas protegidas, y a María Pérez-Hickman como la encargada de los contratos privados.

Por su parte, el segundo testigo, Pablo Torregrosa, ha afirmado que pidieron “constantemente” a la concejala Rocío Gómez que les asignaran un técnico arquitecto sin recibir una respuesta clara.

El tercer testigo, el funcionario Antonio Faura, ha confirmado que, en las reuniones que mantuvo con el arquitecto municipal y con la concejala de Urbanismo, “ninguno de los dos” mencionó su participación en la cooperativa de Les Naus.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública en Alicante ha denegado la personación como acusación particular de la Generalitat Valenciana al ver un “evidente conflicto de intereses”.

La magistrada, en un auto del pasado martes, recuerda que la Generalitat “aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron”.

La resolución, tal como pedía la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Ciudadanos, deniega la personación de la Generalitat al detectar un conflicto de intereses “incompatible con el ejercicio de la acción penal”.

“Esta circunstancia compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como parte acusadora pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garantías”, afirma la jueza María Amparo Rubio, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

La magistrada instruye una causa en la que 15 personas figuran como investigadas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y varios funcionarios, por la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus.

En el barrio donostiarra de Benta Berri, más de 500 familias tienen sus viviendas, en las que viven de alquiler, en una cuerda floja. Tras 28 años en viviendas de protección oficial (VPO), existe la posibilidad de que en 2028 tengan que desalojarlas. Con un derecho de adquisición preferente a los 12 años de alquiler que nunca se cumplió, la asociación de vecinos de Benta Berri, Alokairu, le cuenta a este periódico su lucha y los pasos que han dado para que el Gobierno vasco les ayude a mantener sus viviendas.

En Euskadi, antes de 2003, las viviendas de protección oficial tenían fechas de liberalización de entre 30 y 50 años. Es decir, se convertían en libres y su valor de mercado se disparaba. Sin embargo, como recuerda el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, desde 2003 las VPO son ya “de calificación permanente”. ¿Cuál es la particularidad de Benta Berri? Como el concurso de estas viviendas se realizó antes de la legislación actual, no se contempla ninguna prórroga de la calificación. Por esa razón, los vecinos temen que, una vez entren en el mercado libre, les resulte imposible asumir el coste de sus apartamentos.

Las VPO de Benta Berri salieron a concurso en 1994, explica la asociación. La oferta incluía el terreno, la construcción de 540 viviendas protegidas y el derecho de superficie durante 75 años. En 1996, el Gobierno vasco anunció a la adjudicataria: UTE Benta Berri, compuesta por las constructoras Metrovacesa y Vallehermoso. Un año después comenzó la promoción de las 510 VPO destinadas al alquiler -los 30 espacios restantes quedaron en manos del Ayuntamiento para otros objetivos municipales-.

Antxon Pró y Josetxo Varadero, miembros de Alokairu, relatan que en aquel entonces las promociones del Gobierno vasco se difundían mediante folletos impresos, donde se explicaban los requisitos y el proceso para optar a una vivienda protegida. La asociación todavía conserva uno de esos documentos, en el que se indicaba que, tras 12 años de alquiler, los inquilinos podrían acceder al derecho de adquisición preferente para comprar el piso a un precio tasado.

No obstante, a la hora de firmar el contrato, explican los miembros de Alokairu, ese punto no aparecía en los documentos. Ante la incertidumbre, Pró y Varadero aseguran que el Gobierno les garantizó verbalmente que podrían comprar las viviendas a los 12 años aunque no figurara por escrito. Ambos recuerdan haberse sentido presionados para firmar. “Si no quieres, hay más de mil familias esperando”, recuerda Varadero que le dijeron entonces. Pró añade que recibió “la misma contestación”.

Pró admite que confió en la palabra del Gobierno, igual que muchas otras personas. La mayoría de los inquilinos, según explican desde la asociación, tenía interés en comprar la vivienda. “Nos dijeron que a los 12 años se haría realidad” el derecho de adquisición preferente, insiste Pró. Pasado ese tiempo, la posibilidad de compra nunca llegó porque la propiedad no quiso vender. El viceconsejero recuerda que, para aplicar ese derecho, “es necesario que el propietario de la vivienda quiera venderla”, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con los años, la propiedad de las VPO ha cambiado de manos. Primero, en 2016, UTE Benta Berri traspasó los inmuebles a Testa Residencial. Más tarde, la sociedad quedó vinculada al fondo de inversión Blackstone. Este fondo acumula denuncias internacionales por desahucios y subidas de alquileres, aun así se hace con más de treinta mil apartamentos en toda España.

Ahora, 28 años después, al menos cuarenta inquilinos de Benta Berri han recibido cartas de no renovación, explican desde Alokairu. Temen que quienes todavía no las han recibido acaben siendo expulsados igualmente mediante subidas drásticas del alquiler una vez las viviendas pasen al mercado libre. Según Pró, un alquiler que actualmente ronda los 900 euros mensuales podría ascender hasta los 1.600 euros. Además, recuerdan que esos 900 euros ya representan el precio de VPO más alto de España.

Ante los posibles desahucios, Alokairu se ha movilizado junto a Stop Desahucios y ha conseguido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco muestren interés por la situación. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha mantenido reuniones con los afectados y ha logrado frenar, por ahora, los primeros desalojos. “Ha bloqueado esas no renovaciones, y eso es un hecho”, admite Pró. Itxaso lidera además las negociaciones con la propiedad para evitar que las viviendas entren en el mercado libre.

A pesar de algunos avances, la desconfianza sigue presente. Varadero cuenta que “siempre han sido muy amables, muy interesados… y luego, ni caso”. Aun así, ambos miembros de Alokairu valoran positivamente la implicación de Itxaso, quien ya se ha reunido dos veces con los vecinos afectados. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana asegura a este medio que se están “analizando las posibles alternativas” en caso de que no se alcance un acuerdo con Blackstone.

El departamento también recuerda que, una vez transcurridos los 75 años del derecho de superficie, las viviendas revertirán al Gobierno vasco. Hasta entonces, se supervisará la actividad de la propiedad, especialmente teniendo en cuenta que Donostia es una zona tensionada, lo que implica limitaciones en los precios del alquiler de larga duración. Por el momento, el departamento no contempla restringir el acceso de grandes fondos como Blackstone a viviendas protegidas, “aunque no se descarta” hacerlo en el futuro.

Desde Alokairu no descartan ninguna vía para resolver el conflicto: mantener el alquiler protegido, impulsar fórmulas de compra colectiva o cooperativa, o incluso una intervención pública más ambiciosa. “Más vale algo que nada”, expresa Pró a este diario. Aun así, reconocen que su opción preferida sigue siendo la compra colectiva, para que los inquilinos que siempre quisieron adquirir sus viviendas puedan finalmente hacerlo.

Canarias es una de las comunidades más afectadas por la emergencia habitacional, con un registro de demandantes de vivienda de promoción pública que supera las 34.000 personas. Sin embargo, según datos del propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el pasado año 2025 sólo se entregaron ocho viviendas de promoción pública de nueva construcción. 

En 2023 no se entregó ni una sola vivienda, mientras esperaban más de 25.000 demandantes de vivienda de promoción pública. En 2024, ascendieron a más de 29.000, y se hizo entrega de 16 viviendas. 

Según ese mismo informe, en 2010 se entregaron 325 viviendas y tan sólo había 1.818 demandantes de vivienda de promoción pública. Después de aquel año, en plena crisis económica, se dispararon los demandantes de vivienda pública y se desplomó la adjudicación. De hecho, entre los años 2017 y 2021 no se entregó ni una sola vivienda de promoción pública.  

El Instituto Canario de Vivienda reconocía que “no ha existido una oferta significativa de vivienda pública, mientras que las solicitudes de inscripción se han incrementado de forma sostenida año tras año, alcanzando en 2025 más de 34.000 personas inscritas”. 

Las ocho viviendas de Ingenio

Las ocho casas entregadas el pasado año coinciden con la entrega de llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en el barrio de El Sequero, en el municipio de Ingenio, que realizó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.  

Esa promoción de 8 viviendas tuvo un presupuesto de adjudicación de algo más de 1,6 millones de euros, y un plazo de ejecución de 14 meses. Fueron adjudicadas en régimen de alquiler social para rentas bajas, inferiores a 1,5 veces el IPREM.

Durante aquel acto que tuvo lugar el 15 de diciembre del año pasado el consejero aseguró que desde el Gobierno de Canarias han “situado la vivienda en el centro de nuestra acción política, como un pilar fundamental para mejorar la vida de las personas”. Rodríguez señaló que habían entregado “en el último año más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria”. Pero esas 100 viviendas públicas a las que se refería son de promoción privada, no de promoción pública, como las que entregaba. 

De cara a este año 2026 el consejero se mostraba confiado en que, “con el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año”, aseguraba Rodríguez. 

Cambios en la dirección del ICAVI

Durante aquel acto, al consejero le acompañaban la alcaldesa de Ingenio, el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento, y el entonces director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, quien dimitió dos meses después tras ser procesado por delitos sexuales. 

Estos datos de demandantes de vivienda de promoción pública y las adjudicadas aparecen en un informe del ICAVI que realizó entonces Antonio Ortega como director. Actualmente, es María del Pino de León Hernández la directora del Instituto Canario de la Vivienda, un organismo autónomo que depende directamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias con Pablo Rodríguez a la cabeza. 

1 de cada 5 viviendas está vacía 

Se estima que en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías, esto sería una de cada cinco, las casas deshabitadas que hay en el archipiélago. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponde a las viviendas sin contrato eléctrico o con consumo inferior al de 15 días al año. El propio INE la considera provisional y aproximada. 

Fernando Rodríguez de la asociación Provivienda en Canarias asegura que si tan sólo “se pusieran a disposición una quinta parte de todas esas viviendas que están vacías” en la región, se daría solución a las más de 34.000 personas demandantes de vivienda de promoción pública que hay en el archipiélago. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife señalan que todas esas viviendas vacías “no son inspeccionadas, ni sancionadas, ni expropiadas” como contempla la Ley de Vivienda de Canarias de 2003. Y añaden que se podrían poner como “alternativa habitacional para personas en especiales circunstancias de emergencia social, como también figura en la misma Ley”. 

“18.000 viviendas públicas en Canarias”

Según Provivienda “en Canarias hay unas 18.000 viviendas públicas en total”, lo que supone “apenas el 2% sobre el total del parque residencial de Canarias”.

El Ministerio de Vivienda tiene otras cifras aproximadas sobre el parque de vivienda de titularidad pública que hay en Canarias, y que representa aproximadamente entre el 1,7% y el 3% del parque total de viviendas de las islas. Esto sitúa al archipiélago como una de las comunidades con menor tasa de vivienda pública y social de España, muy lejos del objetivo europeo que ronda el 10%. 

El propio Instituto Canario de Vivienda ha tenido que reconocer que no sabe exactamente cuántas, ni el Estado en que se encuentran las viviendas protegidas que hay en las islas. Este periódico consiguió que el Instituto Canario de la Vivienda le respondiera vía Transparencia, asumiendo que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas.

Promesas sobre vivienda

El pasado mes de marzo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguraba en una tribuna del periódico Canarias7 que en estos momentos se están desarrollando “más de 3.000 viviendas públicas en distintas fases en todo el Archipiélago, 2.000 solo en construcción”. Sobre el Instituto Canario de la Vivienda afirmaba que se iba a incrementar su presupuesto “hasta alcanzar los cerca de 200 millones de euros, el más alto de su historia. A esto se suma el mayor paquete de ayudas al alquiler que ha impulsado el Gobierno de Canarias en los últimos años, con más de 37 millones de euros destinados a apoyar a miles de familias”. Lo cierto es que solo el 2% de las viviendas públicas proyectadas hace cinco años han sido entregadas en Canarias. 

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, el expediente completo. Así se desprende de una providencia dictada este martes por la titular de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en la que pide “con urgencia” tanto el expediente completo como otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización Les Naus.

Por otro lado, a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus Coop. V., promotora de la urbanización de viviendas protegidas, le requiere las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.

Se trata de diligencias planteadas por la Fiscalía y por una de las defensas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Por otro lado, la providencia, a instancias de la defensa de la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, María P.H., investigada en la causa, requiere también a la corporación municipal para que remita antes de las declaraciones previstas el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela antes citada y los antecedentes del mismo a partir de 2016.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las VPO de Alicante rechaza la pretensión de la Generalitat Valenciana de personarse en la causa como perjudicada. El escrito del partido naranja, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona de plano que la Generalitat pueda ejercer la acusación particular —“resulta redundante e innecesaria” al solaparse con el Ministerio Fiscal— y cuestiona que ostente la condición de víctima.

“La pretensión de la Generalitat de ser acusación particular es un intento de fraude procesal”, sostienen los abogados de la formación, Eduardo García Ontiveros y Mamen Peris.

Además, su hipotética personación en el procedimiento “envenena la pureza del proceso penal, introduce intereses extrajurídicos y genera un conflicto de intereses insalvable entre su deber de transparencia y su estrategia de parte acusadora”, apostilla el escrito.

La acusación popular considera que la intención de la Generalitat resulta “procesalmente perturbadora” y “jurídicamente incompatible” con la estructura del proceso penal, “debido al evidente conflicto de intereses que subyace en su intervención”.

El escrito argumenta que la investigación de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante “gravita” sobre la gestión de recursos públicos y la adjudicación de viviendas “cuya tutela, inspección y control corresponden, por mandato legal, a la propia Generalitat Valenciana”.

Además, resulta “inevitable”, a juicio de Ciudadanos, que el foco de la instrucción de la causa “recaiga” sobre los actos administrativos, los informes técnicos y las omisiones de vigilancia de los propios organismos de la Generalitat.

“Por tanto”, agrega el escrito, “permitir que la Administración se persone como acusación particular crea una situación kafquiana en el proceso: la entidad que debería ser fiscalizada por su posible responsabilidad (civil subsidiaria o incluso penal de sus cargos públicos) pretende ocupar el puesto de la víctima”.

Una “bicefalia acusatoria inasumible”

La acusación popular también alerta de una eventual “bicefalia acusatoria pública inasumible” al crearse una “duplicidad de esfuerzos”, en referencia al papel del Ministerio Fiscal. En la hipótesis de que se personara la Generalitat, figurarían dos entes públicos “acusando por el mismo interés general, pero con criterios potencialmente divergentes”.

Otro escenario sería la intervención de la Generalitat en interrogatorios de sus propios funcionarios o técnicos con una posición de parte, “pudiendo condicionar las declaraciones para salvaguardar el prestigio de la institución”.

“La admisión de la Generalitat Valenciana como acusación particular generaría un desequilibrio procesal (ruptura de la igualdad de armas), al permitir que dos instituciones públicas ejerzan la misma función bajo etiquetas distintas, con una duplicidad de esfuerzos acusatorios públicos que no encuentra amparo en la naturaleza del perjuicio alegado”, afirma el escrito.

Por otro lado, la acusación popular también alude a la competencia de la Generalitat para sancionar administrativamente o retirar calificaciones de vivienda de protección pública.

La jueza de Alicante que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública ha enviado a la Policía para entregar la citación a declarar como testigos a los tres funcionarios municipales que no lo hicieron el pasado 8 de mayo, fecha de su primera testifical. Se trata de los mismos tres funcionarios que no acudieron a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha vuelto a citar para el próximo 20 de mayo para que declaren como testigos.

La primera citación se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio ayuntamiento, la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo.

Por el contrario, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), esta nueva citación de cara al próximo 20 de mayo se efectuará ahora por la unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados.

Por otro lado, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el próximo 5 de junio de un investigado, J.B.B., beneficiario de una de las viviendas, a petición de su representación legal. La nueva fecha de esa declaración es también el 20 de mayo.

El Govern valencià, llavors amb Carlos Mazón al capdavant, va aprovar al final de l’any 2024 el decret de règim jurídic dels habitatges de protecció pública (HPP) de la Comunitat Valenciana, que ja va fixar en 2.400 euros el valor de referència del metre quadrat d’aquesta tipologia, 200 euros més del que venia fixat pel Govern del Botànic. És a dir, 18.000 euros més per un habitatge protegit de 90 metres quadrats, que ara ascendeix a 216.000 euros. Tot això després d’anunciar el Pla Viu pel qual el Consell del PP es va comprometre a promoure 10.000 habitatges protegits, la major part de les quals d’iniciativa privada. Un pla la viabilitat del qual depén, per tant, que als promotors els resulte rendible entrar en el mercat dels HPO.

Aquest és un dels motius pels quals la Generalitat estudia una pujada de preus en els pròxims mesos, almenys en les zones més tensionades. La raó és perquè el decret esmentat va introduir l’anomenat mòdul dinàmic que permet adaptar-lo per municipis, tant a l’alça com a la baixa, si es donen situacions que ho justifiquen.

Precisament el desembre de l’any passat la Conselleria d’Habitatge que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l’inici de la consulta pública prèvia per a l’elaboració de l’ordre que determine els valors estàndard i ajustat que componen el nou mòdul dinàmic per a la fixació de preu màxim de venda dels habitatges de protecció pública (HPP) a la Comunitat Valenciana per a aquest exercici, partint dels 2.400 euros esmentats.

Amb aquesta proposta es pretén regular el procediment per a calcular el preu màxim dels HPP, tenint en compte un mòdul dinàmic que inclou criteris objectius com el municipi, la renda mitjana de la població, l’evolució demogràfica o el preu mitjà de compravenda d’habitatges tipus. Així doncs, segons va explicar el director general de Planificació i Polítiques d’Habitatge, Juan Antonio Pérez, “l’elaboració d’aquest estudi permetrà saber la situació de cada municipi per a aplicar el preu de venda estàndard o ajustat a cadascun”.

Sobre aquest tema, a preguntes d’elDiario.es, des de la Federació de Promotors Immobiliaris i Agents Urbanitzadors de la Comunitat Valenciana (Feprova) han afirmat que han traslladat a la Generalitat Valenciana “la necessitat d’actualitzar els mòduls d’HPP; no es tracta d’encarir l’habitatge protegit, sinó d’evitar que directament no es construïsca”.

Així doncs, defensen que “el mòdul hauria d’haver-se actualitzat ja el gener del 2026 per a recollir l’increment de costos produït durant el 2025” i han lamentat que “no fer-ho va ser un error, perquè l’HPP treballa amb marges molt ajustats i no pot promoure’s a pèrdues”.

A aquest desfasament, han explicat que cal afegir “el nou increment de costos derivat del context internacional i del conflicte a l’Orient Mitjà, amb pujades importants en energia, transport i materials”, motiu pel qual defensen “una revisió superior al 7%, encara que entenem que aquest percentatge pot ser un primer pas”. S s’aprova aquest increment, un habitatge de 90 metres passaria a costar 231.000 euros, 15.000 euros més que en l’actualitat.

L’objectiu, han comentat, “ha de ser que hi haja habitatge protegit viable, ja que ”entre fer HPP una mica més car o no fer HPP, la pitjor opció social és no fer-ne“ i han afegit: ”Per al comprador l’impacte pràctic serà limitat; parlem d’habitatges que s’entregaran previsiblement d’ací a dos o tres anys, amb una evolució també de rendes i finançament. I si finalment es faciliten fórmules de finançament al 100%, la diferència pot traduir-se en uns pocs euros més al mes davant l’alternativa real de no tindre accés a un habitatge protegit“.

Pel que fa a ciutats concretes en què hauria d’aplicar-se aquest increment des del seu punt de vista, “la necessitat és especialment intensa en les grans ciutats, les seues àrees metropolitanes i bona part del litoral, on coincideixen més pressió de demanda, escassetat de sòl disponible, costos alts i dificultat d’accés per a rendes mitjanes”.

Sobre compromisos concrets del Consell respecte d’aquestes demandes, han afirmat que “la Generalitat coneix perfectament el problema i confiem que adopte una decisió tècnica com més prompte millor, perquè en depén que moltes promocions d’HPP puguen tirar avant”.

Per part seua, a preguntes d’aquesta redacció, fonts de la Conselleria d’Habitatge no han revelat les seues intencions sobre aquesta petició i s’han limitat a comentar que “el 2023 l’anterior executiu del Botànic va pujar el preu del mòdul de 1.800 a 2.200 euros i el 2024 es va pujar a 2.400, però ara no s’ha avançat res més sobre això”.

El Gobierno valenciano, entonces con Carlos Mazón a la cabeza, aprobó a finales del año 2024 el decreto de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, que ya fijó en 2.400 euros el valor de referencia del metro cuadrado de esta tipología, 200 euros más de lo que venía fijado por el Gobierno del Botánico. Es decir, 18.000 euros más por una vivienda protegida de 90 metros cuadrados, que ahora asciende a 216.000 euros. Todo ello tras anunciar el Plan Vive por el que el Consell del PP se comprometió a promover 10.000 protegidas, la mayoría de ellas de iniciativa privada. Un plan cuya viabilidad depende, por lo tanto, de que a los promotores les resulte rentable entrar en el mercado de las VPO.

Este es uno de los motivos por los que la Generalitat estudia una subida de precios en los próximos meses, al menos en las zonas más tensionadas. Y es que, el mencionado decreto introdujo el llamado módulo dinámico que permite adaptarlo por municipios, tanto al alza como a la baja, si se dan situaciones que así lo justifiquen.

Precisamente en diciembre del pasado año la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el inicio de la consulta pública previa para la elaboración de la orden que determine los valores estándar y ajustado que componen el nuevo módulo dinámico para la fijación de precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana para este ejercicio, partiendo de los mencionados 2.400 euros.

Con esta propuesta se pretende regular el procedimiento para calcular el precio máximo de las VPP, teniendo en cuenta un módulo dinámico que incluye criterios objetivos como el municipio, la renta media de la población, la evolución demográfica o el precio medio de compraventa de viviendas tipo. Así, según explicó el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, “la elaboración de este estudio permitirá conocer la situación de cada municipio para aplicar el precio de venta estándar o ajustada a cada uno de ellos”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, desde la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) han afirmado que vienen trasladando a la Generalitat Valenciana “la necesidad de actualizar los módulos de VPP; no se trata de encarecer la vivienda protegida, sino de evitar que directamente no se construya”.

Así, defienden que “el módulo debió actualizarse ya en enero de 2026 para recoger el incremento de costes producido durante 2025” y han lamentado que “no hacerlo fue un error, porque la VPP trabaja con márgenes muy ajustados y no puede promoverse a pérdidas”.

A ese desfase, han explicado que hay que añadir “el nuevo incremento de costes derivado del contexto internacional y del conflicto en Oriente Medio, con subidas importantes en energía, transporte y materiales”, motivo por el que defienden “una revisión superior al 7%, aunque entendemos que ese porcentaje puede ser un primer paso”. De aprobarse ese incremento, una vivienda de 90 metros pasaría a costar 231.000 euros, 15.000 euros más que en la actualidad.

El objetivo, han comentado, “debe ser que haya vivienda protegida viable2 puesto que ”entre hacer VPP algo más cara o no hacer VPP, la peor opción social es no hacerla“ y han añadido: ”Para el comprador el impacto práctico será limitado; hablamos de viviendas que se entregarán previsiblemente dentro de dos o tres años, con una evolución también de rentas y financiación. Y si finalmente se facilitan fórmulas de financiación al 100%, la diferencia puede traducirse en unos pocos euros más al mes frente a la alternativa real de no tener acceso a una vivienda protegida“.

Respecto a ciudades concretas en las que debería de aplicarse este incremento desde su punto de vista, “la necesidad es especialmente intensa en las grandes ciudades, sus áreas metropolitanas y buena parte del litoral, donde coinciden mayor presión de demanda, escasez de suelo disponible, costes altos y dificultad de acceso para rentas medias”.

Sobre compromisos concretos del Consell con respecto a estas demandas, han afirmado que “la Generalitat conoce perfectamente el problema y confiamos en que adopte una decisión técnica cuanto antes, porque de ella depende que muchas promociones de VPP puedan salir adelante”.

Por su parte, a preguntas de esta redacción, fuentes de la Conselleria de Vivienda no han desvelado sus intenciones sobre esta petición y se han limitado a comentar que “en 2023 el anterior ejecutivo del Botánico subió el precio del móduclo de 1.800 a 2.200 euros y en 2024 se subió a 2400, pero ahora no se ha avanzado nada más sobre eso”.

Los tres altos funcionarios del ayuntamiento de Alicante citados en calidad de testigos por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan no han acudido este viernes a declarar al juzgado para aclarar su papel en el escándalo de las promoción Les Naus.

La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, habían sido citados para testificar a las 10 horas por la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia junto a cuatro funcionarios de la Conselleria valenciana de Vivienda, que sí han declarado aunque sin un contenido “provechoso”, en opinión de las acciones populares.

A partir de ahora, la magistrada ha informado a las partes de que volverá a citar a estos tres funcionarios del ayuntamiento que, casualmente, tampoco comparecieron en la comisión municipal creada por decisión del pleno del ayuntamiento para estudiar lo sucedido en Les Naus.

Los que sí han declarado este viernes han sido el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez, todos ellos de la Generalitat.

Los abogados de las acciones populares, ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), han expresado a los periodistas su sorpresa por las tres incomparecencias e, irónicamente, han comentado que “a lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido perder por los pasillos del excelentísimo ayuntamiento de Alicante”, en palabras del letrado de Cs, Eduardo García-Ontiveros.

Para García-Ontiveros, el juzgado ha hecho diligente su labor de citación pero, por algún motivo, no han llegado a los funcionarios ya que “lo que está claro es que si no han venido es porque la citación del juzgado no les ha llegado personalmente”.

Expedientes que debieron decaer

En cuanto a la declaración de los cuatro funcionarios de la conselleria de Vivienda, se han ratificado en lo declarado hace dos semanas por sus superiores en la primera ronda de declaraciones, aunque sí han aclarado que si un beneficiario de un piso es requerido para aportar documentación adicional y no la aporta, el expediente decae.

Pese a este hecho, García-Ontiveros ha apuntado que aquí sí hay una irregularidad con “responsables que se lo han saltado a la torera” porque “hubo gente a la que se le requirió documentación, hicieron caso omiso y aún así fueron adjudicatarios de una vivienda”.

El abogado de los socialistas, Fernando Cazorla, ha indicado, por su parte, que la citación de los tres funcionarios se tramitó a través de la plataforma municipal, y ha considerado que si una vez que vuelvan a ser citados reinciden en no aparecer, lo lógico es que se llame a la policía para una tercera citación.

El funcionario autonómico que visó el proceso se quedó con un piso

Según Cazorla, lo declarado por los funcionarios autonómicos ha sido “bastante técnico” porque su papel se limita a la segunda revisión de los expedientes una vez que se destapó el escándalo aunque una de las funcionarias ha relatado que tenía una relación de confianza con el técnico que visó en solitario los expedientes, Roberto Palencia, y que una vez que se conoció lo sucedido tuvieron una reunión en el departamento donde éste admitió que la unidad familiar que formaba con su pareja se había quedado con un piso.

Ha añadido que en esa reunión Palencia no manifestó, en todo caso, más irregularidades con respecto a otros beneficiados.

El escándalo por el reparto de las viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan, ha sacudido la actualidad política en Alicante desde finales de enero y ha provocado varias dimisiones, entre ellas la de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, una de las beneficiarias, y la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también fueron objeto de sendos pisos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.