La Diputación de Sevilla arranca el barrio de Cortijo de Cuarto y presiona así a Junta y Ayuntamiento para que lo tramiten

El proyecto de Quarto, el nuevo barrio que se levantará en el Cortijo de Cuarto de Sevilla capital con más de 5.500 viviendas –la mitad de ellas protegidas–, se presentó en enero y ya cuenta con la primera partida económica para echar a andar. En concreto son tres millones de euros que se incluyen en el presupuesto para 2026 de la Diputación de Sevilla para trabajos previos de urbanización, un paso que supone toda una declaración política de intenciones: la institución provincial proclama que está preparada para acometer la urbanización de esta enorme parcela sobre unos terrenos de su propiedad, con lo que de paso presiona a Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía para que espabilen en la parte que le toca a ellos.

La llave está sobre todo en manos del Consistorio hispalense, que debe asumir la imprescindible tramitación urbanística de un proyecto recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al Gobierno andaluz lo que se le ha solicitado es la inclusión de la promoción en la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitiría acortar unos plazos administrativos que, en principio, se querían tener resueltos de aquí a un año.

Para el presidente provincial, Javier Fernández (PSOE), el barrio de Quarto –que se extiende sobre 164 hectáreas– “urbanísticamente no tiene ningún problema”, así que lo que espera es una mayor celeridad en la tramitación por parte de las otras dos administraciones, gobernadas por el PP. “El Ayuntamiento de Sevilla haría bien en poner todo el interés del mundo” en este proyecto, ha subrayado, porque “va para adelante”, lo impulsa la Diputación “sin ningún fin especulativo” y supone “una gran oportunidad de desarrollo y modernidad” para la capital.

La iniciativa cuenta con el rechazo de varios colectivos vecinales, aunque Fernández minimiza esta oposición y considera que pocos reparos se le pueden poner porque más de la mitad de las viviendas serán de protección pública y se diseñarán promociones para jóvenes. A esto une que 65 hectáreas (la mitad de la superficie) se reservan para zonas verdes.

La cuestión de la VPO

Para el también alcalde de La Rinconada, es el momento de “definir qué es una VPO”, sentido en el que no se ha ahorrado una puya dirigida al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ya que en su opinión “no es lo que se está haciendo en Cruzcampo o Su Eminencia, no puede costar 300.000 euros”. Un alegato, por cierto, que ya hizo en presencia del regidor hace unos meses.

A nadie se le escapa que la vivienda es ahora una de las máximas preocupaciones sociales, lo que administraciones y partidos políticos no pierden de vista con un ojo puesto en las próximas elecciones, que serán las autonómicas de 2026. En este tablero todos mueven ficha para defender sus políticas, ya sea el Gobierno central o la Junta de Andalucía, una partida en la que la Diputación sevillana también ha irrumpido con su plan de 2.000 VPO de alquiler a 350 euros al mes o un precio de venta inferior a 115.000 euros.

Para ello ya se abrió a los municipios de la provincia una iniciativa dotada con 20 millones de euros, lo que debería traducirse en unos 1.500 nuevos hogares. Ahora, el presupuesto para 2026 incluye otros 15 millones de euros con el mismo objetivo y dar así cobertura a los pueblos que no lograron entrar en la primera convocatoria.

Las cifras del presupuesto para 2026

Las cuentas provinciales para el año que viene vuelven a alcanzar una cifra histórica que se fija en 656 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5% que se traduce en 40 millones adicionales. Del total, 163 millones (más del doble que en 2025) se dedican a inversiones de manera directa o vía transferencias a los municipios.

Javier Fernández ha presumido de que el presupuesto “nace sin deudas”, lo que permite no tener que recurrir a préstamos bancarios y –a su vez– no pagar ni un euro en intereses, a lo que se suma que se paga a las empresas proveedoras en un plazo de 10 días. El capítulo social es el más abultado (con 136 millones de euros), a lo que se suman 20 millones para obras y servicios, 10 millones para planes de empleo y otro tanto para proyectos turísticos o 38,5 millones para el Consorcio de Bomberos, con la idea de alcanzar los 350 trabajadores y acometer nuevos parques en Utrera y Estepa, además de mejorar el central de Sanlúcar la Mayor.

Una vez presentado el anteproyecto de las cuentas para 2026, ahora se abre el plazo para que los partidos presenten enmiendas y para que el gobierno del PSOE –que no cuenta con mayoría absoluta– concrete la aprobación con sus socios de Con Andalucía. La aprobación inicial se prevé para el 20 de noviembre, antes de su ratificación definitiva en diciembre para que entren en vigor el mismo 1 de enero.