“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

La Asociación ciudadana en Defensa de El Sardinero ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Santander condena al barrio a un verano sin aparcamiento público, ya que ferias y festivales “inutilizan” el parking de los Campos de Sport “el 80% del periodo estival”, lo que ha calificado como una “privatización de facto” del espacio público durante la temporada alta.

Según ha explicado la Asociación en un comunicado, el parking de los Campos de Sport de El Sardinero permanece cerrado al ciudadano entre el 1 de julio y el 15 de septiembre debido a la instalación de las atracciones de la Semana Grande y el posterior Festival de las Naciones, con sus correspondientes periodos de montaje y desmontaje.

En este sentido, considera “inadmisible que el Ayuntamiento regale el espacio público de todos a empresas privadas durante la época del año en la que el barrio más presión de vehículos soporta”.

Según la agrupación, la pérdida de plazas de estacionamiento ha generado un triple impacto negativo en el barrio. Ha explicado que la eliminación de “miles de plazas” en el estadio obliga a vecinos y visitantes a “dar vueltas durante horas, colapsando las calles colindantes, los vados y las zonas verdes”, y ha lamentado que “el ruido constante de las atracciones, la música de los recintos y el bullicio de los conciertos se prolongan hasta altas horas de la madrugada, impidiendo el descanso de las familias”.

Asimismo, ha denunciado que “la acumulación de basuras, la falta de limpieza intensiva inmediata tras los eventos y el uso de portales y esquinas como urinarios improvisados degradan la imagen del barrio y generan problemas de salubridad”, calificando el modelo de ocio actual como “insostenible” para una zona residencial.

La entidad ha exigido al Ayuntamiento que “reconsidere la ubicación de estos eventos multitudinarios de cara a los próximos años”, argumentando que existen espacios alternativos en la ciudad “que no asfixian de esta manera a una zona residencial en su momento más crítico del año”, y ha insistido en que “no se puede pretender tener un turismo de calidad en Santander a costa de destrozar la convivencia y el día a día de sus propios ciudadanos”.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que “no va a hacer de Talavera un vertedero”, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos de plantas de biometano que se dieron a conocer a finales del mes de junio.

Fue entonces cuando la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca afirmó que es “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en esta ciudad, y que se estaba tramitando una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

De esta forma, Gregorio (PP), que gobierna el consistorio en coaliación con Vox, ha respondido al Partido Socialista, que previamente había hablado de “silencio atronador” por parte del alcalde y del portavoz de Vox, David Moreno, sobre este proyecto. “El silencio atronador es por parte de los socialistas”, ya que “todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades, que está en manos del PSOE”, ha replicado Gregorio.

Además, ha avanzado que “más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente porque alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente”.

“Que todo se ajuste a la legalidad”

Con respecto a la situación de los proyectos de plantas de biometano, Gregorio ha explicado que “hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes”. En ese sentido, ha garantizado que “este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad”, tanto “medioambiental, social y económica”.

Asimismo, ha incidido en que “no les quepa ninguna duda de que yo voy a estar ahí, en esa lucha, y voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad”.

También ha advertido de que lo que no va a consentir es que se apruebe por parte de otra administración y le digan que él es el “culpable”.

La piscina municipal de Torrero ha vuelto a abrir al público después de permanecer cerrada por los problemas detectados en el vaso de la instalación. Sin embargo, la Asociación Vecinal Montes de Torrero considera que la actuación realizada no ha resuelto el problema de fondo y reclama al Ayuntamiento de Zaragoza una rehabilitación integral que garantice el futuro de las piscinas municipales.

Las asociaciones vecinales aseguran que el problema de las filtraciones no es nuevo. De hecho, Luis Miguel Lorente, vocal de la Asociación Vecinal Montes de Torrero, explica: “Esta avería la descubrimos por mi perro, porque en invierno se metía por ahí, salía con las patas mojadas y, efectivamente, había una fuga”. A partir de ese momento comprobaron la existencia de una filtración que, con el llenado del vaso para la temporada de baño, se hizo mucho más evidente. El propio Ayuntamiento reconocía el pasado viernes, cuando se notificó la apertura de la piscina, que la instalación requerirá, más adelante, una intervención “de carácter más integral para solucionar las pérdidas de agua” y que se había hecho una “reparación provisional”.

Aunque valoran positivamente que la instalación haya recuperado la actividad en plena temporada de verano, denuncian que el problema persiste. “Sabemos que estas filtraciones son estructurales. Lo que pedimos es que, cuando termine la temporada de baño en septiembre, al día siguiente el Ayuntamiento empiece a trabajar para resolver definitivamente el problema”, ha señalado Alberto Lorente, portavoz de la Asociación Vecinal Montes de Torrero.

Las entidades vecinales recuerdan además que la piscina cumple una importante función social durante el verano, especialmente en un barrio de clase trabajadora. “Las piscinas son las vacaciones de muchas personas de Torrero. Es un servicio público necesario, no es un capricho”, ha añadido Luis Miguel Lorente. Por ello, solicitan que el Ayuntamiento lleve a cabo un proyecto de rehabilitación integral del vaso de la piscina para evitar que la situación vuelva a repetirse en las próximas temporadas de verano.

Este diario solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza autorización para acceder a las instalaciones tras su reapertura, pero el Consistorio no concedió el permiso. No obstante, este medio pudo comprobar la existencia de pérdidas de agua en la piscina.

La piscina municipal de Torrero permaneció cerrada desde el pasado 15 de junio, apenas unos días después del inicio de la temporada de verano, debido a una avería en el vaso que provocaba pérdidas de agua. El cierre desencadenó las protestas de vecinos y usuarios, que denunciaron quedarse sin una de las principales instalaciones de ocio del barrio en plena ola de calor. Tras varias semanas de trabajos, el Ayuntamiento reabrió la piscina el pasado viernes después de reparar la fuga detectada y asegurar que el vaso se encontraba en condiciones para retomar la actividad, aunque las asociaciones vecinales insisten en que la solución definitiva pasa por una rehabilitación integral de la infraestructura.

“Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera”. Con esta contundencia cierra su escrito la Asociación Vecinal La Chispera, remitido a los medios a los pocos minutos de que trascendiera una noticia por la que llevan meses luchando: este hombre de 81 años podrá permanecer en su apartamento municipal para mayores del residencial San Francisco, en el número 1 de la céntrica calle del Jerte. “Le he ganado al santísimo señor alcalde. Me puedo quedar aquí hasta que me muera”, ha festejado el propio Alejandro en un vídeo colgado en las redes sociales de la agrupación vecinal.

La noticia saltaba el pasado lunes. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid deniega al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de estos pisos cuya titularidad ostenta el Consistorio. Según la resolución, que es recurrible y por tanto todavía no firme, el Gobierno de Cibeles no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación en el inmueble exijan vaciarlo por completo. Pese a ello, el Ejecutivo de Almeida ha expulsado ya a 59 de los 61 residentes en el edificio.

La corporación local se apoyaba en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025, según la cual “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”. Para el juez, por contra, esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”: “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica”. Esto es, un estudio donde se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de desocupar por completo la construcción.

“El auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad. Una información que el Ayuntamiento no ha aportado”, sostienen desde La Chispera. “La resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente”, añaden desde esta entidad vecinal, que opera en la zona del distrito Centro popularmente conocida como La Latina.

Pese al revés de los tribunales, Almeida ha insistido este martes en que “hay problemas técnicos que afectan a la estructura y la estabilidad del inmueble”. Recalca que “hay otros dos autos anteriores de jueces que sí nos han dado la razón y han permitido que los vecinos se pudieran ir”. Ocurrió tras las denuncias de algunos de los 59 residentes que ya abandonaron sus apartamentos. Para el regidor, “la persona que quiere ocupar el piso debe saber que es necesario para garantizar la seguridad que se puedan ejecutar las obras, que le vamos a dar una alternativa como a la mayoría de vecinos y que va a poder volver sin incremento de renta”. “No lo hacemos por capricho”, ha dicho el alcalde, antes de adelantar que están “estudiando” un posible recurso “si se dan las condiciones”.

Dos años de batalla legal

“Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición”, denuncian, después de una gran movilización que comenzó en 2024. Las primeras notificaciones de desalojo llegaron en junio de aquel año. En ellas se les comunicaba que serían reubicados transitoriamente en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Dos años después, solo Alejandro Ibáñez y otra persona permanecen en el lugar. Desde La Chispera sostienen que la mudanza forzosa tendría duras consecuencias sociosanitarias para la vida de ambos.

Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha gestionado la defensa de Alejandro, cuestiona las actuaciones ejecutadas por el equipo de Almeida: “Se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y, por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos. No estaba bien justificado”.

“Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir tiene sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”, expone La Chispera en su comunicado.

La resolución lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva

Creen que la resolución, emitida el pasado 2 de julio, “tiene que marcar un punto de inflexión”: “El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la cida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Se ha sumado a las críticas y a la congratulación por la decisión judicial Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en Cibeles: “Almeida se empeñó en echar a los mayores para acometer obras en los apartamentos de San Francisco, en vez de hacerlas por fases y ofrecer alternativas como propusimos. La victoria judicial de Alejandro, de la mano de la asociación vecinal La Chispera, debe marcar el regreso de todos los vecinos”, ha publicado en Blue Sky.

“Dos años lleva Almeida anteponiendo cualquier cosa al bienestar de las personas mayores. Dos años negándose a arreglar los apartamentos plantas para no tener que sacarles de sus hogares. Constantemente se hacen obras en inmuebles residenciales, en hospitales y en edificios municipales. No por eso se desaloja el edificio entero. La victoria de Alejandro debe marcar el regreso de todos. Y Almeida tiene que habilitarles las casas de manera urgente, permitir su vuelta a los apartamentos y hacer lo que tenía que haber hecho hace dos años: ejecutar las obras por fases”, ha incidido este lunes la concejala en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Lima, concejala del PSOE, ha asegurado asimismo que el auto “deja en evidencia” al Gobierno de Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”. “Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado. Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones a la prensa.

Ni La Chispera ni el propio Alejandro van a quedarse aquí, como subrayan en el comunicado: “La lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen peleando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía”.

Desde la Asociación de Vecinos de La Isabela queremos trasladarle nuestro profundo malestar y decepción por la desaparición de toda la programación cultural de verano en nuestro barrio.

Durante años, los vecinos y vecinas de La Isabela hemos podido disfrutar de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento durante los meses estivales, acercando la música, el teatro, el cine o las actividades infantiles a nuestros espacios públicos, como también ocurría en otros barrios de Guadalajara.

Aquella apuesta permitía que la cultura llegara a todos los rincones de la ciudad y contribuía a hacer barrio, fomentar la convivencia y ofrecer alternativas de ocio para personas de todas las edades.

Sin embargo, este verano comprobamos con tristeza que La Isabela ha desaparecido por completo de esa programación. Nos produce una enorme preocupación comprobar que, mientras otros barrios sí cuentan con actividades culturales —algo que nos parece positivo y que apoyamos plenamente—, nuestro barrio vuelve a quedarse al margen.

No pedimos que se eliminen actividades de otros lugares. Todo lo contrario. Nos alegramos de que la cultura llegue a más barrios. Lo que no podemos aceptar es que ese crecimiento se haga a costade excluir a Los Manantiales.

Esta decisión se suma a la sensación, cada vez más extendida entre nuestros vecinos, de que La Isabela se ha convertido en un barrio olvidado por el Ayuntamiento. Llevamos tiempo denunciando la falta de atención en distintos servicios públicos, el escaso mantenimiento y la ausencia de inversiones. Ahora también comprobamos cómo se nos priva de una programación cultural que hasta hace poco formaba parte de la vida del barrio. La cultura no puede convertirse en un privilegio reservado para unos barrios sí y otros no. Debe ser un servicio público accesible para toda la ciudadanía, con independencia del lugar en el que resida.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y que La Isabela vuelva a incorporarse a la programación cultural municipal de verano, recuperando unas actividades que los vecinos siempre han acogido con una excelente participación y que contribuían a dinamizar el barrio y fortalecer la convivencia.

Los vecinos de La Isabela no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Merecemos el mismo trato, las mismas oportunidades y el mismo acceso a la oferta cultural municipal que el resto de barrios de Guadalajara.

Confiamos en que atienda esta petición y adopte las medidas necesarias para corregir una situación que consideramos profundamente injusta.

Atentamente,

Asociación de Vecinos La Isabela

No sabemos muy bien qué hacer con los interbloques. Me refiero a esos espacios entre los bloques de vivienda que se construyeron como churros entre los años 50 y 80 en las periferias de las ciudades españolas. La urgencia era hacer muchas casas iguales, para trabajadores y familias iguales en una ciudad y una economía que crecían con rapidez. Entre los edificios se generaron vacíos, que hoy llamamos interbloques, cuya transformación está en plena pugna.

Para algunos, estos lugares encarnan la memoria de una vida compartida en la sociedad industrial: el eco de los juegos infantiles cuando había muchos niños y niñas, de las conversaciones entre ventanas, de una comunidad que parecía más compacta. Para otros, son espacios abandonados que reclaman orden, limpieza y atención institucional, una especie de deuda urbana con los barrios populares que aún no se ha saldado.

También hay quienes los viven como refugio: adolescentes que encuentran allí un lugar donde estar sin justificarse, charlar sin consumir, o rapear; familias que improvisan tiempos muertos, personas que no encajan del todo en otros espacios llenos de normas. Y, por último, está la mirada técnica, que los imagina como infraestructuras verdes, corredores climáticos, piezas que deben ser cosidas y asimiladas como otro espacio público dentro de una lógica mayor.

Estos imaginarios no son simplemente visiones distintas: son formas de habitar la ciudad que a menudo chocan entre sí. Donde unos ven abandono, otros ven libertad. Donde unos piden visibilidad y control, otros buscan intimidad y resguardo. Donde unos proyectan orden, otros reconocen vida y temen ser expulsados.

Ahí es donde el problema, en toda su diversidad porque cada barrio y cada interbloque es diferente, deja de ser técnico y se vuelve esencialmente político y urbano.

Estos espacios, con todas sus contradicciones, funcionan precisamente gracias a lo que no suelen tener: una definición cerrada. No están completamente programados ni completamente abandonados. Son, más bien, un umbral. Y en ese umbral sucede algo que la ciudad contemporánea, tan obsesionada con la claridad, a menudo ha olvidado cómo sostener.

A partir de ahí, lo que aparece no es un diagnóstico, sino una intuición: quizá el valor de estos lugares no está en lo que les falta, sino en lo que permiten.

Alguien cruza sin mirar, un joven distraído; una persona mayor que parece enfadada se queda más tiempo del previsto; un grupo ocupa un rincón y hace botellón; otro lo evita y prefiere cuidar un jardincillo. Hay muretes que son bancos improvisados donde las parejas se besan y sombras que funcionan como refugio momentáneo del sol para personas de todas las edades. Nada de esto estaba escrito ni diseñado, y sin embargo todo ocurre con una naturalidad obstinada.

La ciudad, en estos intersticios, parece recordarse a sí misma que no todo puede ser decidido de antemano.

Sin embargo, la tentación de intervenir es fuerte. De abrir, de iluminar, de ordenar, de hacer legible cada metro cuadrado. De convertir estos espacios en algo reconocible: una calle, una plaza, un parque tal y como los imaginamos y los hacemos en otras partes de la ciudad. Ciertamente, el Ayuntamiento debe decidir cuál es su papel y actuar, porque hay necesidades reales —accesibilidad, mantenimiento, cuidado— que no pueden ignorarse. Pero en ese gesto, si no se mide bien, se corre un riesgo sutil: que se traduzca el lugar a otro lenguaje, más claro, sí, pero menos fértil.

Porque aplicar recetas sin matices no solo elimina la ambigüedad, sino la posibilidad de lo inesperado, de que surjan nuevas formas de sociabilidad.

Tal vez por eso estos espacios nos remiten al bosque de Sueño de una noche de verano. Allí, en medio de la noche, las jerarquías se disuelven, los roles se confunden y lo improbable sucede. No es un mundo sin reglas, sino un lugar donde las reglas no son las de siempre. Donde la ciudad —o su reflejo— se permite experimentar otras formas de relación, de conflicto, de deseo.

Algo parecido ocurre aquí. En estos claros urbanos, lo cotidiano adquiere una ligera extrañeza: no todo está previsto, no todo está vigilado, no todo está resuelto. Y, sin embargo, la vida sigue ocurriendo, a veces con fricciones y pequeños conflictos precisamente por esa falta de definición.

La cuestión, entonces, no es cómo domesticar ese bosque, sino cómo acercarse a él sin disipar su magia. Cómo intervenir sin convertirlo en un lugar de paso indiferenciado. Cómo mantener un espacio que deja de ser privado o comunitario para ser público, sin reducir la diversidad de lo público, sin anular su apropiación. Cómo garantizar derechos sin eliminar el margen de lo inesperado. ¿O no puede ser público un espacio que permita resguardo e intimidad, que ofrezca cierta reserva y protección? Dicho de otro modo: ¿sólo puede ser privado un lugar que se proteja de la exposición y la transparencia?

Quizá la respuesta no esté en decidir qué deben ser los interbloques, sino en aceptar que su potencia reside en no ser del todo una cosa. En permitir que la ciudad, por un instante, se abra a lo que no controla. Esta función social tan libre requiere renovar la función pública y pensar mucho desde el Estado para comprender y distinguir unos lugares de otros y unas actuaciones de otras.

A fin de cuentas, en esos lugares —entre bloques, entre normas, entre usos— se juega algo más que su diseño. Se ensaya, de forma imperfecta pero necesaria, la posibilidad de convivir en la diferencia.

Y como en el sueño de Shakespeare, al amanecer siempre llega la tentación de poner orden, de aclarar lo ocurrido, de fijar significados. Tal vez convenga recordar que algo de lo que allí sucede solo puede existir mientras permanece, al menos un poco, en la penumbra.

Gonzalo Navarrete Mancebo es responsable de innovación pública y socio en Traza

“Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido”. Estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaron un controvertido guante a Florentino Pérez que el presidente del Real Madrid no tardó en recoger. “Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad. Van a hacer unas normas especiales”, declaró el empresario en su ya histórica rueda de prensa del pasado 31 de mayo. Desechaba así la realidad de unas actuaciones canceladas por la Justicia, que ya suman multas por valor de cientos de miles de euros, las cuales deben afrontar las promotoras musicales.

Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ya hay cantos de sirena que apuntan en la dirección de esas “normas especiales”. “El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado”, declaró el regidor el día después de la comparecencia de Florentino Pérez. El pasado lunes, uno de los hombres fuertes de su equipo fue un paso más allá. El concejal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, desgranó en declaraciones a la prensa los planes del Ejecutivo regional con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar): “La idea que tiene la Comunidad de Madrid es flexibilizar esa normativa para que los ayuntamientos tengamos mayor capacidad para la autorización de estos conciertos”.

La afirmación de Carbante ha despertado, sin embargo, un inesperado efecto dominó. Una especie de petición de café para todos. Solo un día después de las palabras del edil, la Plataforma por el Ocio, la Hostelería, el Turismo y los Espectáculos de Madrid manifestaba en un comunicado su “sorpresa” ante los objetivos de ese cambio legislativo: “La principal prioridad de la modificación debe ser aportar seguridad jurídica a las pymes y fijar criterios objetivos de seguridad para el cálculo de los aforos”. Es decir, reclaman que las novedades vayan más allá de los macroeventos y permitan, entre otros puntos, aumentar la capacidad en salas de menor tamaño.

“La prioridad de esta ley debe ser la de acometer la redacción rigurosa y objetiva de las condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos, y particularmente, los grandes eventos mediante la necesaria aplicación del Código Técnico de Edificación para calcular el aforo”, señalaban en su escrito. Según la Plataforma por el Ocio, llevan “décadas sufriendo la crisis de los aforos” en Madrid a consecuencia de la aplicación “arbitraria” de cálculos “al margen de los criterios de seguridad”.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dispuestos a abrir la mano

La propuesta de la entidad pone sobre la mesa un debate en una ciudad todavía marcada por la tragedia del Madrid Arena en 2012, cuando el exceso de aforo fue una de las principales causas de una aglomeración descontrolada donde acabaron muriendo cinco jóvenes. De momento, parece que Carabante abre la mano para contentar a los espacios de ocio nocturno: “Es una cuestión que hemos analizado con la Comunidad de Madrid. Sigue sobre la mesa la posibilidad de adecuar los aforos urbanísticos a los aforos de seguridad”, dijo el miércoles el concejal, apenas 24 horas después del comunicado emitido desde el sector hostelero.

Así, en apenas 48 horas, el Gobierno municipal ampliaba esa aspiración de “flexibilidad” a diferentes recintos de la ciudad y la región. Las declaraciones a Somos Madrid del promotor Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma por el Ocio, dan cuenta de un rápido entendimiento con el Consistorio: “Valoramos positivamente las palabras de Borja Carabante. Es una reivindicación que venimos planteando desde hace años y puede suponer un avance importante, siempre que se concrete de forma adecuada. En este sentido, hemos solicitado ya una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid para definir los objetivos de la Lepar, dando prioridad a la seguridad jurídica de las empresas regladas y abordando después las situaciones excepcionales y la regulación de los macroeventos”. El objetivo, dice, es “evitar interpretaciones discrecionales por parte de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento”.

Entidades vecinales temen cambios “a golpe de rodillo”

En medio de estos cambios regulatorios, o desregulatorios, la preocupación se acrecienta entre vecinos que conviven tanto con grandes como con pequeños recintos. Alejandro Fernández, portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), alerta de posibles ajustes legislativos “a golpe de rodillo”. Recuerda que deberían acometerse sin prescindir de “la participación ciudadana, los estudios y los expertos pertinentes”.

“En el tema de los eventos entran en juego tres elementos, un triángulo que debe mantenerse en equilibro. Primero la propia licencia de actividad que necesita cualquier local, grande o pequeño, y que da el Ayuntamiento. Después está el cumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (Opcat), de forma que además del permiso debes respetar un tope de decibelios. Y por último la Lepar, que data de 1997 y les está generando muchos problemas. La Comunidad de Madrid lleva años tratando de moldearla con una nueva superley en la que trabajan”, expone Fernández.

“Actualmente, por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero lo que hemos visto en el Bernabéu o el Metropolitano es que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad, puesto que los conciertos se celebran en suelo deportivo, o incumpliendo la ordenanza de ruidos. El objetivo de esa nueva ley en la que se trabaja es que las autorizaciones que concede prevalezcan sobre las otras dos cosas”, resume el integrante de la Fravm.

Por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero hemos visto que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad

Alejandro Fernández — Portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

“Si cuentas con licencia de actividad y cumples la Opcat, no necesitas pedir ningún permiso con la Ley de Espectáculos, pero nos encontramos con que se solicitan constantemente a través de ella”, advierte Fernández. Una inseguridad jurídica que, cree, se puede incrementar todavía más con “estos globos sonda sobre una flexibilidad todavía mayor que nadie sabe realmente a qué se refiere”. Considera, en cualquier caso, que “la propuesta está muy verde”.

“Estamos en un momento muy feo. Ayuso le dice a Florentino que va a flexibilizar y las salas pequeñas dicen qué hay de lo mío. Pero lo más importante es que hay que cumplir la ley”, recalca el activista vecinal. Una jerarquía normativa en la que prevalece por su carácter estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: “La Lepar está debajo y queda sin competencias sobre las emisiones sonoras. Por eso en la Comunidad y el Ayuntamiento le están dando vueltas a lo que quieren, más y más eventos sin importar las molestias vecinales o las afecciones a la movilidad, dentro de sus competencias”.

Pese a todo, Alejandro Fernández coincide en que la solución no es el inmovilismo regulatorio. De hecho, propone ir todavía más allá para adaptarla y ampliarla a la actual diversidad de los espectáculos: “En el fondo, hay que elaborar una nueva ley. Todo ha cambiado todo mucho. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los drones? Cada vez vemos más eventos con este tipo de tecnología y no cuentan con una normativa propia. Es solo un ejemplo de los muchos que se podrían poner”. Lamenta que “nadie quiere abrir ese melón”. Porque, de hacerlo, el efecto dominó que Ayuso, Almeida y Florentino Pérez proponen para los macroconciertos podría tornarse en un efecto péndulo: que los vecinos terminen por hartarse de la eventificación de su ciudad.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, firmó en 2024 las condiciones que habrían de regir para las ediciones de ese año, de 2025, 2026 y 2027 del Granca Live Fest, el festival que se celebró este pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria y cuyos efectos ha anunciado que pretende denunciar esa asociación ante los tribunales de justicia.

Un documento al que ha tenido acceso este periódico demuestra la culminación de una serie de negociaciones en 2024 en las que participaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes (Cabildo de Gran Canaria), la organización del Granca Live Fest y la Asociación de Vecinos Siete Palmas.

El 23 de abril de 2024 se celebró una reunión en las dependencias del Instituto Insular de Deportes entre todas esas partes con el objetivo de consensuar los aspectos más decisivos del festival con afección a la vecindad, principalmente los horarios de pruebas de sonido y de los conciertos, además de otros pormenores. De este modo se acordó, y así consta en un documento firmado por todas las partes, la supresión de los fuegos artificiales, el traslado de una parada de guaguas y la elaboración de un plan de movilidad para las paradas de taxis.

En cuanto a los horarios, se estableció para los años 2025, 2026 y 2027 que fueran los siguientes: desde las 10.00 horas, pruebas de sonido los días previos y del festival; y la hora de finalización, las 02.00. En la edición de 2026 sólo consta una transgresión, la de la jornada del sábado 4 de julio, que se prolongó hasta las 02.15.

El documento aparece firmado por el presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, quien sin embargo, antes de que diera comienzo la edición de 2026 ya se dirigía a sus asociados para recaudar fondos (en concreto 9.000 euros) con los que pagar a un abogado que inicie los trámites judiciales pertinentes para demandar a las instituciones responsables y a los promotores del festival por los efectos para la vecindad que a su entender derivan de esta actividad cultural y de ocio. Con ese presupuesto también anunciaba incluir el coste de un procurador y los informes técnicos necesarios para reforzar sus tesis.

Dice la carta de Rodríguez que “la próxima celebración del Granca Live Fest en el Estadio de Gran Canaria, prevista de jueves a domingo y precedida de jornadas de montaje y sonorización, vuelve a situar sobre nuestra urbanización una presión importante por ruido, vibraciones, aglomeraciones, problemas de movilidad y alteración del descanso. Esto no significa solo música o conciertos: significa días de actividad intensa hasta altas horas de la madrugada, dificultades de acceso, suciedad en el entorno y un impacto real sobre la vida cotidiana de quienes residimos aquí. En definitiva, no descanso”.

En esa carta el presidente se pregunta “¿qué pasará los próximos años si no actuamos ahora?”

Ni una palabra del acuerdo firmado por él mismo con los organizadores en el que se hacían constar las condiciones de ese festival, incluido el de la edición del año que viene.

No fue esa la única acción promovida desde la asociación contra el festival antes y durante su celebración. También se distribuyó una octavilla digital entre los vecinos y las vecinas para provocar llamadas masivas 1-1-2 para protestar por los ruidos y otras afecciones que pudiera generar entre ellos el festival y reclamar a continuación la presencia de la Policía Local.

La octavilla incluía una serie de instrucciones dedicadas no ya a resolver el problema, sino a dejar constancia del malestar vecinal.

Eliminar aparcamientos para agilizar el tráfico. Esa fue la apuesta del Ayuntamiento de El Rosario para la avenida Colón en la locadidad de Radazul, una de las zonas costeras más populares de la zona metropolitana de Tenerife. Sin embargo, tres años después, vecinos y usuarios de los muelles y la playa denuncian que el resultado ha sido el contrario, más vehículos estacionados en doble fila, largas retenciones y una sensación creciente de descontrol.

En 2023, el consistorio anunció una reordenación de la vía con el objetivo de mejorar la circulación. Se eliminaron los aparcamientos en línea del lado tierra y se sustituyeron los del lado mar por plazas en batería. La medida prometía ampliar el ancho de los carriles en ambos sentidos, facilitar la salida de los garajes y agilizar el paso de los vehículos, especialmente del transporte público.

La realidad que describen los residentes, sin embargo, dista mucho de aquellas previsiones. Aseguran que la zona sufre ahora un mayor “colapso” circulatorio, con coches estacionados en doble fila que bloquean el tráfico durante las horas de mayor afluencia y convierten la avenida en un auténtico “cuello de botella”.

La situación ha vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de un vídeo difundido por la cuenta Litoral El Rosario Informativo, en el que una vecina denuncia la ausencia de agentes de la Policía Local u otros cuerpos de seguridad en un punto completamente congestionado por la aglomeración de vehículos. Además, critica que la instalación de nuevos contenedores ha supuesto la eliminación de más plazas de aparcamiento, agravando todavía más la falta de espacio. Según explica, las retenciones dificultan la circulación e incluso impiden que algunos vecinos puedan salir de sus garajes en los momentos de mayor afluencia.

Las medidas del Ayuntamiento de El Rosario en Radazul

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de El Rosario, que rechaza que la escena refleje una situación habitual. Desde el consistorio aseguran que el vídeo corresponde a un episodio “puntual”, que fue atendido por la Policía Local y resuelto “en cuestión de minutos”, y facilitan una imagen que muestra el horario y el día de la actuación con la carretera descongestionada.

Además, explican que, con la llegada del verano, se activa un operativo especial coincidiendo con el servicio de socorrismo y vigilancia de las playas. En él participan la Policía Local, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la UTE Mancomunidad del Nordeste, con refuerzos diarios en el litoral y, “especialmente”, en la avenida Colón.

El gobierno municipal también sostiene que las retenciones que se producen durante la temporada estival responden al incremento de visitantes que recibe Radazul, un fenómeno que “también se repite en otros puntos de Tenerife” y aseguran que las quejas ya se daban desde antes de 2023. A su juicio, el problema no radica en la falta de aparcamientos, sino en la elevada afluencia de personas que acuden a la playa desde su remodelación en 2010.

No obstante, esta explicación choca con el relato de varios usuarios, que sostienen que las retenciones son frecuentes durante gran parte del año y no únicamente en episodios puntuales de verano.

Este jueves, 9 de julio, se ha aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de urbanización del API Tiziano-Dulcinea, conocido anteriormente como PERI Tiziano-Dulcinea. Un plan de regeneración urbana dentro del barrio de Cuatro Caminos que lleva 35 años encallado por la quiebra de la primera junta de compensación encargada de desarrollar parte del ámbito, una estafa inmobiliaria y su judicialización durante años. La manzana afectada está delimitada por las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano, a orillas de Bravo Murillo

La operación está promovida por la junta de compensación rectora con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros para un ámbito de 22.000 metros cuadrados y se construirán 165 nuevas viviendas (a sumar a las que ya se habían construido a lo largo de la tortuosa historia de la operación). También, dotaciones públicas aún por determinar a falta de ver el proyecto.

Se llevará a acabo la mejora del viario existente y, sobre todo, la conversión de la mayor parte del solar de Tiziano en una plaza pública. Actualmente, el espacio es un enorme vacío de 2.715,14 m2 en estado de abandono. Su calificación urbanística es de zona estancial –aunque en la documentación de hace años figuraba como verde–y está por ver cómo se resolverá en el proyecto o si el espacio público se lleva algún bocado en su configuración final.

El ámbito tiene también –en el planeamiento previo al proyecto– una parcela calificada como dotacional deportivo básico de 1.454,79 m2 en San Antonio y otra más estrecha al otro lado de la misma calle de 712,07 m2, que es dotacional para equipamiento público básico. Habrá que ver en qué se emplean.

La única recreación por ordenador que ha trascendido por el momento no permite saber si estas parcelas permanecen exactamente igual que en el planteamiento de partida o no. Las nuevas dotaciones públicas vendrán a sumarse a la escuela infantil de la calle Tiziano, la única de la operación que llegó a construirse en su momento.

Las novedad más importantes a nivel viario es la apertura de nuevos tramos de calles que llevan décadas parados e interrumpidos por solares. Hay calles que se habrán de prolongar y unir, para lo que será necesario derribar algunas casas. Así sucede con la de San Antonio, que se comunicará con la calle Jaén y con la de Lérida, atravesando para ello la calle de Teruel. Además, la calle de Tiziano, cuyas antiguas aceras aún se ven abandonadas en medio del gran descampado que hay en el centro del área, volverá a tener continuidad hasta la calle de Dulcinea.

La edificación del ámbito se llevó a cabo mayoritariamente hace años, si bien habrá que esperar a que el proyecto sea público para saber dónde irán las 165 viviendas que ha anunciado el Ayuntamiento este jueves. Por el momento, en la imagen que acompaña al anuncio se aprecia un gran edificio con un brazo longitudinal en la parte sur del solar.

La del PERI Tiziano-Dulcinea es una historia urbanísitca con una dolorosa vida detrás y decenas de vecinos afectados que está lejos de cerrarse del todo, a pesar del gran avance que supone la aprobación del proyecto.

El origen del caso hay que buscarlo en la operación de regeneración urbana de la manzana, que comenzó por iniciativa municipal en 1991, cuando el Ayuntamiento la declaró zona de especial degradación y planteó un Plan Especial de Reforma Interna. Se abrió, así mismo, una doble vía para los realojos: la iniciativa pública y la privada, para la que se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa. Las familias cedían sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio, mientras que el Ayuntamiento recibía una serie de parcelas para dotaciones públicas.

Todo transcurría con aparente normalidad –y los habituales retrasos– cuando, a principios de los 2000, entró en escena el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno y la empresa Somersen, que sustituyó a la anterior e incurrió en un embrollo registral y bancario nunca del todo resuelto, que dejó el ámbito suspendido y abocó a que numerosos vecinos aportantes perdieran sus casas.

El Banco Santander se hizo con los activos después de que estos pasaran por distintas manos y, a la vez, una parte de estos llegó a manos de Blackstone en 2018. El caso agotó su largo recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización.

Durante estos años muchos vecinos han luchado en silencio por lo que consideraron un robo, individualmente o agrupados en la asociación APITEDU. Actualmente todavía hay realojos pendientes y el Sindicato Vivienda de Tetuán presentó el pasado 19 de junio los bloques en lucha del ámbito, que, según explicaron, agrupan a unas treinta familias amenazadas de desahucio dentro de diferentes casuísticas.

El proyecto tendrá que pasar ahora a fase de alegaciones y después podrá empezar a andar la urbanización, aunque los mencionados asuntos pendientes auguran que aún queda camino por delante. En todo caso, la noticia es que la ciudad se mueve en este lugar a orillas de Bravo Murillo varias décadas después de haber dejado de ser el viejo barrio de casas bajas que era.

Amanece en Madrid con un aviso de la AEMET: es jueves y hay alerta naranja por calor. La segunda semana de julio ha sido una de las más calurosas en lo que va de año, con noches tropicales y días que rozan los 40 grados. Aunque otras regiones como Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana mantienen la alerta máxima y llegan a superar estas temperaturas, el tránsito y ajetreo de la capital hace que sus servicios públicos más multitudinarios tengan que estar preparados, tanto para el verano como para las críticas.

En los últimos días, han sido varias las que los usuarios han vertido sobre los trayectos en Metro, sin aire suficiente en los vagones o con esperas sofocantes desde el andén. A las denuncias de organizaciones vecinales se han sumado partidos políticos y ciudadanos de a pie. Entre los segundos, no parece suficiente con que hace un mes se instalaran 40 aparatos refrigeradores de gran tamaño en varias estaciones de la ciudad, ni que el aire acondicionado se haya extendido entre sus dos líneas más problemáticas: la 1 y la 5.

Son las 11.30, justo la hora a la que se encienden los ventiladores gigantes instalados en varias paradas por tercer año consecutivo. La de Gran Vía es la única estación de Madrid en la que confluyen las líneas verde y azul, y también una de las 20 en la que se han colocado estos artefactos. Sin embargo, en la mañana del 9 de julio y pocos días después del anuncio, en ninguno de los andenes de la línea 1 podía verse uno de ellos. Sí estaban en los de la L5, aunque como en el resto de pasillos y pese al tamaño del aparato solo llegaba el aire a unos dos o tres metros de distancia. En el andén con sentido a Pinar de Chamartín, Cristina (22 años) se ha arrimado a un ventilador mientras espera al siguiente tren.

“Yo vivo en Valdeacederas [distrito de Tetuán], así que siempre cojo estas dos líneas de Metro. Suelo hacer trasbordo en Gran Vía y a veces me bajo en Bilbao, porque tengo allí el gimnasio. Pero sobre todo en la L1, con trenes muy pequeños y tanta gente arrimada, incluso cuando ponen aire me cuesta respirar”, detalla a Somos Madrid. En el interior del vagón, ya en dirección sureste hacia Valdecarros, la percepción pasadas las 12.00 seguía siendo de sofoco.

Fuentes de Metro de Madrid, a preguntas de este periódico, explican la razón de que en Gran Vía no hubiera ventiladores esa mañana pese a que se anunció como una de las paradas escogidas para colocarlos. La elección de Gran Vía solo se anunció para la línea 5, donde se desplegaron artefactos de aire también en Callao, Alonso Martínez, Chueca, Ópera, Diego de León, Núñez de Balboa, La Latina, Puerta de Toledo y Acacias. La L1, por su parte, mantiene los ventiladores durante el día en las estaciones de Sol, Chamartín, Alvarado, Iglesia, Antón Martín, Estación del Arte, Atocha, Puente de Vallecas, Buenos Aires y Alto del Arenal. “En su momento, la decisión se tomó en función de diferentes factores como los flujos de aire, la ventilación o las características de cada estación”, contestan, a lo que indican que la línea 5 en esta estación se consideró prioritaria para ubicar los aparatos refrigeradores.

Insisten en que “todos los ventiladores previstos ya están instalados” y añaden, sobre las quejas relativas a la climatización de los trenes, que el aire acondicionado “funciona de igual manera en todos los vehículos: se pone en marcha a las 6:00 de la mañana y permanece encendido hasta que finaliza el servicio”. Minutos antes, cogiendo el metro desde la estación de Iglesia, aún se notaba la brisa en comparación con el bochorno en el andén. Al menos, nada más entrar. Conforme se sucedían las paradas y más gente accedía al interior, el fresco de la ventilación eléctrica iba perdiendo efecto. Las puertas de estos trenes, tanto en la línea 1 como la 5, son de las que se abren con tornos manuales y no tienen pulsador automático, por lo que permanecen abiertas durante los segundos que dura cada pausa.

Aunque la Comunidad de Madrid ha desactivado en temporada estival las aperturas automáticas de los vagones, evitando que el aire se disperse, no todos los vehículos lo permiten. En el mismo andén de Iglesia también espera José Luis, de 52 años, que es claro y conciso cuando se le pregunta por el refuerzo de la ventilación: “Me río yo de eso”. En su caso, compara el trayecto habitual que hace en la línea 1 con los viajes en la L3 desde Moncloa, donde “siempre hay aire acondicionado en los trenes” y sale desde la primera parada, así que paso un rato sin aglomeraciones. En la línea azul de Metro, dice, “nunca hay ventilación”, aunque justo el siguiente tren sí la tiene incorporada, pero a un nivel tan bajo que apenas se percibe.

Ya en la estación de Sol, una de las más céntricas y transitadas, los ventiladores gigantes lanzan algo de aire hacia los andenes de la línea 1. Sin embargo, en una de las bajadas –la que lleva hasta Valdecarros– el aparato refrigerador está colocado justo al lado de las escaleras mecánicas, enfrente de una columna y la pared, que bloquean el paso del viento. Candy, que espera en la otra punta del pasillo, lejos de la ventilación, asegura no llevarlo tan mal como otros años. “Casi siempre cojo la línea 3 y allí voy estupendamente, aunque esta [la L1] es verdad que suele ir muy cargada y no siempre me puedo sentar”, resuelve.

Este martes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) denunció en sus redes sociales que el interior de los vagones estaba a más de 32 grados centígrados: “El Metro en verano es un infierno”. También compararon el gasto público en ascensores para la estación del Santiago Bernabéu (línea 10) con el de la climatización para estas líneas. “La Comunidad de Madrid gasta 20 veces más en ellos”, destacaron, exigiendo “prioridad vecinal” –contraponiéndola a la “prioridad nacional” que evocan círculos conservadores– frente a “intereses privados”, como los que a su parecer tienen los dueños del Real Madrid.

El presidente de la Fravm, Jorge Nacarino, apareció en un vídeo cogiendo el metro en la Estación del Arte, al lado de Atocha. Con el estilo ágil de TikTok, critica el sofoco para tomar las líneas 1 o 5 que pasan por esta parada. “Aquí ya aprieta el calor, pero lo de ahí abajo ya es insoportable”, narraba el representante vecinal desde el acceso exterior al suburbano. Diego sube a un vagon “antiguo y masificado” hasta la estación de Tirso de Molina, donde con un termómetro asegura haber medido hasta 32 grados en el interior cuando solo eran las diez de la mañana. “Ese es el verdadero motivo por el que llegas sudando a trabajar”, concluía Nacarino al final de su viaje, pidiendo climatizar andenes o vagones y mejorar lo que considera una “auténtica sauna móvil”.

El mismo gesto lo repitió a la mañana siguiente Ignacio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Acercándose un pequeño micrófono a la boca, el edil retransmitió un trayecto por la línea 1. “La falta de aire acondicionado hace que meterte aquí sea entrar en el horno”, comentó Benito antes de entrar a uno de los vagones, con un dardo claro al Gobierno regional y los medios de comunicación públicos que gestiona: “Telemadrid no te lo ha contado, aunque cocerse en el metro sea ya más madrileño que el bocata de calamares”, bromeó el concejal.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre –que acaba de ser reelegida como candidata para las próximas elecciones municipales– también habló este jueves sobre las quejas de los usuarios de Metro. Lo hizo desde el Círculo de Bellas Artes, que cada verano habilita un refugio climático gratuito para hacer frente a las altas temperaturas. “Este lugar refleja lo que sí se puede hacer en Madrid, donde el metro cada día va sin aire acondicionado y siguen sin climatizar los institutos públicos”, reprochó la líder de la oposición madrileña, refiriéndose a las protestas al cierre del curso escolar por el calor en las aulas.

Somos conscientes de las molestias que causan las altas temperaturas y por eso trabajamos en diversos frentes para mejorar el confort de los viajero. Todos los trenes disponen de aire acondicionado.

Metro de Madrid

A principios de junio comenzaron a verse ventiladores gigantes en los andenes de algunas estaciones. Metro de Madrid colocó 40 nuevos equipos de refrigeración en 20 estaciones por las que pasan las líneas 1 y 5, entre las más conflictivas. Como en verano son habituales las quejas por el calor en el transporte público, generalmente saturado de por sí, se intensificaron las revisiones de estos sistemas de aire y se desactiva la apertura automática de puertas, al menos “en todos los trenes que lo permiten a nivel técnico”. “Cuando se detecta un tren con incidencia en el sistema de climatización, se retira de la circulación lo antes posible”, destacan fuentes de la red del suburbano.

Metro defiende una inversión de 3,5 millones de euros aprobada para reforzar la climatización de hasta 93 vehículos en ambas rutas. En total, pretenden actuar sobre 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la línea 1 (que une Pinar de Chamartín con Valdecarros) y 46 de la línea 5 (entre Alameda de Osuna y Casa de Campo). Para este verano, desde Metro de Madrid sacan una conclusión: “Todo dependerá de en qué momento entres en el tren, cuántos viajeros hay en ese momento o pasaron antes y a qué temperatura se está en el exterior. Esas y otras circunstancias pueden modificar la percepción”. Sin embargo, las quejas siguen acumulándose en los primeros días del verano.

El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la construcción de una nueva escuela municipal de música en el distrito de Puente de Vallecas, una infraestructura que el Gobierno municipal define como respuesta a una “demanda histórica” de los vecinos. La aprobación ha sido anunciada este jueves por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, después de la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

El proyecto será ejecutado por el área de Obras y Equipamientos y cuenta con un presupuesto base de licitación de 5,2 millones de euros. La futura escuela se levantará en la parcela situada en la confluencia de las calles Javier de Miguel y Martínez de la Riva, donde ocupará una superficie construida de 2.163 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, dos alturas y un semisótano.

El edificio ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad universal y dispondrá de un vestíbulo con punto de información, un salón de actos con escenario y patio de butacas, aulas para la enseñanza musical, cabinas de estudio, zona administrativa, vestuarios, aseos, almacenes y cuartos de instalaciones, entre otras dependencias.

La puesta en marcha de esta infraestructura supone recuperar un proyecto que había quedado en el aire después de ser anulado en 2024. De hecho la escuela de música figuraba entre las principales reivindicaciones de las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas, que reclamaron al Ayuntamiento que destinara los 11,5 millones de euros previstos para el proyecto 'Vallecas Abierta', conocido como el “parche” del scalextric de Puente de Vallecas, a cubrir necesidades históricas del distrito. Un scalextric que el Ejecutivo de Almeida no desmantelará y donde tantea colocar otra dotación municipal, en ese caso una sala de ensayo, que en la práctica implicaría apuntalar la continuidad de la infraestructura.

Entre esas demandas vecinales en el distrito, además de la escuela de música, se encuentran la ejecución de la biblioteca municipal de la calle Monte Olivetti o la creación de un equipamiento público en el edificio del antiguo colegio Fernán Caballero, en la calle Francisco Laguna.

Con la aprobación del proyecto, el Consistorio recupera una de las actuaciones incluidas en el plan Sures y responde, dice, a una de las peticiones que el movimiento vecinal había situado como prioritaria para el distrito. De hecho, su ejecución podría haber obtenido luz verde antes, pero la parcela adjudicada fue anulada en 2024.

Vecinos del barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, han anunciado el inicio de una recaudación pública de fondos con el objetivo de empreder acciones legales por lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales durante la celebración del Gran Canaria Live Fest.

Según estos residentes, la actual configuración del festival vulnera el derecho al descanso y a la protección de la salud, así como la inviolabilidad del domicilio y la accesibilidad normal a las viviendas, especialmente por la aplicación de restricciones de movilidad, que consideraron “arbitrarias”.

El Gran Canaria Live Fest se celebró en el Estadio de Gran Canaria durante cuatro días (del 2 al 5 de julio) con conciertos de importantes artistas nacionales e internacionales y decenas de miles de asistentes. El recinto, un estadio de fútbol, es abierto y, por tanto, no está insonorizado.

En una reunión convocada por la Asociación Vecinal de la Urbanización Siete Palmas para la tarde de este miércoles en la rambla de la Avenida Pintor Felo Monzón, el presidente de la entidad vecinal, David Rodríguez, junto a residentes de los edificios afectados y representantes de comunidades de propietarios de la zona, expuso las afecciones que les ha provocado la celebración de estos conciertos.

Rodríguez, además, recordó que los primeros residentes adquirieron sus viviendas a mediados de los años noventa, mientras que el Estadio de Gran Canaria fue inaugurado el 8 de mayo de 2003 como una instalación asociada principalmente a la celebración de partidos de fútbol y competiciones de atletismo.

Según expuso, en aquellos tiempos no era habitual el desarrollo de festivales de varios días con conciertos prolongados hasta altas horas de la madrugada, ni era algo “razonablemente previsible”. Defendió que no resulta comparable la actividad propia de un partido de fútbol con el impacto acumulado de varios días consecutivos de actividad musical intensiva, incluyendo pruebas de sonido, en un entorno residencial.

La Asociación considera que el número de jornadas del festival y su prolongación hasta altas horas de la madrugada responde única y exclusivamente a un objetivo de maximizar la rentabilidad económica del promotor.

El conocimiento de la futura existencia de un nuevo estadio en el momento de la compra nunca hubiera podido suponer una renuncia expresa a los derechos fundamentales recogidos por la propia Constitución, señala Rodríguez.

En su intervención, también recordó que existen festivales internacionales de gran relevancia celebrados en entornos urbanos donde la finalización de la actividad está más acotada. Como ejemplo, indicó que Lollapalooza Chicago figura con horario diario hasta las 22:00 horas, mientras que la programación publicada del Granca Live Fest 2026 incluía actuaciones a las 00:15 en varias jornadas, no habiéndose respetado los horarios de finalización anunciados y previstos, según Rodríguez.

A juicio de la entidad, esta comparación evidencia que la compatibilidad entre grandes eventos y descanso vecinal sí puede articularse mediante límites horarios proporcionados.

El portavoz quiso dejar claro que se reconoce el impacto económico y promocional que este tipo de acontecimientos puede tener para la ciudad, tanto desde el punto de vista turístico como para la actividad de determinados establecimientos. No obstante, defiende que una finalización de los conciertos en torno a la medianoche mantendría ese mismo efecto económico, al entender que la mayor parte del consumo en comercios y negocios del entorno se produce antes del acceso al recinto.

Recaudación de fondos para emprender acciones legales

La entidad vecinal manifestó además que considera agotada la vía de la negociación, que califica de inexistente en esta última edición, y lamentó la falta de respuesta municipal a la petición de acceso al expediente del festival. Ante esta situación, el representante vecinal acordó solicitar el respaldo de los vecinos para abrir una vía de recaudación destinada a cubrir los gastos necesarios para la defensa de sus derechos, reconocidos por diversas sentencias y por una jurisprudencia ya consolidada en la ciudad. La vía judicial se plantea como la siguiente opción una vez agotado el diálogo institucional.

La Asociación explicó que esta iniciativa se plantea desde la voluntariedad, la solidaridad y la transparencia. Por ello, hizo un llamamiento a los residentes para realizar una pequeña aportación a través de la cuenta corriente de la entidad, comprometiéndose a informar puntualmente sobre la cantidad recaudada y sobre el destino progresivo de los fondos.

Finalmente, la Asociación Vecinal Siete Palmas reclama a las administraciones públicas que actúen con proporcionalidad, garanticen el equilibrio entre la celebración de grandes eventos y los derechos de la población residente, entendiendo que los gobernantes hacen grande a la ciudad no con macro festivales sino cuando estos son compatibles con la vida de quienes la habitan y que estos puedan sentir que han formado parte de los mismos.

El municipio conquense de Torrejoncillo del Rey y sus pedanías se enfrenta a la posible instalación de dos macroplantas de biometano en su término municipal. Dos empresas habrían mostrado interés en crear estas instalaciones y una de ellas ya contaría con el informe favorable de compatibilidad urbanística y la otra habría explicado al Ayuntamiento una posible propuesta.

Así lo señalan en un comunicado desde Pueblos Vivos Cuenca, que integra a movimientos vecinales de pequeños municipios de la provincia. Esta noticia ha despertado la preocupación de los habitantes de este municipio, decenas de los cuales se reunieron en una charla informativa en la que plataformas ciudadanas y expertos reclamaron mayor transparencia sobre los proyectos y alertaron del posible impacto ambiental de unas instalaciones que llegarían a una comarca afectada desde hace años por la contaminación por nitratos y la concentración de explotaciones ganaderas.

Desde la plataforma acusan a la alcaldesa de Torrejoncillo del Rey, Piedad Balsalobre Saiz (PSOE), de cambiar de postura, ya que afirman que el pasado 21 de mayo lanzó un comunicado donde definió el proyecto como “una cuestión inexistente administrativamente”. Más tarde, en el último pleno municipal el pasado 19 de junio, la alcaldesa informó sobre la tramitación de una de las macroplantas: “Hace ya más de un año una empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística sobre una posible ubicación. Al no tener este Ayuntamiento planeamiento propio, la consulta la tramitó la Diputación con un informe favorable desde el punto de vista urbanístico”.

Con este informe la empresa promotora puede iniciar el procedimiento de evaluación ambiental con el gobierno regional. En dicho pleno no se dio a conocer los nombres de las dos empresas implicadas a pesar de ser una de las preguntas planteadas en el turno de ruegos y preguntas por la Asociación de Vecinos y Jubilados de Naharros, que exige la debida transparencia y publicidad.

Una comarca con un largo historial de problemas ambientales

Torrejoncillo del Rey y los pueblos de su entorno llevan años conviviendo con los impactos derivados de la concentración de macrogranjas y de la gestión de sus purines, sobre todo del municipio limítrofe de Huerta de la Obispalía. Durante la jornada se recordó que esta realidad ya ha sido objeto de diversos procedimientos judiciales.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló una autorización ambiental de una explotación porcina en Torrejoncillo del Rey al apreciar deficiencias relevantes en la evaluación ambiental. En el voto particular de aquella resolución se hacía referencia a informes sanitarios que acreditaban la contaminación por nitratos del agua destinada al abastecimiento de la población.

Posteriormente, en 2023, el mismo Tribunal volvió a anular la autorización ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía al considerar insuficiente la evaluación de los efectos acumulativos derivados de la concentración de macrogranjas y de los riesgos asociados a la gestión de los purines sobre las aguas subterráneas.

La última analítica reportada por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey al SINAC-Ministerio de Sanidad refleja un nivel de nitratos en el agua del grifo de 85 mg por litro, cuando el máximo para que sea potable es de 50 mg/l. Esta situación de contaminación se repite desde 2022.

Persisten las denuncias por vertidos de purines

Durante el coloquio, varios vecinos de la pedanía de Villarejo Sobrehuerta denunciaron que continúan produciéndose vertidos de grandes cantidades de purines sobre parcelas agrícolas próximas al núcleo urbano.

Según explicaron, en algunos episodios los purines llegan a encharcar completamente las parcelas, una práctica que no está permitida y que incrementa el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además de provocar molestias continuas por olores y abundantes moscas.

Los asistentes manifestaron su preocupación porque estas situaciones continúan produciéndose pese a las denuncias realizadas durante los últimos años y reclamaron una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes.

Transparencia y participación

Uno de los aspectos que más inquietud generó entre los asistentes fue la necesidad de disponer de una información completa y transparente sobre el proyecto. Los vecinos reclamaron conocer el volumen de residuos que trataría la instalación, su procedencia, el número de camiones previsto, el destino del digestato y los mecanismos de control ambiental previstos durante toda la vida útil de la planta, así como el nombre de las empresas interesadas. Los colectivos vecinales del municipio anunciaron que van a seguir informando a la población sobre este tipo de industrias.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué residuos pretende tratar la planta, de dónde procederán, cómo se gestionará el digestato y cuáles serán las garantías ambientales del proyecto antes de que se adopten decisiones que condicionarán el futuro del municipio durante décadas”, señaló la representante de Pueblos Vivos Cuenca.

En este sentido Pueblos Vivos considera importante que los alcaldes transmitan a la población toda la información que hayan recabado de la empresa que pretende instalarse en su término, polígono y parcela, nombre y cualquier otro detalle relevante que se haya obtenido. La propia Asociación Española del Biogás, AEBIG, patronal del sector, lo recomienda en su código de buenas prácticas.

Desde Pueblos Vivos Cuenca afirman: “No cuestionamos el biogás como tecnología. Lo que cuestionamos es el modelo que se está impulsando, basado en macroplantas que necesitan traer purines y otros residuos desde decenas o cientos de kilómetros porque el territorio no genera suficientes recursos para alimentarlas. Ese modelo que nos intentan imponer convierte a nuestros pueblos en una tierra de sacrificio”.

Alertaron de que el digestato que generan estas instalaciones también acaba elevando los niveles de nitratos de las aguas subterráneas, como pasa actualmente con el purín.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey para obtener su versión sobre la posible instalación de estas dos macroplantas de biometano en su término municipal, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

El Foro Social de La Rioja ha convocado una protesta este sábado 11 de julio contra la rotonda que el Ayuntamiento de Logroño va a ejecutar entre las calles San Antón y Vara de Rey. Y van a protestar porque aseguran que “el Consistorio ha licitado las obras sin contar con el barrio ni con Logroño”. Es más, alertan de que “no es solo una rotonda, está en juego el modelo de ciudad en la puerta de tu casa”, explican en la convocatoria que ya han difundido por redes sociales.

Asimismo consideran un “despilfarro” la cantidad de dinero que se va a destinar a esta obra, un millón de euros. Y además critican la tala de arbolado que van a llevar a cabo “para aumentar el asfalto y la contaminación en el barrio. Con los veranos infernales que sufrimos, es un castigo para nuestra ciudad”.

Convocan esta protesta en forma de asamblea vecinal porque consideran que aún están “a tiempo de pararlo”. Y es que advierten de que tras la construcción de la rotonda en la zona habrá más calor. Al quitar los árboles, el cemento multiplicará las temperaturas. También aumentará el humo, porque habrá más atascos y gases tóxicos junto a viviendas y colegios. Y más peligro porque habrá mayor riesgo de atropellos para peatones y ciclistas“.

Además consideran que la rotonda prevista es “incoherente” con el recién inaugurado centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses porque “ampliará las distancias de los caminos peatonales, aumentará el tráfico, y por tanto la seguridad vial, el ruido y la contaminación en Logroño, y exigirá también la interrupción del carril bus que funciona con normalidad y evita la doble fila”.

Asimismo advierten de que los trabajos exigirán la tala de varios árboles de la Plaza Donantes de Sangre, tala que será “un paso atrás respecto a todas las acciones que llevan a cabo las ciudades para paliar el cambio climático. La obra aumentará el cemento en una zona que necesita arbolado y sombra, junto con un centro intergeneracional donde se supone que acudirán personas mayores, juventud e infancia, principalmente”.

“La sombra no se compra, la salud tampoco”, increpan. Y por esta razón convocan al vecindario y a la ciudadanía este sábado en las confluencias de la calle Vara de Rey con Pérez Galdós. A las 10:30 habrá juegos infantiles y a las 11:00 será la asamblea vecinal abierta porque insisten “si Logroño se mueve, la rotonda se para”.

Los socialistas plantearon una plaza

También los socialistas cuestionaron las pretensiones del Ayuntamiento de Logroño en esta zona. Por su parte, propusieron crear una plaza como alternativa a la rotonda de Conrado Escobar. En concreto el proyecto del PSOE de Logroño abogaba por “la creación de una plaza incrementando el porcentaje de superficie peatonal o vegetal hasta el 72 por ciento, con ampliaciones de acera y la integración de la calle Avenida España con una plataforma única”, detallaba Foncea.

Además, sobre el espacio destinado a la calzada de Vara de Rey, proponían “habilitar un nuevo paso peatonal elevado, a cota de acera, para unir peatonalmente las dos partes de esta nueva plaza”. Asimismo, el proyecto presentado por los socialistas de Logroño contemplaba “ensanchar los dos pasos existentes en Pérez Galdós y Pío XII para mejorar las conexiones con San Antón” y potenciar así “la pacificación del entorno del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses”. En definitiva, el PSOE de Logroño defendía que su proyecto “sería más atractivo que la creación de una rotonda”, ya que “fomentaría la actividad comercial permitiendo el juego, la conversación y el descanso” a la vez que “se reduciría el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El Ayuntamiento de València ha rechazado las alegaciones de la Asociación Vecinal de Natzaret, de la Asociación Arca, de la Federación Vecinal y de los partidos de la oposición, consumando la “privatización” de suelo público en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

La entidad vecinal del mencionado barrio ha mostrado su más absoluto rechazo tras confirmarse que el Ayuntamiento de Valencia ha desestimado la batería de alegaciones presentadas contra el “Estudio de Detalle” de la manzana R-1 en la ZAL del Puerto. El presidente de la asociación, Julio Moltó, ha calificado la decisión de “urbanismo de hechos consumados” que da la espalda a la urgente necesidad del vecindario de un Parque Público de Viviendas para favorecer intereses privados.

La desestimación de las quejas vecinales perpetúa la opacidad en torno a las 77 viviendas unifamiliares de protección proyectadas por la empresa Albaluz. De ellas, tan solo 10 pasarán a ser propiedad de la administración. La Asociación ha exigido que el Ayuntamiento y la Generalitat aclaren por qué la promotora ya publicitaba las casas como “reservadas” antes de la aprobación del plan. Con este rechazo, las administraciones siguen sin garantizar si se priorizará a las familias expropiadas de La Punta que quedaron excluidas en la primera fase.

El rechazo de las alegaciones impone un modelo urbanístico obsoleto. El plan aprobado replica el modelo de la manzana R-2: calles duras de asfalto, sin árboles ni zonas de sombra. Para la entidad vecinal, tras la catástrofe de la dana, es una temeridad ignorar la nula capacidad de absorción del suelo sellado por el asfalto y las escorrentías hacia Natzaret.

Pese al rechazo a escuchar las alegaciones la asociación vecinal ha exigido un parque público de viviendas, respuestas sobre el futuro del Chalet de Sancho como taller de empleo, la rehabilitación urgente de los tres bloques de viviendas de la calle Juan Castaño propiedad de la Generalitat, solución digna al asentamiento de infraviviendas de la calle Algemesí, y que el suelo de propiedad municipal de las antiguas Casitas de Papel se destine íntegramente a Parque Público de Viviendas, equipamientos sociales, y zonas verdes.

Con el rechazo a las alegaciones vecinales, “el Ayuntamiento valida definitivamente la eliminación de cuatro itinerarios peatonales públicos previstos en el plan inicial”, según han denunciado. Estos viales pasarán a convertirse en “zonas interiores restringidas para el uso exclusivo de las nuevas parcelas”.

“El consistorio ha firmado la privatización de suelo público para que se construyan piscinas y recintos cerrados, rompiendo la conexión natural del barrio de Natzaret con la Punta”, ha lamentado Moltó.

El PSPV denuncia la venta de suelo público a cambio de “migajas”

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciado que el Partido Popular ha rechazado las alegaciones presentadas a la modificación del planeamiento urbanístico que permitirá transformar las manzanas de vivienda protegida del sector norte en promociones de viviendas adosadas con piscina y zonas comunes. Para los socialistas, “esta decisión supone apostar por un modelo de ciudad completamente superado, que se ha demostrado que no hace barrio, que no hace ciudad y que no contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias”.

En opinión de Elisa Valía, “se trata de un urbanismo basado en la especulación inmobiliaria que el gobierno de María José Catalá pretende extender ahora también a la vivienda protegida”. Así, ha cuestionado “el interés económico que puede tener esta modificación para los promotores privados” porque “si las viviendas protegidas tienen un precio tasado, que expliquen qué interés tienen en incrementar el coste de construcción incorporando piscinas y zonas comunes cuando no puede repercutir ese sobrecoste en el precio oficial de la vivienda”.

Además, ha denunciado que a través de la fórmula de la permuta María José Catalá está “vendiendo el patrimonio de suelo que debería destinarse a construir el parque de vivienda pública a cambio de migajas”.

Permuta de suelo público a cambio de viviendas

Como informó este diario, la Administración local adaptará el suelo público a las pretensiones de la empresa promotora, que pidió volver a una planificación anterior, establecida en 2008 y que figura en el plan general urbanístico.

Según la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la remodelación permitirá tener en el interior “zonas comunes para los propietarios de las viviendas adecuadamente conservadas y perfectos para sus actividades sociales vecinales”. Con la remodelación de la fachada marítima que proyecta el Ayuntamiento y el futuro PAI del Grao, la zona se convertirá en una de las más ambicionadas para invertir en vivienda en la ciudad. El PSPV denunció que supondría una privatización de calles, pero el consistorio desestima este extremo: “La calificación urbanística del conjunto de la manzana es el de residencial privado, por lo que el Estudio de Detalle no privatiza ninguna calle, sino que únicamente vuelve a establecer las alineaciones originales del Plan Especial, para disponer de mayor libertad en el diseño final y acomodarlo a la propuesta ganadora del concurso convocado”, señala la resolución.

Las viviendas protegidas se construirán por la promotora Albaluz, que ya tiene media decena de proyectos en marcha en el área metropolitana de València. Albaluz ya se ha hecho con varias parcelas de la ZAL en un procedimiento público, valorado en 1.7 millones de euros, según la plataforma de contratación. A la otra empresa que concurrió a este proceso, Cuper Promociones y Gestiones Inmobiliarias, se la expulsó por un error en la forma de presentar la documentación.

Los 77 unifamiliares se realizarán en suelo de la Generalitat Valenciana, mediante permuta del pleno dominio de una parcela que es propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Esta permuta forma parte del Plan Vive del Consell de Pérez Llorca, un proyecto impulsado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Según consta en la propuesta de adjudicación de la EVHA, el contrato se divide en tres lotes, uno por manzana. Albaluz entregará 10 viviendas y la diferencia de 1,7 millones de euros por la construcción de viviendas de protección pública en el municipio de València.

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para la elección del nombre del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses, que próximamente abrirá sus puertas al público e iniciará su actividad.

La ciudadanía podrá elegir uno de los tres nombres propuestos: ‘La Antigua Estación’, ‘Estación Encuentro’ y ‘Espacio Dársenas’. La votación podrá realizarse a través de la página web logrono.es/encuesta-nuevo-centro-social hasta el próximo domingo, 28 de junio, a las 23:59 horas.

Con este nuevo espacio, en el que tendrá un protagonismo fundamental las personas mayores, pero con un claro enfoque intergeneracional, la ciudad suma un espacio de actividad social en el centro de la ciudad, que incorpora también una plaza urbana con zona verde donde antes se ubicaban las dársenas de la antigua estación de autobuses.

El proyecto de rehabilitación de la antigua estación de autobuses ha contado con financiación europea para incorporar importantes actuaciones en materia de eficiencia energética, con la implantación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles.

Continúan los problemas para el vecindario de la urbanización Torresolano en Nalda. Todavía hay familias desalojadas tras el derrumbe del muro a principios de mayo. Y las que quedan, siguen padeciendo cortes de agua. El último este fin de semana pasado: el agua dejó de salir del grifo el sábado por la noche hasta a última hora de ayer lunes. Sin una gota de agua al abrir el grifo en plena ola de calor. Cortes que son demasiado habituales y que tal y como ha relatado uno de los vecinos de esta urbanización es consecuencia de la falta de recepción definitiva de las obras por parte del Ayuntamiento de Nalda.

Con los termómetros rozando los 30 grados bien entrada la medianoche y la región en alerta naranja, el gesto cotidiano de abrir un grifo para refrescarse se ha convertido en una utopía para decenas de familias de la urbanización. Desde el pasado sábado por la noche, el agua dejó de salir de los grifos. “No podíamos lavar los cacharros, ni poner la ropa a lavar, ni ducharnos, ni absolutamente nada. Imagínate el olor que teníamos en casa con este calor”, cuenta indignado este vecino de la urbanización Torresolano en Nalda. Una “situación alarmante”, más aún para los menores, mujeres embarazadas y personas mayores que viven allí.

La cotidianidad se desmoronó en cuestión de 48 horas. Las cocinas acumulaban platos sucios y las cisternas de los baños dejaron de funcionar. Penuria es el término utilizado por este vecino para describir la situación que han vivido. “Tuve que bajar a casa de mis suegros a ducharme antes de ir a trabajar, tengo una empresa y debo atender a mi clientela en condiciones, no puedo estar dos días sin ducharme. Y como yo, el resto del vecindario”.

Que el agua no salga del grifo para beber es quizás un problema menor porque la compra de agua embotellada se ha convertido en una obligación diaria, un gasto extra que se suma al pago puntual de unos impuestos que no se ven reflejados en los servicios básicos. “Nosotros pagamos el IBI todos los años puntualmente. Cumplimos con nuestras obligaciones por lo que solo reclamamos nuestros derechos: una seguridad estructural y unos servicios adecuados. No pedimos nada más”.

Y es que asegura que la calidad del agua, cuando la hay, deja mucho que desear: “Es lamentable”. Este vecino ha instalado unos filtros a la entrada de su casa. “Los cambié hace unos veinte días, tendrías que ver las fotos y vídeos de cómo estaba ese filtro, habría que ver si el agua es potable”, denuncia. Y todo esto pasa, insiste, mientras pagan puntualmente sus impuestos.

Un problema crónico bajo el fantasma de la “recepción provisional”

La raíz de los cortes de agua se remonta a hace unos 15 años. La urbanización se encuentra en un limbo legal conocido como “recepción provisional”. Al no haber asumido el Ayuntamiento de forma definitiva las obras del complejo, el vecindario no dispone de una canalización de agua de boca directa y normalizada, como la que da servicio a localidades colindantes como Sorzano. “Por la carretera de la urbanización sube un conducto a Sorzano y de allí, se deriva a las viviendas”. Es lo que piden en Torresolano, un conducto que dé servicio a toda la urbanización porque ellos cuentan con un depósito desde el que se bombea el agua a los domicilios y las averías en este conducto son las que provocan que el vecindario se quede sin agua. La solución por parte del Ayuntamiento de Nalda llega en forma de camiones cisterna. “Un parche para hoy porque en unos meses volveremos a estar igual. Estamos siempre vendidos, dependiendo de si se rompe una bomba o de si un operario puede venir a repararla. Esto no es nuevo. El día Nochevieja pasamos la tarde entera angustiados, con las familias en casa y las cenas preparadas, a punto de abortar el plan porque tampoco había agua”.

Se sienten desamparados porque los cortes nunca se notifican formalmente y es que este vecindario depende de la buena voluntad de los operarios de la empresa de mantenimiento y de las llamadas directas a la alcaldesa de la localidad, Raquel Arrieta.

Afortunadamente, el agua volvió a los grifos de la urbanización Torresolano ayer lunes por la tarde. Pero la paciencia del vecindario se va agotando poco a poco. Quieren poder disfrutar de los servicios que pagan con sus impuestos. Quieren que el Ayuntamiento de Nalda recepcione definitivamente su urbanización, algo que la alcaldesa ha dicho “habrá que valorarlo, de momento, estamos trabajando para que la urbanización recupere el agua y esperamos que sea a lo largo de la tarde del lunes”, como efectivamente así ocurrió. ¿Cuándo será el próximo corte de agua y cuánto durará? Es lo que se pregunta el vecindario de Torresolano en Nalda que solo quiere una solución definitiva y no más parches.