Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.

Más vivienda en Logroño. En concreto 3.000 nuevas viviendas en el área Cascajos Sur. Así lo ha avanzado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la primera jornada del Debate del Estado de la Ciudad. “Tengamos perspectiva. Tengamos escala. Sigamos avanzando”, ha dicho el alcalde. “De esta visión de ciudad nacen políticas públicas que transforman realidades. Y hoy damos un nuevo impulso a ese proyecto con importantes anuncios y acciones para el futuro de Logroño”. Y así, se ha referido al desarrollo del área de Cascajos Sur tras los avances técnicos y la colaboración público-privada“. Lo que va a permitir que Logroño ”cuente con 3.000 viviendas, y más del 40 por ciento de protección oficial sobre una superficie de 640.000 metros cuadrados“. De hecho, según ha explicado, la Junta de Compensación ya agrupa a los propietarios y están en análisis el borrador del Convenio”.

Y además, ha dicho, “se añade un aparcamiento disuasorio subterráneo que servirá al barrio y al Hospital San Pedro Y otro aparcamiento provisional que se habilitará en los próximos meses para favorecer al complejo hospitalario y que resolverá tres cuestiones fundamentales: la mejora de las conexiones en el Hospital San Pedro: la solución a los accesos al Colegio Maristas con nuevos viales y la seguridad urbanística para las industrias del Camino Viejo de Alberite”.

En materia de vivienda, Conrado también se ha referido a la “reactivación del sector Río Batán de Varea con 180 viviendas, hasta 97 de protección oficial”.

A lo largo de su discurso en esta primera jornada, Escobar también se ha referido al “desbloqueo del sector Ramblasque, que incluye más de 900 viviendas protegidas”. También este año, ha dicho, se aprobará el Plan Parcial y “el adelanto de la urbanización para abrir Avenida de la Sierra”. En febrero de 2025 se situaba la apertura de Avenida de la Sierra para diciembre de 2026. “Así se recogía en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Logroño y la Junta de Compensación del sector” y que fue detallado por Escobar y el arquitecto de la propia Junta Jesús Ramos, junto a varios concejales y representantes de los propietarios del suelo de la zona.

En política de vivienda, Escobar ha dicho que el “reto es seguir haciendo de ello una realidad accesible para todos, también a través de una política de vivienda que permita a más personas construir aquí su proyecto de vida. Porque una ciudad no se mide solo por lo que construye, sino por la vida que permite construir en ella”. Y ha dado cifras. El Ayuntamiento de Logroño está impulsando unas “6.409 viviendas, 4.617 libres y 1.792 de protección oficial. Una cifra que refleja la dimensión del reto y nuestra voluntad de movilizar el suelo para ampliar la oferta residencial de Logroño. Calles, dotaciones, zonas verdes. Urbanismo saludable, urbanismo urbano”.

Nuevo contrato de limpieza

“Derecho de todas y todos a disfrutar de nuestra ciudad”, ha resaltado Escobar, que, en este aspecto, ha apuntado el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, el “derecho a 'verdear', porque cada intervención urbana que estamos abordando tiene como premisa ganar espacio para el peatón e incorporar zonas y espacios verdes para la ciudad”. Igualmente, se ha referido al río Ebro como otro “eje de la identidad logroñesa”, con actuaciones como la nueva rampa del embarcadero o su nuevo aprovechamiento con el Proyecto 1521.

Y se ha referido también a la gestión del agua en la ciudad, con el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, con hitos como el corredor ecológico sur, el Barranco de Oyón y el del Horcajo.

Ha añadido otro hito más de ciudad: la Estrategia 2050, “tratar de que Logroño piense un poco más en el largo plazo y que lo haga con menos crispación y más voluntad de consenso”. “Somos ambiciosos y creemos que Logroño siempre merece más, Logroño lo es todo. Por eso, desde este equipo de Gobierno apostamos también por trabajar en la ciudad del mañana”, ha avanzado.

Actividades en marcha

Con todo, no ha querido el alcalde dejar pasar “el presente”, con proyectos en los que se trabaja, comenzando por la movilidad y el espacio público, con la mejora de Vara de Rey con San Antón, más avances para el transporte urbano -con un nuevo contrato-; o las Cien Tiendas, “en enero empezaremos con Doctores Castroviejo; en 2028, con Juan XXIII y San Antón; y en 2029, con Leopoldo Calvo Sotelo”.

En cuanto a la actividad económica, ha apuntado la transformación de la oferta hotelera de la ciudad, con los nuevos estblecimientos en Murrieta, el antiguo edificio de la Electra, el Hotel Niza, el antiguo Montesol; o nuevas inversiones como las empresa Greene Enterprise, que se instalará en Las Cañas con 25 empleos directos y 40 indirectos. “Proyectos que hablan de una ciudad viva, dinámica, que atrae inversión y que quiere estar preparada para recibir más visitantes, más actividad y también más oportunidades”, ha afirmado. Algo a lo que ha sumado la innovación, o que, ha insistido, que “al final de esta legislatura habremos rebajado todos los impuestos que dependen del Ayuntamiento”.

No ha dejado pasar Escobar que la ciudad “también es cuidar y proteger”, con acciones como una nueva residencia intergeneracional en El Campillo; “un paso adelante” en las ayudas para mayores de 85 años; una nueva política de protección social; y una “ciudad segura” que “también forma parte de la calidad de vida”, con la nueva implantación de 85 cámaras, entre otras actuaciones.

Por último, el alcalde ha apuntado la igualdad y el compromiso contra la violencia de género, y la organización de eventos, porque “Logroño también es espectáculo y cultura”, con la ampliación del Teatro Bretón o con otras iniciativas como la oficialización “de nuestros símbolos: Escudo, Bandera e Himno” porque “hacer ciudad también es reconcernos y proyectar nuestra identidad hacia el futuro con orgullo y naturalidad”.

La jueza que instruye la causa del escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante ha descartado archivar la causa, tal como solicitaban las defensas de varios investigados, a la espera de un informe de “especial trascendencia” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La magistrada, en dos autos dictados el pasado 14 de octubre, recuerda que “permanecen pendientes diligencias de investigación de indudable relevancia para la correcta formación del juicio instructor, sin que resulte procedente adoptar una decisión definitiva sobre el devenir del procedimiento sin haber agotado previamente dichas líneas de investigación”.

La instructora aprecia que la investigación “no se encuentra concluida” y aduce que quedan diligencias “pendientes” cuya práctica “resulta objetivamente necesaria para una adecuada valoración de los hechos”.

“En particular”, esgrime la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, falta la incorporación al procedimiento del informe de la UDEF “para la comprobación de extremos fácticos que pueden resultar determinantes a efectos de valorar la concurrencia o no de indicios de infracción penal”. 

“La ausencia de dicho informe impide, en el momento actual, disponer de un cuadro indiciario completo que permita efectuar un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas”, apostilla uno de los autos. 

Una petición “prematura”

Así, la magistrada considera “prematura” la petición de sobreseimiento por parte de las defensas, “pues supondría cerrar anticipadamente la investigación sin haber agotado diligencias de comprobación que aparecen razonablemente útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.

La fase actual de la instrucción, con el informe policial pendiente, “aconseja mantener abierta la investigación hasta que pueda contarse con todos los elementos necesarios para adoptar una decisión fundada, evitando resoluciones prematuras que pudieran comprometer el adecuado esclarecimiento de los hechos”, remacha la jueza María Amparo Rubio, en dos resoluciones que no son firme.    

Hasta 42.000 euros más por un piso de 90 metros cuadrados. Las dos subidas de la vivienda protegida aprobadas por el Gobierno de Aragón en apenas 16 meses han disparado casi un 25%, en los umbrales máximos, el precio de los nuevos inmuebles. El Ejecutivo justifica la medida en el alza de los costes.

El último de los aumentos fue de un 14%, aparece en la orden del pasado julio suscrita por el consejero de Vivienda, Octavio López, y se suma al 9,5% aprobado en abril de 2025. Esos 42.000 euros corresponden a una vivienda tasada, la más cara dentro de la protección oficial, en las zonas de precio más alto, que el Departamento identificó el año pasado con las capitales de provincia. En el régimen general, el más habitual, el límite de un piso de 90 metros en esas mismas zonas ha pasado de unos 151.700 euros a 189.367, casi 37.700 euros más.

La nueva orden, en vigor desde agosto, deroga la de abril de 2025, pero no anula su subida. Así, el 14% se calcula sobre los precios que ya incluían el 9,5%, lo que hace un total del 24,8% en el umbral máximo.

La medida no cambia directamente lo que cuesta cada vivienda, sino que fija el máximo que un promotor puede cobrar por metro cuadrado útil en una promoción protegida. Por debajo de ese límite, cada promoción pone su precio.

El tope se calcula en tres pasos. El módulo básico que sirve de referencia se multiplica por un coeficiente que depende del tipo de vivienda: el régimen especial, pensado para los hogares con menos ingresos; el régimen general, o el régimen tasado, el más caro y que incluye también las viviendas usadas. Por último, en los municipios con más presión de precios se añade un recargo de entre el 5% y el 39%, en función de la zona.

La orden de julio sube los tres coeficientes. En el régimen especial pasa de 1,587 a 1,809 veces el módulo; en el general, de 1,752 a 1,997, y en el tasado y las viviendas usadas, de 1,971 a 2,247. Así, en los tres casos la subida es del 14%, la misma para la vivienda dirigida a las rentas más bajas que para la tasada. Los recargos por zona no cambian, así que el porcentaje es también igual en todo el territorio, desde Zaragoza hasta los municipios que pierden población.

De 27.000 a 42.000 euros más

Como el porcentaje se aplica sobre precios distintos, la subida en euros depende del régimen y la zona. En las áreas más caras, la vivienda tasada de 90 metros puede venderse por 42.386 euros más que antes de abril de 2025, con un límite que ya alcanza los 213.073 euros. La destinada a los hogares con menos recursos sube 29.445 euros, hasta 148.092. En un municipio sin recargo, una vivienda de régimen general de 90 metros cuadrados puede venderse por 27.084 euros más, hasta 136.236.

Solo la orden de julio supone unos 23.200 euros más para el piso de régimen general de 90 metros en la zona más cara: su límite estaba en 166.135 euros desde abril de 2025.

La subida afecta sobre todo a las promociones nuevas, puesto que las VPO que ya existen se revenden al precio máximo que fija el plan de vivienda con el que se calificaron. Solo si ese plan no dice nada se aplica el precio de las nuevas. Mientras, las viviendas protegidas en alquiler ya calificadas mantienen sus rentas máximas.

La orden incluye también un límite para que la subida no se traslade al suelo: el valor del terreno más la urbanización no podrá superar el 17,5% del precio máximo de venta, o el 26,25% en la vivienda tasada.

El umbral de los 2.090 euros

El texto de la orden justifica la medida por el aumento “sostenido” de los costes de materiales, mano de obra y suministros, pero no aporta ninguna cifra que explique por qué la subida debe ser de un 14%. Preguntada por este diario, la Dirección General de Vivienda explica que se analizó la evolución de los costes laborales de la construcción, que han subido casi un 15% en España entre 2023 y 2026, y la de los materiales, un 24% más caros desde 2021 según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entre otros factores.

Según el Departamento, los estudios técnicos que maneja concluyen que, con los costes actuales de construcción, suelo, honorarios técnicos, financiación y una rentabilidad mínima, las promociones de vivienda protegida son “difícilmente viables” con módulos inferiores a 2.090 euros por metro cuadrado útil. El nuevo tope del régimen general en las zonas más caras queda en 2.104 euros, apenas por encima de ese umbral. El Gobierno no ha hecho públicos esos estudios ni ha precisado quién los elaboró. “La actualización del módulo no es una concesión al sector, es una medida imprescindible para que exista un sector capaz de producir la vivienda protegida que Aragón necesita”, sostiene la Dirección General. Si el precio máximo no cubre los costes reales y desaparece la rentabilidad mínima, añade, “sencillamente no se harán viviendas protegidas”.

El propio preámbulo de la orden reconoce que la actualización de 2025 no fue suficiente: pese a ella, argumenta, el desfase entre precios máximos y costes reales “persiste e incluso se ha acentuado”, y la actividad de los promotores sigue siendo “contenida e insuficiente”.

1.000 viviendas protegidas al año

En julio, el consejero Octavio López defendió que “una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie”. Recordó que las asociaciones de promotores pedían un 20% y que, aun con esta subida, Aragón seguía por debajo de la media nacional, a 45,61 euros por metro cuadrado. Esa diferencia es de alrededor del 2% y deja a Aragón en el noveno puesto entre las 17 comunidades, en una posición intermedia. El objetivo del Ejecutivo es que la iniciativa privada construya unas 1.000 viviendas protegidas al año.

Para compensar la subida, el Gobierno autonómico ha ampliado el programa Compra Tu Vivienda de 1,5 a 4 millones de euros. Las ayudas, de entre 5.000 y 18.000 euros según los ingresos, cubrirán gastos de notaría, registro y gestoría. Además, ofrecerá un aval adicional del 15% que permitirá financiar hasta el 95% de la compra, y rebajará del 8% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la reventa de VPO. A diferencia de la subida, que se aplica a todos, estas ayudas dependerán de cada convocatoria, de sus requisitos y del presupuesto disponible.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública en Alicante ha sumado a tres nuevos investigados de la promotora del complejo residencial de Les Naus. Además, la instructora sigue la pista del papel del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, en relación con el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha citado a declarar como investigados al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora de este complejo residencial. Con estos nuevos investigados, que comparecerán el próximo 21 de octubre, son ya 18 los que tienen la condición de imputados en estas diligencias previas desde que fueron incoadas, el pasado mes de febrero.

La instructora ha acordado la práctica de las nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía en una providencia en la que también solicita al Ayuntamiento de Alicante información sobre si llevó a cabo alguna actuación en el proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal desde el acuerdo de la Junta Local de Gobierno que aprobó su valoración, del 10 de julio de 2018, hasta la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 5 de septiembre del mismo año.

La providencia requiere en este sentido a los servicios jurídicos de la Corporación que remita toda la documentación relativa a esa cuestión, incluidas las comunicaciones que pudieran haber mantenido las concejalías de Gestión Patrimonial y de Contratación o las habidas “en el interior de cada concejalía”, así como “peticiones de informes, informes emitidos”.

En concreto, la resolución judicial hace hincapié en la necesidad de que aporte “toda la documentación y comunicaciones relativas a las dudas surgidas sobre el precio de la parcela”, así como sobre la “decisión de suspender cualquier actuación de impulso de dicho expediente” o el “alzamiento de la suspensión”.

Por último, reclama al Consistorio que informe, y aporte toda la documentación y comunicaciones al respecto, sobre si dio alguna publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de julio de 2018, al margen de la publicación en la plataforma de contratación.

La magistrada ha dictado una segunda providencia, en este caso para requerir a la formación política Compromís el depósito de una fianza de 3.000 euros como paso previo para admitir su personación en la causa como acusación popular. 

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley navarra de vivienda que blinda de forma permanente la calificación de las VPO de alquiler. La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que 2.248 viviendas protegidas pierdan su calificación, que está próxima a vencer tras pasar 21 años desde su construcción.

“La ley navarra vulnera claramente la seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral. Ya los navarros están pagando de manera dramática las consecuencias de una política de vivienda sectaria e intervencionista que está practicando María Chivite, que es exactamente la misma que Pedro Sánchez está practicando a nivel nacional”, ha asegurado este el presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas. Navarra, donde los precios de los alquileres están topados en 21 municipios, es de las comunidades donde menos ha subido el precio de la vivienda.

Desde el Gobierno de Navarra han defendido la legalidad de la norma aprobada en el Parlamento navarro, que fue avalada “por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada”. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha afeado al PP que pretenda dar “inseguridad jurídica” a las familias que residen en esas viviendas que iban a perder su calificación y que se han visto “beneficiadas” por la nueva ley.

Alfaro ha anunciado que si el Constitucional admite el recurso, el Gobierno de Navarra se personará para “defender a las familias”. “Ya le dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres”, ha dicho para apostillar: “Si forma parte de una estrategia electoralista, será todavía más ruin”. El PP ha presentado el recurso un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y en pleno debate por los decretos de vivienda.

De las 2.248 viviendas de alquiler cuya calificación fue blindada con la nueva ley navarra, 123 la perderían en febrero del 2027 y otras 67 en agosto de ese mismo año. Según fuentes del Gobierno de Navarra consultadas, si el Constitucional adoptase como medida cautelar la suspensión de la norma a la espera de estudiar el recurso, esas viviendas se podrían ver afectadas por la pérdida de la calificación, si bien confían en que los magistrados no adopten esa medida.

El desarrollo urbanístico en torno a la Avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, “continúa avanzando con diferentes actuaciones para crear nueva vivienda y espacio público”, como ha asegurado este miércoles el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias.

En este sentido, ha señalado el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja firmarán próximamente un convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la unidad de ejecución N07.5 'Mercadal 2', incluida en el PERI 36 'Avenida de Burgos II' de reconversión industrial a residencial del antiguo Polígono San Lázaro. Formada por dos parcelas de titularidad municipal y regional -en la zona en la que se encuentra una caseta de camineros cercana a lo que fue el espacio de 'La Ballena Azul'-, esta unidad de ejecución ofrecerá una superficie total de 837,84 m2 (y un aprovechamiento total de 1.306,45 metros cuadrados de techo) y albergará vivienda VPO, nuevas aceras y zonas ajardinadas en este entorno de Avenida de Burgos.

Como ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno Local, este convenio de gestión para el desarrollo de la U.E. N07.5 'Mercadal 2' será sometido a exposición pública durante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, además de en un periódico de difusión local y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo para ejecutar la urbanización de este espacio será de tres años desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuyas obras se realizarán en una única fase, previa o simultáneamente a las de edificación.

Además, la Junta de Gobierno Local en la sesión de este miércoles ha dado el visto bueno a un suplemento de crédito de 133.755,65 euros, procedentes de remanentes de tesorería, destinados a una asistencia técnica para la realización de un proyecto para próximas actuaciones en la carretera de El Cortijo.

Una serie de actuaciones, que, como ha explicitado el hoy portavoz, contemplan “la conservación y renovación del pavimento, la mejora de las condiciones de seguridad vial y la accesibilidad peatonal”.

Antonio Gallego, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, ha confirmado ante la jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus que la entonces edil de Urbanismo, Rocío Gil, declinó responder a una pregunta sobre el residencial en un pleno municipal, escudándose en que tenía intereses familiares. Se trata de un relato expresado en la comisión de investigación de las Corts Valencianes y que cuestiona la versión oficial del alcalde popular, Luis Barcala.

El testigo, según fuentes jurídicas conocedoras de la declaración, ha explicado que “minutos antes” del pleno, Rocío Gil, actualmente investigada en la causa, le pasó un escrito con la respuesta sobre el residencial Les Naus.

El alcalde dio paso a Gallego y no a Gil, tal como estaba inicialmente previsto. El cambio no había sido comunicado al jefe de gabinete del primer edil, según ha manifestado el exedil.

Por otro lado, Antonio Gallego ha asegurado ante la jueza que desconoce por qué las competencias de patrimonio pasaron de la concejalía de Urbanismo que dirigía Gil a la suya. El exresponsable de Hacienda ha dicho que simplemente asumió esas competencias.

La exconcejala de Urbanismo, en su declaración ante la jueza del pasado 20 de mayo, desvinculó la vivienda que ella y su marido poseen en el residencial Les Naus de su actividad municipal, mientras que Gallego aseguró que Gómez le pidió que respondiera él una pregunta de la oposición sobre esa partida de pisos protegidos al tener ella una casa allí “y que no quería que se mezclaran las cosas”.

Mientras que Barcala ha mantenido que desconocía las irregularidades en la adjudicación de Les Naus, el exconcejal Gallego afirmó en la comisión de investigación que “se puede intuir” que “la alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024”.

L'adjudicació de 34 habitatges públics ha desfermat la polèmica política a Marratxí, un municipi que en les últimes dècades ha experimentat una profunda transformació urbanística i demogràfica fins a convertir-se, amb més de 40.000 habitants, en un dels més poblats de Mallorca. La controvèrsia afecta una promoció d'habitatge protegit en règim de lloguer les obres del qual van arrancar sota mandat socialista, però els criteris d'adjudicació del qual va modificar el PP per prioritzar els residents amb més de cinc anys d'antiguitat a la localitat. Des de l'oposició denuncien, però, que entre els beneficiaris figura el fill d'un regidor del PP i qüestionen tant els criteris aplicats com la falta de transparència del procediment.

La promoció es troba a sa Cabana, un dels nuclis residencials de Marratxí. Tradicionalment vinculats a la vida de poble, aquests nuclis conviuen avui amb noves urbanitzacions i una creixent pressió immobiliària, que ha encarit l'accés a l'habitatge i tensat el mercat del lloguer. A l'agost de 2026, el preu d'oferta de l'habitatge va assolir els 4.040 euros per metre quadrat en el conjunt del municipi, segons Idealista, en un context d'emergència habitacional que converteix cada promoció pública en un recurs especialment escàs.

Les obres de la nova promoció van arrancar el 24 de gener de 2022, durant el mandat del socialista Miquel Cabot. El 2 de desembre de 2023, ja amb el popular Jaume Llompart al capdavant del Consistori, el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recollia els llistats provisionals de participants i les seves puntuacions inicials. L'anunci oficial, consultat per aquest diari, dividia els interessats en tres contingents diferenciats: un de preferent per a persones amb més de cinc anys de residència a Marratxí; un altre d'específic per a residents amb aquesta mateixa antiguitat i mobilitat reduïda, i un contingent general que agrupava els qui duien menys de cinc anys al municipi i la resta de sol·licitants de Balears.

Deu dies després, el 12 de desembre, l'Ajuntament va anunciar un acord amb l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) per donar prioritat en l'adjudicació als residents a Marratxí amb més de cinc anys d'antiguitat i reservar cinc habitatges per a persones amb necessitats especials. Els primers 22 habitatges es van lliurar el 31 de juliol de 2024 i els altres 12, el 21 d'octubre d'aquell any.

El criteri dels cinc anys, sota la lupa

La portaveu de Més per Marratxí, Aina Amengual, assegura que fa vuit mesos que reclama de manera infructuosa documentació sobre el procés i que únicament ha pogut accedir a part de la informació a través de les gestions del diputat Ferran Rosa al Parlament, recriminant que les traves a l'accés a les dades han dificultat la fiscalització d'una adjudicació en la qual cada habitatge resulta especialment rellevant per la situació del mercat residencial.

La formació qüestiona els criteris aplicats en la promoció i la prioritat concedida als residents de Marratxí. Segons les dades difoses llavors pel Consistori -i comprovades per aquest diari en la documentació de l'expedient-, hi havia 80 sol·licitants amb més de cinc anys de residència, a més d'una persona amb mobilitat reduïda i aquesta antiguitat, davant de 910 sol·licitants amb menys de cinc anys de residència a Marratxí o procedents de la resta de Balears. “Ser de Marratxí o portar més de cinc anys empadronat acredita residència i arrelament, però no és el mateix que acreditar una major necessitat d'habitatge”, assenyala Amengual, qui qüestiona l'efecte que va tenir aquest canvi de prioritats i si van poder quedar fora famílies amb majors dificultats habitacionals.

Els ecosobiranistes emmarquen la denúncia en la crisi d'accés a l'habitatge i reclamen transparència sobre un procediment que afecta un nombre reduït d'immobles davant d'una demanda creixent: l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears estima en unes 17.000 el dèficit acumulat d'habitatges durant els últims 25 anys en un context en el qual la població balear va créixer un 46,3% entre 2000 i 2025, davant del 31,5% d'augment del parc residencial. “Parlem de només 34 habitatges davant d'una necessitat enorme. Cada habitatge compta i cada criteri d'adjudicació compta”, afirma Amengual, qui anuncia que continuarà fiscalitzant la documentació per determinar l'efecte dels criteris de residència i les prioritats aplicades, mentre insisteix que la ciutadania ha de conèixer els vincles familiars detectats entre adjudicataris i membres del govern municipal del PP.

La petició d'informació per part d'Amengual, presentada en l'exercici de les seves funcions de fiscalització com a regidora, pretenia conèixer la situació d'ocupació i residència dels immobles vinculats a procediments de desnonament i reallotjament en els nous pisos. Per a això, el passat mes d'abril va reclamar la relació de persones empadronades, la data d'alta en el padró i la composició de les unitats de convivència dels habitatges de la nova promoció. L'Ajuntament, no obstant això, va rebutjar facilitar aquesta informació nominativa al·legant motius relacionats amb la protecció de dades personals.

Al respecte, Amengual defensa que no reclamava la publicació indiscriminada de dades personals, sinó comprovar qui complia efectivament el criteri de residència i des de quan. La formació recorda que el Reglament Orgànic Municipal i la legislació balear de règim local reconeixen aquest dret, subjecte al deure de reserva i confidencialitat.

En la seva resposta, el Consistori al·legava que, en relació amb els habitatges gestionats directament per l'Ibavi, la corporació municipal no és la responsable del tractament de les dades dels seus adjudicataris i que, per tant, Amengual s'havia de dirigir al propi institut, malgrat que el propi criteri d'adjudicació atorgava un paper determinant a la residència a Marratxí: les bases establien un contingent preferent per als qui acredités almenys cinc anys de residència continuada i efectiva en el municipi, al qual només es recorreria abans que al contingent general. Una circumstància que, d'acord amb les bases, s'havia d'acreditar mitjançant certificats municipals d'empadronament. A això se suma el fet que en aquests mateixos edificis hi ha cinc habitatges gestionats per l'Ajuntament de Marratxí en virtut d'un conveni signat amb el Govern el 4 de novembre de 2025.

L'Ajuntament nega haver intervingut

elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Marratxí per aprofundir sobre el tema, des d'on remeten al comunicat que van difondre dissabte passat després de la denúncia pública efectuada per Amengual. En ell, la corporació municipal rebutja les acusacions de la portaveu municipal de Més i assegura que en cap moment va intervenir en l'adjudicació al fill d'un dels seus regidors, el qual, segons la informació recaptada, estava inscrit al Registre de Demandants de l'Ibavi des del març del 2023. Així mateix, nega que existeixi relació de parentiu entre qualsevol altre adjudicatari i els regidors de l'equip de govern.

En la mateixa nota, el Consistori al·lega que és l'Ibavi, i no el Consistori, el que resol el procediment conforme a les bases, requisits i criteris objectius establerts i, sobre l'exigència d'un mínim de cinc anys de residència, sosté que respon a la normativa autonòmica en matèria d'habitatge i busca prioritzar l'accés dels residents del municipi. Finalment, considera “inacceptable llançar acusacions o insinuacions públiques sense aportar proves” i qüestionar l'actuació dels càrrecs i empleats públics que participen en els procediments administratius.

El Govern defensa els seus criteris d'accés

Per la seva part, consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat, de la qual depèn l'Ibavi, asseveren que les adjudicacions per part d'aquest organisme les realitzen els tècnics en base a baremacions i criteris “objectius i transparents”, alhora que consideren que “aquestes insinuacions només cerquen desmerèixer l'esforç mai realitzat en matèria d'habitatge públic per part d'aquest Govern, amb més de 1.800 habitatges públics en tramitació a les Illes Balears”.

Les mateixes fonts incideixen en què els cinc anys de residència a l'arxipèlag és un criteri establert per la llei autonòmica que ajuntaments de diferent signe polític estan aplicant en els seus respectius municipis, entre ells governats pel PSIB i Més.

La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.

La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.

Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.

Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.

El criterio de los cinco años, bajo lupa

La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.

La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.

Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.

La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.

Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.

En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento niega haber intervenido

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.

En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.

El Govern defiende sus criterios de acceso

Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.

Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.

La Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, ha publicado un informe sobre la gestión vivienda protegida entre 2023 y 2025, que concluye que la oferta sigue siendo “muy insuficiente” respecto a la demanda. De hecho, indica, el año pasado se ofertaron 831 viviendas protegidas para una demanda inscrita en el censo de solicitantes de más de 24.000, “lo que supone responder a un 3% de las peticiones de vivienda protegida”.

El acceso a la vivienda, derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 47, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía por la dificultad de acceder a su compra o alquiler. Conscientes de la relevancia social del asunto, las instituciones de control externo del Estado han realizado un trabajo coordinado en el que cada una analiza la situación de la vivienda en su territorio, ha explicado Comptos.

La gestión de la vivienda es una competencia del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que cuenta para gestionar dicha competencia con la sociedad pública Nasuvinsa. El objetivo de la fiscalización se concreta en analizar cuatro aspectos: la relación entre necesidad de vivienda protegida y oferta; los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida; la gestión y control de los registros de solicitantes; y los procedimientos de adjudicación.

Para favorecer la promoción de vivienda protegida, ha explicado, el Parlamento de Navarra ha aprobado diversa normativa referida a la calificación indefinida de vivienda protegida, declaración de zonas de mercado residencial tensionado y arrendamiento asequible. Sin embargo, señala Comptos, la oferta de vivienda protegida sigue siendo “significativamente insuficiente” para atender la demanda.

En este sentido, en 2023 se ofertaron 1.033 viviendas para una demanda de 17.530 según el censo de solicitantes. En 2024, la oferta fue de 650 viviendas protegidas para una demanda de 20.829. El año pasado, salieron al mercado 831 VPO y se demandaron 24.719. En los dos últimos años, por tanto, la oferta ha cubierto el 3% de las solicitudes de VPO. Entre 2023 y 2025, el Gobierno de Navarra gastó 247 millones en políticas de vivienda. Más de la mitad del gasto se destinó a subvenciones para adquisición, arrendamiento y rehabilitación de VPO.

Suelo para más de 34.000 viviendas protegidas en la comarca de Pamplona

Según el informe, el problema del acceso a la vivienda es especialmente grave en la Comarca de Pamplona. Señala que hay suelo para más de 34.000 viviendas, aunque solo el planeamiento de 1.370 está en fase de urbanización.

El planeamiento correspondiente a 23.700 VPO está sin desarrollar y corresponde, principalmente, al PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de Guenduláin, con algo más de 16.000 VP. Otras casi 5.000 VP corresponden al PSIS del Tren de Alta Velocidad, que afecta al barrio pamplonés de Etxabakoitz y a las localidades de Barañáin, Zizur Mayor y Cizur Menor. Orkoien tiene suelo residencial para construir más de 1.500 viviendas protegidas, Ezkabarte para casi 500, Berrioplano para 278 y Aranguren para casi 200.

Respecto al procedimiento de adjudicación de vivienda protegida, el informe señala que es público y transparente. En este sentido, se publican las promociones de viviendas y las adjudicaciones provisionales, que están sujetas a alegaciones.

El informe se refiere también a la labor de inspección, que tiene un doble objetivo: que las VPO no se destinen a estancia turística y que se utilicen como domicilio habitual.

La Cámara de Comptos concluye con algunas recomendaciones para mejorar la gestión de esta materia. Entre otras, impulsar la aprobación y desarrollo del planeamiento para disponer de suelo que permita la construcción de vivienda protegida. También recomienda que se revise periódicamente el censo de solicitantes, eliminando las inscripciones caducadas.

La Fiscalía de Palencia ha decretado el archivo de la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda protegida, un chalé, a una concejala del PP, Laura Lombraña. La decisión es “irrecurrible” aunque se puede acudir a la vía judicial, señala en su escrito el fiscal jefe, Arturo Carrillo. Tal y como adelantó elDiario.es, la denuncia se realizó el pasado mes de marzo por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas y a esta se sumó la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), y una tercera anónima. La investigación del fiscal concluye que no concurren elementos para determinar que se han cometido delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias

Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. En la actualidad es concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

El fiscal solicitó información al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla y León, a la mercantil que gestionó la promoción de la VPO, a la sociedad cooperativa y al Registro de la Propiedad de Palencia. El proceso de venta del suelo por parte del Ayuntamiento arrancó en septiembre de 2019, en octubre se publicó el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en febrero se adjudicó a una cooperativa, que fue la única solicitante. El fiscal hace constar que aunque Lombraña era concejala desde el 2019 no constaba en el expediente municipal que hubiese intervenido en los trámites y tomas de decisión. Por otro lado, la sociedad cooperativa se constituyó en marzo de 2019 y Lombraña no formaba parte de esa asamblea constituyente ni tuvo cargo en ella. Lo que sí consta es la fecha en la que entra como socia en la cooperativa, el 6 de agosto de 2019, momento en el que aportó 3.000 euros y obtuvo el número 34 como cooperativista. Firmó el contrato de adhesión en febrero de 2020. Meses después, en abril se inició el proceso de construcción y de declaración de vivienda protegida.

No constan “irregularidades”

Las conclusiones del fiscal son claras tras examinar toda la documentación aportada. No consta que la concejala tomase decisiones en proceso de venta del suelo, ni en la sociedad cooperativa en la que figura “como partícipe cooperativista en igualdad de condiciones que los otros, con la única finalidad de participar en la adjudicación de unas de las viviendas”. Tampoco constan “irregularidades” en el expediente administrativo sobre el proyecto y adjudicación de las viviendas. Las denuncias planteaban una omisión en el procedimiento de adjudicación cuestionando el sorteo que se hizo entre los cooperativistas.

En este sentido, el fiscal tira de la Ley de Vivienda para aclarar que son promotores para uso propio las cooperativas que financien con medios propios o ajenos la construcción de viviendas para socios o partícipes. El 80% de los socios de esa cooperativa deben estar inscritos en el Registro de Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública en Castilla y León y tener unos ingresos familiares que no excedan 6,5 veces el IPREM y en caso de primera transmisión que no sean inferiores al IPREM. Tampoco se puede ser titular de pleno dominio de otra vivienda en España.

En cuanto a la selección de candidatos, el artículo 64 de la Ley de Vivienda establece que con “carácter general” hay que sortearlo entre quienes forman parte del Registro de Demandantes. Pero la Orden FOM/1982/2008 desarrolla los requisitos del proceso de selección y hay dos opciones: el sorteo público y el sorteo entre los cooperativistas. Este último fue el elegido. Se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

Una declaración de bienes bajo sospecha

El fiscal no entra en la omisión de Lombraña en su declaración de bienes de junio 2023, en la que no aparecía la propiedad que se le entregó en abril, tan solo una cuenta con 7.000 euros, y se refiere únicamente a la que realizó en 2024 y en la que sí figuraba la vivienda.

Sobre esta declaración de bienes de 2024 hay otra denuncia formulada por el Ayuntamiento, ya que se produjo en domingo, día inhábil y apareció cuando salió a la luz la adjudicación del chalé a Lombraña. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió la firma de la secretaria y, también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria. La secretaria fue cesada poco después del escándalo de Lombraña, pero una reciente resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Palencia a readmitirla.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra ha estrenado este martes un nuevo sistema de adjudicación de VPO de alquiler mediante sorteo ante notario. Según destacan desde la consejería se busca así que perfiles que tenían “muy pocas posibilidades de acceder a una vivienda protegida puedan tenerlas también”.

“Se cambian las reglas del juego. Cambiamos la forma en la que se han adjudicado hasta ahora las viviendas protegidas en régimen de alquiler, que era por baremo, para poder llegar a un mayor número de gente”, ha explicado la consejera, Begoña Alfaro al término del sorteo en el que se han adjudicado 87 viviendas protegidas en los regímenes de alquiler social y alquiler asequible situadas en Mutilva, Ansoáin y Alsasua. A ellas hay que sumar otras 10 que se rigen por baremo entre las reservas especiales destinadas a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo y familias numerosas.

El sistema de sorteo es una de las novedades introducidas recientemente respecto al Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, al objeto de “adaptar los requisitos a las nuevas realidades sociales y mejorar los procedimientos de adjudicación”.

La consejera, que ha asistido al comienzo del sorteo, celebrado públicamente y ante notario en la sede del Colegio Notarial de Navarra, ha manifestado “la necesidad de ampliar el parque público de vivienda, dado que el mercado libre expulsa cada vez a más personas”. “Y no hablo únicamente de personas en situación de vulnerabilidad -ha remarcado- hablo de jóvenes, de familias trabajadoras, de personas con rentas medias que tienen ingresos pero que, sencillamente, no pueden asumir los precios actuales del mercado”.

Alfaro ha destacado que “de esta manera, perfiles que hasta ahora tenían muy pocas posibilidades de acceder a una vivienda protegida puedan tenerlas también”. “Queremos promociones diversas, en las que convivan personas jóvenes y mayores, diferentes modelos de familia y diferentes niveles de renta. Y creo que, de esta manera, lo conseguimos”, ha defendido.

Asimismo, la consejera ha explicado que el nuevo procedimiento “permite tener una foto real de la demanda de vivienda de alquiler protegido”. Este nuevo proceso de adjudicación se abrió el pasado 1 de septiembre. Las personas interesadas han tenido un plazo de 13 días para apuntarse en algunas de las promociones ofertadas, registrándose al término una participación 3.898 inscripciones. De ellas, 3.770 optan a promociones de alquiler y alquiler asequible, que se corresponden con 4.995 personas puesto que una misma inscripción puede incluir a varias personas solicitantes.

Los resultados del sorteo se publicarán en la ficha del catálogo de trámites una vez se hayan comprobado las adjudicaciones.

A la tercera ha ido la vencida: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado todos los permisos para cerrar el expediente que permitirá levantar un nuevo barrio de 700 viviendas en la zona norte de la ciudad, pegado al cementerio de San Fernando. De hecho, tan cerca del mismo que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha expresado hasta en dos ocasiones dudas con respecto al proyecto, que el gobierno local del PP ha solventado con una documentación con la que finalmente ha logrado convencer a las autoridades sanitarias de que los hornos crematorios del camposanto no tendrán un impacto negativo en la salud de los futuros residentes.

Los dos informes desfavorables previos se apuntaba que los análisis aportados por la promotora no recogían ciertos contaminantes asociados a la cremación, como dioxinas y furanos. Estas lagunas hacían que “no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición” a estos tóxicos, dudas que Sanidad sí considera ahora que han quedado despejadas.

La promoción en concreto ocupa los suelos de lo que en su día fue la fábrica de Cross San Jerónimo, a caballo entre el polígono industrial de este barrio y Pino Montano, a tiro de piedra del asentamiento chabolista de El Vacie. Ahora, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas, la propuesta se remitirá a la Consejería de Vivienda para que apruebe una operación urbanística que obligará a un cambio del PGOU, para recalificar como urbanizables unos terrenos que ahora tienen la consideración de industriales.

La VPO, a precio casi de vivienda libre

El paso previo ha sido su enésima votación en el pleno municipal, imprescindible para su remisión al Gobierno andaluz. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU votaron en contra expresando no sólo dudas ambientales, sino también cargando contra la decisión de reducir a 280, un 60% menos, las VPO de la promoción, que en principio iba a ser íntegramente de pisos protegidos en alquiler.

Para justificar que de repente más de 400 viviendas hayan pasado a ser de renta libre, se esgrimió en el informe de turno que la nueva propuesta “aumenta la ratio de dotaciones de espacios libres y reduce la edificabilidad total”, de 720 a 686 unidades que incluyen las referidas 280 VPO. “Un nuevo pelotazo urbanístico” y “una barbaridad”, apuntó en el pleno la concejal Susana Hornillo (Podemos).

La cosa no ha quedado ahí, ya que el propio expediente urbanístico justifica este volantazo con el argumento de que en la actualidad el encarecimiento del precio medio por metro cuadrado de la VPO hace que las tarifas de los pisos libres se muevan en horquillas que “se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida”. La venta de estos hogares a precio de mercado, además, son los que permiten afrontar las cargas del correspondiente desarrollo urbanístico.

“Evita la negativa segregación”

De hecho, se llega a apuntar que al proyecto le interesa este cambio radical, ya que “posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida”. Incluso se ensalza que “la incorporación de vivienda libre a la modificación evita la negativa segregación que puede producir una alta concentración de vivienda protegida”, con la idea de que “son las soluciones mixtas las que resultan más favorables para la convivencia”.

Pero al margen del brusco giro que se le ha dado a este proyecto de urbanización, la madre del cordero ha estado en si la cercanía de los hornos crematorios implica un riesgo para los que serán nuevos vecinos. En la propuesta de los promotores, se recoge que algunas de las viviendas estarán a sólo 120 metros de estas instalaciones.

El gobierno local subraya que, más que poner reparos, las autoridades sanitarias lo que han hecho es reclamar “aclaraciones” y más documentación. Tras informes desfavorables sobre el impacto en la salud que se emitieron en enero y septiembre de 2025, finalmente en enero de 2026 se daba el visto bueno.

La ampliación de los crematorios

“Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas”, señala el documento, que considera que las acciones propuestas “garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación”. Así se validó con la publicación en julio en el BOJA de la declaración ambiental estratégica, lo que ha dado pie a su aprobación en el pleno municipal antes de que la Consejería de Vivienda culmine el proceso.

Esto no ha convencido a la oposición de izquierdas, especialmente a Podemos-IU, que por medio de Susana Hornillo denunciaba en el último pleno que el informe aportado por la promotora “no habla de la futura reforma de los crematorios”, que se ampliarán y aumentarán así la emisión de contaminantes. En última instancia, la concejal admitía que no se fía de una autoridad autonómica que ha autorizado nuevos vertidos mineros al Guadalquivir que llevarán al río “85.500 millones de litros de aguas contaminantes”.

El proyecto original para dar uso a una parcela de 101.000 metros cuadrados que llevaba 20 años sin uso fue anunciado por el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, en septiembre de 2021, aunque no recibió el visto bueno en sesión plenaria hasta marzo de 2023. Nada más aterrizar el PP, con José Luis Sanz como regidor, negoció con los propietarios del suelo (constituidos en una junta de compensación) una reforma radical de la propuesta que se anunció en diciembre de 2024 como un desbloqueo de la iniciativa.

La jueza que instruye la causa del escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha citado en condición de testigo al exconcejal del PP Antonio Gallego, quien en la sesión del pasado 2 de julio de la comisión de investigación de las Corts Valencianes contradijo la versión del alcalde Luis Barcala y de la exedil de Urbanismo que figura imputada en el procedimiento, Rocío Gómez.

Así consta en una providencia dictada este jueves por la magistrada que cita al testigo para el próximo 30 de septiembre, aceptando así la solicitud de diligencia de la acusación popular que ejerce Ciudadanos en el procedimiento.

Por otro lado, la resolución también solicita a la Mesa de las Corts Valencianes la remisión de la copia certificada de las actas literales, así como la grabación audiovisual, de la comparecencia de Antonio Gallego el pasado 2 de julio ante la comisión de investigación parlamentaria.

La exconcejala de Urbanismo investigada en la causa, en su declaración ante la jueza del pasado 20 de mayo, desvinculó la vivienda que ella y su marido poseen en el residencial Les Naus de su actividad municipal, mientras que Gallego aseguró que Gómez le pidió que respondiera él una pregunta de la oposición sobre esa partida de pisos protegidos al tener ella una casa allí “y que no quería que se mezclaran las cosas”.

Y mientras que el alcalde popular, Luis Barcala, siempre ha mantenido que desconocía las irregularidades en la adjudicación del residencial Les Naus, el exconcejal Antonio Gallego afirmó en la comisión de investigación que “se puede intuir” que “la alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024”.

Ya ha pasado su primer trámite parlamentario la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda y la simplificación urbanística, cuyo contenido ya ha avanzado este periódico. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado su toma en consideración con los votos a favor de los socialistas y la abstención de PP y Vox.

Ahora pasará el trámite de enmiendas en comisión y después volverá de nuevo al pleno, donde, si se aprueba, quedará ya promulgada, al estar tramitada por la vía de urgencia.

Este primer filtro parlamentario ha servido para que los grupos políticos de las Cortes fijen sus posiciones. Tanto el Gobierno regional como el PSOE han recibido duros reproches del PP y Vox, los dos partidos de la oposición, centrados principalmente en el carácter “urgente” de la norma tras tres legislaturas socialistas; y en la figura de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU). Este último es uno de los instrumentos que contempla la ley para la movilización de suelo destinado a viviendas públicas o con algún tipo de protección.

El primero en intervenir ha sido el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha comenzado defendiendo que “se ha venido trabajando mucho tiempo” en esta nueva norma de la mano de los sectores sociales y de la construcción. “No es una estrategia aislada, sino parte de una hoja de ruta”, ha afirmado, tras haberse “superado”, ha dicho, las expectativas del denominado ‘Plan 10.000’ (la construcción de viviendas a precio asequible que el Gobierno ha promovido en colaboración con empresas constructoras).  

Según ha destacado, ahora esta ley busca poner más viviendas asequibles en el mercado, porque la solución a este problema no viene “solo de las ayudas”, sino que debe haber “más oferta”. Esto se debe, ha dicho, a dos fallos en el mercado: la ausencia de suelo y los costes construcción.

Por eso ha destacado los cuatro pilares de la proposición de ley: poner a disposición del mercado, de la ciudadanía y de las instituciones suelo para vivienda asequible con algún tipo de protección pública; conceder facilidades a las empresas del sector mediante medidas urbanísticas para que “vean rentabilidad” en construir vivienda pública; “vanguardismo urbanístico” mediante nuevas figuras (como los mencionados PRU) que permitan dar “saltos de calidad para grandes soluciones”; y “metabolismo propio, poniendo en la diana a las zonas rurales”.

Para todo ello ha apelado principalmente al voto del PP como “partido moderado”. Básicamente, se ha centrado en medidas como la recalificación de suelo dotacional privado o de uso terciario, que permitirá, por ejemplo, que oficinas o comercios puedan solicitar licencias para edificar vivienda protegida sin solicitar cambios de planeamiento urbanístico, o que se puedan destinar inmuebles de la Administración pública a la vivienda asequible.

El diputado socialista ha referido que los trámites urbanísticos son los que retrasan este tipo de iniciativas, motivo por el que ha defendido los PRU para zonas con infravivienda o con degradación por usos industriales, entre otras condiciones.

“Esta ley no le encasqueta el problema a otras administraciones. El Gobierno regional quiere liderar la ley, da a los ayuntamientos la oportunidad de participar en esos planes”, ha recalcado, junto con otras medidas como el aumento de la edificabilidad hasta 30 por ciento sin necesidad de cambiar el planeamiento municipal o la posibilidad de que las corporaciones locales puedan enajenar suelo público incluso al 50% de su precio de mercado siempre y cuando se destinen a vivienda protegida.

La oposición, contra los Planes de Rehabilitación Urbana

No obstante, estos argumentos han chocado de lleno con la oposición. Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo se ha mostrado en todo momento contrario a la simplificación administrativa al considerar que eso significa “saltarse el planeamiento urbanístico” y “debilitar la autonomía de los ayuntamientos”.

Ha dicho compartir los objetivos de la nueva ley, pero ha afeado al Gobierno que se “haya acordado” de este problema al final de la legislatura y ahora quiera solucionarlo mediante una norma “con muchas taras”. Ha reconocido que “hace falta suelo” y procedimientos administrativos “más ágiles” pero las medidas propuestas introducen “excepciones y reglas” que hacen el sistema “más complejo y menos previsible”.  

Respecto a las modificaciones de la LOTAU que incorpora la propuesta, el diputado de extrema derecha se ha preguntado si es “realmente necesario” un nuevo planeamiento urbanístico (en referencia a los PRU) cuando ya hay instrumentos existentes a nivel local como los planes especiales y de mejora (los PERIM).

En su opinión, crear nuevas figuras supone “escollos” para los ayuntamientos. “Se invierte el proceso. Primero se aprueba una herramienta municipal y después se obliga al ayuntamiento a adaptarse y eso puede generar situaciones muy difíciles para constructores y arquitectos, además de incompatibilidades con los Planes de Ordenación Municipal (POM). Se traslada a los servicios municipales la responsabilidad de interpretar las contradicciones de legislador”.

Ha dicho no negar la competencia autonómica en materia de vivienda y de ordenación territorial, pero “siempre respetando” la autonomía local del municipio, porque son los ayuntamientos quienes “conocen realmente sus necesidades”. “Esto no es simplificación, esto genera incertidumbre, a costa de vaciar de contenido el planeamiento urbanístico municipal y de reducir la autonomía local”, ha concluido.

Similares argumentos ha utilizado el diputado del PP Ignacio Redondo. Ha reprochado igualmente a la Junta de Castilla-La Mancha que lleve 12 años sin resolver el problema de acceso a la vivienda y ahora tramite de forma “urgente” la nueva ley. Y aunque ha reconocido como medidas positivas la recalificación de suelos y el aumento de porcentajes en la edificabilidad, ha preguntado varias veces por qué el Gobierno regional “no lo hizo antes”.

Dicho esto, ha afirmado que la LOTAU no puede ser “un cuaderno de tachones del PSOE” y que simplificar los trámites “no significa seguir acumulando excepciones”, porque “resta seguridad jurídica, sobre todo a los ayuntamientos”.  

En este punto, ha apoyado que haya más suelo para vivienda, pero ha mezclado esta cuestión con el régimen fiscal, pidiendo rebajas para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o para el de Actos Jurídicos Documentados. En general, ha pedido una política fiscal en vivienda “mucho más amplia”.

El diputado del PP ha concluido pidiendo que los ayuntamientos “tengan una voz real” para decidir sobre los instrumentos que contempla la nueva ley, refiriéndose también al hecho de que muchos de ellos no disponen de técnicos y arquitectos municipales o los tienen “compartidos”. Por eso ha pedido a la Junta que se comprometa a ayudar a las administraciones.

Ha concluido el debate el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien primero ha querido poner sobre la mesa que Castilla-La Mancha “siempre ha estado a la vanguardia” en materia de vivienda, con “propuestas innovadoras” y “buscando dinero debajo de las piedras”.

En este sentido, ha destacado que es la única comunidad autónoma que destina políticas de vivienda uno de cada cuatro euros de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Y precisamente, ha avanzado que hay 68 millones de euros de esas partidas “preparados”: 18 millones para el edificio administrativo de Ciudad Real que se destinará a uso residencial y 50 millones para ser la “primera comunidad” que pone en marcha el Sistema de Interés Económico General (SIEG) de la Unión Europea para viviendas en alquiler asequible.

El consejero ha querido igualmente defender la figura del PRU, al que ha denominado “primo hermano residencial” de la fórmula de los PSI (Planes de Singular Interés) que ya se utilizan para proyectos industriales.

Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante

Y junto con ello, ha defendido todos los cambios de la LOTAU: “Hay determinadas iniciativas que, si no es un cañón urbanístico, no salen adelante. De no ser así, no habrían sido posibles proyectos como el Puy do Fou. Lo ordinario es para lo ordinario y lo extraordinario para lo extraordinario”, ha recalcado.  

De hecho, ha dicho que tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía “están viendo cómo copiar” el planteamiento de los PRU para sus barrios y ciudades. Y al mismo tiempo, ha garantizado que el desarrollo de esta herramienta se va a hacer “de la mano” de los ayuntamientos. “Serán singulares de cada ciudad y nosotros vamos a ser parte de la solución”.

Finalmente, Nacho Hernando ha defendido que será una ley “útil, beneficiosa y dará ejemplo a toda España”, al tiempo que ha mostrado su disponibilidad y voluntad para estudiar las aportaciones que quieran hacer los dos partidos de la oposición durante el trámite de enmiendas que seguirá a la toma en consideración de hoy.

El Ayuntamiento de València pierde para el parque público 144 viviendas protegidas de nueva construcción al dejar caducar un procedimiento. El consistorio de María José Catalá, que ha hecho del cuestionado sistema de permutas de suelo su modelo de vivienda, firmó un acuerdo con una constructora por el que cedía varios solares públicos en la Fuente de San Luis a cambio de que la mercantil entregara ya construido un edificio y la compra preferente de otro.

El acuerdo suscrito en 2024 con la promotora inmobiliaria Cap Salou implica la cesión de cuatro parcelas públicas, con capacidad para 400 pisos, a cambio de un bloque de 86 viviendas para el Ayuntamiento, e incorporaba un apartado en el que se establecía el derecho de adquisición preferente para el consistorio sobre las viviendas protegidas de régimen general que se edificaran en esos terrenos públicos, unas 144. El acuerdo daba un plazo de cuatro meses desde la concesión de la licencia de edificación para que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento.

Según la resolución, adelantada por el diario Levante y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el 31 de julio la comisión de Urbanismo acordó dar por caducado el procedimiento para la adquisición preferente, dado que había pasado el plazo sin que se realizara esta acción. Es decir, sobre suelo público se construirán 400 viviendas de gestión privada y las 144 viviendas protegidas pasarán a estar gestionadas por la misma constructora. El inmueble ofrecido en permuta, las 86 viviendas construidas (con garajes y trasteros), se valoran en 20,6 millones de euros, según el acuerdo. Esta permuta fue llevada a Antifraude y al contencioso por el PSPV.

El PP se ha mostrado poco partidario de la compra por tanteo y retracto, un sistema que impulsó Unidas Podemos en el Gobierno valenciano la pasada legislatura y que permitió incorporar viviendas públicas hasta por un euro. Los populares valencianos apuestan en su lugar por la construcción a través de permutas -cambiar suelo edificable por viviendas ya construidas-, un método de privatización de la vivienda protegida que reduce la transparencia.

La coalición Compromís ha denunciado que la operación se deje caer sin que conste “ningún informe, valoración ni evaluación” ni tampoco “su impacto en el interés general”. El concejal de Compromís Ferran Puchades critica que “se haga perder al patrimonio municipal” suelo y viviendas. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha respondido tachando de “cínicos” a los valencianistas: “Renunciaron a más de 800 viviendas con derecho de tanteo y retracto y ahora reclaman lo que ellos no hicieron”. El edil no explica por qué han dejado caducar el proceso.

L’Ajuntament de València perd per al parc públic 144 habitatges protegits de nova construcció perquè ha deixat caducar un procediment. El consistori de María José Catalá, que ha fet del qüestionat sistema de permutes de sòl el seu model d’habitatge, va firmar un acord amb una constructora pel qual cedia diversos solars públics a la Font de Sant Lluís a canvi que la mercantil entregara ja construït un edifici i de la compra preferent d’un altre.

L’acord subscrit el 2024 amb la promotora immobiliària Cap Salou implica la cessió de quatre parcel·les públiques, amb capacitat per a 400 pisos, a canvi d’un bloc de 86 habitatges per a l’Ajuntament, i incorporava un apartat en el qual s’establia el dret d’adquisició preferent per al consistori sobre els habitatges protegits de règim general que s’edificaren en aquests terrenys públics, uns 144. L’acord donava un termini de quatre mesos des de la concessió de la llicència d’edificació perquè l’Ajuntament iniciara el procediment.

Segons la resolució, avançada pel diari Levante i a la qual ha tingut accés elDiario.es, el 31 de juliol la Comissió d’Urbanisme va acordar donar per caducat el procediment per a l’adquisició preferent, atés que havia passat el termini sense que es duguera a terme aquesta actuació. És a dir, sobre sòl públic es construiran 400 habitatges de gestió privada i els 144 habitatges protegits passaran a ser gestionats per la mateixa constructora. L’immoble oferit en permuta, els 86 habitatges construïts —amb garatges i trasters—, es valora en 20,6 milions d’euros, segons l’acord. Aquesta permuta va ser portada a Antifrau i al contenciós pel PSPV.

El PP s’ha mostrat poc partidari de la compra per tempteig i retracte, un sistema que va impulsar Unidas Podemos en el Govern valencià la passada legislatura i que va permetre incorporar habitatges públics fins i tot per un euro. Els populars valencians aposten, en canvi, per la construcció a través de permutes —canviar sòl edificable per habitatges ja construïts—, un mètode de privatització de l’habitatge protegit que redueix la transparència.

La coalició Compromís ha denunciat que l’operació es deixe caure sense que conste “cap informe, valoració ni avaluació” ni tampoc “el seu impacte en l’interés general”. El regidor de Compromís Ferran Puchades critica que “es faça perdre al patrimoni municipal” sòl i habitatges. El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha respost titlant de “cínics” els valencianistes: “Van renunciar a més de 800 habitatges amb dret de tempteig i retracte i ara reclamen el que ells no van fer”. L’edil no explica per què han deixat caducar el procés.

Que Castilla-La Mancha tuviera una Ley de Vivienda propia fue una de las promesas que Emiliano García-Page realizó en su primer debate de investidura, en 2015. En esa legislatura gobernó con Podemos y llegó a redactarse una normativa que finalmente no salió adelante. Lleva desde entonces en un cajón. En la última década, todas las medidas sobre vivienda del Gobierno regional se han realizado vía decretos, ayudas y planes.

El pasado mes de mayo, el propio Page presentó, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, una 'Agenda de Acción por la Vivienda' con horizonte 2030. Se trata de un conglomerado de medidas, algunas ya puestas en marcha y otras todavía pendientes, entre las que se incluían varias modificaciones regulatorias de la comunidad autónoma.

Y ahora, en el tramo final de la legislatura, que culmina en la primavera de 2027, el Gobierno ha decidido unificar parte de todos esos cambios en una única norma. La iniciativa parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha elevado al pleno de este jueves, día 17 de septiembre, una proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. Se tramitará por la vía de urgencia, es decir, acortando plazos. Su aprobación está prevista para noviembre.

Esta misma semana, Page ya ha dejado caer algunas iniciativas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, ha anunciado que parte del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se destinará a viviendas, aunque no aportó más detalles al respecto.

Una situación idéntica es la que tiene el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy en desuso, y sobre el que no hay una decisión definida en cuanto a su utilidad en el futuro. Ayer, Movimiento Sumar Toledo planteó que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo centro hospitalario a “vivienda pública y asequible”, avanzaba su portavoz José Luis Resuela, aprovechando precisamente el anuncio realizado por el presidente regional sobre el viejo edificio del hospital conquense.

Hoy, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez, que ha reconocido en varias declaraciones públicas que hace falta vivienda en la ciudad, también ha verbalizado esta posibilidad, pero advierte: antes la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deben clarificar la propiedad de este edificio. El Gobierno de España ya respondió a varios senadores del PP por Toledo el pasado mes de junio: el trámite está en marcha.

Reconversión de edificios públicos en viviendas

Es una cuestión que está en el espíritu de la nueva norma: una de sus principales novedades es que permitirá al Ejecutivo autonómico la reconversión de los edificios públicos para que se puedan ser “preferentemente” en viviendas. El presidente también avanzó que con la nueva norma se generarán alrededor de un millar de viviendas más con protección pública.

Pero, ¿cuáles son las líneas generales de la nueva normativa? Según el texto consultado por este periódico, en líneas generales, articula un marco integral estructurado en dos grandes bloques normativos, más un conjunto de reformas reglamentarias. Por un lado, las medidas en materia de vivienda, y por otro, las referidas a suelo y urbanismo, aunque en muchos casos, ambos bloques son transversales.

Respecto al primer eje, el Gobierno de Page va a modificar la Ley autonómica que regula las modalidades de viviendas de protección pública, y que data de hace 25 años. La principal novedad es que va a facultar a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para constituir parques públicos de vivienda destinados al acceso de jóvenes y colectivos vulnerables.

Este punto se realizará mediante dos modalidades: vivienda dotacional pública (la desarrollada sobre terrenos o equipamientos públicos) y vivienda social para colectivos en riesgo de exclusión. Esta última estará vinculada a itinerarios de inserción diseñados por los servicios sociales.

Dentro de este primer bloque, la nueva ley ordenará el patrimonio público y residencial del Gobierno regional para que sea “separado, finalista y circular”. El objetivo es que se integre en el patrimonio público de suelo.

Esto quiere decir que sus fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de suelo residencial, promoción de Vivienda Pública Ofical (VPO), rehabilitación del parque público y actuaciones de renovación en el medio rural o zonas despobladas. Se financiará mediante consignaciones presupuestarias, ingresos patrimoniales, multas, donaciones y el 80% de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Al permitir que edificios de uso público se destinen a viviendas, la nueva ley no olvida regular los “desahucios administrativos”: rescisión de contratos de alquiler de esos inmuebles por falta de pago, no destino a vivienda habitual, subarriendo, obras no autorizadas o actividades molestas. Esta medida incluirá el procedimiento de desahucio y recuperación de oficio, aunque requiere autorización judicial para la entrada al domicilio.

Parque social y protección permanente mínima para 50 años

En cuanto a la gestión del parque social de la Junta de Castilla-La Mancha, la nueva norma establece que se formalizará mediante contratos administrativos (arrendamiento, cesión de uso o precario por razones sociales). Se habilita asimismo a la Consejería de Fomento a conceder moratorias individualizadas en el pago del alquiler por “motivos sociales debidamente justificados”.

La nueva norma también incluye el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es una plataforma que en realidad ya existe en la región. Ahora el Gobierno reestructurarlo como registro administrativo regional para asegurar la gestión, control, publicidad y concurrencia transparente en las adjudicaciones.

Otra novedad que las viviendas protegidas, ya sea venta o en alquiler, y que están financiadas con fondos europeos o por el Plan Estatal de Vivienda, pasarán a tener un régimen de protección de carácter permanente, con una duración mínima del régimen de alquiler de 50 años desde su calificación definitiva,

El segundo bloque de nueva norma, el referido a las medidas en materia de suelo y urbanismo supone la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Su principal medida se centra en los Planes de Rehabilitación Urbana. Será una nueva figura de planeamiento para intervenir en ámbitos urbanos residenciales con infravivienda o degradación industrial o ambiental. El texto permitirá, en planes especiales, reclasificar suelo rústico a urbanizable en municipios con necesidades acreditadas de vivienda en zonas escasamente pobladas, siempre que la trama urbana consolidada no pueda absorber la demanda. En estos supuestos, los plazos de tramitación y de aprobación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) se reducirán a la mitad y se eliminará la necesidad de consulta previa.

Además, en parcelas urbanas o urbanizables con uso terciario o dotacional privado, se autorizará la implantación de vivienda protegida con eficacia inmediata y sin necesidad de modificar el planeamiento. Se otorgará un plazo de cinco años para solicitar licencia y tres años para finalizar obras, corriendo los costes de infraestructuras exteriores a cargo del promotor.

Otra cuestión muy relevante en este bloque es que en parcelas destinadas a vivienda protegida en suelo urbano, se permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad máxima y hasta un 30% la densidad residencial, pudiendo autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas sobre lo permitido por el planeamiento.

También se habilitará un procedimiento excepcional para transformar parcelas e inmuebles del sector público regional en vivienda protegida o dotacional, prevaleciendo sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento municipal.

Infraestructuras de “interés” para ejecuciones residenciales

Más novedades: las infraestructuras de energía necesarias para posibilitar ejecuciones residenciales protegidas podrán ser declaradas de “interés público autonómico” por el Consejo de Gobierno, lo que conllevará la tramitación de urgencia a “efectos expropiatorios”. De igual forma, la Consejería de Fomento articulará ayudas “en especie” (redacción técnica de planes generales o revisiones) dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Finalmente, otras precisiones de la futura ley en la parte referente a suelo y urbanismo refieren que las parcelas para vivienda protegida se adjudicarán por concurso valorando las políticas públicas de vivienda, fijando un límite mínimo de venta no inferior al 50% de su valor tasación.

En este punto, hay una cuestión también relevante: se concede un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para que los municipios puedan acordar motivadamente no aplicar, condicionar o limitar territorialmente los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad en sus términos municipales.

El pleno regional de este jueves, día 17 de septiembre, será el pistoletazo de salida para esta nueva ley. Se debatirá su toma en consideración para posteriormente tramitarla en comisión, con las enmiendas que incorporen los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) y en pleno. Una vez aprobada por el pleno, quedará promulgado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.