Los residentes más cercanos a Madring, circuito de Fórmula 1 donde la capital acoge el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre, continúan experimentado nuevos inconvenientes mientras se acerca el evento. Después de que las pruebas de F3 duplicasen los límites sonoros permitidos, multiplicándolos por 27 ajustados a la sensibilidad del oído, ahora los vecinos comenzarán a experimentar nuevas afecciones al tráfico que ponen trabas incluso a llegar y salir de sus casas.

No son los primeros cortes causados por la actividad del circuito, pero en este caso chocan de lleno con la zona residencial de Las Cárcavas, cerca de Valdebebas. De hecho, el plan de movilidad de Ifema contempla un sistema de reparto de pegatinas para que los vecinos puedan acceder con sus vehículos a algunas áreas restringidas para el resto de conductores durante los tres días de competición. Incluidas sus propias viviendas, ya que el plan recoge el objetivo de “facilitar el acceso en vehículo privado a sus domicilios”.

En un documento compartido por la cuenta de X Hilos Valdebebas, dichas zonas aparecen marcadas con amarillo y se corresponden con la manzana alrededor de la calle Antonio López Torres. Otras áreas, más próximas a Madring, indican mediante el rojo que su acceso queda totalmente prohibido incluso para los vecinos. Este sistema busca, según Ifema, garantizar la “correcta y ordenada celebración del evento”.

Las pegatinas se están repartiendo desde este martes 1 de septiembre y hasta el día 9 (sin incluir sábado ni domingo) en la sede de la Asociación de Vecinas de Las Cárcavas, en el número 26 de la calle Maruja Mallo. El horario 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, aunque el lunes y el martes de la próxima semana solo podrán recogerse por la tarde. Los interesados deben presentar DNI o NIE, así como un documento que acredite su vinculación con la vivienda propia situada dentro del perímetro amarillo. También tendrán que indicar número de matrícula y un teléfono de contacto. Estas etiquetas, informa Ifema, deben colocarse en una zona visible de los coches y no se entregarán más de tres por vivienda.

El Ayuntamiento defiende una “medida de protección” ante las dudas y quejas vecinales

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento, ante las preguntas de Somos Madrid, afirman en un primer momento que esta propuesta “es de Ifema”. Apostillan que el plan de movilidad definitivo “no está aún”. Al cuestionar por qué están entonces ya habilitados los puntos de entrega de las pegatinas, estas fuentes municipales del departamento liderado por Borja Carabante añaden que es “una medida de protección a los vecinos”.

Pero las respuestas a la publicación de Hilo Valdebebas recogen numerosas dudas y quejas de la ciudanía. Por ejemplo, la de quienes no viven en Las Cárcavas pero pasan por el entorno categorizado de amarillo para servicios esenciales. ¿Y la gente que lleva a sus hijos a la guarderia? ¿También tendrán pegatina?“, preguntan varios usuarios. En este espacio se incluye la escuela infantil Doña Francisquita, en el número 1 de la calle Cambados.

Otras personas claman contra la falta de información: “Como siempre, los vecinos afectados somos los últimos en enterarnos. Esa llamada Asociación vecinal lo ha gestionado como un chiringuito. Nos enteramos de este despropósito por redes sociales. Solo funciona Radiopatio. Mi calle es afectada y no me han notificado por ningún medio”, lamenta una persona en otra de las respuestas al post original.

Este mismo martes, en el acto de relanzamiento de la temporada política municipal, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se ha referido a todos estos efectos de la Fórmula 1 entre la población cercana al circuito. El regidor da por hecho que los residentes más cercanos a Madring sufrián inconvenientes: “No negamos que las molestias se van a producir, la molestia 0 no existe, pero estamos adoptando junto con ifema las medidas oportunas para reducirlas”, ha dicho en un acto celebrado en el Retiro.

Almeida ha adelantado que se instalarán pantallas protectoras para reducir el ruido y que el plan de movilidad fomentará el acceso fundamentalmente mediante el transporte público. Pero considera que todos estos contratiempos merecen la pena ante el impacto de la cita: “Es uno de los grandes eventos y oportunidades de los próximos meses en Madrid. 40 años después la Fórmula 1 nos elige”, ha zanjado el primer edil.

La buena convivencia entre vecinos suele situarse en el equilibrio entre la libertad individual dentro del hogar y el respeto a la libertad y el bienestar ajenos, aunque hay veces que la línea es tan difusa que pueden surgir dudas sobre qué es lo correcto. ¿Qué pasa si un vecino fuma en el interior de su casa, es decir, en su espacio privado, pero el humo se filtra a través de la ventana a otra vivienda o a espacios comunes y se convierte en una molestia para los demás? La ley establece límites claros para un caso como este.

“La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula en su artículo 7.2 el tema de las actividades molestas y el cómo proceder en estos casos”, establece en primer lugar María Celeste Nieto García, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), sobre la base jurídica en la que apoyarse.

El principio fundamental que recoge la LPH es que “cada propietario u ocupante de la vivienda no puede realizar actividades que resulten molestas para la comunidad de propietarios” a pesar de tener autonomía dentro de su propia casa. Esto implica que un vecino “puede fumar en el interior de su vivienda, pero el humo no debe molestar a los demás residentes”, señala Nieto García. Además, recuerda que en ciertos lugares, como zonas comunes o espacios cerrados, está directamente prohibido fumar.

Cómo abordar un problema que persiste

Si el humo se convierte en un problema continuado, la administradora de fincas recomienda priorizar el diálogo: “Se debe primero comunicar e intentar resolver por la vía amistosa, de conciliación”. “La persona afectada se lo puede trasladar al presidente o al administrador de fincas y estos pueden advertir del asunto al vecino fumador”, explica. A partir de ahí, en caso de que no cesen las actividades molestas, el procedimiento puede formalizarse.

El presidente, ya sea por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario, puede requerir formalmente al infractor para que cese las molestias. Llegados a este punto, la experta apunta que se le debe apercibir de que “si no cesa, se podrán iniciar las acciones judiciales procedentes”.

Si el vecino persiste en su actitud, el asunto debe tratarse en la junta de propietarios, para llegar a un acuerdo sobre si se lleva a cabo una reclamación por la vía judicial. En caso de elevar el caso a los tribunales, Nieto García advierte de que “la prueba testifical es muy importante” para demostrar la magnitud y la frecuencia de la molestia.

Un escenario muy probable es que al tratarse de un asunto que afecta a un solo propietario, la comunidad opte por no involucrarse y no iniciar ninguna demanda por cesación de actividades molestas. Si esto sucede, la ley sigue protegiendo al vecino perjudicado, simplemente cae sobre él la responsabilidad de la acción. “En ese caso tendrá que iniciar la reclamación judicial la persona perjudicada” de manera individual, aclara la administradora de fincas.

“Estamos perplejos por la respuesta que nos ha dado el Ayuntamiento. Lo que ha pasado aquí es que han dado unos permisos de obras en base a unos proyectos que incumplen la Ley de Propiedad Horizontal al alterar zonas comunes sin permiso de cada comunidad y la respuesta municipal ha sido que tenemos que recurrir en el juzgado al tratarse de un asunto civil. Es indignante, nos han vendido para que unos especuladores hagan su negocio”.

Así de indignado se ha mostrado uno de los residentes que asistió este lunes a la reunión convocada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, con los afectados por las polémicas obras de alojamientos turísticos que una empresa con inversores del este, cuya representación legal ostenta un asesor del PP en el Senado, desarrolla en los bajos de sus tres edificios. La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Unos 16 vecinos y vecinas, incluidos representantes de la asociación vecinal del barrio y los administradores de las tres comunidades afectadas, asistieron al encuentro celebrado este lunes. Por parte del Ayuntamiento asistieron, además de Giner, otros seis altos funcionarios entre secretarios y jefes de servicio de las áreas de licencias y urbanismo.

Todos los residentes consultados por elDiario.es han coincidido en destacar que a pesar del buen trato y de la información facilitado por los responsables municipales, no se les ha aportado ninguna solución a las quejas planteadas, principalmente las obras no autorizadas por las comunidades sitas en las calles de Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 y de Carlos Cortina 2.

En los dos primeros casos alteración de fachadas de zonas comunes mediante la apertura de ventanales y apertura de agujeros de forma indiscriminada en el techo del garaje para realizar canalizaciones y en el tercero la eliminación mediante taladro hidráulico de revestimiento de columnas de carga. Además, en el caso de los residentes de Encarna Albarracín han recordado que tienen recogido en los estatutos la prohibición de actividades turísticas tanto en plantas bajas como en el resto del edificio.

“Giner nos ha explicado que el Ayuntamiento solo puede revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos municipales y que de momento no pueden parar las obras porque todo lo que están haciendo se ajusta a los proyectos presentados y que en todo caso, el tema de la Ley de Propiedad Horizontal y de los estatutos son temas civiles por lo que debemos de recurrirlos en el juzgado. Es indignante porque el proyecto se presenta al Ayuntamiento y es el Ayuntamiento el que lo valida, pero dicen que no les corresponde a ellos verificar si la comunidad ha autorizado las obras”, lamentaron.

Los residentes también se preguntaron por qué no es de aplicación la nueva normativa aprobada el pasado mes de mayo que restringe la actividad turística en bajos comerciales a un máximo de un 15% por manzana (porcentaje que en todos los casos llega al 100%) a lo que el concejal, siempre según los vecinos, explicó que la empresa solicitó el permiso de obras presentando una declaración responsable un día antes de que se aprobara: “Nos parece muy llamativo que pidieran las licencias justo un día antes de que se aprobara una ley que les hubiera permitido desarrollar el proyecto turístico”, comentaron.

Colaboración municipal

Por su parte, Giner dio cuenta de las inspecciones realizadas y destacó que todas las actuaciones se han realizado para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la sujeción de las obras al proyecto autorizado, dentro de las competencias municipales y con plena seguridad jurídica.

“Comprendemos la preocupación de los vecinos, por eso he querido atenderles y explicarles, de la mano de los técnicos, las actuaciones que se han llevado a cabo y nos hemos puesto a su disposición para colaborar, dentro del ámbito de nuestras competencias, en todo aquello que necesiten”, defendió Giner.

El concejal recordó que el gobierno municipal ya ha demostrado en ocasiones anteriores que está del lado de los vecinos en actuaciones como la paralización del macrohotel de las Naves de Guala o la actuación en la colmena de Ruzafa.

“Lamentablemente estamos ante los últimos coletazos de la barra libre que permitió la izquierda para la proliferación de alojamientos turísticos en los bajos. Si el gobierno anterior no hubiera dado barra libre, la reunión que hemos mantenido hoy no hubiera sido necesaria”, dijo el concejal.

Por último, Giner recordó que la regulación urbanística vigente para el terciario hotelero blinda el uso residencial del 98 % de las viviendas y limita al 15 % el máximo de nuevos alojamientos turísticos en bajos, siempre que el barrio o distrito en el que se implanten no haya superado ninguno de los tres umbrales de saturación.

El PSPV critica el abandono de Catalá

La concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía denunció que el gobierno de María José Catalá se ha desentendido del problema de las comunidades de vecinos de Benicalap que sufren la presión de una empresa que pretende desarrollar varios proyectos hoteleros y de apartamentos turísticos. Valía criticó que, lejos de proteger a las familias y defender la convivencia en los barrios, el Ayuntamiento les ha trasladado que deben resolver por su cuenta una situación ante la que se sienten completamente desamparadas.

“El gobierno de María José Catalá ha citado hoy a los vecinos y vecinas de los edificios de Benicalap, donde inversores extranjeros pretenden llenarles los bajos de apartamentos turísticos y habitaciones de hotel, para decirles que se tienen que apañar, que para ellos todo está bien y que no tienen nada ni que decir ni que hacer ante esta situación que viven estas familias que, como es natural, la viven con total impotencia, viendo como su ayuntamiento no les protege, no les ampara y una vez más se pone de parte de quien está tensionando y destrozando la convivencia en nuestros barrios”, indicó.

“Estem perplexos per la resposta que ens ha donat l’Ajuntament. El que ha passat ací és que han donat uns permisos d’obres basant-se en uns projectes que incompleixen la Llei de Propietat Horitzontal en alterar zones comunes sense permís de cada comunitat i la resposta municipal ha sigut que hem de recórrer al jutjat perquè es tracta d’un assumpte civil. És indignant, ens han venut perquè uns especuladors facen el seu negoci”.

Així d’indignat s’ha mostrat un dels residents que va assistir aquest dilluns a la reunió convocada pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, amb els afectats per les polèmiques obres d’allotjaments turístics que una empresa amb inversors de l’Est, la representació legal de la qual ostenta un assessor del PP al Senat, desenvolupa en els baixos dels seus tres edificis. La firma té altres dos projectes en marxa a Torrefiel i la Raiosa.

Uns 16 veïns i veïnes, inclosos representants de l’associació veïnal del barri i els administradors de les tres comunitats afectades, van assistir a la trobada celebrada aquest dilluns. Per part de l’Ajuntament van assistir, a més de Giner, altres sis alts funcionaris, entre secretaris i caps de servei de les àrees de llicències i urbanisme.

Tots els residents consultats per elDiario.es han coincidit a destacar que, malgrat el bon tracte i la informació facilitada pels responsables municipals, no se’ls ha aportat cap solució a les queixes plantejades, principalment les obres no autoritzades per les comunitats situades als carrers d’Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 i de Carlos Cortina 2.

En els dos primers casos, s’ha produït una alteració de façanes de zones comunes mitjançant l’obertura de finestrals i de forats de manera indiscriminada al sostre del garatge per a realitzar canalitzacions i, en el tercer, l’eliminació mitjançant trepant hidràulic del revestiment de columnes de càrrega. A més, en el cas dels residents d’Encarna Albarracín, han recordat que tenen recollida en els estatuts la prohibició d’activitats turístiques tant en plantes baixes com en la resta de l’edifici.

“Giner ens ha explicat que l’Ajuntament només pot revisar el compliment dels procediments administratius municipals i que, de moment, no poden paralitzar les obres perquè tot el que estan fent s’ajusta als projectes presentats i que, en tot cas, el tema de la Llei de Propietat Horitzontal i dels estatuts són qüestions civils, per la qual cosa hem de recórrer-hi al jutjat. És indignant perquè el projecte es presenta a l’Ajuntament i és l’Ajuntament qui el valida, però diuen que no els correspon a ells verificar si la comunitat ha autoritzat les obres”, van lamentar.

Els residents també es van preguntar per què no és aplicable la nova normativa aprovada el passat mes de maig que restringeix l’activitat turística en baixos comercials a un màxim del 15% per illa —percentatge que en tots els casos arriba al 100%—, a la qual cosa el regidor, sempre segons els veïns, va explicar que l’empresa va sol·licitar el permís d’obres presentant una declaració responsable un dia abans que s’aprovara: “Ens pareix molt cridaner que demanaren les llicències just un dia abans que s’aprovara una llei que els hauria permés desenvolupar el projecte turístic”, van comentar.

Col·laboració municipal

Per la seua banda, Giner va donar compte de les inspeccions realitzades i va destacar que totes les actuacions s’han realitzat per a garantir el compliment de la normativa urbanística i la subjecció de les obres al projecte autoritzat, dins de les competències municipals i amb plena seguretat jurídica.

“Comprenem la preocupació dels veïns, per això he volgut atendre’ls i explicar-los, de la mà dels tècnics, les actuacions que s’han dut a terme i ens hem posat a la seua disposició per a col·laborar, dins de l’àmbit de les nostres competències, en tot allò que necessiten”, va defensar Giner.

El regidor va recordar que el govern municipal ja ha demostrat en ocasions anteriors que està al costat dels veïns en actuacions com la paralització del macrohotel de les Naves de Guala o l’actuació en la colmena de Russafa.

“Lamentablement, estem davant dels últims espeternecs de la barra lliure que va permetre l’esquerra per a la proliferació d’allotjaments turístics en els baixos. Si el govern anterior no haguera donat barra lliure, la reunió que hem mantingut hui no hauria sigut necessària”, va dir el regidor.

Finalment, Giner va recordar que la regulació urbanística vigent per al terciari hoteler blinda l’ús residencial del 98% dels habitatges i limita al 15% el màxim de nous allotjaments turístics en baixos, sempre que el barri o districte en què s’implanten no haja superat cap dels tres llindars de saturació.

El PSPV critica l’abandonament de Catalá

La regidora socialista de l’Ajuntament de València Elisa Valía va denunciar que el govern de María José Catalá s’ha desentés del problema de les comunitats de veïns de Benicalap que patixen la pressió d’una empresa que pretén desenvolupar diversos projectes hotelers i d’apartaments turístics. Valía va criticar que, lluny de protegir les famílies i defendre la convivència als barris, l’Ajuntament els ha traslladat que han de resoldre pel seu compte una situació davant la qual se senten completament desemparades.

“El govern de María José Catalá ha citat hui els veïns i veïnes dels edificis de Benicalap, on inversors estrangers pretenen omplir-los els baixos d’apartaments turístics i habitacions d’hotel, per a dir-los que s’han d’apanyar, que per a ells tot està bé i que no tenen res ni a dir ni a fer davant aquesta situació que viuen aquestes famílies que, com és natural, la viuen amb total impotència, veient com el seu ajuntament no els protegeix, no els empara i una vegada més es posa de part de qui està tensionant i destrossant la convivència als nostres barris”, va indicar.

El verano y las vacaciones favorecen las reuniones sociales y es típico que el olor a brasa pueda encender las disputas sobre los espacios comunes en las comunidades de propietarios. Pero, ¿tiene derecho un propietario a cocinar en un patio compartido? La respuesta exige diferenciar la fina línea que separa el uso legítimo de las zonas comunes de otros derechos del vecindario, como el descanso, la seguridad o la salubridad.

“En principio, se puede utilizar una barbacoa portátil si no existe una prohibición expresa y siempre que su uso sea compatible con el destino del patio, no ocasione molestias a los demás vecinos ni genere riesgos”, señala Óscar López Vázquez, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA).

La situación da un giro cuando se pretende hacer obra o instalar un equipamiento permanente que altere el espacio común, “ya que cualquier modificación de elementos comunes requeriría autorización previa de la comunidad”, advierte el administrador de fincas.

Qué debe hacer el vecino que quiere utilizar la barbacoa

Antes de comenzar a encender el carbón, el propietario debería repasar detalladamente la normativa. “Conviene revisar los estatutos, las normas de régimen interior y los acuerdos adoptados previamente por la comunidad, así como cualquier normativa municipal o autonómica que pudiera resultar aplicable”, recomienda López Vázquez.

Más allá de la estricta legalidad, las condiciones físicas y arquitectónicas del inmueble operan como un límite insalvable para evitar siniestros. “También deben tenerse en cuenta las condiciones de seguridad del lugar: ventilación, proximidad a ventanas, toldos o materiales combustibles, riesgo de incendio”, añade el administrador de fincas.

Incluso si las barbacoas están formalmente permitidas en los estatutos o la normativa local, el experto recalca que “su uso no puede generar molestias excesivas a otros propietarios”, ya que no se trata de una carta blanca de impunidad si se impide el descanso ajeno. “Si el humo, los olores o las molestias son intensos, frecuentes o reiterados, podría considerarse una actividad molesta conforme al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal”, apunta López Vázquez.

En el ámbito jurídico español, la Ley de Propiedad Horizontal es el instrumento que protege al vecindario frente a las emanaciones de humo y olores persistentes y “en escenarios de conflicto continuado, la legislación faculta a la comunidad de propietarios para requerir formalmente al infractor con el fin de que cese de inmediato en dicha conducta”, destaca el experto.

El espejismo de los patios de uso exclusivo

Un error recurrente en las comunidades de propietarios es asumir que las viviendas de las plantas bajas o primeros pisos que gozan del disfrute exclusivo de un patio tienen plena autonomía para decidir sobre este espacio. Aunque el propietario beneficiario “puede realizar un uso normal del mismo, el patio continúa siendo un elemento común”, aclara el administrador.

Esta naturaleza jurídica compartida implica que las restricciones de seguridad y convivencia no se diluyen. El titular del uso exclusivo no puede bajo ningún concepto hacer una obra, como en el caso de levantar una barbacoa fija, sin contar con la autorización previa y expresa de la junta de propietarios. En caso de optar por una portátil, indica López Vázquez, deberá usarla garantizando que no provoque daños, riesgos ni molestias para el resto de los vecinos o la estructura del edificio, quedando además sujeto a que no esté prohibido expresamente en los estatutos, normas de régimen interno o haya un acuerdo previo.

Lo mismo sucede si el patio o jardín en el que se realiza la barbacoa es privado, con una problemática similar a la de otros conflictos por inmisiones de humo cotidianas, como la del tabaco. Bajo el paraguas del artículo 7.2 de la LPH, el principio fundamental es que “el propietario u ocupante de la vivienda no puede realizar actividades que resulten molestas para la comunidad de propietarios”, por mucho que se actúe dentro de los límites de su parcela.

“Lo más recomendable es aprobar unas normas claras de utilización”, recomienda el administrador como la solución más eficaz para evitar que una barbacoa entre amigos acabe en una junta hostil o en un juzgado. “La comunidad puede regular la utilización de los espacios comunes mediante normas de régimen interior y establecer limitaciones al uso de barbacoas”, explica el experto.

Muy cerca de la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo se encuentra la calle de La Plata. Nace en diagonal a su arteria principal, la calle Comercio, lo que la convierte en un enclave de lo más apetecible para los numerosos proyectos turísticos que no paran de multiplicarse en el Casco Histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El ejemplo de mayor relevancia se encuentra ahora en el macrohotel de 80 habitaciones dobles y cuatro alturas que la promotora Delfín S.A. quiere construir en ocho inmuebles que ocupan casi 7.000 metros cuadrados entre la mencionada calle y diversos edificios residenciales y parcelas (algunos privados y otros de titularidad pública enajenados por el Ayuntamiento) en otros tres callejones: los Husillos, los Bécquer y San Ginés.

El proyecto incluye cafetería, restaurante, salas de reuniones y spa. No existe ningún presupuesto público ni cifra oficial de lo que costará.

Pero al margen de ello, la cuestión viene de largo. El Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (PERIM) para su construcción vio la luz hace más de cinco años y se aprobó en diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba en la ciudad el PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa. No obstante, ha sido este año, con el PP y Vox en el equipo de Gobierno municipal cuando se ha tramitado. Y ahora los socialistas, en la oposición, no lo quieren.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo dio luz verde al proyecto, pese al rechazo que de los partidos de la oposición (PSOE e IU-Podemos) y de Movimiento Sumar.

Además, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Real Fundación de Toledo contra el proyecto. El objetivo de esta acción judicial es clarificar los criterios urbanísticos que se están aplicando en el Casco Histórico de Toledo y en algunas zonas protegidas de Cigarrales.

“Buscamos aclarar si el modelo con el que se está trabajando responde a objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) o se está haciendo un abuso de los PERIM”, explica Jesús Carrobles, director de la Real Fundación de Toledo.

Este experto en patrimonio cree que se está recurriendo a disposiciones de rango menor (en referencia al PERIM) para modificar o anular normativas superiores aprobadas por la comunidad autónoma (el PECHT), las cuales cuentan con “un alto nivel de protección y consenso”.

“Podemos tener los mejores planes del mundo, pero si utilizamos de manera abusiva una figura que anula lo dispositivo, tenemos un problema”, señala Carrobles, subrayando que Toledo es actualmente la ciudad que más está utilizando esta vía administrativa.

Cuando no prima el uso residencial

La Real Fundación de Toledo compara la tendencia actual con los “desastres urbanísticos de los años 50 y 60”, cuando la construcción de grandes bloques anuló parte de la trama urbana tradicional. Su temor es que estas operaciones actuales degraden profundamente la ciudad de una manera negativa que el actual Plan Especial trataba de evitar, primando el uso residencial de los edificios del barrio antiguo.

Y ahí está el quid de la cuestión. Este nuevo macrohotel, de llegar a construirse, agrava la tendencia creciente de reconvertir bloques residenciales enteros en plazas turísticas, en detrimento de la vivienda. Y todo con el apoyo de PP y Vox.

Porque los dos partidos gobernantes en la ciudad no solo apoyan este proyecto hotelero de gran envergadura, sino que también modificaron en noviembre de 2024 el Plan General de Ordenación Urbana en su limitación de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Casco Histórico.

¿Qué cambió? En la legislatura anterior del PSOE se limitaba la actividad, en ambos casos, a las plantas baja y primera de los edificios, para evitar molestias a los residentes en pisos superiores. Sin embargo, ahora ese límite tiene una excepción: “Cuando el inmueble se destine en su conjunto a apartamentos turísticos”.

Ese cambio, que pasó casi desapercibido, ha permitido dar vía libre a la mencionada reconversión de edificios residenciales completos, no en el caso de las VUT, pero sí en apartamentos turísticos.

De acuerdo con la definición que hace el decreto autonómico tanto de apartamentos turísticos como de VUT, la Junta de Castilla-La Mancha distingue en su propio registro ambas categorías. Según los últimos datos publicados, la ciudad de Toledo cuenta con 26 apartamentos turísticos en edificios completos, casi todos ellos en el Casco Histórico.

El dato es muy relevante y no ha pasado desapercibido para los vecinos y vecinas del barrio. Hablamos con Alicia Es. Martínez y África Alonso, madre e hija, y residentes en el Casco. “Esto destroza el tejido urbano y vecinal, y el reflejo de la especulación que estamos viviendo en todo el país”, denuncia África, representante de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Este colectivo ha analizado minuciosamente el proyecto y recalca el hecho de que muchos de los edificios que utilizará el macrohotel eran inmuebles que el Ayuntamiento ha vendido. “Es curioso que, mientras pasa esto, estemos reivindicando más viviendas sociales para los vecinos y vecinas del Casco Histórico, a los que también están echando de sus casas para lo mismo, para hacer apartamentos turísticos”, destaca

Es una cuestión que esta asociación lleva denunciando desde hace tiempo. “A los vecinos del Casco nos están echando y se está reduciendo por todas partes la habitabilidad del barrio. Hay viviendas sociales mal construidas que todavía no se han habilitado y familias enteras que optaron a una vivienda joven a los que también quieran echar de sus casas. Estamos perdiendo oportunidades de vivienda mientras la ciudad se convierte en un decorado”, lamenta.

No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran

África Alonso — Unión Popular de Inquilinos de Toledo

Y un gran hotel de estas características, tan cerca de la Plaza de Zocodover y de la calle Comercio, es un claro ejemplo de la turistificación. “No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran. Es un despropósito”, subraya África Alonso.

De la misma opinión es Alicia, también activista social y cultural de Toledo. “Es absolutamente vergonzoso que casi una calle entera se dedique a un macrohotel, a un uso hotelero, quitando la posibilidad de viviendas de hasta 100 viviendas en el Casco Histórico y en un tejido urbano absolutamente consolidado, que además hay que promover. Pero el Ayuntamiento ha optado por un modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos”.

“No lo vamos a consentir bajo ningún concepto y estamos, evidentemente, movilizándonos ya, reuniéndonos y organizándonos para protestar por esta y otras decisiones que lo que hacen es premiar la especulación y premiar que la ciudad de Toledo sea una ciudad en venta en lugar de una ciudad para las vecinas y los vecinos y sus niños y niñas”, agrega.

En el terreno político, por el contrario, la defensa que hace el equipo de Gobierno de las derechas es férrea. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), ha defendido la aprobación de esta modificación del PERIM alegando que al no existir una suspensión del planeamiento justificada, el Ayuntamiento está obligado a respetar los derechos de la propiedad para evitar futuras impugnaciones judiciales. “Si la ley no está limitada tiene que cumplirse”, apunta.

La oposición, un rechazo en bloque

En el Grupo Socialista, la situación es cuanto menos paradójica. El proyecto tiene su origen en la etapa en que gobernó en la ciudad. Pero ahora, su portavoz, Noelia de la Cruz, lo rechaza porque “la modificación el proyecto que se plantea no responde al interés general”.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera que este nuevo hotel en el Casco es “absolutamente innecesario e invasivo”. Advierte sobre la falta de un informe arqueológico específico, a pesar de que la Viceconsejería de Cultura sugirió tener en cuenta posibles afecciones patrimoniales que, según denuncian, no se han integrado en el expediente.

“Luego hacemos una obra y nos llevamos el patrimonio al Museo Arqueológico Nacional”, subraya Fernández en referencia a la exposición de tablas policromadas medievales que se encontraron durante las obras de otro hotel en el Casco y que ahora están en una exposición temporal en dicho museo.

También pone en entredicho el informe de movilidad que “pone pegas al uso de plazas verdes” de aparcamiento dedicadas a residentes y al nivel de ruido que tiene que establecerse al tratarse de una zona residencial. “Se nos olvidan los informes de necesidad de vivienda.. Hemos eliminado ocho bloques de viviendas en la calle de la Plata para convertirlo en un hotel probablemente de lujo, inaccesible para la gran mayoría de la gente”, agregó Fernández.

A la oposición política se ha sumado el Movimiento Sumar Toledo, que señala que, a su juicio, este macrohotel profundiza en un modelo que “prioriza el negocio turístico frente al derecho a la vivienda”. La formación remarca que Toledo “tiene que seguir siendo una ciudad habitable, no un parque temático”.

Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar en Toledo

“Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar, José Luis Resuela, que se compromete a que, si gobierna, no permitirá nuevas conversiones de viviendas residenciales en usos turísticos en el Casco Histórico.

Se refiere con ello no solo al proyecto de calle de La Plata, sino a otros que también tiene entre manos el Ayuntamiento. El más paradigmático es el que se planea, también en el Casco Histórico, pero orillas del río Tajo, conocido como Hotel La Cava. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

Se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido. Los colectivos sociales y vecinales del Casco Histórico no descartan ahora plantar cara también al nuevo macrohotel de La Plata. No les gusta. No lo quieren: “Vamos a ir a por todas”, advierten.

El regreso de los residentes a sus viviendas tras la estabilización del incendio de la Devesa de El Saler no ha frenado el malestar de los vecinos. La Associació Veïnal del Saler ha emitido un comunicado en el que denuncia fallos en la coordinación y en la estrategia del operativo de emergencias tras el fuego que ha quemado más de 30 hectáreas de masa forestal en el paraje natura. La entidad exige que se depuren responsabilidades políticas y la puesta en marcha de un plan de acción efectivo que impida la repetición de episodios similares en este espacio protegido.

Los residentes cuestionan directamente el desarrollo de las tareas de extinción durante la jornada del jueves, cuando el fuego reactivó su virulencia. “Cómo es posible que un incendio que por la mañana parecía totalmente controlado, de repente fuera una amenaza real que de poco no ha acabado llegando al pueblo”, ha expuesto la entidad vecinal. Según la asociación, el giro del viento a mediodía —un fenómeno del que ya había avisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)— cogió al dispositivo sin las decisiones pertinentes tomadas, lo que a su juicio generó una situación de extremo peligro.

En el comunicado, los residentes reflejan el temor sufrido por la población durante la evacuación preventiva del núcleo urbano y de los centros educativos próximos. “El jueves cuando nos evacuaron, todos y todas pensamos que no podríamos volver a ver el bosque tal y como lo conocíamos, porque veíamos las llamas junto al instituto”, ha recordado el colectivo. Tras el regreso a sus casas, la opinión mayoritaria entre el vecindario es que la estrategia “ha fallado” y que no solo “ha puesto en peligro la vida de los bomberos”, sino que estuvo a punto de desencadenar “una desgracia mucho mayor”.

Asimismo, la asociación de vecinos ha recordado que la Devesa requiere un protocolo forestal singular, tanto en la prevención como en los trabajos sobre el terreno, debido a la alta densidad de la vegetación y su cercanía a las zonas habitadas. La entidad ha remarcado que ya en 2024, tras sufrir una oleada de más de 17 fuegos, en su mayoría provocados, solicitaron un cambio de modelo a las administraciones públicas. “No podemos, después de ver lo que ha pasado, pensar que todo se ha hecho bien y que nada ha fallado”, han concluido los portavoces vecinales para instar al Ayuntamiento y a la Generalitat a actuar con inmediatez.

Comença a descendir el sol darrere la Catedral de Palma i la imatge del Passeig del Born sorprèn: més de 500 persones, segons dades dels organitzadors, estan sopant juntes aprofitant cada espai del passeig més popular de la capital balear. Tots ells, veïns de Palma, una de les ciutats d'Espanya que més pateix el procés de turistificació que expulsa els residents dels espais comuns i, sobretot, de l'habitatge. Es tracta del ja consolidat 'Sopar a la Llesca', una iniciativa de l'entitat Brunzit amb l'objectiu de “recuperar els carrers de Palma” per als mallorquins davant la massificació turística que ha envaït la ciutat.

És el segon estiu en què cada dimecres, durant els mesos de juliol i agost, més de mig miler de persones comparteixen sopars en diferents ubicacions com la Plaça Major o la Plaça de l'Olivar. Per al seu darrer sopar han decidit posar la cirereta a aquesta iniciativa al Passeig del Born, un lloc emblemàtic que ha reunit una vegada més gent gran, joves i famílies.

Des de l'organització ho tenien clar: volien tornar a una zona que, asseguren, abans era molt més que un simple lloc de passeig. Expliquen que antigament era un espai de reunió de molts joves de 'Ciutat' -nom popular amb què es designa Palma- on era habitual passar la tarda i trobar-se amb amistats. “S'ha convertit en una zona coberta de terrasses amb 130 metres quadrats ocupats per taules i cadires destinades a un client que pot pagar uns preus desorbitats”, comenten des de l'organització a elDiario.es.

“No sentim el Passeig com a nostre”

Des de les 19:30 de la tarda, mallorquins han començat a apropiar-se del passeig col·locant cadires i pareos a manera de pícnic. Amb motxilles plenes de menjar i moltes ganes de compartir aquesta vetllada, s'han emportat la mirada curiosa dels turistes que passejaven. No han faltat cartells que han decorat els arbres i els fanals amb missatges com 'El turisme ens ofega', 'Born to be alive' (Nascut per viure), 'Pijos i skaters: tornau a ocupar es Born' i 'Menys terrasses, més veïnes'.

Des de les 19:30 de la tarda, els mallorquins han començat a apropiar-se del passeig col·locant cadires i pareos a manera de pícnic i amb motxilles plenes de menjar

Per Blanca Palomo, una de les assistents, poder sopar en un lloc tan emblemàtic és una “fantasía”. “Mai havia pensat poder estar asseguda al terra del Born sopant”, explica la jove de Can Picafort que, acostumada als 'sopars' al seu poble, vol col·laborar a fer que la tradició continuï a Palma.

Clara Vizcaíno comparteix el sopar al costat de les seves amigues, que han portat cadires de casa i, en ple carrer, converteixen el passeig en el seu espai per gaudir d'un sopar d'estiu. No és la primera vegada que va a aquest tipus d'esdeveniments. “He assistit a pràcticament tot aquest any”, explica. “M'emociona molt venir a sopar al carrer i veure-ho ple de gent, ple de residents. Crec que és molt important que això es mantingui”, afegeix.

Igualment, Vizcaíno considera que les administracions haurien de deixar de posar fi a les festes que hi havia a Palma, que és una cosa que s'ha començat a fer des de fa uns anys, segons explica. “Em sembla horrible”, declara. Per la seva banda, Jordi Bernaola, un jove que acostuma a assistir a tots els 'Sopars a la Llesca', considera que a l'Ajuntament no li interessa fer aquest tipus d'actes i que les excuses que posen són una mica “estranyes”.

Maria Carrió i Guillem Rodríguez són una parella de residents que han decidit acompanyar els seus veïns un dimecres més, consideren que està “molt bé poder recuperar aquests espais” i que el Born és una molt bona elecció, molt cèntric i que tothom el coneix. “ Darrerament, no hem sentit el Born com nostre, de la gent de Palma. Si l'Ajuntament no fa coses d'aquestes, la ciutat queda morta per a la gent d'aquí, és molt interessant fer una mica de germanor, una mica més de vida de poble”, agrega ella.

Darrerament, no hem sentit el Born com el nostre, de la gent de Palma. Si l'Ajuntament no fa coses d'aquestes, la ciutat queda morta per a la gent d'aquí, és molt interessant fer una mica de germanor, una mica més de vida de poble

Maria Carrió — Assistent al 'Sopar a la fresca'

Cap a mitjan jornada, l'organització ha llegit un manifest en què han acomiadat els 'Dimecres a Llesca'.“ Avui el Passeig del Born és ple de vida. Això és perquè som nosaltres, palmesans i palmesanes, qui li donem. Com és el Born, vuit places més s'han omplert de música, cultura, jocs i gastronomia al llarg de l'estiu”.

“És el nostre dret i deure moral com a ciutadans de Palma molestar una ciutat que ens molesta i no ens deixa viure. És la nostra obligació reclamar i ocupar les places fins que ningú ens digui que molestam. Perquè Palma és la casa notra i la defensarem!”, han expressat davant tots els assistents.

En acabar la lectura, hi ha hagut crits d'“El carrer sempre serà nostre” i els assistents han acomiadat la celebració al ritme de la Xeremia mallorquina i una mica de Ball de Bot, el ball tradicional de les Balears.

“Intenten criminalitzar els sopars”

La Policia Nacional, mitjançant un comunicat, va comunicar aquest dimecres la decisió de retirar les terrasses del passeig com una “mesura preventiva” davant la celebració de l'esdeveniment, que ha estat autoritzat per la Delegació del Govern. El cos policial va defensar la decisió afirmant que és “imprescindible i determinant” retirar tot el mobiliari urbà no fix dels establiments d'hostaleria del Born “a fi de garantir la seguretat integral, mitigar riscos d'alteració a l'ordre públic i prevenir la comissió de possibles actes vandàlics o disturbis”. Aquesta decisió neix a partir dels disturbis del passat 26 de juliol al mateix lloc, al·ludint a les càrregues policials que van succeir en finalitzar la multitudinària manifestació contra la massificació turística convocada per 'Menys Turisme, Més Vida'.

Brunzit, mitjançant les seves xarxes socials, ha recordat que tots els 'sopar a la fresca' celebrats fins al moment han transcorregut “sense disputes ni cap mena de violència”. A més, durant la lectura del manifest, ha expressat el seu descontentament amb la mesura de la Policia Nacional, al·legant que estan intentant “criminalitzar els sopars”. “Aquests sopars han estat sempre símbol de la convivència pacífica, el respecte i la col·lectivitat. Malgrat els intents de voler criminalitzar un sopar a l'aire lliure, avui ens quedem amb què puguem gaudir d'aquest espai tan ampli que feia anys que no veiem buit”.

De plaça en plaça

“La idea neix des del punt d'estar cansats de veure que l'espai públic ja no ho és, que no és per als veïns ni per a les persones residents, sinó més per als negocis privats i els vianants turistes. A partir d'aquí, ideem una estratègia per reapropiar-nos de l'espai públic i de les places per les quals abans podíem passejar amb tranquil·litat”, explica l'organització en conversa amb elDiario.es.

La idea neix des del punt d'estar cansats de veure que l'espai públic ja no ho és, que no és per als veïns ni per a les persones residents, sinó més per als negocis privats i els vianants turistes. A partir d'aquí, vam idear una estratègia per reapropiar-nos de l'espai públic i de les places per les quals abans podíem passejar amb tranquil·litat

Brunzit

Ja fa quatre anys que Brunzit va començar a fer propostes de caràcter social. En veure la gran participació en els seus actes, van decidir crear els 'Sopars a la llesca“, una iniciativa que ha omplert els calendaris dels veïns de Palma durant dos estius. ”Ho vam batejar d'aquesta manera per donar-li una mica d'identitat. Ho fem des de tota la humilitat del món, sabem que no hem inventat res, volem revitalitzar de forma comunitària i social la ciutat“, afegeixen.

“Considerem molt important crear hàbit. Podríem haver fet un sopar puntual, però la idea sempre ha estat crear un hàbit, una ciutadania de cara a mantenir un hàbit reivindicatiu, crític i de denúncia social de la situació que vivim a totes les illes. Ho hem adaptat a Palma i a l'ús de l'espai públic”, comenten a aquest diari.

Durant aquestes jornades, Brunzit col·labora amb les distintes associacions veïnals de la ciutat: “Volíem presentar-ho des d'un vessant comunitari, de col·laboració entre associacions veïnals. Estem molt en contacte amb les associacions de les places on hem estat i amb les que també treballen en l'àmbit social amb diverses problemàtiques”.

“Volem recuperar una cosa tan mallorquina i tan nostra com sopar a l'aire lliure. És una cosa que es fa a tots els pobles, però que a ciutat ja s'ha perdut”, explica l'entitat. “Qui cuida un territori és qui l'estima”, afegeix. A més, defensa que els turistes no entenen la problemàtica del dia a dia i que per això no cuiden el territori: “La idea és que les persones que vivim i estimem Palma som les que la cuidem. Hi ha moltes coses a fer i nosaltres n'hem fet una”.

Des del punt de vista que els carrers i el model de ciutat és per als residents, amb aquesta iniciativa han volgut donar “vida” a la ciutat mallorquina. L'objectiu principal és fer comunitat, teixir vincles i que les persones tinguin ganes de tornar a viure i a conviure a les places: “Ens trobem en una realitat en què els veïns ens deien que feia anys que no passejaven per certes places a l'estiu”.

Volem recuperar una cosa tan mallorquina i tan nostra com sopar a l'aire lliure. És una cosa que es fa a tots els pobles, però que a ciutat ja s'ha perdut. Ens trobem en una realitat en què els veïns ens deien que feia anys que no passejaven per certes places a l'estiu

Brunzit

“Tenim un model de ciutat fet per als turistes i fa anys que així. No som especials, en altres grans ciutats del món també està passant. Massificació i problemàtica. Vam ser l'experiment principal i portem el lideratge, el problema és que som una illa, el territori no és indefinit, no hi ha lloc per a tothom”, declara Brunzit.

Així mateix, des de l'organització mostren una gran sorpresa i satisfacció davant la rebuda que han tingut els 'Sopars a la Llesca'. “No esperàvem res d'això, no esperàvem 600 persones cada dimecres i creiem fermament que no hi ha més perquè no tenim més cadires i taules, ja que l'Ajuntament posa un límit. La ciutadania té ganes de fer coses i de sortir”.

No esperàvem 600 persones cada dimecres i creiem fermament que no n'hi ha més perquè no tenim més cadires i taules. La ciutadania té ganes de sortir

Brunzit

Els “bloquejos” de l'Ajuntament

Malgrat d'estar animant els veïns de Palma a sortir, l'entitat organitzadora declara haver tingut problemes de “limitacions” per part de l'Ajuntament de Palma. “Aquesta lluita social és molt cansada per a les persones que hi som. Troben moltes propostes i moviments bloquejats pel Consistori”, afegeix.

També expliquen aquestes mateixes fonts que en els últims anys han notat un agreujament de les polítiques de participació. “L'Ajuntament té una estratègia molt clara: no respondre. Fins i tot quan nosaltres hem fet les sol·licituds amb mesos d'antelació, abans dels 25 dies que legalment té l'Ajuntament i no contesten fins a dies abans, per tant, t'impossibilita l'organització, saber si es durà a terme o no. Sobretot cansa, preocupa i estressa”.

“Com a residents tenim vetades places com Cort -on se situa la casa consistorial-, la sol·licitud estava feta i no van donar cap motiu del perquè no. La Llotja i el Born estan vetades. Per molt que sol·licitis, fer una activitat és impossible. És la batalla que viu ara Palma”, manifesten.

En referència al Passeig del Born, l'organització ha desistit de demanar el permís per dur a terme el sopar, ja que asseguren que existeix “un veto”. Per poder realitzar l'acte, han demanat un permís de concentració que se'ls ha estat concedit i han apostat per adaptar el format a un “passeig”.

Davant les crítiques rebudes, l'Ajuntament, en conversa amb aquest diari, ha recalcat que aquests 'sopars' són activitats positives per als barris, ja que fomenten el dinamisme, la convivència i la participació ciutadana. “En aquest sentit, l'objectiu ha de ser afavorir aquesta convivència. El que correspon a l'Ajuntament és donar suport a l'associacionisme i les activitats que desenvolupen les entitats, i que aquestes puguin desenvolupar-se en convivències”, explica.

A més, el Consistori ha assenyalat que al llarg d'aquest estiu s'han autoritzat els següents sopars a la llesca: Plaça del Mercat. Seu, Plaça Major, Plaça d’en Coll, Carrer Fàbrica, Plaça de la Drassana i Plaça Quadrado, autoritzada en substitució de Cort.

“Estem contents d'estar mol·lestant”

Malgrat la bona rebuda per part de la població, la proposta s'ha trobat amb cert descontentament per part del sector de la restauració. La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) va demanar mitjançant un comunicat a l'Ajuntament de Palma “que busqui fórmules que permetin compatibilitzar la celebració d'aquests sopars amb el normal funcionament dels bars i restaurants”.

La patronal empresarial va demanar a l'Ajuntament de Palma 'que busqui fórmules que permetin compatibilitzar la celebració d'aquests sopars amb el normal funcionament dels bars i restaurants'

“Portem des de l'any passat demanant que es busquin ubicacions on els 'Sopars a la Llesca' puguin celebrar-se sense obligar els establiments a tancar o limitar la seva activitat. Crèiem que s'oferiria un ventall d'alternatives, però no ha estat així”, afirma Restauració Mallorca CAEB.

Així mateix, l'associació defensa que no tenen cap problema amb els veïns dels barris i diferencia aquesta convivència diària d'unes convocatòries de caràcter reivindicatiu que transcendeixen al mateix veïnat i considera que el debat no s'ha de plantejar com un enfrontament entre residents i restauradors. “No tenim cap problema amb els veïns dels barris. També som veïns i els nostres bars i restaurants formen part de la seva vida quotidiana”, assenyala la patronal.

“Les places són de tots, però nosaltres ocupem l'espai que ens correspon conforme a una llicència municipal i pagant la taxa establerta. El que reclamem és poder desenvolupar amb normalitat una activitat perfectament legal i regulada”, afegeix. A més, l'entitat considera que correspon a l'Ajuntament encausar aquests esdeveniments i buscar una solució que permeti compatibilitzar els diferents usos de les places.

A la vegada, l'Ajuntament ha deixat clar que moltes d'aquestes iniciatives es desenvolupen en places i espais que permeten la seva celebració sense necessitat d'afectar l'activitat comercial, per la qual cosa són “perfectament compatibles” amb l'activitat econòmica dels barris.

Per la seva banda, Brunzit, davant aquestes declaracions, ha reiterat que no estan en contra de les persones que treballen en el sector hostaler ni hoteler i que es “guanyen la vida amb això”. “Estem molt a favor de les petites empreses, siguin hoteleres o petits negocis que malauradament s'han anat perdent”, agreguen.

“Volen una convivència i un respecte mutu, conservar les terrasses mentre nosaltres acomplim les nostres activitats, però, on volen que sopem? Aleshores hi ha molèstia, som conscients i estem contents d'estar molestant des de la denúncia social”, declara Brunzit.

Així mateix, l'entitat aclareix que rebutja les grans empreses i tenidors del sector hostaler que ara regenten les franquícies que estan a les places cèntriques de Palma. “Estem en contra que empresaris estrangers vinguin a especular i a posar preus desorbitats que no podem pagar”, conclouen.

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño llevará al próximo pleno ordinario que se celebra el próximo jueves, 3 de septiembre, una propuesta para recuperar para el tejido asociativo de Madre de Dios la comisaría de Villegas y ofrecer una alternativa temporal a la asociación de vecinos del barrio tras el cierre provisional del Centro Cívico.

El portavoz del PR+Riojan@s de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha explicado este jueves que la comisaría reabrió en enero de 2024, pero que, actualmente, lleva meses cerrada y sin prestar servicio al barrio. Ha puntualizado que “el Gobierno de Conrado Escobar ha fracasado en su intento de implantar un modelo de policía de barrio”, ya que la comisaría “apenas se ha mantenido abierta dos años y, cuando ha estado operativa, no ha contado con los recursos humanos y técnicos necesarios, llegando estar atendida por un único agente”.

Ante esta situación, el edil riojanista ha apostado por poner estas instalaciones al servicio del barrio, especialmente del movimiento vecinal y del tejido asociativo de la zona este de la ciudad, que demandan locales para desarrollar sus actividades. “Tenemos un espacio público cerrado y un barrio que ha perdido temporalmente el centro en el que desarrollaban sus actividades por el derribo del antiguo convento. Lo razonable es buscar una solución y ofrecer una alternativa al vecindario”, ha recordado Antoñanzas.

En este contexto, el concejal regionalista ha planteado ofrecer temporalmente estas instalaciones a la Asociación de Vecinos de Madre de Dios con el fin de que pueda desarrollar su programación en el barrio mientras permanezca cerrado el Centro Cívico.

Antoñanzas también propondrá en el pleno liberar las plazas de aparcamiento que permanecen reservadas para vehículos policiales frente a la comisaría para uso de los vecinos y comerciantes de la zona. “Desde el Partido Riojano apostamos por dotar de uso a un espacio que está cerrado e infrautilizado para ofrecer una solución temporal a los vecinos de Madre de Dios y generar un nuevo recurso para las asociaciones y colectivos que necesiten un lugar en el que reunirse o desarrollar sus actividades”, ha asegurado.

En su opinión, “el asociacionismo vecinal es fundamental para construir ciudad desde la base. Las asociaciones de vecinos son las que mejor conocen las necesidades de sus barrios, las que organizan actividades y crean espacios de encuentro entre sus vecinos”.

Empieza a descender el sol tras la Catedral de Palma y la imagen del Passeig del Born sorprende: más de 500 personas, según datos de los organizadores, están cenando juntas aprovechando cada espacio del paseo más popular de la capital balear. Todos ellos, vecinos de Palma, una de las ciudades de España que más sufre el proceso de turistificación que expulsa a los residentes de los espacios comunes y, sobre todo, de la vivienda. Se trata del ya consolidado 'Sopar a la Llesca', una iniciativa de la entidad Brunzit con el fin de “recuperar las calles de Palma” para los mallorquines ante la masificación turística que ha invadido la ciudad.

Es el segundo verano en el que cada miércoles, durante los meses de julio y agosto, más de medio millar de personas comparten cenas en distintas ubicaciones como la Plaça Major o la Plaça de l'Olivar. Para su última cena han decidido ponerle el broche a esta iniciativa en el Passeig del Born, un sitio emblemático que ha reunido una vez más a mayores, jóvenes y familias.

Desde la organización lo tenían claro: querían volver a una zona que, aseguran, antes era mucho más que un simple lugar de paseo. Explican que antiguamente era un espacio de reunión de muchos jóvenes de 'Ciutat' -nombre popular con el que se designa a Palma- donde era habitual pasar la tarde y encontrarse con amistades. “Se ha convertido en una zona cubierta de terrazas con 130 metros cuadrados ocupados por mesas y sillas destinadas a un cliente que puede pagar unos precios desorbitados”, comentan desde la organización a elDiario.es.

“No sentimos el Paseo como nuestro”

Desde las 19:30 de la tarde, mallorquines han empezado a adueñarse del paseo colocando sillas y pareos a modo de pícnic. Con mochilas llenas de comida y muchas ganas de compartir esta velada, se han llevado la mirada curiosa de los turistas que paseaban. No han faltado carteles que han decorado los árboles y las farolas con mensajes como 'El turisme ens ofega' (El turismo nos ahoga), 'Born to be alive' (Nacido para vivir), 'Pijos y skaters: tornau a ocupar es Born' (Pijos y skaters: volved a ocupar el Born) y 'Menys terrasses, més veïnes' (Menos terrazas, más vecinas).

Desde las 19:30 de la tarde, los mallorquines han empezado a adueñarse del paseo colocando sillas y pareos a modo de pícnic y con mochilas llenas de comida

Para Blanca Palomo, una de las asistentes, poder cenar en un sitio tan emblemático es una “fantasía”. “Nunca había pensado poder estar sentada en el suelo del Born cenando”, explica la joven de Can Picafort que, acostumbrada a los 'sopars' en su pueblo, quiere colaborar a que la tradición siga en Palma.

Clara Vizcaíno comparte la cena junto a sus amigas, que han traído sillas de casa y, en plena calle, convierten el paseo en su espacio para disfrutar de una cena de verano. No es la primera vez que va a este tipo de eventos. “He asistido a prácticamente todo este año”, explica. “Me emociona mucho venir a cenar a la calle y verlo lleno de gente, lleno de residentes. Creo que es muy importante que esto se mantenga”, añade.

Igualmente, Vizcaíno considera que las administraciones deberían dejar de terminar con las fiestas que había en Palma, que es algo que se ha empezado a hacer desde hace unos años, según explica. “Me parece horrible”, declara. Por su parte, Jordi Bernaola, un que joven que acostumbra a asistir a todos los 'Sopars a la Llesca', considera que al Ayuntamiento no le interesa hacer este tipo de actos y que las excusas que ponen son un poco “raras”.

Maria Carrió y Guillem Rodríguez son una pareja de residentes que han decidido acompañar a sus vecinos un miércoles más, consideran que está “muy bien poder recuperar estos espacios” y que el Born es una muy buena elección, muy céntrico y que todo el mundo lo conoce. “Últimamente, no hemos sentido el Born como nuestro, de la gente de Palma. Si el Ayuntamiento no hace cosas de estas, la ciudad queda muerta para la gente de aquí, es muy interesante hacer un poco de hermandad, un poco más de vida de pueblo”, agrega ella.

Últimamente, no hemos sentido el Born como nuestro, de la gente de Palma. Si el Ayuntamiento no hace cosas de estas, la ciudad queda muerta para la gente de aquí, es muy interesante hacer un poco de hermandad, un poco más de vida de pueblo

Maria Carrió — Asistente al 'Sopar a la fresca'

Hacia la mitad de la jornada, la organización ha leído un manifiesto en el que han despedido los 'Dimecres a la Llesca'.“ Hoy el Paseo del Born está lleno de vida. Y es que somos nosotros, palmesanos y palmesanas, quienes se la damos. Como es Born, otras ocho plazas se han llenado de música, cultura, juegos y gastronomía a lo largo del verano”.

“Es nuestro derecho y deber moral como ciudadanos de Palma molestar a una ciudad que nos molesta y no nos deja vivir. Es nuestra obligación reclamar y ocupar las plazas hasta que nadie nos diga que molestamos. ¡Porque Palma es nuestra casa y la defenderemos!”, han expresado ante todos los asistentes.

Al terminar la lectura, ha habido gritos de “Es carrer sempre será nostre” (La calle siempre será nuestra) y los asistentes han despedido la celebración al ritmo de la Xeremía mallorquina y un poco de Ball de Bot, el baile tradicional de les Balears.

“Intentan criminalizar los sopars”

La Policía Nacional, mediante un comunicado, comunicó este miércoles la decisión de retirar las terrazas del paseo como una “medida preventiva” ante la celebración del evento, que ha sido autorizado por la Delegación del Gobierno. El cuerpo policial defendió la decisión afirmando que es “imprescindible y determinante” retirar todo el mobiliario urbano no fijo de los establecimientos de hostelería del Born “a fin de garantizar la seguridad integral, mitigar riesgos de alteración al orden público y prevenir la comisión de posibles actos vandálicos o disturbios”. Esta decisión nace a partir de los disturbios del pasado 26 de julio en el mismo lugar, aludiendo a las cargas policiales que sucedieron al finalizar la multitudinaria manifestación contra la masificación turística convocada por 'Menys Turisme, Més Vida'.

Brunzit, mediante sus redes sociales, ha recordado que todos los 'sopars a la fresca' celebrados hasta el momento han transcurrido “sin disputas ni ningún tipo de violencia”. Además, durante la lectura del manifiesto, ha expresado su descontento con la medida de la Policía Nacional, alegando que están intentando “criminalizar los sopars”. “Estas cenas han sido siempre símbolo de la convivencia pacífica, el respeto y la colectividad. A pesar de los intentos de querer criminalizar una cena al aire libre, hoy nos quedamos con que podamos disfrutar de este espacio tan amplio que hacía años que no vemos vacío”.

De plaza en plaza

“La idea nace desde el punto de estar cansados de ver que el espacio público ya no lo es, que no es para los vecinos ni para las personas residentes, sino más para los negocios privados y los peatones turistas. A partir de ahí, ideamos una estrategia para reapropiarnos del espacio público y de las plazas por las que antes podíamos pasear con tranquilidad”, explica la organización en conversación con elDiario.es.

La idea nace desde el punto de estar cansados de ver que el espacio público ya no lo es, que no es para los vecinos ni para las personas residentes, sino más para los negocios privados y los peatones turistas. A partir de ahí, ideamos una estrategia para reapropiarnos del espacio público y de las plazas por las que antes podíamos pasear con tranquilidad

Brunzit

Ya hace cuatro años que Brunzit empezó a hacer propuestas de carácter social. Al ver la gran participación en sus actos, decidieron crear los 'Sopars a la llesca“, una iniciativa que ha llenado los calendarios de los vecinos de Palma durante dos veranos. ”Lo llamamos de esta manera para darle un poco de identidad. Lo hacemos desde toda la humildad del mundo, sabemos que no hemos inventado nada, queremos revitalizar de forma comunitaria y social la ciudad“, añaden.

“Consideramos muy importante crear hábito. Podríamos haber hecho una cena puntual, pero la idea siempre ha sido crear un hábito, una ciudadanía de cara a mantener un hábito reivindicativo, crítico y de denuncia social de la situación que estamos viviendo en todas las islas. Lo hemos adaptado a Palma y al uso del espacio público”, comentan a este periódico.

Durante estas jornadas, Brunzit colabora con las distintas asociaciones vecinales de la ciudad: “Queríamos presentarlo desde una vertiente comunitaria, de colaboración entre asociaciones vecinales. Estamos mucho en contacto con las asociaciones de las plazas donde hemos estado y con las que también trabajan en el ámbito social con diversas problemáticas”.

“Queremos recuperar algo tan mallorquín y tan nuestro como cenar al aire libre. Es algo que se hace en todos los pueblos, pero que en ciudad ya se ha perdido”, explica la entidad. “Quien cuida un territorio es quien lo ama”, añade. Además, defiende que los turistas no entienden la problemática del día a día y que por eso no cuidan el territorio: “La idea es que las personas que vivimos y amamos Palma somos las que la cuidamos. Hay muchas cosas que hacer y nosotros hemos hecho una”.

Desde el punto de vista de que las calles y el modelo de ciudad es para los residentes, con esta iniciativa han querido dar “vida” a la ciudad mallorquina. El objetivo principal es hacer comunidad, tejer vínculos y que las personas tengan ganas de volver a vivir y a convivir en las plazas: “Nos encontramos en una realidad en la que los vecinos nos decían que hacía años que no paseaban por ciertas plazas en verano”.

Queremos recuperar algo tan mallorquín y tan nuestro como cenar al aire libre. Es algo que se hace en todos los pueblos, pero que en ciudad ya se ha perdido. Nos encontramos en una realidad en la que los vecinos nos decían que hacía años que no paseaban por ciertas plazas en verano

Brunzit

“Tenemos un modelo de ciudad hecho para los turistas y hace años que así. No somos especiales, en otras grandes ciudades del mundo también está pasando. Masificación y problemática. Fuimos el experimento principal y llevamos la delantera, el problema es que somos una isla, el territorio no es indefinido, no hay sitio para todos”, declara Brunzit.

Asimismo, desde la organización muestran una gran sorpresa y satisfacción ante el recibimiento que han tenido los 'Sopars a la Llesca'. “No esperábamos nada de esto, no esperábamos 600 personas cada miércoles y creemos firmemente que no hay más porque no tenemos más sillas y mesas, ya que el Ayuntamiento pone un límite. La ciudadanía tiene ganas de hacer cosas y de salir”.

No esperábamos 600 personas cada miércoles y creemos firmemente que no hay más porque no tenemos más sillas y mesas. La ciudadanía tiene ganas de salir

Brunzit

Los “bloqueos” del Ayuntamiento

A pesar de estar animando a los vecinos de Palma a salir, la entidad organizadora declara haber tenido problemas de “limitaciones” por parte del Ayuntamiento de Palma. “Esta lucha social es muy cansada para las personas que estamos. Encontramos muchas propuestas y movimientos bloqueados por el Consistorio”, agrega.

También explican estas mismas fuentes que en los últimos años han notado un agravamiento de las políticas de participación. “El Ayuntamiento tiene una estrategia muy clara: no responder. Incluso cuando nosotros hemos hecho las solicitudes con meses de antelación, antes de los 25 días que legalmente tiene el Ayuntamiento y no contestan hasta días antes, por tanto, te imposibilita la organización, saber si se llevará a cabo o no. Sobre todo cansa, preocupa y estresa”.

“Como residentes tenemos vetadas plazas como Cort -donde se sitúa la casa consistorial-, la solicitud estaba hecha y no dieron ningún motivo de por qué no. La Lonja y el Born están vetadas. Por mucho que solicites, hacer una actividad es imposible. Es la batalla que está viviendo ahora Palma”, manifiestan.

En referencia al Passeig del Born, la organización ha desistido de pedir el permiso para realizar la cena, puesto que aseguran que existe “un veto”. Para poder realizar el acto, han pedido un permiso de concentración que se les ha sido concedido y han apostado por adaptar el formato a un “paseo”.

Ante las críticas recibidas, el Ayuntamiento, en conversación con este diario, ha recalcado que estos 'sopars' son actividades positivas para los barrios, ya que fomentan el dinamismo, la convivencia y la participación ciudadana. “En este sentido, el objetivo debe ser favorecer esta convivencia. Lo que corresponde al Ayuntamiento es apoyar el asociacionismo y las actividades que desarrollan las entidades, y que estas puedan desarrollarse en convivencias”, explica.

Además, el Consistorio ha señalado que a lo largo de este verano se han autorizado los siguientes sopars a la llesca: Plaça del Mercat. Seu, Plaça Major, Plaça d’en Coll, Calle Fàbrica, Plaça de la Drassana y Plaça Quadrado, autorizada en sustitución de Cort.

“Estamos contentos de estar molestando”

A pesar del buen recibimiento por parte de la población, la propuesta se ha encontrado con cierto descontento por parte del sector de la restauración. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) pidió mediante un comunicado al Ayuntamiento de Palma “que busque fórmulas que permitan compatibilizar la celebración de estas cenas con el normal funcionamiento de los bares y restaurantes”.

La patronal empresarial pidió al Ayuntamiento de Palma 'que busque fórmulas que permitan compatibilizar la celebración de estas cenas con el normal funcionamiento de los bares y restaurantes'

“Llevamos desde el año pasado pidiendo que se busquen ubicaciones donde los 'Sopars a la Llesca' puedan celebrarse sin obligar a los establecimientos a cerrar o limitar su actividad. Creíamos que se ofrecería un abanico de alternativas, pero no ha sido así”, afirma Restauración Mallorca CAEB.

Asimismo, la asociación defiende que no tienen ningún problema con los vecinos de los barrios y diferencia esa convivencia diaria de unas convocatorias de carácter reivindicativo que trascienden al propio vecindario y considera que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre residentes y restauradores. “No tenemos ningún problema con los vecinos de los barrios. También somos vecinos y nuestros bares y restaurantes forman parte de su vida cotidiana”, señala la patronal.

“Las plazas son de todos, pero nosotros ocupamos el espacio que nos corresponde conforme a una licencia municipal y pagando la tasa establecida. Lo que reclamamos es poder desarrollar con normalidad una actividad perfectamente legal y regulada”, añade. Además, la entidad considera que corresponde al Ayuntamiento encauzar estos acontecimientos y buscar una solución que permita compatibilizar los diferentes usos de las plazas.

A su vez, el Ayuntamiento ha dejado claro que muchas de estas iniciativas se desarrollan en plazas y espacios que permiten su celebración sin necesidad de afectar a la actividad comercial, por lo que son “perfectamente compatibles” con la actividad económica de los barrios.

Por su parte, Brunzit, ante estas declaraciones, ha reiterado que no están en contra de las personas que trabajan en el sector hostelero ni hotelero y que se “ganan la vida con esto”. “Estamos muy a favor de las pequeñas empresas, ya sean hoteleras o pequeños negocios que desgraciadamente se han ido perdiendo”, agregan.

“Quieren una convivencia y un respeto mutuo, conservar las terrazas mientras nosotros realizamos nuestras actividades, pero, ¿dónde quieren que cenemos? Entonces hay molestia, somos conscientes y estamos contentos de estar molestando desde la denuncia social”, declara Brunzit.

Asimismo, la entidad aclara que rechaza las grandes empresas y tenedores del sector hostelero que ahora regentan las franquicias que están en las plazas céntricas de Palma. “Estamos en contra de que empresarios extranjeros vengan a especular y a poner precios desorbitados que no podemos pagar”, concluyen.

Mientras un señor trabaja con su portátil en una de las mesas de la planta baja del flex living Flipco Retiro, en el número 58 de la calle Cavanilles de Madrid, el barrio continúa con su trasiego al otro lado de la puerta de vidrio que sirve de acceso. Hombres mayores que caminan con ayuda de sus cuidadoras, matrimonios de jubilados que se sientan a la sombra en un banco o trabajadores de distintos establecimientos que apuran el cigarro del mediodía.

De repente, un extraño episodio provoca la interacción entre estos dos universos en principio aislados. Una señora se detiene junto a la entrada de Flipco, observa las piedras blancas que decoran el espacio y empieza a guardarlas en un bolso. Ni siquiera mira a los lados por si alguien la observa o alguna cámara de seguridad la capta. Las toma como si fueran un bien personal, o más bien común. Como si las encontrara en el parque situado a unos pocos metros.

El acto, al borde de la legalidad, demuestra una forma de resistencia imprevista frente a unos negocios que parecen operar dando la espalda a los lugares donde se insertan. Ninguno de los clientes que abandonan Flipco mientras Somos Madrid permanece en la puerta atiende las preguntas planteadas. Es una cuestión más de prisa que de descortesía: a todos ellos les espera ya un VTC cuando salen a la calle.

Flipco Retiro aterrizó en el corazón del distrito de Retiro a finales de abril. Ofrece dos estudios para estancias temporales, que van desde pocos días hasta varios meses, en la antigua sede de Metro de Madrid. No en vano, la Nave de Motores (abierta a visitas del público) se ubica a pocos pasos. Detrás del proyecto y previa inversión de 39 millones de euros está el fondo inmobiliario Argis, promotora inmobiliaria que también tiene una pata puesta en los alquileres tradicionales.

Pasar una noche en alguna de sus dos estancias cuesta un mínimo de 166 euros si se alquilan por días, mientras que en la modalidad mensual no bajan de 2.000 euros. De este modo, Argis garantiza unos ingresos muy superiores a los dueños de unos alquileres tradicionales que a su vez contribuye a aumentar con la implantación de su modelo. El precio de un piso de dimensiones similares a las del estudio en la zona oscila entre los 900 y los 1.000 euros. Y eso que el alquiler ha subido en Pacífico más de un 10% por metro cuadrado en el último año, según Idealista. Solo este último mes, ya con Flipco, lo ha hecho casi un 3%. Esto es, muy por encima del resto del distrito (en otros puntos incluso ha retrocedido).

Quedarse en Madrid al margen de la ciudad

“¿Esto qué es?”, pregunta a su hija un señor que pasea por la acera donde se ubica este alojamiento en el barrio de Pacífico. “Parece como un hotelito”, responde ella. No va desencaminada, ya que los flex living no se diferencian en demasía del tradicional apartahotel. Tampoco del más moderno coliving. A priori, se distancian en su apuesta por mayores y mejores servicios para fomentar estancias algo más prolongadas. Pero lo cierto es que muchos de estos negocios jugan indistintamente con ambos conceptos y apelan tanto a la cohabitabilidad como a la flexibilidad.

La verdadera divergencia está en el terreno normativo. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. La flexibilidad no es así cosa solo de los huéspedes, también responde a la falta de regulación sobre un modelo que se erige con grandes facilidades.

De esta manera, los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la Ley de Arrendamientos Urbanos limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats como los que se ven al otro lado del cristal en Cavanilles.

Un modelo en plena ebullición, como muestran de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región. Todo ello reforzado por el apoyo del Gobierno regional y del municipal, que facilitan su implentación con controles poco estrictos o hasta campañas promocionales.

En Flipco, toda esta actividad en ebullición se desarrolla en un bloque que cuenta también con decenas de viviendas. De hecho, el número 58 de Cavanilles incluye tres portales al margen de los apartamentos de estancia temporal. A dos de allos se accede por una puerta situada a pocos metros de la entrada al negocio, mientras que al correspondiente a la letra c se llega dando un rodeo al citado parque anexo.

Los residentes de esas viviendas prefieren guardar silencio ante las preguntas de este periódico, al igual que lo hacen de momento desde Flipco Retiro al no contestar las preguntas de este medio sobre cómo ha sido la llegada a un barrio que de momento les mira con recelo y suspicacias. Por ahora, como sus clientes, prefieren esquivar la mirada a quienes les rodean.

La ermita de San Bartolomé en Leioa separaba este lunes por la tarde dos formas de vivir las fiestas del barrio. Por un lado, delante del edificio religioso, un centenar de personas han sido testigos de las Asto Probak, pruebas de arrastre de piedra con burros, mientras que, por otro lado, detrás de la ermita, decenas de vecinos se manifestaban en contra. Los gritos de “¿Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir?” se ahogaban en la música que ambientaba este deporte rural muy extendido en Euskadi y otras zonas del país.

Las pruebas de Leioa han consistido en la presentación del burro al público en primer lugar, para después colocarle una piedra de alrededor de 700 kilogramos al lomo y al cuello con unas cadenas. En este momento, el animal, inquieto ante lo que estaba ocurriendo, ha comenzado a defecar. Cuando el pitido de inicio de la prueba ha sonado, uno de los cuatro hombres que manejaban al animal le ha dado un golpe seco con una vara, mientras otro le ha agarrado del hocico con el objetivo de guiarle. Así, el animal ha trasladado la piedra por una recta mientras dos hombres le golpeaban con varas de madera y otro se posicionaba en la parte trasera, con una vara distinta, más conocida como una aguijada por su punta de hierro para picar al burro y que este obedezca. Si el animal lanzaba una coz, el golpe recaía en la piedra. En total, cada animal ha tardado una media de un minuto en realizar la ida y otro minuto en realizar el regreso. Y así sucesivamente con distintos animales hasta lograr un ganador: el burro que durante más tiempo sea capaz de transportar la piedra y dé más vueltas al recorrido, llegando a durar más de 20 minutos por animal.

Una fuerte presencia policial de Policía Municipal y la Ertzaintza dividía a los dos grupos de vecinos con el fin de evitar altercados entre ellos. Mientras los que veían las pruebas eran reacios a hacer comentarios a la prensa y cuidaban quién se acercaba al evento -se trata de un barrio pequeño en el que prácticamente todos se conocen- en la manifestación los vecinos que se mostraban en contra de la Asto Probak buscaban llamar la atención de la mayor gente posible. “A nosotros no nos da vergüenza estar aquí, ni que nos miren, pero parece que a ellos sí que les avergüenza lo que hacen porque no quieren que nadie de fuera se entere. Nosotros cuantos más seamos mejor, de hecho, entregaremos diplomas a todos aquellos que se acerquen a la protesta a modo de reconocimiento de compromiso, por haber alzado la voz por los que no pueden hacerlo, y haber dicho, alto y claro, que el sufrimiento animal no es tradición”, ha señalado una vecina a este periódico.

“Como decía Eduardo Galeano, 'mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo'. Todos los estudios científicos y las normativas indican que los animales sienten. Por eso, las pruebas de arrastre de piedra con animales han desaparecido de todas las fiestas de barrio de Leioa, salvo de las de San Bartolomé. En las Asto Probak, un burrito que no pesa más de 400 kg es obligado a arrastrar una piedra de 700 kg durante 20 minutos. No hay en el mundo ninguna otra prueba regulada que se realice con équidos en la que se exija un esfuerzo tan intenso durante tanto tiempo. Gana premios en metálico el dueño del burro que haga más veces el recorrido. Para ello puede romper hasta 2 varas pegando al burro, le pone una pieza metálica dentada sobre el hueso de su nariz, o le grita para recordarle todo lo que le han pegado en los entrenamientos”, han denunciado los vecinos que se han manifestado en contra de la actividad al considerarla maltrato animal.

Tras una pancarta en la que se leía “El respeto a los animales, una nueva tradición para el Leioa de los próximos 500 años” y “Fiestas sin maltrato animal”, decenas de personas de todas las edades se han manifestado con el objetivo de evitar que estos eventos se sigan produciendo y, en su lugar, se opten por actividades y deportes que no incluya el sufrimiento animal. “Es dudoso que unas pruebas que llegaron al barrio a mediados de los años 50 del siglo pasado puedan considerarse una tradición, pero ninguna tradición puede estar por encima de la razón. El Ayuntamiento de Leioa tiene competencias suficientes para limitar el acceso de menores a unas pruebas de carácter violento, o para condicionar las subvenciones y el uso del espacio público a que no se celebren pruebas de arrastre de piedra con animales. No pretendemos dejar a las fiestas sin subvención, sino quitar de las fiestas las Asto Probak. Por eso pedimos a la ciudadanía que siga siendo protagonista de la solución a este problema, informándose y participando en las movilizaciones, porque las fiestas sin sufrimiento animal son mucho mejores”, han solicitado los asistentes a la manifestación.

Un grupo de niños y niñas del barrio ha dibujado una pancarta que dos vecinas mostraban con orgullo y en la que se veía un burro atado a una piedra y el mensaje “San Bartolomé celebra con alegría no con palos”. “Las fiestas de Bartolomé dedican más dinero a los premios que dan a los dueños de los burros de las Asto Probak que a actividades para niños y niñas. Unas fiestas sin sufrimiento animal serían mucho mejores”, han señalado las vecinas.

Una década de protestas y una iniciativa popular que no ha sido aprobada

Las movilizaciones contra las pruebas de arrastre con burros en Leioa comenzaron hace una década. Tras recoger 11.500 firmas por internet en 2015 y 45.000 en 2019 y no recibir respuesta, en septiembre de 2025 iniciaron una recogida de firmas en papel que ha finalizado con un total de 3.115 firmas de personas mayores de edad residentes en Leioa para presentar una iniciativa popular ante el Ayuntamiento.

El pasado 23 de julio la iniciativa para sustituir las Asto Probak por otras actividades sin sufrimiento animal fue discutida y votada por el Pleno del Ayuntamiento de Leioa, donde fue rechazada con los votos en contra del PNV quien gobierna el Ayuntamiento con los socialistas, EH Bildu y el PP, mientras que el PSE-EE y Elkarrekin Podemos votaron a favor. Los grupos que votaron en contra defendieron que la organización de las fiestas corresponde a la comisión festiva del barrio y recordaron que las Asto Probak se desarrollan bajo la normativa de la Federación de Deportes Vascos. “A pesar de ese resultado, no damos el tema por cerrado. La petición de más de 3.000 personas empadronadas en Leioa va a seguir estando sobre la mesa del Ayuntamiento cada vez que discuta el plan anual de subvenciones, cada vez que hablen sobre el modelo de fiestas que quieren para Leioa, pero, sobre todo, cada vez que la ciudadanía se lo recuerde, mediante concentraciones pacíficas como la de hoy”, han concluido los manifestantes, que aseguran que la Comisión de Fiestas está constituida como asociación independiente en 2007 “por personas que en su mayoría hace años que no viven en el barrio y está blindada para que no entre nadie que no venga avalado por dos personas que ya son socias”.

Para llevar a cabo la iniciativa popular, los vecinos presentaron ante el Ayuntamiento un informe de 40 páginas con valoraciones de veterinarios que certifican “el dolor y estrés” que producen en los burros las pruebas de arrastre de piedra en fiestas.

En los informes veterinarios, los expertos identifican múltiples factores que causan “un sufrimiento innecesario en los burros”. En primer lugar, destacan el “esfuerzo extremo”. “Las Asto probak son una actividad anaeróbica de alta intensidad, lo que significa que requiere un gran esfuerzo en un corto período de tiempo. Los burros, que pesan alrededor de 400 kg, arrastran una piedra de 700 kg, por ejemplo, en repeticiones de 15 segundos con 6 segundos de descanso durante un total de 20 minutos. Aunque se descuente el tiempo de descanso, el esfuerzo se prolonga por 14 minutos, un tiempo considerablemente más largo que los tres a seos minutos de duración máxima de otras pruebas reguladas con équidos”, detallan los veterinarios, que afirman que esta prolongación del esfuerzo causa “un sufrimiento injustificado en los burros”.

En segundo lugar, los expertos detectan “signos de dolor y estrés” durante y tras la práctica. “Los burros reaccionan al estrés con una inmovilidad estoica, un comportamiento que les ayuda a no parecer vulnerables a sus posibles depredadores. Por esta razón, el malestar debe identificarse a través de sus expresiones corporales y faciales. En las Asto probak, se observa que los burros tiran de la piedra con la cabeza muy levantada, lo que es un signo de estrés, miedo y deseo de huir”, destaca el informe que también señala expresiones de “evitación por miedo”, como la retirada de la cabeza ante la vara, así como expresiones de dolor o malestar en la cara, como tensión en la zona de las fosas nasales, arrugas sobre los belfos y ojos con la ceja elevada.

La tercera de las conclusiones a las que llega el informe es que las Asto probak suponen para estos animales “un castigo físico y psicológico”. “Hay varias formas de castigo utilizadas en las 'asto probak'. Los gritos generan reacciones de evitación en los burros debido a un entrenamiento previo que asocia el grito con el dolor. También se observan tirones de riendas y golpes con la vara o akullu”, sostienen los expertos, que destacan que el reglamento de la Federación de Herri Kirolak permite el uso de la vara, pero a diferencia de en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, donde también se llevan a cabo actividades con animales, el uso de la vara se considera maltrato animal. “En Euskadi también se utiliza una serreta, una pieza metálica dentada que se coloca sobre el hueso nasal del burro, cubierta con una cinta que no elimina el dolor de la presión”.

Según concluyen, las actividades que se basan “en el miedo o el dolor por castigo y que implican altos niveles de estrés son incompatibles con el bienestar animal”. Además, recuerdan que la Ley 17/2021 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica que su bienestar no solo es físico, sino también emocional y sostiene que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSAOIE) también recomienda evitar actividades que causen sufrimiento a los équidos de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Leioa señalan a este periódico que “las Asto probak, que se desarrollan en el marco de las fiestas del barrio de San Bartolomé, cuentan con los permisos pertinentes de Diputación, están sujetas a la normativa foral referente al control de sanidad y bienestar de los animales que participan en deportes rurales”. “Esta no es una actividad propuesta por el Ayuntamiento de Leioa, sino que se desarrolla a petición e iniciativa de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé; compuesta por vecinos y vecinas del barrio. Es decir, que es una actividad que se desarrolla porque vecinos y vecinas así lo solicitan”, justifica el Consistorio tras rechazar la iniciativa popular de los vecinos por cambiar la actividad por otras que no incluyan animales.

“Sin duda, hoy es un día triste. Sentimos mucha impotencia. Mientras algun@s disfrutan de áticos, nosotras luchamos por defender 35 metros cuadrados que han sido y seguirán siendo parte de la historia de Radio Enlace”. Con esa sutil mención al polémico inmueble adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la emisora comunitaria Radio Enlace ha actado este lunes la orden de desalajo tras el fin de la concesión de uno de sus locales y la posterior sanción impuesta por la Junta Municipal de Hortaleza.

El organismo, presidido por el controvertido David Pérez (bautizado como el concejal aguafiestas), escaló en su ofensiva contra la emisora después de que esta no despejase completamente las instalaciones el pasado 31 de julio. Los organizadores se enfrentaban a una sanción que aumentaría en 1.000 euros por cada semana sin ejecutar la expulsión y liberar el espacio situado en la calle Matapozuelos.

Radio Enlace había alcanzado casi 7.000 firmas en Change.org para frenar su expulsión del local, donde elaboran diversos programas que descongestionan su local principal, entre ellos todos aquellos conducidos o participados por personas con dicapacidad (dados los problemas de accesibilidad del otro recinto). La petición online reclama a la Junta de Hortaleza que convoque un nuevo concurso público al que también pueda optar “con transparencia” esta emisora, en un dardo a la administración por apartar a un proyecto vecinal de voces críticas con el Ayuntamiento.

“35 metros cuadrados que son mucho más que un espacio: son una pequeña casita acogedora donde, durante años, hemos podido tejer una red social y comunitaria. Un lugar desde el que hemos dado voz al barrio, impartido cursos, acompañado y acercado recursos a personas vulnerables y construido comunidad junto a tantas asociaciones y vecinas”, explica Radio Enlace a través de un mensaje en Instagram. La emisora ha convertido esta última jornada en un día de encuentro y celebración de sus 37 años de trayectoria, que continuarán aunque ahora mermados, pero también en una cita reivindicativa.

“Nos cedieron la casita del conserje, un pequeño espacio que fue rehabilitado con esfuerzo y que hemos convertido en un lugar vivo, abierto y al servicio del barrio”, recalcan. Fue en 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos).

“Todavía no nos creemos que una asociación como la nuestra, que trabaja desde y para la comunidad y que colabora estrechamente con las asociaciones del barrio, tenga que estar ahora luchando por las migajas que nos cedieron. Porque no estamos defendiendo solo 35 metros cuadrados. Estamos defendiendo una historia, un proyecto comunitario y un espacio que pertenece, de alguna manera, a todas las personas que durante estos años lo han hecho suyo”, apostillan.

“Duele profundamente que tengamos que luchar por algo tan pequeño cuando lo que hemos construido dentro es tan grande. Gracias a tod@s por el apoyo SEGUIREMOS HACIENDO RADIO, seguiremos haciendo BARRIO”, concluyen. Un sentir al que se han sumado con mensajes de aliento numerosos vecinos a través de las redes sociales. “Muchos ánimos y agradecimiento eterno. Solo desde el sectarismo ideológico no se puede estar con vosotros. Os queda mucho por dar y compartir”, recoge uno de los más emotivos.

Pérez defiende una decisión “plenamente legítima y legal”

Mientras, David Pérez ha utilizado su cuenta de X para afirmar que “la decisión de no prorrogar un convenio a una entidad es plenamente legítima y legal”. “Pretender obligarme a acatar la voluntad y los intereses de una entidad no es ni legítimo ni legal. Ninguna asociación puede pretender apropiarse de un local municipal de por vida. Que los socialistas y comunistas apoyen esto, es muy preocupante. A partir de ahí, la campaña política es eso: una campaña política de una oposición que quiere gobernar sin ganar las elecciones, quiere suplantarse mi responsabilidad como presidente de Hortaleza”, añade.

“La izquierda, la ultraizquierda y sus partidos y entidades consideran que es legítimo presionar a un responsable público para obligarle a prorrogar a una de sus entidades un convenio que simplemente ha caducado. Todo para obligarme a decidir lo que ellos quieren y acatar su voluntad. Por muy coaccionado que me sienta, nunca aceptaré maniobras contra la legitimidad democrática. Los madrileños no votaron a estas fuerzas pero ellas pretenden imponer su ley como si fueran el gobierno. Y no lo son. Y si no lo aceptas, te atacan por todos los medios. Para defender intereses particulares e ideológicos”, ha concluido Pérez.

El edil socialista Jorge Donaire le ha respondido en la misma red social: “La oposición hace oposición, los vecinos protestan y una entidad discrepa. Casi un golpe de Estado para ti. Nadie quiere gobernar en tu nombre”. Desde su punto de vista, en el caso de Radio Enlace “bastaba con que hubieras gobernado tú y buscado una solución antes del desalojo”.

La Coordinadora de Entidades de Hortaleza también ha reprochado al concejal popular que utilice las redes para esas valoraciones y no para aclarar cómo se licitará la nueva adjudicación del local: “Mucho texto y David Pérez sigue sin responder si va a abrir un proceso abierto, transparente y objetivo para asignar el local recién desalojado al que se pueda presentar cualquier entidad, o lo va a repartir a dedo, como ya ha hecho con otros locales del distrito”.

Otro de los principales puntos de discordia con la orden de desalojo ha tenido que ver con los plazos de la ejecución, en pleno verano. “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”, denunciaba Javier Robles, uno de los coordinadores de la emisora, a Somos Madrid poco después de oficializarse la noticia. Desde Cibeles argumentan que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.

Los enfrentamientos entre David Pérez y el tejido asociativo de los barrios son habituales desde su llegada al distrito tras los últimos comicios municipales, donde ocupó un puesto en la lista de José Luis Martínez-Almeida después de ostentar la consejería de Vivienda y Transportes en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En mayo del año 2025, sin ir más lejos, surgió otro choque con asociaciones críticas, que denunciaron la asfixia a la que se veían sometidas después de que el representante de Cibeles dejara a muchas sin caseta en los festejos municipales de Hortaleza. Las entidades sugirieron posibles “irregularidades” en la decisión y estalló un cruces de reproches, que hoy continúa abierto con el dilema de Radio Enlace.

“Desde que llegó, David Pérez no ha parado de hostigar al tejido asociativo del distrito: su modus operandi es castigar, cancelar festivales, multar a las asociaciones vecinales, desmantelar los espacios de participación ciudadana”, ha considerado también uno de los concejales Más Madrid en el Ayuntamiento, Miguel Montejo, a raíz de la sanción impuesta a la emisora. Considera que Radio Enlace ha sido una de las organizaciones vecinales “más castigadas” por el edil popular. Asimismo, exige al alcalde José Luis Martínez-Almeida que “paralice inmediatamente” la multa y abra un “proceso transparente para garantizar la continuidad de la emisora en su local”, aunque deba hacerlo “obligando” a su concejal en Hortaleza.

“Ací hi ha uns senyors que s’estan carregant les façanes que donen a les zones comunes a martellades sense permís de la comunitat, una cosa il·legal sense cap mena de dubte, i ni la Policia Local, que s’hi ha personat diverses vegades, ni l’Ajuntament han sigut capaços de paralitzar les obres”. Així s’han pronunciat els veïns consultats per elDiario.es dels residencials situats al carrer Carlos Cortina amb Salvador Cerveró i al carrer Encarna Albarracín, tots dos molt pròxims i situats a la zona d’expansió del barri de Benicalap, a València.

Segons han informat, la mercantil Business Decission and Advice SL va adquirir els baixos comercials dels dos edificis i va iniciar les obres per a executar sengles allotjaments turístics, en principi davall la tipologia d’aparthotel, de 38 estances en el cas del carrer Carlos Cortina i de 22 en el d’Encarna Albarracín.

A les lògiques molèsties per les obres, amb perforacions incloses en els garatges per a realitzar els desaigües que, segons fonts veïnals, han causat alguns danys i inseguretat, se suma la lògica preocupació per la posada en marxa d’una activitat que consideren que alterarà la convivència normal entre els residents, que s’hi van oposar des del primer moment.

De fet, l’administradora de la primera comunitat ha assegurat a aquesta redacció que van aprovar en una junta la prohibició de l’ús turístic del residencial. En el cas del segon, el del carrer Encarna Albarracín, ho tenen inclòs en els seus estatuts: “Ens amenacen a donar accés als turistes a les zones comunes i a la piscina, generant inseguretat i pèrdua d’intimitat als residents, quan, a més, és una cosa que no poden fer”, afirma la presidenta d’aquesta comunitat. En tots dos casos han presentat diverses denúncies i en el primer ja hi ha data per a un procediment judicial el pròxim mes de febrer.

La tensió ha anat a més en les últimes setmanes, ja que els operaris de l’obra han obert finestrals a les façanes que donen als elements comuns sense permís de les comunitats afectades, una cosa que, com indiquen les fonts esmentades, prohibeix expressament la Llei de propietat horitzontal: “El propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis d’aquest quan no menyscabe o altere la seguretat de l’edifici, la seua estructura general, la seua configuració o estat exteriors, o perjudique els drets d’un altre propietari, i haurà de donar compte d’aquestes obres prèviament a qui represente la comunitat”, diu l’article 7.1.

“Estem totalment indefensos davant els abusos d’aquesta empresa. La Policia Local ens està atenent molt bé i ve quan se la requereix, però de moment no poden parar l’obra. També ha vingut la inspecció de l’Ajuntament sense que, de moment, s’haja pres cap mesura”, afirmen els residents, que expliquen que la propietat dels baixos només pot entrar a l’interior del residencial per a accedir al quart de comptadors.

Per la seua banda, aquest diari ha intentat recaptar la versió de l’esmentada mercantil sense haver obtingut resposta.

Dubtes sobre la llicència d’obres

Més enllà de l’activitat turística que està regulada en la nova normativa que va aprovar l’Ajuntament el passat mes de març després d’aplicar una moratòria de dos anys en la concessió de noves llicències, les fonts veïnals no acaben d’entendre que l’Ajuntament haja concedit sengles llicències d’obres si el projecte presentat per l’empresa incloïa l’alteració de zones comunes sense tindre permís de la comunitat per a fer-ho.

“Tenim molts dubtes amb el procediment administratiu. L’empresa assegura que té un certificat validat per una Entitat Col·laboradora Urbanística (ECUV), que ha presentat a l’Ajuntament per a obtindre la llicència d’obres. Però és impossible que s’haja donat aquesta llicència si el projecte inclou l’alteració d’elements comuns sense tindre permís de la comunitat. Hi ha alguna cosa que no quadra”, diuen els residents consultats.

Als dubtes plantejats se suma la denúncia de Compromís respecte de la resolució firmada el passat 14 de juliol pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, per la qual es va denegar el permís d’obres en el cas del projecte del carrer Carlos Cortina.

La resolució, a la qual ha tingut accés elDiario.es, conclou que els allotjaments turístics projectats superen el 15% permés per a l’activitat en baixos per illa, arribant “al 100%” en aquest cas, i sobrepassen els percentatges fixats en la modificació de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de València sobre usos terciaris hotelers, aprovada definitivament el 31 de març de 2026 i en vigor des del 25 de maig.

Tanmateix, des de l’equip de Govern van assegurar que, posteriorment a aquesta resolució, l’empresa promotora va renunciar a l’excés de superfície terciària, per la qual cosa se li va concedir el permís d’obres. No obstant això, a l’illa només existeix un residencial i, tal com ha comprovat en el lloc mateix elDiario.es, en tots els baixos s’estan fent aparentment les mateixes obres, en concret, 38 allotjaments.

En el cas de la comunitat del carrer Encarna Albarracín, les mateixes fonts municipals han explicat que l’informe elaborat per la inspecció recull que, en la cosa observable, s’ajusten bàsicament a la documentació gràfica incorporada a l’expedient.

La inspecció recull així mateix que l’obertura d’una finestra a la façana interior denunciada “figura en el projecte modificatiu i que, durant la visita, es va comprovar que la constructora, d’acord amb la propietat i la Direcció Facultativa, ha adoptat una solució amb vinil translúcid i obertura mínima per a compatibilitzar il·luminació, ventilació i privacitat”. Els veïns, tanmateix, ho desmenteixen: “Les finestres es poden obrir per complet; de fet, els treballadors accedeixen per aquestes a les zones comunes per a treballar”.

A més, des de l’equip de Govern que lidera l’alcaldessa María José Catalá han comentat que “la comunitat de propietaris sosté que els estatuts comunitaris prohibeixen aquest tipus d’obertures sobre elements comuns”. Per això, “el consistori ha decidit recaptar criteri jurídic per a determinar si un eventual incompliment d’aquests estatuts faculta o no l’Ajuntament per a paralitzar unes obres que compten amb títol administratiu i estan en execució”.

“Aquí hay unos señores que se están cargando las fachadas que dan a las zonas comunes a martillazos sin permiso de la comunidad, algo ilegal a todas luces, y ni la Policía Local, que se ha personado varias veces, ni el Ayuntamiento han sido capaces de paralizar las obras”.

Así se han pronunciado los vecinos consultados por elDiario.es de los residenciales ubicados en la calle Carlos Cortina con Salvador Cerveró y en la calle Encarna Albarracín, ambos situados muy cercanos y ubicados en la zona de expansión del barrio de Benicalap, en València.

Según han informado, la mercantil Business Decission and Advice SL adquirió los bajos comerciales de ambos edificios e inició las obras para ejecutar sendos alojamientos turísticos, en principio bajo la tipología de apartahotel, de 38 estancias en el caso de la calle de Carlos Cortina y de 22 en el de Encarna Albarracín.

A las lógicas molestias por las obras, con perforaciones incluidas en los garajes para realizar los desagües, que según fuentes vecinales han causado algunos daños e inseguridad, se une la lógica preocupación por la puesta en marcha de una actividad que consideran que alterará la normal convivencia entre los residentes, que se opusieron desde el primer momento.

De hecho, la administradora de la primera comunidad ha asegurado a elDiario.es que aprobaron en una junta la prohibición del uso turístico del residencial. En el caso del segundo, el de la calle Encarna Albarracín, lo tienen incluido en sus estatutos. “Nos amenazan con dar acceso a los turistas a las zonas comunes y a la piscina, generando inseguridad y pérdida de intimidad a los residentes, cuando además es algo que no pueden hacer”, afirma la presidenta de esta comunidad. En ambos casos, han puesto diversas denuncias y en el primero de ellos ya hay fecha para un procedimiento judicial el próximo mes de febrero.

La tensión ha ido a más en las últimas semanas, puesto que los operarios de la obra han abierto ventanales en las fachadas que dan a los elementos comunes sin permiso de las comunidades afectadas, algo que como indican las mencionadas fuentes, prohíbe expresamente la Ley de Propiedad Horizontal. “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”, reza el artículo 7.1.

“Estamos totalmente indefensos ante los abusos de esta empresa. La Policía Local nos está atendiendo muy bien y viene cuando se le requiere, pero de momento no pueden parar la obra. También ha venido la inspección del Ayuntamiento sin que por el momento se haya tomado ninguna medida”, afirman los residentes, quienes explican que la propiedad de los bajos solo puede entrar al interior del residencial para acceder al cuarto de contadores.

Por su parte, este diario ha tratado de recabar la versión de la mencionada mercantil sin haber obtenido respuesta.

Dudas sobre la licencia de obras

Más allá de la actividad turística que viene regulada en la nueva normativa que aprobó el Ayuntamiento el pasado mes de marzo tras aplicar una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias, las fuentes vecinales no acaban de entender que el Ayuntamiento haya concedido sendas licencias de obras si el proyecto presentado por la empresa incluía la alteración de zonas comunes sin tener permiso de las comunidades para hacerlo.

“Tenemos muchas dudas con el procedimiento administrativo. La empresa asegura que tiene un certificado validado por una Entidad Colaborada Urbanística (ECUV), lo que ha presentado al Ayuntamiento para obtener la licencia de obras. Pero es imposible que se haya dado esa licencia si el proyecto incluye la alteración de elementos comunes sin tener permiso de la comunidad. Hay algo que no cuadra”, dicen los residentes consultados.

A las dudas planteadas se unió la denuncia de Compromís respecto a la resolución firmada el pasado 14 de julio por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, por la que se denegó el permiso de obras en el caso del proyecto de la calle Carlos Cortina.

La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que los alojamientos turísticos proyectados superan el 15% permitido para la actividad en bajos por manzana, llegando “al 100%” en este caso, sobrepasando los porcentajes fijados en la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de València sobre usos terciarios hoteleros, aprobada definitivamente el 31 de marzo de 2026 y en vigor desde el 25 de mayo.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno aseguraron que posteriormente a esa resolución, la empresa promotora renunció al exceso de superficie terciaria, por lo que se le concedió el permiso de obras. Sin embargo, en la manzana tan solo existe un residencial y tal y como ha comprobado in situ elDiario.es, en todos los bajos se están haciendo aparentemente las mismas obras, en concreto, 38 alojamientos.

En el caso de la comunidad de la calle Encarna Albarracín, las mismas fuentes municipales han explicado que el informe elaborado por la inspección recoge que, en lo observable, se ajustan básicamente a la documentación gráfica incorporada al expediente.

La inspección recoge asimismo que la apertura de ventana en la fachada interior denunciada “figura en el proyecto modificativo y que, durante la visita, se comprobó que la constructora, de acuerdo con la propiedad y la Dirección Facultativa, ha adoptado una solución con vinilo traslúcido y apertura mínima para compatibilizar iluminación, ventilación y privacidad”. Los vecinos, sin embargo, lo desmienten: “Las ventanas se pueden abrir por completo, de hecho, los trabajadores acceden por ellas a las zonas comunes para trabajar”.

Además, desde el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá han comentado que “la comunidad de propietarios sostiene que los estatutos comunitarios prohíben ese tipo de aperturas sobre elementos comunes”. Por ello, “el Consistorio ha decidido recabar criterio jurídico para determinar si un eventual incumplimiento de esos estatutos faculta o no al Ayuntamiento para paralizar unas obras que cuentan con título administrativo y están en ejecución”.

Un nuevo hundimiento en Calahorra ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a realojar al vecindario afectado, unas tres familias. Tal y como informa el Consistorio, se ha hundido el suelo de una bajera de un inmueble ubicado en la calle El Sol de propiedad privada.

Afortunadamente no se han producido daños personales, solo materiales “lo que obligado al Ayuntamiento a adoptar medias preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”. Las personas afectadas han sido realojadas en viviendas municipales, “garantizando así que puedan disponer de un alojamiento seguro mientras los propietarios del edificio evalúan el estado del inmueble y determinan el alcance de los trabajos necesarios”.

El edificio afectado, explican fuentes del Ayuntamiento, consta de dos bajeras y tres pisos en los que vivían tres familias. Hasta el lugar del hundimiento se han acercado, además de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo; el concejal de Políticas sociales, David Antoñanzas; técnicos municipales; Policía Local y Guardia Civil, así como los propietarios del edificio.

Desde el Consistorio han trasladado un mensaje de tranquilidad recordando que la “prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, así como de esta calle de la ciudad”. Para ello, se ha vallado solo la zona que ocupa la fachada del inmueble y se prohíbe aparcar y circular por este tramo de la calle El Sol.

Primero denunciaron “palos en la rueda”, pero ahora David Pérez ha elevado su amenaza sobre Radio Enlace. El concejal presidente de Hortaleza ha multado a la emisora crítica por negarse a abandonar el local en el que lleva 37 años grabando. Este proyecto vecinal había recibido una orden de desalojo para uno de los dos espacios que utilizan (en la calle Matapozuelos, cedido hace cuatro años por Ayuntamiento) y que cumplía el pasado 31 de julio. Sin embargo, el también llamado edil aguafiestas de Almeida ha sancionado a sus organizadores y aumentará el castigo en otros 1.000 euros por cada semana que transcurra sin liberar el espacio, tal y como ha adelantado el periódico vecinal del distrito.

La noticia llega después de que, en las últimas semanas, Radio Enlace alcanzara más de 6.500 firmas en la plataforma Change.org para frenar su expulsión del local, donde elaboran programas en los que también se da voz a personas con discapacidad. La petición online reclama a la Junta Municipal de Hortaleza, que preside el propio David Pérez, que convoque un nuevo concurso público al que también pueda optar “con transparencia” esta emisora, en un dardo a la administración por apartar a un proyecto vecinal de voces críticas con el Ayuntamiento.

Mientras los colaboradores de Radio Enlace buscaban dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, mantenían la confianza en que la continuidad dentro de esta última no llegara a tambalearse nunca, tal y como ha ocurrido con el inmueble de la calle Matapozuelos: “[El local principal] nos lo cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”, lamentaron sus representantes a principios de agosto, en declaraciones a Somos Madrid.

Desde la oposición política en el Ayuntamiento también se han lanzado a las críticas. El edil del PSOE en el distrito, Jorge Donaire, ha reprochado a David Pérez que decidiera “dar un paso más en su enfrentamiento con Radio Enlace” después de “meses sin recibirles ni responder a sus peticiones”. “Parece que sí ha encontrado tiempo para imponerles una multa de 1.000 euros y amenazar con nuevas sanciones semanales”, ha ironizado el socialista.

David Pérez, sobre el local: “No puede apropiárselo nadie”

A principios de este año, el concejal presidente de Hortaleza reivindicó en redes el uso de este local municipal, del que dijo que “no puede apropiárselo nadie” más que el propio distrito. Añadió que este recinto se “usará para otros fines” que, hasta el momento, no han sido desvelados. En este contexto, la propuesta vecinal de convocar un nuevo concurso abierto con el que optar a renovar el permiso ha cobrado fuerza, sobre todo desde que se vehiculó en la plataforma internacional de peticiones ciudadanas.

Los enfrentamientos entre David Pérez y el tejido asociativo de los barrios son frecuentes desde su mandato. El mayo del año pasado, sin ir más lejos, surgió otro choque con asociaciones críticas, que denunciaron la asfixia a la que se veían sometidas después de que el representante de Cibeles dejara a muchas sin caseta en los festejos municipales de Hortaleza. Las entidades sugirieron posibles “irregularidades” en la decisión y estalló un cruces de reproches, que hoy continúa abierto con el dilema de Radio Enlace.

“Desde que llegó, David Pérez no ha parado de hostigar al tejido asociativo del distrito: su modus operandi es castigar, cancelar festivales, multar a las asociaciones vecinales, desmantelar los espacios de participación ciudadana”, ha considerado también uno de los concejales Más Madrid en el Ayuntamiento, Miguel Montejo, a raíz de la sanción impuesta a la emisora. Considera que Radio Enlace ha sido una de las organizaciones vecinales “más castigadas” por el edil popular. Asimismo, exige al alcalde José Luis Martínez-Almeida que “paralice inmediatamente” la multa y abra un “proceso transparente para garantizar la continuidad de la emisora en su local”, aunque deba hacerlo “obligando” a su concejal en Hortaleza.

Además del propio traslado del local, uno de los principales puntos de discordia con la orden de desalojo ha tenido que ver con los plazos de la ejecución, en pleno verano. “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”, denunciaba Javier Robles, uno de los coordinadores de la emisora, a este periódico poco después de oficializarse la noticia.

La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha presentado sus aportaciones al proyecto de decreto con el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende regular la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano.

Es el segundo intento por parte del Gobierno de Emiliano García-Page de regular esta cuestión, tras presentar un Plan regional de Biometanización que ha quedado “enterrado”, según opinan las plataformas vecinales de la comunidad autónoma. Se llegaron a plantear a aquel documento hasta 15.000 alegaciones y en la actualidad se ha aprobado una moratoria de un año para frenar los expedientes. Sobre la mesa estaban entre 70 y 100 plantas industriales en toda Castilla-La Mancha

El periodo de alegaciones para este nuevo decreto está abierto hasta el 24 de agosto y es está convirtiendo en una de las cuestiones políticas más polémicas de este verano, con el Gobierno regional de vacaciones. Ayer mismo, en Talavera de la Reina, PP, Vox y PSOE aprobaron por unanimidad cambiar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para evitar que hasta cuatro plantas de biometano puedan instalarse en aquella ciudad toledana.

Hoy desde la provincia de Cuenca, Campos del Paraíso Comunidad Rural hace públicas sus propuestas y reclama que la futura normativa, vía decreto, establezca “límites efectivos a la concentración y dimensión” de estas instalaciones y garantice que ningún proyecto pueda implantarse en un municipio “frente al rechazo expreso y motivado de su ayuntamiento”.

En la comunidad autónoma se han visto ya casos sonoros de rechazo expreso a este tipo de plantas: Albacete, Socuéllamos, Daimiel, Valdepeñas o Manzanares, estas cuatro últimas poblaciones en Ciudad Real, están debatiendo ampliamente sobre la cuestión. La contestación social es indiscutible.

Un pueblo de 600 habitantes en el que se proyectan tres plantas

Las propuestas que se presentan desde la provincia de Cuenca parten de la experiencia de Campos del Paraíso, un municipio de poco más de 600 habitantes en cuyo término municipal se proyectan hasta tres plantas diferentes de biometano.

La situación ha provocado una importante movilización vecinal, con cerca de 2.000 personas manifestándose en el mes de marzo y más de 5.000 firmas recogidas contra estas macroplantas en Change.org. En otra plataforma también se están recogiendo

“Castilla-La Mancha necesita una regulación del biometano, pero necesita una regulación que proteja de verdad a los pueblos. El éxito del decreto no se medirá por el número de plantas que permita instalar, sino por su capacidad para garantizar que sean compatibles con el territorio, sus recursos y la voluntad de quienes viven en él”, señalan desde la Asociación.

Que los ayuntamientos puedan decir 'no'

Una de las principales demandas de la Asociación es blindar la capacidad de decisión de los municipios. El actual borrador exige que la solicitud de autorización vaya acompañada de un acuerdo favorable del Pleno municipal, una previsión que los vecinos valoran positivamente pero que consideran necesario reforzar.

La Asociación pide que ese pronunciamiento tenga carácter efectivo y vinculante, de manera que no pueda autorizarse una instalación cuando exista un acuerdo expreso y motivado del Pleno en contra, y que la eventual declaración de un proyecto como estratégico, prioritario o de interés regional no pueda utilizarse para sortear esa decisión ni rebajar las garantías ambientales, territoriales o de participación pública.

Además, propone que los pequeños municipios que carezcan de medios técnicos propios puedan disponer gratuitamente de asistencia jurídica, ambiental, agronómica y viaria independiente para analizar proyectos de esta complejidad antes de pronunciarse.

“No tendría sentido reconocer sobre el papel la participación de los Ayuntamientos y permitir después que una figura administrativa convierta su decisión en irrelevante. Si un pueblo acredita que un proyecto es incompatible con su modelo territorial, ambiental o social, su decisión debe ser respetada”, sostienen.

La Asociación pide que la Junta regule la concentración de plantas

La experiencia del municipio está también detrás de otra de las principales propuestas: incorporar por primera vez un criterio de capacidad de carga territorial.

La Asociación considera insuficiente evaluar cada planta de forma aislada cuando varias instalaciones pueden competir por los mismos residuos, utilizar las mismas carreteras, afectar a las mismas masas de agua y acuíferos o necesitar las mismas superficies agrícolas para gestionar el digerido.

Por ello, propone que antes de autorizar una nueva instalación sea obligatorio analizar conjuntamente todas las plantas existentes, autorizadas, en tramitación o proyectadas en el municipio y su entorno, y que se establezca una capacidad máxima de tratamiento compatible con los recursos disponibles. Si esa capacidad territorial estuviera agotada, la consecuencia debería ser la denegación de nuevas instalaciones.

La Asociación reclama asimismo la creación de un mapa autonómico de capacidad territorial en el que figuren las plantas autorizadas y proyectadas, su capacidad de tratamiento, las fuentes previstas de residuos, las rutas de transporte, las masas de agua y acuíferos, las zonas vulnerables a nitratos y las superficies disponibles para gestionar el digerido.

“Tres plantas en un mismo municipio no pueden analizarse como si las otras dos no existieran. Además, en Huelves y Tarancón, localidades de la misma comarca y muy próximas, existen otros tres proyectos, haciendo un total de 7 a escasos kilómetros. Ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos denunciado desde Campos del Paraíso y queremos que el decreto lo resuelva para toda Castilla-La Mancha”, añaden.

Diez kilómetros de distancia y residuos “realmente” de proximidad

Entre las medidas presentadas a la Junta figura también la revisión de las distancias previstas en el borrador. Frente a los 2.000 metros establecidos actualmente respecto del suelo urbano residencial, la Asociación propone elevar la distancia mínima hasta 10 kilómetros, además de extender expresamente la protección a viviendas aisladas, residencias, centros educativos, sanitarios y sociales y reforzarla alrededor de captaciones de agua y acuíferos vulnerables.

Otra de las cuestiones centrales es el origen de los residuos. El borrador establece que al menos el 80% de la materia prima proceda del propio municipio o de un radio máximo de 35 kilómetros. La Asociación propone que esta exigencia afecte con carácter general al 100% de los sustratos, permitiendo únicamente excepciones justificadas que nunca puedan superar el 10% del total.

La entidad considera que este principio de proximidad resulta esencial para evitar que municipios rurales terminen convirtiéndose en puntos de recepción de grandes cantidades de residuos producidos a decenas o cientos de kilómetros.

Esta preocupación ha sido especialmente relevante en Campos del Paraíso. En el proyecto más avanzado, promovido por una filial de Ence, la documentación conocida llega a contemplar 90.000 toneladas anuales de purines y gallinaza, pese a que la generación de este tipo de residuos en el entorno es muy inferior, circunstancia que ha alimentado durante meses las dudas vecinales sobre el origen real de los sustratos necesarios para abastecer la instalación.

Tráfico, agua, digerido y emisiones: “Hay que contabilizar todo”

Las aportaciones incluyen también medidas para que el impacto de las plantas se calcule sobre su actividad real y no únicamente sobre el funcionamiento interno de la instalación.

La asociación propone que los estudios de tráfico contabilicen todos los desplazamientos, incluidos los viajes de ida y vuelta de los camiones que transportan residuos y digerido, trabajadores, vehículos de mantenimiento y situaciones de máxima actividad.

Del mismo modo, reclama que la huella de carbono incorpore todo el ciclo de vida de la actividad -transporte, consumos energéticos, maquinaria, emisiones fugitivas de metano, tratamiento y aplicación del digerido, entre otros factores- y que cada instalación tenga que demostrar una reducción neta real de emisiones frente a la situación de partida.

Respecto al digerido, la Asociación plantea que la empresa titular mantenga la responsabilidad sobre su trazabilidad y destino final, aunque contrate su gestión con terceros, y pide reforzar especialmente las garantías en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

Las nuevas reglas deben afectar a los proyectos ya en marcha

Uno de los puntos que la Asociación considera determinantes es la aplicación de la futura normativa a las plantas actualmente en tramitación.

El borrador contempla una suspensión de hasta 24 meses de determinados procedimientos para su adaptación al nuevo marco. Frente a una mera adecuación documental, los vecinos reclaman que esos proyectos tengan que acreditar nuevamente el cumplimiento real de las nuevas condiciones ambientales, territoriales, de distancias, tráfico, suministro de residuos, gestión del digerido y capacidad de carga territorial.

La Asociación plantea expresamente que haber presentado previamente un proyecto no genere un derecho a conservar su ubicación, tamaño o condiciones iniciales y que las nuevas distancias de protección sean también aplicables a los expedientes todavía no resueltos.

Transparencia pública e inspecciones de la Administración

Finalmente, la Asociación reclama la creación de un Registro Público de Plantas de Biometano que permita a cualquier ciudadano consultar la capacidad autorizada de cada instalación, las cantidades y procedencia de los residuos recibidos, las rutas de transporte, las emisiones, los controles de olores, las analíticas del digerido y los suelos, las incidencias, inspecciones, sanciones y el destino final de los residuos.

También propone que las inspecciones correspondan prioritariamente a personal de la propia Administración y que sus resultados sean públicos, evitando que el control efectivo de instalaciones con potencial incidencia sobre el agua, el suelo, el aire o la población quede delegado exclusivamente en entidades colaboradoras privadas.

La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural insiste en que sus propuestas no cuestionan la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía renovables ni el aprovechamiento de los residuos orgánicos, sino un modelo basado en grandes instalaciones desligadas de la generación local de residuos y de la capacidad real de los territorios que las acogen.

Por ello, plantea que la Junta priorice proyectos de menor escala, ligados a residuos y consumos energéticos locales, incluyendo fórmulas de autoconsumo, cogeneración o comunidades energéticas cuando resulten ambientalmente más favorables.

“Campos del Paraíso ya ha demostrado que los pequeños municipios no están dispuestos a ser meros receptores de decisiones tomadas desde fuera. Ahora esperamos que esa participación tenga consecuencias y que el decreto definitivo sea realmente claro, restrictivo y garantista, como la propia Junta afirma que pretende ser”, concluyen.

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) urge al Ayuntamiento de Lardero a que ponga en marcha de una vez la línea de autobús urbano que conecte las zonas de Entre Ríos y Villa Patro con el centro de Logroño “tras casi una década de reclamaciones vecinales al respecto”. Los regionalistas, tras conversar con el vecindario, explican que “el punto más cercano de la actual línea 1 que comunica Logroño con Lardero por la Avenida de Madrid, se tardan entre 15 y 20 minutos en llegar andando a muchas zonas de estas urbanizaciones”, explica el secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero.

Y recuerdan que en 2018 el PR ya se hizo eco de las reclamaciones vecinales y pidieron a los ayuntamientos de Logroño y Lardero que estudiaran la viabilidad del servicio, preferentemente por la continuación de Avenida de la Sierra. Pero pasa el tiempo y la realidad es que “los vecinos están hartos de anuncios y siguen echando en falta este servicio para sus desplazamientos”.

Y además, a esta petición de la línea de autobús se suman otras de movimientos sociales que “reclaman que, se habilite el autobús hasta más allá de la zona de Entre Ríos, concretamente pasando bajo la carretera N-111 y se extienda la cobertura hasta el cruce con la subestación de Paletones, cercana al centro penitenciario y a la escuela hípica, y que también facilitaría el acceso al trabajo a los funcionarios y otros empleados del entorno”.

Los regionalistas proponen un “servicio provisional a modo de prueba que conecte el centro de transbordos del Labrador de Logroño y las nuevas estaciones con este enclave. Lo ideal sería que esta conexión se realizara a través de Avenida de la Sierra, pero mientras el vial no esté disponible, podría hacerse por Avenida de Madrid en horario diurno y nocturno los viernes, sábados y víspera de festivo como el actual buho”.

Cuando la comunidad de propietarios aprueba obras de rehabilitación que conllevan subvenciones públicas, algunos vecinos temen que el impacto que esa ayuda tendrá en su declaración de la renta supere al beneficio que supone. ¿Qué margen hay para la decisión individual en un caso como este?

“La obligación de contribuir a una derrama aprobada válidamente por la comunidad no depende de la voluntad individual de cada propietario”, asegura Isabel Ocaña, vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), que aclara que un propietario no puede negarse a una derrama o ayuda para evitar consecuencias fiscales.

“Si la junta ha adoptado el acuerdo conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, todos los propietarios afectados están obligados, salvo que concurra alguna excepción legal específica”, detalla la administradora de fincas. El mismo procedimiento se extiende a las subvenciones: un vecino no puede decidir unilateralmente desvincularse de una subvención a la comunidad. “Cuando la ayuda se concede a la comunidad como beneficiaria de una actuación colectiva, sus consecuencias afectan al conjunto de los propietarios en la forma que corresponda legalmente”, explica Ocaña.

Uno de los principios fundamentales en la gestión de viviendas es que “en las comunidades de propietarios prevalece el interés colectivo sobre la utilidad individual que cada propietario pueda obtener”, señala la experta. Por eso, que un vecino considere que una obra no le beneficia directamente o que puede perjudicarle fiscalmente no le exime de participar en los gastos.

Las excepciones legales para renunciar a una derrama

“No obstante, existen algunas excepciones previstas legalmente. Por ejemplo, determinados propietarios pueden quedar exonerados de ciertos gastos si así lo establecen expresamente los estatutos de la comunidad”, apunta la experta. “La Ley de Propiedad Horizontal prevé además excepciones como la del artículo 17.4 LPH, que permite que el propietario que haya votado en contra no tenga que asumir el coste de determinadas mejoras no necesarias cuando su importe supere tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”, explica.

Más allá de estas excepciones legales o lo recogido en los estatutos, la regla general es la participación proporcional según la cuota.

En caso de que un vecino no esté de acuerdo con la derrama, tiene derecho a manifestar su oposición en la junta y a que su voto en contra conste en acta. “Además, si considera que el acuerdo es contrario a la ley, a los estatutos o perjudica gravemente sus intereses, puede impugnarlo judicialmente en los plazos y condiciones previstos legalmente”, recuerda la administradora de fincas.

Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión por miedo a las repercusiones fiscales, Ocaña recomienda cautela: “Lo más prudente es consultar con un asesor fiscal o tributario antes de adoptar decisiones basadas exclusivamente en una posible repercusión en el IRPF”. “Una adecuada planificación fiscal permite conocer con precisión las obligaciones tributarias sin afectar a los derechos y obligaciones que corresponden al propietario dentro de la comunidad”, concluye.