PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.

El Gobierno de Navarra abrirá este martes un nuevo procedimiento para la adjudicación de 137 viviendas protegidas, 40 en régimen de compra y 97 destinadas al alquiler. Será en las de alquiler en las que se estrenará el sistema de adjudicación mediante sorteo, que tendrá lugar el 22 de septiembre (los resultados se conocerán en los días posteriores) y se podrá seguir en directo a través de este enlace. El proceso para optar a alguna de las promociones estará disponible entre el 1 y el 10 de septiembre de forma telemática en ficha del catálogo de trámites.

Las 40 viviendas para compra se sitúan en Tudela, en la zona del polígono industrial 2, y cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios. Del total de inmuebles, 21 están dirigidos para el tramo de renta bajo y 14 para el alto. Además, se reservan cinco viviendas para personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, víctimas de género y familias numerosas, ha informado el Gobierno foral.

Las 97 viviendas en régimen de alquiler son las primeras que se adjudican mediante sorteo. Se situarán en Alsasua (21 viviendas promovidas por Nasuvinsa), Ansoáin (6, promovidas por Orlan 2019) y Mutilva (70, promovidas por Nasuvinsa), e incluyen viviendas entre uno y cuatro dormitorios, según la promoción.

El sorteo de estas viviendas será público y ante notario, y se realizará entre las personas incluidas en la reserva general, que se distribuirán en cuatro grupos en función de su edad y de si están o no empadronadas en el municipio de la promoción. Así, se diferenciará entre personas jóvenes (de 35 años o menos) y de 60 años o más empadronadas, personas de esos mismos tramos de edad no empadronadas, personas empadronadas y resto de personas. Cada solicitante participará únicamente en el grupo que le corresponda y optará exclusivamente a las viviendas cuyo número de dormitorios coincida con el que especificó en la solicitud al censo.

Las viviendas protegidas se adjudican entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, se encuentran inscritas en el Censo de solicitantes. Todas las viviendas de alquiler de régimen general se asignarán mediante sorteo, aunque se mantienen las reservas especiales (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas, etc.), que continúan adjudicándose por baremo.

Este nuevo proceso de adjudicación ha introducido también cambios en los requisitos de acceso a la vivienda protegida. A partir de ahora, se solicitan 5.000 euros de ingresos mínimos para acceder al alquiler, 19.000 euros para la compra de VPO, y 24.000 euros para la compra de VPT. Además, se ha elevado hasta los 100.000 euros el límite de ingresos procedentes de transmisiones patrimoniales que pueden tener las personas solicitantes.

Asimismo, se ha ampliado la consideración de las unidades familiares al incluir a las personas convivientes que residan junto con hijos e hijas comunes, aunque no exista vínculo matrimonial ni se haya constituido formalmente una pareja estable.

El PSOE de Logroño continúa hablando de vivienda de protección ofical en Logroño, pero esta vez de cuatro solares abandonados que propone sean cedidos al IRVI para construir VPO para jóvenes. Hasta 70 viviendas calculan. El portavoz del grupo municipal del PSOE en Logroño, Luis Alonso, ha exigido al Gobierno de Conrado Escobar que ceda al Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) los solares“abandonados en el Casco Antiguo porque podrían albergar hasta 70 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler.

El socialista ha recordado que en el concurso de venta de suelo para vivienda de 2024, quedaron desiertas cuatro parcelas, tres de ellas en el Casco Antiguo ( Calle la Brava, Hospital Viejo y Calle Ruavieja) y otra en la Estrella que podían albergar 30 viviendas. Pasado un año para poder enajenarlas directamente, “nadie se ha interesado por ellas por lo que es urgente que el Ayuntamiento proceda a cederlas al IRVI para que sea quien las construya y posteriormente las alquile” porque “el Ayuntamiento de Logroño forma parte del IRVI y sus funciones son la de promoción de vivienda social”, recuerdan los socialistas.

La parálisis del solar de Bosonit

Además, Alonso ha lamentado “la parálisis” del Gobierno de Escobar en el solar que iba a albergar una nueva sede de la empresa Bosonit. El concejal ha recordado que, tras la renuncia de esta empresa a construir el edificio, “el alcalde anunció en junio de 2025 un acuerdo con el Gobierno de La Rioja, para ceder la parcela al IRVI para la construcción de entre 35 a 40 viviendas”, pero “ha pasado casi un año y medio y no hay sede de Bosonit, ni máquinas trabajando, ni licencia concedida para esas viviendas ni proyecto arquitectónico, ni tampoco acuerdo de cesión de la parcela”.

Pero lo que es más grave, “tampoco se ha cedido esta parcela al IRVI ni se ha firmado convenio alguno con el Gobierno de La Rioja para construir en este solar esas 30 o 44 viviendas anunciadas”, ha subrayado Alonso, quien ha exigido “explicaciones a Escobar sobre cómo se encuentra ese convenio de colaboración”. Así, el portavoz del PSOE ha insistido en que lo único que ha hecho Escobar relativo a la vivienda es “vender patrimonio municipal para hacer caja y que la adjudicación de VPO sea decidida por empresas privadas”.

Y es que “la vivienda es una urgencia que requiere colaboración entre administraciones, no anuncios de colaboración que casi un año y medio después se quedan en nada” y que el IRVI asuma de verdad su papel en la promoción de vivienda pública especialmente en Logroño, como ya tuvo anteriormente.

El conflicto por la adjudicación de viviendas de VPO en Logroño continúa con un ingrediente más. Tras la última rueda de prensa de los socialistas de Logroño en la que denunciaban “medio año sin respuestas y la ausencia de gestión de Conrado Escobar porque las promotoras siguen sin informar del proceso de adjudicación de estas viviendas protección oficial”, una de estas empresas (CEOSA/GEDEIN) ha respondido públicamente. A través de un comunicado a los medios de comunicación aseguran que “han cumplido con la legalidad en el proceso de selección de compradores y que han respondido a los requerimientos recibidos del Ayuntamiento de Logroño”. Y además invitan al PSOE de La Rioja a que vaya a los tribunales “si cree que la empresa ha incurrido en alguna ilegalidad o irregularidad”.

En el escrito explican que esta empresa compró al Ayuntamiento de Logroño varias parcelas “tras ganar un concurso público” para construir un total de 54 VPO de promoción privada en La Estrella, La Cava y Fardachón, “cumpliendo con la legalidad aplicable, las condiciones establecidas en el pliego de licitación y con el requerimiento recibido por parte del Ayuntamiento de Logroño”.

La empresa promotora también hace referencia a las “continuas ruedas de prensa con insinuaciones insidiosas y falsedades” del PSOE de Logroño. La última, dicen, el 24 de agosto en al que “acusaron a las empresas de ignorar y no dar respuesta a los requerimientos; exigieron que se realice un nuevo requerimiento a las promotoras adjudicatarias e incluso pedir responsabilidades de acuerdo con la legislación vigente”. En dicha rueda, los socialistas hablaron de hasta tres requerimientos a las promotoras; el 12 de febrero, 12 de marzo y 30 de abril. Sin embargo, la promotora asegura que “tan solo le consta uno, el del 20 de marzo al que contestó ese mismo día” aseguran adjuntando las copias de las instancias de registro“.

Este miércoles se ha escrito un nuevo capítulo con la respuesta de los socialistas de Logroño. Su portavoz, Luis Alonso, además de mostrar “todo el respeto por las empresas promotoras”, les ha recordado que no son ellos quienes piden la información sino el Ayuntamiento de Logroño. “Por escrito el 12 de febrero se les requirió documentación sobre el proceso de adjudicación de las viviendas de VPO, en cumplimiento del artículo 46 la Ley de Vivienda”. Todo, con el fin y objetivo “de conseguir que estas sean adjudicadas a aquellas personas que más lo necesiten, asegurando que los procedimientos de adjudicación serán en todo caso de concurrencia pública y publicidad”.

Alonso coincide con Ceosa Gedein en la respuesta efectuada por parte de la promotora el 20 marzo. En lo que discrepa es en el contenido de la respuesta porque “siguen sin informar sobre le proceso de adjudicación de las VPO, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja”. Sí que respondieron, prosigue el socialista, “sobre varios puntos como la calificación provisional y definitiva, la relación de adquirientes o la mejora del porcentaje al pago de la firma”. Pero, en ningún momento, “respondieron a la información requerida sobre le proceso de adjudicación de las viviendas de VPO, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja cuyo objetivo es que estas sean adjudicadas a aquellas personas que más lo necesiten, asegurando que los procedimientos de adjudicación serán en todo caso de concurrencia pública y publicidad”.

Qué dice el artículo 46 de la Ley de Vivienda

Este artículo hace referencia a la adjudicación de vivienda protegida y baremación y que establece que se ponderarán de forma prioritaria: los ingresos de la unidad familiar o de convivencia; el número de miembros de la unidad familiar o de convivencia; la concurrencia de situaciones personales o familiares de especial protección (tales como discapacidad, víctimas de violencia de género, familias numerosas o jóvenes), las condiciones de habitabilidad y necesidad de la vivienda previa y el periodo de residencia o empadronamiento en el municipio o en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En las promociones privadas, prosigue el artículo, la selección de adjudicatarios por los promotores deberá ajustarse al cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda protegida y, en su caso, a los procedimientos de visado y control que reglamentariamente se articulen por la Consejería competente en materia de vivienda.

De igual forma, dicha norma recoge que la Administración podrá establecer los procedimientos necesarios a los efectos de la adjudicación de viviendas protegidas con el fin y objetivo de conseguir que estas sean adjudicadas a aquellas personas que más lo necesiten, siempre que estén dentro del Registro de solicitantes de vivienda protegida, y cumplan los requisitos exigidos al efecto en cada caso. Los procedimientos de adjudicación serán en todo caso procedimientos de concurrencia pública y publicidad.

La promotora se acoge al Pliego de Licitación

Sobre el proceso de adjudicación, la promotora recurre al pliego de licitación municipal según el cual tienen libertad para elegir a los compradores, siempre y cuando cumplan los requisitos de la normativa autonómica. “La selección de las personas físicas a quienes serán enajenadas las viviendas corresponderá a la entidad adjudicataria (CEOSA/GEDEIN), entre aquellos que cumplan la normativa autonómica para poder ser propietarios de una vivienda de protección oficial. Tras la selección, la entidad adjudicataria deberá presentar al Ayuntamiento de Logroño una relación con los datos de los adquirientes junto con los contratos visados por parte de la Consejería competente de la Comunidad Autónoma de La Rioja”. Y en lo relativo al artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja, la promotora defiende que esta norma solo exige convocar un proceso público si la Administración decide explícitamente fijar uno, algo que en este caso no ocurrió.“La Administración podrá establecer procedimiento de la adjudicación: es una potestad, no una obligación. En consecuencia, para la enajenación de las 54 VPO basta con que los compradores estén inscritos en el registro de solicitantes, tal y como exige la legislación vigente”, zanja la promotora.

Y en este caso, para la adjudicación de las viviendas, tal y como ha explicado la promotora, “se creó un listado abierto a todos los posibles interesados al que se inscribieron casi mil personas que manifestaron ante la empresa que cumplen las condiciones exigidas”. Después, “se ha contactado, por orden de inscripción, con cada uno de los interesados hasta el 28 de julio cuando se cubrieron las 54 VPO. Para ello se ha contactado a más de 600 personas interesadas”.

Así zanja el caso la promotora, al menos públicamente. “La empresa nunca ha entrado en jugos políticos, ni en este ni en otros temas, razón por la que no se va a realizar ninguna otra declaración pública más al respecto”, asegura a la vez que insiste al PSOE de Logroño a acudir a los tribunales y demandar si considera que existe alguna ilegalidad o irregularidad con estas 54 viviendas de protección oficial. “No intoxique con falsedades a la opinión pública en contra de una empresa familiar que, además de generar puestos de trabajo y riqueza en Logroño y en La Rioja, está contribuyendo a construir las primeras viviendas sociales que se hacen en La Rioja después de varias legislaturas”.

Todavía no se ha escrito el último capítulo de esta historia que llegará al pleno del Ayuntamiento de Logroño el próximo 3 de septiembre. “Volveremos a solicitar que se cumplan con los requerimientos municipales realizados” apuntan desde el PSOE de Logroño. “Lo que tienen que hacer dichas empresas es contestar al requerimiento municipal por escrito, y explicar en el mismo el procedimiento de selección que ayer explicaron públicamente”. A partir de ahí, el Ayuntamiento deberá “valorar si el proceso realizado cumple o no con el 46 de la Ley de Vivienda y dar traslado de dicha documentación al Gobierno de La Rioja”.

La otra parte implicada, el Ayuntamiento de Logroño desmiente a los socialistas. “Los requerimientos de información a las empresas promotoras de 104 VPO adjudicadas en suelo público en la ciudad se están contestando en los tiempos oportunos y en los márgenes que la Ley establece”. Y ha aprovechado para afear al grupo de la oposición: “Lo que está haciendo es crear ruido, mientras que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar y demostrando con hechos que la vivienda puede ser una realidad en Logroño y desde luego la vivienda de protección oficial ya lo está siendo”.

La Abogacía General de la Junta de Extremadura ya cuenta con la autorización para recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que el Gobierno central regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La decisión formaliza un conflicto judicial que el Ejecutivo autonómico incuba desde hace meses al considerar que la norma estatal incurre en una invasión de competencias exclusivas y penaliza los intereses financieros de la región.

La presidenta regional, María Guardiola, ha informado de la medida al Consejo de Gobierno celebrado este martes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado de forma previa por Extremadura “sin atender ninguna de las objeciones”.

Uno de los ejes centrales del recurso radica en la pretensión del Ministerio de imponer la protección pública permanente e indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) durante toda su vida útil. La Junta rechaza este precepto al entender que el Estado invade las atribuciones exclusivas de la comunidad en materia de urbanismo y vivienda, mermando su libertad para regular el régimen de descalificación y el parque protegido regional.

A esta traba normativa se suma la exigencia económica impuesta a las arcas autonómicas. El decreto obliga a la Junta a asumir el 40% de la financiación del plan (84 millones de euros de los 210 millones previstos para la región), un sobrecoste que el Gobierno extremeño califica de desproporcionado al multiplicar por siete su aportación respecto al periodo anterior y condicionar la elaboración de sus propios presupuestos.

El recurso cuestiona asimismo que la concesión de fondos quede vinculada a la aplicación de mecanismos de la Ley de Vivienda estatal, como los topes al alquiler o la fijación de zonas tensionadas, un esquema que la Junta considera una “coacción financiera” destinada a primar a comunidades urbanas como Cataluña o el País Vasco. El Ejecutivo de Guardiola se niega a intervenir el mercado de la vivienda.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo central tras vencer el plazo de un mes del requerimiento previo, Extremadura activa de forma simultánea un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir la nulidad de pleno derecho de los artículos impugnados.

Las promotoras continúan sin facilitar la información sobre el proceso de adjudicación de las VPO en Logroño al Ayuntamiento. A principios del mes de agosto, los socialistas censuraban que “ninguna promotora ha contestado a los técnicos sobre el proceso de selección, por lo que los expedientes siguen vacíos”. A 26 de agosto el silencio continúa. Así lo ha vuelto a denunciar el portavoz de los socialistas en Logroño, Luis Alonso, quien ha explicado que en el próximo Pleno van a defender una moción en la que exigirán que “se realice un nuevo requerimiento expreso a las empresas promotoras adjudicatarias de parcelas de VPO para que informen del proceso llevado a cabo para la selección de los adquirientes de viviendas en cada promoción”.

Al parecer, se han realizado hasta tres requerimientos a las promotoras: el 12 de febrero, 12 de marzo y 30 de abril. De ninguno de ellos se ha recibido respuesta cuando “tienen diez días hábiles para responder”, aseguran desde el PSOE Logroño. Medio año de silencio y sin respuestas por lo que también exigirán “responsabilidades y que se remita una copia de todo el procedimiento al Gobierno de La Rioja, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de la Ley”.

A principios de mes, fue el concejal socialista, Iván Reinares, quien informó de los trámites que estaban llevando a cabo los técnicos municipales. “Están desmontando las garantías de Conrado Escobar sobre la adjudicación sin publicidad ni sorteo público de 104 viviendas de protección oficial en Logroño” apuntó porque están “exigiendo expresamente la información necesaria para asegurar que el proceso de selección de los compradores ha respetado la Ley”.

Medio año sin respuesta, “mientras que en el Pleno del 5 de marzo la concejala de Vivienda negaba la necesidad de acreditar la concurrencia pública y la publicidad, 20 días antes, el propio Ayuntamiento, a través de sus funcionarios, había requerido a las empresas promotoras información sobre cómo habían aplicado esa concurrencia pública y la publicidad en la adjudicación de las 104 viviendas protegidas”. Es más que evidente que el artículo 46 de la Ley de Vivienda “hay que cumplirlo”.

Y mientras la parte política “decía una cosa a las promotoras, a los medios de comunicación y al Pleno, la parte administrativa del Ayuntamiento velaba por la seguridad jurídica y el cumplimiento de la norma. Por todo ello, el portavoz de los socialistas ha calificado esta situación de ”inédita, ya que “las empresas no contestaron a los requerimientos municipales y el Equipo de Gobierno no ha hecho absolutamente nada”. Y ha concluido afeando la “ausencia total de gestión en todo este proceso” a Conrado Escobar.

La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, María José Salvador, ha denunciado este viernes que el Consell haya esperado hasta este 21 de agosto para publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las ayudas al alquiler joven correspondientes a 2026, ocho meses después de que comenzara el año y cuando miles de jóvenes llevan meses haciendo frente al pago de sus alquileres.

La dirigente socialista ha criticado especialmente que la convocatoria se publique en pleno mes de agosto y establezca únicamente 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

“En pleno mes de agosto y en la víspera de un fin de semana, el Gobierno valenciano tiene la delicadeza de publicar las ayudas al alquiler joven. La gente está pagando su alquiler desde enero y el Consell vuelve a llegar tarde”, ha señalado Salvador, quien ha cuestionado que las ayudas se convoquen en un momento en el que buena parte de la ciudadanía se encuentra de vacaciones.

La portavoz adjunta socialista ha destacado además que la mayor parte de la financiación de estas ayudas procede del Gobierno de España. Según la resolución publicada hoy, el Ejecutivo central aporta 22,8 millones de euros frente a los 7 millones de la Generalitat Valenciana.

“El Gobierno de España triplica la aportación económica al bono joven. Es el Gobierno de España el que está impulsando y ayudando a los jóvenes y no tan jóvenes de la Comunitat Valenciana a emanciparse y acceder a una vivienda”, ha apuntado.

Salvador ha contrapuesto esta situación con la política de vivienda protegida del Consell y ha asegurado que “el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana se llama Partido Popular”. En este sentido, ha añadido que “el Partido Popular y el señor Pérez Llorca ni están ni se les espera en materia de vivienda”, al considerar que el Consell no está dando respuesta a uno de los principales problemas de las familias y jóvenes valencianos.

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts ha recordado además que el pasado 14 de agosto se publicó la segunda subida del precio de la vivienda protegida en menos de dos años, que eleva el incremento acumulado del módulo hasta el 16,6%.

“Si la respuesta del Gobierno valenciano, del Partido Popular, a la crisis habitacional que tienen las valencianas y valencianos es subir los precios de la vivienda protegida, sinceramente creo que está todo dicho”, ha señalado.

Según ha denunciado el PSPV-PSPE, el nuevo módulo puede situar las cuotas hipotecarias de una vivienda protegida en torno a los 900 euros mensuales y, de acuerdo con los datos del Colegio de Notarios, el precio de la vivienda protegida se situaría por encima del precio medio de la vivienda usada en las tres provincias valencianas.

Por todo ello, el Grupo Socialista en las Corts Valencianes presentará una iniciativa parlamentaria para reclamar la retirada de las dos subidas consecutivas del módulo de la vivienda protegida.

“El Partido Popular se está convirtiendo en un agente más del mercado de la especulación de la vivienda”, ha concluido Salvador, que ha defendido que la vivienda protegida debe cumplir su función de garantizar el acceso a una vivienda a las personas que no pueden hacerlo en el mercado libre.

L’escalada que ha experimentat en els dos últims anys el preu de l’habitatge protegit després de les diferents pujades aprovades pel Govern valencià del PP en 2024, amb Carlos Mazón com a president, i en l’actual exercici amb Juan Francisco Pérez Llorca com a cap del Consell, ha fet que, en alguns casos, la diferència de costos entre adquirir una HPO i una casa de renda lliure siga mínima.

Fins i tot, estadísticament, el preu màxim del metre quadrat d’un habitatge protegit aprovat recentment pel Govern valencià està 900 euros per damunt del que es paga de mitjana per un immoble de renda lliure a la Comunitat Valenciana, segons les dades del Portal Estadístic del Notariat, que reflecteixen les dades reals de compravendes registrades davant de notari.

Com ha vingut informant elDiario.es, en tan sols dos anys el Govern valencià del PP ha aprovat dues pujades del metre quadrat per a aquest tipus d’immobles que suposen un encariment acumulat del 16,7%, passant dels 2.200 euros que va deixar l’anterior executiu d’esquerres en 2023 als 2.400 euros aprovats en 2024 i als 2.568 euros anunciats recentment. Es tracta del preu màxim del metre quadrat al qual un promotor privat pot vendre un HPO.

Tanmateix, les dades del Portal Estadístic del Notariat, elaborades a partir de les escriptures de compravenda, situen el preu mitjà de l’habitatge (pisos i cases), tant nous com de segona mà, en 1.709 euros el metre quadrat en el conjunt de la Comunitat Valenciana en els últims 12 mesos. Són preus reals de les operacions, no preus d’oferta. La diferència respecte del mòdul màxim d’HPO aprovat és de 859 euros.

Si bé és cert que l’estudi comparatiu iguala un preu màxim que no s’aplicarà en tots els municipis, en el cas, per exemple, de ciutats tensionades com la ciutat de València, en què els HPO sí que es vendran al preu màxim del mòdul (2.568 euros el metre quadrat), la mitjana de les operacions de renda lliure, tant d’obra nova com de segona mà, registrades davant de notari situa el valor del metre quadrat en 2.654 euros, pràcticament el mateix preu que els habitatges protegits. Si es desglossen ambdues modalitats, les d’obra nova ascendeixen a 3.202 euros i les de segona mà a 2.608 euros.

En el cas de la ciutat d’Alacant, un altre mercat certament tensionat, el preu mitjà del metre quadrat de renda lliure registrat davant de notari ascendeix a 1.992 euros, 600 euros menys que el preu màxim dels HPO. En concret, són 2.763 euros en el cas de les d’obra nova i 1.947 euros les de segona mà.

A Castelló de la Plana, els notaris van registrar en l’últim any vendes d’habitatges de renda lliure per un preu mitjà de 1.331 euros el metre quadrat, amb 2.222 euros en el cas de les d’obra nova (300 euros menys que el mòdul màxim del HPO) i 1.248 euros les de segona mà.

El PSPV presentarà una PNL per a abaixar els preus

El PSPV presentarà a les Corts una proposició no de llei (PNL) per a exigir al Consell de Pérez Llorca que revertisca la política d’habitatge protegit desenvolupada pel Partit Popular i retire les dues pujades del preu màxim del HPO aprovades durant el seu mandat.

La portaveu adjunta del Grup Socialista a les Corts, María José Salvador, va reclamar al Consell que recupere el mòdul de 2.200 euros per metre quadrat que va establir l’últim Govern del Botànic, abans que l’Executiu del Partit Popular l’elevara a 2.400 euros en 2024 —amb l’establiment del “mòdul dinàmic” que permet noves pujades— i l’haja tornat a incrementar ara fins als 2.568 euros per metre quadrat.

La iniciativa també reclamarà recuperar el límit d’ingressos que existia anteriorment per a accedir a l’habitatge protegit, per a evitar que s’amplie l’accés a llars amb rendes més elevades mentre s’incrementa en paral·lel el preu dels immobles.

El PSPV planteja recuperar la referència de 6,5 vegades l’IPREM referit a 12 pagues, davant de la referència a 14 pagues que s’utilitza actualment. Amb l’IPREM vigent de 600 euros mensuals, aquesta diferència suposa passar d’un llindar de 46.800 euros anuals a 54.600 euros, és a dir, 7.800 euros més d’ingressos a l’any, cosa que representa un 16,7% d’increment.

Salvador va defensar a més que l’habitatge protegit que es construïsca amb suport públic ha de mantindre la seua protecció i la seua funció social de manera permanent, per a evitar que puga acabar convertit en habitatge lliure i ser objecte d’operacions especulatives.

La escalada que ha experimentado en los dos últimos años el precio de la vivienda protegida tras las diferentes subidas aprobadas por el Gobierno valenciano del PP en 2024, con Carlos Mazón como presidente, y en el presente ejercicio con Juan Francisco Pérez Llorca como jefe del Consell, ha hecho que, en algunos casos, la diferencia de costes entre adquirir una VPO y una casa de renta libre sea mínima.

Incluso, a nivel estadístico, el precio máximo del metro cuadrado de una vivienda protegida recientemente aprobado por el Gobierno valenciano está 900 euros por encima de lo que se paga de media por un inmueble de renta libre en la Comunitat Valenciana, según los datos del Portal Estadístico del Notariado que reflejan los datos reales de compraventas registradas ante notario.

Como ha venido informando elDiario.es, en tan solo dos años el Gobierno valenciano del PP ha aprobado dos subidas del metro cuadrado para este tipo de inmuebles que suponen un encarecimiento acumulado del 16,7% pasando de los 2.200 euros que dejó el anterior ejecutivo de izquierdas en 2023 a los 2.400 euros aprobados en 2024 y a los 2.568 euros anunciados recientemente. Se trata del precio máximo del metro cuadrado al que un promotor privado puede vender una VPO.

Sin embargo, los datos del Portal Estadístico del Notariado, elaborados a partir de las escrituras de compraventa, sitúan el precio medio de la vivienda (pisos y casas) tanto nuevas como de segunda mano en 1.709 euros el metro cuadrado en el conjunto de la Comunitat Valenciana en los últimos 12 meses. Son precios reales de las operaciones, no precios de oferta. La diferencia con respecto al módulo máximo de VPO aprobado es de 859 euros.

Si bien es cierto que la comparativa equipara un precio máximo que no en todos los municipios se aplicará, en el caso por ejemplo de ciudades tensionadas como la ciudad de València, en la que las VPO sí se venderán al precio máximo del módulo (2.568 euros el metro cuadrado), la media de las operaciones de renta libre, tanto de obra nueva como de segunda mano, registradas ante notario sitúan el valor del metro cuadrado en 2.654 euros, prácticamente el mismo precio que las viviendas protegidas. Si se desglosan ambas modalidades, las de obra nueva ascienden a 3.202 euros y las de segunda mano a 2.608 euros.

En el caso de Alicante ciudad, otro mercado ciertamente tensionado, el precio medio del metro cuadrado de renta libre registrado ante notario asciende a 1.992 euros, 600 euros menos que el precio máximo de las VPO. En concreto, 2.763 euros en el caso de las de obra nueva y 1.947 euros las de segunda mano.

En Castellón de la Plana, los notarios registraron en el último año ventas de viviendas de renta libre por un precio medio de 1.331 euros el metro cuadrado, alcanzando los 2.222 euros las de obra nueva (300 euros menos que el módulo máximo de las VPO) y los 1.248 euros las de segunda mano.

El PSPV presentará una PNL para rebajar los precios

El PSPV presentará en las Corts una proposición no de ley (PNL) para exigir al Consell de Pérez Llorca que revierta la política de vivienda protegida desarrollada por el Partido Popular y retire las dos subidas del precio máximo de las VPP aprobadas durante su mandato.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Corts, María José Salvador, reclamó al Consell que recupere el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado que estableció el último Gobierno del Botànic, antes de que el Ejecutivo del Partido Popular lo elevara a 2.400 euros en 2024 —con el establecimiento del “módulo dinámico” que permite nuevas subidas— y lo haya vuelto a incrementar ahora hasta los 2.568 euros por metro cuadrado.

La iniciativa también reclamará recuperar el límite de ingresos que existía anteriormente para acceder a la vivienda protegida, para evitar que se amplíe el acceso a hogares con rentas más elevadas mientras se incrementa en paralelo el precio de los inmuebles.

El PSPV plantea recuperar la referencia de 6,5 veces el IPREM referido a 12 pagas, frente a la referencia a 14 pagas que se utiliza actualmente. Con el IPREM vigente de 600 euros mensuales, esta diferencia supone pasar de un umbral de 46.800 euros anuales a 54.600 euros, es decir, 7.800 euros más de ingresos al año, lo que representa un 16,7 % de incremento.

Salvador defendió además que la vivienda protegida que se construya con apoyo público debe mantener su protección y su función social de forma permanente, para evitar que pueda terminar convertida en vivienda libre y ser objeto de operaciones especulativas.

Les persones amb rendes més modestes ho tenen cada vegada més complicat per a adquirir un habitatge a la Comunitat Valenciana, fins i tot encara que siga protegit. Una tipologia que per definició ha de tindre un preu assequible que en permeta la compra a estos sectors de la població amb menys possibilitats econòmiques, els quals no poden accedir al mercat de renda lliure.

I és que, en tant sols dos anys, el Govern valencià del PP, que dirigeix ara Juan Francisco Pérez Llorca, ha aprovat dues pujades del metre quadrat per a este tipus d'immobles que suposen un encariment acumulat del 16,7% i passen dels 2.200 euros que va deixar l'anterior executiu d'esquerres en 2023 als 2.400 euros aprovats en 2024 i als 2.568 euros anunciats recentment.

Això implica que un habitatge protegit de 90 metres quadrats que en 2023 valia 198.000 euros passarà a costar ara 231.120 euros, un preu allunyat del que poden permetre's els principals col·lectius amb problemes per a adquirir un immoble per l'increment desorbitat dels preus durant els últims anys.

El Consell de Pérez Llorca ha claudicat així, una vegada més, davant les demandes dels promotors, dels quals depén l'avanç del Plan Vive, el projecte estrela dels populars per mitjà del qual es van comprometre a construir en estos quatre anys de legislatura un total de 10.000 habitatges.

Segons el balanç anual de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), el nombre d'habitatges acabats és de 192 a tancament de desembre de 2025, mentre que 2.062 estan en construcció, 1.578 es troben adjudicats i unes altres 1.268 unitats estan en fase de licitació.

Com va informar elDiario.es, la Federació de Promotors Immobiliaris i Agents Urbanitzadors de la Comunitat Valenciana (Feprova) traslladava durant els últims mesos a la Conselleria d'Habitatge que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero “la necessitat d'actualitzar els mòduls de VPP; no es tracta d'encarir l'habitatge protegit, sinó d'evitar que directament no es construïsca”, argumentaven.

La patronal explicava que “el nou increment de costos derivat del context internacional i del conflicte al Pròxim Orient, amb pujades importants en energia, transport i materials” feia necessària “una revisió superior al 7%, tot i que entenem que eixe percentatge pot ser un primer pas”. I eixe primer pas és justificadament el que ara s'ha anunciat, amb un augment del metre quadrat del 7% respecte al preu anterior aprovat en 2024.

El PSPV denuncia la política de “negoci” del PP

La portaveu meua adjunta del Grup Socialista en les Corts, María José Salvador, ha denunciat que el nou preu de l'habitatge de protecció pública (VPP) fixat pel Consell de Pérez Llorca converteix l'accés a una VPP en una operació econòmica inassumible per a la majoria de famílies valencianes. “Estem parlant d'habitatges que haurien de ser assequibles i que, així i tot, obliguen a assumir una hipoteca de vora 900 euros al mes durant 25 anys”, ha assenyalat Salvador.

Amb el nou mòdul de 2.568 euros per metre quadrat, un habitatge protegit de 90 metres quadrats arriba a un preu de 231.120 euros. Segons Salvador, si el banc finança el 80% del valor, el préstec hipotecari ascendiria a 184.896 euros, mentre que la persona o família compradora hauria d'aportar els 46.224 euros restants, a més dels impostos i despeses associades a l'adquisició.

“Estem parlant que la quota que haurien de pagar les famílies seria de quasi 900 euros al mes durant 25 anys per a accedir a un habitatge que se suposa que és protegit i assequible”, ha assenyalat Salvador, el qual ha reclamat al Consell que explique com pretén que les famílies treballadores puguen accedir a estos habitatges amb este nivell de preus.

“El Partit Popular està abordant sistemàticament la política d'habitatge des del negoci i no des del dret. Està pensant en els interessos dels constructors i no en els interessos dels valencians i valencianes que necessiten un habitatge protegit. I el resultat és evident: hui, a la Comunitat Valenciana, és més difícil accedir a un habitatge protegit que ahir. Precisament per a les persones que no poden accedir a un habitatge lliure i que necessiten que l'Administració pública els oferisca una alternativa assequible”, ha conclòs Salvador.

El PP defensa que la pujada és “moderada i responsable”

La portaveu d'Habitatge del GPP en les Corts, Candela Anglés, ha lamentat que el PSPV “torne a utilitzar l'habitatge protegit com a arma política i pretenga enganyar les famílies valencianes amb càlculs interessats que no reflectixen la realitat de la VPP”.

Anglés ha explicat que l'actualització aprovada pel Consell suposa “una actualització moderada i responsable que està molt per davall de l'increment real dels costos de construcció, el qual arriba al 21,79% des de desembre de 2024”. Una mesura “necessària” que “compta a més amb el suport tècnic de la Càtedra Observatori de l'Habitatge de la UPV”.

Candela Anglés ha destacat que “hui els joves tenen una oportunitat de comprar habitatge, cosa que amb María José Salvador mai van tindre perquè va ser la consellera dels zero habitatges socials”, i ha afegit que enfront del dèficit de la seua política d'habitatge hi ha un Consell que es preocupa i s'ocupa de garantir oportunitats d'habitatge a aquells qui més la necessiten, joves i famílies. En eixe sentit ha remarcat que hi ha “poques lliçons dels qui van pujar 400 euros de colp el preu de la VPP i van provocar la meua crisi d'habitatge que hui estem patint”, en referència a l'increment aprovat en 2023 per l'executiu d'esquerres quan va augmentar el preu del metre quadrat de 1.800 a 2.200 euros, després d'estar 10 anys congelat.

La diputada popular ha insistit que “el que fa el Consell no és encarir artificialment l'habitatge protegit, sinó actualitzar el seu sostre màxim de venda perquè siga sent viable construir VPP a la Comunitat Valenciana. Si no s'actualitza el mòdul segons els costos reals, el que ocorre és precisament el que ja vam viure amb el Botànic: es paralitza la construcció d'habitatge protegit”.

Las personas con rentas más modestas lo tienen cada vez más complicado para adquirir una vivienda en la Comunitat Valenciana, incluso aunque esta sea protegida. Una tipología que por definición debe tener un precio asequible que permita su compra a estos sectores de la población con menos posibilidades económicas, los cuales no pueden acceder al mercado de renta libre.

Y es que, en tan solo dos años el Gobierno valenciano del PP, que dirige ahora Juan Francisco Pérez Llorca, ha aprobado dos subidas del metro cuadrado para este tipo de inmuebles que suponen un encarecimiento acumulado del 16,7% pasando de los 2.200 euros que dejó el anterior ejecutivo de izquierdas en 2023 a los 2.400 euros aprobados en 2024 y a los 2.568 euros anunciados recientemente.

Esto implica que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados que en 2023 valía 198.000 euros pasará a costar ahora 231.120 euros, un precio alejado de lo que pueden permitirse los principales colectivos con problemas para adquirir un inmueble por el desorbitado aumento de los precios en los últimos años.

El Consell de Pérez Llorca ha claudicado así, una vez más, ante las demandas de los promotores, de los que depende el avance del Plan Vive, el proyecto estrella de los populares por medio del que se comprometieron a construir en estos cuatro años de legislatura un total de 10.000 viviendas.

Según al balance anual de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el número de viviendas terminadas es de 192 a cierre de diciembre de 2025, mientras que 2.062 están en construcción, 1.578 se encuentran adjudicadas y otras 1.268 unidades están en fase de licitación.

Como informó elDiario.es, la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) venía trasladando en los últimos meses a la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero “la necesidad de actualizar los módulos de VPP; no se trata de encarecer la vivienda protegida, sino de evitar que directamente no se construya”, argumentaban.

La patronal explicaba que “el nuevo incremento de costes derivado del contexto internacional y del conflicto en Oriente Medio, con subidas importantes en energía, transporte y materiales” hacía necesaria “una revisión superior al 7%, aunque entendemos que ese porcentaje puede ser un primer paso”. Y ese primer paso es justamente el que ahora se ha anunciado, con un aumento del metro cuadrado del 7% con respecto al precio anterior aprobado en 2024.

El PSPV denuncia la política de “negocio” del PP

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha denunciado que el nuevo precio de la vivienda de protección pública (VPP) fijado por el Consell de Pérez Llorca convierte el acceso a una VPP en una operación económica inasumible para la mayoría de familias valencianas. “Estamos hablando de viviendas que deberían ser asequibles y que, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años”, ha señalado Salvador.

Con el nuevo módulo de 2.568 euros por metro cuadrado, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanza un precio de 231.120 euros. Según Salvador, si el banco financia el 80% del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia compradora tendría que aportar los 46.224 euros restantes, además de los impuestos y gastos asociados a la adquisición

“Estamos hablando de que la cuota que tendrían que pagar las familias sería de casi 900 euros al mes durante 25 años para acceder a una vivienda que se supone que es protegida y asequible”, ha señalado Salvador, quien ha reclamado al Consell que explique cómo pretende que las familias trabajadoras puedan acceder a estas viviendas con este nivel de precios.

“El Partido Popular está abordando sistemáticamente la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho. Está pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de los valencianos y valencianas que necesitan una vivienda protegida. Y el resultado es evidente: hoy, en la Comunitat Valenciana, es más difícil acceder a una vivienda protegida que ayer. Precisamente para las personas que no pueden acceder a una vivienda libre y que necesitan que la Administración pública les ofrezca una alternativa asequible”, ha concluido Salvador.

El PP defiende que la subida es “moderada y responsable”

La portavoz de Vivienda del GPP en Les Corts, Candela Anglés, ha lamentado que el PSPV “vuelva a utilizar la vivienda protegida como arma política y pretenda engañar a las familias valencianas con cálculos interesados que no reflejan la realidad de la VPP”.

Anglés ha explicado que la actualización aprobada por el Consell supone “una actualización moderada y responsable que está muy por debajo del incremento real de los costes de construcción, que alcanza el 21,79% desde diciembre de 2024”. Una medida “necesaria” que “cuenta además con el respaldo técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV”.

Candela Anglés ha destacado que “hoy los jóvenes tienen una oportunidad de comprar vivienda, cosa que, con María José Salvador nunca tuvieron porque fue la Consellera de las cero viviendas sociales”, frente al deficiente de su política de vivienda hay un Consell que se preocupa y ocupa de garantizar oportunidades de vivienda a quienes más la necesitan, jóvenes y familias“. En ese sentido ha remarcado que ”pocas lecciones de quienes subieron 400 euros de golpe el precio de la VPP y provocaron la crisis de vivienda que hoy estamos padeciendo“, en referencia al incremento aprobado en 2023 por el ejecutivo de izquierdas cuando aumentó el precio del metro cuadrado de 1.800 a 2.200 euros, tras estar 10 años congelado.

La diputada popular ha insistido en que “lo que hace el Consell no es encarecer artificialmente la vivienda protegida, sino actualizar su techo máximo de venta para que siga siendo viable construir VPP en la Comunitat Valenciana. Si no se actualiza el módulo conforme a los costes reales, lo que ocurre es precisamente lo que ya vivimos con el Botànic: se paraliza la construcción de vivienda protegida”.

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha oficializado este viernes, mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la actualización del valor estándar por el que se fija el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP). La resolución determina un incremento del 7% para el ejercicio 2026, de modo que el tope pasa de los 2.400 euros a 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil. Así, una vivienda de 70 metros cuadrados útiles se sitúa en 179.760 euros, mientras que otra de 90 metros cuadrados alcanzará un valor de 231.120 euros.

Esta revisión al alza se fundamenta en la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, redactada tras la aprobación de la Ley 5/2026 de medidas fiscales y de gestión administrativa. La memoria económica elaborada por la Subdirección General de Vivienda justifica la aplicación de una variación superior a la estimación del Índice de Precios de Consumo (IPC) al considerar acreditada una “evolución de las condiciones económicas que inciden en la promoción y construcción”.

Entre los condicionantes señalados por la Administración autonómica destacan factores internacionales como el encarecimiento de los materiales, la crisis energética o las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio. Asimismo, el informe técnico argumenta que el sector de la edificación residencial en la Comunitat Valenciana soporta una “presión adicional sobre la disponibilidad de mano de obra y de determinados recursos” derivada de las labores de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Una senda alcista para incentivar la promoción privada

El ajuste aprobado supone un nuevo escalón en el precio marco de la protección pública respecto al mandato anterior. En junio de 2023, el Gobierno del Botànic unificó los precios anteriores —situados entre 1.212,80 y 1.819,20 euros— en 2.200 euros por metro cuadrado útil. Posteriormente, el marco reglamentario fijado en diciembre de 2024 elevó ese módulo transitorio a 2.400 euros por metro cuadrado útil. Con la resolución publicada el viernes 14 de agosto, el incremento acumulado busca adecuar los valores al Módulo Básico de la Edificación (MBE).

Desde el departamento de Vivienda sostienen que la actualización del precio máximo actúa como un “instrumento esencial al servicio de la política pública” para sostener el desarrollo del plan 'Vive' e incentivar la iniciativa privada o mixta sobre suelo público. Según recoge el texto publicado en el DOGV, la medida pretende “consolidar la recuperación experimentada en los últimos años en el desarrollo de nuevas promociones” y asegurar la viabilidad financiera de las obras frente a las exigencias de rentabilidad del sector inmobiliario.

“Agosticidad y alevosía”

El PSPV ha denunciado que la decisión del Consell de elevar nuevamente el precio de la vivienda de protección pública sitúa este recurso básico en niveles “inaccesibles” para la juventud, las familias y las clases medias. La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes, María José Salvador, ha criticado que la actualización del módulo se haya publicado en el DOGV “con plena agosticidad y alevosía” durante un viernes 14 de agosto, víspera de festivo y en pleno periodo vacacional. Salvador ha recordado que se trata del segundo aumento desde la implantación del módulo dinámico en 2024 y ha acusado al Ejecutivo autonómico de usar la política pública “para garantizar el negocio privado y el margen de los promotores” a costa de trasladar la factura del coste de edificación a quienes necesitan un hogar.

La dirigente socialista ha calificado el modelo del Plan Vive como “un desastre” al considerar que la Generalitat cede suelo y recursos públicos mediante fórmulas como la permuta mientras encarece los pisos protegidos. A juicio de Salvador, el Partido Popular y el president Juanfran Pérez Llorca están convirtiendo la vivienda de protección “en una vivienda cada vez más protegida de los valencianos, a no ser que seas rico”. Por todo ello, el PSPV exige al Gobierno valenciano una revisión inmediata de la medida para revertir la subida del módulo, cambiar el rumbo de la estrategia autonómica y priorizar el derecho ciudadano a un acceso habitacional digno y asequible por encima de los intereses del sector inmobiliario privado.

Aplicación inmediata

La subida del módulo desde este sábado, el día siguiente a la publicación en el DOGV. El nuevo tope de 2.568 euros por metro útil resulta de aplicación directa a todos los expedientes de vivienda protegida que obtengan la calificación provisional desde la entrada en vigor de la norma.

De igual forma, el valor actualizado afectará a las promociones con calificación provisional previa siempre que se ajusten a los supuestos, límites y excepciones estipulados en el régimen transitorio del Decreto 180/2024. Contra la resolución expedida por la Conselleria cabe interponer recurso de reposición o acudir de forma directa a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Vicepresidència Primera i Conselleria d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat ha oficialitzat aquest divendres, mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l'actualització del valor estàndard pel qual es fixa el preu màxim de venda dels habitatges de protecció pública (VPP). La resolució determina un increment del 7% per a l'exercici 2026, de manera que el límit passa dels 2.400 euros als 2.568 euros per metre quadrat de superfície útil. Així, un habitatge de 70 metres quadrats útils es situa en 179.760 euros, mentre que un altre de 90 metres quadrats aconseguirà un valor de 231.120 euros.

Aquesta revisió a l'alça es fonamenta en la disposició transitòria sisena del Decret 180/2024, de 10 de desembre, redactada després de l'aprovació de la Llei 5/2026 de mesures fiscals i de gestió administrativa. La memòria econòmica elaborada per la Subdirecció General d'Habitatge justifica l'aplicació d'una variació superior a l'estimació de l'Índex de Preus de Consum (IPC) en considerar acreditada una “evolució de les condicions econòmiques que incideixen en la promoció i construcció”.

Entre els condicionants assenyalats per l'Administració autonòmica destaquen factors internacionals com l'encariment dels materials, la crisi energètica o les tensions geopolítiques a Ucraïna i l'Orient Mitjà. Així mateix, l'informe tècnic argumenta que el sector de l'edificació residencial a la Comunitat Valenciana suporta una “pressió addicional sobre la disponibilitat de mà d'obra i de determinats recursos” derivada de les tasques de reconstrucció després de la dana d'octubre de 2024.

Una senda alcista per a incentivar la promoció privada

L'ajust aprovat suposa un nou escaló en el preu marc de la protecció pública respecte al mandat anterior. En juny de 2023, el Consell del Botànic va unificar els preus anteriors —situats entre 1.212,80 i 1.819,20 euros— en 2.200 euros per metre quadrat útil. Posteriorment, el marc reglamentari fixat en desembre de 2024 va elevar eixe mòdul transitori a 2.400 euros per metre quadrat útil. Amb la resolució publicada el divendres 14 d'agost, l'increment acumulat busca adequar els valors al Mòdul Bàsic de l'Edificació (MBE).

Des del departament d'Habitatge mantenen que l'actualització del preu màxim actua com un “instrument essencial al servei de la política pública” per a sostindre el desenvolupament del pla 'Vive' i incentivar la iniciativa privada o mixta sobre sòl públic. Segons arreplega el text publicat en el DOGV, la mesura pretén “consolidar la recuperació experimentada en els últims anys en el desenvolupament de noves promocions” i assegurar la viabilitat financera de les obres enfront de les exigències de rendibilitat del sector immobiliari.

“Agosticitat i alevosia”

El PSPV ha denunciat que la decisió del Consell d'elevar novament el preu de l'habitatge de protecció pública situa aquest recurs bàsic en nivells “inaccessibles” per a la joventut, les famílies i les classes mitjanes. La portaveu adjunta del grup socialista en les Corts Valencianes, María José Salvador, ha criticat que l'actualització del mòdul s'haja publicat en el DOGV “amb plena agosticitat i alevosia” durant un divendres 14 d'agost, vigília de festiu i en ple període vacacional. Salvador ha recordat que es tracta del segon augment des de la implantació del mòdul dinàmic en 2024 i ha acusat l'Executiu autonòmic d'utilitzar la política pública “per a garantir el negoci privat i el marge dels promotors” a costa de traslladar la factura del cost d'edificació a aquells que necessiten una llar.

La dirigent socialista ha qualificat el model del Pla Vive com “un desastre” en considerar que la Generalitat cedeix sòl i recursos públics mitjançant fórmules com la permuta mentre encarerix els pisos protegits. A juí de Salvador, el Partit Popular i el president Juanfran Pérez Llorca estan convertint l'habitatge de protecció “en una vivenda cada vegada més protegida dels valencians, a no ser que sigues ric”. Per tot això, el PSPV exigeix al Govern valencià una revisió immediata de la mesura per a revertir la pujada del mòdul, canviar el rumb de l'estratègia autonòmica i prioritzar el dret ciutadà a un accés habitacional digne i assequible per damunt dels interessos del sector immobiliari privat.

Aplicació immediata

La pujada del mòdul entra en vigor des d'aquest dissabte, el dia següent a la publicació en el DOGV. El nou límit de 2.568 euros per metre útil resulta d'aplicació directa a tots els expedients d'habitatge protegit que obtinguen la qualificació provisional des de l'entrada en vigor de la norma.

De la mateixa manera, el valor actualitzat afectarà les promocions amb qualificació provisional prèvia quan s'ajusten als supòsits, límits i excepcions estipulats en el règim transitori del Decret 180/2024. Contra la resolució expedida per la conselleria es pot interposar un recurs de reposició o acudir de manera directa a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El concejal del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares, ha asegurado que los técnicos municipales “están desmontando las garantías de Conrado Escobar sobre la adjudicación sin publicidad ni sorteo público de 104 viviendas de protección oficial en Logroño”. En comparecencia de prensa, el edil socialista ha desvelado que “los técnicos municipales están ahora requiriendo a las promotoras el cumplimiento de sus obligaciones, exigiendo expresamente la información necesaria para asegurar que el proceso de selección de los compradores ha respetado la ley”.

Reinares ha criticado a Escobar y a la concejala del ramo por “atreverse a asegurar que todo estaba bien y que el proceso era legal” mientras que los “funcionarios son quienes están solicitando pruebas”, apunta el socialista que añade que “si los técnicos se ven ahora obligados a exigir las pruebas de los adjudicatarios, queda demostrado que el Gobierno de Escobar mintió a los logroñeses para tapar su dejación”, asevera.

Asimismo, el concejal socialista ha señalado que “ninguna promotora ha contestado a los técnicos sobre el proceso de selección, por lo que los expedientes siguen vacíos de explicaciones”. Estas 104 viviendas adjudicadas se han hecho “sin publicidad y sin sorteo”, algo que exige la Ley de Vivienda regional, ha recordado Reinares. El concejal del PSOE ha subrayado que “la vivienda protegida no es un favor que se otorga por gracia empresaria ni un terreno para la improvisación política”, y ha exigido “transparencia real”.

Por último, Reinares ha explicado que el PSOE “seguirá siendo vigilante” ante un Gobierno de Escobar “que va de desastre en desastre”, y ha indicado que “de momento dejarán que los servicios municipales sigan su curso de requerimientos aplicando las medidas que marca la ley ante el desatendido cumplimiento del Gobierno de Escobar”.

El PP acusa al PSOE de "confundir deliberadamente"

Los populares han respondido a las acusaciones del PSOE lamentando que vuelvan “a confundir deliberadamente los procedimientos ordinarios de control administrativo con una supuesta irregularidad”. Y es que aseguran que los técnicos municipales están haciendo “exactamente lo que corresponde: requerir a las empresas adjudicatarias la documentación necesaria y exigirles el estricto cumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego”. Así, el PP de Logroño explica que “los requerimientos son una herramienta habitual de comprobación en cualquier procedimiento sujeto a control público. No demuestran que se haya producido un incumplimiento, sino precisamente que existen mecanismos de supervisión y cautela para garantizar que las empresas cumplen todas sus obligaciones”.

Por todo ello, desde las filas populares aseguran que la pretensión del concejal socialista, Iván Reinares, es “postularse para relanzar su carrera política dentro del desordenado PSOE de Logroño que sigue sin candidato”.

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha formalizado la compra de cuatro inmuebles por un importe superior a 22,5 millones de euros, una operación que permitirá incorporar 170 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible al parque público de la empresa en el norte de Tenerife.

La puesta a disposición de los ciudadanos de estas viviendas se realizado gracias al concurso público “llave en mano” convocado por Visocan e integrado en el programa Rehabita Canarias. La fórmula permite recuperar para el uso residencial edificios cuya construcción quedó paralizada tras la crisis del sector de 2008.

De esta forma, según puntualiza el Gobierno canario en una nota, se acortan considerablemente los plazos de ejecución, no sólo porque parte de los trabajos ya están hechos, sino también porque muchos de ellos ya disponen de los permisos y licencias administrativas necesarios.

Además, se evita el consumo de suelo en las Islas y se mejora la calidad del entorno urbano; pues, tras años de abandono, la mayoría de estos inmuebles se encuentran vandalizados y convertidos en focos de delincuencia.

Las promociones se distribuyen en La Orotava e Icod de los Vinos

En concreto, las promociones adquiridas se distribuyen entre los municipios de La Orotava e Icod de los Vinos. En el primero, Visocan ha comprado dos edificios de 56 y 22 pisos, con trastero y plaza de garaje asignada. Ambas edificaciones tienen dos plantas sobre rasante y una planta sótano dedicada a aparcamientos y trasteros.

Mientras, en Icod se incorporan otras dos promociones al parque de viviendas de Visocan. Una de ellas dispone de 40 viviendas que ya se encuentran alquiladas, pues la empresa pública tenía cedida su gestión.

El otro edificio suma 52 unidades habitacionales, plazas de garaje, trasteros y lavaderos. Se trata de un inmueble de tres plantas sobre rasante y una de garaje.

Una vez que ya han sido incorporadas estas viviendas al patrimonio de la entidad, el departamento de Gestión de Viviendas se encargará ahora de realizar todos los trámites necesarios para que las familias que resulten adjudicatarias puedan mudarse lo antes posible a sus nuevos hogares.

El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmat aquest dimarts que el Govern valencià “valora l’opció” de comprar els habitatges de Les Naus d’Alacant per a evitar que s’especule amb aquests. “És una qüestió judicialitzada i nosaltres no volem ni interferir ni afectar el procés judicial”, ha afegit Barrachina en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

El portaveu del Govern valencià ha precisat que en aquest moment està estudiant l’adquisició d’aquests habitatges com a única opció, però ha indicat que l’assumpte encara “no està resolt”. Aquesta posició del Govern valencià contrasta amb la mostrada per l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, sobre els habitatges retornats per la seua exregidora d’Urbanisme, Rocío Gómez, i per altres investigats en la causa que també van retornar els seus habitatges després que esclatara l’escàndol. “Incorporar aquest tipus d’immobles al parc públic de la Generalitat ni seria sostenible, ni donaria una resposta eficaç a la demanda real ni al col·lectiu prioritari”, va defensar el PP d’Alacant en un ple.

Preguntat també sobre la situació actual del Pla Viu, Barrachina ha manifestat que el Consell se sent “molt orgullós” d’haver passat de zero a 6.000 habitatges de promoció pública en aquests últims tres anys i ha afirmat que el seu compromís és arribar als 10.000.

“Desconec si assolirem el cent per cent dels compromisos, però passar de zero a 6.000 no és un pas, és un salt gegant”, ha agregat.

El portaveu del Consell també ha criticat que l’anterior Govern del Botànic “no només va destinar zero euros a la promoció pública, sinó que va demonitzar la promoció privada”.

Així mateix, ha defensat que mesures com “la baixada de l’impost de transmissions patrimonials per als nostres joves o la política d’avals per a l’entrada” d’un pis estan facilitant l’accés a l’habitatge davant “el problema gegant de la desaparició de l’oferta per la inseguretat jurídica que genera cadascuna de les mesures intervencionistes del Govern socialista”.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este martes que el Gobierno valenciano “baraja la opción” de comprar las viviendas de Les Naus de Alicante para evitar que se especule con las mismas. “Es una cuestión judicializada y nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial” ha añadido Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El portavoz del Gobierno valenciano ha precisado que en este momento está estudiando la adquisición de esas viviendas, como única opción, pero ha indicado que todavía “no está resuelto” este asunto. Esta posición del Gobierno valenciano, contrasta con la mostrada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre las viviendas devueltas por su exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y por otros investigados en la causa que devolvieron sus viviendas tras saltar el escándalo. “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, defendió el PP de Alicante en un pleno.

Preguntado también sobre la situación actual del Plan Vive, Barrachina ha manifestado que el Consell se siente “muy orgulloso” de haber pasado de cero a 6.000 viviendas de promoción pública en estos últimos tres años y ha afirmado que su compromiso es llegar a las 10.000.

“Desconozco si vamos a alcanzar el 100% de los compromisos, pero pasar de cero a 6.000 no es un paso, es un salto gigante”, ha agregado.

El portavoz del Consell ha criticado asimismo que el anterior Gobierno del Botànic “no solo dedicó cero a la promoción pública, sino que demonizó la promoción privada”.

Ha defendido asimismo qué medidas como “la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para nuestros jóvenes o la política de avales para la entrada” de un piso están facilitando el acceso a la vivienda ante “el problema gigante de la desaparición de oferta por la inseguridad jurídica que genera cada una de las medidas intervencionistas del Gobierno socialista”.

El PSPV-PSOE ha exigido hoy al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que “tome cartas en el asunto para que las viviendas de Les Naus vuelvan a formar parte del parque público de vivienda” y ha reclamado al Consell que ejerza el derecho de tanteo y retracto para evitar que estos inmuebles acaben en manos de fondos buitre o de operaciones especulativas. Así lo ha trasladado este sábado el diputado socialista en Les Corts, Jose Díaz, quien ha instado a la Generalitat a actuar “de forma inmediata” y ha recordado que dispone de instrumentos legales para recuperar estas viviendas y ponerlas al servicio del interés general.

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que “la Generalitat debe ejercer el derecho de tanteo y retracto, no puede permanecer de brazos cruzados y sin garantizar el acceso a la vivienda” y ha criticado que “no puede seguir pasando el tiempo mientras los jetas del PP disfrutan de viviendas públicas pagadas con el dinero de todos los alicantinos y alicantinas”. Además, ha lamentado que el Consell “mire hacia otro lado en lugar de defender lo público y el derecho a una vivienda digna” y les ha acusado de “renunciar a utilizar todas las herramientas a su alcance para ampliar el parque público de vivienda”.

Finalmente, José Díaz ha urgido al Consell de Pérez Llorca a “acabar con la especulación y empezar a trabajar de verdad para garantizar el derecho a la vivienda” y ha defendido que “la prioridad de un gobierno debe ser proteger el interés general y aumentar el parque público de vivienda, no permitir que continúen operaciones que benefician a unos pocos mientras miles de valencianos tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda”.

El Ayuntamiento de Alicante que dirige el PP de Luis Barcala deshace su promesa y no comprará los pisos protegidos de Les Naus, que dos propietarios han puesto a la venta tras el escándalo de adjudicaciones a funcionarios y cargos próximos al consistorio. No lo harán porque consideran que estas viviendas seminuevas, con garaje, trastero, pista de pádel y piscina comunitaria, no cubren las necesidades reales de los alicantinos que necesitan una vivienda, y aseguran que cuentan con informes técnicos en contra de esta operación, que supondría un desembolso de cerca de 250.000 euros por piso. “No es sostenible”, señala el consistorio.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento ejercería el derecho de adquisición preferente -mediante el tanteo o retracto- sobre la venta de viviendas protegidas (VPO) de Les Naus para evitar la especulación y aumentar el parque público de vivienda, a través de un convenio con la Generalitat Valenciana.

Precisamente en la última sesión de la comisión de investigación de las Corts el responsable de la cooperativa confirmó que la exconcecala de Urbanismo de Alicante y el promotor han puesto a la venta sus viviendas. Por su régimen de protección, deben preguntar a la Cooperativa si quiere realizar una compra preferente, algo que se ha declinado. Por ley, la Generalitat Valenciana tiene capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto y puede ceder esta competencia a los ayuntamientos. Ese era el objetivo de un acuerdo entre Alicante y la Generalitat anunciado el pasado febrero.

Cinco meses después, el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral, ha asegurado que no los comprarán. En respuesta a la concejala del PSPV Ana Barceló, ha sido tajante: “No, no vamos a hacerlo”. Peral afirma que cuenta con informes técnicos en contra, que indican que las más de 800 personas en lista de espera tienen ingresos muy bajos. La explicación choca con el carácter social de la vivienda protegida, precisamente pensada para las rentas más bajas y para proteger a la población más vulnerable. Se les podría dar, por ejemplo, un alquiler social.

El edil de Urbanismo ha asegurado que “los informes técnicos del patronato de la vivienda desaconsejan la adquisición de este tipo de inmuebles para el parque público municipal, por no ajustarse al perfil socioeconómico de los demandantes”. Y ha seguido: “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, para después plantear: “¿De verdad nos piden que con el dinero de los vecinos compremos una vivienda que no pueden asumir las familias vulnerables?”. La pregunta del edil lleva entonces a una duda sobre el modelo de vivienda: ¿Por qué se construye vivienda protegida si esta no sirve a las familias más vulnerables? ¿A quién sirve entonces?.

L’Ajuntament d’Alacant, que dirigeix el PP de Luis Barcala, incompleix la seua promesa i no comprarà els habitatges protegits de Les Naus que dos propietaris han posat a la venda després de l’escàndol de les adjudicacions a funcionaris i càrrecs pròxims al consistori. No ho farà perquè considera que aquests habitatges seminous, amb garatge, traster, pista de pàdel i piscina comunitària, no cobreixen les necessitats reals dels alacantins que necessiten un habitatge, i assegura que compta amb informes tècnics contraris a aquesta operació, que suposaria un desemborsament de prop de 250.000 euros per pis. “No és sostenible”, assenyala el consistori.

L’alcalde va assegurar que l’Ajuntament exerciria el dret d’adquisició preferent —mitjançant el tanteig o el retracte— sobre la venda d’habitatges protegits (HPO) de Les Naus per a evitar l’especulació i augmentar el parc públic d’habitatge, a través d’un conveni amb la Generalitat Valenciana.

Precisament, en l’última sessió de la comissió d’investigació de les Corts, el responsable de la cooperativa va confirmar que l’exregidora d’Urbanisme d’Alacant i el promotor han posat a la venda els seus habitatges. Pel seu règim de protecció, han de preguntar a la cooperativa si vol exercir el dret de compra preferent, una possibilitat que s’ha declinat. Per llei, la Generalitat Valenciana té capacitat per a exercir el dret de tanteig i retracte i pot cedir aquesta competència als ajuntaments. Aquest era l’objectiu d’un acord entre Alacant i la Generalitat anunciat el febrer passat.

Cinc mesos després, el regidor d’Urbanisme d’Alacant, Antonio Peral, ha assegurat que no els compraran. En resposta a la regidora del PSPV Ana Barceló, ha sigut taxatiu: “No, no ho farem”. Peral afirma que compta amb informes tècnics contraris a l’operació, que indiquen que les més de 800 persones en llista d’espera tenen ingressos molt baixos. L’explicació xoca amb el caràcter social de l’habitatge protegit, precisament pensat per a les rendes més baixes i per a protegir la població més vulnerable. Per exemple, se’ls podria oferir un lloguer social.

L’edil d’Urbanisme ha assegurat que “els informes tècnics del Patronat de l’Habitatge desaconsellen l’adquisició d’aquest tipus d’immobles per al parc públic municipal, perquè no s’ajusten al perfil socioeconòmic dels demandants”. I ha continuat: “Incorporar aquest tipus d’immobles al parc públic de la Generalitat ni seria sostenible ni donaria una resposta eficaç a la demanda real ni al col·lectiu prioritari”. Després ha plantejat: “De veritat ens demanen que, amb els diners dels veïns, comprem un habitatge que no poden assumir les famílies vulnerables?”.

La pregunta de l’edil porta, aleshores, a un dubte sobre el model d’habitatge: per què es construeix habitatge protegit si aquest no serveix per a les famílies més vulnerables? A qui serveix, aleshores?